Protección contra Inspección del Trabajo de Lanco

Valdivia, veintiocho de octubre de dos mil quince.

VISTOS:

Que, a fojas 20, don nombre reservado, administrador, en representación de la nombre reservado nombre reservado, persona jurídica de derecho público, en calidad de dueña del Hospital Santa Elisa, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección del Trabajo de Lanco, representada legalmente por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, indicando que el 5 de agosto del año en curso, dicha entidad expidió la Resolución N° 199, en virtud de cuyo mérito se acogió la objeción de legalidad formulada por la comisión negociadora del Sindicato de trabajadores del Hospital Santa Elisa, a la observación hecha por su representada de estar imposibilitada de negociar colectivamente.

Acota que en el contexto de una negociación colectiva entre dicho sindicato y el Centro Hospitalario, el 15 de junio de 2015 se presentó un proyecto de contrato colectivo de trabajo, el cual fue respondido el 23 de julio indicándose por su representada la observación y objeción de encontrarse imposibilitada de negociar colectivamente, por tratarse de una empresa con un aporte estatal mayor al 50% para su financiamiento en los dos últimos años, conforme a lo prescrito en el artículo 304 inciso tercero del Código del Trabajo; añade que lo obstante lo indicado, el día 27 de julio la comisión negociadora formuló objeción de legalidad ante la Inspección del Trabajo referida, organismo que le confirió traslado de tal requerimiento, el que se evacuó reiterando que el centro asistencial estaba impedido de negociar, al tener un aporte estatal cercano al 95%, adjuntando la documentación correspondiente, estableciendo un informe que los aportes estatales aludidos, en el año 2013 conformaban un 71, 25% y en el año 2014 a un 71, 83%. Agrega que la citada institución de salud se rige por el D.F.L. Nº 36 de 1980, invocando en especial su artículo 2, por lo que su representada se encuentra en la hipótesis del artículo 304 inciso 3° del Código del Trabajo, no pudiendo comprometer recursos por dos o cuatro años, sin tener la certeza de su existencia y monto, más si ellos son solo para acciones de fomento, protección y recuperación de la salud de los enfermos.

Continúa manifestando que el motivo del arbitrio se delimita a la circunstancia de que la objeción de legalidad en definitiva fue acogida por la Inspección del Trabajo de Lanco, fundada en el presupuesto que el financiamiento estatal aludido no es a título gratuito por la existencia de convenios suscritos entre la empresa y el Servicio de Salud de Valdivia, lo que implica que el aporte se realiza a cambio de diversas contraprestaciones de salud a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), encontrándose por ello habilitada para negociar colectivamente, no enmarcándose en las excepciones de la mencionada norma que rige solo para los casos en que los aportes se entreguen a título gracioso a las referidas entidades, por haberse acogida éstas a un régimen legal o convencional previsto al efecto.

Indica que dicha actuación es ilegal, toda vez que contraviene lo dispuesto en el artículo 304 del Código del Trabajo, ya que su representada es una institución privada, financiada en los dos últimos años en un promedio de 70% por aporte estatal en forma directa, por lo que el actuar de la recurrida es contrario a la ley y establece mayores requisitos que los indicados por el legislador para exonerarlo de tal negociación.

Agrega que tal decisión es, además, arbitraria, carente de justificación, ya que la norma no efectúa distinciones, por ende la decisión adoptada de excluir la gratuidad en base al sustento utilizado, es discrecional y unilateral, acorde a lo prevenido en el artículo 1.440 del Código Civil y que debe sobre ello, también tenerse en consideración que el hospital aludido ostenta pérdidas acumuladas en los últimos 10 años cercanas a los novecientos millones de pesos, siendo propiamente mandataria del Estado.

Así las cosas, expresa que el referido acto vulnera el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues forzarlo a negociar colectivamente implicaría hacerlo por un mínimo de 2 años, en circunstancias que los recursos que recibe son anuales, obligando fondos futuros respecto de los cuales no existe certeza, afectando su patrimonio de manera cierta, grave e inminente, trasgrediendo, además, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales contemplado en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que la recurrida carece de facultades para interpretar la ley, atribución que corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia por mandato del artículo 420 del Código del Trabajo.

Por último, en base a los argumentos indicados, pide, que se acoja el recurso y se declare la ilegalidad de la resolución N° 199 de 5 de agosto de 2015, dejándola sin efecto y declarando que su representada se encuentra exceptuada de la obligación de negociar colectivamente con el Sindicato de trabajadores del hospital Santa Elisa, sin perjuicio de otras medidas de protección que estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Para fundamentar su recurso acompañó los siguientes documentos: 1) Copia Simple de resolución N° 199 de 5 de agosto de 2015. 2) Copia de resolución afecta N° 000553 de 4 de junio de 2014 del Servicio de Salud de Valdivia, mediante la cual se autoriza la celebración del convenio para la ejecución de prestaciones de salud con su representada.

A fojas 130, la Inspección Provincial del Trabajo de Lanco, evacúa el respectivo informe, solicitando el rechazo del recurso; en primer término, invoca la improcedencia de la acción de protección, pues los hechos alegados no son idóneos para suscitar un debate constitucional que deba ser tutelada por esta vía, ya que la finalidad de esta clase de recursos no es sustituir procedimientos específicos contemplados por la ley frente a una resolución administrativa, impugnándose propiamente una resolución dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Lanco en el ejercicio de sus funciones, respecto de la cual existen otros medios de impugnación, como son aquellos establecidos en los artículos 391 y 420 letra e) del Código del Trabajo; en consecuencia el cuestionamiento de un acto administrativo, como lo ha resuelto la Jurisprudencia que cita, no genera la factibilidad de reclamarse por el medio cautelar ejercitado.

Sin perjuicio de lo indicado, precisa que no existe un acto arbitrario o ilegal, toda vez que se ha seguido el procedimiento establecido en la ley en la dictación de la Resolución en comento, la que fue expedida en base a la competencia y atribuciones entregadas a la Inspección por el artículo 331 inciso 1°, 2° y 3° del Código del Trabajo, normas que le entregan especiales atribuciones para resolver sobre las objeciones de legalidad, otorgadas en forma restrictiva y excluyente al órgano administrativo, siendo dicho ente al que le corresponde la interpretación de la ley laboral de acuerdo a las atribuciones establecidas en el DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Todo ello además es ratificado por el servicio, mediante el Dictamen N° 4863/210 de 2003 y en lo especifico, respecto de la aplicación del artículo 304 del Código del Trabajo, por los Dictámenes N° 3069/153 de 14 de agosto de 2001 y 845/24 de 28 de febrero de 2005, todos fundados en el artículo 331 en concordancia con el artículo 329 del Código referido; por otro lado, el ente señalado no puede excusarse de emitir un pronunciamiento cuando la materia sometida a su decisión es de aquellas que pudieran infringir el Código del Trabajo, sin perjuicio de los principios básicos establecidos para el procedimiento administrativo, en especial el de inexcusabilidad del artículo 14 de la Ley Nº 19.880, que le brinda la respectiva competencia.

En cuanto a la objeción de legalidad, indica que los hechos constatados se relacionan con el tenor del artículo 304 del Código del Trabajo, que establece como regla general el derecho a negociar colectivamente, pero la Dirección del Trabajo mediante Dictamen Nª 3356/050 de 1 de septiembre de 2014, fijó el alcance de la norma en cuanto a la prohibición de negociar para el caso de entidades con presupuestos financiados en más de un 50% por el Estado, determinando que ello solo rige para aquellas instituciones que en los dos últimos años calendario, hayan sido financiados en más de un 50% por aquel, siempre que tales aportes sean entregados a título gratuito, o sea, que no signifique el imperativo de efectuar contraprestación alguna en pago por tal provisión de fondos; de esta forma, tratándose de una norma de excepción, debe ser interpretada restrictivamente a fin de no afectar la garantía constitucional del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, que otorga a la negociación colectiva el rango de garantía fundamental, corroborado internacionalmente por el artículo 4 del Convenio N° 98 de la O.I.T.; conforme a lo reseñado, el hospital Santa Elisa, no se encuentra en imposibilidad de negociar colectivamente, pues los aportes recibidos se realizan a cambio de diversas contraprestaciones de salud a favor de los afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Continúa manifestando que se objetó de ilegalidad la negativa de la empresa a contestar en forma adecuada el proyecto de negociación presentado, acorde a lo que señala el Código del Trabajo, lo que se encuentra además ratificado por el Dictamen N° 5410/126 de 28 de noviembre de 2005.

Por último, luego de pormenorizar las actuaciones desplegadas en el proceso aludido, expresa que su representada ha actuado dentro de su competencia, con apego al procedimiento establecido en la ley y de manera fundada, acorde a los antecedentes que le fueron entregados, haciendo presente que pese a esta acción, la empresa dio cumplimiento a la resolución impugnada y finalmente el 23 de septiembre de 2015, se llegó a un acuerdo con el Sindicato, y en base a las facultades del artículo 329, prorrogaron la negociación, retornando los trabajadores de la huelga legal y realizando la empresa un aporte de $ 52.000.000, por lo que, al margen de lo indicado, claramente no resulta oportuna en la actualidad la intervención del Tribunal del Alzada resolviendo la presente acción.

Asimismo, expresa que no existió vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, ya que el fiscalizador actuó de acuerdo a las atribuciones contempladas en el artículo 331 y sin perjuicio del derecho que le asiste al afectado para recurrir ante los tribunales de justicia de acuerdo al artículo 391, ambas disposiciones del Código del Trabajo. Tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad pues la resolución solo indica que las partes están en posición de negociar válidamente y de modo alguno se le obliga a disponer de determinados fondos.

En suma, por las razones vertidas, solicita el rechazo del recurso, por ser improcedente y no existir actuación arbitraria e ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno, toda que vez que ha actuado dentro del marco legal y marco de competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que le son propias, con costas.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1) Copia de resolución Nª 199 y su acta de notificación. 2) Copia de carátula e informe de fiscalización de la comisión N° 1403/2015/127 de 5 de agosto de 2015. 3) Copia de Resolución N° 194 de 31 de julio de 2015. 4) Copia de Traslado. 5) Copia del Ordinario N° 297 de 27 de julio de 2015. 6) Copia de objeción de legalidad. 7) Copia de Carta Comunicación al empleador de 23 de septiembre de 2015. 8) Copia de Carta del Administrador y Representante Legal de Empresa Hospital Santa Elisa de 23 de septiembre de 2015. 9) Copia de Oficio N° 426 de 21 de septiembre de 2015. 10) Copia de carta de 21 de septiembre de 2015, que solicita mediación. 11) Copia de solicitud de 1° de septiembre de 2015. 12) Copia de acta de votación de 4 de septiembre de 2015. 13) Copia de última oferta de la empresa de 28 de agosto de 2015.

A fojas 137, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso en análisis, es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida.

Se desprende irremediable de lo anotado que es requisito indispensable de la presente acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, vulnerando una o más de las garantías preexistentes protegidas bajo el marco constitucional, debiendo dicho agravio además, persistir en el tiempo, puesto que de otra manera el tribunal llamado a resolverlo no podría adoptar medida alguna para remediar el mal que se reclama.

TERCERO: Que, asentadas tales necesarias reflexiones, la disyuntiva esbozada en el presente debate, se constriñe a determinar si el dictamen N° 199 expedido el 05 de agosto del año en curso por parte de la Inspección del Trabajo de la localidad de Lanco, configura propiamente un acto ilegal o arbitrario, bajo el concepto indicado, derivado de un exceso de atribuciones de dicho ente fiscalizador o expedido en forma discrecional o caprichosa, sin sustentos que la hagan procedente, basamentos que se tornan insoslayables para hacer ocurrente el arbitrio interpolado, atendida su naturaleza cautelar y de recuperación del quebranto de las garantías fundamentales que se dicen conculcadas. Vale recordar sobre dicho planteamiento, que el pronunciamiento aludido se expidió frente a un requerimiento planteado por los trabajadores dependientes del Hospital de la localidad de San José de la Mariquina, de nombre Santa Elisa, los que iniciaban un proceso de negociación colectiva, al que se resistió su empleadora, argumentando que no se encontraba habilitada para negociar, al considerar que estaba excluido de tal imperativo, en virtud de ostentar un financiamiento estatal superior al 50 %, los dos últimos años, acorde a lo prevenido en el artículo 304 del estatuto del ramo, organismo que conoció dicho reclamo, desestimó la negativa y concluyó en definitiva el imperativo de acceder a tal procedimiento de negociación, coligiendo en general que el centro asistencial aludido no se encontraba dentro de las excepciones contempladas en la disposición referida, ya que sus prestaciones carecían de gratuidad en el servicio, al hacerse a cambio de diversas contraprestaciones de salud a favor de los afiliados al Fondo Nacional de Salud ( Fonasa), por convenios suscritos por el ente rector de la salud.

CUARTO: Que, circunscrita la discusión al tópico reseñado, inequívocamente puede colegirse de los antecedentes expuestos, que el sostén que motiva el recurso, se inserta dentro de un proceso en el ámbito de la negociación colectiva, por lo que se torna atingente señalar sobre tal materia que Libro IV del Código del Trabajo, trata dicho asunto y en su título II, regula la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo. En lo que interesa a la controversia de autos, el artículo 331 del citado compendio, prescribe que una vez recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones del Código referido, precisando que la reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo en el plazo que indica, contando la referida autoridad con igual plazo para pronunciarse, contabilizado desde la fecha de presentación de la reclamación. Agrega, que la resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el proyecto de contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso.

Al terminar, señala, que la interposición del reclamo no suspende el curso de la negociación colectiva y, que no es objeto de este procedimiento de objeción de legalidad, la circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 306, excluyendo así las materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma.

QUINTO: Que, sobre la temática en comento, cabe considerar de igual forma que el artículo 2° del Código del ramo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en representación del Estado, a la Dirección del Trabajo.

Asentada tal premisa, es preciso consignar, además, que en el procedimiento de presentación y tramitación de un contrato colectivo, la Inspección del Trabajo, no solo ésta facultada, sino obligada a resolver los reclamos de legalidad efectuados por la comisión negociadora en contra de las observaciones realizadas por el empleador al respectivo proyecto, acorde al imperativo prescrito en las normas antes transcritas.

SEXTO: Que, en consideración a las reflexiones blandidas precedentemente, de suyo, no es factible atribuir algún indicio de ilegalidad o abuso a la recurrida al dictar la Resolución N° 199, materia de la censura, toda vez que en su expedición naturalmente cumplió con el mandato legal contenido en el artículo 331 del Código del Trabajo, que, como se ha dicho, la autoriza y le impone resolver sobre los reclamos efectuados por la comisión negociadora en relación a las observaciones formuladas por el empleador y las que le merezcan respuesta por no ajustarse a las disposiciones del citado compendio.

La atribución legal antes referida, como se ha señalado, le dispensa a la Inspección del Trabajo rango de autoridad administrativa especializada para emitir pronunciamiento sobre las objeciones de legalidad que formulen los trabajadores a la respuesta del empleador, prerrogativa que ha de interpretarse en armonía con la finalidad para la que fue creada dicha entidad, esto es, para supervigilar la aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores; así se devela con claridad del contexto de las normas que la rigen, pues de acuerdo al artículo 1 del DFL N° 2, de 1967, se trata de un organismo técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social al que se le encomienda , particularmente, y sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le señalen, la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral, precisando su artículo 5, que a su Director le corresponde especialmente, velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República; a su vez, el artículo 20 consagra que los Inspectores Provinciales, tienen en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas y por su parte el artículo 23 de la referida normativa, confiere a los Inspectores del Trabajo el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, añadiendo que los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Para poder cumplir el designio encomendado, las facultades con que cuenta la recurrida han de ser eficaces y, en tal sentido, han de interpretarse; de esta forma, ante hechos precisos, claros y comprobados puede determinar si los mismos se ajustan a la legislación laboral que los regula, y según ello obrar en consecuencia, más aun cuando es el propio legislador quien ha determinado que le cabe resolver -en un proceso de negociación colectiva- sobre las reclamaciones de la comisión negociadora en torno a las observaciones formuladas por el empleador y las que le merezca la respuesta, lo que implica, naturalmente, un ejercicio de subsunción de los hechos al derecho, que excluye inequívocamente cualquier conjetura de ilegalidad o capricho en tal obrar.

SEPTIMO: Que, sin menoscabo de lo indicado, la pugnada decisión es más bien reclamable a través de procedimientos judiciales especiales, lo que se vislumbra a propósito de la competencia de los tribunales laborales, prescribiendo sobre tal factibilidad el artículo 420 del Código del trabajo, en su letra b) que serán de competencia de tales juzgados, todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los Juzgado de Letras con competencia en materia laboral; a su turno el artículo 391 del mismo cuerpo legal, en armonía con la norma citada con antelación, previene que será competente para conocer de las cuestiones a que de origen la aplicación de este libro VI, en que se encuentra contemplada la aludida facultad de la Inspección del Trabajo, el Juzgado de Letras del Trabajo del lugar en que se encuentre la empresa, previo o establecimiento sujetos al procedimiento de negociación colectiva, sin perjuicio de las excepciones legales que entreguen el conocimiento de estos asuntos a otros tribunales; por su parte, el artículo 396 del citado código dispone que las causas cuyo conocimiento corresponde a los referidos juzgados en conformidad con lo dispuesto en el aludido libro cuarto y respecto de las cuales no se hubieren establecido normas especiales, se regirán por el procedimiento general establecido en el título uno del señalado libro y código, alternativas de reclamo más atingentes, atendida la materia debatida y que, además, corroboran que el ejercicio de las facultades legales de la recurrida no pueden reducirse a un mero formalismo, desde que para el caso de discrepancias con el organismo respectivo, es el propio legislador quien ha contemplado un procedimiento especial que permite enjuiciar el mérito y la justificación de la decisión, aspectos manifiestamente ajenos al ámbito de una acción de naturaleza eminentemente cautelar, como lo es aquella ejercitada en el caso sub-lite.

OCTAVO: Que, en consecuencia, en mérito a lo antes expuesto, como se ha colegido, no es posible atribuir trasgresión o iniquidad a la recurrida en la actuación objeto de la crítica, toda vez que al hacerlo solo cumplió con el mandato legal expreso establecido en el estatuto laboral, sin perjuicio del derecho de la reclamante de ocurrir ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente para el conocimiento y resolución de los efectos que denuncia, producidos por la aplicación de la referida facultad-deber, legítimamente esgrimida por el organismo fiscalizador.

NOVENO: Que, a raíz de lo expuesto se infiere que el acto tildado por la reclamante, como inicuo e ilícito, carece de tal carácter, desde el momento en que la recurrida actúo dentro de la órbita de su competencia y con facultades suficientes, lo que evidencia que en el caso de marras no se ha vulnerado, en la forma exigida por la Carta fundamental, alguna de las garantías constitucionales que se invocan; en consecuencia, al no encontrarse acreditados los supuestos elementales del recurso interpuesto, a saber la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, irremediablemente sólo cabe desestimar el remedio articulado, resultando por ende irrelevante realizar un estudio singularizado de aquellas.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, como se vislumbra del caudal de antecedentes incorporados a los autos, la contrariedad que suscitó el recurso, propiamente ha sido resuelto por la propia entidad recurrente, al llegar ésta a un acuerdo con el sindicato, acorde a la oferta entregada el 28 de agosto del actual, al tenor del instrumento agregado a fs. 118, prorrogándose ésta, acorde a la ley, por mutuo acuerdo de los partícipes, previo aporte de la reclamante de un estipendio determinado en favor de los trabajadores, dentro del proceso de negociación, de tal suerte que en la actualidad, al margen del rechazo, por la ausencia de los presupuestos fundantes, no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar, al no persistir la trasgresión que se reclama, quedando por ende el arbitrio entablado privado de su sustento factico.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y demás normas invocadas, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 20 por don nombre reservado, en representación de la nombre reservado nombre reservado, en calidad de dueña del Hospital Santa Elisa, en contra de la Inspección del Trabajo de la localidad de Lanco, sin costas del recurso, por estimar que existió motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro titular don Marcelo Vásquez Fernández.

N°Civil-1105-2015.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, integrada por el Ministro Sr. DARÍO ILDEMARO CARRETTA NAVEA, Ministro Sr. MARCELO VÁSQUEZ FERNÁNDEZ y Fiscal Judicial Sra. nombre reservado HELIANA DEL RÍO TAPIA. Autoriza la Secretaria Titular Sra. ANA MARÍA LEÓN ESPEJO.

En Valdivia, veintiocho de Octubre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Sra. nombre reservado. Secretaria Titular.