nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, siete de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

1.- A folio 1, con fecha 02 de diciembre de 2021, comparece JORGE MANUEL LENA SALGADO abogado habilitada para el ejercicio de la profesión, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, chileno, empleado, casado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, edificio campanario Temuco e interponer recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, Persona Jurídica, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ignora cédula de identidad, desconocemos profesión ocupación u oficio, ambos con domicilio en con domicilio en domicilio reservado; y en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, Persona Jurídica, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ignora cédula de identidad, desconocemos profesión ocupación u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la aplicación de descuentos ilegales efectuadas en su liquidación de sueldo.

Funda su recurso indicando que:

Es del caso señalar que recurrente y recurrido Caja de Compensación los Andes, tienen una relación de origen convencional; en que el recurrido otorgó un crédito a mi representado.

Tal crédito en comento consta en haberse otorgado mediante un título de crédito a favor de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. De esta forma, consta que el Pagaré código de crédito N°116.RUT reservado, que fue suscrito el día 18 de julio de 2018, el que tenía capital ascendente a $1.306.806.-, que devengaría un interés del 2,68% mensual vencido desde la fecha de suscripción del pagaré hasta su pago íntegro y efectivo. El capital juntamente con los intereses se pagaría en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de e $64.609.- cada una, pagaderas el día 30 de cada mes.

Así las cosas, producto del incumplimiento en el pago del recurrente, la recurrida “CAJA LOS ANDES”, inició un juicio ejecutivo en su contra que actualmente se tramita ante el 2º Juzgado Civil de Temuco, bajo el ROL C-1910-2021, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de mi representada por $2.156.464.- Señala que el recurrente se encuentra en mora de cumplir desde “el 30 de junio de 2019”.

En tal juicio antes señalado, en el líbelo de la demandante se señala lo siguiente a propósito de los lineamientos de la pretensión sometida a consideración del Tribunal;

“El retardo en el pago en más de 30 días corridos de todo o parte de una o cualesquiera de las cuotas, permitirá a la caja exigir la solución integra de la suma debida, siendo esta facultad privativa del acreedor, el que a su arbitrio podrá ejercer o no, considerando la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados no pagados. El nuevo capital así formado, devengara intereses a la tasa correspondiente al interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero, según Ley N°18.010 que rija el día en que se produzca la aceleración.”

De lo citado, puede entenderse que la demandante (Recurrida en estos autos proteccionales), hizo uso de la cláusula de aceleración, pretendiendo el cobro el total de la deuda insoluta - que a la fecha y según sus propios dichos emitidos por mandatario de la demandante cual confesión judicial- ascendía a $2.156.464.- Así las cosas, mi representada es notificado en el juicio que se indica con fecha 23 de agosto de 2021.

Luego, el recurrente fue tomando conocimiento el día 30 de noviembre de 2021 al recibir la liquidación de los periodos trabajados el mismo mes de noviembre de 2021, de que existía un descuento bajo ítem de “1,00 PRESTAMO C.C.A.F.LA ARAUCANA 1/1)” por la suma de $74.594.

También debe tenerse en cuenta, que tal monto no se condice con lo autorizado por el recurrente en su vez para descuento ($64.609).

Ahora bien, como es posible que, si el crédito fue solicitado en Caja Los Andes, este sea descontado por la otra recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA.

Esto se explica ya que a partir de abril del año 2014 las C.C.A.F. en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de créditos sociales, el que permite que la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado pueda recaudar deudas pendientes (morosas) o vigentes contraídas por éste con otras Cajas de Compensación.

Por consiguiente, el empleador afiliado a una C.C.A.F. debe deducir de las remuneraciones de sus trabajadores lo que éstos adeuden por concepto de crédito o social, sea que dicho crédito hubiere sido contratado por el trabajador mientras prestaba servicios en otra empresa o en la misma y estuviere afiliado a otra Caja de Compensación o a la misma.

El sistema consiste en que la Caja de actual afiliación, a través del respectivo empleador, informa y descuenta las deudas que los afiliados mantienen con la C.C.A.F. donde originalmente solicitaron créditos sociales, para luego remesar dichos montos a la Caja de Compensación acreedora.

El sistema consiste en que la Caja de actual afiliación, a través del respectivo empleador, informa y descuenta las deudas que los afiliados mantienen con la C.C.A.F. donde originalmente solicitaron créditos sociales, para luego remesar dichos montos a la Caja de Compensación acreedora.

En cuando a la deuda respecto de la cual la recurrida pretende cobrarse, ésta emana de un pagaré cuya acción para el cobro se encuentra judicializada, del que se está discutiendo excepción a la ejecución.

De lo expuesto, vale tener presente que el acreedor (y recurrido) hasta antes de la fecha de la primera actuación ilegal, fue latamente negligente respecto del cobro de la deuda, al momento en que el recurrente se encontró en mora de cumplir.

1) En el tiempo intermedio siguió un juicio ejecutivo que está archivado, 2) No sostuvo comunicaciones de ninguna especie con mi representado tendientes al cobro extrajudicial de la deuda, y 3) Tampoco propuso soluciones para regularizar la deuda.

En el caso de autos, la recurrida, una Caja de Compensación, ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y en este caso, estando la demanda notificada, pretendiendo burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la ley 18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno, lo que además no procede en la especie por el tiempo que hubo de inactividad. Debe ordenársele por US., ILTMA seguir con la misma vía que ella motivó, de paso restituyendo las sumas que obtuviere por los descuentos aplicados desde la notificación de la demanda.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en que se indica que la Caja de compensación ha utilizado caprichosamente un beneficio legal para cobrar un crédito que tiene más de 10 años. Y sentencia de Ica Santiago en que se refiere que si bien no se puede indicar que el actuar sea ilegal, si es arbitrario puesto la obligación está siendo discutida en sede civil.

Refiere que tomo conocimiento del acto que se acusa como arbitrario o ilegal con fecha 30 de noviembre de 2021 al revisar su liquidación de sueldo. Indica que su empleador consulto a la recurrida por el descuento y esta refirió que la recurrida por las dudas en la aplicación del descuento, pero ésta informó que el descuento debía aplicarse de igual forma en amparo de la ley 18.833.

Respecto de las garantías conculcadas indica que recurrida con su actuar ilegal y/o arbitrario infringe latamente la garantía de IGUALDAD ANTE LA LEY, consagrada en el Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, puesto que uso de un privilegio no especialmente otorgado, actúa irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo que traspasa materias; pretende accionar civilmente cobrando una deuda con cuotas aceleradas, y en cuanto seguridad social de un trabajador, pretende descontar tal crédito sin su autorización ni información mientras el juicio se encuentra vigente. Así las cosas, tal discriminación en la aplicación de la ley, que obsta el ejercer excepciones en un juicio ejecutivo y que se aprovecha abiertamente de un estatuto legal especial, vulnera la equidad y se constituye como un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas. Agrega que de igual forma, si no fuera suficiente con lo expuesto, se ha infringido lo indicado en la Circular n°2052 de la SUSESO, donde se establece que tanto la reprogramación como la repactación de los créditos sociales debe ser de mutuo acuerdo entre las partes contratantes y, que tal consentimiento debe ser expreso y presencial (Constando en un instrumento). En lo informado, no existe tal autorización por el monto descontado a la fecha, por lo que de no informarse no puede retenerse ningún monto distinto.

Manifiesta que De igual forma, cabe tener presente que por la actitud ilegal o arbitraria de los recurridos, se ha amenazado la garantía amparada en el Art. 19 N°24 de la Constitución Política de la República, puesto que tiene la legítima expectativa como trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Tal remuneración se encuentra en su patrimonio, resguardada como se ha señalado constitucionalmente en todos sus aspectos, y en los hechos a través de las actuaciones de las que se recurre, la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de parte de ella.

Finaliza solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES y en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, ambos ya individualizada, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo disponiendo U.S ILTMA que;

En esta presentación, acudo a U.S. ILTMA a fin de poner término a las actuaciones ilegales y arbitrarias denunciadas buscando que se decrete;

1) Que se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida respecto de mi representado son ilegales, 2) Que se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados, 3) Que se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente;

4) O en subsidio de lo anterior, todo lo que US., ILTMA estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho, 5) todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Liquidación de remuneración del recurrente.

2.- Copia simple de demanda civil interpuesta por la recurrida.

3.- Copia simple de notificación en causa C-1910-2021 del 2º Juzgado Civil de Temuco.

2.- A folio 11, con fecha 07-01-2021 evacúa informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, solicitando el rechazo de recurso.

Funda lo pedido en los siguientes argumentos:

I.- CRÉDITOS SOCIALES OTORGADOS AL RECURRENTE.

1) Esta Caja de Compensación con fecha 18 de julio de 2018, otorgó al Señor nombre reservado, la operación de crédito código 116020373-k, por un capital de $1.306.806.- a una tasa de 2.68%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $64.609.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de septiembre de 2018.

2) La cuota del mes de septiembre de 2018 a febrero de 2019 (1 a 6), se pagaron regularmente a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de los mismos meses.

3) La cuota del mes de marzo de 2019 a agosto de 2021 (7 a 36), se encuentran en mora, con una deuda que asciende a la suma de $3.001.091.

En consecuencia, S.S. Iltma., en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigentes, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

A continuación releva las características especiales del crédito otorgado por una Caja de Compesacion refieriendo que en cuanto a su financiamiento administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley y que sicen relación con beneficios de carácter social.

Indica que dada naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a mi representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que represento, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Por consiguiente, y según lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en autos ROL CIVIL 22.325-2019, el actuar de mi representada responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas.

En otro orden de la obligación es actualmente exigible y la prescripción no ha sido declarada.

Añade que el mutuo en cuestión, mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de marzo de 2019, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno, de acuerdo a lo razonado reiteradamente por la Excma.

Corte Suprema (v. gr. ROL CS Civil N°14.987-2018).

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

En cuanto a la vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Cita jurisprudencia.

3.- A folio 10, con fecha 07 de enero de 2021, evacúa informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita el rechazo por los siguientes fundamentos.

Aclara en primer término que el recurrente no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, mi representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado a su empleador de la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y de las normas legales pertinentes. Una vez recibido el dinero lo remite a la caja acreedora.

Añade que sólo se ha recibido un descuento correspondiente al mes de noviembre de 2021 por la suma de $74.592 pesos, remesado por su empleador Fundación Educacional Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial, RUT N°RUT reservado, el 10 de diciembre de 2021 y enviado a Los Andes C.C.A.F. el 23 de diciembre de 2021 En relación al crédito social, cabe señalar que se trata de una prestación de seguridad social que otorgan las C.C.A.F. a sus afiliados, consistente en préstamos en dinero otorgados al trabajador o pensionado afiliado para finalidades relacionadas con las necesidades de éstos y de sus causantes de asignación familiar. La naturaleza de prestación de seguridad social del crédito social se manifiesta concretamente en una serie de aspectos que los diferencian significativamente respecto de otro tipo de préstamos, como lo es el mecanismo de pago, la tasa de interés, límites de descuento y límites de endeudamiento. Además, el marco normativo vigente establece un monto máximo de endeudamiento por concepto de crédito social.

Adicionalmente, en cuanto a la naturaleza jurídica que corresponde atribuir a los créditos sociales, se debe tener presente que el Fondo Social de las C.C.A.F. se sustenta principalmente en los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados y es con cargo a dicho fondo que las Cajas de Compensación, en su calidad de entidades de previsión social, deben cumplir con las diversas funciones que establece la Ley 18.833. En efecto, el referido Fondo Social permite a las Cajas no sólo financiar sus gastos operacionales, lo que resulta indispensable para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sino, además, posibilita el acceso a nuevos créditos sociales por parte de trabajadores y pensionados afiliados, y a los demás beneficios de seguridad social, tales como bonos por natalidad, nupcialidad y fallecimiento; bonos por becas escolares, prestaciones de salud y prestaciones de carácter recreacional, entre otros beneficios vinculados con el bienestar social de los mismos.

Así entonces, existe un claro vínculo entre el destino de los dineros recaudados por concepto de crédito social y las prestaciones de seguridad social que brindan las Cajas a todos sus afiliados, que determina que, las Cajas de Compensación están obligadas al resguardo del Fondo Social, al cumplir un rol social determinado por el legislador, es por ello que los principios y normas que imperan al establecer un régimen de seguridad social son de orden público, normas que también alcanzan lo relacionado con la recaudación y cobro de las cuotas de crédito social, importante fuente de financiamiento de las Cajas en las que ni siquiera existe un interés pecuniario detrás sino la prestación de un servicio de seguridad social que interesa a la sociedad toda.

Es en este contexto y para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos.

Es por lo expuesto precedentemente que una vez detectado a quien mantiene una deuda ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, esta se incorpora en la respectiva nómina, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento por parte de la entidad pagadora de su remuneración, reteniendo y remesando la cuota descontada a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema InterCajas, la que a su vez lo remesa a la Caja acreedora, mecanismo que es legal y carece de arbitrariedad, todo lo anterior en razón a la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de proteger el fondo social.

Por otra parte, los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

A mayor abundamiento, el artículo 1.546 del Código Civil, señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, por ende es claramente sabido que al celebrar contratos del cual emanan obligaciones como las del caso de marras, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla.

Respecto a que el actuar de la Caja de Compensación acreedora es improcedente por el cobro de la deuda en sede civil, se hace presente SS. Iltma., que, al pactarse un crédito con una Caja de Compensación, los afiliados adquieren el compromiso de devolverlo bajo las condiciones estipuladas en el mismo contrato, condiciones aprobadas por el deudor al momento de otorgarse el crédito, por ende, independiente de que se haya iniciado una acción destinada a su cobro, no conlleva la extinción de la obligación, por cuanto la misma sigue estando plenamente vigente al no haber operado alguno de los modos de extinguir las obligaciones contempladas en el artículo 1567 del Código Civil, es más el recurrente reconoce no haber pagado la totalidad del crédito otorgado, por cuanto el inicio de una acción judicial en el caso de las Cajas de Compensación no es una opción que excluya el poder continuar ejerciendo la facultad concedida en el artículo 22 de la Ley N°18.833, ya que es un hecho del proceso que el crédito tiene que cobrarse, atendido por una parte que la obligación de pago todavía mantiene su vigencia por cuanto no ha sido declarada judicialmente la prescripción no solo referente a la acción emanada del mutuo sino también la emanada del pagare y, por otro lado que los descuentos en las remuneraciones se sostienen en facultades legales y contractuales atendido que los créditos sociales constituyen la prestación de un servicio de seguridad social, cuyo menoscabo a través del fondo social impide entregar los beneficios que constituyen un derecho para el resto de sus afiliados.

Acompaña:

1) Ordinario N°67989, de fecha 13 de diciembre de 2016, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, en el que se valida la modalidad de descontar el crédito por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora.

2) Dictamen N°4527/093, del año 2011, emanado de la Dirección del Trabajo, que valida el descuento efectuado por otra Caja de Compensación.

3) Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación celebrado entre Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. de fecha 15 de abril de 2013 y Contrato y Mandato del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de fecha 15 de abril de 2013.

4) Dictamen 2659-2020 de 12 de agosto de 2020, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, en el que señala que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.

5) Dictamen 56554-2015 de 07 de septiembre de 2015, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, en el que se valida la modalidad de descontar el crédito por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora.

4.- A folio 13, con fecha 21-01-2022, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario es el descuento no autorizado que se hace en su sueldo por la Caja de Compensación La Araucana, proveniente de un crédito solicitado a la Caja de Compensación los Andes, en circunstancias que actualmente se tramita un juicio ejecutivo en su contra por la misma deuda.

TERCERO: Que de los antecedentes tenidos a la vista, es posible establecer que los descuentos que se practican al actor por parte de la recurrida corresponden a un crédito social que le fue otorgado y que no fue solucionado en su oportunidad, no obstante que por tal razón se sustancia actualmente un juicio ejecutivo destinado a obtener su íntegro pago, habiéndose notificado al deudor de la demanda, en causa Rol C 1910-2021, del Segundo Juzgado Civil de Temuco.

CUARTO: Que, como se advierte, se trata de un crédito vigente y si bien es legítimo su cobro a través del mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, no es posible soslayar que respecto del mismo crédito se tramita en la actualidad un juicio ejecutivo ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, por lo que no resulta razonable que la recurrida -pese a que recurrió a instancias judiciales para el cobro de lo adeudado-, intente además obtener su pago por la vía del descuento en las remuneraciones del deudor.

Aun cuando –como lo sostiene la recurrida-, la acción de cobro del pagaré que se suscribió para garantizar una operación de crédito otorgado al recurrente es independiente de la que emana del contrato de mutuo, si optó por hacerse pago del monto insoluto de aquél por la vía ejecutiva, le queda vedado intentar la solución del mismo utilizando la norma a que alude en su informe, esto es, el artículo 22, de la Ley 18.833.

Desde esa óptica, el actuar de la recurrida excede ampliamente las facultades legales que posee en esta materia, por lo que su proceder se torna ilegal y arbitrario, afectando el derecho de propiedad del actor al cobrar dos veces y por distintos mecanismos el mismo crédito.

QUINTO: Que así las cosas, y según se ha venido razonando, no queda más que acoger la acción planteada en estos autos en la forma que se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don JORGE MANUEL LENA SALGADO, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación la Araucana, debiendo esta última abstenerse de seguir descontando vía remuneraciones las cuotas correspondientes al crédito social otorgado al recurrente, procediendo -ejecutoriado que sea el presente fallo- a reintegrar al actor las sumas percibidas de dicha forma.

Redacción de la abogada integrante Sra. Alejandra Cid Droppelmann.

Regístrese.

Rol N° Protección-9851-2021 (pvb).