nombre reservado con MUNICIPALIDAD VALDIVIA

C.A. de Valdivia Valdivia, trece de junio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1) Comparece Carlos nombre reservado Tardón, abogado, actuando en representación convencional de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de I, MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA y de la DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA (DAEM), SRA nombre reservado.

Denuncia como acto ilegal y arbitrario el Memorándum Nº 05087-2024, de 2 de abril 2024, suscrito por la Directora del DAEM, y dirigido al Departamento de Recursos humanos de la Municipalidad, porque constituye una amenaza inminente de serles arrebatados derechos adquiridos a los recurrentes, y que les permiten percibir mes a mes prestaciones laborales consistentes en 2 bonos para profesionales de la educación, esto es, Bono de Reconocimiento Profesional (BRP) y Bono de Reconocimiento Profesional Tramo y Mención, las que perciben desde el 30 de noviembre de 2021, y, que según avenimiento alcanzado ante judicatura laboral el 30 de noviembre de 2021 debían perdurar hasta el término de la relación laboral contractual. Ello, porque a través del referido Memorándum se solicitó al Departamento de Recursos Humanos no continuar con el pago de los mencionados bonos a los recurrentes desde el mes de abril de 2024.

Refiere que la I. Municipalidad de Valdivia adquirió la obligación de pagar dichas asignaciones a los trabajadores recurrente en virtud de un avenimiento acordado el 30 de noviembre de 2021, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia en causa RIT O-129-2021, y dicha obligación se debe cumplir hasta el término de la relación laboral, lo que aún no se verifica, según la cláusula Cuarta del Avenimiento.

Ha sido la I. Municipalidad la que y sujetándose a las cláusulas del Avenimiento tantas veces referido, la parte que ha estado pagando desde noviembre de 2021 y hasta el mes de marzo del año 2024,- abril se liquida a fines de mes-, las asignaciones BRP, BRP MENCIÓN y asignación de tramo por lo que existen derechos laborales adquiridos que no podrán ser desconocidos sino y sólo por medio de un juicio laboral.

Solicita se acoja el recurso de protección y se deje sin efecto el Memorándum N°05087-2024, debiendo el ente edilicio respetar hasta el término de los contratos de trabajo de los trabajadores recurrentes el Acta de Avenimiento aprobada por resolución judicial el 30 de noviembre de 2021, con costas.

2) A folio 9 informó el abogado José Valdebenito Díaz, en representación de la I. Municipalidad de Valdivia y del DAEM, y solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Señala que los recurrentes demandan nuevamente a través de la causa RIT O129-2021, en juicio ordinario del trabajo contra la Municipalidad de Valdivia, solicitaron el pago de una suma total de $60.327.629, por concepto de bono de reconocimiento profesional, tramo y mención regulado por las normas del Código del Trabajo, además de todos aquellos emolumentos que se devenguen durante la secuela del litigio y hasta el término de la relación laboral, causa en la cual se llega a un avenimiento.

Señala que la Contraloría Regional de Los Ríos, según Informe de Investigación Especial N°384 de 04/03/2024 respecto del Departamento de Administración Educación Municipal de Valdivia, en sus páginas 18 y siguientes, se refiere a los hechos ya comentados, y en su punto N°8.1 se refiere expresamente al pago de las bonificaciones en forma previa a la emisión de la sentencia en causa RIT O-129-2021, y en su punto N°8.2 se refiere al pago de las bonificaciones desde el mes de diciembre de 2021 a marzo 2023, concluyendo dicho informe del órgano contralor que se debe descontar las asignaciones indebidamente pagadas y aquellas no contenidas en el acta de avenimiento aprobada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, según detalle que consta en el Informe N°384.

Sostiene que es en atención a lo ordenado por el órgano contralor, esta entidad edilicia debe ejecutar las acciones ordenadas por aquel, por señalarlo estrictamente nuestro ordenamiento en tal sentido.

3) A folio 24, informó la Contraloría Regional de Los Ríos.

Manifestó en primer lugar que conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, dicha Institución de Control se encuentra impedida de intervenir e informar en asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, tal como ocurre en la especie.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que en virtud de una denuncia sobre irregularidades en el pago de remuneraciones del personal DAEM, entre ellos los recurrentes por lo que efectuó una investigación y en su informe, punto 8.2, se observó el pago de las antedichas bonificaciones a los individualizados docentes, desde el mes de diciembre de 2021 a marzo de 2023, en atención a que aquellas no se encontraban contenidas en el acta de avenimiento autorizada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, ni respaldados en un acto administrativo que así lo autorice, e instruyó a ese municipio dar traslado del aludido informe, a las personas afectadas con las conclusiones del mismo, con el objeto de que puedan ejercer el derecho a solicitar la condonación y/o facilidades de pago a esta Entidad Fiscalizadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley Nº 10.336.

4) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

5) De la lectura de avenimiento acordado el 30 de noviembre de 2021, aprobado judicialmente en los autos rol RIT O-129-2021 seguidos ante el ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, es posible concluir lo siguiente: más allá de las referencias al contexto de la referida causa y la exposición de las pretensiones esgrimidas, en este se consignan obligaciones concernientes al pago a favor de los demandantes de determinados montos, claramente expresados en cifras, sin que ninguna de sus estipulaciones aluda expresamente a que los pagos han de devengarse mes a mes hasta el término del vínculo estatutario o contractual de base a qué y en qué importe ello acontecerá, como interpretan los actores, acorde el referido contexto y en particular a que se trata de un derecho que se incorpora a su régimen laboral hasta la terminación de sus servicios.

6) No han desconocido los recurridos la calidad de acreedores de su contraparte en los autos laborales indicados, sino que controvierten la interpretación que debe darse a lo pactado en el sentido de si se convinieron o no pagos sucesivos de los bonos reclamados. Esta cuestión objeto de discrepancia entre las partes, corresponde que sea dirimida por el juez de letras del trabajo, en la causa en la que se aprobó el avenimiento, conforme la normativa especial aplicable.

7) De tal suerte, el arbitrio entablado, en cuanto pretende que esta Corte se arrogue atribuciones de tribunal de ejecución laboral del aludido avenimiento, interpretando lo pactado en el contrato y el alcance de la resolución que lo aprobó en cuanto no se contravenga la normativa legal aplicable y los principios de las disciplinas jurídicas comprometidas, excede los márgenes de la acción constitucional deducida, sin perjuicio que, la mencionada exigencia de intelección de un contrato, da cuenta de la ausencia de un derecho indubitado, máxime si la autoridad contralora, ha objetado el pago que se reclama en esta sede, cuestionando su legalidad de cara a lo estipulado en la fuente de la obligación respectiva; determinación que, además, no consta haber sido cuestionada por la vía administrativa correspondiente por quienes recurren de protección.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, Acta 95-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida.

Comuníquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Protección-1113-2024.