nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Temuco Temuco, ocho de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, Abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, profesor, quien interpone recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES, RUT Nº RUT reservado, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, que en el mes de julio del año 2012 su representado obtuvo en la Caja de Compensación La Araucana un crédito de consumo, o también llamado crédito social, el cual se pactó en 52 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $68.781, pagaderas desde agosto de 2012 a noviembre de 2016, cuotas que le serian descontadas directamente desde su remuneración.

Que luego de obtener este crédito, su representado fue desvinculado de la empresa para la cual trabajaba en el año 2016, por lo que no se realizaron los descuentos de las cuotas pendientes en el finiquito, quedando unas cuotas impagas, las que no pudo pagar.

Que, en el año 2018 su representado intentó llegar a algún tipo de solución en dicha Caja de Compensación, para poder pagar el crédito, pero en dicho lugar se le informó que ello ya había sido judicializado y que cualquier solución tendría que verla directamente con el Abogado de dicha institución sin darle ninguna posibilidad de poder regularizar su situación. Señala que el supuesto proceso judicial jamás se le ha notificado judicialmente.

Que, siendo en la actualidad su representado profesor de música en la Corporación Educacional El Labrador de la comuna de Victoria, se encuentra con la sorpresa que en su remuneración del mes de diciembre de 2020 aparece un descuento, singularizado como “PRESTAMO CAJA LOS ANDES” por la suma de $68.781, es decir, exactamente la misma suma de dinero de las cuotas del crédito ya mencionado del año 2012 obtenido en Caja Compensación La Araucana.

Su representado concurre a Caja Los Andes, donde se le informa que el descuento fue solicitado por ellos, ya que estos cobros se realizan entre distintas cajas de compensación por un sistema que ellos denominan “Descuentos Intercajas”, por lo que están facultados para realizar dichos descuentos, los que comenzaron, casi 8 años después de haberse otorgado el crédito social contraído con la Caja de Compensación La Araucana.

Sostiene que la actuación de la recurrida es caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, ello debido a que dicho beneficio en este caso concreto resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (prácticamente 5 años) que alcanzó a transcurrir desde agosto del año 2012 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, por lo que con el actual descuento que se ha comenzado a realizar en el mes de diciembre de 2020 de requerir el pago a través de esta vía especial, a su juicio es antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

Agrega que la decisión de la recurrida, que a su juicio es arbitraria e ilegal, vulnera el derecho de propiedad de su representado sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES, acogerlo íntegramente, declarado la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, la cual vulnera el art. 19 N° 24 de nuestra carta fundamental, ordenando al efecto:

1.- Detener y abstenerse intentar obtener el pago del créditos social otorgado a su representado vía descuento de sus remuneraciones.- 2.- Reintegrar totalmente los montos indebidamente descontados vía descuento de las remuneraciones de su representado.

3.- Todo ello con expresa condenación en costas.- Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de Pagaré suscrito por su representado con la recurrida con fecha 10 de julio de 2012.- 2.- Copia de la liquidación de deuda que generó el crédito social de su representado con la recurrida.

3.- Copia de Liquidación de sueldo de su representado del mes de diciembre de 2020, donde consta el descuento denominado “PRESTAMO CAJA LOS ANDES” por la suma de $68.781.- A Folio 11 informa CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, señalando que a la recurrente se le han efectuado descuentos en su remuneración para el cobro de créditos sociales otorgados por Caja de Compensación La Araucana, bajo la modalidad “Intercajas”, según expone.

A través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, la Caja de Compensación La Araucana les ha solicitado la gestión de descuentos en la remuneración del recurrente para el pago de las cuotas de los créditos otorgados por la referida institución.

En ese contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales contraídos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, su representada, a partir del mes de mayo de 2021, ha incluido al recurrente en las planillas de descuento que son remitidas a su empleador. Las sumas recaudadas son luego remesadas a la entidad acreedora.

Asimismo, se ha procedido al cobro de cuotas en calidad de mandataria de C.C.A.F. La Araucana y no posee mayor información de los créditos otorgados al recurrente, antecedentes que deberán ser aportados por dicha institución.

Que, Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”.

Las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833.

Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido.

Agrega, que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero.

Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

En el contexto normativo antes descrito, refiere que Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado a la recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato.

El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Compensación Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

A folio 18, informa Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, señalando lo siguiente:

1. El motivo alegado por el recurrente para interponer el presente recurso, son los descuentos practicados desde diciembre 2020 en su liquidación de remuneración por su empleador por un monto de $68.718 pesos, por concepto de crédito otorgado en el 2012 por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en adelante “La Araucana C.C.A.F.”. Crédito que dejó de pagar en el año 2016 y del cual no se le ha notificado judicialmente de ningún proceso de cobro, por lo que no procede que se utilice el mecanismo de descuentos de la remuneración del trabajador para perseguir el cobro de la obligación, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución.

2. Sobre el particular hace presente que el deudor no pagó la totalidad del crédito social folio N°92001260751 que le fuera concedido en julio de 2012, por un monto total a pagar de $3.576.612 (incluido interés y seguro), pactado en 52 cuotas mensuales sucesivas e iguales de $68.781 pesos cada una, mediante la modalidad de pago indicada en el artículo 22 de la Ley N°18.833, esto es, la facultad de descontar las cuotas de un crédito social desde la remuneración del trabajador, crédito respecto del cual se pagaron en forma no continua 20 cuotas, conforme descuentos efectuados en su liquidación y que fueron de conocimiento del recurrente durante los años 2012 (4 cuotas), 2013 (13 cuotas), 2018 (1 cuota), 2019 (2 cuotas), todas ellas practicadas por su empleador Liceo Industrial de Nueva Imperial, RUT N°RUT reservado, para posteriormente figurar en calidad de moroso, es por ello, que se procede a enviar al sistema intercajas la respectiva información para la búsqueda del deudor “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social, la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, siendo ubicado el recurrente en diciembre de 2020 al encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Los Andes C.C.A.F., solicitando el pago de las cuotas adeudadas y recibiendo las remesas durante los meses de enero de 2021 (descuento diciembre 2020) a noviembre 2021 (descuento octubre 2021), por la suma total de $687.810 pesos, que sirvió para el pago de 10 cuotas, existiendo a la fecha 22 cuotas impagas. Cabe agregar que no se han recibido más remesas a partir del descuento practicado en octubre de 2021.

3.- Atendido que el recurrente no ha acompañado ningún antecedente demostrativo de que la presente obligación se haya extinguido por alguno de los medios consagrados en el artículo 1567 del Código Civil, nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno, crédito que el recurrente reconoce adeudar y que a diferencia de lo que expone no es política de esa Caja indicar que no es posible negociar atendido que paso a cobranza judicial, ya que al ser las Cajas de Compensación entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social y que administran prestaciones de seguridad social, cuentan con mecanismos especiales para otorgar a los afiliados deudores beneficios para regularizar sus obligaciones, como son las repactaciones, renegociaciones, diferimientos, las que se caracterizan por reajustar la deuda sin aplicación de intereses, reajustes o costos, lo que implica el pago sólo del capital adeudado, lo anterior autorizado por su ente fiscalizador para efecto de cumplir con la obligación legal impuesta a las Cajas de Compensación de proteger el fondo social a través del cual se otorgan estas prestaciones de bienestar social denominado crédito social y eso es justamente lo que las distingue de otras entidades financieras.

4.- El artículo 1° de la Ley 18.833 las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral y, las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833 en cuyo número 3° indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”.

En consecuencia los créditos sociales constituyen una prestación de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, lo que las diferencia de otras instituciones, por cuanto su función se encuentra indisolublemente unida al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado.

Precisa, que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley; y es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

5.- Que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, y; con lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Recurso de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

Así, el hecho que el recurrente no haya pagado la totalidad del crédito social otorgado, constituye para su representada una obligación legal, cual es la de solicitar se efectué el descuento en vías a regularizar la obligación contraída, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley N°18.833.

A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de los descuentos no obedece a un mero capricho de la institución que representa, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y cuyos descuentos se van simplemente imputando a la deuda contraída y que se limita sólo al monto de la cuota adeudada.

6.- En consecuencia, su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y que no se ha extinguido por ninguno de los modos consagrados en el artículo 1567 del Código Civil.

Expone que este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

Por otro lado, se insiste en que cualquier alegación del recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, mal puede el recurrente pretender evadir el pago la obligación que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional ya que las Cajas de Compensación no requieren de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible para la Caja, estas pueden informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovecharse de algún beneficio jurídico, deberá demostrarlo mediante antecedentes que indiquen la razón jurídica por la cual este crédito es incobrable, lo que en el caso de marras no ha acontecido, es más existen como se indicó en el primer acápite existen pagos efectuados por el anterior empleador del recurrente que demuestran el reconocimiento tácito del Sr. nombre reservado respecto de su deuda.

Sostiene, que la forma de descuento malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de su representada, como pretende hacer ver el recurrente, pues esta institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

En cuanto al descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema Intercajas, este no sólo es validado por jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N° 67989 de 13 de diciembre 2016, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social que sirven para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma de descuento sino también validada por la Dirección del Trabajo en dictamen N °4527/093 del año 2011.

Concluye señalando que La Araucana C.C.A.F., no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, ya que esta Caja de Compensación ha obrado en conformidad a la citada ley N°18.833 establece una modalidad de pago de los créditos sociales que, como se dijo, constituye una garantía de protección al fondo social, al señalar en su artículo 22: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Es por ello que por expreso mandato legal los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social. Al respecto, ha sido la propia Corte Suprema, en sentencia de casación recaída en los autos Rol N°97812-2016, que sostuvo que el carácter de prestación de seguridad social de los créditos que otorga una Caja de Compensación no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una Caja de Compensación sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se haya extinguido la obligación por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil en favor del recurrente de marras.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección incoado por don nombre reservado, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1) Dictamen 2659-2020 de 12 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Seguridad Social.

2) Ordinario 67989 de 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social que valida el descuento mediante el sistema intercaja.

3) Dictamen 4527/093, de 2011, de la Dirección del Trabajo, que valida el descuento efectuado por otra Caja de Compensación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que se ha deducido recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar “Los Andes”, atribuyéndole como acto ilegal y arbitrario, el hecho de haber descontado en su remuneración correspondiente al mes de diciembre de 2020 la suma de $68.781, consignándolo como “préstamo Caja los Andes” y que asciende exactamente a la misma suma de dinero de las cuotas de un crédito obtenido por el recurrente el año 2012 en Caja Compensación La Araucana.

Segundo: Que, informando la recurrida Caja Los Andes, reconoció haber efectuado tal deducción, argumentando que aquello fue realizado en el marco de un “proceso integrado de recaudación” denominado “descuento intercajas”, utilizando al efecto, el mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833, respecto de una obligación pendiente, cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagradas en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe el ejercicio de las garantías que ese precepto señala.

Cuarto: Que, en tal orden de ideas, es posible determinar que la obligación contraída por el recurrente es de tracto sucesivo, la cual fue adquirida en el año 2012 y pagadas en forma no continua 20 cuotas a través de descuentos efectuados en su liquidación durante los años 2012 (4 cuotas), 2013 (13 cuotas), 2018 (1 cuota), 2019 (2 cuotas), todas ellas practicadas por su empleador Liceo Industrial de Nueva Imperial, para posteriormente figurar en calidad de moroso, reanudándose los descuentos en el mes de diciembre de 2020, a través del sistema de descuento denominado Intercajas.

Quinto: Que de lo anterior se deduce, que no fue posible hasta el mes de diciembre de 2020, que la Caja de Compensación La Araucana pudo seguir descontando el crédito social otorgado al recurrente el año 2012, lo que hizo a través de la Caja de Compensación Los Andes.

Sexto: Que a pesar del tiempo transcurrido desde el otorgamiento del crédito, la deuda no ha sido declarada judicialmente prescrita, no siendo materia del presente recurso, de naturaleza extraordinaria, un pronunciamiento en cuanto a si esta deuda es o no actualmente exigible, razón por la cual deberá necesariamente rechazarse este recurso, por cuanto corresponde ventilar dicho asunto en un juicio de lato conocimiento.

Séptimo: Que a mayor abundamiento, la actuación coordinada de ambas recurridas para el cobro del crédito social en la forma ya referida, se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, acordado conforme lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social y a su vez, el descuento practicado a la remuneración del recurrente se ajusta a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, no siendo posible por ende, reprochar ilegalidad ni arbitrariedad al cobro impugnado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Silvana Ester Igor Ulloa en representación don nombre reservado

nombre reservado, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-9701-2021.(jog)