nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece el abogado, don Luis Olcay Montti, en nombre de la "SOCIEDAD AGRICOLA nombre reservado LIMITADA", persona jurídica chilena, del giro agrícola, representada por don nombre reservado, agricultor, todos con domicilio en domicilio reservado, la que interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, agricultor, y en contra de “AGRÍCOLA DOS MONTES LIMITADA”, representada por aquél, ambos domiciliados en domicilio reservado y provincia de Osorno, por la amenaza y perturbación al derecho de propiedad de su representada, respecto de un contrato de arriendo de predio agrícola y contrato de administración de predio agrícola, celebrados con la recurrida “AGRÍCOLA DOS MONTES LIMITADA”¸ lo que se habría materializado mediante el ingreso no autorizado al inmueble entregado en arriendo y administración, sumado a la ocupación y uso no autorizado y arbitrario de dicho predio por parte de los recurridos, tanto personalmente como por intermedio de terceros autorizados por aquéllos, lo cual se habría verificado por medio de la fuerza, con alteración al régimen de trabajo y con amenazas en perjuicio de trabajadores; todo lo cual violentaría la garantía constitucional de la propiedad establecida en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Funda su arbitrio en que el 15 de febrero de 2016, entre la Sociedad "Agrícola Dos Montes Limitada", representada por don nombre reservado y la "Sociedad Agrícola nombre reservado Limitada", representada por don nombre reservado, se celebró un contrato de arrendamiento sobre el predio denominado Fundo Paillaco, E, Copihue, añadiendo que, posteriormente, el 7 de noviembre de 2016, se pactó entre iguales partes un contrato de administración sobre el mismo predio rústico, aclarando que ambos contratos fueron celebrados ante el Notario Público, don Harry Winter Aguilera, de la ciudad de Osorno y versaron sobre idénticos predios rústicos y similar inventario, afirmando que dichos contratos se ejecutaron sin problema ni inconvenientes entre las partes hasta comienzos del mes de abril de 2019.

No obstante, acota que el 1 de abril de 2019, el recurrido, nombre reservado, comenzó a realizar actos que constituyen una perturbación sería y grave al derecho de propiedad de su representada sobre los contratos de arrendamiento de predio agrícola y de administración de predio agrícola, por cuanto aquél procedió no sólo a ingresar en forma arbitraria en numerosas ocasiones al interior del predio Fundo Paillaco, E, Copihue, sino que además a intervenir en el desarrollo normal de las actividades agrícolas que efectúa su representada para la explotación comercial del predio en cuestión.

Añade que, con el solo objeto de dar seguridad al recurrido de la intención de cumplir con sus obligaciones y compromisos comerciales, su representada aceptó en un principio este proceder abusivo y permitió el ingreso al predio del recurrido y de sus representantes; sin embargo, este gesto de buena fe habría sido mal utilizado por el recurrido, quien ya a mediados del mes de abril procedió a ingresar no sólo cuando le viniera en gana, sin aviso alguno, sino que comenzó a intervenir derechamente en el normal funcionamiento de la empresa en el siguiente sentido: - Comenzó a dar órdenes a los trabajadores contratados por su representada, señalando que aquélla carecía de facultades, porque él era el dueño de la propiedad. - Comenzó a controlar el ingreso y salida al fundo. -Formuló amenazas a los trabajadores que se mostraron reacios a sus órdenes, para cuyo efecto se acompañaron declaraciones escritas de trabajadores que denunciaron dicho proceder. - La producción lechera diaria del Fundo comenzó a ser administrada directamente por el recurrido, controlando los envíos de leche, ordenando que la misma fuese ingresada a la planta lechera a su nombre, de manera de obtener que los pagos fuesen realizados directamente a él. - Designó a representantes de su confianza para que ellos procedieran a administrar el predio.

Agrega que frente a estos actos, que atacaban directamente el proceder y funcionamiento de la Sociedad, se solicitó al recurrido que se abstuviera de ingresar al predio arrendado y dado en administración, así como que no interviniera en el proceso productivo interno del Fundo, para lo cual se envió, con fecha 30 de abril de 2019, un “mail” a la recurrida, el que no sólo fue ignorado, sino que el grado de fuerza de las acciones de hecho ejecutadas llegó a un punto máximo en esa misma oportunidad, en la que los recurridos optaron por la vía de la autotutela, eligiendo la fuerza injustificada e ilegítima y procediendo derechamente a tomar posesión material del predio Fundo Paillaco, E, Copihue, mediante la construcción de una garita en la entrada del predio, a fin de impedir el acceso a su representada, contratando a un guardia armado, quien no se identifica, el cual impide el ingreso de cualquier persona sin la autorización directa del señor nombre reservado. Aduce que se denunció dicha situación ante Carabineros de Chile.

Por otra parte, adiciona que al intentar el retiro de tres tractores de su propiedad el día 30 de abril de 2019, les fue negado de parte del administrador de la recurrida, lo que también fue objeto de una denuncia ante el órgano policial.

Señala que la amenaza e intimidación ha llegado a tal nivel, que los trabajadores de su representada, aun cuando mantienen un contrato de trabajo vigente con ella, no se atreven a cumplir con sus órdenes ni con el requerimiento de entregar los tractores, justificándose en que ellos ya no entienden a quién deben responder y amparándose en el deseo de no perder su fuente laboral, prefiriendo la inacción.

Por todo lo expuesto, es que reitera que los actos cometidos por las recurridas constituyen una amenaza y perturbación cierta del derecho de propiedad que detenta su representada respecto del contrato de arriendo de predio rústico, de fecha 15 de febrero de 2016, celebrado entre la sociedad "Agrícola Dos Montes Limitada" y la "Sociedad Agrícola nombre reservado Limitada", así como del contrato de administración del mismo predio, convenido con fecha 7 de noviembre de 2016 entre las mismas partes; en tanto, a propósito de los tres tractores, se ha afectado el mismo derecho, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República; razón por la que solicita se ordene a los recurridos abstenerse de realizar cualquier acto o medida respecto del predio en cuestión, adoptándose de inmediato las medidas y providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representado.

Entendiendo cumplidos los requisitos de un Recurso de Protección, se detiene a analizar que el actuar de las recurridas es ilegal, por precisamente estar afectando las facultades que le confiere el contrato de arriendo de predio rústico y el de administración del mismo, ya detallados, violentando derechamente las normas relativas a la propiedad, especialmente la del artículo 580 del Código Civil, en relación con el aludido artículo 19 N° 24 del Texto Constitucional y ponderando que dicha acción de la recurrida también es arbitraria, por cuanto en virtud de una interpretación personal que hace del contrato de administración, se considera facultada para ingresar a la propiedad arrendada y dada en administración, así como para intervenir en el proceso productivo y dar órdenes a los trabajadores de su representada; todo lo cual, conforme se ha dejado dicho, se ha visto coronado con la toma de posesión ilegal del predio dado en arrendamiento y administración a su representada, más la retención de tres tractores de su propiedad, los cuales se encuentran dentro del Fundo y cuya posesión se ha perdido.

Informando la recurrida, “Agrícola Dos Montes Limitada”, Sociedad dedicada al giro de su denominación, representada por don nombre reservado, reconoce la existencia de los contratos suscritos entre las partes, pero respecto del arrendamiento afirma que éste se encontraría vencido, ya que su prórroga se verificó sólo hasta el 31 de julio de 2016, admitiendo que el de administración se encuentra vigente hasta el año 2023. Enfatiza, eso sí, la existencia de una cláusula compromisoria, a saber: “DECIMONOVENO: Cualquier dificultad que se origine entre las partes y relativos a la interpretación, cumplimiento, incumplimiento, mora, retardo, causal de término del contrato, o indemnizaciones que pudieren generarse, a causa o con ocasión del presente contrato, serán resueltos por un árbitro arbitrador, en cuanto a la tramitación y al fallo del asunto debatido. Sus resoluciones no serán susceptibles de recurso alguno, debiendo cumplir con las exigencias contempladas en los artículos seiscientos treinta y seis y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De común acuerdo las partes designan Árbitro Arbitrador a don nombre reservado. Si éste no pudiera o no quisiera aceptar el cargo, lo desempeñara don nombre reservado“. (Sic)

Explica que, en virtud del contrato de administración, se entregó a la recurrente la que recae sobre los siguientes bienes: a) Los predios denominados Fundo Paillaco, Fundo El Copihue y Fundo San Carlos, que totalizan novecientas hectáreas aproximadas, todos ubicados en la comuna de Paillaco (cláusula primera); b) 870 vacas en producción, que cumplen con el requisito PABCO A lechero, que avaluaron en 20 unidades de fomento más IVA, cada una; c) 150 vaquillas preñadas de trescientos cincuenta kilos, de parto de otoño, que avaluaron en 20 Unidades de Fomento más IVA, cada una; d) 348 vaquillas de doscientos cincuenta kilos, que avaluaron en 12 Unidades de Fomento más IVA, cada una; y e) 276 terneros de ciento diez kilos aproximadamente, que avaluaron en 8 Unidades de Fomento más IVA, cada uno (cláusula segunda). Amén, de lo anterior, entre otras especies: 4.209 bolos de pasto, que el administrador debía pagar a razón $33.453.- más IVA, cada uno, en la medida que el ganado lo fuera consumiendo (cláusula cuarta parte final).

De la misma forma, aclara que la razón por la cual don nombre reservado, gerente de “Dos Montes Ltda.”, llegó a celebrar un contrato de administración respecto de los bienes comprendidos en tal instrumento, fue la decisión que tomó junto a su familia de radicarse un par de años en el extranjero (Oregón, EE.UU.). A tal efecto, recibió la recomendación de un pariente, en el sentido que había una persona capaz de hacerse cargo de la gestión de los predios y de la masa ganadera, quien es el hoy recurrente.

Enfatiza que el vínculo jurídico que unía a las partes era lo que denominaron un contrato de administración o, más bien, un mandato especial de administración, ya que el contrato de arriendo terminó por vencimiento del plazo estipulado en la prórroga suscrita por escritura pública de 5 de julio de 2016, según Repertorio N° 3276-2016, de la Notaría Winter de Osorno (acompañada en el N° 1 del primer otrosí del recurso), que fijó el 31 de julio de 2016 como fecha de su extinción. Razona que por si lo anterior no fuera suficiente, aún en el caso que el arrendamiento hubiese sobrevivido a su fecha de término, necesariamente se habría extinguido con el otorgamiento del “contrato de administración”, de fecha 7 de noviembre de 2016, otorgado por escritura pública, conforme a Repertorio N° 5235-2016, de la Notaría Winter de Osorno, en cuya primera cláusula se declara que “Dos Montes Ltda.” es dueña o arrendataria de los predios Fundo Paillaco, El Copihue y San Carlos, mientras en la cláusula segunda señala: “SEGUNDO: Por este acto, don nombre reservado, en representación de la sociedad AGRÍCOLA DOS MONTES LIMITADA da en administración a la SOCIEDAD AGRICOLA nombre reservado LIMITADA, para quién toma y acepta en administración don nombre reservado, todos los predios individualizados en la cláusula primera precedente, los que totalizan la suma novecientas hectáreas aproximadamente, etc.”.

Aclarado, a su criterio, que la relación jurídica entre las partes era un mandato especial de administración y no un contrato de arrendamiento (o ambas cosas a la vez), refiere que los primeros signos problemáticos en la gestión administrativa y financiera de “nombre reservado Ltda.”, fueron percibidos en el primer semestre de 2018, al enterarse que la sociedad administradora tenía un alto nivel de endeudamiento, siendo una parte importante deudas de arrastre con antiguos proveedores, créditos bancarios, algunos que todavía controlaba y otros que ya habían llegado a tribunales, como los ventilados en las causas ejecutivas que menciona (Rol C-388-2015 del Juzgado de Río Negro, seguida por el Banco Santander y Rol C-2539-2016 del Primer Juzgado de Osorno, seguida por el Banco Chile).

Por tal razón, explica que el Sr. nombre reservado debió viajar a Chile, dónde tomó mayor conocimiento de la delicada situación por la que atravesaba la Sociedad administradora y del grave riesgo patrimonial consecuente a que estaba expuesta, a su vez, “Dos Montes Ltda.”, proponiendo al Sr. nombre reservado poner fin a la administración, a lo que éste le solicitó continuar, arguyendo que necesitaba un poco más de apoyo para que su sociedad pudiera remontar frente al mal trance, asegurándole que lo peor ya había pasado. De esta forma, creyendo en la sinceridad de las palabras de don nombre reservado, “Dos Montes Ltda.” obtuvo un crédito empresarial por la suma de $250.000.000.-, el cual entregó a “nombre reservado Ltda.”, bajo la modalidad de un mutuo, que se suscribió entre ambas compañías el 20 de septiembre de 2018, autorizándose las firmas en la Notaría Winter de Osorno, fondos con los que se suponía que los proveedores serían pagados, como, asimismo, los tributos y deudas con el sistema financiero, dando un respiro a la empresa “nombre reservado Ltda.” y evitando, de paso, perjuicios a la mandante “Dos Montes Ltda.”

Sin embargo, pone en evidencia que a los pocos meses, en febrero de este año, don nombre reservado volvió a recibir malas noticias, razón por la que regresó a Chile a comienzos de marzo, retomando una serie de conversaciones con don nombre reservado para poner fin al desastroso negocio sin encontrar condiciones razonables, puesto que su contraparte exigía, sin ningún pudor, desmesuradas sumas como condición. Ante el resultado infructuoso de las tratativas, “Dos Montes Ltda.” decidió recurrir a la cláusula compromisoria pactada en el convenio de administración.

Así, con fecha 13 de marzo de este año, presentó solicitud judicial para notificar a los árbitros compromisarios, don nombre reservado y don nombre reservado, instituido este último para el caso que el anterior nombrado no pudiera o no quisiera aceptar el encargo, gestión que se enroló bajo el N° V-36-2019 del Segundo Juzgado de Letras de Osorno, siendo acogida a trámite y, en definitiva, al día subsiguiente, el árbitro don nombre reservado fue notificado, manifestando al Ministro de Fe su aceptación del cargo y jurando desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Dicha petición dirigida al árbitro para constituir el compromiso y citar a las partes al primer comparendo, fue presentada el día 20 de ese mes y resuelta al día siguiente. La misma resolución, mandó citar a las partes a comparendo en la oficina del Juez Árbitro, don nombre reservado, para el día viernes 29 de marzo, a las 10:00 horas, designando actuario al Notario de Osorno, don Harry Winter Aguilera y agregando una serie de pormenores de la tramitación ante el tribunal arbitral.

Recalca que el obrar de “nombre reservado Ltda.”, al intentar desconocer al tribunal arbitral, libre y voluntariamente convenido en el denominado “contrato de administración”, lo ha hecho en desmedro de lo dispuesto en los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, que proclaman que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes y que estos deben ejecutarse de buena fe, infringiendo también las demás cláusulas de la referida convención. De esta manera, la recurrente tiene temporalmente suspendida la vía o método de solución de controversias que de común acuerdo las partes eligieron.

Señala que, mientras tanto, en los Fundos Paillaco y San nombre reservado, sucedían hechos que el recurso también ha silenciado y que se refieren a la desvinculación de casi la totalidad de los trabajadores por parte del recurrente, con la secuela de deuda en el pago de los finiquitos y del abandono de la administración de los predios, habiéndoles anunciado que la parte recurrida había retomado las riendas de la dirección y administración. Confiesa que es efectivo que “Dos Montes Ltda.” comenzó a dar instrucciones a los trabajadores ya despedidos de “nombre reservado Ltda.”, indicándoles que iban a ser contratados a partir del 1° de mayo, cosa que efectivamente ocurrió, de manera tal que hoy son sus empleados. También aconteció que la producción lechera pasó de inmediato a “Dos Montes Ltda.”, pues asevera que obviamente a las vacas hay que darles de comer, beber y ordeñarlas todos los días. Expone que al haber asumido “Dos Montes Ltda.” la gestión directa de sus bienes, resultaba lógico que debía adoptar todas las medidas tendientes al desarrollo de una mejor labor y seguridad de la misma.

En todo caso, afirma que don nombre reservado, todavía ocupa la casa patronal del Fundo Paillaco, al igual que su subalterno y pareja, negando que alguien les haya impedido el ingreso o salida del predio.

Precisa que lo que el recurrente llama “toma ilegal del predio”, “fuerza injustificada e ilegítima”, no son más que afirmaciones mendaces, carentes de contenido y de sentido, pues quien ha lesionado gravemente el derecho de propiedad ha sido el propio recurrente, al haber causado cuantiosos perjuicios en los bienes de dominio de su parte, los que por mandato legal debía administrar con la diligencia y cuidado de un buen padre de familia, conforme a los art. 2129 y 44 inc. 4° Código Civil.

Concluye, indicando que no se ha perturbado, amenazado o conculcado ningún derecho que asista a la sociedad “nombre reservado Ltda.”, desde que respecto al único vínculo válido y vigente que mantenía con “Dos Montes Ltda.”, el llamado “contrato de administración”, por propia decisión del recurrente y empujada por una caótica situación financiera, abandonó el encargo o renunció a él; motivo por el que pide tener por evacuado el informe solicitado y, en definitiva, negar lugar al recurso de protección intentado por la Sociedad Agrícola nombre reservado Limitada, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conocido es que el recurso de protección constituye una acción constitucional de carácter extraordinario, que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho y el aseguramiento de la debida protección del afectado, frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Carta Fundamental, sin perjuicio de los demás derechos que aquél pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que, con miras a dirimir el asunto sometido a la decisión de este Tribunal, debe dejarse establecido, en el plano jurídico, que el derecho que se invoca como conculcado por parte del recurrente es el de propiedad, que se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado y, a su vez, que se contempla dentro del catálogo de aquéllos que forman parte de los tutelados mediante el mecanismo de urgencia en actual examen.

Ahora bien, conforme al tenor del escrito contenedor del recurso, la manifestación del aludido derecho de propiedad cuya vulneración se acusa, debe entenderse referida a los bienes incorporales o derechos personales derivados de los contratos de arrendamiento y de administración de tres bienes rústicos de dominio de la recurrida, en los que el actor sostiene detentar la calidad de arrendatario y de administrador, respectivamente.

TERCERO: Que, despejado lo anterior, es menester precisar, ya en el ámbito fáctico, que la narración de hechos que contiene el recurso interpuesto por la recurrente se encuentra orientada a denunciar un comportamiento autotutelar, mediante el cual el (los) recurrido (s) habría (n) procedido a perturbar las facultades de uso y goce inherentes al mentado derecho, sustentadas en el acuerdo de voluntades originado en una fuente contractual, reflejado en la dual dimensión convencional del arrendamiento y de la administración de bienes.

Sólo de esta forma puede ser inteligible la “propiedad de los contratos”, que es enunciada genéricamente por el pretensor como garantía conculcada y erigida en fundamento de su acción.

CUARTO: Que, tras las necesarias aclaraciones previas, no puede perderse de vista que para que proceda el recurso de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o tenido lugar omisiones, que revistan el carácter de arbitrarios o bien contrarios a la ley, los que de modo real priven o perturben o, en forma inminente, amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado de quien expone ser afectado, el cual se encuentre dentro de aquéllos que quedan bajo el resguardo brindado a las garantías precisas consignadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En ese orden de ideas, no es dable soslayar que el ámbito de la acción cautelar en análisis comprende solamente situaciones acuciantes e inequívocas, de fácil y rápida comprobación, enmarcadas dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, apareciendo contrario a ello la circunstancia de encontrarse otro (s) tribunal (es) avocado (s) al conocimiento de un objeto comprensivo de las materias en conflicto, en el contexto de un juicio cognoscitivo de mayor extensión y dotado de la plenitud de garantías para el desarrollo de una cabal discusión y acabada rendición de pruebas, tendientes a lograr una acertada solución de la controversia mediante una sentencia provista de autoridad de cosa juzgada.

QUINTO: Que, a la luz de lo latamente descrito en la parte expositiva de este fallo, se logra comprobar, en forma precisa, que en una situación equivalente a la expuesta en la última parte del motivo anterior es aquélla en que se encuentran recurrente y recurrido (s), aspecto que ha quedado aún más de manifiesto con el mérito de las alegaciones vertidas en estrados.

En efecto, ha sido ostensible para quienes han integrado esta Primera Sala, al oír las alegaciones de las partes, que aquéllas se han enfocado primordialmente en los contratos celebrados entre ellas, vigencia de uno de los cuales (arrendamiento) se ha debatido de manera abierta, habiendo ocurrido lo propio en torno al cumplimiento o incumplimiento de determinadas cláusulas de el o los mismos, a los montos de dinero comprometidos y a sus respectivas fuentes, al alcance de las facultades del administrador respecto de las gestiones a realizar, como a las del mandante, entre otras.

SEXTO: Que, sin embargo, se ha advertido un desvío del meollo del conflicto, que debió estar centrado en una adecuada y completa referencia a las concisas actuaciones del recurrido, que pudieran patentizar su carácter arbitrario o ilegal, en aras de ver sólidamente edificadas, sea la amenaza, perturbación o privación de un legítimo ejercicio del derecho de propiedad, que fuera consignado como vulnerado; lo cual guarda estrecho correlato, en todo caso, con que precisamente las partes se encuentran ya enfrascadas en un pleito por los mismos hechos, radicado en sede arbitral, por aplicación de la cláusula vigésima del contrato de administración, que fuera acompañado como prueba documental y de acuerdo a las copias de las piezas pertinentes de la correspondiente tramitación que fueron aparejadas. Otro tanto ha acontecido con la denuncia por una supuesta apropiación de tres tractores, que reclama como de su dominio el recurrente, a la cual se habría dado el curso penal de rigor.

En atención a ello, congruente es inferir que es en dichas sedes jurisdiccionales donde cada una de las aristas de este conflicto debe ser dirimida.

SÉPTIMO: Que, a objeto de no malentender lo razonado, debe enfatizarse que lejano a esta Corte se encuentra el propósito de negar la posibilidad a las partes, que se hallan en este evento ligadas contractualmente, en orden a poder accionar de protección; empero aquello debe tener cabida sólo ante situaciones de urgencia, en las que la (s) conducta (s) denunciada (s), traducida (s) en acción u omisión, atente (n) contra derechos constitucionalmente protegidos y que estén ajenos al oportuno y debido amparo en el decurso de un cauce procesal idóneo; lo cual en este caso diáfano se ha detectado haber estado ausente.

OCTAVO: Que, corolario de los raciocinios vertidos en el presente arbitrio, es que la acción deducida por esta vía adolece de estar en condiciones de prosperar, tornándose, por consiguiente, en ejercicio fútil e innecesario el examen de los documentos y demás elementos probatorios aparejados.

Y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA el recurso interpuesto.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, Sr. Luis Moisés Aedo Mora N°Protección-1001-2019.