nombre reservado con SERVICIO DE SALUD VALDIVIA

Valdivia, nueve de agosto de dos mil dieciocho.- Vistos:

Con fecha 29 de junio de 2018 nombre reservado, técnica administrativa, RUN N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, Valdivia, interpuso acción de protección contra el Servicio de Salud Valdivia representada por su Director subrogante nombre reservado, médico, ambos con domicilio en domicilio reservado, pretendiendo se decrete su reintegro inmediato a su puesto de trabajo en el Servicio de Salud Valdivia de la Región de Los Ríos y se ordene al Jefe superior de Servicio revocar la resolución que dispuso su destitución, disponiendo además el pago de todas las remuneraciones que le corresponda por el tiempo que ha estado desvinculada del servicio, con expresa condenación en costas.

Fundó su pretensión en que el recurrido incurrió en un acto arbitrario e ilegal, específicamente la Resolución Afecta Nº 22 de 01 de marzo de 2017, tomada de razón con alcance con fecha 20 de abril de 2018 (resolución N.º 10.315), notificada con fecha 25 de junio de 2018 a la recurrente, resolución que establece la determinación de aplicar la nombre reservado administrativa de destitución de acuerdo a los artículo 121 letra d) y 125 de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo, respecto de su puesto de trabajo en el Servicio de Salud de Los Ríos, hecho que afecta las garantías constitucionales y derechos fundamentales contenidas en el artículo 19 números 1, 2, 3, 4, 16, y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Añadió que ingresó al servicio público el 12 de junio del año 1995, desempeñando múltiples funciones administrativas en sus 23 años de servicio, agregando que desde el año 2011 a la fecha se desempeña como Oficial Administrativo cumpliendo funciones de secretaria en el departamento de recursos físicos del Servicio de Salud de Los Ríos, labores que siempre fueron realizadas con un alto sentido de profesionalismo, sentido de la responsabilidad y compromiso con el servicio de Salud de Valdivia, hechos certificables con evaluaciones hechas por el propio servicio que sitúan la sitúan como una profesional destacada entre sus pares, lo que llevó a la renovación de su contrata el 30 de noviembre de 2017 y que tornan inexplicable y completamente desproporcionada su desvinculación del Servicio de Salud de Valdivia.

Agregó que los antecedentes que determinan su desvinculación se encuentran en el sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta Nº 4888 de 20 de noviembre de 2015 de la Dirección del Servicio de Salud de Valdivia, continuada como Sumario Administrativo por Resolución Exenta Nº 5340 de 18 de diciembre de 2015 del mismo organismo público, sumarios que versaron sobre irregularidades administrativas vinculadas a las cobranzas realizados por el Hotel Puerta del Sur correspondiente a la cena aniversario del Servicio de Salud, actividad extra programática realizada en el mes de agosto de 2014. Así, a partir de un extenso sumario se concluyó que existía una discrepancia de fondos respecto a la cena de aniversario del Servicio de Salud para el año 2014, actividad que, reitera, constituyó un evento extra programático para el servicio donde se desempeñaba y para lo cual ella, voluntariamente, junto a dos funcionarias más se ofrecieron para brindar el servicio de coordinación y organización de dicho evento, que tuvo un presupuesto aproximado de $2.659.689, que debieron administrar y gestionar, fuera de sus jornadas laborales. Así, se realizó la cena aniversario sin contratiempo alguno, pero con posterioridad asoma una irregularidad respecto al pago de montos por concepto de arriendo de salones del hotel referido. Producto de este episodio se decide instruir una investigación administrativa que luego de diversas gestiones logra determinar que la suma impaga al acreedor (Hotel Puerta del Sur) ascendió a $297.689, discrepancia presupuestaria que nunca fue resuelta en su totalidad, pero en la que siempre se le inculpó, lo que en la especie implica atribuirle un delito de hurto sin ninguna investigación penal al respecto. En tales circunstancias, aún sabiendo que no existía plena certeza jurídica y con el fin de terminar con un hecho molesto provocado por la humana posibilidad de fallar, decide reponer esta suma faltante en octubre de 2016, solucionando cualquier menoscabo o problema con un acreedor privado, sin investigación penal de por medio y asumiendo cierta “responsabilidad de comisión” que en ningún caso puso en peligro el erario público o la imagen del Servicio ante sus usuarios.

Ahora bien, no conforme con la reposición de los montos objetados, la Dirección del Servicio de Salud de Valdivia mediante una forzosa y autoritaria interpretación y ponderación de elementos jurídicos decide aplicarle la máxima sanción, esto es la destitución de su cargo con fecha 18 de abril de 2016.

Continua relatando que resueltas las reposiciones y deducidos recursos de reclamación en contra del criterio del Servicio de Salud de Valdivia, es la Contraloría Regional de Los Ríos quien se pronuncia al respecto mediante su Resolución Nº 4144 de 27 de julio de 2016 que representa la resolución Nº 1.029 de 2016 del Servicio de Salud de Valdivia, señalando lo siguiente: “Como menester señalar que se advierte del análisis del expediente sumarial que las conductas sancionadas se relacionan con la organización de una actividad conmemorativa que no se vincula con los fines del servicio ni con el cumplimiento de obligaciones funcionarias propiamente tales”… agrega el órgano contralor que respecto a las pruebas producidas en el sumario “no resultan suficientes para establecer cuáles fueron los hechos que se estiman como inobservancia de sus deberes, ya que del análisis del expediente no se advierte como esa fiscalía determina las sumas recibidas por las inculpadas ni el saldo no declarado, tampoco se visualiza cómo la falta de gestión en la administración del dinero –como se indica en la vista fiscal- pueda importar una vulneración al principio de probidad administrativa”.

En suma, la Contralora Regional ordena retrotraer el sumario a su etapa indagatoria. Consecuentemente el Servicio de Salud de Valdivia ordena la reapertura del sumario con fecha 28 de julio de 2016. Dentro de las nuevas gestiones se logró determinar la suma faltante en esta gestión de pagos de manera ya exacta definiéndola en $297.689. Además luego de dos años de sucedidos los hechos no existía perjuicio alguno para el servicio ni para cualquier tercero, pero el Servicio tozudamente decidió continuar con la tramitación sumarial. Así, se llega a un acto terminal de la administración, contenido en la Resolución Exenta Nº 216 del Servicio de Salud de Valdivia de 17 de enero de 2017 donde nuevamente se le aplica la nombre reservado. Dicha resolución fue recurrida de reposición, la que fue rechazada por la autoridad, y nuevamente se concurrió a la Contraloría Regional de Los Ríos quien en la toma de razón del decreto de destitución, en su resolución Nº 1421 de 21 de marzo de 2017, reitera los vicios interpretativos y los errores jurídicos en que incurre el Servicio de Salud de Valdivia señalando que “las conductas sancionadas se relacionan con la organización de una actividad conmemorativa que no se vincula con los fines del servicio ni con el cumplimiento de obligaciones funcionarias propiamente tales” agregando que del proceso “no es posible establecer fehacientemente que la funcionaria haya percibido y retenido los dineros recaudados a los funcionarios para la realización de la actividad en cuestión, por lo que no se encuentra suficientemente acreditado que exista una vulneración al principio de probidad administrativa”.

Posteriormente el Director del Servicio de Salud Valdivia, Dr. nombre reservado, mediante el ordinario 624 de 10 de abril de 2017, solicita reconsideración de la resolución N.° 22 de 2017 del Servicio de Salud Valdivia, solicitando que se haga efectivo la destitución de la funcionaria, ante lo cual el ente regional mantiene su acertado criterio interpretativo. Tras ello, el mismo Director del Servicio ejerce recurso jerárquico con fecha 4 de agosto de 2017 mediante el ordinario 1417, donde se solicita la revisión por parte de la Contraloría General de la República de la representación de Resolución N.º 22 de 2017 del Servicio de Salud Valdivia realizada por la Contraloría de Los Ríos. Así, la Contraloría General dio curso al recurso con fecha 20 de abril de 2018 mediante la resolución N.º 10.315 señalando únicamente que la resolución de destitución se encuentra ajustada a derecho, sin ninguna valoración o interpretación de hechos y derechos, estableciendo como única salvedad formalidades para la notificación de la resolución, la que finalmente se le notificó con fecha 25 de junio de 2018.

Afirma que la ilegalidad se manifiesta en que la decisión de desvincularla de sus funciones se encuentra íntimamente relacionada con la no observancia de leyes administrativas e incluso procesales penales que rigen la materia. En primer término, existe una interpretación ilegal tanto de la esfera de aplicación normativa, como de las normas de asignación de responsabilidad y sanciones presentes en el Estatuto Administrativo, en concreto respecto a los artículos 119, 120, 121 letra d) y 125 de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo, por cuanto no pudiendo establecerse vinculación obligacional del funcionario público respecto a los hechos imputados, no se pueden imponer sanciones administrativas a estas conductas. Por lo demás no existiendo certeza plena respecto al destino de los fondos perdidos, ella decidió reponerlos de buena fe, asumiendo su responsabilidad moral por el hecho de haber encabezado esta comisión extra programática cuestionada en la rendición de gastos. Ahora, la vinculación forzosa y la completa falta de ponderación normativa y prudencia en la determinación de la sanción administrativa, demuestra una errada e ilegal interpretación de la norma.

Asimismo existe vulneración del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, ya que del análisis de los hechos y para entender el ejercicio que la Dirección del Servicio de Valdivia intentó realizar, se indica la existencia de la pérdida de un monto cuya propiedad no era de la recurrente y de acuerdo al informe jurídico emanado de la asesora legal del Servicio de Salud de Valdivia, dichos montos fueron sustraídos por ella. Dicha supuesta acción cometida corresponde a un hurto, delito sancionado en el Código Penal por lo que se debió denunciar dichos hechos al Ministerio Público ya que la gravedad de las aseveraciones y razonamientos que en este sumario se han ventilado, hacen creer que dicha actitud ocurrió y que fue sancionada por parte de la autoridad administrativa y no como corresponde, por la jurisdicción penal. Cobra mayor sentido esta hipótesis atendido el tenor del artículo 120 de la ley 18.834 que establece la separación de las responsabilidades penales y administrativas, tomando el caso que en caso de absolución o cualquier término equivalente jurisdiccional que exonere de responsabilidad penal al funcionario, la responsabilidad administrativa cesa; pero en este caso, nada de eso sucedió, se actuó de manera unificada determinando hechos que corresponden al análisis penal desde el ejercicio de un sumario administrativo, obteniendo así argumentos categóricos para determinar su responsabilidad ante los hechos. Contraloría Regional de Los Ríos, lo advierte, el servicio recurrido insiste y el nivel central no examina con la rigurosidad debida los antecedentes del caso, dictando una resolución de toma de razón que en ningún caso puede ser considerada como suficiente desde los estándares contemporáneos de motivación y argumentación de las resoluciones contencioso administrativas.

Así, la Dirección del Servicio de Salud Valdivia, sus asesores jurídicos y su director se constituyen errónea y obcecadamente, en una verdadera Comisión Especial que vulnera el mandato constitucional del debido proceso y actúa en una esfera legal completamente injustificada, resolviendo desde lo estrictamente administrativo hechos que potencialmente revisten características penales, con la consabida norma legal que obliga a los funcionarios públicos a denunciar y todo un procedimiento establecido para resolver y asignar responsabilidades sobre hechos punibles.

Finalizó indicando que además de la ilegalidad denunciada, la arbitrariedad resulta evidente, pues es posible apreciar por medio de una simple lectura, lo forzoso de la interpretación de hechos y normas en que incurre la administración recurrida y la ausencia de una justificación técnica completa que aporte a la adecuada fundamentación de la razonabilidad de la decisión recurrida.

Con fecha 2 de agosto de 2018 la recurrida informó la acción de marras solicitando su rechazo, reconociendo previamente los antecedentes contractuales que refiere la recurrente en su libelo. Agregó igualmente que por Resolución Exenta N.° 4888 de 20 de noviembre de 2015 de la Dirección del Servicio de Salud Valdivia se instruyó una Investigación Sumaria para esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas vinculadas a las cobranzas realizadas por el Hotel Puerta del SUR, por saldo de deuda correspondiente a la cena de aniversario del Servicio de Salud Valdivia realizada en el mes de agosto de 2014. A dicha Investigación le prosiguió un Sumario Administrativo conforme a lo dispuesto en Resolución Exenta N° 5340 de fecha 18 de diciembre de 2015. Así, el Fiscal de dicho Sumario Administrativo, con fecha 14 de octubre de 2016 procedió a formular cargos contra doña nombre reservado, los cuales fueron notificados a la inculpada con fecha 25 de octubre de 2016, habiendo formulado sus descargos con fecha 10 de noviembre de 2016. Tras ello el Fiscal procedió a elaborar sus Vistas y a proponer la aplicación de nombre reservado a doña nombre reservado por considerar que las conductas objeto de los cargos infringieron gravemente el Principio de Probidad Administrativa, criterio que fue compartido en Informe Jurídico de fecha 12 de enero de 2017. Luego, a través de la Resolución Exenta N.° 216 de fecha 17 de enero de 2017 de la Dirección del Servicio de Salud Valdivia, notificada a la inculpada con fecha 20 de enero de 2017, se aplicó a nombre reservado de “nombre reservado”.

Con fecha 27 de enero de 2017, doña nombre reservado deduce Recurso de Reconsideración respecto de la Resolución precedente y a través de la Resolución Exenta N° 724 de fecha 22 de febrero de 2017 de la Dirección del Servicio de Salud Valdivia, notificada a la inculpada con fecha 23 de febrero de 2017, se rechazó el Recurso de Reposición deducido. A través de la Resolución Afecta N°22 de fecha 01 de marzo de 2017 de la Dirección del Servicio de Salud Valdivia, se le aplicó a doña nombre reservado. Dicha Resolución fue representada por la Contraloría Regional de Los Ríos a través del Oficio Nº 2078 de 2 de mayo de 2017, por considerar que no se configuraba falta grave a la probidad administrativa en las conductas imputadas a la recurrente. Respecto de dicho Oficio, el Servicio de Salud Valdivia dedujo Recurso Jerárquico para ante la Contraloría General de la República con fecha 4 de agosto de 2017. Mediante Oficio n.º 10.315 de fecha 20 de abril de 2018, la Contraloría General de la República informa a este Servicio de Salud que ha cursado la Toma de Razón de la Resolución Afecta N° 22 de fecha 1 de marzo de 2017, la cual fue notificada a nombre reservado con fecha 25 de junio de 2018, aplicándose desde esa fecha a la recurrente la nombre reservado.

Como consecuencia de tal relación de hechos el recurrido alegó improcedencia de la acción cautelar de protección para impugnar resolución que aplica una nombre reservado, en contexto de un sumario administrativo, ya que existe un procedimiento administrativo que regula expresa y exhaustivamente la materia, y que en definitiva, es el que debe tener aplicación en el caso objeto de estos autos, en la forma establecida en dicho proceso disciplinario, visado en su legalidad por la Contraloría General de la República. En efecto, los artículos 119 y siguientes del D.F.L. n.º 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo se encargan de regular detalladamente cómo debe hacerse efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, indicándose en el inciso segundo del art. 119 del referido texto legal, que si la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una nombre reservado, deberá ser acreditada a través de una investigación sumaria o sumario administrativo, procedimientos disciplinarios enteramente reglados en el mismo cuerpo normativo.

Asimismo, y una vez aplicada una eventual nombre reservado, pueden interponer ante la Contraloría General de la República una reclamación por los vicios de legalidad que se hubieran producido en la sustanciación de un proceso disciplinario y que afecten sus derechos funcionarios (artículo 160 dela Ley Nº18.834).

Mal -entonces- puede prosperar la pretensión de la recurrente de desvirtuar la decisión administrativa a través un Recurso de Protección, habiendo el legislador previsto un procedimiento de impugnación distinto y específico (tal como lo establece el considerando tercero de Sentencia de Corte Suprema en causa Rol N°7.719-2015).

Sin perjuicio de lo anterior, alegó que para que se pueda otorgar la protección urgente se requiere la vulneración de una garantía constitucional amparada por esta acción, es menester que ésta se haya visto afectada por una acción u omisión ilegal o arbitraria. Sólo en caso de darse alguna de estas premisas, es decir, la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, condiciones que no son copulativas, según surge de la redacción del precepto Constitucional que la consagra, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas, ya que de otro modo esta última tarea podría no revestir utilidad Ahora bien, en cuanto a la legalidad del acto impugnado ocurre que los organismos de la Administración del Estado, se encuentran sometidos en el ejercicio de sus Funciones a las normas constitucionales contempladas en los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental. En concordancia con lo anterior, las facultades y competencias del Director del Servicio de Salud Valdivia como Jefe Superior del establecimiento de autogestión en red que es el mismo, han sido establecidas tanto en el DFL N°1 del año 2005 del Ministerio de Salud como el DS N°140 del año 2004 del mismo Ministerio.

Así, el Decreto con Fuerza de Ley N.° 1, de 2005, del Ministerio de Salud -que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley n.° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469-, prescribe en su artículo 16, que los Servicios de Salud son organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Al respecto, corresponde indicar que conforme al principio de juridicidad consagrado en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 65 N° 2 de la misma Carta, y al texto expreso del artículo 33, inciso tercero, de la ley n.° 18.575, la atribución de potestades a los órganos estatales que ejercen la función administrativa corresponde única y exclusivamente a la ley.

Así, en el caso sub lite, dicha exigencia se cumplió a través del decreto con fuerza de ley N.° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, en cuyo Capítulo II Título I crea a los Servicios de Salud y determina sus funciones y atribuciones.

Así, el artículo 20 del último texto normativo indicado, señala que el Director del Servicio de Salud está a cargo del mismo, señalando en su artículo 22 que dicho Director será el jefe superior del Servicio.

A su turno, el artículo 23, dispone que, en el Director del Establecimiento estará radicadas las facultades de dirección, organización y administración del mismo, agregando, en la letra g) de ese precepto, que tendrá la atribución de ejercer respecto del personal todas las facultades que correspondan a un jefe superior de servicio descentralizado.

En atención a las normas precedentemente transcritas, es dable concluir, que en la especie corresponde al Director del Servicio de Salud Valdivia ordenar la instrucción del proceso sumarial como el que origina la Resolución que se pretende impugnar por el presente Recurso de Protección, ya que el Servicio de Salud Valdivia es un órgano descentralizado funcionalmente y, precisamente, una de sus atribuciones en tal calidad conforme a las normas de la Ley 18.575 es la relativa a la responsabilidad administrativa del personal de este Servicio de Salud.

En relación con lo anterior, señaló que cabe tener presente que conforme al tenor expreso de los artículos 126, 128 y 129, de la ley n.° 18.834, sobre Estatuto Administrativo -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL n.° 29, de 2004, del Misterio de Hacienda, es la autoridad dotada de la potestad disciplinaria la que debe estimar si los hechos son susceptibles de ser sancionados con una nombre reservado, caso en el cual dispondrá la instrucción de un proceso sumarial, toda vez que, tal como lo ha precisado la Contraloría General en sus dictámenes N° 14.009, de 1972 y 26.643, de 1990, la facultad de decretar la iniciación de un procedimiento sumarial se ejerce de oficio por las autoridades investidas, conforme a la ley, de la potestad disciplinaria.

A su vez, señaló que respecto de la facultad para aplicar medidas disciplinarias por parte del Director del Servicio de Salud Valdivia -en conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 de la citada ley n.° 18.834, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, 22 y 23, letra g), del referido DFL n.° 1, de 2005, del Ministerio de Salud-, debe considerarse, por una parte, la naturaleza del vínculo jurídico que une a la funcionaria inculpada con la Administración, y por otra, si las medidas impuestas son expulsivas o no expulsivas; por lo que en el caso de la especie tratándose de una nombre reservado, el Director del Servicio de Salud Valdivia en su calidad de Jefe Superior de Servicio tiene la potestad jurídica para aplicarla.

Por otra parte, la Resolución Afecta N° 22 de fecha 01 de marzo de 2017 de la Dirección del Servicio de Salud Valdivia, la cual aplicó a nombre reservado de “nombre reservado”, fue remitida a la Contraloría Regional de Los Ríos y luego, al ser representada por este órgano de Control, a la Contraloría General de la República para cumplir con el examen de legalidad de la misma, siendo Tomada Razón dicha Resolución Afecta con fecha 20 de marzo de 2018.

De esta manera, el Servicio de Salud Valdivia ha actuado dentro del marco de sus competencias y con estricta sujeción a las normas que rigen su actividad; en este caso, tramitando un procedimiento disciplinario que culminó en un acto administrativo que es el que se impugna a través de este Recurso. Así las cosas, el acto recurrido se ajusta completamente a Derecho, a las normas aplicables al caso concreto, y por lo tanto no puede entenderse que el acto recurrido sea ilegal, sujetándose según lo expuesto a los principios de legalidad y competencia consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República.

Por otro lado, en cuanto a supuesta arbitrariedad en la destitución cabe indicar que la actuación administrativa recurrida cumple los requisitos establecidos tanto en los artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo en cuanto a los requisitos de tramitación de un procedimiento disciplinario; así como los establecidos en la ley 19.880 Bases De Los Procedimientos Administrativos. Esto es, se trata de una manifestación de voluntad realizada en el ejercicio de una competencia pública, de carácter fundado, y que tuvo en consideración las facultades de la administración. Así, el acto recurrido no puede ser calificado como un acto meramente caprichoso de la Dirección del Servicio de Salud Valdivia pues, por el contrario, se trata de una decisión que tuvo como fundamento un proceso previo legalmente tramitado y que se sustenta sobre la base de hechos debidamente analizados por la Dirección de esa época del Servicio de Salud.

Finalmente, en cuanto a las supuestas garantías constitucionales infringidas, señaló que la actuación del Servicio de Salud Valdivia se ajusta a los méritos del proceso y a sus facultades legales como órgano descentralizado, no pretendiendo en caso alguno afectar derecho fundamental alguno de la recurrente.

Además, el acto recurrido se trata de una decisión que tuvo como fundamento un proceso previo legalmente tramitado y que se sustenta sobre la base de hechos debidamente analizados por la Dirección de esa época del Servicio de Salud; siendo la sanción adoptada confirmada por la Contraloría General de la República, que –entendemos- analizó y ponderó que dicha sanción no vulnera esta garantía constitucional.

Por otro lado, la actuación del Servicio de Salud Valdivia se ajusta a los méritos del proceso y a sus facultades legales y todos los actos administrativos dictados con ocasión del proceso disciplinario –más allá que se pueda discrepar de su determinación de la gravedad de los hechos objeto de la infracción- fueron debidamente fundados. En ese sentido, no corresponde a este órgano hacerse cargo de la falta de fundamentación del Ordinario N.º 10.315 de la Contraloría General de la República a través del cual se acogió el Recurso Jerárquico de este servicio y que determinó Tomar Razón de la Resolución objeto de este Recurso.

Igualmente, tiene la convicción, y así se estableció en el procedimiento disciplinario respectivo, que la recurrente en sus actuaciones objeto de reproche administrativo no obró en el ámbito de su vida privada sino que en su calidad de funcionaria pública; por lo que no existe vulneración de este derecho fundamental.

Oportunamente se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción destinada a resguardar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producidas a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado. Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

Segundo: Que se ha recurrido de protección por doña nombre reservado contra la resolución n.° 22 de 1 de marzo de 2017 emanada del Director del Servicio de Salud Valdivia, la cual dispuso su destitución en razón de estimar que los hechos que se le atribuyen y que se tuvieron por acreditados en el marco del sumario administrativo respectivo, constituyen vulneraciones a obligaciones funcionarias.

Tercero: Que, no obstante no haberse aparejado el sumario respectivo a efectos de contar con mayores antecedentes, los hechos que motivaron la indagación sumaria que finalizó con la resolución recurrida dicen relación con eventuales responsabilidades administrativas vinculadas a las cobranzas realizadas por el Hotel Puerta del Sur, por saldo de deuda correspondiente a la cena de aniversario del Servicio de Salud Valdivia, realizada en agosto de 2014. Así se desprende de la propia resolución recurrida al especificar el origen de la investigación y de lo manifestado por las partes en sus escritos respectivos.

Por otro lado, cabe dejar asentado que no se controvierte por el recurrido que dicha cena constituyó una actividad extra programática en cuya organización y coordinación intervino la recurrente por voluntad propia.

Cuarto: Que, conforme se desprende de la resolución N° 1421 de fecha 21 de marzo de 2017 emanada de la Contraloría Regional de Los Ríos, en el marco del sumario incoado contra la recurrente se le formularon dos cargos; el primero dice relación con incumplimiento de la obligación que pesa sobre los funcionarios públicos en orden a realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficacia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución; el segundo, haber percibido y retenido parte de los dineros recaudados para la realización de una actividad conmemorativa del servicio.

Quinto: Que, de lo expuesto por las partes no se advierte por esta corte cómo la organización de una actividad que no se halla dentro de las funciones propias del Servicio de Salud puede conllevar afectación de los objetivos de la institución. En efecto, es hecho no controvertido que lo que motivó el sumario contra la recurrente de protección fue la organización de una cena aniversario del Servicio, en lo cual la recurrente colaboró voluntariamente, sin que ello constituya una función propia de su cargo. De ahí que malamente ello pueda conllevar incumplimiento de la obligación que le asiste en tanto funcionario público de realizar sus labores debidamente.

Sexto: Que por otro lado, dada la naturaleza y relevancia de los hechos que se le atribuyen y que configuran el segundo cargo, esto es, haber percibido y retenido los dineros recaudados para la realización de la actividad en cuestión, el Servicio debió haber formulado denuncia penal conforme a la regla del artículo 175 del Código Procesal Penal a fin que en sede judicial se determine la existencia de tales hechos y la eventual responsabilidad que en ellos se le atribuye a la recurrente.

El no haber efectuado dicha denuncia y haber concluido por sí mismo la existencia de los hechos y la responsabilidad de la recurrente en ellos implica vulneración a la garantía del debido proceso, desde que hechos con relevancia penal necesariamente deben pasar por el conocimiento y resolución de los Tribunales de Justicia, únicos investidos de la autoridad de destruir la presunción de inocencia que favorece a todo ciudadano y atribuir responsabilidades de dicha naturaleza.

Séptimo: Que, en suma, ha habido por parte del recurrido ilegalidad tanto a la hora de calificar los hechos como infracciones a deberes funcionarios, como asimismo a la hora de dar por acreditado y sancionar hechos con relevancia penal sin existir pronunciamiento previo por parte de la autoridad judicial.

Octavo: Que sin perjuicio de lo anterior, la decisión de desvinculación tomada respecto de la recurrente también aparece como arbitraria, dada su desproporción con los hechos que originaron el sumario administrativo, desde que tratándose de una funcionaria pública con 23 años de trayectoria sin que conste habérsele sancionado previamente por su cometido funcionario y sin siquiera haberse hecho presente situaciones de mal comportamiento funcionario, dicha sanción disciplinaria aparece como desmedida, considerando que se trató de una situación que, como se señaló previamente, no comprometía el cumplimiento de los fines y objetivos del Servicio de Salud.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto por el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, y artículos 121 y 125 del Estatuto Administrativo, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Salud de Valdivia, y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución N° 22 de fecha 1 de marzo de 2017 que dispuso la destitución de la recurrente, debiendo el Servicio de Salud recurrido reintegrar a la recurrente en sus funciones y solucionar las remuneraciones y demás estipendios a que tenía derecho por todo el periodo que estuvo separada ilegal y arbitrariamente de sus funciones.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras quien fue del parecer de rechazar el presente recurso de protección por los siguientes fundamentos:

Primero: Que existiendo en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo, para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos funcionarios, resulta evidente que ésta no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

Segundo: Que en la especie, dicho presupuesto no concurre por cuanto lo que se persigue por la recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto la decisión de la autoridad administrativa en orden a aplicarle una sanción de destitución, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala y el voto de minoría por su autor.

Rol 1034 – 2018 PRO.