nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Valdivia Valdivia, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

1) Comparece nombre reservado, ciudadano venezolano, debidamente individualizado, quien deduce recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL S.A. por haber actuado en forma arbitraria e ilegal, al rechazar de forma infundada su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Indica que, mantiene un trabajo en Chile, efectuando pago de cotizaciones previsionales en AFP Plan Vital S.A. y en múltiples fechas, presentó formalmente solicitudes de devolución de sus fondos acumulados en su cuenta individual, acompañando los antecedentes exigidos por la normativa vigente, incluyendo certificado emitido por la embajada venezolana en Chile que acredita régimen de previsión o de seguridad social en su país de origen, debidamente legalizado conforme al Convenio de La Haya por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Dichas peticiones han sido rechazadas por la recurrida, argumentando que el documento certificado emitido por la embajada venezolana en Chile carece de “apostilla electrónica” y que no acreditaría cobertura real y efectiva, pese a que dicho certificado proviene de la autoridad previsional competente y fue legalizado válidamente conforme al derecho internacional y las instrucciones del Oficio Ordinario N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, esa decisión carece de fundamento normativo, y además excede las exigencias legales, configurando una actuación arbitraria e ilegal, afectando con ella el derecho de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y del debido proceso administrativo.

Solicita se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida proceder a la devolución inmediata de los fondos previsionales acumulados en la cuenta individual del recurrente, con reajustes, intereses legales y costas.

2) A folio 5 informa la recurrida AFP PLAN VITAL, la que indica que efectivamente la petición de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley 18.156 del recurrente fue rechazada, al incumplir lo previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero por todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante constancia válida, vigente y susceptible de verificación, conforme a lo dispuesto en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Explica que, para esos fines el señor nombre reservado acompañó dos documentos; una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de 31 de octubre de 2025, y una constancia consular emitida en junio de 2023, legalizada por la representación diplomática venezolana en Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, ninguno de estos documentos cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente, emitida por la Superintendencia de Pensiones, por cuanto la afiliación a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Agrega que el rechazo de la solicitud no es un acto administrativo terminal, pues el recurrente cuenta con diversos mecanismos administrativos para resolver la situación, como reconsideraciones, o acudiendo a la Superintendencia de Pensiones, por lo cual no es esta acción constitucional la idónea para resolver el asunto. Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso de protección.

3° Que, el marco normativo de la devolución solicitada por el recurrente se encuentra en la Ley Nº 18.156, que Establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705.

La norma refiere en su artículo 1º que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7º de la ley referida señala “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

4° Que, la discusión en el presente caso se circunscribe únicamente a que el recurrente no cumpliría con el requisito específico de acreditar por medio de un certificado apostillado o legalizado la exigencia del artículo 1º letra a) de la ley en comento, esto es, que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, mas no respecto a los demás requisitos sobre los cuales no se comunica reparo ni en la respuesta otorgada por la recurrida al afiliado ni en su informe.

Sobre el mentado certificado, la AFP reconoce que el recurrente acompañó en su petición de devolución de fondos previsionales, un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, expedida el 31 de octubre de 2025; la que según la recurrida, carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y, solo indica semanas cotizadas y hace una referencia a la Ley del Seguro Social (Gaceta Oficial N°5.976, de 24 de mayo de 2010, norma que establece lo siguiente: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso." Documento electrónico, que como es de conocimiento de esta Corte de Apelaciones, al final de aquél permite la verificación de la validez de dicho certificado, mediante un código de verificación o el DNI de la persona extranjera.

5° Que así las cosas, un documento como el previamente referido si permite, en su caso, acreditar el cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 1 letra a) de la Ley Nº 18.156, que es que el recurrente se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile y es verificable en cuanto a su validez por un mecanismo con código de verificación o por medio de su DNI Venezolano (documento nacional de identificación), apta para justificar el requisito mencionado, por lo cual tiene fuerza vinculatoria para la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley y acceder a la petición del recurrente. En efecto, no puede pretender la institución recurrida que una institución de seguridad social extranjera emita un certificado de afiliación idéntico a los emitidos en nuestro país, y que se apostille como copia fiel de su original un documento, lo que no le quita mérito a su existencia ni a lo que en él se contiene, porque está atestiguado por la fe pública.

A su turno, efectivamente es un hecho de público conocimiento la imposibilidad práctica de obtener el certificado apostillado o legalizado por las instituciones respectivas, por lo que insistir en dicho requisito pone al recurrente en una situación de imposibilidad de cumplimiento y que tiene como consecuencia, la privación de la correspondiente tramitación de su solicitud.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de requerir la presentación del mismo certificado obtenido desde la misma fuente por el recurrente, pero con fecha actual, para efectos de la vigencia del código de verificación, esto por cuanto la AFP recurrida indicó que aquél se encontraba vencido al momento de la solicitud, a pesar de conocer su contenido, ya que al ingresar a la página de la institución emisora referida en el documento, es posible, con los datos del recurrente, esto es, nombre y número de identificación, dar cuenta que con los mismos se registra una afiliación al sistema de seguridad social de dicho país.

6° Que, en cuanto al segundo documento acompañado por el recurrente en su solicitud, consiste en la declaración consular emitida en junio de 2023 y legalizada por la representación diplomática venezolana en Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores, no cabe duda que constituye un documento que proviene de una fuente oficial, pero que no se encuentra vigente, el que de todas formas le otorga verosimilitud y razonabilidad a la petición efectuada por el actor, que también permite inclinarse a esta Corte de Apelaciones por acoger el presente recurso de protección.

7° Que, en base a lo expuesto, se logra concluir que el acto impugnado deviene en ilegal, al rechazar la solicitud, teniendo presente para ello lo dispuesto en la Ley 18.156, lo que demuestra que la recurrida ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para no acoger a trámite lo solicitado por el peticionario, conculcando con dicho proceder, su garantía de igualdad ante la ley, y una amenaza de vulneración al derecho de propiedad del recurrente, por lo que se acogerá la acción en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Plan vital S.A. y se ordena a esta última, que permita la realización del trámite solicitado con el tipo de documento acompañado a la solicitud de devolución para acreditar el requisito del artículo 1 letra a) de la Ley Nº 18.156, sin perjuicio de requerir al recurrente, en su caso, la actualización del mismo, para efectos de vigencia del código de verificación, a fin de continuar con la tramitación de la solicitud y, en tal sentido, pronunciarse a su respecto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1016-2025.