nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES SANTIAGO

C.A. de Valdivia Valdivia, once de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°) nombre reservado -40 años- salvadoreña, domiciliada en Valdivia, interpone Recurso de Protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal al emitir una notificación de previo rechazo a su solicitud de Residencia Temporal, y previamente haber rechazado su Residencia Definitiva.

Señala que reside en Chile desde hace más de cinco años, cumpliendo sus obligaciones, que es madre de dos hijos, ambos estudiando y con situación migratoria legal, que declara sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos, y que pese a entregar toda la documentación requerida, migraciones emitió un rechazo que no considera su arraigo ni sus antecedentes. Así las cosas, el acto es ilegal por ignorar el arraigo familiar e interés superior del niño, y arbitrario por no valorar sus documentos.

En cuanto a sus derechos afectados, se encuentra el de su integridad psíquica, igualdad ante la ley, protección a la familia, libertad y seguridad individual e interés superior del niño.

Atendido lo expuesto, solicita se declare ilegal y arbitrario el acto, pide se ordene la revisión de su solicitud, suspender sus efectos negativos y proteger el interés de sus hijos.

2°) Elver Luciano Noriega Arteaga, abogado en representación de la Dirección Regional de los Ríos del Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe requerido, solicitando su rechazo, pues a su juicio no existe acto u omisión alguna que vulnere garantías constitucionales.

Señala que, con fecha 21 febrero de 2023 la persona extranjera nombre reservado, solicitó residencia definitiva a través de la plataforma. Debemos señalar que su visa de residencia anterior a la postulación venció con fecha 07 de septiembre de 2022, por lo que postuló encontrándose irregular en el territorio nacional. Mediante la Resolución Exenta de fecha 25 de abril de 2024, se aplica sanción pecuniaria a la extranjera por infracción al artículo 119 que sanciona la residencia irregular en el país de los extranjeros que permanezcan por más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia.

Mediante Resolución Exenta N° 24287024 de fecha 10 de junio de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de residencia definitiva de la persona extranjera, disponiendo su abandono del país dentro del plazo de 10 días. Que, el motivo del rechazo con abandono es por no acompañar el pago de la sanción por residencia irregular a la fecha de dictación de la Resolución Exenta. Que, con fecha 05 de abril de 2025, la recurrente interpuso recurso de Amparo Rol 854-2025 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, impugnando la Resolución antes señalada. En dicha instancia se acogió la acción constitucional de amparo, y se ordenó reabrir y continuar el procedimiento administrativo respectivo, otorgando al amparado un plazo de 180 días para subsanar los antecedentes exigidos y acompañar los documentos pertinentes. En atención a lo ordenado, esta autoridad migratoria dejó sin efecto la Resolución impugnada en sus sistemas internos reabrió el procedimiento administrativo iniciado por solicitud de permiso de Residencia Definitiva de la recurrente. Así las cosas, al proceder al análisis de los antecedentes del caso, este Servicio advirtió que la interesada no cumple con lo requerido por el artículo 79 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, a saber, haber residido por un determinado período de tiempo en el país siendo titular de un permiso de Residencia Temporal que admita expresamente postular a permiso de Residencia Definitiva.

Que, mediante Resolución Exenta de fecha 18 de agosto de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se declara inadmisible la solicitud de la extranjera y se deriva a solicitud a residencia temporal, por la siguiente razón: Que, en virtud de los antecedentes analizados por esta autoridad, la persona extranjera no cumple con lo dispuesto en el artículo 65 N°4 del Decreto N°296, al contar con infracción migratoria grave, por haber permanecido en el país más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia. Por tanto, la extranjera requiere de un periodo de residencia regular mayor a 24 meses. Que, por lo expuesto, la solicitud de Residencia Definitiva realizada por la extranjera individualizada carece de sustento normativo y, por tanto, de fundamento plausible, que justifique proceder a su tramitación.

Que, siendo facultad de esta Autoridad aprobar, rechazar o declarar la inadmisibilidad de las solicitudes de residencia presentadas por los extranjeros, se procedió a la derivación de los antecedentes acompañados al Departamento de Residencias Temporales de este Servicio, con el objeto de analizar y dar curso a la tramitación de una solicitud de residencia temporal. Con fecha 19 de agosto de 2025, se remitió la documentación de la recurrente al Departamento de Residencias Temporales, por lo que actualmente su solicitud se encuentra en tramitación, bajo el ID Nº74038541. Con fecha 16 de octubre de 2025, por medio de documento electrónico denominado “previo rechazo”. Es del caso señalar que, a la fecha de este informe, la extranjera recurrente acompaño documentos de forma posterior a la notificación previamente señalada por lo que su solicitud avanzo con fecha 21 de octubre de 2025 a etapa de “resolución”, encontrándose pendiente. Este documento acredita su residencia legal en el país, y en conformidad a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley Migración y Extranjería, la faculta para seguir desarrollando las actividades lícitas remuneradas autorizadas por su permiso de residencia anterior, como también le permitirá salir y entrar al territorio nacional. En virtud de lo anterior, y a partir de lo que señalan los artículos 38 y 43 de la Ley 21.325, es posible afirmar que la recurrente mantiene situación migratoria regular en Chile. Esto, sumado al hecho de que no existe ninguna sanción dictada en su contra, a saber, orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión, permite confirmar cómo la presente acción de amparo es improcedente, por no existir siquiera en grado de amenaza alguna vulneración a su libertad personal o seguridad individual.

3°) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

4°) Que, del mérito de los antecedentes acompañados, no se advierte en la especie la concurrencia de los presupuestos que habilitan la procedencia de la acción cautelar intentada, en particular la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que importe una privación, perturbación o amenaza actual en el legítimo ejercicio de las garantías amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que requiera de una intervención urgente e inmediata por parte de esta Corte. En efecto, consta que la solicitud de residencia temporal presentada por la recurrente se encuentra actualmente en tramitación ante la autoridad administrativa competente. Si bien con fecha 16 de octubre de 2025 se dictó un “previo rechazo”, tal actuación no constituye un acto terminal ni definitivo, sino una resolución de carácter intermedio destinada a requerir antecedentes adicionales para la correcta sustanciación del procedimiento administrativo. De los antecedentes aparece que la actora acompañó con posterioridad la documentación solicitada, razón por la cual, con fecha 21 de octubre de 2025, su solicitud avanzó a la etapa de “resolución”, encontrándose a la fecha pendiente de pronunciamiento final. En tales condiciones, no se verifica una situación de desamparo o ilegalidad actual que amerite el ejercicio de la jurisdicción cautelar, desde que el procedimiento administrativo se encuentra vigente y en curso. Asimismo, el comprobante de tramitación emitido por la autoridad migratoria acredita la regularidad de la permanencia de la recurrente en el país mientras se resuelve su solicitud.

5°) Por consiguiente, no se configura una amenaza real, actual o inminente a las garantías invocadas, toda vez que la situación jurídica de la recurrente se encuentra debidamente resguardada por la normativa vigente y su solicitud está siendo conocida por la autoridad competente dentro de los cauces legales.

Por estas consideraciones, y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1115-2025.