Protección contra Director del DAEM de la comuna de Los Lagos

Valdivia, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.- VISTOS:

Doña nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut, RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; y nombre reservado, rut. RUT reservado, todos psicopedagogas, deducen acción constitucional de protección en contra del Director del DAEM de la comuna de Los Lagos, dependiente de la I. Municipalidad de Los Lagos, por estimar vulnerados sus derechos constitucionales consagrados en artículo 19 números 1, 16, y 24 de la Constitución Política de la República.- Fundan su recurso en las siguientes consideraciones:

1.- Que en el transcurso del mes de septiembre de 2017, fueron alertadas por una de sus colegas que por información recibida por ella a través del jefe de finanzas del DAEM de la comuna de Los Lagos, que a contar de este dicho se les descontaría el Bono de Reconocimiento Profesional (en adelante BRP), correspondiente a la suma de $232.057 (doscientos treinta y dos mil cincuenta y siete pesos), a todas las profesionales nombre reservado de la comuna, atendido que se había recibido un documento desde el CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas), el cual mencionaba que no se debía seguir pagando el BRP a las profesionales que suscriben la presentación, puesto que no cuentan con un título de docente, por lo que no tendrían derecho a seguir percibiendo dicho bono que es pagado mensualmente.

2.- Que, enteradas de tal situación, solicitaron una reunión al Jefe del DAEM de la comuna para obtener una información acabada al respecto que les permita tener el conocimiento necesario sobre la pertinencia de tal hecho, la que no fue concedida.

3.- Que, la situación descrita precedentemente, les afecta priva, amenaza y perturba las siguientes garantías:

a) El derecho a la integridad psíquica consagrada en el N° 1 del artículo 19, de la Constitución Política de la República,desde que al momento de percibir sus remuneraciones, contraerán obligaciones de toda índole, que involucran no sólo aspectos individuales, sino también de índole familiar y profesional, puesto que en razón de sus remuneraciones, un número no menor de las comparecientes optarán por desarrollarse profesionalmente y continuarán estudios de Educación Diferencial con todos los costos económicos que ello implica; el eventual descuento del bono referido, les afecta no solo materialmente, sino también en lo emocional, puesto que ante el mencionado descuento, se encontrarán en la más absoluta incertidumbre económica no sólo en relación a su vida personal, sino también en relación a las expectativas de desarrollo profesional planteadas individualmente, lo que ha influido ostensiblemente en su tranquilidad emocional;

b) El derecho consagrado en el Nº 16 del artículo 19, de la Carta Fundamental, ya que según liquidación de remuneraciones, efectúan labores bajo el régimen de Estatuto Docente y sus beneficios, es decir, fueron contratadas como nombre reservado con autorización docente, la cual habilita a las profesionales a trabajar en labores docentes, que es lo que efectivamente acontece, puesto que en la práctica efectúan las mismas labores que una educadora diferencial, en razón a ello es que sus sueldos son iguales al de una docente de esa área. El eventual descuento del mencionado bono de reconocimiento, no sólo merma su capacidad económica, sino que además deja en evidencia que efectuando labores docentes, no obtendrán una justa retribución por tales labores y no sea reconocida sus capacidades como profesionales del área de educación especial, percibiendo una remuneración inferior realizando el mismo trabajo que efectuaría una docente diferencial, lo que a todas luces se constituye en un acto discriminatorio en sus capacidades como profesionales, que vulnera el derecho ya mencionado; y, c) El derecho de propiedad del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que, concordando dicha norma con el artículo 583 del Código Civil que dispone que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, resulta indudable que esta especie o clase de propiedad sobre derechos incorporales también se encuentra protegida por el precepto constitucional. De acuerdo con lo anterior, sus remuneraciones son bienes incorporales - acciones y derechos que tienen como fuente válida las convenciones y contratos- de los cuales el Bono de Reconocimiento Profesional -BRP- forma parte en razón de las labores que, en virtud del contrato suscrito con el DAEM de la comuna de Los Lagos prestan como educadoras, por lo que el descuento, ya tantas veces mencionado, es una grave vulneración del derecho de propiedad que tiene sobre sus remuneraciones.

4.- Concluyen solicitando, que se acoja el presente recurso de protección, y se ordene al Jefe del DAEM de la comuna de Los Lagos se abstenga de efectuar el descuento del Bono de Reconocimiento Profesional -BRP- a las profesionales nombre reservado recurrrentes.

Informando el recurso, el abogado IVAN HUNTER AMPUERO, por la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, solicitad su rechazo con costas, fundado, en resumen, en las siguientes consideraciones: Invoca la inexistencia de la vulneración de derechos argüida por las recurrentes. En efecto, señala, que respecto de la afectación a la integridad psíquica, tal como ha sido resuelto transversalmente por los tribunales de nuestro país, debe acreditarse. El hecho que el sistema sobre valoración de la prueba establecido para el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales sea el de la sana crítica, ello no obsta al deber de acreditar aquel daño, vulneración o afectación a la integridad psíquica por parte de las recurrentes.

Respecto de la libertad de trabajo y su protección, señala que es un derecho constitucional que habilita a toda persona a buscar, obtener, practicar, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficios lícitos. Las recurrentes argumentan que este derecho se les vio afectado producto del descuento del bono de reconocimiento profesional, ya que, supuestamente, dejaron de obtener una justa retribución por sus labores, “percibiendo una remuneración inferior realizando el mismo trabajo que efectuaría una docente diferencial, lo que a todas luces se constituye en un acto discriminatorio en nuestra capacidad como profesionales”, que dicha situación, bajo ningún punto de vista constituye una lesión al derecho consagrado en el art. 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, y por otra, en ningún caso constituye un acto discriminatorio, reparando, que lo denunciado como gravoso, ameritaría un análisis desde la óptica del derecho a la igualdad más que a la libertad de trabajo. Argumenta, además, que en lo referido al inciso tercero del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, esto es, la prohibición de cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos, hay que tener presente, que, en caso de haber alguna vulneración o conflicto, que advierte no ocurre en este caso, este sería la colisión con el artículo 25 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares (ésta establece un sistema de igualación entre trabajadores nacionales y migrantes, por lo que, en ese caso hipotético, nos encontraríamos efectivamente con una vulneración al derecho reclamado por las recurrentes). Es, precisamente, éste el fin que dicha garantía busca resguardar. No la percepción de un bono cuyo fundamento se encuentra establecido directamente en la ley, en la medida que se cumplan los requisitos exigidos por ella. Afirma, que las recurrentes, sencillamente, mal entienden cómo opera esta garantía constitucional, y pretenden escudarse en ella con el objetivo de obtener, por parte de esta Corte, una sentencia favorable.

Finalmente, respecto de la vulneración al derecho de propiedad, señala que las recurrentes sostienen que sus remuneraciones constituyen “bienes incorporales -acciones y derechos que tienen como fuente válida las convenciones y contratos-”, de los cuales el BRP forma parte. Sobre ella, indica por una parte, que resulta del todo incoherente, en este caso puntual, la afirmación realizada por la contraparte al señalar que sus remuneraciones constituyen bienes incorporales, es decir, acciones y derechos que tienen como fuente válida las convenciones y contratos. La afirmación de las recurrentes, que al ser el BRP parte de sus remuneraciones en razón de las labores que prestan como educadoras en virtud del contrato suscrito con DAEM de la comuna de Los Lagos, no es efectiva, ya que el Bono de reconocimiento profesional no tiene su fuente en una convención o contrato sino en la ley misma. Específicamente, la Ley N° 20.158. Y sostiene, que sólo en caso que el profesional de la educación cumpla con los requisitos exigidos por ley, podrá acceder al beneficio de BRP. El prestador no puede pactar mediante convención o contrato con el profesional la asignación del BRP.

Argumenta, que acompañó a modo referencial, contrato de trabajo de nombre reservado (una de las psicopedagogas recurrentes) y decreto afecto N° 2285, que regulariza su nombramiento en la Escuela Nevada, donde se da cuenta que nada se estableció respecto del BRP, reiterando que ello obedeció a que bastaba con que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley N° 20.158 para que puedan acceder al beneficio, no siendo necesario pactar nada al respecto, como falsamente argumentan las recurrentes.

Sostiene, que el carácter indubitado del derecho de propiedad sobre el BRP que pretenden las recurrentes no es tal. Que las recurrentes, no tienen tal derecho ya que, simplemente, no cumplen con los requisitos exigidos por la Ley N° 20.158.

La recurrida, invoca, además, la inexistencia de algún acto u omisión arbitraria o ilegal.

Sobre ella, señala que el descuento del BRP es absolutamente justificado, y en consecuencia no es ni arbitrario ni ilegal.

Agrega que el descuento del BRP se produce en virtud del oficio ordinario recibido por esta parte, emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de los Ríos, número 1077, que en definitiva, concluye que la Ley N° 20.158 no concede a los profesionales psicopedagogos autorizados para ejercer la función docente el derecho a percibir el BRP. Excepcionalmente establece el derecho a percibir el BRP a los docentes que no son profesionales de la educación que impartan educación en un establecimiento técnico profesional en los módulos de educación diferenciada; situación que, respecto de las recurrentes, no se produce. Indica que la SEREMI de educación de la Región de los Ríos, fue instruida en relación a la improcedencia del pago de la Bonificación de Reconocimiento Profesional a Psicopedagogos/ as autorizados/as para el ejercicio de la función docente por parte del mismo CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas) dependiente del Ministerio de Educación. Es decir, que su parte no tiene responsabilidad alguna en la suspensión del pago en cuestión.

Indica que los fondos para solventar el pago del Bono de reconocimiento profesional (BRP), no provienen de la Municipalidad de Los Lagos, sino del Ministerio de Educación. Por tanto, en la medida que el Ministerio no haga la transferencia de los fondos destinados al pago del BRP, le resulta imposible efectuar dicho pago, como consta de las copias simples de la Cartola histórica de cuenta corriente de la I. Municipalidad de Los Lagos, correspondiente al mes de Agosto y Septiembre, al mes de Septiembre hubo una disminución del monto transferido por el Ministerio a esta parte, correspondiente a la suma de $4.181.712.- pesos, monto que, durante los meses de Julio y Agosto, fue destinado al pago del BRP.

La alegada imposibilidad de la recurrida de no efectuar el descuento solicitado por las recurrentes, se complementa además, por lo establecido por el artículo 9° de la Ley N° 20.158, que establece diversos beneficios para profesionales de la educación-entre ellos, particularmente, el bono de reconocimiento profesional-, que dicha norma, en su inciso primero, establece: “El Ministerio de Educación fijará internamente los procedimientos de entrega de los recursos a los sostenedores o representantes legales de los establecimientos educacionales subvencionados, tanto del sector municipal como particular, y de los establecimientos de educación técnico- profesional regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, y además determinará los mecanismos de resguardo de su aplicación para su pago. Dichos recursos se transferirán a través de la Subsecretaria de Educación”. Sobre el particular, afirma que debido a al oficio emanado directamente desde el Ministerio de Educación ya individualizado, el sostenedor ya no declaró el BRP y, consecuentemente, la recurrida no dispone de los fondos para cubrir dicho beneficio, ya que éstos no fueron transferidos por el Ministerio de Educación, en consideración a que las nombre reservado recurrentes no cumplen con los requisitos exigidos por la Ley N° 20.158 para percibir el BRP.

Acompaña junto a su informe los siguientes documentos: 1.-Copia de cartola histórica de cuenta corriente de la I. Municipalidad de Los Lagos, correspondiente al mes de Agosto del presente año; 2.- Copia de cartola histórica de cuenta corriente de la I. Municipalidad de Los Lagos, correspondiente al mes de Septiembre del presente año; 3.- Copia de Oficio Ordinario N° 1077, emanado de la Secretaría Regional Ministerial de educación de la Región de Los Ríos, cuya materia es: “improcedencia de pago de bonificación de reconocimiento profesional a Psicopedagogos autorizados para el ejercicio de la función docente”; 4.- Copia de Oficio ordinario N° 10/1161, emanado del CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas) dependiente del Ministerio de Educación, cuya materia es: “instruye lo que indica en relación a la improcedencia del pago de la Bonificación de Reconocimiento Profesional a nombre reservado /os autorizadas /os para el ejercicio de la función docente”; 5.- Copia de contrato de trabajo de fecha 10 de marzo de 2017 entre I. Municipalidad de Los Lagos y doña nombre reservado; y, 6.- Copia decreto afecto de regularización de nombramiento docente, de fecha 08 de agosto de 2017.

Se trajeron los autos en relación.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas; y, finalmente, iii) que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

TERCERO: Que, además de los requisitos enunciados, corresponde tener presente que, dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

Para la Doctrina, la ilegalidad o arbitrariedad son conductas antijurídicas, o contrarias a derecho. La Jurisprudencia, a su turno, ha señalado que un acto es ilegal cuando se violan los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto, público o privado. Por otro lado, el acto es arbitrario cuando se produce la vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos o actualizados. Igualmente puede señalarse que “un acto es ilegal si ha sido dictado contra ley, es decir, cuando no se atiene a la normativa por la cual debe regirse; y es arbitrario cuando es contrario a la justicia, la razón o a la leyes por carecer de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o la sinrazón “.- CUARTO: Que, con el mérito de los antecedentes que obran en el expediente, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es posible tener por establecidos, por ser aceptados por la partes, los siguientes hechos y circunstancias: 1) Que, las recurrentes mantienen un contrato de trabajo vigente con la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, con respectivo decreto alcaldicio de regularización, si hemos de aceptar lo afirmado por la recurrida, que a modo referencial acompañó como documentos, en sus números 5 y 6 del otrosí de su informe copia de contrato de trabajo de fecha 10 de marzo de 2017, entre I. Municipalidad de Los Lagos y doña nombre reservado, y copia decreto afecto N° 2285, de fecha 08 de agosto de 2017, que regularizó el nombramiento docente de la psicopedagoga antes indicada; 2) Que, las recurrentes percibían el Bono de Reconocimiento Profesional de la ley 20.158 del año 2006; y, 3) Que, las recurrentes tienen autorización para la realización de labores docentes.

Pero, tanto del texto del recurso, como del informe de la recurrida, las partes, se encuentran contestes, que dicha obligación- pago de bono de reconocimiento profesional- fue regular, continuo y permanente, hasta el mes de agosto del presente año, sin reparo alguno por parte de la recurrida. Se concluye, en consecuencia, que hasta esa fecha las recurridas, cumplían todos y cada uno de lo requisitos, para ser acreedora de dicho bono.

QUINTO: Las recurrentes fueron autorizadas, en conformidad a las normas Decreto Supremo Nº 352, del Ministerio de Educación, promulgado con fecha 09 de octubre de 2013, y publicado con fecha 12 de marzo de 2004, para la realización de actividades docentes, siendo acreedoras de todos los emolumentos por dichas función, ordinarios o extraordinarios, situación que no varió con la dictación y vigencia de la Ley N°20.158 del año 2006.

El Bono de Reconocimiento Profesional, si bien tiene su origen en la ley, desde la vigencia de la misma, y cumplido los requisitos de otorgamiento, se debe entender incorporada en la remuneración de las recurrentes, y así lo estimaron las partes, pagándose regular, oportuna y sucesivamente.

SEXTO: Que en cuanto a la existencia de un acto ilegal o arbitrario, cabe tener presente como primera premisa, que el acto impugnado corresponde a un acto administrativo, configurado por decisión de cesar, en forma intempestiva y sin previa comunicación, de pagar el Bono de Reconocimiento Profesional, dispuesto en el artículo 1° de la ley 20.158.

SEPTIMO: Que, asentado lo anterior, el núcleo básico de discusión consiste en determinar si la nueva interpretación dada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, para que las recurridas sean privadas del bono indicado, es vinculante para las partes de éste recurso.

Desde ya se debe tener presente, que el informe del referido Centro, acompañado por la informante del presente recurso, bajo el Nº 4 del otrosí de su presentación, pero particularmente importante es su párrafo final, que indica “Finalmente, se hace presente que este Centro pedirá que se presente a la Contraloría una solicitud de reconsideración del dictamen Nº 97.792 del 17 de diciembre de 2014, con el objeto que aclare su pronunciamiento, en base a los antecedentes ya expuestos”(sic). Pues bien, dicho pronunciamiento, reconocía el derecho de las psicopedagogas autorizadas para desarrollar labores docentes a percibir el Bono de Reconocimiento Profesional.

Como se desprende de lo anterior, se dejó entregada la resolución al pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

La interpretación efectuada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas proviene de un tercero extraño a la relación laboral existente entre las partes de éste recurso, por consiguiente, carece de obligatoriedad para las mismas, siendo así, apoyarse en ella para privar de la asignación indicada – que forma parte del pago por el trabajo realizado- importa alterar la justa ejecución de la relación contractual, y la forma como las partes la entendieron hasta el mes de agosto del presente año. Del modo antes indicado, el acto administrativo, tendiente a privar de un bono hasta fecha indubitado, deviene en carente de fundamento.

OCTAVO: Que, sin desconocer las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga a la recurrida- ya sea la I. Municipalidad de Los Lagos o su servicio dependiente el DAEM- lo cierto es que las determinaciones que se pronuncien deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que de ella surja debe encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia de la decisión adoptada, pues la ausencia de una fundamentación adecuada impide conocer las verdaderas razones en base a las cuales se adopta la decisión.

La falta de un acto o decisión formal, motivado, debidamente notificado o comunicado a las recurrentes, impidieron a éstas un conocimiento cierto, oportuno y cabal del asunto, y de paso, la posibilidad de impugnarlo, reclamarlo, conforme a los mecanismos y/o recursos legales que la ley otorga para ese caso concreto.

En este sentido, resulta útil consignar que “la discrecionalidad hace referencia a una decisión administrativa adoptada dentro de un margen de libre apreciación dejado por el ordenamiento jurídico (es decir, hay varias soluciones válidas entre el Derecho, entre las que la Administración puede elegir libremente). Cualquiera de las decisiones adoptadas dentro del ámbito de la legítima discrecionalidad son igualmente en Derecho y tienen el mismo valor jurídico”. (BERMÚDEZ, Jorge, Derecho administrativo general, Legal Publishing, Santiago, 2011, p. 90).- Por su parte, el artículo 11 de la ley N° 19.880 preceptúa que "los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares", lo que guarda concordancia con lo previsto en el inciso primero del artículo 16, que dispone "el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él", y en el inciso cuarto del artículo 41 del mismo texto legal que establece "las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

NOVENO: Que, tal como ha sostenido la Excma. Corte Suprema la motivación del acto administrativo exige que éste contenga “...los fundamentos en que se sustenta con el fin de legitimar la decisión de la autoridad, razones que no pueden ser meramente formales, toda vez que caerían dentro de la categoría de arbitrarios y, por lo tanto, ilegales. Es por ello que si el acto aparece desmotivado o con razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto, se debe concluir que el acto carece de uno de sus elementos esenciales”. (Corte Suprema, Rol 27.467-2014, 2 de diciembre de 2014).

En efecto, los actos administrativos deben ser fundados, y ello implica que la autoridad que los dicta debe expresar las condiciones que posibilitan y justifican su emisión, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión. Así, la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se vincula con el recto ejercicio de las potestades otorgadas a la Administración, toda vez que permite cautelar que éstas se ejerzan de acuerdo a los principios de juridicidad y de igualdad y no discriminación arbitraria, evitando todo abuso o exceso, como, asimismo, velar porque tales facultades se ejerzan en concordancia con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico al conferirlas. (Contraloría General de la República, Dictámenes N° 499, 4 de enero de 2012; y N° 4.567, 16 de enero de 2015).

DECIMO: Que, en el ejercicio de potestades discrecionales, se exige un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que los actos de la Administración no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, pues de lo contrario implicaría confundir la discrecionalidad que le concede el ordenamiento jurídico con la arbitrariedad, sin que sea suficiente la mera referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión. (Contraloría General de la República, Dictámenes N° 91.219, 21 de noviembre de 2014; y Nº 1.342, 8 de enero de 2015).

La falta de una razón justificada, para privar de un derecho, legalmente adquirido, vulnera la garantía del derecho de propiedad, así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, entre otros, en causa rol causa rol N°2283, fallo de fecha 29 de junio de 2011 (confirmando sentencia dictada en causa rol 54-2011, del ingreso de la I. Corte de Apelaciones de Arica), causa rol N°3954-2011, fallo de fecha 24 de mayo de 2011 (confirmando sentencia dictada en causa 155-2011, del ingreso de la I. Corte de Apelaciones de Concepción).

En consecuencia, el acto discrecional puede ser controlado por el juez y ser declarado ilegal si los motivos invocados por el autor del acto no existen. Es por ello que la motivación, aún en los actos discrecionales, es un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente. Lo que en el presente caso no ocurre, siendo insuficiente, un cambio de interpretación que proviene de un tercero-Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas-, y/o que no sea validado por la Contraloría General de la República.

En efecto, conforme lo indica el artículo 98 de la Constitución Política de la República, la Contraloría General de la República, es un organismo autónomo que ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el egreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad de la general de la Nación y desempeña las demás funciones que le encomiende su ley orgánica constitucional. Realiza un amplio control, tanto constitucional como de legalidad, según lo ha destacado tradicionalmente la doctrina.

De este modo antes señalado, el control jurídico que efectúa el órgano contralor se lleva a efecto "por medio del pronunciamiento que debe hacer sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y resoluciones de los jefes de servicios, a través de la emisión de dictámenes jurídicos que en materia administrativa deben observar las reparticiones públicas que los soliciten y mediante la fiscalización en el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo".

Respecto del punto la Excma. Corte, en causa rol N.º 5375-2011, resolvió: “Sexto: Que la autoridad recurrida ha reconocido en su informe que el día 4 de agosto de 2010 por oficio N° 1536 solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República puesto que requería dilucidar una interpretación de carácter legal, mismo planteamiento que ya había realizado por oficio No 231 de 22 de enero del mismo año, enfatizando que el organismo no dio respuesta a sus consultas.

Séptimo: Que de acuerdo a los antecedentes referidos, ponderados conforme a las reglas de la sana crítica, resulta lógico concluir que la decisión cuestionada es arbitraria puesto que se adoptó cuando la autoridad municipal había condicionado su respuesta a que la Contraloría General de la República se pronunciara sobre la materia, en circunstancias que los funcionarios municipales esperaban convencidos de buena fe que el Municipio esperaría tal pronunciamiento no obstante que la autoridad conocía los dictámenes nombrados que determinaron que ésta debía pagar las asignaciones establecidas en la Ley N° 19.803, aplicando los mecanismos supletorios dispuestos en su artículo 9°.

Octavo: Que en este sentido la actuación también es ilegal, porque desconoce un derecho que la ley ha consagrado para los funcionarios que cumplen las exigencias establecidas en la Ley N° 19.803, de suerte que al privar a los afectados de una asignación legal se ha conculcado el derecho de propiedad que les asiste sobre ella.

Noveno: Que según anteriormente ha señalado esta Corte la simple negación o desconocimiento de los derechos que pueda alegar la autoridad recurrida no transforma el derecho en dubitado, pues para situaciones de ese tipo es que existe la obligación de ponderar las pruebas y los antecedentes que las partes presenten, ponderación que ha de hacerse conforme a las reglas de la sana crítica, pudiendo concluirse acerca de la existencia del derecho invocado sólo después de tal valoración; lo que no afecta en modo alguno la naturaleza cautelar o no declarativa de esta acción, porque precisamente el establecimiento de un sistema de prueba obedece a la necesidad de alcanzar convicción para adoptar medidas de cautela que aseguren el ejercicio legítimo de derechos, lo que claramente no compromete eventuales acciones declarativas atendida tal única función de esta acción constitucional.”.

UNDÉCIMO: Que, el ejercicio de las facultades de dirección de la parte recurrida, debe ajustarse a sus fines que justifican su ejercicio en el campo de las leyes, reglamentos y principios señalados en los basamentos precedentes, por lo que la decisión de no pago del bono de reconocimiento profesional a las recurrentes debe necesariamente ser un acto administrativo fundado, pudiendo, en caso contrario, ser tachado de arbitrario y por ende, ilegítimo.

En consecuencia, el actuar de la recurrida de cesar en el pago del bono tantas veces referido, en función de cambio de interpretación legal por parte de un tercero ajeno a la relación contractual de las partes, en el presente caso sólo puede ser entendida como una actuación arbitraria, ya que carece de razonabilidad, al no indicar los motivos para fundar su legitimidad, no bastando que la entidad se asile únicamente en un cambio de interpretación, desconociendo intempestivamente, todo lo actuado desde la vigencia de la ley 20.158 del año 2006.

DUODÉCIMO: Que, en la especie, se ha vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho de acceder al pago del bono reconocimiento profesional, incorporado por ley en sus remuneraciones, y por ende, forma parte, legítimamente, de su derecho de propiedad.

DECIMO TERCERO: Respecto de la garantía invocada de protección a la integridad psíquica, Nº 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, no puede prosperar el presente recurso, por no haberse acreditado. Y respecto de la garantía invocada de protección a la libertad del trabajo, Nº 16 del artículo 19 del texto antes citado, no se observa, de qué forma los hechos denunciados- no pago de un bono de reconocimiento, pueda afectar la libre elección de un trabajo o empleo, elección que está indemne, por consiguiente, tampoco puede prosperar el recurso por dicho capítulo.

DÉCIMO CUARTO: Que, por las consideraciones anteriores, el recurso de protección será acogido, como se dirá en lo resolutivo.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto además, lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 Nº 24, y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut, RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; nombre reservado, rut. RUT reservado; y nombre reservado, rut. RUT reservado, en contra del Director del Departamento de Administración de Educación Municipal- DAEM- de la comuna de Los Lagos, dependiente de la I. Municipalidad de Los Lagos, disponiendo que la recurrida deberá pagar a las recurrentes el Bono de Reconocimiento Profesional contenido en la ley Nº 21.580, mientras no exista un pronunciamiento final de la Contraloría General de la República sobre el particular.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Claudio Aravena Bustos.

Rol 1172 – 2017 PRT.