nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

Valdivia, tres de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Doña María Fernanda Catalán Galdámez, abogada, en representación de nombre reservado, Cabo Primero de Ejército, perteneciente a la planta en el Cuartel General de la Jefatura Administrativa y Logística del Cuartel General de la III División de Montaña de Valdivia, domiciliado en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de resolución CGIIIDIVMÑA I. ASJUR (R) N° 1000/18512, emitida por el Comandante en Jefe de la III División de Montaña, y notificada con fecha 25 de Agosto de 2017, representado por su Comandante en Jefe Subrogante, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que con fecha 8 de agosto de 2017, su representado fue sancionado por el Comandante en Jefe de la III División de nombre reservado, nombre reservado De Votos, con el Licenciamiento del Servicio, por la causal “Necesidad del Servicio”, por arrojar un resultado positivo en el análisis de muestra de orina, por consumo de cocaína. Agrega que la sanción fue aplicada como consecuencia del Oficio emitido por el Comando de Salud del Ejército, Departamento II/d (R) N°11355/365 de 25 de julio de 2017, que se pronuncia sobre el resultado del examen efectuado al recurrente.

Señala que el oficial sancionador fundamenta su decisión en lo dispuesto en los artículos 12 y 76 numeral 40 del DNL 911 “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas” y la CAP-01001 “Calificaciones”, sin expresar cuáles habrían sido los hechos o actos mediante los cuales se ha infringido dichos artículos, habida cuenta que dichos artículos se refieren al cumplimiento de la función militar o actos del servicio, en circunstancias que la situación de autos se enmarca dentro de una patología que se origina en hechos de la vida privada.

Sostiene que el recurrente no firmó en conformidad la sanción, ya que no ha consumido sustancia ilícita alguna, sino solo consumo de sustancias con el propósito de disminuir su peso corporal con prescripción médica, específicamente, el medicamento “Sentis, Lipo 6 Black, Niteburn”, lo que fue informado a su superior y al personal encargado de tomar las muestras de orina en el momento de su realización. Expone que la sanción ha sido impuesta sin tener el resultado de una segunda muestra, esta vez de pelo, solicitada por el recurrente y que fue realizada en dependencias del servicio médico legal de Valdivia. Arguye que la sanción trae como consecuencia que el recurrente sea incluido en la lista anual de retiros sin haber tenido en consideración los medicamentos que tomaba por prescripción médica y los resultados de la segunda muestra tomada para verificar la presencia de cocaína en su cuerpo.

Refiere que el recurrente ha intentado por todas las instancias reglamentarias modificar la aplicación de la citada sanción, no obstante ello, con fecha 30 de Agosto de 2017, se le notificó la resolución CG III DIVMÑA I. ASJUR (R) N°1000/19819 de 25 de Agosto de 2017, que rechaza la reconsideración presentada en contra de la decisión de 8 de agosto de 2017.

Refiere que la Ley N° 18.575, es aplicable al Ejército de Chile en aquellas materias no reguladas, como el caso que afecta al recurrente. Agrega que la Ley N° 20.000, introdujo modificaciones a la Ley General de Bases de la Administración del Estado, sobre el procedimiento a seguir ante la presencia de exámenes positivos relacionados con estupefacientes y sustancias psicotrópicas en funcionarios de las instituciones mencionadas en su artículo 1, entre las que se encuentra el Ejército de Chile. Argumenta que legislador exige a toda autoridad administrativa y judicial que logre certeza jurídica de que un funcionario es dependiente de una determinada droga, antes de adoptar cualquier medida disciplinaria. Cita el concepto de dependencia emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, para concluir que los funcionarios a los cuales se les acredite una dependencia a cierto tipo de drogas, después de estudios científicos, deben ser considerados como enfermos, según la Organización Mundial de la Salud, pudiendo ingresar en forma voluntaria o derivada a Centros de Tratamiento y Rehabilitación de personas con consumo perjudicial o dependencia de alcohol y/o drogas, con la finalidad de asegurar su derecho a rehabilitación y generar nuevamente su independencia de salud, según el reglamento respectivo dictado el año 2009.

Manifiesta que el Ejército de Chile cuenta con el Departamento de Salud Mental, que cuenta con un programa de rehabilitación de funcionarios con dependencia de alcohol y drogas, sin embargo, el nombre reservado, decidió aplicar la máxima sanción prevista en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, privando de su profesión al recurrente. Cita el artículo 64 de la Ley N° 18.575 en apoyo a sus asertos. Indica que resulta improcedente la sanción de un funcionario sin otorgarle todos los derechos que el legislador a previsto sobre la materia, habida cuenta que si la autoridad estima que la salud del funcionario es incompatible con el servicio, debe requerir un pronunciamiento de la comisión de sanidad, luego de haber cumplido con el programa de rehabilitación. Refiere que incumplimiento descrito infringe el principio de igualdad ante la ley, ya que el Ejército de Chile genera anualmente programas de rehabilitación para funcionarios con dependencia al alcohol, pero desvincula a quienes resultan positivo en un examen de otras drogas, a pesar de contar con un servicio especializado y creado con el fin de rehabilitar.

Indica que el artículo 4 de la Ley de salud de las Fuerzas Armadas, asegura a sus funcionarios cobertura hasta la total recuperación de su condición de salud, lo que es una manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 9 de la Carta Fundamental y de los tratados y convenciones internacionales suscritos por Chile.

Refiere que en la ficha médica del recurrente consta que tuvo un estado nutricional de obesidad, la que constituye un factor de riesgo que puede generar enfermedades crónicas, además de estigmatización social, baja autoestima y desventajas económicas. Agrega que con la finalidad de prevenir dichas patologías concurrió donde el Médico Cirujano nombre reservado y comenzó con un tratamiento médico tendiente a rectificar su condición de salud nutricional. Expone que dicho profesional le recetó “sentís 3,5 Mg”, cuyo principio activo es Fentermina Clorhidrato, fármaco que según evidencia documentada provoca un falso positivo en los controles antidroga como el examen de orina. Arguye que el consumo del citado medicamento tenía directa relación con la exigencia que el Ejército de Chile aplica a todo funcionario, esto es, que la obesidad es una falta de capacidad para rendir con las labores del servicio. Agrega que estos antecedentes no fueron considerados por el nombre reservado, al licenciar al recurrente. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en apoyo a su tesis.

Señala que resulta improcedencia resolver la baja de un funcionario, por el solo hecho de haber obtenido un resultado positivo en un examen de orina enmarcado en un control antidroga, pues el procedimiento que debe seguir la autoridad administrativa, importa determinar si el afectado se encuentra sometido a un tratamiento médico que pueda arrojar un “falso positivo”; si existe dependencia a una determinada droga; someter a un tratamiento al funcionario; y luego desvincularlo si su condición de salud es incompatible con el servicio.

Expone que actualmente se instruye una causa judicial en la fiscalía militar por los mismos hechos, lo que afecta la independencia de las responsabilidades al mantener la sanción administrativa hasta el término de la causa judicial, por aplicación del artículo 120 del Estatuto Administrativo.

Estima que los fundamentos expresados en el acto administrativo carecen afectan el debido proceso y las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del cargo público del recurrente. Agrega que el acto es arbitrario, atendido que se aleja del procedimiento establecido y no considera las condiciones personales del recurrente ni el resultado del segundo examen de droga realizado en el Servicio Médico legal de Valdivia.

En definitiva pide se deje sin efecto la resolución del recurrido, adoptando de inmediato las providencias que estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando que el recurrente continúe desempeñando sus funciones normales de planta, con costas.

Informando el recurso, don nombre reservado, General de Brigada, Comandante en Jefe de la III División de Montaña, alega en primer término la extemporaneidad del recurso, pues el recurrente ya había interpuesto una acción de protección en contra de la resolución que aplicó la medida disciplinaria del "Licenciamiento del Servicio" de fecha 08 de agosto de 2017, Causa Rol Nº 1138-2017, que fue declarado inadmisible. Agrega que la presente acción de protección pretende, en definitiva, discutir la medida disciplinaria adoptada y no el recurso de reconsideración que fuere rechazado mediante la resolución de 25 de agosto de 2017. Refiere que el procedimiento se encuentra afinado toda vez que el recurrente tenía la posibilidad de seguir ejerciendo su derecho al recurso, sin embargo, éste presentó recurso de reclamación fuera del plazo de tres días que establece el artículo 83 del Reglamento de Disciplina. Indica que el recurrente pretende incorporar una instancia adicional de reclamación en un procedimiento disciplinario ya agotado.

Señala que tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, el derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental se rige en lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. Agrega que el derecho a defensa jurídica en estas situaciones se encuentra sujeto a un marco legal previo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 Nº 26 y 105 de la Constitución Política de la República. Añade que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública gozan del derecho fundamental a contar con defensa jurídica, pero en situaciones de índole administrativa y disciplinaria al interior de la entidad de la que forman parte, no se rige por las disposiciones comunes, sino que por las específicas que contemplen las normativas correspondientes de cada una de esas instituciones. Cita el artículo 153 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, para concluir que la sanción de desvinculación de la institución se encuentra ajustada a derecho, ya que ella se enmarca y desarrolla dentro de potestades y competencias expresamente establecidas en un procedimiento administrativo reglado.

Sostiene en el marco de las potestades que el artículo 35, inciso primero, del Decreto Nº 1.445, “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas”, se permite aplicar la medida del licenciamiento del servicio cuando conste la falta, como aconteció en la especie, al resultar positivo el examen de drogas realizado por el Comando de Salud del Ejército. Cita Dictámenes de la Contraloría General del República en apoyo a su tesis.

Añade que la desvinculación de la institución se encuentra ajustada a derecho y respetando el debido proceso, ya que a que una vez comunicado el resultado positivo del test de drogas, se le solicitó un informe al recurrente donde explicara la situación, resguardándose el derecho a que ejerciera su defensa por escrito antes de adoptar la medida disciplinaria, tal como lo prescribe el artículo 35, inciso final del Reglamento de Disciplina.

Expone que el régimen disciplinario del Ejército se encuentra regulado por la Ley Nº 18.948 "Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas", el D.F.L. (G) Nº 1, de 1997 "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", y por el DNL Nº 911 "Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas". Arguye que el Comandante en Jefe del Ejército en uso de sus atribuciones legales, dictó la Orden de Comando CJE COSAJE JIS (R) Nº J 1.000/51, de 14 de septiembre de 2009, que entre otras, dispuso lo siguiente: 1) Una política general de prohibir y no permitir el consumo, uso, porte, tenencia y tráfico de drogas; 2) Aquel personal que sea detectado en el consumo de drogas por medio de orina, recolectada por la Sección de Drogas del Comando de Salud del Ejército (COSALB), analizado por el Laboratorio de Drogas del Hospital Militar y confirmado por el Laboratorio Antidoping de la Universidad de Chile deberá ser sancionado, sin más trámite, con el licenciamiento del servicio; 3) No se aplicarán las sanciones disciplinarias antes indicadas a quienes justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de sustancias psicotrópicas o psicoactivas por prescripción médica, lo que deberá ser informado en el momento que se tome la muestra para el examen pertinente y acreditado en lo inmediato, con copia de la respectiva receta o el certificado médico de un profesional de la Institución.

Señala que en el caso del recurrente, luego de obtenidas las muestras de orina, tomadas aleatoriamente en el Cuartel General de la III División de Montaña por personal del Comando de Salud del Ejercito, y habiéndose analizados en el Hospital Militar de Santiago, arrojó un resultado positivo a la ingesta de "cocaína", resultados que fueron cotejados en exámenes de contra muestra realizados por el Laboratorio de Análisis Antidoping de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, arrojando en sus observaciones "Concentración para Cocaína y metabolitos". Agrega que por aplicación de la citada Orden de Comando, una vez notificado del resultado del examen y de su contra muestra el día 8 de agosto de 2017 -y después de recepcionado su informe de defensa- fue sancionado con la medida expulsiva de "licenciamiento del servicio".

Sostiene que el acto recurrido es la resolución que rechaza el recurso de reconsideración a la decisión de 8 de agosto de 2017 que dispone el licenciamiento del servicio del recurrente, lo que constituye un acto trámite inmerso en un procedimiento administrativo que se encontraba en desarrollo y en el que se comunicaron las resoluciones legalmente, permitiendo el ejercicio del derecho a impugnar, lo que demuestra que la institución en todo momento le aseguró al recurrente su derecho a defensa. Agrega que el acto recurrido se encuentra amparado por la presunción de legalidad del artículo 4° inciso octavo de la Ley N° 19.880.

Manifiesta que conforme lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley Nº 20.000 y 175 letra a) del Código Procesal Penal, la autoridad militar tuvo conocimiento de un hecho que puede constituir delito, por lo que los antecedentes respectivos fueron comunicados a la Fiscalía Militar de Valdivia, donde se sigue un proceso penal en contra del recurrente.

Argumenta que en el escrito de recurso no se explicita cuál sería la patología que se origina en hechos de la vida privada, que haría improcedente el licenciamiento. Agrega que las razones esgrimidas para estimar aplicables la Ley N° 18.575 y la Ley Nº 20.000 aparecen desvirtuada por jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, habida cuenta de que no resulta ilegal ni arbitrario el ejercicio de una potestad sancionatoria. Arguye que las disposiciones legales y la normativa interna institucional obligan a la persona consumidora de droga a justificar su uso médico prescrito por un profesional idóneo, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 20.000, no debiendo por tanto, exigirse que la autoridad administrativa indague en la justificación. Explica que el recurrente informó el día de la toma de muestra que era consumidor de los medicamentos para bajar de peso denominados "Sentís, Lipo 6 Black, Niteburn" , que pueden haber dado un falso positivo para el consumo de anfetaminas, pero no ha quedado demostrado con los antecedentes médicos y el resultado de las pruebas de droga que dichos medicamentos den un falso positivo de cocaína, tal como ya fue razonado por la autoridad militar al momento de resolver la reconsideración solicitada por el actor a la sanción impuesta. Refiere que con las pruebas aportadas por el recurrente no se acreditó que el consumo del medicamento para bajar de peso sea el causante de la alteración de sus exámenes de orina y que pudiesen ocasionar el resultado positivo de Cocaína.

Alega en último término que no existe conculcación de garantía constitucional alguna de acuerdo a los fundamentos que desarrolla en su presentación. Estima improcedente el recurso de protección al no existir un acto arbitrario o ilegal, ya que se ejercieron potestades regladas dentro de un procedimiento sancionatorio amparado bajo estándares máximo de protección del debido proceso. Afirma que las alegaciones deducidas no corresponden a una materia que concierna ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, pues lo que se persigue es que se deje sin efecto una resolución dictada en un procedimiento de carácter administrativo, esto es, la aplicación de una sanción disciplinaria de licenciamiento del servicio.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador; en concreto, el recurrente considera que se vulneró el derecho de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 números 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

En este orden de ideas, ha de rechazarse desde ya la alegación vinculada con la “libertad de trabajo y su protección”, atendido que en el escrito de recurso sólo existe una mención genérica a la misma, sin un adecuado desarrollo de la forma en que se habría producido dicha amenaza y como se vincula con el acto que por esta vía se impugna.

TERCERO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en la dictación de la resolución CGIIIDIVMÑA I. ASJUR (R) N° 1000/ 19819, por el Comandante en Jefe de la III División de Montaña, que rechazó la reconsideración deducida por el Cabo Primero de Ejército, don nombre reservado, en contra de la resolución de fecha 8 de agosto de 2017, que lo sancionó con el Licenciamiento del Servicio, en virtud de la causal “Necesidad del Servicio”, por arrojar resultado positivo de consumo de cocaína, según examen de detección de drogas efectuado por el Comando de Salud del Ejército.

El objeto del presente recurso consiste en que se ordene “…dejar sin efecto la resolución adoptada por el recurrido, adoptando de inmediato las providencias que estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando que este funcionario continúe desempeñando sus funciones normales de planta…”.

CUARTO: Que, de lo expuesto por las partes y con el mérito de los antecedentes acompañados, analizados conforme a las reglas de la sana critica, se tienen por acreditado los siguientes hechos y circunstancias:

1) El Comando de Salud del Ejército, informó al Comandante en Jefe de la III División de Montaña, mediante oficio COSALE DEPTO II/d (R) N°11355/365 de 25 de julio de 2017, que concluido el proceso de análisis en el laboratorio de procesos del Hospital Militar de Santiago a las muestras de orina tomadas por personal del Comando de Salud, cuatro muestras biológicas arrojaron resultados positivos, entre ellos la del recurrente por cocaína. Se adjunta formulario de cadena de custodia, análisis de drogas del laboratorio del Hospital Militar de Santiago y confirmación de resultado positivo de la Universidad de Chile. La muestra del recurrente fue obtenida el 10 de julio de 2017.

2) Por resolución CGIIIDIVMÑA I. ASJUR (R) N° 1000/18512, de 8 de agosto de 2017, el Comandante en Jefe de la III División de Montaña sancionó con el Licenciamiento del Servicio al recurrente, por la causal “Necesidades del Servicio”, “…por arrojar un resultado positivo en el análisis de muestra de orina por consumo de cocaína en el examen de detección de drogas realizado por personal del Comando de Salud del Ejército y confirmado por el análisis a la contramuestra por el Laboratorio antidoping de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile”.

3) El recurrente se declaró “no conforme” con los resultados citados, con fecha 8 de agosto de 2017, pues declaró consumir las siguientes sustancias con el objeto de disminuir su peso corporal: “SENTÍS, LIPO 6 BLACK, NITEBURN”, conforme indicación médica. Asimismo, solicitó una “nueva toma de muestras” para demostrar su inocencia. Según receta médica que se adjuntó al escrito de recurso, el Dr. Jorge G. nombre reservado le recetó Sentis por un mes con fecha 23 de mayo de 2017, y según “comprobante de entrega de productos”, dicho medicamento le fue entregado el 20 de junio de 2017.

4) Mediante resolución CGIIIDIVMÑA I. ASJUR (R) N° 1000/19819, de 25 de agosto de 2017, el Comandante en Jefe de la III División de Montaña rechazó el recurso de reconsideración deducido por el Cabo Primero de Ejército, don nombre reservado, en contra de la resolución citada en el numeral precedente, haciéndose cargo de las alegaciones del recurrente, que consisten, básicamente, en las mismas que sustentan el presente recurso de protección.

5) El Comandante en Jefe de la III División de Montaña, por resolución GIIIDIVMÑA I. ASJUR (R) N° 1000/21119, de 11 de septiembre de 2017, informó al recurrente que el recurso de reclamación que dedujo en contra de la resolución citada en el numeral precedente, fue presentado fuera de plazo y contiene vicios de forma.

QUINTO: Que, el artículo 14 inciso final de la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, impone a la autoridad superior del Ejército la obligación prevenir el uso indebido de sustancias estupefacientes o sicotrópicas en su personal, debiendo ordenar la realización periódica de controles de consumo conforme a las normas contenidas en un reglamento que se dictará al efecto.

Por su parte, la Orden de Comando CJE COSAJE JIS (R) Nº J 11000/51, de 14 de septiembre de 2009, que actualiza y complementa disposiciones para la Prevención y Control de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas en el Ejército establece una política general de prohibir y no permitir el consumo, uso, porte, tenencia y tráfico de drogas. Asimismo, dispone que el personal que sea detectado en el consumo de drogas por medio de orina, recolectada por la Sección de Drogas del Comando de Salud del Ejército, analizada por el Laboratorio de Drogas del Hospital Militar y confirmado por el Laboratorio Antidoping de la Universidad de Chile, según procedimientos que detalla, deberá ser sancionado sin mayor trámite, con el licenciamiento del servicio o baja de la institución, salvo que se justifique el uso, consumo, porte o tenencia de sustancias psicotrópicas o psicoactivas por prescripción médica, lo que deberá ser informado en el momento que se tome la muestra para el examen pertinente y acreditado en lo inmediato, con copia de la respectiva receta o el certificado médico de un profesional de la institución.

A su turno, el artículo 35 del Decreto N° 1445, de 1951, del Ministerio de Defensa Nacional, “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas” prescribe que “No procederá la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa cuando la falta conste hasta la evidencia, sea por la propia observación, parte oficial, otros antecedentes verbales o escritos o por la propia confesión del inculpado. No procederá tampoco la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa, en aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidas en los partes, denuncias y diligencias preliminares, debiendo los Comandantes de todas las jerarquías hacer uso inmediato de todas sus facultades de mando, administrativas o disciplinarias informando su resolución cuando fuere del caso, por los canales de mando o técnicos. El superior, antes de hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, deberá conocer la defensa o justificación del acusado. No dándose los presupuestos del inciso anterior, o aún apareciendo ellos, si aún le asisten dudas a la autoridad sobre los hechos o el grado de culpabilidad, deberá iniciarse la correspondiente ISA, para ejercer la acción disciplinaria”.

SEXTO: Que, de las normas transcritas en el considerando precedente, surge que en el presente caso el recurrido se encontraba facultado para imponer una sanción sin necesidad de investigación sumaria, por aparecer la falta claramente establecida por antecedentes escritos. En efecto, la muestra de orina del recurrente fue sometida a un doble análisis, primero el Laboratorio Clínico del Hospital Militar de Santiago, y luego, por el Laboratorio de Análisis Antidoping de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Ambos análisis arrojaron resultado positivo por consumo de cocaína.

Asimismo, según quedó asentado, el recurrente presentó sus descargos e impugnó la decisión que dispuso su licenciamiento, a través del recurso de reconsideración, el que fue rechazado por resolución debidamente fundada. En contra de esta última resolución ejerció extemporáneamente su derecho al recurso.

SÉPTIMO: Que, en las circunstancias indicadas, no se avizora ilegalidad en el actuar del recurrido desde que el procedimiento adoptado se ajustó a derecho y la decisión de licenciamiento se funda en antecedentes científicos debidamente corroborados. En este sentido, debe tenerse presente que las normas citadas pretéritamente exigen un análisis por el Laboratorio de Drogas del Hospital Militar y su confirmación por el Laboratorio Antidoping de la Universidad de Chile, sin necesidad de que se efectúe una “nueva muestra” como alega el recurrente.

OCTAVO: Que, tampoco se aprecia arbitrariedad, desde que la resolución impugnada aparece debidamente motivada, conforme lo dispuesto en los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, pues expresa las condiciones que posibilitan y justifican su emisión, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión. En efecto, la razonabilidad de tal decisión está dada porque no se acompañó una opinión de carácter técnico que permita, al menos, presumir que el medicamento recetado al recurrente pueda producir una “falso positivo” de cocaína como afirma el actor. De ahí entonces que la citada afirmación carece de asidero probatorio en el presente caso, y por ende, ha de rechazarse.

NOVENO: Que, en las circunstancias antes indicadas, y no existiendo un acto arbitrario o ilegal por parte del recurrido, no es posible adoptar una medida de cautela a favor del recurrente, sin que sea necesario examinar las garantías denunciadas como vulneradas, ante la ausencia del principal sustento de la acción, por lo que el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Ejército de Chile, III División de Montaña.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Proteccion-1197-2017.