nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE SEGUR

C.A. de Valdivia Valdivia, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, técnico de enfermería en el Hospital Base de Valdivia, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por hechos que estima que constituyen una vulneración de los derechos constitucionales previstos en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, a raíz de la enfermedad terminal sufrida por su marido, sufrió un cuadro de depresión y estrés, llegando incluso a no poder realizar sus funciones más básicas, debiendo dedicarse íntegramente a sus cuidados, debiendo asistirlo hasta el día de su fallecimiento, esto es, el día 7 de junio del presente año.

Alega que, en virtud de las circunstancias anteriormente expuestas, ha debido hacer uso de licencias médicas. Señala que hizo uso de 3 licencias médicas por un total de 56 días, por prescripción de su médico psiquiatra y recomendación de su psicóloga tratante, siendo rechazadas por la COMPIN, sin solicitar peritajes médicos complementarios y sin motivación, decisión que fue confirmada por la SUSESO.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección y que, en definitiva, se ordene a las recurridas a aprobar las licencias médicas señaladas en su presentación, con costas.

2°) Que, comparece Ricardo Javier Cortés Muñoz, abogado, quien informa al tenor de la acción constitucional de autos por la COMPIN.

Expone que la recurrente presentó 84 días de reposo a partir del 18 de enero de 2025 al 11 de abril de 2025, autorizados, y posteriormente por un total de 56 días adicionales, siendo rechazadas. Refiere que la SUSESO, en conocimiento de los antecedentes, confirmó el rechazo de las licencias médicas, de manera fundada, indicando en cada caso por qué no se estimó justificado el reposo, por lo cual no existe actuación ilegal o arbitraria.

3°) Que comparece Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien informa respecto de la presentación de la recurrente.

Solicita, en primer término, que se declare la improcedencia de la acción de protección por extemporaneidad, toda vez que la recurrente fue notificada del acto recurrido con fecha 26 de octubre de 2025 e interpuso la acción constitucional de marras el 26 de noviembre de 2025.

Subsidiariamente, solicita que se declare la improcedencia de la acción constitucional al estimar que la materia de autos dice relación con el derecho establecido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, el cual no se hallaría amparado por la acción constitucional prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En subsidio a las alegaciones anteriores, informa sobre el fondo de la acción de protección interpuesta. Al respecto, distingue entre la incapacidad laboral permanente o transitoria. Efectúa referencia a lo dispuesto por el artículo 149 y156 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto con Fuerza de Ley N°44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de los cuales se desprendería que la licencia médica constituiría un derecho para que el trabajador se ausente o reduzca su jornada laboral durante un determinado lapso, siendo un derecho esencialmente temporal, para efectos que el trabajador pueda recuperar su salud y reincorporarse a su vida laboral.

Agrega que la Superintendencia recurrida ha actuado en el ámbito de su competencia conforme con la Ley N°16.395 y ajustándose a las disposiciones reglamentarias. Por otra parte, argumenta la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad respecto del acto impugnado, indicando que la recurrida ha actuado en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, junto con señalar que para resolver la presentación de la recurrente se recabaron los antecedentes médicos del caso, concluyéndose que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 84 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Agrega que el informe emitido con fecha 2 de junio de 2025 por el médico tratante, no permite justificar el rol terapéutico del reposo reclamado. En efecto, el informe citado no expone un plan de tratamiento psicofarmacológico concordante con la extensión del periodo de reposo. Sumado a lo anterior, la reclamante no acredita haber realizado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo, ni en su defecto, tratamiento en sistema público para atención integral de salud mental.

Solicita el rechazo de la acción constitucional interpuesta, con costas.

4°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, la acción de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías y derechos protegidos.

5°) Que, en cuanto a la excepción de extemporaneidad formulada por la SUSESO, esta ha de ser rechazada, toda vez que la eventual privación del pago de licencias médicas que no han sido autorizadas en forma contraria a derecho, genera efectos que se mantienen hasta la fecha y que amenazan la propiedad de la recurrente ante un inminente descuento de sus remuneraciones futuras.

6°) Que, en relación a la otra defensa preliminar, consistente en la improcedencia de la acción constitucional atendido que los derechos que se estiman vulnerados no serían objeto de protección de la acción, dicha alegación se desestimará, teniendo presente para ello que la acción se conoce en virtud de las facultades conservadoras que le asisten a esta Corte, siendo posible la reconducción de los supuestos de hecho al contenido de los derechos constitucionales eventualmente conculcados que en este caso dicen relación con el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantías que sí se enmarcan en el ámbito de protección de la acción de marras y en los cuales ambos órganos han participado.

7º) Que, respecto del fondo de la acción deducida, de la lectura del expediente administrativo agregado a este procedimiento, queda de manifiesto que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió en base al mérito del análisis de la documentación acompañada por la COMPIN y la recurrente.

8º) Que debe tenerse en cuenta, además, que el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en su artículo 21 establece que, para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, lo que, en este caso, ni la COMPIN ni la Superintendencia de Seguridad Social -en la etapa de revisión de las licencias médicas rechazadas- hicieron.

9º) Por lo expuesto, al no haber hecho uso las recurridas de la herramienta contemplada en el motivo anterior, han incurrido en una mera argumentación formal sin apreciar el caso concreto de la recurrente, lo que constituye una deficiente motivación que no puede dar sustento adecuado al acto administrativo reclamado, resultando carente de fundamentación, en los términos del artículo 41 de la Ley Nº19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

10º) Que, así las cosas, y en las particulares circunstancias descritas, el actuar de las recurridas, por la ausencia de un real fundamento de su decisión deviene en ilegal y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, no se dispuso la utilización de la aludida herramienta objetiva e imparcial regulada en el artículo 21 del citado Reglamento.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se ordena que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez disponga, a la brevedad y como fuere procedente, la práctica de los exámenes médicos que sean necesarios para establecer el real estado de salud de la recurrente y la procedencia del reposo prescrito, luego de lo cual, procederá a resolver, en su mérito, lo que fuera pertinente en relación a las aludidas licencias.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1054-2025.