Protección contra Instituto de Previsión Social

C.A. de Valdivia Valdivia, seis de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente: 1°) Que, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM000, funcionario del Instituto de Previsión Social, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Instituto de Previsión Social, por la dictación de la Resolución Exenta NUM001, de fecha 28 de julio de 2025 y la Resolución Exenta NUM002 de 12 de agosto de 2025, actos por los cuales se le aplicó una sanción disciplinaria, consistente en su traslado a otra dependencia del servicio no especificada y suspensión de funciones por un mes con el goce de un 60% de sus remuneraciones y la rebaja de seis puntos en la calificación del periodo, además de rechazar su recurso de reposición, respectivamente; estima que todo lo anterior vulnera sus derechos constitucionales previstos en los artículos 19 N°1, N°3 inciso 5°, 6° y 7°, N°2, N°17, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a trabajar para la recurrida el 1 de agosto de 2019, como ejecutivo de plataforma de atención en la sucursal de Valdivia, registrando un destacado desempeño. Señala que en el año 2024 fue diagnosticado dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), producto de la aplicación de prueba estandarizada, lo que fue reconocido por resolución de discapacidad de la COMPIN, refiriendo que su diagnóstico fue dado a conocer a su jefatura en julio de 2024, sin recibir medida de apoyo alguna.

Indica que entre agosto y septiembre de 2024, tres funcionarios interpusieron denuncias en su contra por acoso laboral, iniciándose un sumario administrativo y siendo suspendido de su cargo, como medida de resguardo, la que se extendió por alrededor de un año y afectó su estabilidad emocional. Señala que se formularon cargos en su contra, por no acatar en reiteradas ocasiones instrucciones de su jefatura y por haber incurrido en actos de acoso laboral, que detalla en su presentación.

Reprocha que, en el sumario administrativo, existió una imprecisión en los cargos formulados, junto con señalar que, pese a rendirse prueba de descargo, gran parte de ella no fue considerada, además de no darse lugar a diligencias solicitadas por su parte, consistente en un careo con una de las denunciantes y una pericia psicológica. Señala que, como consecuencia de lo anterior, la vista fiscal sugirió sanciones en su contra, las que fueron en definitiva impuestas por los actos recurridos.

Expone que, al producirse su reincorporación, para efectos de ejecutar su traslado se le ofreció como alternativa desempeñar sus funciones en la comuna de Futrono o en la sucursal virtual del servicio, siendo ignorada su condición de persona en el espectro autista, materializando la segunda alternativa señalada antes de la resolución del recurso de reposición interpuesto. Refiere que todo lo anterior le ha provocado una grave afectación a nivel profesional y que dio lugar a presentaciones efectuadas ante el Servicio Nacional de la Discapacidad, la Superintendencia de Seguridad Social, y la Contraloría General de la República, encontrándose los tres procedimientos administrativos en tramitación.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección, y en definitiva, que se dejen sin efecto los actos recurridos, así como también las sanciones impuestas, con costas. 2°) Que, comparece Carla Huerta Angulo, abogada, quien informa en representación de la recurrida.

En primer término, alega que la pretensión sostenida en autos por el recurrente excede el ámbito urgente y cautelar de la acción constitucional de protección, al requerir una nueva ponderación de antecedentes ya examinados en un procedimiento disciplinario, a fin de sustituir la decisión ya adoptada por la Administración Pública.

En cuanto al fondo, afirma haber actuado conforme a derecho en la tramitación del sumario administrativo señalado por el recurrente. En particular, efectúa una relación de los cargos formulados y de los antecedentes recabados, junto con hacer presente que se consideraron los argumentos de descargo, desestimándose algunas de las imputaciones investigadas. En cuanto a las sanciones, indica que se ajustaron a derecho, además de señalar que el traslado dispuesto por la autoridad no afectó la índole de las funciones que desempeña el funcionario, como tampoco su grado y remuneración.

Agrega que, además de las solicitudes efectuadas por el recurrente en sede administrativa ya señalados en su presentación, también ha sido requerida respecto de los mismos antecedentes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En relación con los presuntos vicios del procedimiento, indica que la prueba pericial solicitada por el recurrente fue admitida, sin perjuicio de hacer presente que su rendición sería a cargo del interesado, carga que no cumplió. Respecto del careo señalado en su presentación, funda su denegación en el deber de no revictimizar a las personas denunciantes.

Alega la inexistencia de discriminación hacia el recurrente por su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, toda vez que él al informar a su jefatura de aquel, solicitó reserva de dicho antecedente, de modo que nunca estuvo en conocimiento de la institución y de la fiscal instructora. Sin embargo, refiere que, conocido aquel antecedente, ello fundó las propuestas de traslado formuladas. Asimismo, indica haber intentado otorgar formalmente apoyo psicosocial al recurrente, el cual no pudo tener lugar por falta de respuesta del funcionario.

Concluye alegando la inexistencia de las afectaciones a los derechos invocados, solicitando que se rechace la acción constitucional interpuesta en todas sus partes. 3°) Que, el recurrente interpone acción constitucional de protección en contra del Instituto de Previsión Social, órgano que en virtud de un sumario administrativo le aplicó las sanciones que detalla, junto con disponer su traslado para prestar servicios vía remota. En su informe, la recurrida afirma que sus actuaciones se ajustaron a derecho en el marco de un sumario administrativo legalmente tramitado, además de ser improcedente que el recurrente sostenga su pretensión por la vía de la acción constitucional de marras. 4°) Que, en el caso de autos, no se controvierte la circunstancia de hallarse el recurrente en el espectro autista. Inclusive, en el sumario administrativo llevado a cabo en su contra se acompañan sendos antecedentes que acreditan tal condición, de modo que malamente podría la recurrida alegar su desconocimiento. 5°) Que, de tal suerte, las consideraciones vertidas en el sumario administrativo relativas a no poder considerarse la condición del recurrente por haber sido mantenida bajo reserva por su jefatura son del todo improcedentes por dos motivos: por un lado, no es posible fragmentar la actuación o conocimiento de los funcionarios de un servicio, menos de quienes ejercen cargos con responsabilidades propias de jefatura, puesto que toda actuación de los funcionarios del servicio se radica en la persona jurídica pública que corresponda; y, por otro lado, porque no existe razón epistémica ni regla contraepistémica que explique que, pese a no ser conocida por el fiscal o los denunciantes la condición del recurrente, aquella no deba ser considerada en forma posterior a los hechos de la investigación a fin de explicar su conducta. 6°) Que, lo anterior es relevante, pues tal como reconoce el artículo 3 letra f) de la Ley N°21.545, las personas con trastorno del espectro autista se caracterizan por la neurodivergencia, esto es, una variabilidad natural en el funcionamiento cerebral y presentan diversas formas de sociabilidad, aprendizaje, atención, desarrollo emocional y conductual, y otras funciones neurocognitivas. Asimismo, el artículo 4.1 letra e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dispone como obligación general del Estado tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. 7°) Que, las disposiciones anteriormente referidas, en el caso de marras implica que el Estado, en el ejercicio de potestades públicas, tome debidamente en consideración las circunstancias concretas del sujeto que es destinatario de sus actos. En el caso de marras, el funcionario objeto de sumario administrativo presenta una neurodivergencia, que debe ser tenida en consideración a fin de ponderar sus actuaciones en la vida laboral, sobre todo si se toma en consideración que la conducta investigada es de acoso laboral, que consistió en conductas relativas a retirarse intempestivamente ante diálogos con su jefatura, comentarios relativos a otros funcionarios y actos interpretados como vigilancia hacia otros compañeros. 8°) Que, no aparece en los actos recurridos que se haya realizado la debida consideración de lo anteriormente expuesto, puesto que tanto la vista fiscal, el acto terminal y la resolución que rechaza el recurso de reposición efectúan un descarte somero y carente de motivo plausible de las alegaciones del recurrente en este punto, de modo que su conducta reviste el carácter de ilegal y arbitraria, en vulneración de lo previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto vulnera el derecho a la no discriminación, por lo cual se deberá acoger la acción constitucional interpuesta, en la forma que se indicará.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social y, en consecuencia, se dejan sin efecto la Resolución Exenta NUM001, de fecha 28 de julio de 2025 y la Resolución Exenta NUM002 de 12 de agosto de 2025, debiendo la recurrida efectuar un nuevo pronunciamiento tomando la debida consideración la neurodivergencia del recurrente disponiendo, de ser necesario, las diligencias probatorias que estime pertinentes, a su costa.

Acordado con el voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. nombre reservado

Schüler, quien estuvo por el rechazo del recurso, por considerar que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la tramitación del sumario por denuncia de acoso laboral, apareciendo la medida adoptada adecuada a los hechos establecidos, que por lo demás han sido reconocidos por el recurrente. Se tiene además presente que no se ha determinado cuales serían los ajustes razonables que no se habrían realizado por parte de la recurrida y que estos, en caso alguno, pueden justificar el acoso o maltrato laboral.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1021-2025.