nombre reservado CONTRA HQI TRANSELEC S.A.

C.A. de Temuco Temuco, diez de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, interpone el presente Recurso de Protección en contra de TRANSELEC con domicilio en domicilio reservado, Las Condes Santiago de Chile, representada por su Gerente General don nombre reservado, del mismo domicilio; por amenazar las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por los fundamentos que a continuación paso a exponer:

1.- Refiere don nombre reservado, que es propietario de un inmueble correspondiente la hijuela número 15, de una superficie de 9 has de superficie, del lugar Catripulli. Sus deslindes son los siguientes: hijuela número 15: Norte: cauce actual del estero Pillanco; que separa la hijuela N°13; Este, línea y cerco recto que separa la hijuela N° 14; Sur, cerco recto que separa la hijuela número 20; Oeste, cerco recto que separa la hijuela N° 16. Se encuentra inscrito a fojas 4068F N° 4883 correspondiente al año 1981. Rol 310-0346 del Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

2.- El inmueble tiene el carácter de indígenas de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 N° 1 letra d) y se sujeta a las prohibiciones del artículo 13, ambos de la Ley 19.253, por cuanto su origen corresponde a la subdivisión de diversas comunidades indígenas, y además los predios ha sido ocupados tradicionalmente la afectada y su familia que pertenece al pueblo Mapuche.

3.- La empresa recurrida instaló en forma ilegal y arbitraria diversas estructuras, que forman parte de líneas de transmisión eléctrica, infraestructura que está conformada por canjes conductores que transportan energía eléctrica y estructuras de madera y cemento, y una torre metálica que permiten el tendido aéreo; la torre metálica conduce energía de alta tensión. En efecto, la empresa recurrida no realizó gestión alguna, de aquéllas necesarias para establecer una servidumbre eléctrica, con el propietario actual ni con la sucesión hereditaria en esos años.

En diversas oportunidades durante el curso de los años se representó a la recurrida a través de sus funcionarios la irregularidad de la situación y la oposición a la instalación arbitraria e ilegal de postes de madera, cemento y la torre metálica conductora de energía de alta tensión.

Durante el curso de los años, la recurrida ha ingresado en diversas oportunidades a perturbar el derecho de dominio de la familia nombre reservado, muchas de las cuáles lo han realizado aprovechando que no hay nadie en casa, de manera subrepticia, sin tener derecho a ello.

4.- LA AMENAZA: He recibido comunicaciones concretas que amenazan el derecho de propiedad y el derecho de igualdad ante la Ley.

En efecto, la semana pasada, empleados de las empresas contratistas llegaron al inmueble a informar que intervendrían la torre de alta tensión e instalarían tensores para estabilizarla, que según ellos estaría en peligro de caer; lo cual nos ocuparía mayor superficie de terreno.

En ocasiones los empleados los encargados de las empresas contratistas han entrado al predio sin autorización previa a pesar de que en reiteradas ocasiones le hemos insistido en que por lo menos nos avisen que van a entrar. Al instalar los tensores nos obligarían a permanecer en casa, coartando la posibilidad de hacer nuestras actividades fuera del predio.

5.- Normas vulneradas:

A) DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 1, DE MINERÍA, DE 1982, Dispone el artículo 14 de dicha ley: "Las concesiones eléctricas otorgan el derecho a imponer las servidumbres a que se refiere el número 4 del artículo 2o el presente cuerpo legal. La constitución y ejercicio de las servidumbres, se regirán por las normas contenidas en el Capítulo V "De las Servidumbres", del Título II, de este cuerpo legal".

En el referido capítulo denominado" de las Servidumbres" el artículo 62 señala: Las gestiones para hacer efectivas las servidumbres deberán iniciarse en cada caso dentro de los seis meses siguientes a la fecha de reducción a escritura pública del decreto de concesión definitiva que hubiere aprobado los planos correspondientes, so pena de caducidad del derecho otorgado para imponer la servidumbre".

Sucede US. ILTMA. que la demandada nunca realizó las gestiones para establecer las servidumbres a que se refiere el DFL N.° 1 ya citado, y, particularmente, y pactó acuerdos indemnizatorios con los afectados, entre ellos don nombre reservado, cuestión que hace parte de "las gestiones para hacer efectiva la concesión" de conformidad al artículo 62 del DFL N° 1 referido.

En efecto, los artículos 63 a siguientes del mismo DFL se regulan las gestiones que debe realizar la empresa para el caso de no existir acuerdo con el dueño del inmueble: i "Artículo 62°, Las gestiones para hacer efectivas las servidumbres deberán iniciarse en cada caso dentro de los seis meses siguientes a ¡a fecha de reducción a escritura pública del decreto de concesión definitiva que hubiere aprobado los planos correspondientes, so pena de caducidad del derecho otorgado para imponer la servidumbre.

Artículo 63°.- Si no se produjere acuerdo entre el interesado y el dueño de los terrenos sobre el valor de éstos, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción designará una comisión compuesta de tres Hombres Buenos para que, oyendo a las partes, practique el avalúo de las indemnizaciones que deben pagarse al propietario del predio sirviente. En este avalúo no se tomará en consideración el mayor valor que puedan adquirir los terrenos por las obras proyectadas. El honorario de la comisión de Hombres Buenos será de cargo del interesado, y será fijado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 64°.- La comisión de Hombres Buenos deberá reunirse en días y horas que determine la Superintendencia, bajo el apercibimiento de una multa de una Unidad Tributaria Mensual, en adelante UTM, en caso de inasistencia y respecto de cada uno de los inasistentes.

Artículo 65°.- Practicado el avalúo por la comisión de Hombres Buenos, será entregado a la Superintendencia, la cual pondrá una copia debidamente autorizada por ella, en conocimiento de los interesados y de los afectados, mediante carta certificada.

Artículo 66°.~ El valor fijado por la comisión de Hombres Buenos, más el veinte por ciento de que trata el artículo 70° será entregado al propietario y, en caso de que éste se encontrare ausente o se negara a recibirlo, será depositado en la cuenta corriente del Tribunal respectivo a la orden del propietario".

NINGUNA de las gestiones descritas a partir del artículo 63 y siguientes fueron realizadas Y menos concluidas por la recurrida, en consecuencia, no concluyó el proceso para constituir una servidumbre eléctrica, POR TANTO NO EXISTE SERVIDUMBRE ELÉCTRICA QUE GRABE EL PREDIO DEL AFECTADO, pero más grave aún, al tenor del artículo 62 antes transcrito, no habiéndose concluido las gestiones para hacer efectivas las servidumbres, CADUCÓ SU DERECHO PARA IMPONER SERVIDUMBRES.

B) Ley 19.253.- Tal como se señaló, el inmueble del afectado, es indígena de conformidad al artículo 12 N° 1 letra d) de la Ley 19.253.- En consecuencia, aplica a su respecto el artículo 13 de la misma Ley que al tenor señala:

"Artículo 13.- Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlq el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embarcadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.

Igualmente, las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a cinco años. En todo caso, éstas con la autorización de la Corporación, se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor comercial debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas, desafectándose las primeras.

Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta".

La norma en cuestión es clara, particularmente en el inciso primero que establece, en lo que interesa al presente recurso, la prohibición de establecer gravámenes sobre la misma, y, el inciso final de la misma establece la sanción de nulidad absoluta para aquellos actos o contratos en contravención a la prohibición señalada.

C) CONVENIO 169 DÉLA OIT.- A este respecto tiene especial relevancia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto como parte integrante del bloque de derechos esenciales de la Constitución Política garantiza a los pueblos indígenas y sus integrantes el derecho al territorio.

La Constitución Política de la República reconoce un estatuto especial para las normas de derechos fundamentales contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Señala así el artículo 5o inciso 2o que " el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. - De esta forma los Derechos que emanan de la naturaleza humana conforman un bloque de derechos constitucionales compuesto por las garantías constitucionales y los derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados (Noguerira 2002).- Así el Convenio 169 contiene a todas luces, normas de derechos fundamentales y por ello constituyen un límite al ejercicio de la soberanía, de esta forma la ratificación de un tratado internacional de derechos humanos incorpora en nuestro ordenamiento jurídico no solo sus normas sustantivas, sino que también aquellas relativas a su creación, validez, aplicación e interpretación (Fuenzalida 2008).

Los principios del referido Convenio 169 son los de no discriminación e igualdad de oportunidades, el principio de participación, el principio de integridad cultural que explica la especial protección que el Convenio otorga a las tierras y territorios indígenas y el reconocimiento que hace a la institucionalidad propia indígena y el principio de autonomía, entendido como el sentido de aspiración a controlar sus propias formas de vida y desarrollo, lo que tiene diversas concreciones a lo largo del Convenio particularmente en lo que dice relaciona con el control y administración de sus recursos naturales.

De especial importancia es la protección del hábitat indígena como condición de supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Esto en razón de la importancia especial que para la cultura y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con la tierra y territorios o con ambos ... y en particular los aspectos colectivos de esta relación (art. 13.1). De esta manera el Convenio reconoce que los pueblos indígenas mantienen una relación especial con sus territorios a partir de la cual se constituyen identitariamente como grupos culturalmente diferenciados, por lo que su subsistencia como tales depende de su protección. (Chirif 1991). Esta cuestión fue recogida originalmente por la Corte IDH en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigngi vs. Nicaragua del año 2001.

Por estas razones el Convenio establece diversos mecanismos de protección el territorio indígena: el concepto de hábitat, la protección de la propiedad indígena, la protección del medio ambiente y los derechos de los indígenas sobre los recursos naturales presentes en sus territorios En la especie, en Chile se ha establecido prohibiciones que favorecen a la propiedad indígena en la Ley 19.253, tal como se ha señalado.

6.- La recurrida carece de todo título para ocupar el inmueble del afectado, especialmente de Derechos de Servidumbre sobre su predio individualizado, porque ésta no se pactó no se pactaron, y aun en ese evento, es nula de pleno derecho de conformidad a la Ley 19.253.

7.- Violación de la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, establecido como "24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad v la salubridad públicas v la conservación del patrimonio ambiental (...)" Esta norma establece un único estatuto para ambas bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tal y como los define el art. 583 del Código Civil que preceptúa que, sobre bienes incorporales hay, también una especie de propiedad.

En este sentido, es evidente que el ingreso ilegal de los trabajadores contratistas de Transelec afecta el ejercicio de nuestro derecho a la propiedad e impide el ejercicio de las facultades de uso y goce inherentes a esta prerrogativa, afectando no solo a la recurrente sino a la comunidad en su conjunto. Los hechos denunciados no sólo generan consecuencias nocivas individuales, sino I también colectivas, a sus familias y su comunidad: "En qué consiste ese estar bien o estar mal, kümelkalen o weza felen. Consiste en que el individuo como tal esté en equilibrio consigo mismo y además lo está para con sus pares, su familia, sus seres más cercanos y queridos. También debe estar en equilibrio con su entorno social, cultural, político, ambiental, territorial, religioso y cósmico. El hecho de que algo o alguien en su comunidad esté en condiciones no deseable, afecta a ¡a persona"1. Los hechos denunciados provocan en la afectado Kuxanelgey, que"(...) es cuando terceros están involucrados en concretar la enfermedad en la persona, algún elemento o algo hace que la persona se enferme. Esto puede ser la mala relación con el entorno, la invasión de espacios determinados por parte de las personas"; pues asisten con su experiencia vita a un proceso en que se invade su territorio sin respetar siquiera las normas legales chilenas al efecto. El resguardo del derecho a la propiedad se refuerza al ser tierras indígenas, conformidad a la normativa interna y al sistema internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas. Cabe señalar que nuestra existencia como pueblo originario es reconocida formalmente por la ley N° 19.253, norma que en el artículo Io dispone que la tierra es el fundamento principal de la existencia y cultura, y disponiendo que:

Art. 1 ° "El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura".

El derecho a la propiedad se encuentra también consagrado en el artículo £1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, titulado "Derecho a la propiedad privada", en el cual se señala en su numeral Io que " Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social." Según lo ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 21 se refiere a la propiedad en el sentido tradicional que se le asigna al término en el derecho internacional, incluyendo bienes tangibles e intangibles. Si bien esta disposición se circunscribía originalmente a la propiedad individual, su interpretación jurisprudencial evolutiva conforme a los principios de progresividad, pro homine y universalidad, ha llevado a que la propiedad colectiva o comunal de los pueblos indígenas y tribales se considere hoy incluida dentro de la protección ofrecida por el artículo 21. Como lo indicara la Corte Interamericana en Comunidad Mayagna o Awas liingni (2001): "Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamenta de sus culturas, su vida i espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sir\o un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras".

En la misma sentencia, la Corte señaló que el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser especialmente tenido en cuenta, por lo que "la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro". El tribunal internacional describió la relación entre cultura y propiedad indígena y tribal en Comunidad Yakye Axa (2005), de la siguiente forma:

"La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural".

Como indicara la misma sentencia, "la estrecha vinculación de los pueblos ¡indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana".

Por su parte, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado chileno el año £009, actualmente en vigor, establece que es deber de los Estados partes, proteger la tierra y el territorio indígena. En particular, los artículos 13,14 y 15 dicho Tratado apuntan hacia la obligación de los Estados de respetar y proteger los territorios indígenas:

Artículo 13 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las. regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera".

Artículo 14 "2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión" Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos" En este mismo sentido, el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, determina que los pueblos indígenas y tribales son titulares de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que han ocupado históricamente y^ es el gobierno el responsable de velar por la protección de sus territorios y recursos:

"Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate".

De esta forma, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a la conservación y al uso cultural de los territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran. En estos términos, la jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena como una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado.

Es claro entonces que el derecho a la propiedad se encuentra resguardado tanto por la Constitución Política de la República como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

8- El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas: 2° La igualdad ante la ley.

El artículo 19 N° 2 de nuestra carta fundamental garantiza la igualdad ante la ley. En virtud del artículo 5 de nuestra Constitución, el mismo derecho se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que en su artículo 3 establece que "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto". A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 24 referente a la Igualdad ante la Ley, señala que "Todas las personas son iguales ante la ley. En Consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley".

Dicha garantía se ve amenazada toda vez que la recurrida, ignorando el derecho de la afectada, pretende ejecutar actos propios de quien es titular de un derecho de servidumbre, sin encontrarse constituida ésta de conformidad a la Ley. Ninguna persona está obligada a soportar perturbaciones frente a injerencias de quienes no cuentan con derechos válidamente constituidos.

Finalmente, tener por presentado nombre reservado en contra de TRANSELEC, ya individualizada, adoptando de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, haciendo cesar la amenaza de ingreso y realización de trabajos al interior del predio de su propiedad, con costas.

A folio 9, comparece don nombre reservado, abogado, por la recurrida, informando lo siguiente:

Con relación a las supuestas normas infringidas por mi representada y a aquellas que respaldan la presente acción constitucional de protección, expongo lo siguiente.

1.- El marco normativo especial que regula los distintos segmentos del sector de electricidad, a saber, generación, transmisión (o transporte) y distribución de energía eléctrica, está compuesto, principalmente, por la Ley General de Servicios Eléctricos (“LGSE”) y su correspondiente reglamento.

Dentro de este contexto, el artículo 139 de la LGSE1 establece el deber del concesionario eléctrico de mantener sus instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas y, de esta forma, velar por la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, dentro de los estándares de calidad que exige el legislador.

Artículo 139 – “Es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes”.

Por su parte, el artículo 56 de la LGSE2 establece que el propietario del predio sirviente está obligado a permitir el ingreso del personal del concesionario a realizar las labores que sean necesarias para la reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas emplazadas al interior del predio.

El estricto cumplimiento de los deberes indicados precedentemente, tanto de parte del concesionario eléctrico como de los propietarios de predios afectos a servidumbres legales eléctricas, cobra vital relevancia considerando que es el propio legislador quien ha calificado el servicio de transmisión de energía eléctrica como un servicio público3.

Lo anterior implica que, si el concesionario eléctrico no puede ejecutar su obligación de mantenimiento establecida en la propia LGSE, es toda la comunidad la que se vería eventual -e inminentemente - afectada por una perdida en la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, servicio vital para el normal funcionamiento de la población e industrias de nuestro país.

Por otro lado, especialmente reprochable e injusta para la comunidad se torna la antedicha situación si la imposibilidad de que el concesionario ejerza sus deberes legales es provocada por la actitud arbitraria e ilegal de algún propietario de predio sirviente.

Dentro de este contexto, es que mi representada, concretamente y siempre dentro de su deber de velar por la seguridad y continuidad del servicio público que presta, debe ejecutar las siguientes acciones de mantenimiento:

1. Trabajos de mantenimiento vegetativo: de acuerdo a lo indicado en el artículo 57 de la LGSE, al propietario de los predios se les impone la prohibición de hacer plantaciones que perturben el ejercicio de la servidumbre legal que ampara a la instalación eléctrica y además establece que, en caso que las arboledas crecieran de modo tal que pongan en riesgo los derechos de la servidumbre, podrá el concesionario eléctrico eliminar las condiciones de riesgo, realizando los trabajos a costa del propietario del predio. En el mismo orden, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corriente Fuertes (NSEG 5 E.n 71) dispone en su artículo 111.1 que “los árboles próximos a líneas aéreas que operen con conductores desnudos deben ser derribados o podados para evitar riesgos y peligros en las citadas líneas”, mientras que su artículo 111.4 dispone que la distancia paralela entre los conductores y los árboles deberá ser igual a la altura de estos (evidentemente con el fin de evitar proyección de caída sobre los conductores), pero nunca inferior a 5 metros.

2 Artículo 56° - “El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la entrada de inspectores y trabajadores debidamente identificados para efectuar trabajos de reparación, bajo la responsabilidad del concesionario a quien dichas líneas pertenecen. Asimismo, el dueño del predio sirviente estará obligado a permitir la entrada de los materiales necesarios para estos trabajos”.

3 Señala el artículo 7° de la LGSE “Es servicio público eléctrico, el suministro que efectúe una empresa concesionaria de distribución a usuarios finales ubicados en sus zonas de concesión, o bien a usuarios ubicados fuera de dichas zonas, que se conecten a las instalaciones de la concesionaria mediante líneas propias o de terceros. Las empresas que posean concesiones de servicio público de distribución sólo podrán destinar sus instalaciones de distribución al servicio público y al alumbrado público. Asimismo, es servicio público eléctrico el transporte de electricidad por sistemas de transmisión nacional, zonal y para polos de desarrollo de generación. Las empresas operadoras o propietarias de los sistemas de transmisión nacional deberán estar constituidas como sociedades anónimas abiertas o cerradas sujetas a las obligaciones de información y publicidad a que se refiere el inciso séptimo del artículo 2° de la ley N°18.046 (…)”.

Se le denomina “mantenimiento vegetativo” a todos los trabajos que se ejecutan en los predios, tanto dentro como fuera de las fajas de seguridad, en pos tanto de la seguridad de la instalación eléctrica como de la continuidad del suministro. De esta forma Transelec vela para que no existan árboles ni vegetación que pongan en riesgo la calidad y continuidad del suministro eléctrico, como así también a la seguridad de las personas o cosas.

2. Trabajos de mantenimiento de las instalaciones: estos trabajos, de acuerdo a los artículos 56 y 139 de la LGSE ya mencionados, son aquellos destinados a mantener las instalaciones eléctricas en buen estado y cuando corresponda, realizar trabajos de mayor envergadura, como lo es un lavado aislación, cambio de conductor, cambio de aisladores u otro que corresponda con el mismo objetivo mencionado anteriormente, esto es, mantener la calidad y continuidad del suministro eléctrico y reducir al máximo el riesgo a las personas o cosas.

En consecuencia, de acuerdo al propio mandato legal, es que (i) Transelec debe ingresar a predios de particulares donde se emplazan sus líneas de transmisión eléctricas, debidamente amparadas por su decreto de concesión y consecuencialmente sus servidumbres legales eléctricas, y, consecuentemente, (ii) el propietario del predio sirviente debe permitir el referido ingreso.

Respecto de la alegación realizada por el recurrente en cuanto al incumplimiento de los artículos 62 y 63 de la LGSE, cabe mencionar que, el recurrente no especifica ni aporta datos concretos relacionados con la circunstancia más fundamental en que se basa el recurso, esto es, cuál es la línea de transmisión de mi representada que se encontraría afectando el predio de autos. Cabe tener presente S.S. que mi representada es propietaria del 58% de las líneas de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, con alrededor de 10.000 km en líneas eléctricas. El no identificar cuál es la línea, ni al menos proporcionar antecedentes que puedan dar cuenta de ella, impide a mi representada el cabal ejercicio del derecho de defensa.

Por otra parte, dentro de dicho contexto y ante la falta de antecedentes precisos que permitan tener certeza sobre cuál de las líneas de transmisión de mi representada versa esta litis, sólo podemos suponer a la fecha que la instalación eléctricas de marras corresponde a la línea de transmisión denominada operacionalmente como “Línea Cautín – Ciruelos 2x220” hoy denominada Temuco - Valdivia ( la “Línea”), la cual es una instalación eléctrica vital para el Sistema Eléctrico Nacional, columna vertebral o principal ruta de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo funcionamiento es fundamental para mantener de la seguridad y operatividad de nuestra comunidad. Esta presunción de identificación de la Línea, se desprende de los deslindes indicados en la demanda.

Además, la Línea se encuentra amparada por el Decreto N° 146 de fecha 9 de mayo de 1989 emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de junio de 1989 el cual fue reducido a escritura pública con esa misma fecha en la notaría de don nombre reservado (“Decreto”). Es más, el recurrente aparece individualizado dentro de los propietarios que el propio Decreto, que en su artículo 6, grava con servidumbre eléctrica.

A mayor abundamiento se debe agregar, para su debida ponderación, que la Línea se encuentra hace casi 30 años en servicio, por lo que cualquier acción que se intentare el actor para poner término a la servidumbre legal que ampara la instalación, se encontraría largamente prescrita.

Al margen de lo dicho anteriormente, existe otro punto que el recurrente deberá acreditar para efectos de validar su legitimación activa en este juicio y su pretensión de fondo. En efecto, tanto el procedimiento utilizado como el fundamento de la acción deducida se basan en la calidad de indígenas del recurrente. Sin embargo, no se ha acreditado la calidad de indígena de los comparecientes, porque la forma de acreditar este hecho, según el artículo 3 de la Ley N° 19.253 (“Ley Indígena”), es mediante un “certificado que otorga [...] la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”. Hasta ahora no se han acompañado dichos certificados (instrumentos públicos), o bien algún otro documento que dé cuenta de aquello.

Además, el recurrente alega que el artículo 13 de la Ley Indígena impide constituir gravámenes, sin perjuicio de lo anterior, en 1989 se obtuvo el decreto de concesión que crea administrativamente las servidumbres necesarias para el funcionamiento de la línea, según consta en el mismo.

Pues bien, ocurre que la Ley Indígena, base del recurso de autos, que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, fue publicada en el Diario Oficial el día 05 de octubre del año 1993. En consecuencia, las restricciones a la celebración de contratos o la constitución de gravámenes de dicha ley sólo aplican desde su entrada en vigencia, es decir, desde 1993 y en ningún caso tiene efecto retroactivo.

Como es conocido, el artículo 9, inc. 1, del Código Civil ordena que “la ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”. Y, en el mismo sentido, la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, como se mencionó anteriormente, deja claro que todos los contratos y actos de creación de derechos reales se rigen por la ley vigente al momento de su celebración o constitución.

En consecuencia, no es aplicable a este caso la Ley Indígena, ya que, a su entrada en vigencia, la línea ya existía y se encontraba operativa. A mayor abundamiento, mi representada se vio anteriormente involucrada en un juicio cuya discusión de fondo se basaba en lo anterior, el cual fue resuelto favorable a Transelec, según se indicará más adelante.

En cuanto al acto de amenaza en que se basa el nombre reservado interpuesto en contra de mi representada, debemos indicar que tanto la jurisprudencia como la doctrina han dotado de contenido esta amenaza, la que debe ser entre otras características cierta 4, precisa 5 y concreta 6.

Sin perjuicio de que la supuesta amenaza que menciona el recurrente no cumple con ninguno de los requisitos mencionados anteriormente, y la descripción realizada en el recurso es de muy poco contenido y contexto, esta no posee la característica de ser antijurídica, pues la comunicación que según el recurrente se le realizó indica “que intervendrían la torre de alta 4 Corte Suprema, Rol 4448-2010 “(…) la amenaza debe ser (…) cierta (no ilusoria) (…)”.

5 “(…) que fuere precisa en su formulación y no vaga, de tal modo que el juez pueda determinar si es antijurídica o no en sus extremos y si agravia ella el derecho fundamental invocado (…)” nombre reservado, “El Recurso de Protección”, p. 85.

6 Corte Suprema, Rol N° 21.204 – 2003 “La amenaza deber ser actual, cierta, precisa y concreta en sus resultados o efectos (…)”.

tensión e instalarían tensores para estabilizarla, que según ellos estaría en peligro de caer; lo cual nos ocuparía mayor superficie de terreno”. Cabe preciar que los ingresos que ha realizado mi representada al predio de autos, para efectos de mantener la seguridad y continuidad del suministro, ha sido siempre al amparo de sus obligaciones y deberes legales, e incluso, previa sentencia judicial y auxilio de la fuerza pública, tal y como se hizo la última vez.. Además, por lo pronto, hoy no existe un requerimiento particular o especial que implique ingresar al predio del recurrente. En consecuencia, la amenaza con que fundamenta el recurrente su recurso, ya no existe, por cuanto los trabajos en cuestión fueron ejecutados debido a daños efectuados por terceros a las instalaciones eléctricas emplazadas en el predio del recurrente.

Dicho lo anterior, conveniente para la correcta resolución de esta pretensión, citamos dos procesos judiciales que tienen relación con el presente nombre reservado. El año 2016, mi representada interpuso un nombre reservado en contra del señor nombre reservado7 -presumimos la existencia de un grado de parentesco con el recurrente - debido a la negativa de este último a permitir el acceso a su predio para que Transelec pudiera realizar los trabajos de mantenimiento vegetativo de acuerdo a lo mandatado en la LGSE. Lo anterior debido a que el señor nombre reservado mantenía árboles y arbustos bajo los conductores de la línea de transmisión eléctrica denominada Temuco – Valdivia, vulnerando de esta forma la legislación eléctrica aplicable. En dicho recurso, la Ilma Corte de Apelaciones de Temuco, sentenció “SE ACOGE el Recurso de Protección de fojas 1 deducido a favor de Transelec S.A. en contra don nombre reservado, debiendo el recurrido permitir el libre acceso a través de su predio hasta la faja de servidumbre por la que pasa el tendido y eléctrico de propiedad de la recurrente y permitir, sin acciones de entorpecimiento alguno, las labores de mantención del tendido eléctrico que permitan asegurar la continuidad del suministro y evitar el riesgo de incendio, debiendo prestarse a la recurrente el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.”

Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación ante la Excma Corte Suprema8, confirmándose la sentencia apelada indicando además lo siguiente “Que la actitud del recurrido, referida en el motivo primero, importa una alteración del statu quo vigente pues necesariamente se han debido realizar reparaciones, ajustes o mantenimientos que suponen el ingreso al predio de autos, misma conducta que implica a la vez, una acción de autotutela, que deja a la sociedad recurrente en una situación desmedrada al desconocerse un derecho que es inherente al supuesto indiscutido de haberse permitido la instalación y operación de una línea de transmisión eléctrica en dicho predio.”

Entonces, a nuestro entender, no puede ser constitutivo de una amenaza aquel hecho que fue efectivamente ya protegido.

En el mismo orden de ideas, y también en el año 2016, mi representada fue demandada9 por una serie de propietarios de predios indígenas que son atravesados por diferentes líneas de transmisión eléctrica de mi representada, solicitando la extinción de las servidumbres respectiva y la indemnización de perjuicios.

7 Corte de Apelaciones de Temuco, Rol: Protección – 6116- 2016.

8 Corte Suprema Rol: 97680-2016.

9 1er juzgado civil de Temuco, Rol: 2743-2016.

Esos demandantes, justificaban sus pretensiones, al igual que el recurrente, basados en el artículo 13 de la Ley Indígena y en el convenio 169 de la OIT. En dicho juicio, el tribunal rechazó con costas la demanda – sentencia que se encuentra ejecutoriada-, indicando que en primer lugar el artículo 13 de la Ley Indígena no es aplicable con efecto retroactivo: “Que conforme el tenor del artículo 13 del texto citado, resulta claro que la ley 19.253 no regula ni establece per se la extinción de servidumbres constituidas conforme a la ley anterior, es más, reconoce su existencia refiriéndose exclusivamente a que deben sujetarse a las reglas de la nueva ley para su ejercicio y conservación. Así del vocablo contenido en el artículo 13 de la citada ley, esto es “no podrán ser” se desprende inequívocamente que la restricción ahí contemplada rige necesariamente hacia el futuro y no regula la situación de aquellos gravámenes establecidos con anterioridad.”

Además, indica que la acción es extemporánea, “Vigésimo Octavo: Que se advierte que la acción impetrada además de no estar expresamente dispuesta por ley ha sido entablada luego de 25 años de entrada en vigencia la Ley 19.253, en base a la cual sustentan su petición, resultando a todas luces extemporánea, por cuanto no existe acción alguna en nuestro sistema jurídico que pueda ser impetrada luego de haber transcurrido un cuarto de siglo.”

En conclusión, el recurso en contra mi representada, justificado en una amenaza del derecho del recurrente debe ser rechazado, debido a que en primer lugar no se cumplen con las condiciones mínimas de procedencia de la amenaza, en segundo lugar por cuanto Transelec es titular de una servidumbre legal eléctrica emanada de un acto de autoridad competente y constituida de acuerdo al Decreto individualizado, y finalmente, por cuanto Transelec no tiene trabajos pendientes dentro del corto plazo en las instalaciones eléctricas emplazadas en el predio del recurrente, toda vez que estos fueron recientemente ejecutados al amparo de la legislación aplicable.

Finalmente pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el presente recurso en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que el nombre reservado fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en estos autos ha interpuesto nombre reservado don nombre reservado, por las supuestas arbitrariedades e ilegalidades de la recurrida porque durante el curso de los años, ha ingresado en diversas oportunidades a perturbar el derecho de dominio de la familia nombre reservado, muchas de las cuáles lo han realizado aprovechando que no hay nadie en casa, de manera subrepticia, sin tener derecho a ello.

Refiere que la semana pasada, empleados de las empresas contratistas llegaron al inmueble a informar que intervendrían la torre de alta tensión e instalarían tensores para estabilizarla, que según ellos estaría en peligro de caer; lo cual nos ocuparía mayor superficie de terreno.

TERCERO: De los argumentos que se han planteado por la recurrente, en cuanto a que el terreno se trata de un inmueble indígena y que la empresa recurrida habría instalado en forma ilegal y arbitraria diversas estructuras que forman parte de líneas de transmisión eléctrica, sin realizar gestión alguna, de aquéllas necesarias para establecer una servidumbre eléctrica, con el propietario actual ni con la sucesión hereditaria en esos años.

Dichos argumentos, escapan a la tutela jurisdiccional que tiene por objeto el nombre reservado, puesto que esta acción constitucional vela por el fiel cumplimiento de las garantías constitucionales establecidas y amparadas por muestra Carta Magna y, las materias antes dichas son más bien de ser tratadas en un procedimiento civil en otra sede jurisdiccional, y no por esta vía, por el tenor de lo discutido y por la data en que han ocurrido.

CUARTO: Luego, en cuanto a las denuncias de intromisiones en el terreno del recurrente por parte de la recurrida, sin la autorización correspondiente, según el informe de la recurrida, Transelec es la principal empresa que presta el servicio público de transmisión de energía eléctrica en nuestro país, proveyendo sistemas de alta tensión, y la empresa tiene el deber como concesionario eléctrico de mantener sus instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas y, de esta forma, velar por la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, dentro de los estándares de calidad que exige el legislador, sosteniendo que, por mandato legal es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes y que para tal efecto, el dueño del predio está obligado a permitir el ingreso del personal a realizar la labores de mantención y reparación de las instalaciones eléctricas, según lo establece el artículo 56 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica.

QUINTO: A fin de confirmar lo anterior, el artículo 56 de la Ley de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica, establece lo siguiente:

Artículo 56: “El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la entrada de inspectores y trabajadores debidamente identificados para efectuar trabajos de reparación, bajo la responsabilidad del concesionario a quien dichas líneas pertenecen.

Asimismo, el dueño del predio sirviente estará obligado a permitir la entrada de los materiales necesarios para estos trabajos”.

De la norma transcrita, queda establecido que el dueño del predio sirviente, no puede negarse a consentir el ingreso a su terreno para la mantención de las servidumbres eléctricas que pasan por su propiedad, puesto que es un deber que le impone la ley.

SEXTO: De otra forma, según se desprende del texto del recurso impetrado, el recurrente no señala fechas de las actuaciones denunciadas, así como tampoco antecedentes que corroboren tales incidencias, y por lo demás, tal cual lo señala la ley, la empresa que presta el servicio público de transmisión de energía eléctrica, debe realizar las mantenciones y reparaciones de dicha servidumbre, toda vez que no solo se beneficia el predio sirviente, sino, que toda la comunidad que abarca dicha servidumbre eléctrica.

SEPTIMO: Que, por lo considerado anteriormente, no habiéndose acreditado por parte de la recurrente, las intromisiones denunciadas, que además por mandato legal la empresa recurrida tiene la obligación de realizar la mantención de las líneas eléctricas instaladas en los diferentes predios, para brindar una correcta distribución de energía para toda la comunidad, y no existiendo vulneración de alguna garantía constitucional, el recurso impetrado será rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el nombre reservado deducido por don nombre reservado, en contra de la empresa TRANSELEC, representada por su gerente general don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Marcelo Neculman Muñoz.

Protección-9831-2019. (fcv)