nombre reservado con UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, doce de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A Fojas 1, comparece don nombre reservado, Egresado de Derecho, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad Autónoma de Chile, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, en consideración a que ha sido perturbado en sus garantías constitucionales, de manera arbitraria e ilegal, en particular se ha vulnerado el artículo 19 de la Constitución Política de la República; en su número 2º y 24º.

Contextualiza su recurso indicando que egresó de la Carrera de Derecho impartida en la Universidad Autónoma de Chile, con fecha 10 de abril de 2018, pero por razones eminentemente económicas, no le fue posible regularizar la deuda que mantenía con esta casa de estudios, lo cual lo privó de rendir su examen de licenciatura en igualdad de condiciones de plazo y oportunidades con los demás, esto es, en 3 oportunidades dentro del plazo de tres años.

Refiere que pudo regularizar su deuda con fecha 21 de febrero de 2023, lo cual lo habilitó para solicitar a la Comisión de Gracia la autorización para renovar el plazo a objeto de rendir su examen de grado, autorizando dicha Comisión a revalidar estudios, en el semestre primavera 2023, en los términos que señalan los artículos 57, del Reglamento de la carrera de Derecho de la UA, y 70, del Reglamento General del Alumno.

Habiendo dado cumplimiento a la revalidación de estudios, la Universidad le autoriza para rendir examen de licenciatura en el periodo de un año en dos oportunidades, las cuales, lamentablemente, y en perjuicio de sus intereses personales y familiares, no pudo concretar por cuanto se le exigía pagar las cuotas atrasadas, para con ello obtener la autorización y el desbloqueo del departamento de finanzas que habilita a sortear comisión y cédula para rendir su examen de grado, lo cual solo pudo regularizar el día 16 de octubre de 2024 repactando su deuda y posteriormente pagar un nuevo arancel para optar al sorteo de rigor para determinar comisión y cédula para rendir examen de grado.

Es así que, ante la proximidad del vencimiento del plazo del día 05 de diciembre de 2024, se vio obligado a solicitar hora para el día 04 de diciembre, privándome la Universidad de rendir mi examen de grado en las dos oportunidades concedidas por una circunstancia que escapa absolutamente a su voluntad, toda vez que, además del impedimento económico, el reglamento exige un plazo mínimo de 60 días entre una oportunidad y otra para rendirlo.

Que, con fecha 29 de octubre solicitó fecha para rendir su examen de grado para el día 4 de diciembre, pero se le informa simplemente que no hay cupos. Posteriormente, con fecha 9 de noviembre se notifica que se liberaron algunos cupos por renuncia y cambios de fechas de audiencia. Ante esta situación y sin contar con más plazo para ejercer su derecho a rendir su examen en las dos oportunidades de que disponía, se vio obligado a rendirlo únicamente el día 4 de diciembre, sin poder aprobar en la única y última oportunidad que, según la recurrida, disponía.

Que, ante esta actitud de la institución, decido apelar a la Comisión de Gracia para que se le concediera la oportunidad restante, negándoseme dicha oportunidad fundando su negativa en que, en su calidad de egresado, se entendía que habría renunciado a rendir el examen de grado en la oportunidad restante, después de haber reprobado en una primera oportunidad, hecho que, naturalmente carece de veracidad por cuanto en ningún momento renuncie a dicho derecho. De forma tal que la Universidad justifica la comisión de un acto ilegal y arbitrario interpretándolo caprichosamente como una renuncia de derechos, desconociendo absolutamente la circunstancia real y efectiva de que, a través de un acto de auto tutela estaban privando a un alumno de su legítimo derecho a rendir su examen de licenciaturita en el periodo y en las oportunidades que, en igualdad de condiciones con los demás alumnos, le correspondía.

Aduce que en otros casos similares al de este actor, (Por ejemplo, Resolución N° 22-2023, Facultad de Derecho, Carrera de Derecho UA) esto es, en el caso de alumnos que revalidaron estudios, se les concedió 3 años y tres oportunidades para rendir su examen de grado, sin embargo, en su caso, aun siendo la primera vez que lo rendía, solo se me otorgo un año de plazo y dos oportunidades.

1.- Que, en cuanto al contrato de prestación de servicios educacionales, como instrumento normativo, su regulación viene dada por la ley 20.370 que en el inciso primero del artículo 3 señala “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”.

Asimismo, este mismo cuerpo legal eleva el derecho a la educación a la categoría de derecho fundamental del cual todas las personas son titulares por el solo hecho de ser personas, siguiendo con ello lo prescrito por la Constitución Política de la República en relación a la protección del derecho de igualdad ante la ley y a la educación, ambas garantías consagradas, respectivamente, en los N° 2 y 10 de la Carta Magna.

Sostiene que la actitud de la recurrida de hacer justicia por su propia mano repugna, en cuanto mecanismo de auto tutela, a los principios más fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, el cual contempla todas las instancias legales para exigir el cobro forzado de una obligación en dinero ante los Tribunales de Justicia, tal como el procedimiento especial ejecutivo regulado en el Título I del Libro Tercero, artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Aduce que ante el irracional e incomprensible fundamento de la Comisión de Gracia en relación a que este actor renunció a la segunda posibilidad de rendir su examen de grado, cabe hacer presente que la educación es un derecho humano fundamental e irrenunciable, toda vez que en Chile toda persona tiene derecho a ella, por cuanto es el medio más efectivo que existe para obtener un desarrollo integral en todos los aspectos de la vida. Asimismo, la renuncia de derechos es un acto formal y explícito imposible de presumirse y, por tanto, claramente, no resulta ajustado a derecho interpretar que el no cumplimiento de una condición tan arbitraria e ilegal, otorgue la facultad de privar a un alumno de su derecho a rendir, en igualdad de condiciones que los demás alumnos, su examen de licenciatura por mantener deudas con su casa de estudios, debe entenderse como un acto de renuncia, toda vez que, en estas circunstancias no hay voluntariedad ni intención alguna, y, tal como se establece en el artículo 12 del Código Civil y en el artículo 5 del Código del Trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos en áreas sociales de tal importancia y envergadura como el trabajo y la educación, son de alcance general y validez universal, inspirando, por cierto, todo nuestro ordenamiento jurídico.

Finalmente, y sin perjuicio de la conculcación a la garantía constitucional contenida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se conculca también el derecho contenido en el N° 1, que señala “la constitución asegura a todas las personas. 1°. - El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. La conducta arbitraria e ilegal por parte de la recurrida infringe además la garantía precitada, toda vez que me he visto gravemente afectado psicológica y físicamente al ver que todo mi esfuerzo académico, laboral, personal y familiar se ve coartado por una conducta caprichosa, arbitraria, y discriminatoria que me impide cumplir con mi proceso educacional para obtener nuevas herramientas que me permitan enfrentar la vida en posesión de un título profesional.

Pide que se haga lugar al presente recurso, declarando en definitiva que dicha casa de estudios superiores permita, a este recurrente, sin mediar condiciones de ninguna especie, rendir su examen de licenciatura que lo habilita para obtener ser grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas en las mismas oportunidades y plazos otorgados a los demás alumnos en situación similar, esto es, en tres oportunidades y el plazo de 3 años, todo ello con expresa condenación en costas.

A folio 12, evacúa informe la recurrida Universidad Autónoma de Chile, pidiendo el rechazo del recurso.

Señala que reclama el actor de que su parte solo le autorizó a rendir examen de grado, después de pagar los aranceles adeudados por concepto de prestaciones educacionales y resulta que este hecho ocurrió con anterioridad al 16 de Octubre del año 2024, fecha esta última en que el actor se puso al día cancelando sus deudas y reconociendo por este mismo hecho que la actuación de mi parte era justa y acertada, pues no efectuó reclamo alguno en su contra.

Resulta entonces que, respecto de esta actuación de mi parte, de cobrarle lo adeudado, no procede recurso alguno, pues se trata de un hecho consumado, ocurrido hace largo tiempo y en exceso hace más de 30 días hábiles.

Después de pagadas sus deudas, el actor rindió su examen de grado, sabiendo que sólo podría hacerlo en una oportunidad pues faltaba poco para finalizar el plazo que se le había otorgado para rendir dicho examen.

El actor rindió el examen de grado y lo reprobó, perdiendo la oportunidad que en forma excepcional se le había dado, pero no contento con ello, pidió un nuevo plazo de gracia, el que se le denegó, ya que otorgárselo violenta nuestros reglamentos y constituye un peligro para la sociedad.

La Universidad no se encuentra obligada a otorgar plazos de gracia y en el caso en análisis considera que ello constituye un peligro para la sociedad, ya que el actor carece de los conocimientos necesarios para representar en juicio intereses ajenos.

En efecto, mi parte teme fundadamente que los estudios y los conocimientos del recurrente se encuentren descontextualizados y obsoletos, debido a que al actor, cuando ingresó a la universidad, por resolución 275/2004, se le convalidaron 20 asignaturas cursadas durante los años 1991, 1992, 1993 y 1994 el hecho de haber reprobado el examen de grado demuestra palmariamente que el curso de convalidación efectuado en nuestra Universidad, tampoco sirvió para actualizar sus conocimientos en Derecho Civil y Procesal. Demás está decir entonces que sus conocimientos en Derecho del Trabajo, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Político, entre otros, son totalmente anacrónicos y encuentran desfasados, constituyendo un peligro para el público otorgar el título de licenciado en ciencias jurídicas en estas condiciones.

Por las razones antedichas es que mi parte no sólo ha actuado legalmente, sino que además lo hace cautelando un fin superior, lo que amerita desechar el recurso interpuesto. Por lo demás y como ya se dijo, el actor no invoca ninguna causal que amerite acoger su reclamo, siendo que él mismo convalidó las actuaciones de mi representada pagando sus deudas sin reclamar de ello.

Concluye que su parte es garante ante la sociedad de que sus egresados, licenciados y titulados, tienen los conocimientos necesarios para desempeñarse en el mundo profesional en forma idónea, apropiada y certera. En el caso de autos resulta imposible para mi representada atestiguar estas aptitudes, ya que según fue explicado, teme fundadamente que los conocimientos del recurrente se encuentren desfasados y descontextualizados, por ello procede rechazar este recurso y desestimar cualquier intento del recurrente de rendir nuevamente su examen de grado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, para el análisis del asunto planteado en autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

TERCERO: Que, en el caso de la especie, se recurre de protección por estimar, el recurrente, que ha sido objeto de perturbación de las garantías constitucionales previstas en los numerales 1, 2 Y 10 de la Constitución Política de la República, en razón de haberle negado dicha casa de estudios superiores rendir su examen de licenciatura que lo habilita para obtener su grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas, por haber transcurrido el plazo de un año concedido para ello; solicitando se le autorice nuevamente a rendirlo sin mediar condiciones de ninguna especie, y en las mismas oportunidades y plazos otorgados a los demás alumnos en situación similar, esto es, en tres oportunidades y el plazo de 3 años, todo ello con expresa condenación en costas.

Por su parte, la universidad recurrida, señala que no es posible acceder la solicitud de rendir nuevamente examen de grado. Explica que después de pagadas sus deudas, el actor rindió su examen de grado, sabiendo que sólo podría hacerlo en una oportunidad pues faltaba poco para finalizar el plazo que se le había otorgado para rendir dicho examen.

El actor rindió el examen de grado y lo reprobó, perdiendo la oportunidad que en forma excepcional se le había dado, pero no contento con ello, pidió un nuevo plazo de gracia, el que se le denegó, ya que otorgárselo violenta nuestros reglamentos y constituye un peligro para la sociedad.

La Universidad no se encuentra obligada a otorgar plazos de gracia y en el caso en análisis considera que ello constituye un peligro para la sociedad, ya que el actor carece de los conocimientos necesarios para representar en juicio intereses ajenos.

CUARTO: Que, de los antecedentes del recurso, aparece que el recurrente egresó de la Carrera de Derecho impartida en la Universidad Autónoma de Chile, con fecha 10 de abril de 2018, pero por razones eminentemente económicas, no le fue posible regularizar la deuda que mantenía con esta casa de estudios, lo cual lo privó de rendir su examen de licenciatura en igualdad de condiciones de plazo y oportunidades con los demás, esto es, en 3 oportunidades dentro del plazo de tres años; solicitando a la Comisión de Gracia la autorización para renovar el plazo a objeto de rendir su examen de grado, autorizando dicha Comisión a revalidar estudios, en el semestre primavera 2023, en los términos que señalan los artículos 57, del Reglamento de la carrera de Derecho de la UA, y 70, del Reglamento General del Alumno; siendo autorizado por la Universidad a rendir examen de licenciatura en el periodo de un año en dos oportunidades, las cuales, lamentablemente, no pudo concretar.

Es evidente que, como cuerpo intermedio de la sociedad, la recurrida ha dictado su reglamentación particular por la cual se rige, tanto ella como en el caso, el recurrente, y así resulta del caso que la universidad se ha conducido de acuerdo con la reglamentación vigente.

QUINTO: De lo anterior se sigue que no existe acto arbitrario o ilegal, en que pueda descansar la pretensión de la recurrente. Ahora en cuanto a garantías que se dicen vulneradas, resulta que no se ha violentado la igualdad ante la ley. Tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad, pues lo cierto es que el recurrente al firmar el contrato de prestación de servicios educacionales para revalidar y cursar estudios, acuerda someterse a la normativa de la universidad, no logrado advertirse que la negativa a la rendición de un nuevo examen de grado, violente de algún modo el derecho de propiedad invocado.

En consecuencia, el actuar de la recurrida se encuentra amparado en la autonomía e independencia académica, pues en virtud de ello generó el reglamento que rige su actuar, obrando en todo momento con estricto apego al mismo, por lo que lleva razón al afirmar que no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria.

SEXTO: Que, por demás, siendo el recurso de protección una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria; por ello, y que como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, resulta que de los antecedentes del recurso es posible advertir que el caso presentado por la recurrente no adscribe tampoco, a lo recién planteado, y en tal escenario solo cabe su rechazo.

En tales condiciones, el recurso intentado debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Universidad Autónoma de Chile, Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Rol N° Protección-991-2025.(jog)