nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de enero de dos mil veintidós.

VISTO:

1.- A folio 1, con fecha 25 de noviembre de 2021, comparece Patricio Ariel Cornejo González, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, chofer profesional, chileno, divorciado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado quien interpone recurso de protección en contra del Sr. Ministro del Interior y nombre reservado don nombre reservado, por el cargo y representación que detenta, con domicilio en domicilio reservado; y b) de don nombre reservado, en su calidad de Delegado Presidencial de la Región de la Araucanía, domiciliado en domicilio reservado, por las omisiones arbitrarias e ilegales relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad y tranquilidad pública en las que ha incurrido la autoridad del Estado que representan en sus cargos respectivos.

Funda su recurso indicando que con fecha 25 de octubre del año 2021, a eso de las 13:45 se recepcionó un llamado telefónico de la central de comunicaciones (C.E.N.C.O.) de Carabineros de Chile, señalando que habían recibido un llamado telefónico de parte de una persona de sexo masculino quien señalo ser el administrador del Fundo Casa Blanca de la comuna de Carahue el cual se identificó como nombre reservado, quién señalo que individuos desconocidos habrían quemado diversas casas destinadas a habitación, como a su vez diversos vehículos, es por ello que necesitan la presencia de Carabineros en el lugar, como consta en copia de carpeta de investigación que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

Agrega que el día de los hechos le quemaron su camión marca volvo modelo FM X del año 2016, avaluados en $ 42.211.878.- y una Grúa Hidráulica por un valor de $ 23.800.000.- según factura de compra N° 158, según la tasación del Servicio de Impuestos Internos, que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

Indica que es hecho público y notorio que la sensación de inseguridad en los distintos macro sectores de la región de la Araucanía, se han reflejado en distintas protestas constantes de los habitantes de Carahue, Puerto Saavedra donde incluso la propia autoridad de Carabineros reconoce que no tienen capital humano, ni menos vehículos para hacer su trabajo, ya que, el presupuesto que existe de destina para los sectores rurales de la región del Bío-Bío.

Manifiesta que de los hechos reseñados puede concluirse que estamos en presencia de circunstancias que pueden revestir los caracteres de varios delitos de incendio, atentado explosivo o incendio al encontrarse los ofendidos amedrentados, que para el caso de no abandonar sus hogares o regresar a ellos, serán víctimas de asaltos en sus inmuebles, en forma reiterativa, constante, existiendo un peligro constante y permanente. Por último, el recurrente junto a sus colegas choferes profesionales, subcontratistas del sector forestal, estuvieron realizando llamados a la autoridad por la falta de seguridad, ya que, en la misma ciudad días antes Carahue, falleció, en el hospital regional de Temuco, nombre reservado (49 años) quien resultó con el 40 por ciento de su cuerpo quemado tras un incendio intencional ocurrido en su vivienda en el sector Villa Araucaria en la comuna de Carahue el pasado domingo 19 de septiembre.

Agrega que en esa oportunidad, un grupo de encapuchados, a punta de disparos, amedrentó a la familia de nombre reservado, la que permanecía en el sitio al que prendieron fuego. Su mujer y su hijo lograron sacarlo de entre las llamas. El fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Felipe González, comentó y una vez verificó en el centro asistencial el fallecimiento de nombre reservado, que "la línea investigativa que se está siguiendo es por incendio con resultado de muerte, debido a que recién se constató la muerte de una de las víctimas".

Acota que la arbitrariedad e ilegalidad se manifiesta desde que se desprende que existe una amenaza latente a los derechos de las víctimas que se ha ido extendiendo hasta tornarse generalizado, produciendo un desosiego público, de lo que la autoridad del Estado se ha mostrado indiferente aun cuando tiene la obligación de actuar, debiendo adoptar todas las medidas tendientes a impedir que esto vuelva a ocurrir, sin haber realizado serios esfuerzos al efecto, salvo esporádicos anuncios por los medios de prensa, presentación de querellas sin consecuencias efectivas de carácter preventivo y visitas de carácter simbólico a los vecinos de Carahue y Puerto Saavedra.

Arguye que los actos son permanentes en el tiempo, por haber devenido en habituales, generando un “ESTADO DE AMENAZA LATENTE”, en que las víctimas han debido asumir que cada cierto tiempo sucederá́ algún otro acontecimiento que vuelva a privarlos o perturbar sus derechos. Es decir, existe una “conciencia colectiva de peligro por un mal futuro cierto”. Se ha generado un clima tal de incertidumbre jurídica fundamental o de base, por afectación de derechos esenciales o inherentes a la persona humana, que se ha configurado en el lugar un ambiente de inseguridad e intranquilidad pública, cuestión que se ha podido concretar por la pasividad de las autoridades políticas encargadas de velar porque hechos de esta naturaleza no ocurran actuando con negligencia en forma reiterativa y constante, solo dedicados a ser comentaristas al estilo farándula televisiva, y solo dedicados a cobrar sus sueldos.

Añade que los recurridos tienen la obligación legal de garantizar orden, seguridad y tranquilidad pública, en su calidad de Delegado Presidencial en la Región de la Araucanía y el Ministro del Interior y nombre reservado, incurriendo en actos u omisiones arbitrarios o ilegales, por cuanto:

4.1.- Las autoridades recurridas han omitido la realización de varias acciones concretas frente a las situaciones descritas que privan, perturban y amenazan seriamente a la vida e integridad física y psíquica de las personas, además de la propiedad, habiendo actuando contra la igualdad ante la ley.

4.2.- Con arreglo a lo dispuesto en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Delegado Presidencial Regional, será el representante natural e inmediato del Presidente de la Republica en el territorio de su jurisdicción, debiendo asumir con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2º, letra b) la función de velar por el orden, tranquilidad pública y resguardo de bienes y personas, no constando medidas efectivas en ese sentido, pudiendo requerir incluso el auxilio de la fuerza pública de ser necesario. En lo que respecta al Sr. Ministro del interior, con arreglo a lo establecido en la Ley 20.502, le corresponde la seguridad pública, dependiendo de él las Fuerzas de orden y seguridad pública, siendo su función conforme a lo establecido en el artículo 3º el mantener el orden público en el territorio nacional.

4.3.- Que conforme a lo referido no consta que estas autoridades hayan adoptado las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales privadas, perturbadas o amenazadas reclamadas en esta acción constitucional, respecto de todos los recurrentes, dando cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone, generando al menos una mesa de trabajo preventivo con los afectados para implementar medidas de seguridad efectivas, con apoyo de las Fuerzas de Orden y nombre reservado Públicas, lo que no se ha verificado a la fecha o se ha tratado de medidas de carácter publicitario que carecen de toda eficacia para enfrentar un nuevo ataque en la ciudad de Temuco, evitándolo, desprendiéndose que ha existido una naturalización de estos actos lesivos que se han perpetrado ante la impasividad de las autoridades recurridas.

Refiere que así las cosas, las autoridades recurridas no han desplegado acciones ni adoptado decisiones que vayan en resguardo de los bienes de los recurrentes, no cumpliendo con el mandato legal que tienen de promover el bien común ni resguardar la seguridad, orden y tranquilidad públicas, omitiendo de manera ilegal y arbitraria dar protección a los recurrentes y sus familias, a quienes se les está impidiendo desenvolverse con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Estas son omisiones antijurídicas graves, porque implican el no ejercicio de atribuciones, potestades públicas y, en definitiva, el incumplimiento de obligaciones legales que implican políticas de Estado en temas de seguridad a las personas y a los bienes, que son la condición sine qua non para la convivencia social, sin cuya preservación el ejercicio de los demás derechos no pasan a ser nada más que una mera quimera.

Indica que en este sentido, la Excma. Corte Suprema ha sostenido que es deber del Estado resguardar la seguridad, orden y seguridad pública, no bastando con medidas cosméticas que pretendan suplantar la efectividad de estas medidas. Cita sentencia causa rol 2020 de 13 de Julio de 2020 y rol 33.878-2019 de 30 de Julio de 2020.

En cuanto a los derechos conculcados refiere la vulneración a lo dispuesto en los artículos 19 Nro. 1, esto es el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física; del 19 Nro. 2, de igualdad ante la ley; del 19 Nro. 21, de desarrollar cualquier actividad económica y del 19 Nro. 24, el derecho de propiedad, todos de la Constitución Política de la República.

Menciona que los hechos atentan contra la vida y la integridad física y psíquica de todos los recurrentes, quienes se han visto violentados directamente en el caso de las víctimas que se encontraban presentes al momento de los ataques y siniestros, recibiendo todos amenazas a su integridad corporal y física, lo que atendido el contexto en que se han producido los afecta psíquicamente, al verse expuestos, ante la desidia de la autoridad del Estado, a una continuación de la conducta desplegada por parte de los individuos, lo que les ha impedido acceder a sus inmuebles y los ha obligado a trasladarse a otros lugares, con todas las consecuencias emocionales aparejadas.

Acota que los hechos referidos por sus propias características, implican un serio riesgo y amenaza a la vida de las personas que están involucradas, y que con motivo de las omisiones y arbitrariedades en las que han incurrido las autoridades del Estado recurridas, se ha permitido que se desarrollen acciones que han atropellado el derecho que tienen los recurrentes de vivir tranquilamente.

En cuanto al artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la República, indica que de haberse suscitado estos acontecimientos en otro lugar, en los alrededores de los grandes centros urbanos o en ellos mismos, la actitud de la autoridad habría sido completamente diversa, habiéndose renunciado por parte del Estado al control del territorio en el que se han consumado los hechos relatados.

Respecto del artículo 19 Nro. 21 de la Constitución Política de la República, refiere que ante la conducta omisiva de las autoridades recurridas se pone en riesgo, se perturba y amenaza el derecho a desarrollar la actividad económico que constituye la fuente de sostén para varios de los recurrentes, quienes al ser constantemente hostigados y atacados, ocupados e incendiados sus predios implican el ánimo de afectarlos en el ejercicio de su actividad económica que lícitamente han emprendido En lo relativo al Derecho de Propiedad sobre toda clase de bienes, consagrado el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, indica que se verifica por cuanto se consuma con la destrucción o quema de bienes que pertenecen a particulares, herramientas, vestuario o cualquier objeto que se encuentre dentro de límites en que se han verificado estas conductas y sometidas a una amenaza seria y verosímil de volver a ser objeto de un atentado, obligando incluso a los residentes a tener que abandonarlos y a no poder regresar a las viviendas aún no destruidas, no pudiendo ejercer su derecho de uso y goce, sin perjuicio de ver severamente lesionado su derecho a disponer de los mismos, por cuanto atendido el amedrentamiento referido, no hay posibilidades de enajenarlos, cuantificándose en millones de pesos las pérdidas patrimoniales para todos los afectados.

Finaliza solicitando:

1.- Declarar por SS., que los recurridos han incurrido en omisiones arbitrarias o ilegales, relacionados con su obligación de mantener el orden público, la tranquilidad y seguridad publica en la ciudad de Carahue, Puerto Saavedra donde se emplazan las residencias y desenvuelven sus actividades los recurrentes, lo que ha redundado en una afectación a las garantías consagradas en los artículos 19 Nro. 1, 19 Nro. 2, 19 Nro. 21 y 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, respecto de todos los recurrentes.

2.- Que ordena la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales privadas, perturbadas o amenazadas en su ejercicio por las omisiones arbitrarias o ilegales reclamadas, pudiendo asegurarse su ejercicio por parte de los recurrentes.

3.- Implementar una mesa de trabajo para diseñar medidas preventivas que conduzcan a evitar que se consumen las amenazas desplegadas por estos grupos delictuales.

4.- Que se implemente como medida de protección puntos fijos en Carahue conformado por un piquete de fuerzas especiales de Carabineros de Chile o del ERTA de la Policía de Investigaciones de Chile para impedir que se consume un nuevo delito o atentado en el lugar.

5.- Se elabore un protocolo específico para enfrentar contingencias en la zona aludida, para construir, implementar y ejecutar acciones de protección que respondan efectivamente a impedir que se desarrollen nuevamente hechos como los relatados.

6.- Se adopten medidas urgentes tendientes a recuperar el control del territorio referido, impidiendo los asaltos, previniendo la comisión de nuevos delitos en el lugar.

7.- Instalar cámaras de vigilancia, ocultas en la comuna de Carahue. Lo anterior sin perjuicio de las medidas que SS. Ilma. determine para el pronto restablecimiento de los derechos perturbados, privados y amenazados, Se condene en costas a la recurrida.

2.- A folio 13, con fecha 22/12/2021 CRISTIAN RICARDO SALINAS PÉREZ, abogado, por la parte recurrida don nombre reservado, DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, evacua informe:

Funda su informe alegando en primer término carencia de legitimación pasiva frente a los hechos denunciados, desde que se basan en la percepción de los recurrentes, así para algunos las acciones del Estado, lo llevan a ser calificado como un Estado Opresor, estas mismas acciones a otras personas les hace parece que el Estado genera inseguridad o intranquilidad.

Añade que en la forma que están expuestos los hechos, no es posible establecer la relación de causalidad con las garantías denunciadas como conculcadas.

Luego de referir la normativa que le es aplicable, indica que ha cumplido con la misma, no habiendo incurrido en omisión alguna, para luego relatar 18 acciones concretas en materia de orden y seguridad pública.

Agrega hoy existe en tramitación una Querella Criminal deducida por esta Delegación Presidencial Regional ante el Juzgado de Garantía de Carahue, CAUSA RUC 2110049568-3, RIT 1324-2021, la que fue declarada admisible y remitida al Ministerio Publico por los delitos INCENDIO en carácter de terroristas, ilícito previsto y sancionado en el artículo 476 N°1 del Código Penal en relación al artículo 2 N° 1 de la ley 18.314, DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 436 en relación al artículo 432 ambas normas del Código Penal, del delito de DISPAROS INJUSTIFICADOS, previsto y sancionado en el artículo 14 letra D) de la ley 17.798, la que versa sobre los hechos materia del presente recurso.

Añade que no corresponde al ente judicial calificar la idoneidad, oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades, en materia de orden y seguridad públicas, haciendo alusión al artículo 6 y 7 de la Constitución.

Acompaña:

1.- Querella criminal presentada por esta Delegación Presidencial Regional de la Araucanía, y la resolución que la declaró admisible, en la causa RIT 1324-2021, del Juzgado de Garantía de Victoria.

2.- Decreto N° 270, de 12 de octubre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara Estado de nombre reservado en las zonas del territorio nacional que indica.

3.- Decreto N° 276, de 26 de octubre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el lapso que indica.

4.- Decreto N° 281, de 10 de noviembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el período que indica.

5.- Decreto N° 293, de 25 de noviembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el período que indica.

6.- Decreto N° 302, de 7 de diciembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el período que indica.

7.- Informe de “Evolución violencia rural Macrozona Sur – Semana 48, año 2021”, Subsecretaría del Interior.

8.- Informe de “Estado de Excepción – Biobío y La Araucanía”, noviembre de 2021, Subsecretaría del Interior.

3.- A folio 15, con fecha 23/01/2022, CARLOS FLORES LARRAÍN, abogado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacúa informe:

Luego de hacer una síntesis del recurso interpuesto indica que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el hecho de reconocerle a este remedio judicial, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación urgente, informal, breve y sumaria.

Indica que la acción entablada no es la vía idónea para acoger la pretensión de los recurrentes, toda vez que lo pedido entre las peticiones de los recurrentes es informar la forma en que se ha dado proyección a la víctimas, acción que solo puede ejecutar el Ministerio Público.

En otro orden de ideas refiere que lo que pretende los recurrentes es que la Iltma. Corte califique la idoneidad, oportunidad, eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades en materia de orden y seguridad, lo que no resulta procedente al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 y 7 del Constitución Política de la República.

Asimismo indica que lo solicitado por los recurrentes, es la simple explicitación de la obligación constitucional y legal de los servicios recurridos, por lo que el recurso es ineficaz.

Acota que la decisión sobre distribución y destinación de los servicios policiales contiene una medida de fuerte componente técnico y alto carácter contingente, por lo que precisamente debe ser tomada por el organismo técnico dispuesto por ley.

Refiere que las acciones ejecutadas que darían lugar a la vulneración de derechos fueron ejecutadas por terceras personas.

Agrega que lejos de la despreocupación estatal alegada por los recurrentes, este Gobierno, ha prestado especial atención al conflicto ínsito en distintas zonas de la Macrozona Sur, indicando estadísticas que darían cuenta de disminución de los delitos, así como la dictación del Decreto N° 270, de 12 de octubre de 2021, de este origen, y sus prórrogas, se encuentra vigente el Estado de nombre reservado.

Respecto de los hechos que motivaron la presentación de la acción de protección de autos, ocurridos el 8 de octubre de 2021 es posible informar a SS. Iltma. que, la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Victoria, por los delitos de colocación y detonación de artefactos incendiarios en carácter de terroristas, homicidio simple en grado de desarrollo frustrado, disparos injustificados y obstaculización del libre tránsito, generándose la causa RUC 2110046800-7 - RIT 1280-2021, la que fue declarada admisible a trámite con fecha 12 de octubre de 2021 y remitida al Ministerio Público, por lo que los hechos narrados por los recurrentes de autos ya se encuentran en investigación por parte del Ministerio Público y en conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Cita jurisprudencia de respaldo en sus alegaciones.

Acompaña:

1. Decreto N° 270, de 12 de octubre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara Estado de nombre reservado en las zonas del territorio nacional que indica.

2. Decreto N° 276, de 26 de octubre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el lapso que indica.

3. Decreto N° 281, de 10 de noviembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el período que indica.

4. Decreto N° 293, de 25 de noviembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el período que indica.

5. Decreto N° 302, de 7 de diciembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga declaración de Estado de nombre reservado por el período que indica.

4.- A folio 17, con fecha 07/01/2021 se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que se acusa como conducta ilegal o arbitraria, la omisión de los recurridos en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, relativas al orden y seguridad pública dentro de la Región de la Araucanía, específicamente en la zona de Carahue- Puerto Saavedra, haciendo una expresa mención a la situación ocurrida el día 25 de octubre de 2021, a propósito de una ataque incendiario donde resultó destruida una vivienda y vehículos, entre ellos el camión y tractor del recurrente.

Refiere que la autoridad omite la realización de acciones concretas frente a los hechos denunciados, los que privan, perturban y amenazan la vida e integridad física y psíquica de las personas, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a desarrollar una actividad económica, además del derecho de propiedad.

TERCERO: Que los recurridos entre sus alegaciones refieren que lo pedido excede del ámbito propio del presente recurso, solicitándose en definitiva por el actor a esta Ilustrísima Corte inmiscuirse en las funciones que le son propias al órgano administrativo y gobierno, vulnerando de esta forma el principio de legalidad y separación de poderes.

En otro orden de ideas refiere que lo que se persigue es una eventual responsabilidad extracontractual del estado, lo que debe ser iniciado por la vía pertinente, y finalmente que la situación expuesta por el actor motivó la presentación de una querella criminal que se encuentra en actual tramitación.

CUARTO: Que se estima recordar que la presente acción constituye un recurso de emergencia, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que menoscaben derechos de carácter indubitados.

En este sentido valga referir por una parte la imprecisión respecto de la conducta que se señala como ilegal y arbitraria, asimismo, del relato expuesto por el propio recurrente se advierten falencias, que tornan en partes confusa la exposición de los hechos que sustentan su petición, por cuanto se hace referencia en algunos capítulos a un solo actor para luego dar a entender que la acción se interpone en favor de varias personas, sin referir el nombre de estas.

QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar, que lo requerido, supone un pronunciamiento que excede la presente al acción al pretenderse que este Poder del estado le ordene a otro Poder como ejecutar sus funciones, en una labor propia de política pública, lo que es contrario al principio de legalidad y separación de poderes.

En este orden de ideas, se ha resuelto que no corresponde a esta sede jurisdiccional pronunciarse sobre “la idoneidad e ineficiencia de las políticas sectoriales aplicadas para controlar y reducir el fenómeno delictivo, ámbito que corresponde a la evaluación, elaboración y corrección de las políticas públicas que, constitucionalmente, está entregado exclusivamente a otro poder del Estado por tratarse de actos de mero gobierno, respecto de los cuales sólo cabe que se pronuncie la ciudadanía en elecciones populares o el Congreso Nacional a través del juicio político”, máxime si esta acción “no constituye una instancia de fijación de políticas públicas ni de fiscalización de las mismas” (sentencia de la Excma. Corte Suprema de 02 de abril de 2018, rol 45.561-2017).

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, las medidas solicitadas por los recurrentes para restablecer el imperio del derecho (por ejemplo, establecer un punto fijo conformado por un piquete de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, existencia de un retén móvil, entre otras, resultan impropias de esta sede, ya que guardan relación con la adopción de políticas públicas que exceden el ámbito de las facultades jurisdiccionales de esta magistratura (sentencia de la Excma. Corte Suprema de 16 de febrero de 2021, rol 11.462-2021, confirmando con tal argumento lo decidido por la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 20 de enero de 2021, rol 89-2021).

SÉPTIMO: Que, por lo anterior, se hace innecesario el análisis de las garantías constitucionales denunciadas por los recurrentes.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos por el abogado Patricio Ariel Cornejo González, en favor de nombre reservado y en contra del Sr. Ministro del Interior y nombre reservado don nombre reservado, y de don nombre reservado, en su calidad de Delegado Presidencial de la Región de la Araucanía.

Redacción de la Ministra Sra. Luz Mónica Arancibia Mena.

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