Protección contra Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Foja: 37 Treinta y Siete Valdivia, nueve de septiembre de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 13, don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, representada por su Intendenta doña nombre reservado.

Sostiene, en síntesis, que desde el 2 de enero de 1998 se le otorga atención médica en el Instituto de Seguridad del Trabajo, a consecuencia de un accidente del trabajo, de conformidad a los artículos 58 y siguientes de la Ley 16.744 y artículos 75 y 76 del D.S, 101/1968 del Ministerio del Trabajo.

Indica que a consecuencia de dicho accidente es beneficiario de una pensión de invalidez total, con un porcentaje de incapacidad actualmente establecido en el Ordinario Nº66815 de 9 de octubre de 2014 de la Superintendencia de Seguridad social, equivalente a un 70%. Explica que dicho porcentaje ha sido permanentemente objeto de impugnación por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo, siendo la situación finalmente zanjada mediante la dictación del referido Ordinario.

Dice que no obstante lo anterior, siempre la base de cálculo de la pensión fue la suma de $ 845.616 mensuales, dado que fue su última remuneración a la fecha en que ocurrió el accidente, valor determinado por la Resolución NºAP-28-98 de 11 de noviembre de 1998 del Instituto de Seguridad del Trabajo. En base a dicha base de cálculo, su pensión de invalidez ascendía a la suma mensual de $ 940.016.

Expresa que con fecha 7 de julio de 2015, fue recepcionada en la Oficina de Correos de Valdivia, el Ordinario Nº38818 de 19 de junio de 2015, de la Intendencia de Seguridad y salud del Trabajo, a través de la cual se resuelve que se rechazan las presentaciones realizadas por su parte en contra de lo resuelto por el Instituto de Seguridad del Trabajo, en cuanto a la modificación en forma unilateral de la base de cálculo y establecer que la misma asciende a la suma de 67.724, al año 1998, por lo que su valor actual a pagar por pensión asciende a la suma bruta de $ 142.274.

Sostiene que es ilegal y arbitrario dicho proceder de la Intendencia, que lo compele, además a la devolución de los saldos respectivos, desconociendo las normas básicas de prescripción extintiva del ejercicio de esta facultad de recalculo, establecida en el artículo 4º de la Ley 19.260.- Estima vulnerada con la acción descrita sus garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nº1 (derecho a la integridad psíquica); 19 Nº2 (igualdad ante la ley); y 19 Nº24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política.

Pide se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto su decisión de recalcular la base de cálculo de su pensión de invalidez total, manteniendo a firme la base de cálculo establecida en la resolución NºAP-28-29 del 11 de noviembre de 1998 del Instituto de Seguridad del Trabajo y, asimismo dejar sin efecto la orden de devolución de los saldos originados en su contra.

A fojas 31, don Tomás Reyes Gómez, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, informa el recurso. Expone en síntesis, que tras un nuevo estudio de los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado por parte de profesionales abogados de la Intendencia de Seguridad y Salud Social, dicha Superintendencia, mediante Oficio Nº54.737, de 31 de agosto de 2015, reconsideró el oficio impugnado mediante la acción de protección. Lo anterior, por cuanto, como se lee en el oficio cuya copia adjunta, por tratarse en la especie de la revisión de un beneficio ya concedido con anterioridad (septiembre del año 1998), en la actualidad solo procede la modificación de la pensión de invalidez, basada en la norma del artículo 63 de la Ley Nº16.744, de tal forma que debe mantenerse inalterada la base de cálculo de la pensión que se utilizó originalmente para su cálculo.

Señala lo anterior, por cuanto, como se indica en el dictamen reconsiderado, los regímenes previsionales sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social solamente pueden revisar los beneficios ya concedidos antes de los tres años contados desde su otorgamiento, conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley 19.260, no resultando procedente modificar actualmente la base de cálculo utilizada en la Resolución, por lo que al no tener causa de pedir la acción de protección de autos ni medida que adoptar, solita el rechazo de la acción.

Sin perjuicio de lo anterior, alega la extemporaneidad de la acción y la improcedencia de la misma, atendido que el actor pretende con su interposición discutir los antecedentes fácticos de una pensión de invalidez definitivamente fijada en octubre de 2014, lo que constituye una manifestación del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción constitucional en comento, además de no existir vulneración, perturbación o amenaza alguna a las garantías del actor, atendido el mérito de lo resuelto en la reconsideración.

Solicita el rechazo de la acción incoada.

A fojas 35, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, para que proceda el Recurso de Protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. De este modo, el ámbito de esta acción cautelar comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que, atendido el mérito de lo expuesto por la parte recurrida en su informe y antecedentes agregados a la causa, aparece de manifiesto que la decisión impugnada en el recurso fue debidamente reconsiderada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Oficio Ord. Nº54737, de 31 de agosto de 2015 (fojas 30), dictamen en el que dispone expresamente mantener la base de cálculo que hasta antes del incremento de la incapacidad del actor establecida el año 2014, era utilizada para la determinación de su pensión de invalidez, de lo que dimana que el acto recurrido fue dejado sin efecto por la propia entidad fiscalizadora mediante la dictación de un acto posterior.

Tercero: Que, en consecuencia, no existiendo actualmente un acto arbitrario o ilegal que sea susceptible de amagar los derechos constitucionales del recurrente, no se justifica la tutela constitucional reclamada mediante la acción interpuesta, pues como quedó asentado en el motivo primero precedente, la acción de amparo de derechos constitucionales constituye una medida de carácter cautelar excepcional y para casos urgentes en que se vea conculcada alguna de las garantías amparadas por el constituyente en el artículo 20 de la Carta Fundamental, presupuestos que no concurren en la especie, razón por la que el recurso será desestimado.

Cuarto: Que, en razón que la acción incoada será rechazada, se omitirá pronunciamiento respecto de las demás alegaciones invocadas por la recurrida, por resultar inoficioso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido a fojas 13 por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a fojas 21.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Rol Nº1034 – 2015. CIV.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, integrada por la Ministra Srta. RUBY ANTONIA ALVEAR MIRANDA y Abogado Integrante Sr. RICARDO HERNÁNDEZ MEDINA. No firma el Ministro Sr. JUAN IGNACIO CORREA ROSADO, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por encontrarse con permiso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales. Autoriza la Secretaria Sra. ANA MARIA LEÓN ESPEJO.

En Valdivia, nueve de septiembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Sra. nombre reservado, Secretaria Titular.