nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, treinta de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, trabajador independiente, domiciliado en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien interpone, recurso de protección en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, trabajador independiente, domiciliado en domicilio reservado, por estimar que éste incurre en actos ilegales y arbitrarios que vulneran gravemente su derecho constitucional a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República; su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, reconocido en el artículo 19 N° 3; y su derecho al respeto y protección de la vida privada y la honra, garantizado en el artículo 19 N° 4 del mismo texto constitucional, solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y prevenir la reiteración de actos semejantes, con expresa condena en costas del recurrido, sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que expone a continuación.

Expone que aproximadamente en el mes de febrero del año 2018 inició una relación sentimental con el recurrido nombre reservado, la cual se prolonga por aproximadamente ocho años y finaliza durante el mes de enero de 2025, indicando que durante dicho período ambas partes convivieron en un mismo domicilio, manteniendo una buena relación de convivencia, compartiendo distintos momentos familiares y adoptando conjuntamente diversas decisiones de manera voluntaria, añadiendo que durante el período inicial de la pandemia por Covid-19, ambos deciden adoptar dos perros llamados Canela y Falle, señalando que dichas mascotas son adoptadas por el recurrente, quien asume desde ese momento y hasta el término de la relación sentimental el cuidado permanente de ambos animales, añadiendo que, una vez terminada la relación de pareja en enero de 2025, ambas partes acuerdan que el recurrente permanezca con las mascotas, atendidas sus mejores condiciones habitacionales para mantenerlas.

En relación a los hechos que perturban los derechos constitucionales del recurrente, señala que durante el año 2025 y lo que transcurre del año 2026, el recurrido solicita reiteradamente concurrir al domicilio del recurrente con el objeto de visitar a los perros y sacarlos a pasear y frente a dichas solicitudes, el recurrente manifiesta su negativa, por estimar que no existe obligación jurídica alguna de acceder a tales requerimientos, indicando que, como consecuencia de ello, los días 9, 10 y 18 de marzo de 2026, el recurrido publicó, mediante la modalidad de "historias" de la red social Instagram, utilizando la cuenta pública "edoplantero", con aproximadamente 523 seguidores, diversas imágenes, capturas de pantalla y comentarios dirigidos en contra del recurrente.

Sostiene que dichas publicaciones afectan gravemente su derecho a la integridad psíquica, su vida privada, su honra, su propia imagen y su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, garantías protegidas por el artículo 19 N° 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, constituyendo además una forma de autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico y con el objeto de demostrar la entidad de las publicaciones efectuadas por el recurrido, desarrolla el contenido de cada una de ellas:

-Imagen N° 1 (9 y 10 de marzo de 2026), señala que el recurrido publica una captura de pantalla correspondiente a la cuenta privada de Instagram del recurrente, sobre dicha imagen incorpora un texto destacado en letras mayúsculas sobre fondo negro que expresa: "FUNA AL MARACO CULIAO FATAL", afirmando que dicha publicación expone públicamente su perfil personal y utiliza expresiones insultantes y degradantes dirigidas directamente a su persona.

-Imagen N° 2 (9 y 10 de marzo de 2026): Expone que el recurrido publica una fotografía de los perros de propiedad del recurrente, incorporando dos mensajes en su contra, en la parte superior de la imagen se lee: "NUNCA VOY A PERDONAR EL DAÑO QUE ME HACES AL NEGARME VERLAS", en la parte inferior incorpora el siguiente texto: "SAPEAME TODO LO QUE QUIERAS, SIGUE CON TU VIDA COMO SI NADA A PASADO, ALGÚN DÍA TE TOCARÁ VIVIR EL MISMO DAÑO QUE ME HICISTE Y PEOR!", afirmando que estas expresiones atribuyen públicamente al recurrente una conducta dañosa y buscan desacreditarlo ante terceros.

-Imagen N° 3 (9 y 10 de marzo de 2026): Señala que el recurrido vuelve a publicar una fotografía de las mascotas, acompañándola de nuevos comentarios ofensivos. El primero expresa: "SOLO YO SE LO QUE FUE ENSEÑARTE LO QUE SABES... pelota, pichi y más... 7 veces 7 multiplicado por 70 al hijo de la gran p#%a que lo parió!!!!" El segundo agrega: "NO TE LO VOY A PERDONAR NUNCA MARACO CONCHA DE TU MADRE!!" afirmando que ambas expresiones constituyen insultos directos dirigidos a desacreditarlo públicamente y menoscabar su honra.

-Imagen N° 4 (9 y 10 de marzo de 2026): Expone que el recurrido publica una fotografía de sí mismo acompañada de un extenso texto explicativo, mediante el cual afirma que, tras una relación de ocho años, el recurrente pone término a la relación por otra persona, se lleva las mascotas y le impide verlas. Asimismo, sostiene públicamente que el recurrente mantiene a los animales encerrados durante todo el día, que los deja al cuidado de vecinos cuando sale, que no los pasea y que siempre fue él quien se encargó de su cuidado, finalizando la publicación señalando que se encuentra cansado de suplicar para poder verlas, señalando el recurrente que tales afirmaciones son falsas y buscan presentar ante terceros una imagen negativa de su persona.

-Imagen N° 5 (18 de marzo de 2026): El recurrido publica una nueva historia en Instagram el día 18 de marzo de 2026, reiterando las publicaciones ofensivas. En dicha publicación incorpora el siguiente mensaje: "EL AMOR, LA COMPAÑÍA Y LA DECISIÓN DE TENERLAS TAMBIÉN FUE MÍA... DEMOSTRÉ AFECTO, SOPORTÉ DISCUSIONES, PELEAS Y MUCHAS HUMILLACIONES. DECIRME EN MI CARA QUE LAS VAZ A REGALAR!!! NO TE LO PERDONO MARICON FATAL!!" Agrega que tomó conocimiento de esta nueva publicación porque una alumna de su trabajo le envía un mensaje por WhatsApp para advertirle de la existencia de dicha "funa", situación que incluso lo obliga a ofrecer disculpas por el contenido que terceros leen respecto de su persona.

Afirma que los hechos descritos vulneran su Derecho a la integridad psíquica, contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, señalando que las publicaciones efectuadas por el recurrido, consistentes en reiteradas "funas" difundidas a través de una cuenta pública de la red social Instagram, generan una amplia exposición pública de su persona y producen consecuencias concretas en su vida personal y profesional, indicando que diversas personas conocidas toman conocimiento de las publicaciones y le envían mensajes para advertirle acerca de ellas.

En particular, explica que el día 10 de marzo de 2026 recibe comunicaciones por Instagram y WhatsApp provenientes de tres personas conocidas y apoderadas del club de patinaje donde desarrolla labores como entrenador, quienes le informan sobre la denuncia pública efectuada en su contra y le manifiestan que ésta puede ocasionarle problemas laborales, añadiendo que, efectivamente, en su lugar de trabajo le solicitan explicaciones respecto de las acusaciones difundidas por el recurrido, debido a la gravedad de las imputaciones realizadas.

Relata que se desempeña como entrenador de patinaje de niñas, niños y adolescentes en su propio club denominado "Fusión Roller", siendo reconocido a nivel regional. Señala que son precisamente los apoderados de sus alumnas quienes le solicitan explicaciones por las publicaciones que circulan en redes sociales, circunstancia que, a su juicio, demuestra el amplio alcance que adquieren las denominadas "funas", afirmando que toda esta situación le provoca un estado permanente de temor, angustia e inestabilidad emocional, afectando significativamente su salud psicológica.

En apoyo de su argumentación, cita doctrina constitucional que sostiene que una de las manifestaciones del derecho a la integridad física y psíquica consiste en la prohibición de los apremios ilegítimos, garantía aplicable a toda persona y no únicamente a quienes se encuentran privados de libertad, señalando que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, indicando que ésta ha reconocido que las amenazas y el acoso derivados de publicaciones difamatorias constituyen una vulneración al derecho a la integridad psíquica, en cuanto producen un impacto negativo en la salud mental del afectado y alteran su tranquilidad y desarrollo personal.

Asimismo, argumenta que los hechos indicados vulneran el Derecho al respeto y protección de la vida privada, la honra y la propia imagen. Artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, señalando que el Tribunal Constitucional ha precisado que el honor constituye la valoración interna que una persona tiene de sí misma, mientras que la honra corresponde al prestigio o reputación que terceros le atribuyen, tratándose de conceptos distintos pero íntimamente relacionados.

Sobre esa base, afirma que las publicaciones efectuadas por el recurrido, mediante las cuales se le imputan hechos falsos y se desarrolla una campaña pública de descrédito a través de redes sociales, menoscaban gravemente su reputación personal y profesional, indicando que las afirmaciones difundidas alcanzan un número considerable de personas, exponiéndolo al juicio social sin existir antecedentes objetivos, prueba alguna ni procedimiento judicial que las respalde, añadiendo que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la honra constituye un derecho personalísimo que deriva directamente de la dignidad humana y que integra el patrimonio moral de toda persona.

En relación con el contenido específico de las publicaciones, afirma que la Imagen N° 2 pretende mostrarlo públicamente como una persona que ocasiona un grave daño psicológico al recurrido al impedirle mantener contacto con las mascotas, señalando que la Imagen N° 4 busca instalar ante la opinión pública la idea de que incurre en conductas incompatibles con los principios de bienestar y protección animal establecidos en la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, haciendo presente que el recurrido jamás ha deducido denuncia alguna en su contra por el delito de maltrato animal previsto en el artículo 291 bis del Código Penal, circunstancia que, a su juicio, demuestra el carácter infundado de tales imputaciones.

Respecto del derecho a la propia imagen, invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que lo reconoce como uno de los denominados derechos de la personalidad, inherentes a toda persona y merecedores de protección constitucional, citando doctrina del profesor nombre reservado, quien sostiene que cualquier atentado contra la honra o la intimidad posee una especial gravedad constitucional, por tratarse de aspectos inseparables de la personalidad humana y difícilmente reparables, citando jurisprudencia de la Corte Suprema conforme a la cual el derecho a la honra resulta lesionado cuando una persona es objeto de publicaciones que la desacreditan sin fundamento, precisando que la libertad de expresión no ampara actuaciones que perjudiquen injustificadamente la dignidad de terceros, estimando que la afectación del derecho a la honra trae aparejada, de manera necesaria, la vulneración del derecho a la integridad psíquica, por encontrarse ambos derechos íntimamente relacionados y producir una afectación permanente mientras las consecuencias de las publicaciones subsistan.

Además, considera que se vulnera el Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, contemplado en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, afirmando que la denominada "funa" constituye una forma de exposición pública que ocasiona un grave e irreversible menoscabo a la persona afectada, especialmente por la rapidez con que el contenido se viraliza en redes sociales y por la imposibilidad práctica de controlar posteriormente su difusión o determinar quiénes acceden a él. A su juicio, ello importa una vulneración directa de la dignidad humana, por cuanto la privacidad constituye un presupuesto esencial de dicho bien jurídico, señalando que este tipo de publicaciones constituye una verdadera forma de autotutela, mediante la cual un particular, impulsado por sus propias emociones o experiencias personales, pretende hacer justicia por sí mismo utilizando las redes sociales como mecanismo de sanción pública, indicando que, en el caso concreto, el recurrido busca deliberadamente someterlo al juicio social y moral de todas las personas que tienen acceso a las publicaciones, generando una condena pública al margen de cualquier procedimiento legal, circunstancia que vulnera gravemente las garantías constitucionales invocadas.

Agrega que las denominadas "funas" producen un debilitamiento del debido proceso, pues quien resulta expuesto es presentado desde un comienzo como culpable de los hechos que se le atribuyen, sin existir posibilidad alguna de ejercer defensa, controvertir las imputaciones o demostrar su inocencia dentro del mismo espacio en que se difunden las acusaciones, estimando que la denuncia o "funa" realizada por el recurrido vulnera gravemente los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1, N° 3 y N° 4 de la Constitución Política de la República.

Señala que, conforme al numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días contado desde la ejecución del acto ilegal o arbitrario que ocasiona la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho constitucional, indicando que la presente acción se dirige contra una perturbación de carácter permanente de los derechos consagrados en el artículo 19 N° 1, N° 3 y N° 4 de la Constitución Política, precisando que los hechos fundantes del recurso ocurren los días 9, 10 y 18 de marzo de 2026, fechas en que el recurrido realiza las publicaciones cuestionadas.

Respecto del derecho a la integridad psíquica, sostiene que la afectación permanece vigente, pues las publicaciones dañan su honra e imagen, generando dudas y cuestionamientos permanentes en su entorno personal y laboral, añadiendo que dicho menoscabo continuará proyectándose en el tiempo respecto de todas aquellas personas que tuvieron acceso a las publicaciones difundidas en la cuenta pública del recurrido, la cual cuenta con más de quinientos seguidores.

En cuanto al derecho a la honra, vida privada y propia imagen, afirma que, aun cuando cada publicación permanece visible por un período limitado, las consecuencias derivadas de su difusión continúan produciendo efectos permanentes, toda vez que el daño reputacional ya se encuentra consumado, afirmando que el restablecimiento efectivo del imperio del derecho sólo será posible si el recurrido se retracta públicamente de las afirmaciones efectuadas y se abstiene de reiterar publicaciones de similar naturaleza, estimando que el recurso cumple íntegramente con los requisitos formales y sustantivos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de don nombre reservado, acogerlo a tramitación y, en definitiva, declarar que el recurrido incurre en actos ilegales y arbitrarios que perturban gravemente el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19 N° 1, N° 3 y N° 4 de la Constitución Política de la República, declarando que las publicaciones efectuadas los días 9, 10 y 18 de marzo de 2026 constituyen una vulneración del derecho a la integridad psíquica, del derecho al respeto y protección de la vida privada, la honra y la propia imagen, así como del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, que se ordene al recurrido abstenerse de realizar en el futuro publicaciones de similares características en redes sociales o en cualquier otro medio de comunicación respecto del recurrente, que se ordene al recurrido efectuar disculpas públicas, a su costa, mediante publicaciones en el diario El Austral de Temuco durante el plazo de un mes, en las que manifieste que las afirmaciones difundidas son falsas e infundadas, lamentando los perjuicios ocasionados al recurrente y retractándose expresamente del contenido ofensivo publicado y que se condene expresamente al recurrido al pago de las costas de la causa.

Acompaña a su acción constitucional: 1.-Un set fotográfico compuesto por cinco (05) capturas de pantalla correspondientes a las publicaciones efectuadas por el recurrido nombre reservado los días 9, 10 y 18 de marzo de 2026, mediante las cuales, según sostiene, se vulneran su derecho a la integridad psíquica, su vida privada, su honra y su propia imagen. 2.-(01) Captura de pantalla de la cuenta pública de Instagram del recurrido nombre reservado. 3.-Un set fotográfico compuesto por nueve (09) capturas de pantalla de conversaciones sostenidas a través de WhatsApp e Instagram con personas conocidas que toman conocimiento de las publicaciones efectuadas por el recurrido y le informan acerca de las denominadas "funas" dirigidas en su contra.

A folio 6, comparece nombre reservado, quien evacúa el informe requerido, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene que contrariamente a lo manifestado por el recurrente, la relación sentimental que une a las partes desde febrero de 2018 hasta enero de 2025 constituye una comunidad de vida y bienes compartidos, en la que el recurrido no solo aporta afectivamente, sino que además actúa como el principal sostén económico del hogar durante diversos períodos, detallando soporte económico donde consta la existencia de transferencias mensuales sistemáticas efectuadas por el recurrido al recurrente por concepto de "arriendo", por montos de $200.000 y $230.000. El aporte total realizado por este concepto asciende a la suma de $6.180.000.- y administración de bienes, indicando que el señor nombre reservado administra un departamento de propiedad del recurrido, ubicado en Pedro de Valdivia, percibiendo directamente en su cuenta bancaria los cánones de arriendo correspondientes.

Argumenta que el recurrente fundamenta su acción en una supuesta propiedad exclusiva sobre las mascotas "Canela" y "Falle". Sin embargo, afirma que dicho derecho no existe o, a lo menos, se encuentra seriamente controvertido, señalando que ambas mascotas son adoptadas de común acuerdo durante la pandemia, en el año 2020, señalando que el recurrido ejerce actos propios de señor y dueño, proporcionando sustento y cuidados a las mascotas durante más de cinco años, añadiendo que las fotografías acompañadas al informe dan cuenta de la convivencia de las partes con las mascotas durante distintos períodos, así como del vínculo mantenido con ellas.

Alega la inexistencia de acto ilegal o arbitrario y falta de actualidad, señalando que las publicaciones efectuadas en Instagram constituyen el desahogo de una persona que se siente privada de su familia, por lo que dichas publicaciones no configuran un "juicio" ilegal, sino el legítimo ejercicio de la libertad de opinión frente a un conflicto de naturaleza privada cuya resolución corresponde a un procedimiento de lato conocimiento, añadiendo que el conflicto se origina en la decisión unilateral del recurrente de apropiarse de las mascotas que ambas partes adquieren de común acuerdo.

Asimismo, indica que los hechos denunciados ocurren los días 9, 10 y 18 de marzo de 2026 y que, al tratarse de historias de Instagram que desaparecen en un plazo de 24 horas, actualmente no existe perturbación alguna que esa Corte deba restablecer, de manera que el recurso pierde su objeto, añadiendo que el recurrente tampoco acredita el supuesto menoscabo o daño derivado de dichas publicaciones.

En relación a la vulneración al derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N° 1), el recurrido sostiene que no existe antecedente médico que permita acreditar que publicaciones con una duración de 24 horas produzcan un daño clínico, en cuanto al honra (artículo 19 N° 4), afirma que la honra no se vulnera cuando se relatan hechos derivados de una disputa real y jurídicamente existente, añadiendo que el propio recurrente se expone al escrutinio al invocar normas que él mismo infringe, particularmente la Ley N° 21.020 y en cuanto a la vulneración a comisiones especiales (artículo 19 N° 3), sostiene que una opinión emitida en redes sociales no constituye un juicio legal ni una comisión especial, sino el ejercicio de la libertad de expresión garantizada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución, frente a un conflicto privado generado por el propio recurrente.

Manifiesta que el recurrente solicita la publicación de disculpas públicas en el diario "El Austral" durante un mes, medida que considera improcedente por desproporcionada, toda vez que pretende imponer una sanción consistente en treinta días de publicaciones en un medio de prensa por publicaciones efectuadas durante 24 horas en una red social privada, sin considerar además el costo económico que ello implicaría para el recurrido, e indemnizatoria, por cuanto la retractación pública constituye una medida propia de una acción civil o penal por injurias y no de un recurso de protección, solicitando finalmente, a esa Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, por estimar que ha perdido oportunidad, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que no existe controversia entre las partes acerca de que mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente ocho años, la que terminó en enero de 2025, ni tampoco respecto de que posteriormente surgieron diferencias derivadas de la tenencia y contacto con las mascotas que ambos mantenían durante la convivencia.

Asimismo, tampoco ha sido controvertido que el recurrido publicó, mediante la modalidad de historias de la red social Instagram, diversas imágenes, fotografías, capturas de pantalla y expresiones dirigidas al recurrente los días 9, 10 y 18 de marzo de 2026, cuyo contenido ha sido acompañado al proceso y reconocido por ambas partes.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes aparece que dichas publicaciones contienen expresiones manifiestamente ofensivas e injuriosas dirigidas al recurrente, utilizando calificativos denigrantes y exponiéndolo públicamente ante los seguidores de la cuenta del recurrido, imputándole además conductas relacionadas con el supuesto abandono y maltrato de las mascotas comunes, afirmaciones que no aparecen sustentadas en resolución judicial alguna ni en procedimiento legal pendiente.

A ello se suma la difusión de imágenes correspondientes al perfil privado del actor y referencias directas a aspectos de su vida personal derivados de una relación sentimental ya finalizada.

Quinto: Que la circunstancia de existir un conflicto afectivo entre las partes o una controversia respecto del cuidado de las mascotas no autoriza a una de ellas para recurrir a mecanismos de autotutela consistentes en la exposición pública de la otra mediante publicaciones en redes sociales con evidente contenido agraviante.

La denominada "funa" constituye una forma de presión social incompatible con el Estado de Derecho cuando importa atribuir públicamente conductas reprochables a una persona sin acudir previamente a los procedimientos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico para la resolución de los conflictos.

Sexto: Que la libertad de emitir opinión y de informar, garantizada por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, no reviste carácter absoluto, encontrando como límite el respeto de los derechos fundamentales de terceros, particularmente su honra, vida privada, imagen e integridad psíquica.

La protección constitucional de tales derechos impide que una persona sea sometida a campañas de descrédito mediante redes sociales, especialmente cuando las expresiones utilizadas exceden manifiestamente el legítimo ejercicio de la libertad de expresión para transformarse en insultos, descalificaciones personales e imputaciones cuya veracidad no ha sido establecida por autoridad competente.

Séptimo: Que, en consecuencia, las publicaciones efectuadas por el recurrido constituyen un acto arbitrario, desde que carecen de justificación razonable y resultan desproporcionadas respecto del conflicto que las origina, e ilegal, por afectar derechos fundamentales cuya protección corresponde asegurar a esta Corte.

En efecto, la exposición pública del recurrente utilizando expresiones insultantes y atribuyéndole conductas que afectan su consideración social constituye una vulneración del derecho a la honra y a la protección de la vida privada, garantizados por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que, conforme a lo expresado, el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra. Según ha establecido la Corte Suprema, el derecho a la honra comprende el derecho al buen nombre, el cual consiste en el concepto que los demás miembros de la sociedad tienen de un individuo en relación con su comportamiento, honestidad, decoro y calidades profesionales.

Este derecho personalísimo se ve gravemente afectado cuando se publican en redes sociales afirmaciones que producen descrédito y que "distorsionan el concepto público que se tiene del individuo", socavando la confianza de la que goza en su entorno. En este contexto, las denominadas "funas" constituyen actos de autotutela incompatibles con el Estado de Derecho, ya que pretenden "hacer justicia por propia mano" mediante el escarnio público, privando a la afectada de una defensa proporcional y del derecho a la contradicción efectiva.

Noveno: Que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores ha reconocido el derecho a la propia imagen como una garantía protegida de forma implícita en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, por su estrecho vínculo con el atributo de privacidad, y también bajo el derecho de propiedad (Art. 19 N°24) al tratarse de un bien incorporal. La Corte Suprema ha definido la imagen como una "proyección física de la persona, que le imprime un sello de singularidad distintiva y constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo" (Corte Suprema causa Rol N°2506-2009). Por consiguiente, el titular tiene la facultad de controlar su imagen y el poder de impedir su divulgación o publicación sin su consentimiento.

Décimo: Que, del mismo modo, los antecedentes allegados permiten concluir que dichas publicaciones trascendieron al ámbito laboral del actor, llegando a conocimiento de apoderados, alumnos y terceros vinculados a la actividad que desarrolla como entrenador deportivo, circunstancia que razonablemente produce afectación a su tranquilidad emocional y configura una perturbación de su integridad psíquica protegida por el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental.

Undécimo: Que no puede prosperar la alegación relativa a la pérdida de oportunidad del recurso por el hecho de haber desaparecido las historias de Instagram transcurridas veinticuatro horas, desde que la perturbación denunciada no se agota en la permanencia material de las publicaciones en la plataforma digital, sino que se proyecta en el tiempo a través del descrédito generado, especialmente cuando las publicaciones fueron conocidas por personas pertenecientes al entorno personal y laboral del recurrente.

En consecuencia, la amenaza y perturbación de los derechos fundamentales invocados conserva actualidad al momento de resolverse el presente arbitrio.

Duodécimo: Que, atendida la naturaleza cautelar del recurso de protección, corresponde adoptar únicamente aquellas medidas indispensables para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en la forma que se indicará en lo resolutivo, sin que resulte procedente acceder a aquellas peticiones que importan una finalidad propiamente indemnizatoria o sancionatoria, como acontece con la publicación de disculpas durante un mes en un medio de circulación regional.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, N° 4 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado, solo en cuanto se ordena al recurrido eliminar las publicaciones, comentarios o cualquier tipo de manifestación en redes sociales u otros medios de difusión que importen imputaciones de hechos o expresiones que afecten la honra de la recurrente dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones señaladas en el numeral 15 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

N° Protección-980-2026.(csd)