Protección contra Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
- Fecha
- 2 de febrero de 2022
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 9830-2021, sentencia de 2 de febrero de 2022
Resumen
Se rechaza el recurso de protección porque no se apreció actuación ilegal o arbitraria de la Policía de Investigaciones ni de la Dirección de Previsión de Carabineros; además, la pretensión sobre los hijos perdió oportunidad al reconocérseles como cargas.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, dos de febrero de dos mil veintidós.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Con fecha 1 de diciembre de 2021, comparece el apoderado de los recurrentes nombre reservado, chileno, casado, pensionado, cédula de identidad Nro. RUT reservado; doña nombre reservado, chilena, casada, dueña de casa, cédula de identidad Nro. RUT reservado; doña nombre reservado, chilena, soltera, estudiante, cédula de identidad Nro. RUT reservado, y don nombre reservado, chileno, soltero, estudiante, cédula de identidad Nro. RUT reservado quien interpone recurso de protección en contra Policía de Investigaciones de Chile, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Director General don Sergio Antonio Muñoz Yáñez, chileno, casado; y en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por don su Director don nombre reservado, chileno, casado, Contador Auditor por estimar que éste ha incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias en contra de su representado y que trasuntan en la vulneración de las garantías fundamentales del artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.
Que, funda su presentación en que el recurrente nombre reservado fue funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Chile, sirviendo en las filas de esa institución policial por 30 años y llamado a retiro absoluto el 31 de enero de 2021, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 92 del Estatuto del Personal de la PDI, contando con el tiempo suficiente para percibir pensión de retiro y el desahucio correspondiente.
Puntualiza que, a través de la Resolución Nro., 117 del 11 de mayo del año en curso, emanada de la Subsecretaria del Interior, se le concedió al actor pensión de retiro y desahucio, como también el derecho a percibir asignación familiar por su cónyuge doña nombre reservado, y por sus hijos nombre reservado y nombre reservado, documento que fue remitido tanto a DIPRECA como a la PDI, para hacer efectivos los beneficios antes mencionados.
Sin embargo, expone que a raíz de una atención de urgencia a la que tuvo que someterse la cónyuge del recurrente el día 16 de noviembre, se enteraron que tanto ella como sus hijos no figuraban como cargas, no pudiendo por ende acceder a las prestaciones médicas propias de su entidad de salud, que corresponde precisamente a DIPRECA, por lo que desde esa fecha el recurrente intentó tomar contacto de manera infructuosa con ese organismo a fin de obtener una explicación válida a dicha problemática, respuesta que recibió recién el día 30 de noviembre por medio de un correo electrónico de DIPRECA, EN QUE SE le señaló que sus cargas familiares aún se encontraban vigentes en la PDI, motivo por el cual no era posible activarlas en DIPRECA, debiendo él requerir su extinción permanente antes de solicitar la activación en su calidad de pensionado.
Manifiesta que TAL MOTIVO deja entrever desidia y una total falta de coordinación entre los organismos recurridos, toda vez que el cambio de estatus del recurrente, es decir de funcionario activo a pensionado, supone un trámite administrativo previo efectuado por la PDI, que implica completar entre otros, el formulario denominado “Solicitud y declaraciones juradas simples para asignación familiar”.
Dicha petición es remitida a la Unidad de Pensiones de la División de Gestión y Modernización de las Policías, dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para gestionar el respectivo Decreto de retiro. Luego, una vez que se emite la resolución de retiro, y pasados 4 meses desde su retiro, esto es, al 1 de junio de 2021, debió haber comenzado a operar desde esa época normalmente la prestación de salud para sus cargas, lo que a la fecha aún no acontece, pese a que se dedujeron los descuentos legales de rigor.
La situación antes descrita indica se produce por la negligencia de los recurridos en el marco de un procedimiento administrativo que no reviste mayor complejidad, sin duda alguna perturba el derecho a la salud de los recurrentes, que incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente, por cuanto se encuentran en una suerte de limbo en materia previsional y desprotegidos frente a cualquier contingencia que afecte su salud.
Sostiene que a la luz de los artículos 3, 5 y 11 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, la administración debe actuar diligente de la administración que ha sido conculcado por el actuar de las recurridas, lo que deviene en un perjuicio actual y directo en contra de los actores, que de no mediar el remedio procesal oportuno continuará produciendo sus efectos en el tiempo.
Garantías constitucionales afectadas con el proceder de la recurrida.
Derechos de igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2 de la C.P.R.).
En la especie, refiere que los recurrentes se les ha dado un trato diferenciado que les perjudica, propiciado tanto por la PDI como por DIPRECA, en vista que dada la condición de pensionado de don nombre reservado y del reconocimiento de los restantes recurrentes como sus cargas familiares que conlleva a su afiliación al mencionado régimen previsional, tienen el legítimo derecho a una prestación de salud digna y a no ser discriminados arbitrariamente, por lo que DIPRECA se encuentra en el deber de entregar una provisión de acciones de salud de acuerdo con las políticas fijadas por el Ministerio de Salud, velando por el debido cumplimiento de las normas del ramo, así como también con los estándares mínimos que garanticen un adecuado y oportuno acceso a las prestaciones que alcancen la calidad requerida por sus imponentes, denotando una total falta de rigurosidad en el examen de la documentación de sus afiliados.
En este sentido, detalla que el acto administrativo emanado de la Subsecretaría del Interior individualizado supra, que concedió el derecho a pensión del señor nombre reservado y de sus cargas familiares, fue remitido en su oportunidad a ambas entidades para su tramitación administrativa de rigor, debiendo haberse producido en ese instante el respectivo cruce de información para la desafectación de éstos desde los sistemas de la PDI, para posteriormente reincorporarlos a la base relacional de DIPRECA, tal como se realiza con el resto de los funcionarios que se acogen a retiro.
II.2. Derecho a la protección de la salud. (Art. 19 Nro. 9).
Así entonces, es patente que esta garantía constitucional se encuentra seriamente perturbada, gracias a la galbana actitud de los recurridos, que impide que los recurrentes puedan contar con la debida cobertura y asistencia en materia de salud.
Por tanto, en virtud de lo alegado y normas citadas, solicita tener por deducida dentro de plazo la presente Acción Constitucional de Protección, someterla a tramitación, ordenándole a los recurridos realizar las acciones tendientes a regularizar en un plazo perentorio la situación previsional de los recurrentes, con expresa condena en costas personales en favor de los actores.
SEGUNDO: Que, a folio 12, con fecha 5 de enero de 2022, informa el recurrido Dirección de Previsión de Carabineros, solicitando su rechazo, con costas.
Alega que, de acuerdo al artículo 1 del D.L N° 844 de 1975 del Ministerio de Defensa Nacional, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros y 78 inciso segundo de la Ley Orgánica de Carabineros, la entidad recurrida es un órgano descentralizado del Estado, distinto al de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Ahora bien, el presente recurso, se enmarca en el contexto temporal en el cual un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile pasa a retiro de su servicio activo, concediéndosele una pensión, y, por lo tanto, pasa a adquirir la condición de pensionado de Dipreca. Dicho lo anterior, el proceso de determinación y cálculo de las pensiones de los ex funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile no es un proceso que se desarrolle en esta Dirección de Previsión, que, en este ámbito, tan solo viene a constituir la entidad pagadora de un beneficio previsional, que ha sido confeccionado por otro Órgano y tomado de razón por la Contraloría General de la República.
En efecto, indica que en términos generales, la determinación y cálculo de pensiones de los ex funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile, se inicia en dicha institución, que posee los antecedentes relativos a la carrera funcionaria del beneficiario, para posteriormente remitir el expediente del imponente a la División de Gestión y Modernización de las Policías, entidad dependiente de la Subsecretaría del Interior, que procede a elaborar y tramitar el acto administrativo que concede la pensión, para luego remitirla, junto a todos los antecedentes, a la Contraloría General de la República, para su toma de razón.
De esta manera, alega que una vez aprobado y tomado de razón por Contraloría -el beneficio previsional- es la Unidad de Pensiones y Decretos de la División de Gestión y Modernizaciones de las Policías, la entidad encargada de informar la aprobación de la resolución que concede la pensión, remitiendo los antecedentes a esta Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, para el pago del beneficio.
Menciona que en el caso de autos, mediante Resolución N° 117 de 11 de mayo de 2021 de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se concedió al Sr. nombre reservado, su pensión mensual de $2.673.251 pesos, equivalente al 100% de la renta asignada al Grado 3°, que le sería pagada por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en la ciudad de Villarrica, a contar del 1 de junio de 2021 fecha en que cumplió los 4 meses, a que se refiere el artículo 124 del D.F.L. N° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo demás, apunta que, en dicha resolución, se estableció el reconocimiento de asignación familiar, a favor de su cónyuge doña nombre reservado, y por sus hijos nombre reservado y nombre reservado, ambos de apellidos nombre reservado, a contar del 01 de junio de 2021.
Señala que la Contraloría General de la República, tomó de razón dicha resolución, con fecha 15 de septiembre de 2021 ingresando a esta Dirección de Previsión, con fecha 20 del mismo mes y año, la documentación relativa al beneficio previsional del imponente, con la resolución que concedió los beneficios, totalmente tramitada y remitida por la Jefa de Unidad de Pensiones y Decretos de la División de Gestión y Modernizaciones de las Policías, dirigido a la Jefa del Sub departamento Liquidación de Pensiones, del Departamento de Pensiones de Dipreca.
De esta manera, refiere que es posible apreciar el proceso de determinación y pago de la pensión concedida, en el cual Dipreca recién con fecha 20 de septiembre de 2021 toma conocimiento para efectos de su pago, pero únicamente en este contexto -el del pago de pensiones- y no en el del reconocimiento de las cargas familiares, las cuales no obstante figurar en un acto administrativo de otro Órgano, deben ser desactivadas en la institución en la cual se encontraban vigentes, en este caso PDI, para posteriormente ser activadas en Dipreca, tratándose de esta forma, de un proceso diverso.
De esta forma, de acuerdo a las normas referidas, y por tratarse del reconocimiento de un beneficio, el que, además, en caso de este sistema, implica el reconocimiento también para efectos de ser beneficiario de este régimen de salud, es preciso que Dipreca compruebe la procedencia de los requisitos normativos y acredite que las cargas familiares respectivas, no se encuentran vigentes ante otras instituciones como ha sido el caso. Esto, de acuerdo a la información que figura en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión y Fiscalización de los Regímenes de Prestaciones Familiares y Subsidio Familiar (SIAGF) a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, el que dispone de una base de datos nacional con todos los reconocimientos de causantes y beneficiarios de asignación familiar, que permite el otorgamiento controlado de los beneficios y la regularización de estos.
Respecto del caso particular del beneficiario, Sr. nombre reservado, se le informó directamente a través de correo electrónico el día 30.11.2021, que sus cargas familiares estaban vigentes aún en la Policía de Investigaciones de Chile y que debía regularizar esta situación, antes de realizar la activación en Dipreca.
Por lo demás, en el caso de su cónyuge, doña nombre reservado, presenta iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, lo que hace presumir que genera renta propia. Por lo cual, también debe presentar la documentación que acredite que cumple el requisito de renta que la habilita para ser causante de asignación familiar. A la fecha, no se ha recibido documentación del imponente desde Oficina de Partes.
Sin perjuicio de lo señalado, se verificó la extinción de las cargas familiares en Policía de Investigaciones de Chile, por lo que se procederá en forma interna, en el transcurso de la tramitación del presente recurso de protección a la activación de los hijos, nombre reservado y nombre reservado en el sistema. Respecto de la cónyuge debe solicitar el alta en la plataforma de atención al beneficiario, presentando la documentación respectiva.
Alega la improcedencia de conculcación de los derechos invocados, por cuanto el actuar de Dipreca, ha sido ajustado a derecho, no pudiendo entenderse de manera alguna ilegal, puesto que en esta decisión el fundamento último ha sido el cumplimiento de las normas legales, en virtud del principio de legalidad que rige las actuaciones de los órganos del Estado, y que, bajo ninguna circunstancia, en este caso, ha tenido el mérito de infringir garantías constitucionales.
TERCERO: Que con fecha 6 de enero de 2022, evacúa informe la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso con costas.
Argumenta que efectivamente el ex Subprefecto señor nombre reservado reunido el tiempo suficiente para acogerse a retiro con derecho a pensión completa, con fecha 2 de enero de 2021 solicitó el retiro absoluto al Ministro del Interior y Seguridad Pública, puesto que prestó servicios a la Policía de Investigaciones de Chile entre el 2 de enero de 1991 al 30 de enero de 2021, dando cumplimiento con ello a lo mandatado en el artículo 92º del Decreto con fuerza de Ley Nº 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile.
En virtud a lo anterior, con fecha 18 de enero de 2021, el ex Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinoza Valenzuela mediante la Resolución N° 37, solicitó al Ministro del Interior y Seguridad Pública, disponer el retiro absoluto del recurrente con declaración de vacancia de su empleo, haciendo uso para ello de la solicitud de retiro enviada por el recurrente.
Dicha solicitud fue acogida por la Subsecretaría del Interior, quien teniendo en consideración que el ex funcionario solicitó se le concediera el retiro absoluto de la Institución, y que el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile solicitó al Ministro del Interior y Seguridad Pública, disponer el mismo, mediante la dictación del Decreto Exento RA Nº 280/164/2021, en donde se dispuso el retiro absoluto del funcionario siendo efectivo dicho retiro desde el 31 de enero de 2021.
Al respecto destaca que , con fecha 11 de mayo de 2021, la Subsecretaría del Interior, concedió, al ex Subprefecto señor nombre reservado la pensión de retiro y desahucio, mediante la dictación de la resolución N° 117, donde se le reconoce un tiempo de 30 años y 29 días de servicio efectivo en la Policía de Investigaciones de Chile, otorgándole una pensión de retiro mensual de $2.673.251 pesos, una indemnización de desahucio por la suma $59.065.944 pesos y el reconocimiento de cargas de asignaciones familiares, en virtud de lo establecido en el artículo 3° del Decreto con fuerza de Ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y previsión Social, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las Normas Sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía para los Trabajadores de los Sectores Privado y Público.
Asimismo, se le reconoció por tanto tres cargas para la correspondiente asignación familiar; esto es, para doña nombre reservado, y Para nombre reservado y nombre reservado, cónyuge e hijos respectivamente Cabe destacar que dicha resolución fue distribuida, según consta en el acápite inferior de la segunda plana, a la Contraloría General de la República, a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile y a la Unidad de Pensiones y Decreto, para su conocimiento y acción pertinente.
Al respecto, esta institución policial, procedió con fecha 31 de enero de 2021, a extinguir la asignación familiar de sus registros de cargas de tanto la cónyuge como de los hijos del recurrente, tal como consta en la consulta de Causante realizada en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión y Fiscalización de los Regímenes de Prestaciones Familiares y Subsidio Familiar de la Superintendencia de Seguridad Social, a la cual se accedió con los datos del recurrente, ello con la finalidad de que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, pudiese reconocer en su sistema las cargas.
Con ello, quedó establecido fehacientemente que lo señalado por el otro recurrido en el mail de fecha 30.NOV.021, del cual da cuenta el recurrente en su escrito es del todo falso, ya que dicha extinción dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Exento RA N° 280/164/2021 al menos por parte de esta Institución.
Asimismo, consta en dicha búsqueda, que con fecha 06.JUN.021, tal y como lo estableció la Resolución N° 117, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, procedió a reconocer como causantes de asignación familiar a ambos hijos del beneficiario y recurrente, más no así el reconocimiento de su cónyuge, quien no figura como beneficiaria, desconociendo esta parte la motivación de dicha arbitrariedad.
Por lo anterior, es dable señalar que esta parte no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria, toda vez que dio cabal cumplimiento a lo mandatado por el ordenamiento jurídico y por la Resolución N° 117.
A mayor abundamiento, de los antecedentes expuestos por el recurrente para fundar la supuesta vulneración de la igualdad ante la ley, no se advierte caso similar alguno, en que se haya tratado a otra persona de manera diferente, no mencionando otros casos iguales a la situación de él; en efecto de los antecedentes expuesto por el recurrente para fundar la supuesta vulneración de la igualdad ante la ley, lo que resulta de indispensable para fundar un trato desigual, lo que no acontece en el caso de autos.
Respecto a la supuesta vulneración al derecho a la protección de la salud:
Como cuestión previa, cabe señalar que, la Constitución regula el derecho a la protección de la salud, imponiendo al Estado la obligación de resguardar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo, así como la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Reconoce, a continuación, el derecho a elegir el sistema de salud, estatal o privado, al que acogerse, siendo en virtud del artículo 20° de la Constitución Política de la República, que regula la procedencia del recurso de protección solo se limita a este último inciso, no vislumbrándose por esta parte de qué forma esta Policía habría infringido el inciso protegido en cuestión.
CUARTO: Que el recurrente acompañó a los autos los siguientes documentos:
1. Resolución Nro. 117 del 11 de mayo de 2021, de la Subsecretaria del Interior.
2. Correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2021.
3. Certificado de Egreso de la Ex Universidad Pedro de Valdivia (hoy Universidad del Alba), que acredita mi calidad de Egresado de Derecho.
QUINTO: Que, por su parte, la recurrida DIPRECA acompañó los siguientes documentos:
1.- Resolución N° 117 de 11.05.2021, de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante la cual se otorga una pensión de retiro al Sr. nombre reservado.
2.- Copia correo electrónico de 30.11.2021, dirigido al Sr. nombre reservado.
3.-Copia pantallazo que da cuenta de la no recepción de antecedentes en Dipreca.
4.- Consulta tributaria de terceros en el Servicio de Impuestos Internos, de doña nombre reservado, cónyuge del Sr. nombre reservado.
SEXTO: Que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, acompaña los siguientes documentos.
1.- Minuta de Tiempo del ex Subprefecto nombre reservado.
2.- Resolución N° 37, de fecha 18.ENE.021, del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile al Ministro del Interior y Seguridad Pública.
3.- Decreto Exento RA Nº 280/164/2021, de fecha 22.FEB.021, de la Subsecretaría del Interior, y su respectiva acta de notificación.
4.- Resolución N° 117, de fecha 11.MAY.021, emitida por la Subsecretaría del Interior SEPTIMO: Que, lo que se cuestiona en autos es que el recurrente no obstante habérsele concedido por Resolución Nro., 117 del 11 de mayo del 2021, de la Subsecretaria del Interior, pensión de retiro y desahucio, como también el derecho a percibir asignación familiar por su cónyuge doña nombre reservado, y por sus hijos nombre reservado y nombre reservado, documento que fue remitido tanto a DIPRECA como a la PDI, para hacer efectivos los beneficios antes mencionados., no se consumó dicho proceso en DIPRECA , ya que tanto como sus hijos como su cónyuge no figuran como cargas, situación reconocida por la recurrida DIPRECA la que indica que ello es fruto de que la Contraloría General de la República, tomó de razón dicha resolución, con fecha 15 de septiembre de 2021 ingresando a esta Dirección de Previsión, con fecha 20 del mismo mes y año, lo que permite operacionalizar el pago de la pensión, pero no el del reconocimiento de las cargas familiares, las cuales no obstante figurar en un acto administrativo de otro Órgano, deben ser desactivadas en la institución en la cual se encontraban vigentes, en este caso PDI, y en el caso cónyuge, doña nombre reservado, como presenta iniciación de actividades debe presentar la documentación que acredite que cumple el requisito de renta que la habilita para ser causante de asignación familiar. En la misma lógica la PDI informa haber dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro., 117 del 11 de mayo del 2021 OCTAVO: Que, adicionalmente, cabe consignarse que se ha informado por DIPRECA que se verificó la extinción de las cargas familiares en Policía de Investigaciones de Chile, por lo que se procederá en forma interna, en el transcurso de la tramitación del presente recurso de protección a la activación de los hijos, nombre reservado y nombre reservado en el sistema. Respecto de la cónyuge es responsabilidad del recurrente el solicitar el alta en la plataforma de atención al beneficiario, presentando la documentación respectiva.
NOVENO: Que, en este contexto, no se aprecia que haya existido una actuación ilegal o arbitraria de parte de las entidades recurridas Adicionalmente el recurso en lo que dice relación con los hijos del recurrente habría perdido oportunidad al haberse reconocido a estos como cargas como cargas como cargas de este, todo lo cual conlleva que la presente acción de protección deba ser desestimada al no concurrir las condiciones que la hacen procedente.
Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA el recurso deducido por nombre reservado, por doña nombre reservado, por doña nombre reservado, y don nombre reservado, en contra Policía de Investigaciones de Chile, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Director General don Sergio Antonio Muñoz Yáñez, y en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por don su Director don nombre reservado.
Notifíquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del Abogado Integrante Sr Roberto Contreras Eddinger.
Rol N° Protección-9830-2021.(jog)