ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A. con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALDIVIA

Valdivia, cinco de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

Que doña nombre reservado, chilena, abogada, cedula de identidad RUT reservado, en representación de Adecco Recursos Humanos S.A., cuyo representante legal es doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, de Santiago, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, persona jurídica de derecho público, representada por su jefe don nombre reservado, ignora profesión y en contra de la fiscalizadora doña nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado° piso, de Valdivia.

Expresa el recurrente que se ha incurrido en una actuación ilegal y arbitraria que priva y perturba el legítimo ejercicio de derechos suyos garantizados por la Constitución Política en sus artículos 19 Nº 3 inciso 5 y 24, solicitando se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados y, en particular, se disponga que se deje sin efecto la resolución administrativa de multa N° 4499717/61 expedida por los recurridos, con costas.

Explica que Adecco es una empresa de recursos humanos que presta servicios a empresas en todo Chile; por ello cuenta con autorización de centralizar sus documentos en su domicilio comercial, en domicilio reservado.

Con fecha 8 de enero de 2018 su representada fue notificada de la resolución de multa N° 4499/17/61 que estableció como hecho infraccional, no dar cumplimiento al contrato de trabajo de la trabajadora doña nombre reservado, Run RUT reservado, al alterar unilateral y discrecionalmente el horario de trabajo y la distribución de la jornada de trabajo, habiéndose constatado que la trabajadora desde el inicio de relación laboral el 01 de junio de 2012, realiza jornada de 10:00 a 19:30 horas en 5 días de trabajo con dos días de descanso semanal y con fecha 4 de diciembre de 2017 se le hace llegar anexo que modifica el horario de 11:00 a 20:00 horas, la primera semana se distribuye en 5 días y la siguiente, dicho horario se distribuyes en 6 días, horario que la trabajadora ha acatado sin firmar el anexo.

La resolución de multa establece que los hechos descritos configuran la siguiente infracción, prevista y sancionada por las normas legales que se indican: incumplimiento al contrato de trabajo, artículo 5 inciso 3 y 7, 10 y 506 del Código del Trabajo, por lo que se cursó la siguiente multa administrativa a beneficio fiscal: 4499/17/61; 40 UTM; $ 1.878.880.- Destaca que nunca ha sido fiscalizada por ese hecho infraccional, ya que no constan registros que la fiscalizadora haya concurrido a alguna sucursal de Adecco y menos a domicilio reservado, donde se encuentra la centralización de documentos.

El fiscalizador antes de iniciar el procedimiento de fiscalización, por ley debe hacer entrega del formulario “Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización” o FI-1, donde se informa a la empresa y a quien la represente, que está siendo fiscalizada, las obligaciones y facultades del fiscalizador y los derechos y obligaciones del fiscalizado. Por lo que consta en los registros de su representada, nunca fue parte de la fiscalización, siendo ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, omitiéndose principios del acto administrativo (legalidad, confianza legítima, probidad administrativa, etc.).

En el marco de un procedimiento administrativo, que puede tener consecuencias sancionatorias, no se respetaron los principios de legalidad y culpabilidad, vulnerando el artículo 19 N° 3 incisos 5 y 19 N° 24 de la Constitución Política, infringiendo además, el principio de proporcionalidad.

Le resulta destacable la forma en que está redactada el hecho infractor que señala “no dar cumplimiento al contrato de trabajo de la trabajadora doña nombre reservado, run RUT reservado, al alterar unilateral y discrecionalmente el horario de trabajo y la distribución de la jornada de trabajo, habiéndose constatado que trabajadora desde inicio de relación laboral el 1 de junio de 2012 realiza jornada de 10:00 a 19:30 horas en 5 días de trabajo con dos días de descanso semanal y con fecha 4 de diciembre de 2017 se le hace llegar anexo que modifica el horario de 11:00 a 20:00 horas, la primera semana se distribuye en 5 días y la siguiente, dicho horario, se distribuyes en 6 días, horario que la trabajadora ha acatado, sin firmar el respectivo anexo”.

La fiscalizadora destaca que la trabajadora ha acatado dicha jornada pero no ha suscrito el anexo, lo que demuestra que no ha procedido arbitraria y unilateralmente al cambiar la jornada; por el contrario, a la trabajadora se le informó la nueva jornada y se le entregó un anexo de contrato que la indicaba, para obtener su consentimiento.

Señala que nunca obtuvo respuesta, entendiéndose que rechazaba la jornada propuesta, lo que aceptó, ya que las relaciones laborales son bilaterales y consensuales; nunca amonestó, o desvinculó, ni hubo represalias a la trabajadora por no suscribir el anexo, respetando su decisión. Por el hecho que nunca ha sido fiscalizada y tampoco se ha suscrito anexo del cambio de jornada, considera que la fiscalizadora solo tuvo a la vista el anexo en el que no consta el consentimiento de la trabajadora y lo consideró como una imposición unilateral, sin solicitar explicación. Por el contrario, solo recibió las declaraciones de una parte haciéndolas ciertas, sin dar oportunidad a la otra de formular descargos.

Estima que la forma correcta de proceder cuando existe una distancia considerable entre el lugar que la trabajadora presta servicios y aquel donde se encuentra la centralización de documentos, es determinar la jurisdicción de la empresa y derivar a la Inspección del Trabajo competente el acto de fiscalización.

El hecho que un trabajador adelante su jornada o la extienda, no significa que se genere el cambio de modo unilateral; por el contrario, si el trabajador decide extender su jornada implica que el empleador debe pagar horas extraordinarias.

Sobre los principios que rigen la potestad inspectora de la Administración, señala que están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, en la Constitución Política, influyendo en toda la actividad de la Administración. En el ámbito de su potestad inspectora, es posible asignarle la función específica de determinar los presupuestos y límites de su ejercicio.

En este caso el acto administrativo estuvo alejado del principio de legalidad, que es el sometimiento a la ley y al derecho. Los artículos 6 y 7 de la Constitución consagran la supremacía constitucional y, con ello, el principio de legalidad de los órganos del Estado, al exigir que su actuación se adecúe a lo que ella prescribe y a las leyes dictadas conforme a ella. El requisito de la legalidad se satisface cuando la administración actúa según el ordenamiento entendido en sentido genérico, siendo indispensable en la rama inspectora de la administración, ya que implica una intervención en la esfera de los particulares.

También se afectó el principio de proporcionalidad, que supone una idoneidad de las actuaciones de la administración, que debe materializarse al atribuir la potestad y al ejercerse. Este principio se justifica en la protección de derechos fundamentales, ya que en materia inspectiva las intervenciones administrativas resultan invasivas para quien las sufre.

Esta situación no fue el caso, ya que la recurrente nunca fue fiscalizada, a pesar de lo cual se resolvió una multa administrativa en su contra. La falta de proporcionalidad demuestra una falta en la confianza de estos actos que deben apegarse a la ley, sobre todo si la potestad inspectora sirve de potestad sancionadora para la Inspección del Trabajo.

La Inspección del Trabajo, en el cumplimiento de su función de fiscalizar, al constatar un incumplimiento debe ejercer la potestad sancionadora, en forma posterior a la inspección; genera dudas al recurrente la época en que se ejerció la fiscalización. Señala que no tiene ninguna fecha cierta más que la fecha en que se informó del cambio de jornada y puso a disposición el anexo para que la trabajadora lo suscribiera en caso de estar de acuerdo; sin embargo, nunca recibió respuesta, lo que demuestra que falta un elemento del acto administrativo cual es la fiscalización. Las normas aplicables al procedimiento de inspección son variadas y fueron distintas las que se infringieron al constituir el acto administrativo y emitir multa, haciendo un acto ilegal y arbitrario que afectó el ejercicio de derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N° 3 inciso 5 y 24 de la Constitución.

La Ley Nº 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos, establece en su artículo 1 que en los casos que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, esas normas se aplicarán en forma supletoria; define el acto administrativo y señala que gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios. Por la importancia de dichos actos, la Ley establece principios que rigen el procedimiento administrativo (artículo 4) que fueron infringidos, vulnerándose el principio de contradictoriedad, imparcialidad y no formalización (artículo 10, 11 y 13 respectivamente).

En la resolución de multa, que se caracteriza por su contradicción, se muestra que el acto administrativo en sí y su procedimiento se encuentran viciados generando un perjuicio para el fiscalizado. El acto pudo estar exento de vicios si la fiscalizadora hubiese fiscalizado; sin embargo, no lo hizo por lo que no podía existir resolución; pero de igual forma procedió a cursar una multa, actuando en forma contradictora a lo que mandata la Ley 19.880.

La inspección administrativa está sujeta a un procedimiento administrativo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 19.880, el cual señala que es una sucesión de actos vinculados entre sí, que tienen por finalidad producir un acto administrativo terminal, que consta de 3 etapas: iniciación, instrucción y finalización. La Dirección del Trabajo aplicó un procedimiento de fiscalización, como forma de materialización de la potestad inspectora de la Administración. Por lo mismo construyó un procedimiento general de fiscalización a partir de la normativa difusa que le rige, para lo cual elaboró dos normas de carácter interno. La orden de servicio N° 4 de 12 de junio de 2001 que sistematiza y actualiza la regulación de procedimientos de fiscalización y sus efectos jurídicos, y la circular N° 88 de 5 de julio de 2001, denominado Manual de Procedimientos de Fiscalización, en agosto del año 2017 fue actualizada. En la labor inspectora se identifican dos fases: investigativa, de apreciación de hechos y otra resolutiva, que implica la generación de actos administrativos, específicamente la sanción administrativa. Existen ciertos principios que rigen el procedimiento de fiscalización, como por ejemplo, el proceso inspectivo de terreno, continuo e indivisible, que se inicia con la visita y termina, si existen infracciones, con la notificación y ejecutoriedad de las sanciones correspondientes. Por regla general, la documentación se revisa en el lugar de trabajo, en las dependencias de la empresa, durante la única y continua visita inspectiva. Si finalmente, el empleador no exhibe la documentación solicitada, se le cursará una multa.

En este caso nunca se realizó la visita inspectora, y solo se cursó la multa, lo que cuestiona al existir dudas acerca de cómo y a través de qué etapa investigativa la fiscalizadora logró dar cuenta que se alteró unilateral y discrecionalmente la jornada de trabajo, si no tuvo la oportunidad de exhibir documentos al respecto.

La fiscalizadora interpretó y dio por cierto hechos que no fueron constatados, lo que es una infracción antojadiza, ilegal y parcial de la relación que mantiene con sus trabajadores.

En cuanto al incumplimiento de normas laborales que se le imputa, sostiene que la fiscalizadora pretendió sancionar sin antecedente alguno, ya que no tuvo los documentos que le permitieran concluir que efectivamente se había modificado unilateralmente la jornada de trabajo, sobre todo si en la resolución de multa se estipula que la trabajadora decidió acatar la nueva jornada, pero no demuestra la existencia de presiones ejercidas.

El actuar de la recurrida excede las facultades de la Dirección del Trabajo y sus funcionarios, dando una interpretación distinta de las otorgadas por las partes, atribuyéndose facultades que no le corresponde y constituyéndose en una comisión especial, que tampoco respeta el debido proceso de fiscalización; este proceso, como lo señala el manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, establece una fase investigativa en terreno, ligada con la revisión documental, para lo que da diversas alternativas con el fin de realizar la investigación y no viciar el procedimiento: si la totalidad de la documentación se encuentra en el lugar de trabajo y el inspector opta por requerirla para revisión en oficina y el empleador no comparece o compareciendo no presenta la totalidad de la documentación requerida; en ese caso se debe realizar una nueva visita en terreno para revisar la documentación en el lugar de trabajo. Se elaborará un Proyecto de resolución de multa, la que deberá contener las indicaciones que señala el recurrente.

La multa carece de sustento al no respetar el debido proceso que establece la Dirección del Trabajo para la fiscalización, haciendo de la resolución de multa un acto administrativo viciado.

El manual de procedimiento establece que las empresas que cuenten con centralización de documentación laboral, estarán a lo dispuesto en la resolución que autoriza dicha centralización, respecto de los medios y plazo para requerirla y como se presentará.

Admite que la autoridad administrativa está facultada para sancionar e imponer multas a los infractores de la legislación laboral para evitar que se frustren las finalidades del derecho del trabajo; el ejercicio de la potestad sancionatoria está reservada para infracciones manifiestas y debe ejercerse ante hechos acreditados, lo que no ocurrió en la especie.

Admitir lo contrario deteriora las garantías que se reconocen a los administrados en un Estado de Derecho, pues el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración se encuentra circunscrita, limitada y regulada en protección de los derechos de las personas.

Reconoce que la Dirección del Trabajo, a través de sus organismos desconcentrados, se encuentran habilitadas por ley para restringir el derecho de propiedad de los sujetos que se encuentran en el ámbito de fiscalización, esto es, los empleadores; sin embargo para que se les permita limitar el derecho de propiedad del fiscalizado, deben cumplir con el principio de legalidad que rige toda actuación de los órganos de la administración del Estado. Toda actuación contra ese principio debe suponer que el Órgano de la Administración no se encuentra habilitado para limitar el derecho de propiedad y por tanto, constituye una privación de su legítimo ejercicio.

Al proceder en la forma en que el recurrido lo hizo, vulneró el principio de legalidad de los actos de la administración a que se refiere el artículo 2 de la Ley Nº 18.575, infringiendo el artículo 7 de la Constitución. Esa ilegalidad ha conducido a imponer la multa, afectándose su patrimonio y vulnerando la garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

El acto administrativo debe ser motivado, según los artículos 8, 11, 16 y 41 inciso 4 de la ley de Bases de Procedimiento Administrativo. En este sentido, el artículo 8 contiene el principio conclusivo, en virtud del cual todo procedimiento administrativo debe terminar con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, expresando la voluntad del respectivo órgano; el artículo 11 contiene el principio de imparcialidad, según el cual los hechos y fundamentos de derecho deben expresarse en los actos que afecten derechos de particulares, sea que, los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como los que resuelvan recursos administrativos.

El artículo 16, sobre el principio de transparencia, señala que se debe promover el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en un procedimiento; el artículo 41 se refiere al contenido de la resolución final, señalando en su inciso 4, que la debe ser fundado para permitir su inteligencia, lo que no sucedió.

A partir de esas normas, resulta que los actos administrativos deben ser motivados, especialmente si son actos terminales que imponen sanciones; la motivación es un requisito de la legalidad, ya que implica actuar “en la forma que prescriba la ley” según el artículo 7 de la Constitución y que permite que un acto produzca plenos efectos jurídicos.

El actuar del recurrido carece de motivación racional ya que aplicó una sanción administrativa sin contener los requisitos necesarios para efectuar los descargos, ya que carece de fundamentación, justificación o antecedentes para cursar la multa.

Pide se declare que el actuar de la recurrida constituye una acción arbitraria e ilegal, que ha vulnerado los derechos de propiedad, al debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, garantías reconocidas por la Constitución Política, disponiendo se deje sin efecto o invalide el acto administrativo consistente en la resolución de multa administrativa de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, suscrita por la fiscalizadora recurrida.

Informando doña Audrey Vidal Lucero, abogado, por la Inspección Provincial del Trabajo, resume los antecedentes del recurso; expresa que con fecha 28 de diciembre de 2017, la fiscalizadora de la Inspección Provincial de Valdivia, doña nombre reservado, dictó la resolución de Multa Nº 4499/2017/61, por "Incumplimiento al contrato de trabajo" aplicada a la empresa recurrente.

La multa fue cursada por infracción verificada tras denuncia de trabajadores y los hechos constan en informe de fiscalización N° 1401/2017/1110, que goza de presunción legal de veracidad, según el artículo 23 del D.F.L. N° 2 de 1967. La sanción fue aplicada en el ejercicio de facultades conferidas en ese texto legal y en el Código del Trabajo.

Reclama la improcedencia de la acción de protección al existir un procedimiento especialmente regulado al efecto en el Libro V del Código del Trabajo, sobre la jurisdicción laboral, que en su título II contempla el procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas.

Luego, en estos casos se aplica un procedimiento especial, cuyos efectos son la suspensión de la aplicación de la multa y la fijación del conflicto jurídico, ante un juez laboral y en un procedimiento oral, concentrado, respetando la bilateralidad de la audiencia; en esa sede deben conocerse y resolverse impugnaciones como las del recurrente.

Explica que según el criterio de la E. Corte Suprema, esta acción cautelar no puede ser utilizada como un sustituto jurisdiccional de los procedimientos judiciales. Este recurso se ha interpuesto respecto de una resolución de multa respecto de la cual la ley estableció procedimientos de impugnación en los artículos 503, 504 y 512 del Código del Trabajo, estableciendo la reclamación judicial de las resoluciones de la Dirección del Trabajo.

Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Excma. Corte Suprema.

Sobre la legalidad del actuar de la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, señala que su actuación, expresada en la multa de fecha 28 de diciembre de 2017, se ajustó a la normativa jurídica vigente, pues se aplicó en uso de la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y se impuso la sanción al constatar la veracidad de la infracción, en este caso al artículo 5 inciso 3, y artículos 7 y 10, del Código del Trabajo.

La facultad de la Dirección del Trabajo de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales está establecida en el artículo 505 del Código del Trabajo; y ratificada en la letra a) del artículo 1 del D.F.L. N° 2 de 1967; el artículo 503 inciso 1 del Código laboral faculta para multar y establece la calidad de ministros de fe de los Inspectores. Esa facultad del servicio de sancionar, es reconocida por el legislador laboral.

En la especie se trata de una multa aplicada en un proceso de fiscalización, por lo que dicha actuación tiene sustento legal, siendo una manifestación del ejercicio de la facultad legal señalada, por lo que no puede ser calificada de ilegal.

Lo que la recurrente plantea es una reclamación en contra de una resolución de multa, que debe ventilarse en el juzgado laboral, en el procedimiento establecido.

Señala que la empresa expresó que no fue fiscalizada ya que la fiscalización no se realizó en la casa matriz, comuna de Las Condes, donde está autorizada por la Dirección del Trabajo para centralizar la documentación laboral y no tendría registro que la fiscalizadora haya concurrido a una sucursal de Adecco, vulnerando principios administrativos. Luego, impugna la multa aplicada, negando la infracción e indicando los motivos por los que no sería efectivo.

La alegación de falta de competencia de la Inspección de Valdivia es errónea ya que todo establecimiento o faena puede ser fiscalizado y la Dirección del Trabajo debe velar por la aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República, según el artículo 1 letra a) y artículo 5 letra e) del DFL N° 2 de 1967. La empresa tiene el deber de mantener la documentación laboral en todo establecimiento y faena, según el inciso 2 del artículo 31 del D.F.L. N° 2 de 1967. En la especie, se fiscalizó en la faena ubicada en Arauco N° 561, Valdivia, dependencias de la mandante Falabella Retail S.A., por lo que esta Inspección es competente. La empresa no ha negado que dicha faena sea su sucursal, sino que pretende que se le -fiscalice en la región metropolitana.

La empresa señala que no cometió infracción, no habría incumplido el contrato modificando el horario y su distribución y que la fiscalizadora solo tuvo a la vista un anexo, por lo que consideró que la decisión era unilateral. Sin embargo, la empresa reconoce el hecho infraccional al señalar que comunicó a la trabajadora la modificación unilateral de los horarios de trabajo y la distribución de la jornada mediante un anexo, el que ella se negó a firmar y que, como señala la multa, la trabajadora lo "acató" y por ello debiera entenderse que estuvo de acuerdo. Precisa que la misma empresa reconoce la modificación unilateral del contrato, en los términos constatados en la fiscalización, esto es, que decidió la modificación, plasmándola en un anexo, el que remitió a la trabajadora y ésta no estuvo de acuerdo, negándose a firmarlo, lo que configuró la infracción.

El hecho que la parte más débil de la relación laboral, la trabajadora, acate la instrucción de su empleadora no significa su acuerdo, sino que solamente acredita que cumple con lo instruido y debe revisarse si está de acuerdo o no. En la especie la empresa reconoce que no hubo acuerdo en la modificación, que es lo señalado en la multa.

Sobre la infracción a la Ley Nº 19.880, principios administrativos e instrucciones del Servicio, indica que no es efectivo ya que actuó en la esfera de sus competencias.

Señala la empresa que esa actuación importa una vulneración a los principios de legalidad y de culpabilidad, en relación a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, lo que no es efectivo, ya que la aplicación de una multa por la fiscalizadora corresponde al ejercicio de la facultad de fiscalización de la Dirección del Trabajo; por el contrario, no fiscalizar importaría falta de servicio, acarreando responsabilidades administrativas.

En cuanto indica la empresa que la aplicación de la multa vulneraría el principio de proporcionalidad, en cuanto a la idoneidad de la actuación, ya que habría sido sancionada sin haber sido fiscalizada, lo cierto es que fue fiscalizada en la faena que mantiene para la empresa mandante Falabella Retail S.A., Arauco 561, Valdivia, donde se entregó el Formulario de Inicio de procedimiento de fiscalización que indica la empresa y se procedió a la revisión documental; la faena que no ha sido señalada como inexistente por la empresa, por lo que no ha existido un acto ilegal, sino que un actuar apegado a la ley.

Expresa el recurrido que no existe arbitrariedad en el actuar de la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia; señala lo que debe entenderse por tal, de manera que no es posible sostener que incurrió en arbitrariedad al dictar la multa ya que procedió en un proceso inspectivo, fundado en las normas jurídicas expuestas.

Por otra parte, no se podía actuar de otra forma, teniendo en cuenta el deber de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral; lo contrario implicaría falta de servicio.

En consecuencia, no existe acto arbitrario; el acto es apegado a la ley y en cumplimiento de instrucciones vigentes.

Se refiere a doctrina nacional sobre la ilegalidad y arbitrariedad, señalando que el acto impugnado no es de aquellos denominados discrecionales, sino que fue dictado en ejercicio de una facultad reglada, por lo que no existe margen discrecional, sino que se debe aplicar la ley, de tal forma que la aplicación de una multa administrativa dependerá de si se constató o no infracción de la normativa laboral, por lo que no existe arbitrariedad.

Sobre la afectación a la prohibición de comisiones especiales, señala que aun considerando que el recurso debe ser rechazado por no existir un acto ilegal o arbitrario, indica que la recurrente estima afectada la garantía contenida en el Nº 3 inciso 5 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la prohibición de comisiones especiales.

Sin embargo, no se explicó en el recurso el grado de afectación de esa garantía, es decir, si hay privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos.

De todos modos, es improcedente la acción cautelar de acuerdo al artículo 19 de la Constitución en su numeral 3, conforme al cual lo que se tutela es la proscripción de ser juzgado por tribunales ad hoc, esto es, no pueden existir comisiones creadas con la finalidad de juzgar determinados hechos, sin que la ley haya establecido un tribunal previamente a su ocurrencia, lo que en la especie no sucede, pues la imposición de una multa no implica juzgar a una empresa, ni menos arrogarse facultades jurisdiccionales, sino que corresponde al ejercicio del deber de sancionar las infracciones a la normativa laboral. En consecuencia, la actuación de la fiscalizadora se fundó en la misma ley laboral.

Luego, para que se acogiera este recurso, en relación a la garantía invocada, la recurrente debió acreditar que la recurrida actuó fuera de las facultades dispuestas por la ley laboral, o que carecería de la facultad de sancionar, lo cual no ocurrió en la especie.

Señala que no se ha afectado la garantía del derecho de propiedad, ya que el artículo 19 N° 24 de la Constitución prohíbe que el derecho propiedad sea afectado por un acto arbitrario o ilegal, lo que en los hechos no sucede, pues si bien la multa administrativa importa una disminución del patrimonio de la empresa, lo cierto es que la limitación al ejercicio de este derecho se encuentra regulado legalmente dentro del Ius Puniendi estatal, que consiste en el deber de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y con ello sancionar las infracciones a la legislación laboral, como establece el inciso 10 del artículo 503 del Código del Trabajo.

En consecuencia, la actuación de la fiscalizadora se fundó en la ley laboral, tanto en el ejercicio de la facultad inspectiva, procedimientos, y monto de la multa en el rango del artículo 506 del Código del Trabajo, en atención a la dimensión de la empresa y gravedad de la infracción.

En conclusión, estima que debe desestimarse el recurso, por no ser éste el medio procesal idóneo para la materia al existir un procedimiento especialmente regulado en el Código del Trabajo.

En subsidio de lo anterior, asevera que se debe desestimar el recurso pues no concurren los presupuestos de la acción cautelar.

Pide tener por evacuado el informe y rechazarlo.

Respecto de la recurrida doña nombre reservado la abogada doña Audrey Vidal Lucero, abogado, por Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, señaló que se autorizó a dicho fiscalizadora el uso de 20 días hábiles de feriado legal, expresando que en su informe constan las actuaciones de la fiscalizadora, por lo que solicitó que se prescindiera de él, a lo que la Corte dio lugar.

Se acompañaron los documentos agregados por las partes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de rango constitucional, cuyo propósito es obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela pronta y eficiente para el resguardo de los derechos fundamentales que esa norma contempla.

Al conocer un recurso de protección, es el imperativo constitucional de este Tribunal examinar los antecedentes y advirtiendo la existencia de una privación, perturbación o amenaza de derechos que la Constitución Política de la República garantiza, adoptar, en forma inmediata, las providencias que sean necesarias y suficientes para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe un menoscabo a los derechos y garantías que el constituyente establece y cautela por la vía de esta acción de rango constitucional.

En consecuencia, para que este recurso sea procedente y pueda ser acogido es imperativo que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente y no disputado del reclamante, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

Segundo: Que en el caso de estos autos el recurrente denuncia que fue sancionado en un proceso de fiscalización por la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Valdivia de manera arbitraria e ilegal, por lo que debe examinarse si ha existido efectivamente arbitrariedad o ilegalidad que puedan constituir el fundamento de este recurso.

Tercero: Que una acción arbitraria representa un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia, o a las leyes, inicuo, antojadizo, o infundado, despótico. Por tanto es lógico concluir que un acto fundado de acuerdo a la ley y justo no puede ser calificado de arbitrario.

Por su parte, una acción o proceder ilegal es el que no está ajustado a derecho, constituyendo esa disconformidad una infracción al ordenamiento jurídico que le priva actual o potencialmente de validez.

Cuarto: Que en el caso de estos autos la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Valdivia procedió en el legítimo y recto ejercicio de las facultades fiscalizadoras que la ley no solo le confiere sino que le impone realizar como parte esencial de sus cometidos funcionarios fundamentales.

Así resulta del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1967, cuyo artículo 1 letra a) señala imperativamente que a la Dirección del Trabajo “le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;”, lo que reafirma el mismo Código del Trabajo en su artículo 505, que establece imperativamente que “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.”

Por su parte, y ante la evidente imposibilidad del Director del Servicio de ejercer sus potestades en el territorio de la República, el artículo 18 del mismo D.F.L Nº 2 establece que “la Dirección del Trabajo ejercerá sus funciones por medio de las Inspecciones Provinciales, Departamentales y Comunales que determine el Director”, agregando en su artículo 20 que “los Inspectores Provinciales, Departamentales y Comunales tendrán en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas.”, esto es, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral en todo el territorio de la República.

Por su parte la potestad sancionatoria está otorgada a este organismo de la administración del Estado por el artículo 503 del Código del Trabajo, que dispone que “las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.”

Quinto: Que de tales antecedentes resulta que los recurridos no han procedido en forma arbitraria ni ilegal al proceder a la fiscalización del cumplimiento que la recurrente ha realizado de las disposiciones sobre derechos laborales que le son aplicables en su calidad de empleador, por cuanto han procedido en el ejercicio de una potestad que las leyes le confieren y en cuya virtud pueden realizar esas labores inspectivas y de fiscalización en todo caso que lo estimen procedente, así como aplicar las sanciones que estimaren procedentes en caso de contravención.

Sexto: Que razonablemente el recurrente puede estar en desacuerdo con el ejercicio de esas potestades fiscalizadoras y sancionatorias que ha ejercido la Dirección del Trabajo en ejercicio de sus atributos legales, pudiendo reputar que sus actuaciones resultan ilegales o arbitrarias lo que, por lo demás, hipotéticamente es posible que pudiere acontecer en ciertas situaciones.

Es por esa razón que esas actuaciones, que eventualmente pudiesen ser reputadas irregulares no se encuentran al margen del derecho; por el contrario, el propio legislador laboral ha previsto los mecanismos para remediar tales situaciones que no se ajusten estrictamente a las respectivas disposiciones legales y reglamentarias.

En tal sentido el artículo 503 inciso segundo y siguiente del Código del Trabajo, reglamentan el procedimiento de reclamación señalando que “las resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.”

La resolución que al efecto sea pronunciada por el respectivo juez de letras del trabajo es susceptible de ser impugnada por todos los recursos que establecen los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo.

En la comprensión del legislador respecto de la variedad de situaciones de hecho que pueden acontecer en los procedimientos de fiscalización, también se concede un recurso de reconsideración ante el mismo Director del Trabajo para que conozca y adopte las medidas pertinentes si en un proceso de fiscalización y sanción se hubiere incurrido en errores de hecho o si el administrado hubiere subsanado las infracciones que fundamentaron las sanciones que se hubieren impuesto. En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo 502 del presente Código.

Séptimo: Que en consecuencia de los antecedentes antes señalados, resulta que los derechos del recurrente no han sido vulnerados de manera ilegal o arbitraria, por cuanto la Inspección del Trabajo y la funcionaria recurrida intervinieron en el ejercicio de potestades de que se encuentran legalmente investidas; si el recurrente disiente de esas actuaciones o si las reputa ilegales o arbitrarias tiene derecho de ejercer las acciones que establece el Código del Trabajo para impugnarlas, oponiendo la plenitud de los fundamentos que estime procedentes.

Al decidirse que no es procedente el recurso de protección para impugnar las resoluciones que dicten los funcionarios fiscalizadores de la Inspección del Trabajo en procesos de fiscalización, no se emitirá pronunciamiento sobre otras alegaciones del recurrente, ya que la materia ha debido ser conocida por los Juzgados de Letras del Trabajo.

Octavo: Que los demás antecedentes agregados en nada contribuyen al esclarecimiento de la situación que ha sido planteada.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 inciso 5, Nº 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, la acción de protección interpuesta en representación de Adecco Recursos Humanos S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia y en contra de la fiscalizadora doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Ricardo Hernández Medina.

Rol 111 – 2018 PRO.