SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACION INTEGRA con FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO

C.A. de Valdivia Valdivia, veintidós de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 22 de abril de 2020, recurre de protección nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, también denominado SINOF, en favor de veintiún trabajadores en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (INTEGRA), representada por su Directora Regional Mirella Canessa Rosso, acusando un actuar ilegal y arbitrario que amenaza el derecho a la integridad física y perturba la garantía de no discriminación.

Los veintiún trabajadores en cuyo favor se recurre son los siguientes: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Ciria nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Afirma que Fundación Integra es una persona jurídica de derecho privado, que se vincula con sus trabajadores mediante contrato de trabajo, no siendo funcionarios públicos sometidos a ningún estatuto. Destaca el contexto de pandemia mundial a propósito del virus COVID 19 y sostiene que INTEGRA tiene la obligación de velar por la salud de sus trabajadores, reconociendo que en tal contexto adoptó medidas para el resguardo de los niños, suprimiendo actividades en jardines infantiles, pero no del personal que trabaja en oficinas regionales.

Reconoce que Integra facultó al personal que se encuentra entre los grupos más vulnerables a la pandemia a que no asistieran a sus puestos de trabajo, pero estima que las medidas adoptadas no son suficiente, porque la mayor parte de sus trabajadores de oficina regional tienen familiares que forman parte de grupos vulnerables, exponiendo a sus más cercanos.

Da cuenta que en la Oficina Regional de Integra en la región de Los Ríos se mantienen realizando turnos éticos que son insostenibles, ante el aumento de casos, el mayor riesgo de contagio, la carencia de trazabilidad, el uso de transporte público para llevar a su lugar de trabajo, la carencia de personal de aseo, la imposibilidad de mantener distancia mínima, la existencia de espacios de alto riesgo de contagio como pasillos y accesos. Cuestiona que no se tome la temperatura al ingreso de los trabajadores.

En tal sentido acusa discriminación en el resguardo de la salud de los trabajadores existiendo dos categorías, aquellos que han podido cumplir funciones en forma remota y quiénes no.

Acusa arbitrariedad desde que se permite el pago de colación del teletrabajo con ciertos requisitos de horas de trabajo en contexto que INTEGRA no cuenta con herramientas para monitorear en forma remota cuanto tiempo requieren las tareas, salvo que se trate de extensas jornadas de videoconferencia.

Cuestiona que INTEGRA en la región de Los Ríos no esté proporcionando mascarillas, guantes o alcohol gel, elementos que califica de claves para la prevención del contagio. Alega contra la imposibilidad de garantizar el espacio de un metro entre personas, sugerido por autoridades o hacer sanitización permanente en espacios comunes y control preventivo de temperatura a trabajadores y público en general. Acusa además, que no se aplican las medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud en orden a tomar medidas para la preparación de lugares de trabajo y así evitar la propagación del virus.

Sostiene que las orientaciones que dicen relación con el cese discriminatorio del beneficio de alimentación comenzaría a regir desde el 13 de abril de 2020, sin embargo se obtuvo la prórroga del beneficio por todo abril sin condiciones. De todas formas no se logró dejar sin efecto las orientaciones que siguen vigentes en lo que va del año.

Alegan que el actuar de la recurrida amenaza en forma grave la salud de sus trabajadores en su conjunto, al no proporcionarle medidas de resguardo de su integridad física o salud, exponiéndolos a espacios que no reúnen condiciones mínimas ni establecen protocolos preventivos de contagio, perjudicando a aquellos que por la naturaleza de sus funciones verán disminuidos sus ingresos, otorgándoles un estatus de resguardo de su salud diferente, pues la única forma de percibir beneficios es concurriendo a las oficinas y exponiendo su salud, lo que resulta arbitrario considerando el contexto sanitario actual. En tal sentido sostienen que no existe justificación para una mejor o peor protección de la salud, ya que debe ser igual para todos los trabajadores. En tal sentido acusa que la Institución con su comportamiento está amenazando de manera grave el derecho a la vida e integridad física de sus trabajadores.

Señala que la discriminación que enfrenta el personal sujeto al registro de asistencia es una mera arbitrariedad, pues en Fundación Integra nadie está contratado para ejecutar funciones en teletrabajo, sino que se encuentran o no sujetos a limitación de jornada. Así, a quienes no se les ha otorgado el beneficio de teletrabajo o no se les tolera inasistencia, se encuentran en posición desmejorada únicamente por la obligación de registro.

Pide se adopten medidas necesarias para el cese de la vulneración a las garantías señaladas y en particular que Integra no pueda realizar ni permitir distinciones entre sus trabajadores para el resguardo de su salud, salvo mejores medidas respecto a los grupos vulnerables. Además, que mientras no proporcione condiciones de trabajo seguro, elabore un protocolo de resguardo con desplazamiento seguro tanto en el puesto de trabajo como en el trayecto desde y hacia este, distanciamiento y ventilación suficiente, sanitización permanente de espacios comunes, mascarillas, guantes, elementos suficientes de desinfección y un control a la puerta para impedir el acceso de posibles contagiados, pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, atendida la pandemia existente y cualquier otra medida que el tribunal estime pertinente, con costas en beneficio del sindicato. En alegatos adiciona a su petición la restitución inmediata de fondos retenidos o la entrega de vales por concepto de asignación de colación.

Informó la recurrida por intermedio del abogado Felipe Augusto Solar Bonilla quien solicitó el rechazo con costas del recurso. Alega la improcedencia del recurso al no configurarse sus requisitos, señalando que se trata de materias a discutir en procedimiento de lato conocimiento. En cuanto a la petición relativa al artículo 184 bis del Código del Trabajo, alusiva a la interrupción de sus labores y abandono del lugar de trabajo cuando se considere por motivos razonables que continuar con ellas implica grave riesgo e inminente para la vida o salud, sostiene que es una facultad legal en favor de cualquier trabajador que estime activarla. Dicha facultad nunca ha sido puesta en cuestión por la recurrida, sin perjuicio que puedan generarse con motivo de su ejercicio controversias administrativas y jurisdiccionales que no constituye materia que deba ser conocida en sede de protección.

Enfatiza en que Fundación INTEGRA ha dado cumplimiento estricto al artículo 184 del Código del Trabajo, actuando en el marco de la contingencia sanitaria de COVID 19 mediante la adopción de medidas de organización del trabajo a través de teletrabajo de sus equipos y establecimientos de equipos mínimos presenciales en sus oficinas, a fin de satisfacer actividades esenciales e impostergables, siempre con estricto cumplimiento de medidas sanitarias y de control y comportamiento establecidas o recomendadas por la autoridad de salud. Ninguna medida ha sido ilegal o arbitraria. Se han sujetado en todo momento a la normativa legal vigente, aplicando de manera razonada y proporcionada medidas de prevención, seguridad y salud apropiadas, en línea con las indicaciones del Ministerio de Salud, no habiendo generado ninguna situación que afecte a los recurrentes que pueda interpretarse como discriminación arbitraria entre determinados grupos de trabajadores y otros.

Acusa carencia de legitimación activa señalando que el presidente del sindicato no aclara los actos u omisiones concretos por los que recurre, ni señala el modo preciso en que estos afectan los derechos invocados de cada una de las personas en cuyo favor comparece. Cita un correo electrónico enviado por el recurrente señor nombre reservado a las Directoras Regionales de Fundación Integra el 28.4.2020 informando que “la acción fue interpuesta en todas las regiones y no a título personal por parte de un trabajador en particular, o en contra de una Dirección Regional en especial, se basó principalmente, en asegurar a todos, los trabajadores no sean expuestos al trabajo presencial en oficinas, sin que estas cuenten, con las condiciones que resguarden suficientemente la salud y la seguridad de todos”. Cuestiona este proceder citando Jurisprudencia, señalando que el recurso de protección no tiene el carácter de acción popular.

No se acredita ni verifica el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a determinadas garantías constitucionales, más aún si la pretensión final del recurrente es que la Corte autorice a los recurrentes a hacer uso de una facultad legal ya prevista para ellos en el artículo 184 bis del Código del Trabajo. No existe amenaza a la vida e integridad física de los trabajadores. De los hechos relatados por recurrente no aparece certeza ni concreción necesaria para determinar que, como consecuencia directa de ella, los trabajadores de INTEGRA están amenazados en su vida o integridad física y psíquica. Sostiene que la presencia de COVID 19 constituye una calamidad pública en los términos señalados en artículo 41 de la Constitución que ha determinado dictar un estado de excepción constitucional de catástrofe, requiriendo la magnitud y la naturaleza de la calamidad pública cuyos efectos se buscan subsanar mediante la declaración de estado de excepción constitucional, la participación continua y la debida coordinación de las autoridades civiles del Estado en el ámbito de sus competencias, con los Jefes de la Defensa Nacional para efectos de dar cumplimiento a su tarea.

En cuanto al derecho a igualdad ante la ley, afirman que no ha existido ninguna acción que pudiere entenderse discriminatoria, insistiéndose en que las medidas adoptadas son aquellas que ha orientado la autoridad administrativa. El brote de COVID 19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación puede generar en la población, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna, con el objeto de resguardar a sus trabajadores al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios críticos, teniendo presente que la institución se financia en casi su totalidad con recursos públicos y está destinada a entregar educación y alimentación a los niños y niñas más vulnerables del país. Según la naturaleza de las funciones en algunos casos se ha dispuesto del teletrabajo, en otros y esporádicamente la asistencia a la oficina regional o nacional para labores precisas y en otros, derechamente la asistencia a la oficina regional o nacional para labores precisas y en otros, derechamente la liberación de la asistencia a los lugares de trabajo. En todos ellos se ha mantenido el pago de remuneraciones y se han adoptado, respecto del funcionamiento de establecimientos y oficinas de la Fundación, las medidas sanitarias y de protección de los trabajadores que hayan tenido que asistir a las mismas, conforme a las indicaciones y regulaciones de la autoridad sanitaria. Afirma que las medidas de gestión interna adoptadas por Fundación Integra en el marco de la actual contingencia nacional son coherentes, proporcionadas y lógicas, encontrándose justificadas por todas las razones expuestas.

Acusa las peticiones de genéricas y ambiguas en cuanto se ordene medidas necesarias para el cese de la vulneración de las garantías señaladas y en particular que INTEGRA no pueda realizar distinciones entre sus trabajadores para el resguardo de su salud, salvo medidas respecto a grupos vulnerables mientras no se proporcionen condiciones de trabajo seguras. Insiste que recurrente no ha hecho otra cosa que deducir una acción popular, atribuyéndose la representación de todos los trabajadores de INTEGRA. Afirma que no es posible distinguir si está solicitando el cese de la vulneración de las garantías consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República respecto a las afiliados a la organización sindical que el recurrente preside, o si en cambio, lo efectúa en representación de todo el personal que desarrolla labores en la Oficina Regional, en cuestión, o si inclusive esta acción es omnicomprensiva de todos los trabajadoras y trabajadores de Fundación Integra.

Una eventual infracción de normas laborales es de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo de la jurisdicción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo y debe solventarse conforme el procedimiento establecido en dicho cuerpo legal, no siendo materias a resolver a través de un recurso de protección. En tal sentido, estima innecesario e improcedente que en sede protección la Corte se pronuncia sobre lo relativo al artículo 184 bis del Código del Trabajo.

Destaca las medidas adoptadas con énfasis en aquellas recaídas en los recurrentes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, es una acción constitucional de carácter extraordinario que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que en cuanto a la alegación de carencia de legitimación activa se rechaza, toda vez que el recurso se ha interpuesto en favor de las veintiún personas que se enumeran en el recurso, conforme lo posibilita el artículo 2 del Auto Acordado que regula el Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, no advirtiéndose el vicio que reclama la recurrida.

TERCERO: Que el cuestionamiento efectuado por la recurrente dice relación con la adopción de medidas destinadas para la protección de los trabajadores de la recurrida, en contexto de contingencia sanitaria por un brote de un virus conocido como COVID 19. La recurrente califica las medidas de insuficientes, requiriendo un pronunciamiento de la Corte respecto de aquellas que estima necesarias para dar mayor protección a los trabajadores, de quienes afirma sienten amenazado su derecho a la vida e integridad física y vulnerado su derecho a igualdad ante la ley.

CUARTO: Que conforme se lee en el recurso las aseveraciones planteadas son expuestas en términos genéricos, de manera similar a los otros dieciséis recursos interpuestos en diversas Cortes de Apelaciones del país, siempre a favor de trabajadores de oficinas administrativas, en su mayoría en ámbitos regionales. En el presente caso si bien se expresa que se recurre a favor de veintiún personas determinadas, del tenor del recurso solo se advierte generalidad, no precisándose afectación concreta de cada uno de los trabajadores nombrados, situación de relevancia toda vez que la recurrida afirma que en su mayoría se encuentran con sistema de teletrabajo o bien, liberados de asistir a las dependencias de la entidad.

En este contexto de imprecisión no es posible tener por establecida la presencia de situaciones amenazantes o vulneradoras de derechos en los términos expuestos, aspecto que no es aclarado en alegatos, más aún cuando se expresa que la oficina regional está cerrada y según entiende el abogado recurrente, no asisten trabajadores.

QUINTO: Que por su parte la recurrida ha dado cuenta de una serie de medidas adoptadas en beneficio de sus trabajadores, destacando aquellas recaídas en las personas mencionados en el recurso, no advirtiéndose que la recurrente haya acreditado las situaciones amenazantes o lesivas descritas y que motiven a esta Corte a adoptar medidas específicas en su protección.

SEXTO: Que, lo pedido en relación al artículo 184 bis del Código del Trabajo es una medida que opera ante un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, en cuyo contexto surgen obligaciones para el empleador, posibilitando la ley a los trabajadores la interrupción de sus labores y en su caso el abandono del lugar de trabajo. No corresponde a esta Corte, en el marco de un recurso de protección, establecer una suerte de autorización para el recurso a esta norma, debiendo cada trabajador valorar la circunstancia conforme la entidad del riesgo que enfrente en un momento determinado, en un proceder que es fiscalizado por la Dirección del Trabajo y cuyas repercusiones pueden dar pie a diversas acciones a conocer en los tribunales laborales.

SÉPTIMO: Que en lo referido al beneficio por asignación de colación no se ha demostrado afectación concreta, verificándose con los antecedentes proporcionados por la recurrida que durante los meses de marzo y abril de 2020, la asignación fue pagada sin distinción alguna y se ha dispuesto que esta se continúe pagando en forma íntegra. Los antecedentes invocados por la recurrente para sostener la existencia de una amenaza de pérdida del beneficio no resultan suficientes.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido en el artículo 19 número 1 y 3 en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en su calidad de Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra en favor de veintiún trabajadores en contra de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (INTEGRA).

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial Sra. María Heliana del Río Tapia.

N°Protección-1129-2020.