Protección contra Rector de la Universidad Austral de Chile

Valdivia, veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS.

Don nombre reservado, Egresado de Ingeniería Civil en nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Valdivia, deduce recurso de protección en contra del Rector de la Universidad Austral de Chile, Doctor don nombre reservado, de la Secretaria General de la Universidad Austral de Chile, doña nombre reservado, y en contra don Carlos Carnevali Dikinson, Abogado, Director Jurídico de la Universidad Austral de Chile, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, a objeto que en su calidad de autoridades de la Universidad, y de Fiscal Instructor en el caso del último, se ordene a los recurridos que se abstengan de realizar actos ilegales y arbitrarios en su contra, como lo ha hecho en la sustanciación de un sumario administrativo donde se investiga su posible responsabilidad en eventuales infracciones al Reglamento de Derechos y Obligaciones Estudiantiles, mediante el cual se le ha suspendido su proceso de titulación, en base s los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Señala, que en Agosto del 2015, fue contratado como ITO por la JUNJI de la Región de los Ríos, para lo cual usó un archivo digital de un título de ingeniero civil en nombre reservado de UACH que bajó de internet y lo presentó como scan y/o fotocopia de un título propio.

Cumplió la función de ITO sin reparos técnicos o legales, desde agosto del 2015 hasta el 26 de septiembre del 2016, en que fue desvinculado por no ser titulado. La desvinculación se produce al no contar con el certificado original del título que se le solicitó a mediados de septiembre del 2016, por lo cual JUNJI requirió por medio de oficio a la UACH su situación académica, a lo que la UACH por medio de carta Nº206 con fecha 21 de septiembre del 2016 respondió: “nombre reservado, RUT reservado ingresó a la carrera de Ingeniería Civil en nombre reservado en el año 1997, en el año 2004 adquiere la condición de egresado, restándole solo la tesis, la cual quedó pendiente en el segundo semestre del año 2003”

El 23 de septiembre del 2016 JUNJI de la Región de los Ríos, ingresó denuncia al Ministerio Público por medio de oficio ord Nº 015/0604, quedando enrolada en la causa RUC 1600900794-K. A la fecha, no ha recibido ninguna citación para ir a declarar o citación de audiencia de formalización por esta causa. A su vez, en el mes de octubre del 2016, la UACH ingresa denuncia a la Fiscalía Local de Valdivia, acumulándose a la misma causa RUC 1600900794-K.

Una vez ocurrido los hechos antes indicados y tomado conciencia del gran error cometido, llegó a la conclusión que la única forma de retomar el camino era volver a la UACH, terminar su tesis y obtener el título, por lo que a fines del mes de octubre del 2016, se acercó a la oficina del director de escuela de la carrera de ingeniería civil de nombre reservado, el Dr. nombre reservado, le explicó en detalle la situación. Después de una buena y merecida reprimenda y de algunos días de revisar el reglamento académico estudiantil de la UACH y el reglamento de los derechos y deberes de los estudiantes de la UACH, llegaron a la conclusión que no existía impedimento para iniciar su proceso de titulación.

Unos días después se le acercó al Dr. nombre reservado, académico de la UACH, le explicó en detalle la situación y posteriormente le solicitó que fuera su profesor patrocinante para el trabajo de título, a lo cual accedió. En el mes de noviembre confeccionó el Proyecto de Trabajo de Título que propone el tema de la memoria de proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil en nombre reservado, este es presentado a la Escuela de Ingeniería Civil de Obras Civiles (IOCC) de la UACH y se le informa su aprobación vía correo el 1 de diciembre del 2016. Desde esta fecha comenzó a trabajar en su memoria de proyecto durante los meses de diciembre del 2016, enero, febrero y marzo del 2017.

En el mes de Marzo, se ingresa solicitud de reincorporación a la carrera, de acuerdo a los requerimientos impuestos por la Escuela IOCC. El 23 de marzo del 2017 es aprobada por la Escuela IOCC y la comisión académica, su reincorporación a la carrera. Inmediatamente procedió a matricularme pagando la matrícula y el arancel de todo el año al contado, al día siguiente inscribió asignatura IOCC 298 Tesis.

Durante el mes de Abril, su trabajo de título es corregido y evaluado por su profesor patrocinante con nota 7,0. Con la evaluación del profesor patrocinante se ingresa en el mes de mayo del 2017 a la Escuela IOCC una solicitud de comisión evaluadora, la que fue formada por el Profesor Luis Collarte y el Profesor Andrés García, quienes evalúan el trabajo de título con nota 7,0 y 6,7 respectivamente.

Para el 8 de junio del 2016 contaba con la nota promedio de su trabajo de título escrito: 6,9 (que equivale al 90% de la calificación del trabajo de título). Desde esa fecha el departamento de registro académico se tomó 11 días para ingresar su nota al sistema digital de la UACH. Por vía correo la Sra. nombre reservado de registro académico, le informó el día 19 de Junio del 2017 que estaba todo ok, su nota estaba en sistema y podía iniciar el expediente de titulación, lo cual realizó el mismo día superando la etapa de verificación de deudas. Posteriormente se dirigió a registro académico, pagó al contado todos los costos asociados al título y se le hace entrega del comprobante de titulación, documento que establece que como alumno cumple con todos los requerimientos y está en condiciones de dar su examen de grado para obtener el título. Finalmente con el comprobante de titulación se dirigió a la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UACH y solicitó hora para dar el examen de grado, quedando el comprobante de titulación queda en poder de Secretaría.

Con fecha 20 de Junio, la secretaria de la Escuela IOCC, vía correo, le informa que su examen de grado quedó fijado para el día lunes 3 de Julio a las 15:00 hrs. en la sala 7301. El 23 de Junio del 2017, se le informa vía correo, por la dirección de jurídica de la UACH, que se inició una investigación interna en su contra para determinar una posible infracción al Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes de la UACH y se le cita a declarar, en el correo se adjunta resolución sin número con fecha 22 de Junio de 2017, donde se ordena suspender su proceso de titulación hasta que se concluya la investigación.

Con fecha 28 de junio a las 17:00 horas en la dirección jurídica de la UACH ubicada en Independencia Nº 631, casa central, 2º piso, en presencia de la actuaria nombre reservado, declaró haber usado un archivo digital de un título de ingeniero civil en nombre reservado de UACH que bajó de la internet y lo presentó como scan y/o fotocopia de un título propio con el fin de generar un contrato de trabajo con JUNJI Región de los Ríos.

Con fecha 20 de Julio, vía correo, recibió resolución sin número, firmado por el Fiscal (UACH) nombre reservado. y la Actuaria nombre reservado A., donde se resuelve suspender la investigación interna en su contra hasta que se resuelva la causa penal 1600900794-K y mantener la suspensión hasta que se finalice la investigación interna, citándose el Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado de la UACH, ya que la denuncia ingresada por JUNJI al Ministerio Público, es por los trabajos prestados entre los años 2015 – 2016, periodo en que no contaba con la condición de estudiante de la UACH.

En caso de existir ilícito, (situación que es materia de investigación de Ministerio Público), este no se originó ni es propio de la condición de estudiante universitario, ni por algún hecho ejecutado al interior de la corporación, contra personas o bienes de aquella, no existiendo conducta que lesione a la comunidad universitaria, invocando el artículo 19 N°2 de la Constitución, por lo que considera extemporáneo el proceso de investigación interna en su contra, iniciado a 5 días hábiles del examen de grado, puesto la universidad contaba con los antecedentes de la denuncia de JUNJI desde octubre del 2016. Por otro lado la UACH, no hizo reparo en recibir todos sus pagos asociados para obtener el título Ingeniero Civil en nombre reservado, habiendo cumplido con todos los requerimientos académicos y financieros para obtener el título, solo quedando pendiente el examen de grado que equivale al 10% de la nota del Trabajo de Titulo, para obtener el título de Ingeniero Civil en nombre reservado, lo que atenta además en contra de su derecho de propiedad., por lo que previas citas legales pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del Rector de la Universidad Austral de Chile, Doctor don nombre reservado, (en su calidad de representante legal de la Universidad), en contra de la Secretaria General de la Universidad Austral de Chile, doña nombre reservado, y en contra del abogado don Carlos Carnevali Dikinson, Abogado, Director Jurídico de la Universidad Austral de Chile, todos ya individualizados, admitirlo a tramitación, y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, disponiendo que los recurridos se abstengan de realizar actos ilegales y arbitrarios en su contra, como lo ha hecho en la suspensión de la sustanciación de un sumario administrativo donde se investigan su posible responsabilidad en eventuales infracciones al Reglamento de Derechos y Obligaciones Estudiantiles, mediante el cual se ha suspendido el proceso de titulación, hecho que perturba su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus derechos estudiantiles, ordenando que se debe dejar sin efecto la resolución del señor Fiscal, de fecha 13 de julio de 2017, de suspender el examen de titulación condenando en costas a la recurrida.

EDUARDO ESTEBAN JAUREGUIBERRY GUZMÁN, Abogado, en representación de los recurridos informa, describiendo en primer lugar los hechos a los cuales ya se refirió el recurrente en que se podría encontrar frente a un delito penal que se encuentra actualmente investigado por fiscalía y que al reincorporarse a la carrera, por el actuar errado del Director de Escuela de la Carrera, se procedió a iniciar investigación sumaria en que ha tenido el recurrente todas las garantías constitucionales salvaguardadas, siendo necesario indicar que la resolución impugnada mediante el presente Recurso de Protección se encuentra ajustada a la normativa interna de la Universidad, puesto que el artículo 15 del Reglamento de Derechos y Deberes de los Estudiantes, dispone expresamente que “Cualquier miembro de la comunidad universitaria que tome conocimiento de hechos que puedan constituir delito, deberá ponerlos en conocimiento de la Dirección Jurídica de la Universidad, para efectos de que ésta proceda según las normas correspondientes del Código Procesal Penal; sin perjuicio del inicio, continuación o suspensión del procedimiento respectivo según las normas del presente Título. Si el alumno es condenado por la comisión de un crimen o simple deliro, sea en calidad de autor, complica o encubridor, en virtud de sentencia firme y ejecutoriada, por Tribunal competente, queda de inmediato ex matriculado, salvo que el Consejo Académico, por resolución fundada, determine lo contrario”.

A continuación, cita el derecho en forma lata, al igual que jurisprudencia, para finalizar expresando la no existencia de acto arbitraria de su parte, por lo que solicita que tenga por informa el recurso, de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de sus representados, descartando que el acto impugnado sea catalogado como ilegal o inconstitucional, rechazándolo con expresa condenación en costas.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que esta Corte debe analizar si los hechos descritos en el recurso los cuales no fueron controvertidos sustancialmente por la recurrida son constitutivos de ilegalidad y o arbitrariedad por parte de la Universidad Austral de Chile, que requiere la tutela jurisdiccional en esta sede.

Quinto: Que la Universidad Austral de Chile, permitió a pesar de tener conocimiento de que el recurrente podría haber cometido un ilícito penal, ya que incluso derivó al Ministerio Público los antecedentes para que efectuara la respectiva investigación, el reingreso a la carrera de Ingeniería en nombre reservado, periodo en el cual desarrolló su trabajo final de carrera reincorporándose oficialmente en el mes de marzo, sin perjuicio que con anterioridad ya se encontraba trabajando en su tesis bajo la supervisión de un académico, para luego ser presentado para su evaluación en que obtuvo notas 70 y 67, fijándose fecha para su defensa final el día 3 de julio de 2017.

Durante dicho periodo con conocimiento de las autoridades académicas se permitió el reingreso al ámbito educacional en que se cumplió con sus obligaciones al pagar el arancel respectivo y cumplir los requisitos académicos durante todo el año 2017, sólo con fecha 23 de junio se inició el sumario por la infracción cometida, suspendiéndose por tanto la realización de la defensa final de título. Posteriormente, se fijó por parte del Fiscal Instructor la suspensión indefinida del sumario mientras se resuelve la causa penal en la cual se encuentra imputado.

Sexto: Lo anterior, se considera un actuar arbitrario por parte de la Universidad Austral de Chile, al no haber iniciado en forma inmediata la respectiva investigación administrativa, sino que esperar que el alumno se encontraba ad portas de su titulación cumpliendo como se expresó con todos los requerimientos académicos impuestos, aprobándolos debidamente, y solo unos días antes de finalizar en forma exitosa la carrera, procedió a la apertura de la mentada investigación , para luego suspenderla en forma indefinida.

Séptimo: Lo expuesto configura un atentado en contra de la garantía fundamental del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, ya que el recurrente tenía la posibilidad de defender su trabajo proveniente de su buen desempeño académico, habiéndosele fijado fecha por lo que al momento de que ello ocurrió obtuvo el dominio sobre una cosa incorporal consistente en la realización de tal defensa ante la comisión respectiva tratándose de un derecho adquirido por el cumplimiento de los propios requisitos impuestos por la Universidad recurrida, conculcándose dicha garantía. Lo anterior, unido a que de acuerdo a la teoría de los actos propios, el actuar de la Universidad fue a lo menos negligente por estimar que los hechos confesados por el recurrente que efectivamente son graves, no puede entenderse razonablemente como no se investigó anteriormente, siendo por tanto arbitrario al carecer de razón y justificación la dilación en el inicio del sumario, luego de haber pagado incluso el arancel de un año académico y contrario a derecho su forma de proceder.

Octavo: Que por lo anterior, el derecho conculcado es la posibilidad de rendir el examen de titulación en el cual don nombre reservado, puede o no aprobarlo, aplicándose lo que en doctrina se llama el derecho de la chance, existiendo una propiedad sobre dicha posibilidad de carácter inmaterial de acuerdo a lo contemplado en la garantía invocada.

Noveno: A mayor abundamiento, la resolución del Fiscal Instructor no genera una certeza de cuando se reabriría el sumario, porque queda entregado al actuar del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, por lo que nos encontramos frente a un plazo indeterminado, existiendo los antecedentes suficientes para haber resuelto la investigación administrativa, pero se prefirió declinar en ello, lo que no puede efectuarse en perjuicio del actor. Por lo anterior, se acogerá el recurso como se dirá en lo resolutivo.

Décimo: Que lo anteriormente resuelto, es sin perjuicio de lo que se resuelva en sede penal, lo que es resorte exclusivo del órgano persecutor y de los tribunales de justicia.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N°2, 24 y 20 de la Constitución Política de la República y, Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas aplicables se resuelve, que SE HACE LUGAR al recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Rector de la Universidad Austral de Chile don nombre reservado, de la Secretaria General de la Universidad Austral de Chile, doña nombre reservado, y en contra del abogado don Carlos Carnevali Dikinson, , Director Jurídico de la Universidad Austral de Chile, por lo que en consecuencia, se deberá permitirle la realización de la defensa del trabajo final de título dentro del plazo de 30 hábiles, por la que la recurrida agendará una fecha para ello, comunicándole al recurrente, sin costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

N°Proteccion-1003-2017.