Protección contra Ejercito de Chile

C.A. de Valdivia Valdivia, trece de enero de dos mil veintiséis.

Vistos, teniendo presente y considerando:

1) Comparece doña nombre reservado, cabo del Ejército de Chile, C.I. Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; don nombre reservado, Cabo Primero del Ejército de Chile, C.I. NºRUT reservado; y doña nombre reservado, C.I. NºRUT reservado, madre de la recurrente nombre reservado; y deduce acción constitucional de protección en contra de la Ejercito de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por haber dispuesto la destinación de doña nombre reservado desde el Comando de la III División de Montaña de Valdivia al Destacamento de Montaña Nº17 de Los Ángeles, y haberse rechazado su recurso de reconsideración por Oficio DIVIPER DEPTO. II ® Nº1345/53614 de 3 de noviembre de 2025, acto administrativo terminal contra el que presenta el recurso de protección.

Señalan que mediante Resolución DIVPER II/B/3 R Nº Nº1345/53214/014435 de 6 de octubre de 2025 se dispuso su destinación, donde se deja constancia que se habría actuado conforme a un oficio de la misma fecha en el cual se solicitó ejecutar la misma (Oficio CGIIIVMÑA I/b R Nº1430/54222 de Cuartel General de la II División de Montaña), pero que la Resolución se limita a reproducir la solicitud del oficio sin exponer fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la medida adoptada, lo que vulnera el requisito de motivación de los actos administrativos.

Agregan que no fue notificada de los antecedentes que motivaron la destinación, lo que la privó de su derecho de defensa.

Que la afectada interpuso un recurso de reconsideración contra la decisión, acompañando antecedentes personales, familiares y laborales que justifican su permanencia en la unidad de origen, pero el mismo fue rechazado por el Oficio DIVIPER DEPTO. II R Nº1345/53614 de 3 de noviembre de 2025, que señala que la División de Personal autorizó la destinación, precisando que la recurrente debía cumplir la orden por necesidad del Servicio.

Sostienen que hay un trato desigual en la medida que se acoge favorablemente una solicitud de destinación de una funcionaria de Los Ángeles a Valdivia, mientras que se desestima sin fundamentos sus antecedentes para permanecer en Valdivia, debiendo ponderarse de manera equitativa las circunstancias de ambas funcionarias, y al no hacerlo la medida es arbitraria y discriminatoria, infringiendo, además, el deber de fundamentación.

Mencionan que la Cartilla de Destinaciones y normativa institucional exigen que se valore antecedentes sobre problemas médicos, procesos administrativos, investigaciones sumarias u otros elementos antes de decidir una destinación, lo que en el caso no se cumplió.

Agrega que en su oportunidad interpuso una denuncia por acoso laboral contra una Cabo Primero (nombre reservado), la que se encuentra en etapa investigativa, y que la destinación la haría trasladarse a la ciudad donde reside la familia de la denunciada, lo que crea un riesgo de revictimización.

En atención a lo anterior, sugieren se considere la posibilidad de destinar a la funcionaria denunciada a la ciudad de Los Ángeles.

La Sra. nombre reservado señala que celebró un Acuerdo de Unión Civil con el otro recurrente, Cabo Primero nombre reservado, y que la destinación produce una separación geográfica forzada de la pareja desarticulando el proyecto de vida en común y generando una disgregación familiar, vulnerando el derecho a la vida privada y familiar. A lo que suma el hecho de que es responsable directa del cuidado de su madre, la tercera recurrente, doña nombre reservado, que padece una enfermedad degenerativa crónica, artrosis, lo que limita su movilidad y le impide realizar actividades básicas de forma autónoma, requiriendo su asistencia personal, ante la ausencia de otras redes familiares para ejercer dicho cuidado, según informe social.

Sostienen que la medida vulnera los derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4 de la Constitución Política de la República.

Solicitan se ordene al Ejército de Chile dejar sin efecto la destinación.

2) A folio 19, informó el Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile (S), don nombre reservado.

Alega la improcedencia de la acción constitucional de protección por no existir un derecho indubitado que cautelar por esta vía, y la falta de legitimidad pasiva respecto a la madre de la recurrente.

Luego, alega que el recurso es extemporáneo, pues se interpuso el 12 de noviembre de 2025, y el acto administrativo que dispone la destinación es de 6 de octubre de 2025, y le fue notificado a la recurrente el 7 de octubre de 2025, por lo que la acción no se dedujo dentro de plazo de 30 días.

Sostiene que el acto impugnado se encuentra conforme a Derecho, por cuanto fue dictado por la autoridad competente en uso de una facultad discrecional fundada en la necesidad institucional y que la recurrente en atención al principio de probidad administrativa y la propia ley que rige al personal de las Fuerzas Armadas debe acatar.

Precisa que la decisión de la autoridad se enmarca en un proceso anual de destinaciones (Plan Anual de Destinaciones) en que se determina los puestos que se deben cubrir con mayor urgencia; que mediante oficio de 6 de octubre de 2025 se solicitó al Comandante de la División de Personal cubrir una vacante de Cabo mecánico de telecomunicaciones en el Destacamento de Montaña de Los Ángeles por la destinación de una de sus funcionarias Santiago, expresando la dificultad de cumplimiento de las tareas propias del destacamento de no cubrirse dicho cupo, y dada la especialidad de la recurrente Sra. nombre reservado, mecánico en telecomunicaciones, se optó por cubrir dicha vacante con su destinación a Los Ángeles, por lo que descarta una destinación antojadiza o carente de fundamentos.

En cuanto a la solicitud posterior de la recurrente para no ser destinada, se resolvió el 3 de noviembre de 2025, se decidió no darle lugar, argumentando la potestad discrecional de la autoridad para disponer la destinación, empleando de manera eficiente el capital humano disponible, no pudiendo primar el interés particular de la recurrente sobre el interés general de la función pública ejercida.

De esta forma, la autoridad en uso de su facultad discrecional para ordenar al personal de su institución, no necesita consultarlo previamente con el funcionario ni requiere dar una fundamentación especial a cada uno en particular de dichas decisiones de destinación mientras estas cumplan con la normativa aplicable y se dispongan en atención a las necesidades del servicio, lo cual se encuentra acreditado en marras.

Indica que actualmente en el Regimiento Los Ángeles, existe un mayor déficit de personal especializado en telecomunicaciones que en Valdivia, requiriendo equilibrio en las tablas de distribución (TD) para ser potenciado.

Respecto a la denuncia que señala la recurrente haber realizado contra otra Cabo del destacamento, Cabo nombre reservado, aclara que el proceso de investigación no inició por denuncia de la recurrente contra dicha Cabo, sino al revés, fue esta tercera la que denunció previamente a la recurrente por malos tratos y acoso laboral, tercera que es ex cónyuge de la actual pareja de la recurrente; que con posterioridad se recibió denuncia de la recurrente contra la referida Cabo. Que se inició una investigación que se mantiene en curso para esclarecer eventuales hechos de acoso laboral y violencia en el trabajo entre las referidas.

Precisa que la cabo denunciada por la recurrente se encuentra en comisión de servicio en la Jefatura Administrativa y logística de Valdivia y reside en la ciudad, por lo que no podría encontrarse con ella en Los Ángeles.

En cuanto al vínculo con otro funcionario de la institución, refiere que llama la atención que al día siguiente de ser notificada de su destinación la recurrente no concurrió al trabajo, esto el 8 de octubre de 2025, ese mismo día solicitó al Registro Civil una hora para manifestación y acuerdo de unión civil, actos que se materializaron el 27 y 28 de octubre de 2025, incurriendo la recurrente en 2 faltas administrativas, pues se encontraba con licencia médica total a la fecha de dichos actos y por no haber informado a su mando con la antelación de 30 días previos para modificar su estado civil, de conformidad con Circular EMGE DPE (P) Nº6400/69 de 26 de agosto de 2019. Por lo que concluye que apresuró dicho acuerdo únicamente con el fin de evitar ser destinada.

Que, siendo un hecho posterior, sólo podría considerarse en el próximo Plan de Destinación Anual, a fin de que queden en una misma ciudad.

En relación a la madre de la recurrente, sostiene que no observa que se produzca la vulneración en los términos que se plantea pues la madre de aquella ni siquiera reside en domicilio reservado.

Respecto a la legalidad de la decisión refiere lo dispuesto en los artículos 8 y 47 de las Letras a) y f) de la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerzas Armadas, Nº18.948; y lo dispuesto en los artículos 138, 145 y 147 del Estatuto del Personal de las fuerzas Armadas, D.F.L. Nº1 de 1997.

En base a lo anterior, alega la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad del acto que se recurre.

Solicita el rechazo de la acción.

3) De los antecedentes se obtiene que la acción que se califica de ilegal y/o arbitraria es la disposición de su traslado desde el Comando de la III División de Montaña de Valdivia al Destacamento de Montaña Nº17 de Los Ángeles.

A su turno, lo pretendido por el recurrente es que se ordene dejar sin efecto dicha destinación.

4) Que, la acción de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario al ordenamiento jurídico- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías y derechos protegidos.

5) Respecto a la alegación de extemporaneidad de la acción, porque el acto administrativo que dispone la destinación es de 6 de octubre de 2025, y le fue notificado a la recurrente el 7 de octubre de 2025, se ha de estar a lo expresado en estrado por la parte recurrente, que deduce la acción luego de rechazado su recurso o petición de reconsideración respecto a la destinación, lo que aconteció el 3 de noviembre de 2025, por lo que se entiende interpuesta la acción constitucional dentro de plazo, por lo que se desestimará esta alegación.

6) Respecto al fondo, y en cuanto al cuadro normativo aplicable en comento se han de tener presentes lo siguiente:

Primero, que la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas -Nº18.948- dispone en su artículo 46 que “El mando superior de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas será ejercido por el Comandante en Jefe, con el grado de General de Ejército, Almirante o General del Aire, según corresponda”.

A su turno, el artículo 47 letra a) de la misma ley señala que “Son facultades de cada Comandante en Jefe: a) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Defensa Nacional, la disposición, organización y distribución de las fuerzas, de acuerdo a los criterios técnicos derivados del cumplimiento de sus fines y objetivos”.

Segundo, por su parte el artículo 145 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas indica que “La destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda”. Ello, seguido de lo dispuesto en el artículo 147 que reza “Las destinaciones de los oficiales, que no constituyan nombramientos que deban efectuarse por decreto supremo, serán resueltas por el Comandante en Jefe institucional, a proposición de los Directores del Personal o Comandante del Comando de Personal o de acuerdo con las atribuciones que dicho Comandante en Jefe les otorgue”.

Por otra parte, se ha de tener presente que de acuerdo con el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (DFL 1 del Ministerio de Defensa Nacional del año 1997) le es aplicable a los funcionarios del Ejército el Estatuto Administrativo especialmente en cuanto a las obligaciones, por cuanto el artículo 138 dispone que “El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el presente Estatuto, en el Código de Justicia Militar, en el Reglamento de Disciplina respectivo y en la Ordenanza de la Armada, según corresponda. Igualmente, el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente”.

Finalmente, artículo 61 letra e) de la Ley 18.834 dispone que “Serán obligaciones de cada funcionario: (…) e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente”.

7) Del marco jurídico expuesto, se observa que la recurrida -Ejército de Chile- solo ha hecho uso de una facultad legal y debidamente reglamentada, que se materializa en un Plan Anual de Destinaciones, lo que determina la inexistencia de un comportamiento antijurídico.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe tener presente que la decisión forma parte de una política de orden institucional y se refiere a necesidades del Servicio y al requisito de una persona con la especialización con que cuenta la recurrente.

8) Que, no puede dejar de considerarse que la estructura de carácter jerárquica y disciplinada del Ejército de Chile supone desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades propias del servicio. La consecuencia de aquello es que la destinación en un lugar determinado constituye una mera expectativa para el funcionario, precisamente, porque su justificación se encuentra radicada en los requerimientos propios de la función de la Fuerzas Armadas a lo largo del país.

9) Que, conforme a lo expuesto, esta Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar las providencias que se han impetrado como necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en los términos que se contemplan en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, por consiguiente, el recurso no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, Acta 95-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I. Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad de la acción.

II. Que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, don nombre reservado, y doña nombre reservado, contra el Ejército de Chile.

Comuníquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Protección-1006-2025