Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y contra de la Caja de

C.A. de Valdivia Valdivia, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

1) Comparece doña nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por el descuento de su remuneración mensual de las cuotas de un crédito social que sostiene se encuentra totalmente pagado, lo que vulnera su derecho a la integridad psíquica y física, al debido proceso y de propiedad.

Refiere que solicitó el crédito en 2017 -$2.541.501-, y que el mismo fue pagado mensualmente y descontado de su liquidación de sueldo, pero no alcanzó a cubrir la totalidad de la cuotas antes de ser finiquitada de su antiguo empleo, por lo que se le efectuaron retenciones en el Servicio de Impuestos Internos para el pago, a raíz de lo cual la recurrida emitió un certificado que da cuenta de que la deuda estaba totalmente pagada en causa ejecutiva iniciada para el cobro.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que, en septiembre de 2025, su actual empleador le informó que estaba recibiendo ordenes de descuento de una supuesta deuda con una Caja diversa, la Caja de Compensación Familiar 18 de Septiembre, a la cual nunca ha estado afiliada, por el monto mensual de $113.000, sin notificación formal ni título válido.

Señala que fue a la Caja de Compensación Los Andes, y le indicaron que la única forma de detener los descuentos que la Caja 18 estaba exigiendo a su empleador era reprogramar la supuesta deuda con Caja Los Andes, aun cuando esta se encontraba certificada como pagada.

Agrega que ante la presión y temor a mayores descuentos se vio forzada a firmar una reprogramación de crédito con Caja Los Andes el día 24 de noviembre de 2025, acto que sostiene realizó bajo coacción económica, desinformación y abuso de posición dominante; que pagar dicha repactación le impide comprar los medicamentos que tiene que tomar a diario por una enfermedad crónica -no indica cuál-.

Además, revisó la página del Poder Judicial y tomó conocimiento de que la Caja Los Andes había reactivado una causa antigua, sin notificación previa, sin aviso formal y sin otorgar la posibilidad de ejercer defensa, vulnerando gravemente mi derecho al debido proceso.

Sostiene que la reactivación de una deuda extinguida, los cobros abusivos, el hostigamiento a través del empleador, la presión para firmar un convenio desventajoso y la afectación directa a su salud constituyen actos ilegales y arbitrarios Solicita se acoja la acción de protección y se ordene la inmediata suspensión de todo descuento realizado o por realizarse a su remuneración; se ordene a Caja Los Andes y Caja 18 abstenerse de continuar con gestiones de cobro, correos, presiones o comunicaciones hacia su empleador; y se deje sin efecto la reprogramación firmada, por haber sido obtenida bajo presión y afectación grave a sus derechos.

2) A folio 9, informó por la Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los Andes, la abogada Inés Riquelme Arao, y solicitó el rechazo de la acción de protección.

Refiere que la Caja de Compensación le otorgó a la recurrente y crédito por un capital inicial de $2.541.501.-, a una tasa de Interés mensual de 2.04%, pagadero en plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $103.374.-, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de noviembre de 2017; que las primeras 9, de noviembre de 2017 a julio de 2018, cuotas fueron pagadas entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de septiembre de 2025.

Posteriormente y producto de la morosidad existente en las cuotas de agosto de 2018 a octubre de 2020, N°10 a la N°36 (de 36), el 26 de noviembre de 2025, la recurrente reprogramó la deuda por un valor de $906.495.-, a una tasa de interés mensual de 2.05%, pagadero en 24 cuotas de $52.791.-, donde el primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2025, y que a la fecha dicha operación se encuentra al día en sus pagos.

Agrega que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentra prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 -que establece un nuevo Estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y permite la deducción de la remuneración por la entidad empleadora- es pertinente y oportuno.

Indica que si bien es cierto que su representada inicio una demanda en contra de la recurrente, la misma es del año 2018, por lo que con la reprogramación cambiaron las condiciones del crédito; que dicha acción se ejerció por una obligación establecida en el en la circular N°3567 del 4 de enero de 2021 del compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, donde se obliga a iniciar acciones de cobranza judicial a los deudores de un crédito social, y señala que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 100 UF, por lo que no existe otra opción para la Cajas que iniciar el juicio ejecutivo 3) A folio 12 informó por la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, el abogado Daniel Klima León, y solicitó el rechazo de la acción.

Indica que su representada ha limitado su participación a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito social que la señora nombre reservado, mantiene con C.C.A.F. Los Andes. Todo ello, en virtud de la implementación del sistema integrado de recaudación, denominado Intercajas, para luego remesar el monto de la cuota pagada, a la entidad acreedora; en este caso C.C.A.F. Los Andes, para luego remesar el monto de la cuota pagada, a la entidad acreedora; en este caso C.C.A.F. Los Andes, por lo que sostiene que no existe actuación arbitraria ni ilegal de su parte.

Que en aplicación del sistema Intercajas, la C.C.A.F. Los Andes, les informó la necesidad de disponer de descuentos en las remuneraciones de la actora, atendida la situación de morosidad que presenta ante esa entidad en el pago de su crédito social; situación que motivó la inclusión de dicha deuda en las planillas que mensualmente se remiten a su empleadora actual, Incontec Chile S.A.; sistema que se adecua a lo dispuesto en él artículo 19 Nº7 de la Ley Nº18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

4) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el- que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

5) Que, atendidos los antecedentes, se ha de puntualizar que, más allá del relato y lo que ocurrió con el crédito originario y su cobro ejecutivo en causa Rol C-34.125-2018 del 8º Juzgado Civil de Santiago y las constancias relevantes que se pueden observar en el mismo, lo cierto es, que el antecedente en virtud del cual se está cobrando y descontando actualmente de su remuneración es la reprogramación que ella firmó con la Caja de Compensación y de Asignación Familiar, el 24 de noviembre de 2025, documento aparejado a folio 1 denominado “Mandato para suscripción de pagarés y reprogramación”, en virtud del cual asumió la obligación de pagar un total de $922.248, en 24 cuotas mensuales de $57.031.

Por lo anterior, es ese el acto que motiva el cobro actualmente en descuento por sistema Intercajas por una deuda vigente adquirida el 24 de noviembre de 2025.

6) Que, despejado lo anterior, y en atención a que el recurso finalmente tiene por objeto que se deje sin efecto la reprogramación firmada, por haber sido obtenida bajo presión y afectación grave a sus derechos; lo cierto es que esta acción cautelar y de emergencia operativa ante derechos indubitados vulnerados o con amenaza de vulneración, no es la vía idónea para lo pretendido, pues porque además no es una vía declarativa de derechos y porque una pretensión como tal y en relación a los elementos en que se funda, son propias de otro tipo de acciones de naturaleza civil o incluso de protección del consumidor, si se quiere, pero del todo ajenas a esta sede, por lo que esta acción, en esos términos, no puede prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pueda ejercer la recurrente.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección-1151-2025