Protección contra Comité De Ética y Disciplina Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio

Valdivia, diez de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, asistente social, asociada a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en la Región de los Ríos, con domicilio en domicilio reservado, deduce acción de protección en contra del Comité De Ética y Disciplina Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Desarrollo Social y también en contra de Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de La Región de Los Ríos, representada por doña nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por no haber cumplido los Estatutos de la Asociación para defenderla como asociada, y el haber celebrado asambleas donde se ha expuesto la situación que le afecta personalmente, como debate público.

Estima que este acto afecta el libre ejercicio de su derecho de asociación y sindicación, derechos que se encuentran reconocidos en los números 15 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Funda su recurso señalando que el 1 de marzo de 2018 se efectúa en su contra denuncia, por parte de doña nombre reservado a los señores Miembros del Comité de Ética y Disciplina de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social; el 29 de marzo de 2018, se le notifica denuncia efectuada por doña nombre reservado; el 5 de abril de 2018 presenta sus descargos en este procedimiento; con fecha 3 de mayo de 2018, se le notifica sentencia del CED, que resuelve sancionarla con la suspensión de derechos sindicales por doce meses, lo cual implica la imposibilidad de participar en asambleas, votar y presentarse como candidato. Lo anterior, indica, se fundamenta en un claro ejercicio de prácticas antisindicales contra sus colegas y socios de organización, considerando su calidad previa de jefatura de la denunciante y personas que presentan antecedentes complementarios, lo cual ratifica la validez de los hechos denunciados; con fecha 16 de mayo de 2018, presenta nulidad de lo obrado, en subsidio, solicitud de revisión del fallo CED, presentaciones basadas sustancialmente en el hecho de que dicha decisión a la que llegó este Comité, se basó en un procedimiento parcial y sin consideración al principio del debido proceso; con fecha 29 de mayo de 2018, se le notifica la resolución final del Comité de Ética y Disciplina de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que mantuvo lo resuelto anteriormente, esto es, mantener la suspensión de derechos sindicales por doce meses, lo cual implica la imposibilidad de participar en asambleas, votar y presentarse como candidato.

Señala que no recibió ningún apoyo de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social al que pertenece, pese a haber tomado conocimiento de la resolución de 3 de mayo de 2018, como de la decisión final del Comité de Ética y Disciplina del Ministerio de Desarrollo Social, de 29 de mayo de 2018. Indica que la misma Asociación, sabiendo del fallo final del Comité, ha convocado a reuniones de asamblea, en donde se ha expuesto su nombre y su caso, sin nuevamente, tener la oportunidad de participar y defenderse, ante sus compañeros.

Hace presente que en la sentencia del Comité de Ética y Disciplina del Ministerio de Desarrollo Social, notificada el 3 de mayo de 2018, se indica que hubo personas que en este caso presentaron antecedentes complementarios, respecto de los cuales no tomó conocimiento de los mismos, por lo que no tuvo la oportunidad de revisarlos, objetarlos o debatir su contenido, lo que vulnera el principio de contradicción imperante en procesos en donde existe una controversia entre dos partes contrapuestas y un tercero que dirime, principio que se consagra en el mismo Código de Ética y Disciplina de la ASOFUMI, Asociación a la que también pertenece. Tampoco, se identifica o individualiza las personas que presentaron estos antecedentes complementarios.

Afirma que lo anterior, afecta el principio del debido proceso en este procedimiento y vulnera gravemente su derecho a defensa. Además, se vulneran las garantías constitucionales de libertad de asociación contemplada en el artículo 19 numeral 15 y libertad de sindicarse contemplada en el artículo 19 numeral 19, ambas de la Constitución Política de la República de Chile.

Hace presente que la Constitución garantiza el derecho de sindicación en los casos y la forma que la ley lo establezca, siendo en este sentido el Código del Trabajo el principal instrumento de consagración y regulación de este derecho, cuya aplicación es general para todos los trabajadores exceptuando a los “funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”, según se establece en el artículo 1, inciso segundo, de dicho código. Hace alusión a lo dispuesto en el artículo 212 del Código del Trabajo.

Indica que la ley N°19.296, que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, se hace cargo de la regulación del derecho de sindicación en los funcionarios públicos, derecho que la ley trata como de asociación en vez de sindicación.

Menciona que dicha Ley, en su artículo 7°, dice los fines para los cuales son concebidas las asociaciones de funcionarios, es un catálogo no taxativo, que se pueden resumir en aquellos fines: i) tendientes a mejorar las remuneraciones y condiciones de trabajo de sus asociados, como ocurre en la letra a) al “promover el mejoramiento económico de sus afiliados y de las condiciones de vida y de trabajo de los mismos, en el marco que esta norma permite”; ii) relativos a ofrecer información y al planteamiento de sus criterios frente a la autoridad, como lo es en el caso de la letra e) al “dar a conocer a la autoridad sus criterios sobre políticas y resoluciones relativas al personal, a la carrera funcionaria, a la capacitación y a materias de interés general para la asociación”; y iii) en beneficio directo de los socios, cuestión que se ejemplifica en la letra g) “realizar acciones de bienestar, de orientación y de formación gremiales, de capacitación o de otra índole, dirigidas al perfeccionamiento funcionario y a la recreación o al mejoramiento social de sus afiliados y de sus grupos familiares”.

Concluye diciendo que el tratamiento que hace la ley sobre el derecho de asociación es similar al régimen que existe sobre el derecho de sindicación que hace el Código del Trabajo, tanto en un aspecto formal que se traduce en el derecho de constitución y de afiliación, como de fondo, tal como se reproduce en las finalidades que ambas instituciones cumplen, y considera que la resolución requerida afecta directamente su derecho de asociada ya que no le permite ejercer los fines, que precisamente han motivado su afiliación a la asociación de funcionarios.

Solicita se deje sin efecto la citada resolución o bien que se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, con costas.

A continuación doña nombre reservado, informa conjuntamente por el Comité de Ética y Disciplina, como por la Directiva Regional de la Asociación de Funcionarios, indicando que ambas instancias carecen de personalidad jurídica propia por pertenecer a la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Rut RUT reservado

Hace presente como antecedentes fácticos que inciden en la controversia, los siguientes: La señora nombre reservado, se afilió libre y voluntariamente a la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social el día 9 de marzo de 2015.

Al momento de afiliarse recibió copia de los Estatutos de la Asociación y firmó una carta donde dice conocer la Ley 19.296 y el Estatuto antes mencionado, aceptando sus obligaciones, derechos y deberes.

Con fecha 8 de marzo de 2018, la funcionaria nombre reservado, realizó una denuncia mediante correo electrónico a la Presidenta Regional en contra de la recurrente por malas prácticas, hostigamiento y desacreditación profesional. El 9 de marzo se efectuó una Asamblea Regional extraordinaria. La señorita nombre reservado, no asistió a esta Asamblea, en la que la presidenta regional sólo informa de la existencia de una denuncia, sin indicar detalle alguno por ser una materia reservada y de competencia exclusiva y excluyente del CED.

De acuerdo a las normas del Comité de Ética y Disciplina, la socia nombre reservado redacta una carta de denuncia formal a este órgano interno de la Asociación, cumpliendo con los quórums requeridos para ello. Conforme al procedimiento del Comité de Ética, la denuncia fue puesta en conocimiento de la señora nombre reservado, para que realice formalmente sus descaros, lo que hizo el 5 de abril, desmintiendo todas y cada una de las acusaciones. El Comité de Ética y Disciplina abrió un término probatorio hasta el 13 de abril de 2018, recabando una serie de antecedentes que fueron ponderados conforme a las reglas de la sana crítica.

Señala que hay falta de legitimidad pasiva, ya que los recurridos no tienen personalidad jurídica propia, son órganos de la Asociación Nacional de Funcionarios. Alega además la incompetencia relativa de esta Corte, porque los hechos ocurrieron en Santiago, es en dicha ciudad en que se dictó resolución de 29 de mayo de 2018. De no ser así el recurso sería extemporáneo.

Alega también la incompetencia absoluta, ya que lo reclamado por este recurso, es una materia de lato conocimiento y además esta Corte es incompetente en razón del órgano, ya que los conflictos que se suscitan al interior de una asociación de funcionarios por disposición expresa de la Ley 19.296, art. 64, deben ser conocidos y resueltos por la Inspección del Trabajo. Pide el rechazo del recurso, con costas.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: El recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015 y Rol N° 28.402-2016, de 07/09/2016). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que se han acreditado en el presente recurso los siguientes hechos:

1.- La pertenencia de la recurrida como socia, a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

2.- El haber sido la recurrente, objeto de una sanción impuesta por el Comité de Ética de dicha Asociación, mediante resolución de 3 de mayo de 2018, por medio de la cual se le suspendió el ejercicio de los derechos sindicales por doce meses, imposibilitando su participación en asambleas, votar y presentarse como candidato. La resolución se dictó con posterioridad a haber realizado la recurrente los descargos formulados en su contra y a apertura de un término probatorio.

3.- Que la recurrente, solicitó la nulidad de la resolución de 3 de mayo de 2018 y en subsidio su revisión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Ética y Disciplina del Ministerio de Desarrollo Social.

4.- Que el tenor de la resolución materia del presente recurso de 29 de mayo de 2018, es el siguiente: “De los antecedentes entregados a este Comité, habiendo evaluado sus miembros la presentación de revisión de la sanción a la Sra. nombre reservado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Código de Ética y Disciplina ASOFUMI, este comité resuelve mantener la suspensión de derechos sindicales por doce meses, lo cual implica la imposibilidad de participar en asambleas, votar y presentarse como candidato.”.

Cuarto: Lo que se reprocha, es haber omitido el Comité de Ética y Disciplina, la oportunidad procesal de conocer de presentaciones formuladas supuestamente contra la recurrente, lo que implicaría una vulneración a la garantía del debido proceso. Además, de la simple lectura de la resolución que motiva la presente acción, resulta evidente que ésta carece de todo fundamento, limitándose a relatar que recibieron antecedentes, los que incluso se anuncian como complementarios , cuyo mérito no se vislumbra claramente en la decisión.

Aquello se estima constitutivo de la infracción alegada -debido proceso-razón suficiente que permite acoger el presente recurso, como se dirá en la conclusión.

Quinto: En cuanto a la denuncia de lo expuesto por la Asociación Regional de Funcionarios respecto de la situación disciplinaria de la recurrente en asamblea, esto no ha sido acreditado, estimándose insuficiente para determinar el tenor, sentido y alcance de lo dicho en ellas las declaraciones acompañadas por la recurrente.

Sexto: En cuanto a las alegaciones de incompetencia, en razón de la naturaleza del recurso, estas no serán atendidas, pues se declaró admisible y ha sido tramitado de conformidad a lo establecido en el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y Acta 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema; y en relación a la falta de legitimación pasiva alegada, no será atendida, de acuerdo al tenor de la propia orgánica de la institución recurrida.

Séptimo: Que, por las razones previamente anotadas en el presente recurso de protección, se hace innecesario el pronunciamiento respecto de las demás vulneraciones alegadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 19 N°3 inciso 5°, 15 y 19 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge la acción de protección y se deja sin efecto la resolución final del Comité de Ética y Disciplina de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, como la originaria de suspensión de derechos sindicales por doce meses que afectaba a la señora nombre reservado, las que motivaron el presente recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

N°Protección-1025-2018.

No firma la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen, no obstante de haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.