WOODS SPA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALDIVIA

Valdivia, treinta de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don Marco Antonio Rosas Leal, abogado, en representación de Woods SpA., persona del giro de su denominación; ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, representada, por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Los Ríos.

Funda su presentación, señalando que con fecha 25 de abril de 2019, su representada fue informada por un proveedor, que no podría tramitar una orden de compra, toda vez que la empresa figuraba en una publicación en el sistema Dicom o Equifax, específicamente relativo al denominado Boletín Laboral, comprobando que esta anotación era consecuencia de multas que le había aplicado la Inspección Provincial del Trabajo, respecto de las cuales no tenía competencia administrativa para imponer, toda vez que al momento de constituirse a fiscalizar, ya se había iniciado un procedimiento de idéntica naturaleza y por los mismos hechos, de parte de la SEREMI de Salud de Los Ríos; por lo cual se habría infringido lo dispuesto en el artículo 191 inciso tercero del Código del Trabajo, en relación con el artículo 7 de la Constitución Política de la República, más el artículo 2 de la Ley N°18.575.

Hace presente que el día 12 de octubre de 2018, a las 11:10 horas, en circunstancias que en la Planta de su representada, ubicada en domicilio reservado, el trabajador ayudante de producción, don nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, se encontraba empujando un carro móvil en el cual se transportaban pallets de puertas, mismas que se desarmaron y cayeron en sus piernas. Acota que ante este hecho, su representada en forma inmediata comunicó la ocurrencia de este accidente a la Asociación Chilena de Seguridad. Esta comunicación dio inicio al proceso de fiscalización por parte de la SEREMI de Salud de Los Ríos, con fecha 16 de octubre de 2018, a las 16:00 horas, según consta en Actas de Fiscalización Nº011172, 011173, 011174 y 011175; suscritas por la Fiscalizadora de dicha SEREMI de Salud, doña Rocío Ortega Delgado. Agrega que en dicha Acta se dejó explícitamente establecido que se iniciaba investigación por eventuales infracciones de normas de higiene y seguridad en los hechos referentes al accidente laboral de don nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado y se citaba a la empresa a presentar sus descargos con fecha 24 de octubre de 2018, a las 10:00 horas.

Estima que el actuar de la recurrida es ilegal, pues va más allá de las facultades de la Inspección del Trabajo en esta materia. De igual manera, la decisión es arbitraria, pues no tiene fundamento racional, ya que se basaría en una interpretación antojadiza de las facultades de la referida entidad en esta materia, interpretación que va más allá de lo que expresamente establece el texto del Código del Trabajo.

Considera así vulneradas las garantías contempladas en los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que pide, concretamente, que se ordene a la recurrida dejar sin efecto su decisión de incorporar a su representada en el Boletín Laboral de Dicom/Equifax, por las multas referidas en el cuerpo de este libelo, al haberse aplicado éstas en un procedimiento administrativo irregular por la falta de competencia de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, con costas.

Informando el recurso, comparece doña nombre reservado, quien expresa que con fecha 31/10/2018, el fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, don nombre reservado, dictó la Resolución de Multa Nº3970/2018/44, aplicada a la empresa recurrente, la que fue cursada por infracción verificada tras accidente del trabajo grave, donde el trabajador, don nombre reservado, quedó atrapado entre puertas, debiendo ser rescatado, y cuyos hechos constan en informe de fiscalización N°1401/2018/971, el cual goza de presunción legal de veracidad, conforme al art. 23 del D.F.L. N° 2 de 1967.

Destaca que la sanción administrativa fue aplicada en el ejercicio de las facultades otorgadas al fiscalizador, según el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo y D.F.L. N° 2 de 1967.

Añade que, con fecha 30/11/2018, la empresa ejerció recurso de reconsideración administrativa de multa, conforme al art. 511 del Código del Trabajo, alegando error de hecho al haberse cursado la sanción, solicitando se dejara sin efecto, fundándose en la supuesta incompetencia de este Servicio. Tal solicitud fue objeto de la Resolución N° 16, de fecha 08/01/2019, del Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia, don nombre reservado, a quien le está delegada dicha facultad por el Director Nacional, descartando la existencia del aludido error de hecho y confirmando la sanción.

Reporta que, posteriormente, con fecha 22/01/2019, la empresa dedujo reclamo judicial en contra de la mencionada Resolución N° 16, en virtud del art. 512 del Código del Trabajo, ventilándose el asunto en causa R.I.T. N° I – 6 -2019 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, causa en la cual también fue resuelta la procedencia de la multa, estimándose por el Magistrado la plena competencia de este Servicio para haber cursado dicha sanción, sentencia que está ejecutoriada, sin haber interpuesto la empresa recurso de nulidad en su contra en tiempo y forma, de modo que es en contra de dicha resolución judicial realmente que se recurre mediante la presente acción de protección.

Manifiesta, además, que la actuación del Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia, consistente en la incorporación de la empresa en el Boletín Laboral de deudores, respecto de la infracción 3970/2018/44, se encuentra ajustada a la normativa jurídica vigente, pues dicha multa se dictó en el marco de las competencias de ese Servicio por constar la veracidad de la infracción a la legislación laboral en accidente del trabajo grave, cuya inclusión se realizó tras deducirse recurso administrativo de reconsideración de multa y reclamación judicial respecto de dicho resultado, cuando la sentencia ya se encontraba ejecutoriada, por lo que, reitera que en la especie la recurrente lo que plantea es realmente un recurso de nulidad en contra de la sentencia judicial dictada en causa R.I.T. I – 6 – 2019 del Juzgado del Trabajo de Valdivia, en donde, como se ha dicho, se estimó la procedencia de la multa aplicada, en virtud de la acción contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Hace alusión al cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y a las facultades fiscalizadoras contempladas en el D.L. 3.500 de 1980 (cotizaciones AFP); D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud (cotizaciones FONASA); art. 505 del Código del Trabajo (facultad fiscalizadora); art. 11 de Ley N°19.728 (cotizaciones A.F.C.); y art. 76 de la Ley N° 18.482, que cuenta con nóminas de deudores de cotizaciones previsionales.

Así, pues, sostiene que se incorporó a la recurrente en el Boletín Laboral, por la existencia de una deuda de ésta originada en el no pago de una multa aplicada por el Servicio, agregando que la eliminación sólo procedería si la empresa pagase la multa; pero, en ningún caso, entrando a conocer acerca de la procedencia de la sanción, pues ello ya constituye cosa juzgada.

Concluye, aseverando que procede que se desestime el recurso por no ser éste el medio procesal idóneo en la materia, al existir un procedimiento especialmente regulado en el Código del Trabajo, por lo que no se dan los requisitos para la procedencia de esta acción cautelar, de suerte que no ha estado presente un actuar ilegal o arbitrario, ni tampoco una afectación a las garantías invocadas por la recurrente.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias perjudiciales derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza en contra de alguna de las garantías expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado por aquéllas.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo previamente asentado, para que proceda la presente acción constitucional, se torna necesaria la concurrencia copulativa de las siguientes exigencias: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas, y, finalmente, iii) que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentre legitimado activamente para su ejercicio.

TERCERO: Que, en dicho orden de ideas, debe puntualizarse, en síntesis, que el recurrente estima que la incorporación de la empresa que representa, efectuada por la Inspección del Trabajo al Boletín Laboral, constituye un acto arbitrario e ilegal, que afecta su derecho a la igualdad ante la ley, así como el de la protección de su vida privada, cimentando esta alegación, esencialmente, en la falta de competencia de la recurrida para haber impuesto la multa que sirvió de base a esa incorporación en nómina.

Por su parte, la recurrida, en suma, ha concluido indicando que lo que en realidad por esta vía se pretende es reclamar de la imposición de una multa, que ha sido ya revisada, tanto en sede administrativa, como posteriormente por la judicatura laboral, manteniéndola esta última al resolver una reclamación que la recurrente interpuso en contra de dicha resolución, por haberse apreciado que dicho ejercicio había estado ajustado al mérito de las facultades legales correspondientes sin haber existido tampoco error de hecho.

CUARTO: Que, a fin de dilucidar el aspecto en debate, a partir de los antecedentes que fueron acompañados por los intervinientes, es posible a esta Corte estimar que los siguientes han sido hechos no controvertidos:

1.- Que la recurrida impuso a la recurrente la Multa N° 3970/18/44-1-2: a) por infracción a los artículos 184 inciso 1 y 2 y artículo 506 del Código del Trabajo, esto es, por no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral en las faenas y b) por infracción al artículo 76 inciso primero de la Ley N°16.744, en relación a los artículos 71 y 72 del D.S. 101 de 1968 y artículos 184 y 506 del Código del Trabajo, por no haber denunciado el accidente al organismo administrador respectivo. Se ordenó pagar por cada una de estas infracciones, una multa de 40 U.T.M.

2.- Que en el Boletín Laboral y Previsional aparecen informadas, con fecha 25 de abril de 2019, como pendientes de pago 3 multas, impuestas por la Inspección del Trabajo a la recurrente.

3.- Que, con fecha 16 de octubre de 2019, la SEREMI de Salud de la Región de los Ríos, inspeccionó a la recurrente, levantando un acta que daba cuenta de la ocurrencia de un accidente grave, ocurrido a un trabajador el 12 de octubre de 2018.

4.- Que se efectuó una fiscalización por la Inspección del Trabajo, producto de un accidente ocurrido en la empresa recurrente, el señalado día 12 de octubre de 2018, constando en el acta acompañada tanto una visita inspectiva, datada el 23 de octubre de 2018, como la circunstancia que al momento de realizar esta fiscalización, la recurrida fue informada de la visita realizada por la SEREMI de Salud.

5.- Que la recurrente presentó una reconsideración administrativa de multa ante la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, con fecha 30 de noviembre de 2018, cuyos argumentos dijeron relación con la supuesta incompetencia de ese órgano, por haberse iniciado un proceso de fiscalización de la SEREMI de Salud. Dicha reconsideración se resolvió, confirmándose la multa, con fecha 8 de enero de 2019, mediante resolución N° 16, del Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia.

6.- Que, ulteriormente, la recurrente presentó un reclamo judicial ante el Juez del Trabajo de Valdivia, por el pronunciamiento recaído en sede administrativa ante la imposición de las multas previamente señaladas, el que fue resuelto en términos negativos con fecha 14 de febrero de 2019, mediante sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, habiéndose desestimado la mentada reclamación.

QUINTO: Que forzoso es concluir, conforme al mérito de los antecedentes acompañados y en congruencia con los hechos establecidos en el considerando precedente, que la alegación efectuada por la recurrente respecto de la supuesta incompetencia de la recurrida para haber fiscalizado y, fruto de ello, impuesto una multa por determinadas infracciones descubiertas en el orden laboral, que constituye el objeto subyacente a este arbitrio, ya ha sido materia de discusión y decisión por parte de un Tribunal “a quo” especializado, naturalmente competente en esta índole de asuntos y en el marco de un procedimiento judicial idóneo al efecto inducido por el propio pretensor, según consta del respectivo ejemplar de sentencia datado el 14 de febrero del presente año, sin que resulte ser el presente recurso, por ende, la vía indicada para volver a revisarlo; máxime si la mentada determinación jurisdiccional se encuentra firme, en particular, por no haberse empleado de parte de quien acciona hoy buscando tutela sobre base constitucional, el medio propio de impugnación destinado al efecto, cual lo era el recurso de nulidad dispuesto por el ordenamiento jurídico del trabajo.

Bajo tal óptica, oportuno es tener presente que el respectivo Juez “a quo” dejó fijado como criterio en la materia concernida, que la recta interpretación del artículo 191 del Código del Trabajo no pasaba por reputarla una regla de competencia, impeditiva de la intervención de otros órganos, cuando hubiere prevenido la de un primer fiscalizador, que, en este caso, constaba haber sido de la SEREMI de Salud de Los Ríos, sino que se trataba más bien de una norma regulatoria de un orden de fiscalización no excluyente que, para el caso analizado, no privaba de su potestad de actuación a la Inspección del Trabajo en lo que tocaba a la verificación de cumplimiento de exigencias propias del ámbito laboral, lo cual ocurrió, de suerte que comprobado fue que las infracciones sancionadas consistieron en la no mantención de adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral y de falta de oportuna denuncia (no superior a 24 horas desde conocido el accidente) al respectivo órgano administrador (ACHS), conforme se consignó en el documento contenedor de la resolución de multa, signado con el N°3970/18/44, de 31 de octubre de 2018.

De este modo, claramente sucumbe la atribución de ilegalidad y arbitrariedad asignada al actuar de la entidad recurrida.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, acertado es considerar que la decisión de haber incluido a la recurrida en el Boletín Laboral, que es el acto concreto o evidente por el cual se reclama, ha sido adoptada en carácter consecuencial a las decisiones descritas precedentemente, en uso de sus atribuciones legales y como parte de los objetivos institucionales de la recurrida, conforme ha quedado en evidencia del tenor del sustento jurídico invocado en la parte enunciativa de la Resolución Exenta de la Dirección del Trabajo N°002602, de 24 de diciembre de 2014, a través de la cual se aprobó el contrato de “Elaboración, Administración, Distribución y Difusión del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, dentro de cuyas cláusulas y atendida su propia naturaleza, la información que en él se contiene, referida a la morosidad en el pago de las multas, no detenta el carácter de secreta o reservada ni podría hacerlo, a riesgo de enervar su fundamento. En muestra de lo aseverado baste remitirse a las cláusulas quinta (difusión directa) y sexta (distribución amplia) de la aludida convención.

En virtud de lo anotado, tampoco es factible advertir efectiva la ilegalidad o arbitrariedad de esta incorporación en nómina de morosos de la empresa Woods SpA, efectuada por la sede local de la Inspección del Trabajo.

SÉPTIMO: Que, no obstante pudiera ser suficiente para la desestimación del presente recurso la constatación representada en torno a la ausencia de un acto que evidencie caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, debe resaltarse que, conforme se estableció, la inclusión en la mentada lista se produjo sólo una vez que se hallaba firme o ejecutoriada la resolución de multa, de lo que se sigue que, en el ámbito de la primera de las garantías que se han citado como vulneradas en perjuicio de la empresa recurrente, esto es, la afectación presunta a la igualdad ante la ley, no se observa presente en este caso, toda vez que, por un lado, se ha informado por la recurrida que a todos aquellos deudores morosos que se encuentran en similar situación se les trata del mismo modo y, por otro, en atención a que no ha podido inferirse en lo concreto, que la alegación de la recurrente guarde efectiva relación con una conculcación al numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haberse acompañado antecedentes de contraste, que hubiesen hecho factible vislumbrar un tratamiento verdaderamente discriminatorio; lo que confirma la necesaria desestimación del arbitrio a este título.

OCTAVO: Que, por otra parte, ahora en relación a la supuesta transgresión del derecho a la honra, consagrado en el numerando 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, más allá de la conocida discusión doctrinaria acerca de la real posibilidad que las personas jurídicas sean pasibles de una afectación de esta naturaleza, que podría verse traducida en el deterioro de su prestigio institucional o corporativo e, inclusive, adoptando tal línea de reflexión, no puede perderse de vista que para ponderar que esta afectación haya existido y sea relevante, debió, en todo caso, tratarse de una inclusión injusta en el listado de deudores morosos; aspecto que no se ha logrado avizorar en la situación en examen.

En efecto, ha sido reconocido por la propia recurrente que su incorporación en la aludida nómina del Boletín Laboral se ha debido al no pago de las multas, más allá que las haya reputado injustamente impuestas, lo que ha quedado descartado, según lo plasmado en anteriores considerandos, desde que las sanciones ya han sido examinadas en diversas sedes, en su oportunidad.

El mote, entonces, de injustas de las deudas derivadas de las multas ha guardado relación únicamente con una interpretación disidente de la recurrente, que no ha sido compartida por los órganos encargados de la revisión de las mismas y que, por ende, erróneamente podría servir de válido basamento de esta acción de protección.

NOVENO: Que, así las cosas, ha logrado quedar en evidencia, en último término, que lo que realmente se ha pretendido por esta vía es que se declare que las multas aplicadas no han sido imputables a la recurrida y, por aquella razón, no debió ser publicitado su cobro ni su estado actual de morosidad.

Empero, pretender la exclusión de la recurrente de este registro como consecuencia del ejercicio de esta clase de acción tutelar, alegando la incompetencia del órgano recurrido para haber impuesto la pena pecuniaria, como especie de vicio original, es una discusión que no puede ser atendida en esta sede de urgencia, ya que, de lo contrario, por vía inepta se estaría modificando un acto que ya ha sido objeto de análisis jurídico, tanto por vía administrativa como por la judicial.

DÉCIMO: Que, como corolario de lo expuesto, fluye, por un lado, que no ha existido acto ilegal ni arbitrario que impugnar de parte del ente administrativo laboral, sin que el presente recurso constituya el derrotero idóneo para pronunciarse nuevamente acerca de la legitimidad del conocimiento de los hechos que motivaron la imposición de las multas, de cuya publicidad hoy se reclama; mientras, por otro, que tampoco se ha acreditado la conculcación de las garantías mencionadas por quien ha accionado; razones todas que sumadas impedirán que el presente recurso pueda prosperar.

Y visto, además, preceptos citados unidos a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Recurso de Protección, se RECHAZA el presente recurso interpuesto por el abogado, don Marco Antonio Rosas Leal, en representación de Woods SpA., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, legalmente representada por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, Sr. Luis Moisés Aedo Mora.

N°Protección-1050-2019.