nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, veintidós de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha quince de febrero de dos mil veintitrés comparece doña nombre reservado, Abogada, en representación de don nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, chileno, soltero, desconozco profesión u oficio, cédula de identidad número RUT reservado, y de doña nombre reservado, chilena, soltera, desconozco profesión u oficio, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que su representado es dueño de un inmueble rural ubicado en sector de Purrahue, comuna de San Pablo, provincia de Osorno, de una superficie aproximada de 5, 57 hectáreas que adquirió por resolución número 2904, de fecha 15 de noviembre de 1994, de la oficina provincial de Bienes Nacionales de Osorno, de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley N°2695.

Refiere que habitó dicho inmueble hasta el año 2015 fecha en la que cambió de domicilio a otro sector rural, sin embargo, el terreno seguía siendo ocupado por sus animales y plantaciones, realizando visitas periódicas al mismo sin que durante el tiempo que vivió en el inmueble referido- nunca tuvo problemas ni conflictos de ninguna especie con sus vecinos colindantes, ni mucho menos con los recurridos, quienes jamás reclamaron derecho algunos sobre el terreno de su propiedad.

Añade que a fines del mes de diciembre del año 2022 autorizó verbalmente a don nombre reservado para que se instale en su propiedad y con fecha 06 de enero del año 2023 lo autorizó por escrito.

Agrega que a los 20 días, con fecha 18 de enero del año 2023 los recurridos ordenaron a don nombre reservado que paralizara los trabajos que su representado había autorizado, efectuándole un llamado en el que le señalaron que prohíben que don nombre reservado continuará usando el predio, que retirará todas sus pertenencias, que llamarían a Carabineros para expulsarlo del predio, y que le retuvieron las pertenencias de trabajo pertenecientes al señor nombre reservado.

Indica que posteriormente, sin su autorización, los recurridos procedieron a efectuar una tala de pinos ubicados dentro de la propiedad de su representado.

Señala que temiendo por la integridad del Sr. nombre reservado y la suya, le pidió que se retirara del lugar y no conforme con esto, los recurridos efectuaron el cierre de una parte del sector sureste del predio.

Finalmente, refiere que no ha podido efectuar el uso y goce pleno de su propiedad, que ha debido retirar todos sus animales del lugar por temor a lo que les pueda suceder y se ha visto en la imposibilidad de efectuar la venta de parte del inmueble a don nombre reservado quien el día de hoy, se encuentra indeciso y temeroso ante la actitud de los recurridos.

Cita el artículo 582 del Código Civil agregando que el derecho a la propiedad se ha visto amenazado y pide decretar para asegurar su protección declarar que se declare ilegal y arbitrario el actuar de los recurridos, que se les ordene cesar completamente cualquier acto de utilización o disposición del bien inmueble de su representado y de cualquier otro acto análogo que suponga la utilización del predio con facultades de dominio o en su defecto, disponer todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del Derecho, con costas.

Acompaña fotografías, certificados, planos y croquis que sustentan su pretensión.

SEGUNDO: Que, con fecha 22 de febrero de 2023 se ofició a Carabineros de la Tenencia San Pablo a fin de notificar a los recurridos de la acción impetrada quienes informan que los recurridos se negaron a recibir los antecedentes relativos al informe requerido.

TERCERO: Que, con fecha 12 de mayo de 2023 atendido lo informado por Carabineros, el tiempo transcurrido y naturaleza de la acción deducida, se ordenó prescindir del informe de los recurridos, ordenándose traer los autos en relación.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el presente recurso se encuentra motivado por diversos supuestos actos de ocupación ejecutados por los recurridos en la propiedad que los actores están asentados en virtud de los derechos que les otorga su derecho de dominio sobre el inmueble estimando que se trata de una perturbación ilícita ya que ningún derecho asiste a los recurridos sobre los mencionados terrenos, como se desprende de los antecedentes acompañados por el recurrente y sin que obre en autos antecedente alguno emanado de los recurridos que desvirtúe aquella circunstancia, además de la denuncia de actos de amenaza por parte de los recurridos destinados a obtener aparentemente que el actor desocupen el predio, además de realizar otras actividades tales como establecer cierres, y talar árboles, actos que denotan su ánimo de comportarse como señores y dueños, impidiendo al recurrente, como también a las personas autorizadas por éste a realizar sus labores de crianceros y de pastoreo.

SÉPTIMO: Que, la particular naturaleza y características de la acción de protección están claramente delineadas en su propia regulación constitucional, que habilita -en tiempo presente- al que “sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías” para “ocurrir (…) a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Tan asentada es esta idea de la acción de protección como una tutelar de emergencia, que la jurisprudencia ha señalado, que “en primer término se debe tener presente, que el Artículo 20 de la Carta Fundamental no limita la procedencia de la acción de protección ni la restringe por existir otras vías jurisdiccionales posibles en que pueda resolverse la cuestión planteada. Más bien, y por el contrario, la norma constitucional citada admite expresamente esta acción cautelar y de emergencia en todos los casos de vulneración de los derechos fundamentales que indica, al expresar que su ejercicio es sin perjuicio de los otros derechos que (el recurrente) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” (Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 3836-2015).

OCTAVO: Que las actuaciones de los recurridos antes señaladas constituyen una acción arbitraria de autotutela que altera el statu quo vigente, debiéndose entender como tal “toda vía de hecho que cualquier persona ejecuta o lleva a cabo alterando un determinado statu quo, lo que, a su vez, se traduce en afectar determinadas relaciones jurídicas que sobre esas bases fácticas se estaban desarrollando antes de producirse la alteración de las condiciones de hecho. Así pues, quien lleva adelante acciones significativas de cambio en estos supuestos de hecho, que normalmente buscan un beneficio o provecho para su autor, está tomando la justicia por mano propia, desoyendo el principio básico de un Estado de Derecho, que obliga a todas las partes a recurrir ante los tribunales de justicia para que se declaren a su favor los derechos y soluciones que “de facto” se han pretendido obtener mediante las acciones de fuerza o autotutela. (I. Corte de Apelaciones de Valdivia Rol 2771-2022).

NOVENO: Que, por tanto, no cabe sino concluir que los actos atribuidos a los recurridos, ejercidos por propia mano y desatendiendo al derecho indubitado del recurrente, tienen sin duda el carácter de ilegales y arbitrarios en cuanto están proscritos por nuestro ordenamiento jurídico, y en cuanto carecen de fundamento racional y de proporcionalidad, pues están apoyados en la mera veleidad y capricho de sus ejecutores.

DÉCIMO: Que, tales acciones, constituyeron una vulneración a las garantías constitucionales invocadas, en particular, la del artículo 19 Nº24 del texto político que según la parte recurrente sería el derecho fundamental que se ha visto conculcado con el actuar arbitrario e ilegal mediante actos ilegales sobre el predio de marras.

UNDÉCIMO: Que, atendido a lo que se ha venido razonando, las medidas de protección que se dispondrán en lo resolutivo de esta sentencia tendrán por objeto y se deberán entender limitadas a la recomposición del status quo que se vio alterado por las acciones de autotutela que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, las que se deberán cumplir sin perjuicio de lo que dispongan los tribunales competentes en el marco de los procedimientos de lato conocimiento que permitan resolver las controversias jurídicas sustantivas que las partes puedan mantener.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en artículo 19 numerales 1°, 3° inciso quinto, 21° y 24°, y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, Abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de nombre reservado y nombre reservado, debiendo por tanto los recurridos abstenerse de realizar cualquier acto arbitrario o ilegal que impida el uso del predio propiedad del recurrente ubicado en sector rural ubicado en sector de Purrahue, comuna de San Pablo, provincia de Osorno, así como retirar las obras de cierre que han construido en el mismo, dejándolo expedito en forma permanente el tránsito y ocupación de su usuario, ya sea por si, o mediante terceras personas a su nombre.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 116–2023 PRO.