Protección contra Contraloría General de la República

Foja: 40 Cuarenta Valdivia, doce de enero de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 12, doña nombre reservado, contador auditor, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por el Sr. Contralor General don Ramiro Mendoza Zúñiga, abogado, con domicilio en domicilio reservado, imputándole actos que en forma arbitraria e ilegal implicarían privación, perturbación y amenaza de sus garantías constitucionales previstas en los Nº 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, con motivo de la dictación del oficio Nº 081858, de 23/10/2014.

Expresa que el día 5 de noviembre de 2014 fue notificada mediante carta certificada del oficio Nº081858, firmado por el Contralor General de la República, que declaraba ajustada a derecho la decisión de su empleador, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), que decretó rebajarle en el grado en que estaba contratada, de 4 a 9, a pesar de encontrarse embarazada a la época en que se tomó la decisión. Dice que durante marzo de 2011 ingresó a la Administración Pública como funcionaria a contrata en el grado 9 de la escala única de remuneraciones profesionales y que mediante resolución afecta Nº 164, fue contratada para desempeñar el cargo de Directora Regional del Fosis de la Región de Los Ríos, desde el 2/10/2013 al 31/12/2013, renovándose el contrato a través de la resolución afecta Nº 13, desde fecha que no precisa hasta el 31/12/2014, siendo todo lo anterior ratificado mediante la resolución exenta Nº 153, que le designó titular en el cargo de Directora Regional del Fosis de la Región de Los Ríos, que ha desempeñado hasta ahora, percibiendo una remuneración mensual líquida de $1.724.225.-. Manifiesta que el mes de marzo de 2014 quedó embarazada, lo que comunicó al organismo central en Santiago mediante memorándum Nº 48, de 21/3/2014. Refiere que el mes de mayo de 2014, se enteró que la autoridad le había rebajado de grado 4 a 9, pese a encontrarse con fuero maternal y gozando de licencia médica, disminuyendo su remuneración mensual a $886.714. Opina que la rebaja en grado se debió a razones discriminatorias de orden político y por encontrarse embarazada, lo que vulneraría la igualdad ante la ley, siendo nula la decisión de modificar el contrato que denomina de trabajo. Asegura que la decisión de la Contraloría General de la República, consistente en resolver que la conducta del empleador se ha ajustado a derecho, excedió las funciones de dicho organismo administrativo. Define qué entiende por fuero maternal, cita los artículos 89 del estatuto Administrativo, 201 del Código del Trabajo, 8º del Convenio 183 de la OIT y jurisprudencia administrativa (tanto de la Inspección del Trabajo como de la Contraloría General de la República) y judicial relativa al fuero maternal. Sostiene que la conducta de la institución recurrida infringió las garantías constitucionales previstas en los Nº 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, ya que, en primer lugar, el fuero maternal garantiza su vida y la de su hija; en segundo lugar, porque la Contraloría General de la República ha establecido diferencias entre los funcionarios públicos y los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y por último, ha disminuido sus remuneraciones en dinero. Finaliza solicitando: a) que se declare arbitrario e ilegal el oficio Nº 081858/2014 dictado por la Contraloría General de la República y b) que dicho Organismo Administrativo debe ordenar al FOSIS restituirla al grado en que se encontraba al momento de ser notificada de la rebaja, debiéndosele pagar las remuneraciones entre entonces y hasta que finalice el fuero maternal.

A fojas 28, don Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República, informa el recurso. Explica que el oficio Nº081858/2014 tiene su origen en la reclamación efectuada por la recurrente contra la decisión de la superioridad del servicio que modificó el grado que tenía, no obstante encontrarse embarazada, reclamo que fue rechazado, dado que los empleos a contrata carecen de un grado específico y que el fuero maternal no protege de un cambio en las remuneraciones, que pueden variar según la modificación de las tareas de a desarrollar, por lo que, en su opinión, la actuación reclamada se ajustó a derecho. Asevera que al emitir el Dictamen 081858/2014 la Contraloría General de la República actuó dentro de sus facultades, contenidas en los artículos 1, 5, 6 y 9 de la Ley Nº 10.336, que contempla la facultad exclusiva y excluyente de dicho Organismo para emitir dictámenes. Precisa que el dictamen en cuestión se expidió en el ejercicio de esa potestad dictaminadora, que le permite interpretar jurídicamente la correcta aplicación de las normas por los órganos de la Administración del Estado en los asuntos que les competen, de tal modo que se hizo un uso legítimo de esa facultad, pues el dictamen no es arbitrario según lo ha definido la Excma. Corte Suprema, toda vez que no carece de razón, no es meramente caprichoso ni carece de fundamento serio. Plantea que el asunto discutido es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección, citando jurisprudencia para justificar sus dichos. Respecto a la modificación del grado que afectó a la actora, expone, en síntesis y en lo pertinente, que en conformidad a los artículos 3 c), 9 y 10 del Estatuto Administrativo, los empleados a contrata carecen de grado específico, por lo que es la autoridad la que debe determinarlo, de acuerdo a la función desarrollada y su calificación e idoneidad profesional, de tal modo que el no mantenerse las condiciones fijadas en un desempeño anterior, existiendo un cambio de labores a desarrollar, como es el caso, la modificación no puede ser objeto de reproche. En cuanto al fuero maternal, postula, en resumen, que éste sólo protege del cese en las funciones, más no de la disminución en los emolumentos, por lo que la decisión de la superioridad del servicio no es ilegítima. Estima que no se han vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente y concluye pidiendo se rechace el recurso.

Se agregaron los documentos acompañados por las partes.

A fojas 38 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, de un análisis pormenorizado del recurso, es posible determinar, como objeto de la controversia, si en la emisión del Dictamen 081858/2014, la Contraloría General de la República excedió sus facultades.

Tercero: Que, en efecto, lo que se discute en estrados es las facultades que el Ente Contralor tenía para tomar la decisión, y no la resolución de la Jefatura del Fosis de modificar el grado que la actora mantiene en dicha institución. Por lo mismo, no es posible examinar la legalidad de esta última actuación, máxime si no se recurrió de protección en contra del ente que la dictó y era consiguientemente el legitimado pasivo de dicha alegación, a saber, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Cuarto: Que, precisado lo anterior, en conformidad a los artículos 5 inciso 3º y 6 inciso final de la ley 10.336, la Contraloría General de la República tiene la facultad de emitir Dictámenes, relativos a las materias en que la ley le otorga competencia. Además, en conformidad al artículo 2, 10 y 11 inciso 2º de la ley 19.880, los actos administrativos emanados del Organismo Contralor que afecten derechos de los ciudadanos, deben otorgar a los involucrados la posibilidad de ser escuchados y sobretodo, han de ser fundados.

Quinto: Que, a fojas 1, se acompañó el Dictamen Nº 81858N14, que se denuncia ilegal y arbitrario por sobrepasar las facultades de la Contraloría General de la República. Dicho acto administrativo comienza exponiendo las alegaciones de la reclamante y los descargos del Fosis, evidenciando el cumplimiento del principio de contradictoriedad.

Sexto: Que, posteriormente, el Sr. Contralor expresa con claridad las motivaciones que tuvo para rechazar el reclamo, fundándolas en el artículo 10 de la ley 18.834 y los Dictámenes Nº 24.138/2014 y 12.476/2013 del mismo Organismo. Esas razones consisten, en síntesis, en la posibilidad de modificar el grado de los empleados a contrata y la alterabilidad de las remuneraciones cuando se goce de fuero maternal.

Ahora bien, sean compartidas o no las razones esgrimidas por el Sr. Contralor, lo cierto es que ha dado estricto cumplimiento al deber de fundamentación que la Ley le impone, de modo que ha obrado dentro de sus facultades, pues ha emitido un Dictamen, y lo ha fundado suficientemente.

Además, la decisión fue adoptada en un proceso administrativo de reclamo de carácter declarativo, de tal forma que no es posible, en este proceso de naturaleza urgente y cautelar, reemplazar la decisión del Órgano Contralor, que es precisamente lo solicitado por la recurrente.

Séptimo: Que, no observándose en la conducta de la recurrida una actuación arbitraria e ilegal, no es procedente examinar si su comportamiento legítimo afectó los derechos que la recurrente alega vulnerados. Con todo, y según se dijo en el motivo 3º de este fallo, es fácilmente observable que la presunta vulneración a los derechos de la recurrente no es causada por la decisión de la Contraloría General de la República, sino por la resolución del Fosis, de tal modo que, al no haberse recurrido en contra de éste último organismo administrativo, el recurso igualmente no podía prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta a fojas 12 por doña nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Emma Díaz Yévenes.

Rol Nº 1022-2014 Civil.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, por el Ministro Sr. MARIO JULIO KOMPATZKI CONTRERAS, Ministro Sr. DARIO I. CARRETTA NAVEA, Ministra Sra. EMMA DIAZ YEVENES. Autoriza la Secretaria Sra. ANA MARIA LEON ESPEJO.

En Valdivia, doce de enero de dos mil quince, notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente.