nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, Abogado, en representación de don nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, miembros de la Directiva y socios de la Comunidad Indígena “nombre reservado”, por la acción ilegal y arbitraria constituida por la ocupación y construcción de viviendas de material ligero en el predio de propiedad de una sociedad de su representado, y diversos actos de perturbación, que amagan los derechos constitucionales del artículo 19 N.°3 inciso 4°, N.°21 y N.°24 de la Constitución Política de la República, razón por la que solicita a esta Corte que, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, ordene a los recurridos cesar el acto que afecta los derechos constitucionales ya señalados del recurrente, y en definitiva declarar que el acto de ocupar ilegalmente el predio e impedir el acceso al mismo, es ilegal y arbitrario; que los recurridos deben hacer abandono del predio, restableciendo las cosas al estado en que se encontraba el inmueble del acto impugnado, y que se condene en costas a los recurridos.

Expone que su representado es dueño en calidad de socio de Inmobiliaria e Inversiones Los Ángeles Limitada, del Lote B-Uno A del Plano de subdivisión del lote B-Uno de un Predio agrícola denominado Chauquén, ubicado en el sector del mismo nombre, comuna de Panguipulli, de una superficie aproximada de 95 hectáreas, el adelante “Fundo Chauquén”. Dicho predio, que es administrado junto a sus hermanos, está entregado en arriendo a don nombre reservado, quien desarrolla en él labores ganaderas y agrícolas.

En lo que se refiere al hecho vulneratorio específico e inicial, expresa que el día 16 de febrero de 2021 a eso de las 09:00 horas cerca de diez personas ingresan al Fundo Chauquén, por vía no habilitada, y provistos de letreros, pancartas, banderas y palos, los instalan en el lugar y además se quedan en el Fundo tres a cinco personas en todo horario, quienes a la fecha ya realizaron construcciones de material ligero. Las pancartas son alusivas a reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, sindicando como autores de dicha usurpación a la comunidad “nombre reservado”. Agrega que en atención a ello se interpuso la respectiva querella por el delito de usurpación no violenta con fecha 22 de febrero de 2021 en RIT 263-2021, RUC 2110009306-2 del Juzgado de Garantía de Panguipulli, querella que en agosto de 2021 se amplía al delito de usurpación de aguas, dado que en esas fechas se tomó conocimiento de que la tubería de aducción de agua que conecta al estanque que recepciona las aguas de cuyo derecho de aprovechamiento es titular el recurrente, se encuentra interrumpido por una conexión ilegal, la cual precisamente tiene como destino el punto de la ocupación ilegal.

Indica que al día de hoy los recurridos aún se encuentran al interior de la propiedad, a pesar de que la Presidenta de la comunidad doña nombre reservado ya ha sido formalizada por el delito de usurpación no violenta, precisando que los ocupantes ilegales continúan en el lugar, generando constantes daños a la propiedad, robando un cerco eléctrico de cerca de 300 metros de extensión, más las estacas. Dicho cerco, separaba las empastadas, lugar donde el arrendatario del fundo tiene la siembra para sus animales. Así, al día de hoy los recurridos han ingresado animales de su propiedad a dichas empastadas, retirando los animales del arrendatario del predio que se encontraban allí (bajo amenazas para que no vuelva a ingresarlos al lugar) e incluso ingresaron chanchos lo que implica una pérdida de aquellas siembras, por el daño que generan. La única forma de poder cosechar ha sido con protección policial, sin que el recurrente o los demás socios propietarios del Fundo Chauquén puedan ingresar al fundo que es de su propiedad.

En cuanto al sustento jurídico de su pretensión, argumenta que la acción de protección es un mecanismo de tutela de la generalidad de los derechos constitucionales frente a acciones u omisiones, ilegales o arbitrarias, que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los mismos. Así, nuestros Máximos Tribunales han señalado que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas.

En concreto, como se avanzó previamente, reputa infringidas las garantías derechos constitucionales del artículo 19 N.°3 inciso 4°, N.°21 y N.°24 de la Constitución Política de la República. Respecto de la primera, apunta que este derecho constitucional se ha visto perturbado desde que los recurridos han procedido a tomarse la justicia de propia mano, sustituyéndose a los tribunales que establece la ley. Se ha actuado de facto, mediante una actuación de autotutela, confiriéndose un derecho a ocupar el predio y bloquear el acceso a mi representada, alterando la situación de hecho existente en el lugar. La comunidad indígena a la cual pertenecen los recurridos inició un proceso de reivindicación ante CONADI por el artículo 20 letra b de la Ley Indígena, y no hay constancia alguna de que dicha institución proceda a la compra de terrenos. Por su parte, en atención a copia de noticias periodísticas de los años 90´ consta que el padre del recurrente incluso ya hizo entrega de 62,5 hectáreas a la Comunidad Indígena nombre reservado, comunidad de la cual es originaria la comunidad “nombre reservado” recién formada el año 2019, por la disgregación de la antedicha comunidad.

Enseguida, expresa que se vulnera el derecho a desarrollar actividades económicas, toda vez que, como se dijo, la comunidad recurrida y los integrantes que ocupan ilegalmente el predio no dejan desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas propias que realizaban los propietarios del predio, e incluso obstaculizan las labores del arrendatario.

Finalmente, sostiene que la garantía del derecho de propiedad ha sido violentada desde el día 16 de febrero de 2021 a la fecha, toda vez que los recurridos se han “tomado”, ocupado ilegalmente y bloqueado el acceso al predio de manera ilegítima.

Argumenta que, si bien se ha iniciado una percusión penal por ser los hechos constitutivos de delitos, ello no obsta a la procedencia de la acción de protección más aun considerando el tiempo transcurrido sin que por la vía idónea se hubiere obtenido el restablecimiento del derecho y continúen a la fecha con absoluta impunidad los actos de autotutela de los recurridos, citando jurisprudencia al respecto de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco (Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2015, Rol 3836-2015), y de la Excma. Corte Suprema (sentencia de fecha 5 de abril de 2022, Rol 71.755-2021), de modo que termina solicitando se acoja su acción en los términos que indica, con costas.

Informó don nombre reservado, por los recurridos, solicitando su completo rechazo, en primer lugar, por ser la acción manifiestamente extemporánea. Expresa que el propio recurrente indica que los dos hechos esenciales que fundamentan su recurso ocurrieron respectivamente el 16 de febrero de 2021 (la ocupación) y del segundo tomó conocimiento el 13 de julio del mismo año (la interrupción de la conducción hídrica), de modo tal que el plazo de treinta días corridos del Art. 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, ha transcurrido con largueza.

En segundo lugar, indica que el recurrente ha presentado querella penal (y una ampliación) ante el Juzgado de Garantía de Panguipulli por los mismos hechos, cuyo procedimiento está en curso, encontrándose formalizada una de las recurridas y citada audiencia para discutir aumento de plazo para investigar solicitada por el Ministerio Público. En la secuela de este procedimiento el recurrente ha podido ejercer y ha ejercido en tanto querellante todas las acciones y derechos que la ley habilita, incluida medidas cautelares. La circunstancia que un tribunal se encuentre conociendo desde hace más de un año los hechos en que funda el recurso y referido a las mismas personas, obsta en opinión de esta parte a que la protección reclamada pueda prosperar. Reconoce que si bien es cierto no se encuentra limitada la procedencia de la acción de protección, ni restringida por existir otras vías jurisdiccionales posibles en que pueda resolverse la cuestión planteada, dicha facultad tiene limitaciones; la ya anotada de naturaleza temporal que impide intentar la acción fuera del plazo que un Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema le ha impuesto y por otro lado, que trate sobre hechos que no se encuentre conociendo un tribunal. La naturaleza expedita y de urgencia, extraordinaria de la acción constitucional de protección no impide que con posterioridad a su presentación, de manera simultánea a él o aun después de fallado dicho recurso, puedan ejercerse cualquiera de las vías que la jurisdicción habilita al recurrente, sin embargo no puede pretenderse, sin desvirtuar la naturaleza del recurso de protección, impetrar dicha acción cautelar, cuando existe un procedimiento, un juicio en plena sustanciación, que le habilita al recurrente diversas herramientas para proteger, reclamar y cautelar sus derechos.

Concluye, pese a la manifiesta improcedencia del recurso, informando a esta Corte que: 1. El propio libelo establece que los actos denunciados e imputados a las recurridas no fueron violentos o de algún modo amenazantes; y lo propio hace texto de la querella penal, indicando que el temor es más bien por “comunidades más radicales”, esto es, personas distintas de las recurridas. 2.- La comunidad indígena a la que pertenecen las recurridas efectivamente mantiene un proceso de reclamación territorial, de origen histórico, en que la acción denunciada por el recurrente es de naturaleza propagandística, de expresión política, y forma parte de un proceso que se llevará adelante por la vía judicial y administrativa, de conformidad con la Ley 19.253, artículo 20 y siguientes. 3. El proceso de reclamación territorial, se encuentra iniciado y en tramitación con fecha 16 de septiembre de 2020, mediante comunicación escrita Carta N° 177, de don nombre reservado, Director (s) Regional Conadi Los Ríos, dirigida a la comunidad nombre reservado. 4. Resulta evidente que ocupar o despojar por vías de hecho o actos de autotutela al recurrente de su derecho sobre un fundo de 95 hectáreas, requiere de muchas más personas que las cuatro recurridas. Y 5. La circunstancia de que el recurrente afirme realizar faenas con protección policial, es indicativa de que no ha sido despojado y no obstante las molestias que refiere, continúa pudiendo realizar su actividad económica.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia una tutela rápida, eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, con urgencia, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que corresponde, en primer término, hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad que propone en su informe el representante de los recurridos. Al respecto, es claro que el Numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, en su actual redacción, establece un plazo fatal de treinta días corridos para incoar la acción constitucional, contados “desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.” En la opinión de esta Corte, para aplicar esa norma es menester distinguir, cuando se trata de un acto humano positivo que una persona estima conculca sus derechos, entre ese acto humano y sus consecuencias materiales o inmateriales, entendiendo que el plazo de la norma se refiere al primero y no a las segundas. Así, por ejemplo, un acto humano como poner un candado en un acceso, cerrando un camino, debe reclamarse dentro del plazo de treinta días desde que se ejecutó el acto de poner un candado o se tuvo conocimiento del mismo; y no puede pretenderse que por continuar vigentes las consecuencias del mismo -en el ejemplo, el acceso sigue cerrado- el recurso de protección pueda interponerse en cualquier momento. En el caso sub lite, sin embargo, es el mismo acto humano de ocupar un inmueble ajeno, por razones políticas o propagandísticas relativas a reivindicaciones territoriales, el que se prolonga de modo indefinido en el tiempo, y sigue vigente, según informan los propios recurridos, a la fecha de interposición de la acción constitucional de protección. En otras palabras, es el propio hecho humano presuntamente vulneratorio el que tiene carácter de continuo, y no sólo sus consecuencias; de modo que no puede entender esta Corte que la acción deba calificarse de extemporánea (como lo sería si los recurridos se hubieran limitado a concurrir al lugar, instalar unos cercos, plantar unas banderas y carteles, y se hubieran luego retirado). En resumen, estima esta Corte que el presente recurso debe entenderse interpuesto dentro del plazo normativo.

TERCERO: Que, por otra parte, se ha alegado por los recurridos que el hecho de que el recurrente ya haya interpuesto acciones penales por usurpación ante la justicia ordinaria para obtener el castigo de los culpables y la restitución del suelo y del flujo de agua que le pertenece obsta a este recurso. Al respecto, hay que recordar que el texto constitucional de modo expreso indica que el recurso procede “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Tal alegación, por lo tanto, será desechada puesto que resulta claro que la sede penal tiene una finalidad jurídica diversa (el castigo del culpable de un delito) que la de la tutela constitucional (la adopción de medidas conducentes a la protección de quien haya visto amagados sus derechos constitucionales).

CUARTO: Que en orden a establecer la concurrencia de los requisitos de procedencia de la acción constitucional, resulta que son hechos no discutidos en el presente recurso que la sociedad de la que es parte el recurrente es dueña del predio en que los recurridos han intervenido, al menos desde la perspectiva del Derecho Civil (es decir, dejando a salvo eventuales derechos ancestrales, que son los que motivan la reivindicación territorial que hace la comunidad a la que pertenecen los recurridos), de modo que su derecho a estos efectos resulta indubitado. De esta manera, se satisface la primera de las condiciones de procedencia de la acción de protección en nuestro sistema, cual es que el derecho alegado como afectado por parte de los recurrentes sea indubitado, o no debatido. Asimismo, tampoco resultan en verdad controvertidos por el informe los dos hechos basales de la acción impetrada, la toma propagandística y la interrupción del flujo hídrico. En palabras de los recurridos “la acción denunciada por el recurrente es de naturaleza propagandística, de expresión política, y forma parte de un proceso que se llevará adelante por la vía judicial y administrativa, de conformidad con la Ley 19.253, artículo 20 y siguientes.” En cambio, no han quedado indubitadamente demostrados ni los impedimentos de acceso al predio para sus dueños, ni las obstrucciones a las labores agrícolas por parte de los mismos o de algún arrendatario.

QUINTO: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, implica que su ámbito es excepcional, frente a situaciones que ameritan imperiosamente la adopción de medidas de protección en pro del derecho cuya vulneración se invoque. Respecto del derecho cuya tutela se pide, debe tener un carácter de indubitado, y no referirse a meras expectativas o a la sola autoatribución hipotética de prerrogativas no reconocidas por el ordenamiento jurídico. Finalmente, los actos u omisiones reclamados deben tener el carácter de ilegales o arbitrarios.

SEXTO: Que, de esta manera, es claro para esta Corte, y así se recoge en prácticamente todos los fallos emitidos por las Cortes de Apelaciones (y ciertamente por ésta) y por la Corte Suprema, que la acción constitucional tiene un propósito cautelar de urgencia. Es ese fin tutelar el que justifica su tramitación relativamente desformalizada, su naturaleza no declarativa de derechos, sus requisitos, y es también el fundamento último del plazo establecido por la Excma. Corte Suprema. Esa naturaleza está claramente delineada en la propia regulación constitucional, que habilita -en tiempo presente- al que “sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías” para “ocurrir (…) a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Tan asentada es esta idea de la acción de protección como una tutelar de emergencia, que la propia jurisprudencia que trae a colación el recurrente la menciona expresamente: “en primer término se debe de tener presente, que el Artículo 20 de la Carta Fundamental no limita la procedencia de la acción de protección ni la restringe por existir otras vías jurisdiccionales posibles en que pueda resolverse la cuestión planteada. Más bien, y por el contrario, la norma constitucional citada admite expresamente esta acción cautelar y de emergencia en todos los casos de vulneración de los derechos fundamentales que indica, al expresar que su ejercicio es sin perjuicio de los otros derechos que (el recurrente) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” (Corte de Temuco, Rol 3836-2015, las cursivas son de esta Corte).

SÉPTIMO: Que las precedentes reflexiones vienen al caso dada la circunstancia de que en el conflicto de autos ocurre que el primer hecho indubitado que se acusa como vulneratorio ocurrió en el mes de febrero del año 2021, esto es, hace dieciséis meses atrás, y el segundo, en julio de 2021, o sea, hace ya un año completo; de manera que resulta francamente difícil compatibilizar el momento de interposición de la acción con su carácter cautelar y urgente, razón por la cual, según se dirá en lo resolutivo de esta sentencia, ella será acogida de un modo estrictamente limitado. Lo contrario, es decir, hacer irrelevante la cuestión de la urgencia, transformaría en la práctica al recurso de protección en una acción sustantiva, carácter que no puede ni debe tener, puesto que por la vía proteccional podría revisarse cualquier situación de un pasado incluso lejano, y se terminaría afectando de manera significativa uno de los principales valores, si no el principal, del ordenamiento legal: la seguridad jurídica. Pero al propio tiempo, resulta para esta Corte innegable que si es cierto que, como sostienen los recurridos, “la acción denunciada (…) es de naturaleza propagandística, de expresión política, y forma parte de un proceso que se llevará adelante por la vía judicial y administrativa, de conformidad con la Ley 19.253, artículo 20 y siguientes”, entonces esa acción política y de propaganda debe buscar modos de hacerse compatible con el pleno respeto de los derechos constitucionales de la parte recurrente.

Con el mérito de lo razonado, disposiciones constitucionales y legales citadas, y teniendo presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en nombre de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, miembros de la Directiva y socios de la Comunidad Indígena “nombre reservado”, solamente en cuanto se ordena a los recurridos abstenerse de cualquier acto que se aparte de la pura manifestación política y de difusión de sus aspiraciones, y signifique un impedimento de acceso, de trabajo o de cosecha en el predio del recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Juan Andrés Varas Braun Rol 1001 – 2022 PRO.