nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que comparece don nombre reservado, Cabo 1° de Carabineros de Chile, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, trabajador independiente, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en realizar una publicación en la red social Facebook, ocupando su imagen sin autorización y una serie de expresiones que califica de injuriosas, lo que vulnerarías las garantías de los numerales 1, 3 inciso 5° y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que es Cabo 1° de Carabineros de Chile, y desempeña sus labores en la Subcomisaría Lonquimay y en este contexto, con fecha 08 de Octubre del presente año a las 16:45 horas, en que se encontraba de patrullaje en la zona urbana de la comuna de Lonquimay, e insertos en una situación de cuarentena, es que junto al Sargento 2° don nombre reservado, procedieron a realizar un control al vehículo placa patente RZ-4687, el que era conducido por doña nombre reservado, a quien luego de exhibir un permiso colectivo, e indicársele una observación respecto del mismo en el apartado “destino”, para evitar que pudiera tener problemas con personal de Ejército, se le solicitó la documentación del vehículo y su licencia de conducir, de lo cual resultó que ella no poseía esta última, por cuanto no ha obtenido una licencia de conducir clase B, ante lo cual se procedió entregar la citación correspondiente al Juzgado de Policía Local de Lonquimay.

El mismo día 08 de Octubre, pasadas las 17:00 horas, la pareja de la ya referida nombre reservado, el recurrido don nombre reservado, se acercó airadamente la Subcomisaría Lonquimay (f), con el objeto de encararlo producto de haber dejado citada a su pareja al Juzgado de Policía Local, expresando que ello no correspondía; que por ser Lonquimay una comuna pequeña, no se debe fiscalizar a las personas que intentan trabajar, sobre todo en época de Cuarentena, pues su pareja solamente estaba realizando un reparto a domicilio de su local de comidas. Es de agregar que se le indicó que si tenía disconformidad, o un reclamo contra mi actuar, lo hiciera en la misma Subcomisaría, o bien presentara su reclamo a través de la página de la institución; o que incluso la pareja de éste, tiene la opción de poder realizar una defensa en el Juzgado de Policía Local respecto de la pertinencia de la infracción. Luego de ello salió de manera molesta de las dependencias, señalando que se arrepentiría de lo que hizo, pues no consiguió su objetivo de dejar sin efecto la citación.

Así las cosas, es que pasadas 1 o 2 horas, el recurrido realizó una publicación a través de su página de Facebook denominada “Donde Checho”, la cual utiliza para promocionar su carro de comidas al paso ( https://www.facebook.com/donde.checho.12 ), realizando la siguiente publicación en el grupo “Trueque, Compra y Venta Lonquimay”:

En dicha publicación expresa que personalmente estaría realizando una especie de acoso hacia él y su pareja al haberlos fiscalizado “100 veces”; de haberlos amenazado con una detención ilegal y arbitraria; y claro, de supuestamente haber realizado una citación al Juzgado de Policía Local por haber cortejado sin éxito a su pareja.

En una segunda publicación, llamó una “funa” en su contra, por supuestamente perseguir mujeres, y “multarlas” si no acceden a mis peticiones, ello, utilizando una fotografía del recurrente obtenida del perfil de Facebook de su cónyuge.

La publicación realizada por el recurrido fue compartida cientos de veces, incluso por la pareja del recurrido, dando a entender que avala por supuesto la “denuncia” realizada.

Conforme a lo ya expresado, las acciones del recurrido, han vulnerado la garantía constitucional a su derecho a la honra; a su integridad psíquica; y su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Sostiene que el acto en efecto es ilegal, toda vez que el recurrido le ha imputado hechos falsos, que van en descrédito de su persona, los cuales son constitutivos de delito en el artículo 416 y siguientes del Código Penal. Por otro lado, no existe norma legal alguna que permita a una persona “funar” a otra, entendiendo por tal todo acto o llamado que hace una persona de manera pública, con el objeto de que sus pares rechacen o repudien a determinada persona.

El acto además es arbitrario, por cuando el recurrido, está en conocimiento que su pareja tiene la opción de concurrir ante el Juzgado de Policía Local de Lonquimay a modo de aclarar o defenderse de su infracción a la ley del tránsito; así como tiene claro que pueden realizar un reclamo ante mi supuesto “abuso” al momento de haber fiscalizado a su pareja; ha preferido ejercer la justicia por mano propia, arrogándose facultades que solo corresponden a nuestros tribunales de justicia; además de obedecer solo a una apreciación sesgada de los hechos en el mejor de los casos, que solo buscan perjudicarme por su molestia al haber controlado a su pareja dentro mi patrullaje.

Invoca vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

1.- Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, respecto de la Integridad Física y Psíquica, el que afirma se habría vulnerado, por cuanto se le han realizado acusaciones injustas, ilegales y arbitrarias, que son derechamente falsas, no ajustándose a la realidad; cuestión que indudablemente le ha perjudicado al interior de la vida familiar, así como por supuesto en su trabajo, sintiéndome acongojado y vulnerado.

2.- Artículo 19 número 4 de la Constitución Política de la República, respecto del Derecho a la Honra Este derecho alude a la “reputación”, al “prestigio” o el “buen nombre” de todas las personas; es concebido como la buena fama o reputación de que una persona goza en el ambiente social, unido de manera íntima a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica. Por lo mismo podemos incluso calificarla como un elemento del patrimonio moral de una persona.

A partir entonces del concepto, nos resulta posible inferir que se atenta en su contra injuriando, calumniando o difamando, como sería en el presente caso, a través de la injuria de que he sido víctima, esto es, al comunicarse hechos falsos sobre mi vida y mi actuar, como lo es un acoso, y realizar un abuso de autoridad al imputárseme haber realizado un control policial y citación al Juzgado de Policía Local en ese contexto de abuso, por lo que incluso podríamos llegar a considerar que se le está imputando un delito por abuso de su cargo.

Es con todo que evidentemente ha existido una denostación hacia su persona y su honra de parte del recurrido, que viene en interpretar de manera antojadiza, o incluso dolosa, una actuación que se enmarca dentro de la legalidad, derivada de mi patrullaje; adicionando además el hecho de que se utilizó una imagen propia, sin su consentimiento, para realizar la denuncia a través de la red Facebook, con el objeto de perjudicarlo aún más.

3.- El derecho contemplado en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República Esta garantía constitucional se encuentra vulnerada y/o amenazada desde el momento mismo en que el recurrido, aún teniendo la claridad, por lo que se le informó, respecto a que tiene la opción de interponer un reclamo en mi contra, e incluso la opción que su pareja tiene de defenderse en el Juzgado de Policía Local de Lonquimay; decidió ejercer la autotutela, es decir, tomar la justicia por mano propia, ignorando de manera clara que dicha función corresponde constitucionalmente a los Tribunales de Justicia; procediendo a realizar las publicaciones ya señaladas, ejerciendo justicia a su manera.

Es entonces que, sin la existencia de un procedimiento administrativo o judicial en su contra, se le imputa haber actuado, en el ejercicio de mis funciones, de un modo inapropiado, arbitrario e ilegal.

Pide que se acoja su acción de protección y se disponga que el recurrido, cese el acto ilegal y arbitrario de publicar hechos o denuncias falsas sobre mi actuar, como lo son un actuar arbitrario e ilegal en el ejercicio de mis funciones, así como comunicar un supuesto acoso de que ambos, o la pareja del recurrido sería víctima de mi parte, eliminando las publicaciones objeto de esta acción; por cuanto dichas acciones ya han perturbado y afectado los derechos constitucionales ya señalados; así como ordenar que se abstenga, en el futuro, de publicar comentarios similares a la plataforma de Facebook, o a cualquier otra similar de redes sociales, con costas.

A folio 8 evacúa informe el recurrido nombre reservado, señalando:

Actualmente desempeño labores en un negocio propio de comida rápida, a raíz de esto es que trabajamos con el servicio de delivery, directamente a lo ocurrido mi pareja en ese entonces, nombre reservado, ella efectivamente se encontraba repartiendo comida en el vehículo placa patente RZ-4687, sin su licencia de conducir, este acto de parte de mi, ella y del local es reconocido y no negado. Se acepta la infracción como tal, lo que nosotros en conjunto en ese momento por la fecha y hora indicada en el informe del Cabo 1°, el descontento presente del momento fue por las reiteradas amenazas de parte del Cabo 1°, de tomar prisionero a la multada por NO tener un permiso de cuarentena valido, según el cabo 1° dicho permiso esta malo y no correspondería para poder circular y trabajar, por lo cual ella si presenta el Permiso Único Colectivo VALIDO, al momento de producirse el control policial.

En el informe del Cabo 1°, dice indicar una observación respecto al Permiso Único Colectivo en el apartado "destino", según él para evitar problemas con personal del ejército. Este hecho es completamente FALSO, debido ha este mismo error del permiso, el carabinero cita obligadamente a nombre reservado a la Sub Comisaria de Lonquimay, por lo cual ella me llamo que señalando que el cabo la cita a al comisaría por que quedaría en calidad de detenido por no portar un permiso correcto, y es por lo cual me dirijo a la sub comisaria de Lonquimay, en el cual obviamente a raíz de esta amenaza y ejercer sobre poder ante una chica joven y sin mayor delito.

Al llegar a la sub comisaria y presentar mi descontento total por la forma en cual se procedió y no por la multa, el cabo reitera sus amenazas de privarnos de libertad a ambos en el mismo lugar por tener el mismo error en el Permiso Único Colectivo, hago presente que el Permiso Único Colectivo es un permiso general, en el cual la pagina no permite subir el formato Excel a menos que este correcto.

El reclamo y la llamada Funa, se producen por la amenazas verbales reiteras en tomar prisionero a quien multa el cabo y hacia mi persona, porque ante a él, le manifiesto que el control policial tiene que ser parejo y sin excepciones, que normalmente hay vehículos a alta velocidad en vía urbana, jóvenes que no superan los 16 años de edad y manejan grandes vehículos, que cuando es necesitada información, permisos en especifico o llamados de urgencia durante la noche, carabinero de chile de la Subcomisaria de Lonquimay, no asiste al lugar necesario, no presenta ayuda oportuna ni información, prácticamente a la visibilidad de los pobladores, existe una colisión policial donde se tapan entre ellos como a pasado a lo largo de Chile, por lo cual el temor no es de ellos sino que de quienes somos los contribuyentes a este país.

Lonquimay es un pueblo chico donde si la gran mayoría se conoce y sabe el día a día lo que va ocurriendo, y aun mas con figuras públicas locales. El cabo señala en su informe no conocer mayormente a la multada o a mí, haciendo objeción que solo ha concurrido un par de veces a mi local a comer y a mi domicilio a verificar un cumplimiento de una medida cautelar, esta última siendo completamente falsa, porque en su oportunidad quien fueron a visitar nuestro domicilio para verificar los datos fueron dos carabineros de sexo femenino y ambas hicieron ingresos al domicilio.

Por esto presentado pido a la llustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, verificar e indagar sobre dicho cabo, y su convicción en el informe como tal, faltando a la verdad como funcionario de carabineros de chile por su solicitud del recurso de protección.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que afecte el ejercicio de un derecho garantizado y, por tanto, la finalidad de este arbitrio no es otra que la adopción de medidas de seguridad y tutela urgentes, frente a conductas arbitrarias e ilegales.

SEGUNDO: Que, en la especie se denuncia por el actor que los recurridos realizaron, por una de ellas una publicación y la segunda, la compartió en su perfil y en el del empleador del actor, en la cual se realizaría una funa, imputándole una serie de malos tratos, físicos y psicológicos de los cuales habría padecido una de las recurridas en su relación sentimental con el actor.

TERCERO: Que, en cuanto al marco legal atingente al conocimiento de la presente acción, se analizarán los alcances del precepto que la recurrente alude como conculcado –artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, a través del cual se asegura a todas las personas el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona, el que encuentra su correlato en el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que lo reconoce en términos incluso más amplios al decir que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, el que como lo expresa el profesor Nash Rojas “implica un límite a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del Estado” (Nash Rojas, Claudio. “Las relaciones entre la vida privada y el derecho a la libertad de información en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Estudios Constitucionales, volumen 6, N° 1, año 2008, páginas 155 a 169).

CUARTO: Que el citado derecho -artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República- según ha resuelto nuestra Corte Suprema puede -como ocurre en la especie- entrar en colisión con otros derechos y particularmente con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de acceso a la información, de lo que se colige que no tiene un carácter absoluto y que, por ende, se encuentra sujeto a límites tales como el interés público en que la ciudadanía conozca de una determinada información (Corte Suprema, sentencia Rol N° 21.499-2014, de fecha 8 de octubre de 2014).

En relación a este acápite la correcta configuración de este ius fundamental ha de comprender “todos los elementos normativos presentes en un texto constitucional” así como también “las disposiciones que establecen sus límites y las posibilidades de afectación del respectivo derecho” (nombre reservado, “La Tipicidad Ius fundamental”, p. 15) Así, cada derecho garantizado por la Constitución Política de la República debe ponerse en consonancia con los tratados internacionales sobre la materia suscritos por Chile, en virtud de lo preceptuado por el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, y con las disposiciones legales y reglamentarias que permiten concretar el derecho de que se trate dentro del ordenamiento jurídico interno.

QUINTO: Que sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra también consagrado “el derecho al buen nombre” consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales. En otros términos, puede señalarse que el derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el medio social y al calificar aquellos reconoce su proceder honesto y correcto.

SEXTO: Que la libertad de emitir opinión y de informar, contemplada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República debe entenderse como parte integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contenidos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que comprende la libertad de informar y el derecho a ser informado, conferidos no sólo a los individuos, sino a los medios de comunicación social.

SÉPTIMO: Que del análisis de las consideraciones precedentes es dable colegir que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, por cuanto no puede amparar el insulto y denostación de la persona. Es así que el artículo 19 N° 12 de nuestra Carta Fundamental señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…”. De esta forma, el ordenamiento jurídico no protege un pretendido derecho a insultar y la libertad de expresión no puede ser absoluta, sino que debe debilitarse y morigerarse si tiene el efecto de dañar la reputación de otra persona.

OCTAVO: Que, del razonamiento expuesto es posible afirmar que las conductas desplegadas por las recurridas, si bien se encuentran garantizadas en comienzo por la libertad de expresión, la misma reconoce un límite que se sobrepasa cuando las publicaciones y los llamados a “funa” contienen mensajes que pueden ser calificados de odiosos o que incitan al odio en la opinión pública, como ha quedado de manifiesto en estos autos, ya que muchas de las manifestaciones han terminado en agresiones verbales, pues con ello se crea una situación de exposición que no tiene justificación legal.

En consecuencia, no cabe sino sostener que las publicaciones efectuadas por las recurridas tiene un carácter abusivo y ha resultado lesiva para el derecho a la honra del recurrente y que como consecuencia de dicho actuar -según se deja en evidencia de los comentarios de terceros seguidores a dicha difusión- han sido sometidos al escarnio público, sufriendo descalificaciones, sin la existencia de un juicio previo y del respeto al debido proceso, constituyendo una pena infamante no aplicada por quien no tiene la calidad de ser un órgano jurisdiccional. Por estas razones es que debe acogerse el recurso de la manera que se detallará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara: Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de don nombre reservado, trabajador solo en cuanto se decreta: Que el recurrido deberá eliminar las publicaciones ofensivas o descalificativas referidas al recurrente, ya sea por redes sociales o por cualquier otro medio, que lesionen la honra, intimidad, la privacidad o la intimidad del recurrente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Luis Mencarini Neumann Protección-9825-2020. (fcv)