Protección contra Compín y de la Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco Temuco, treinta de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Compín y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), señalando que en horas de la mañana, al salir de su vivienda, sufre una caída que le provoca una fractura en el brazo izquierdo, precisamente en la extremidad donde mantiene una fístula destinada al tratamiento de diálisis.

Relata que es intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Padre Las Casas, procedimiento que califica como un fracaso, ya que la lesión continúa provocándole intenso dolor, añadiendo que, posteriormente, se le practican diversos exámenes, los cuales determinan que los huesos permanecen separados y que no existe consolidación ósea, indicando que actualmente permanece a la espera de una nueva intervención quirúrgica, la que ha sufrido reiteradas postergaciones.

Expresa que esta situación le genera incertidumbre, pues continúa padeciendo dolor y ve retrasada su recuperación, añadiendo que las nombre reservado emitidas por su médico tratante son rechazadas, circunstancia que le provoca preocupación, toda vez que considera que ello constituye un problema económico, ya que su estado de salud le impide desarrollar una actividad laboral, indicando que no comprende las razones por las cuales se rechazan dichas licencias, lo que incrementa sus dudas respecto de la decisión adoptada.

Detalla que interpone el recurso por el rechazo de nombre reservado folios N° 209141811-7, RUT reservado, 118647749-5 y 121310519-8, señalando que interpuso formal apelación respecto del rechazo de las nombre reservado individualizadas, cada una extendida por un período de sesenta días, fundando su solicitud en los siguientes antecedentes: 1.-Condición de base: Señala que es paciente en tratamiento de diálisis crónica, condición por la cual percibe una pensión de invalidez. 2.-Accidente y complicación: Refiere que sufre una caída domiciliaria que le ocasiona una fractura grave en el mismo brazo donde mantiene la fístula para diálisis, situación que no solo le genera un dolor crónico e invalidante durante cada sesión de tratamiento, sino que además le impide desarrollar normalmente su vida cotidiana. 3.-Estado clínico actual: Indica que acompaña exámenes que acreditan que la cirugía practicada no resulta exitosa, toda vez que los huesos permanecen separados y no existe consolidación ósea. Agrega que actualmente se encuentra en lista de espera para una cirugía reparadora en el Hospital de Padre Las Casas, procedimiento que se ha visto injustificadamente retrasado pese a contar con todos los exámenes preoperatorios requeridos.

Sostiene que, considerando que su sustento económico depende de su recuperación y que no puede acceder a una nueva jubilación por su condición previa, el reposo médico constituye una medida estrictamente necesaria hasta que se concrete la intervención quirúrgica y recupere la funcionalidad requerida, haciendo presente que acompaña certificados médicos y exámenes que respaldan la falta de consolidación ósea y su actual estado de salud.

Refiere que los hechos anteriormente descritos vulneran las garantías consagradas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, señalando que el rechazo de las nombre reservado agrava su condición de salud, toda vez que le provoca una mayor angustia al verse privada de los recursos económicos necesarios para solventar sus necesidades básicas y las de su familia.

Solicita finalmente a la Ilustrísima Corte de Apelaciones que tenga por interpuesto recurso de protección en contra de COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), lo admita a tramitación, solicite informe a los recurridos y, en definitiva, ordene aprobar y pagar las nombre reservado individualizadas, sin perjuicio de las demás medidas que el Tribunal estime procedentes para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a la recurrente, con costas en caso de oposición.

Acompaña a su recurso los siguientes antecedentes: 1.-Resolución de rechazo de licencia médica. 2.-Informe médico de fecha 12 de enero de 2026. 3.-Informe médico de fecha 28 de enero de 2026. 4.-Informe médico de fecha 17 de febrero de 2026. 5.-Informe médico de fecha 16 de junio de 2025. 6.-Informe tomográfico de fecha 29 de enero de 2026. 7.-Ficha clínica de MEDIFIS.

A folio 5, comparece nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, en su calidad de representante del Ministerio de Salud en la Región y, por ende, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), quien evacua el informe requerido en la presente causa, señalando que conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones Previsionales del Ministerio de Salud, la licencia médica constituye el derecho que asiste al trabajador para ausentarse o reducir su jornada laboral durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, dentista o matrona y autorizada por la COMPIN o la Institución de Salud Previsional correspondiente, que durante dicho período el trabajador puede acceder al subsidio respectivo con cargo a su entidad previsional. De esta definición se desprende que la licencia médica tiene por finalidad la recuperación de la salud del trabajador y posee un carácter esencialmente temporal.

Agrega que el artículo 16 del referido Decreto Supremo N° 3 de 1984 faculta expresamente a la COMPIN, a la Unidad de nombre reservado o a la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar nombre reservado, reducir o ampliar el período de reposo prescrito o modificar su modalidad entre reposo total y parcial, señalando que para efectos de autorizar o rechazar una licencia médica, el Médico Contralor de la COMPIN basa su decisión en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referenciales de Reposo Médico y Reintegro Laboral para Personas con Problemas y/o Enfermedades Mentales, de conformidad con la Ley N° 20.585 sobre Otorgamiento y nombre reservado.

Respecto de las nombre reservado impugnadas, informe lo siguiente:

1. Licencia médica N° RUT reservado: Es emitida con inicio de reposo el 17 de marzo de 2025 por un período de 30 días, con diagnóstico principal de artrosis no especificada, otorgada por la residente de traumatología Dra. nombre reservado. La licencia es ingresada el 14 de abril de 2025 y rechazada por la COMPIN Subcomisión Cautín el 23 de abril de 2025, atendido que la patología es declarada irrecuperable por el médico tratante, correspondiendo iniciar trámite de invalidez. Posteriormente, el 22 de mayo de 2025 se interpone recurso de reposición, el cual es rechazado mediante resolución de 3 de julio de 2025, manteniéndose el rechazo por tratarse de una patología crónica cuyo reposo no cumple un rol terapéutico.

2. Licencia médica N° RUT reservado: Es emitida a contar del 16 de abril de 2025 por 30 días, con diagnóstico de pseudoartrosis consecutiva a fusión o artrodesis, otorgada por el médico general Dr. nombre reservado. La licencia es ingresada el 19 de mayo de 2025 y rechazada el 20 de mayo de 2025 por la COMPIN Subcomisión Cautín, por estimarse que la patología es irrecuperable y corresponde iniciar trámite de invalidez. El recurso de reposición presentado el 3 de julio de 2025 es igualmente rechazado en esa misma fecha, manteniéndose el fundamento consistente en que la patología es crónica y el reposo carece de rol terapéutico.

3. Licencia médica N° 118647749-5: Es emitida desde el 16 de mayo de 2025 por un período de 60 días, con diagnóstico de falta de consolidación de fractura (seudoartrosis), otorgada por el traumatólogo Dr. nombre reservado. La licencia ingresa el 2 de julio de 2025 y es rechazada el 4 de julio de 2025 por estimarse que corresponde a una patología crónica cuyo reposo no cumple función terapéutica. El recurso de reposición presentado el 22 de julio de 2025 es rechazado el 8 de septiembre de 2025, manteniéndose idénticos fundamentos.

4. Licencia médica N° 121310519-8: Es emitida con inicio de reposo el 15 de julio de 2025 por 60 días, con diagnóstico de falta de consolidación de fractura (seudoartrosis), otorgada por el traumatólogo Dr. nombre reservado. La licencia es ingresada el 19 de agosto de 2025 y rechazada el 20 de agosto de 2025 por estimarse que el reposo prescrito no cumple un rol terapéutico por tratarse de una patología crónica. El recurso de reposición presentado el 9 de septiembre de 2025 es rechazado el 16 de octubre de 2025, confirmándose nuevamente dicho fundamento.

Expone que la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, al resolver el rechazo de las nombre reservado recurridas, tiene especialmente en consideración los siguientes antecedentes: 1.-Los listados maestros correspondientes a los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. 2.-Los recursos de reposición deducidos por la trabajadora, señalando que la base de dichos antecedentes, la Contraloría Médica concluye lo siguiente: 1.-La trabajadora mantiene reposo laboral continuo desde el 7 de noviembre de 2022, autorizándose 815 días de licencia hasta el 16 de marzo de 2025, acumulando posteriormente 360 días rechazados, totalizando 1.175 días hasta el 11 de marzo de 2026. 2.-Las nombre reservado son presentadas fuera del plazo legal. 3.-La trabajadora posee pensión de invalidez definitiva total, conforme a dictamen ejecutoriado el 7 de agosto de 2021, que establece una pérdida de capacidad laboral del 86% derivada de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. 4.-Los antecedentes médicos acreditan fractura de la diáfisis humeral izquierda con evolución hacia no unión de la fractura y dolor crónico. El informe del traumatólogo Dr. nombre reservado, de fecha 19 de mayo de 2025, señala expresamente que no espera recuperabilidad laboral. 5.-Si bien una persona pensionada por invalidez puede reincorporarse laboralmente utilizando su capacidad residual y acceder a nombre reservado cuando esta se afecta temporalmente, la patología que presenta la trabajadora es de carácter crónico e irrecuperable, circunstancia expresamente reconocida por su médico tratante. Asimismo, la prescripción reiterada de reposos de sesenta días evidencia el carácter estacionario del cuadro clínico. 6.-Considerando el carácter temporal de la licencia médica, el reposo debe mantenerse únicamente por el tiempo necesario para alcanzar un nivel funcional que permita el reintegro laboral, situación que no concurre en el presente caso.

La Superintendencia de Seguridad Social confirmó los rechazos efectuados por la COMPIN mediante: Resolución Exenta N° R-01-UME-147208-2025, de 27 de octubre de 2025 y resolución Exenta N° R-01-DC-24087-2026, de 21 de febrero de 2026. En ambas resoluciones se concluye que el reposo no se encuentra justificado, estimando que las nombre reservado° RUT reservado, RUT reservado, 118647749-5 y 121310519-8 no acreditan un rol terapéutico efectivo ni medidas concretas destinadas a la recuperación de la salud o al reintegro laboral, razón por la cual no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la Contraloría Médica.

Hace presente que la COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social constituyen los organismos técnicamente competentes para aprobar o rechazar nombre reservado, criterio reiteradamente reconocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y por la Excma. Corte Suprema, citando la sentencia pronunciada en la causa Rol N° 50.695, de fecha 28 de mayo de 2020, en la cual la Corte Suprema establece que las resoluciones impugnadas se sustentan en antecedentes técnicos suficientes, especialmente informes periciales médicos que acreditan que el trabajador se encuentra en condiciones de reintegro laboral, concluyendo que no existe arbitrariedad ni falta de motivación en el rechazo de las nombre reservado.

Añade que dicho criterio jurisprudencial es reiterado igualmente en las causas Rol N° 50.695 y Rol N° 138.578-2020 de la Excma. Corte Suprema, las que sostienen que los antecedentes médicos debidamente analizados justifican plenamente las resoluciones administrativas que rechazan las nombre reservado y, en consecuencia, descartan la existencia de actuaciones arbitrarias o ilegales.

Concluye que la actuación de la COMPIN Subcomisión Cautín no reviste carácter arbitrario ni ilegal, sus resoluciones se encuentran debidamente fundadas conforme a los requisitos de la Ley N° 19.880, gozan de la presunción de legalidad prevista en su artículo 3° y han sido dictadas dentro del ámbito de sus competencias legales, siendo además confirmadas por la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando a la Ilustrísima Corte rechazar íntegramente el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, por carecer de fundamento, al no haberse vulnerado garantía constitucional alguna mediante las resoluciones que rechazaron las nombre reservado impugnadas, señalando que para el evento de acogerse la acción constitucional, solicita que no se condene en costas a esta parte, por cuanto ha existido motivo plausible para litigar.

A folio 10, comparece la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien evacua el informe solicitado, alegando en primer término la improcedencia de la acción de protección, de forma previa al análisis del fondo del recurso, estimando que la controversia planteada versa sobre materias propias del derecho a la seguridad social, garantía reconocida en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la que no se encuentra comprendida entre aquellas susceptibles de tutela mediante la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sostiene que la autorización, rechazo o modificación de nombre reservado otorgadas conforme al artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y al Decreto Supremo N° 3, de 1984, así como las reconsideraciones y apelaciones deducidas respecto de las resoluciones emitidas por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago del subsidio por incapacidad laboral regulado en el D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, constituyen materias propias del sistema de seguridad social, estimando que la materia discutida corresponde a un aspecto específico del derecho a la seguridad social, expresamente reconocido por el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no integra el catálogo taxativo de derechos protegidos por la acción constitucional de protección.

Hace presente que la acción de protección constituye un procedimiento cautelar, excepcional y de urgencia, destinado exclusivamente a restablecer el imperio del derecho cuando una persona sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías expresamente señaladas por el constituyente, señalando que por su naturaleza excepcional, su aplicación debe restringirse únicamente a aquellos casos en que exista una vulneración manifiesta de derechos constitucionales que requieran una tutela inmediata frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales y tratándose de una controversia inserta en el ámbito del derecho a la seguridad social, aun cuando pudiera alegarse una eventual perturbación o amenaza de dicha garantía, la acción de protección resulta improcedente, atendido que el artículo 20 de la Constitución Política no contempla el numeral 18 del artículo 19 dentro de las garantías susceptibles de amparo mediante esta acción constitucional, solicitando que la acción de protección sea declarada improcedente, con expresa condena en costas.

En subsidio, evacúa el informe sobre el fondo del recurso, haciendo referencia al marco jurídico del derecho a licencia médica, señalando que el sistema chileno de seguridad social contempla mecanismos destinados a cubrir las contingencias que afectan la capacidad laboral de los trabajadores, indicando que cuando la pérdida de la capacidad de ganancia tiene carácter permanente, el ordenamiento jurídico prevé el otorgamiento de pensiones de invalidez. En el caso de los trabajadores afectos al sistema de pensiones regulado por el Decreto Ley N° 3.500, dichas incapacidades son evaluadas y calificadas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. Respecto de quienes pertenecen al antiguo régimen previsional, actualmente administrado por el Instituto de Previsión Social, la evaluación corresponde a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

Refiere que cuando la incapacidad laboral tiene carácter temporal, el ordenamiento contempla el beneficio de licencia médica, regulado en el D.F.L. N° 1, de 2005, y en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud. Una vez autorizada por la autoridad competente, esto es, la COMPIN o la respectiva ISAPRE, la licencia médica puede dar origen, cuando concurren los requisitos legales, al pago del subsidio por incapacidad laboral regulado en el D.F.L. N° 44, de 1978, o, tratándose de funcionarios sujetos a estatutos especiales, al pago de sus remuneraciones.

Agrega que la finalidad esencial de la licencia médica consiste en permitir que el trabajador afectado por una incapacidad temporal recupere su salud mediante el reposo y el tratamiento correspondiente, posibilitando posteriormente su reincorporación a la actividad laboral, destacando que el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, de 1984, establece que la licencia médica constituye el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada laboral durante un período determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada y autorizada por la autoridad competente.

Precisa que lo determinante para la autorización de una licencia médica es la existencia de una expectativa real y fundada de recuperación que permita el reintegro laboral. Incluso tratándose de enfermedades crónicas, excepcionalmente pueden autorizarse nombre reservado cuando el reposo contribuya efectivamente a dicho objetivo. Sin embargo, cuando la incapacidad reviste carácter irreversible y el reposo ya no resulta útil para favorecer la recuperación o el retorno al trabajo, desaparece el fundamento que justifica la autorización de nuevas nombre reservado.

En cuanto a los antecedentes médico-administrativos que fundamentan el rechazo de las nombre reservado, expone que la señora nombre reservado presentó, con fecha 21 de julio de 2025, un reclamo ante dicho organismo, impugnando la resolución de la Subcomisión Cautín de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de La Araucanía, mediante la cual se confirma el rechazo de las nombre reservado° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de sesenta días a contar del 17 de marzo de 2025, fundado en que el reposo prescrito no se encuentra justificado, señalando que, mediante Resolución Exenta R-01-UME-147208-2025, de fecha 27 de octubre de 2025, la Superintendencia analiza los antecedentes clínicos y administrativos aportados y concluye que el reposo indicado en las referidas nombre reservado carece de justificación médica.

Refiere que dicha conclusión se sustenta en que la interesada registra un total de 815 días de reposo previamente autorizados por la misma patología, circunstancia que, unida a los antecedentes clínicos evaluados, demuestra que las afecciones padecidas presentan un curso crónico, persistente e irrecuperable, generando una incapacidad que ya no resulta modificable mediante reposo laboral, añadiendo que el informe emitido por el médico traumatólogo tratante señala expresamente que la patología tiene carácter irrecuperable y que no se espera un retorno laboral aun cuando la paciente se encuentre pendiente de una nueva intervención quirúrgica, dejando constancia de que la Superintendencia de Pensiones, mediante Resolución N° 011.2355/2021, de fecha 7 de julio de 2021, ejecutoriada el 7 de agosto del mismo año, reconoce a la recurrente una invalidez definitiva total equivalente a un 86% de menoscabo de su capacidad laboral.

Agrega que posteriormente, con fecha 10 de diciembre de 2025, la interesada solicita la reconsideración del referido dictamen, impugnando nuevamente el rechazo de las nombre reservado ya individualizadas e incorporando además el rechazo de las nombre reservado° 118647749-5 y N° 121310519-8, extendidas por ciento veinte días adicionales, indicando que, mediante Resolución Exenta R-01-DC-24087-2026, de fecha 21 de febrero de 2026, vuelve a analizar la totalidad de los antecedentes médicos y administrativos, concluyendo nuevamente que el reposo indicado en las cuatro nombre reservado reclamadas no se encuentra justificado.

Sostiene que la paciente supera ampliamente los ochocientos días de reposo continuo por el mismo cuadro clínico, que las patologías son crónicas y permanentes, que el reposo ya no contribuye a la recuperación funcional ni favorece un eventual reintegro laboral y que la declaración de invalidez definitiva total emitida por la Superintendencia de Pensiones, aun cuando se fundamenta en un diagnóstico diverso, influye directamente en la evolución del cuadro clínico reclamado.

En cuanto a los informes médicos evaluados, informa que el análisis efectuado considera especialmente los informes médicos emitidos por sus profesionales revisores. En primer término, se examina el informe elaborado por la médico nombre reservado, de fecha 19 de octubre de 2025, indicando que en dicho informe se consigna que la paciente presenta antecedentes de fractura diafisaria de húmero izquierdo intervenida quirúrgicamente el 29 de noviembre de 2022, con evolución desfavorable debido a la falta de consolidación ósea (pseudoartrosis), manteniendo dolor crónico, restricción severa de movilidad y disminución significativa de fuerza en la extremidad afectada.

Indica que la paciente ha recibido tratamiento kinésico y manejo multidisciplinario del dolor sin obtener mejoría clínica relevante, encontrándose pendiente una nueva intervención quirúrgica, añadiendo que el informe médico además señala expresamente que no existe expectativa de recuperabilidad laboral, recomendando iniciar el trámite de pensión de invalidez, incorporando igualmente antecedentes relativos a enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis, antecedentes de tromboembolismo pulmonar bilateral, trombosis venosa profunda previamente resuelta y trastorno adaptativo mixto.

Expresa que el estudio radiológico del húmero izquierdo evidencia persistencia de la fractura sin consolidación y signos de osteólisis del material de osteosíntesis, dejando constancia de que la paciente ya posee una declaración de invalidez definitiva total del 86% de menoscabo de su capacidad laboral, señalando que sobre la base de estos antecedentes, el informe concluye que la condición clínica es irrecuperable y que el reposo laboral ya no resulta un mecanismo apto para modificar la evolución del cuadro, razón por la cual se estima procedente mantener el rechazo de las nombre reservado reclamadas.

Detalla que posteriormente, la Superintendencia analiza el informe emitido por el médico nombre reservado, de fecha 12 de febrero de 2026, este profesional confirma la existencia de más de ochocientos días continuos de reposo por la misma fractura de húmero izquierdo, destacando la persistencia de pseudoartrosis, dolor crónico y limitación funcional severa, aunque uno de los informes del traumatólogo tratante señala que, una vez realizada una nueva cirugía y obtenida la consolidación de la fractura, podría existir la posibilidad de reincorporación laboral, el médico revisor estima que dicha hipótesis resulta altamente improbable, considerando tanto la ausencia de una programación quirúrgica concreta como la concurrencia de importantes patologías de base, particularmente la enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis y la invalidez definitiva previamente declarada. El informe concluye igualmente que la paciente presenta una condición irrecuperable, no susceptible de mejoría mediante reposo laboral.

En lo referente a la conclusión médico-administrativa, señala que partir de todos los antecedentes clínicos, administrativos y normativos reunidos en el expediente, la Superintendencia concluye que los dictámenes impugnados se encuentran plenamente fundados y ajustados a la normativa sanitaria vigente, señalando que la interesada registra más de ochocientos días de reposo previamente autorizados por la misma patología y que actualmente solicita ciento ochenta días adicionales, sin acreditar la existencia de nuevas medidas terapéuticas, intervenciones activas o antecedentes médicos que permitan prever una recuperación funcional susceptible de lograrse mediante reposo.

Agrega que la eventual cirugía futura carece de programación concreta y no permite sostener una expectativa real de reinserción laboral, especialmente atendidas las graves comorbilidades que presenta la paciente y la declaración de invalidez definitiva total previamente reconocida, por lo que la Superintendencia estima que el reposo prescrito pierde toda finalidad terapéutica y deja de cumplir el objetivo propio de la licencia médica, consistente en favorecer la recuperación de la salud y posibilitar el reintegro laboral, estimando que no corresponde autorizar las nombre reservado reclamadas, toda vez que no se acredita una incapacidad laboral transitoria adicional susceptible de recuperación mediante reposo, sino una condición permanente e irreversible que torna improcedente la prolongación de nuevas nombre reservado, señalando que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 16.395, el Decreto Supremo N° 3, de 1984, y la Ley N° 19.880, la Superintendencia resuelve confirmar íntegramente el rechazo de las nombre reservado objeto de la presente acción constitucional.

En lo tocante a las facultades legales de la Superintendencia de Seguridad Social, afirma que su actuación se ajusta estrictamente al marco constitucional y legal que regula sus competencias fiscalizadoras, señalando que conforme al inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, función que el legislador encomienda específicamente a la Superintendencia de Seguridad Social mediante la Ley N° 16.395, indicando que el artículo 2° de dicho cuerpo legal establece las funciones esenciales del organismo fiscalizador, mientras que el artículo 3° dispone que la Superintendencia constituye la autoridad técnica encargada de fiscalizar las instituciones de previsión dentro del ámbito de su competencia, comprendiendo dicha supervigilancia los aspectos médico-sociales, financieros, actuariales, jurídicos y administrativos, además de la calidad y oportunidad de las prestaciones otorgadas.

Agrega que el artículo 27 de la Ley N° 16.395 mantiene sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia al Servicio Nacional de Salud, en todo aquello que no deriva del Código Sanitario, facultades que actualmente se ejercen respecto de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando que el artículo 38, letra d), de la misma ley faculta al organismo para impartir instrucciones destinadas al adecuado otorgamiento de los beneficios previsionales, mientras que la letra e) le entrega la atribución de fijar la interpretación administrativa de las leyes y reglamentos de seguridad social, obligando a las instituciones sometidas a su fiscalización a ajustarse a dicha interpretación.

Añade que, con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, la Superintendencia asume además funciones específicas destinadas a garantizar el correcto otorgamiento y utilización de las nombre reservado, resguardando tanto los intereses de los cotizantes como de los beneficiarios del sistema de salud, ya sea de FONASA o de las Instituciones de Salud Previsional.

Sostiene la actuación de la Superintendencia carece de todo vicio de ilegalidad o arbitrariedad, explicando que, conforme al artículo 27 de la Ley N° 16.395, ejerce el control administrativo y técnico sobre las COMPIN, organismos encargados de resolver, en primera instancia, respecto de las nombre reservado de los afiliados a FONASA y, además, de conocer las apelaciones deducidas contra las resoluciones pronunciadas por las ISAPRES.

Precisa que el procedimiento de autorización, rechazo o modificación de nombre reservado se encuentra expresamente regulado por el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, cuerpo reglamentario que contempla las causales legales que autorizan su rechazo, indicando que en dicho procedimiento, el trabajador afectado por una resolución desfavorable puede solicitar su reconsideración ante la COMPIN y, posteriormente, reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que revisa nuevamente la procedencia del beneficio conforme a los antecedentes médicos y administrativos disponibles.

Argumenta que aun cuando la Superintendencia confirme el rechazo de la licencia médica, el interesado conserva la posibilidad de solicitar la reconsideración administrativa correspondiente, de conformidad con la Ley N° 19.880 y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, indicando que en este contexto, la Superintendencia sostiene que el recurso de protección excede los límites propios de esta acción cautelar, por cuanto ella únicamente procede respecto de derechos preexistentes, indubitados y actualmente afectados por un acto ilegal o arbitrario.

Refiere que en el caso de la señora nombre reservado, el derecho cuya protección pretende obtener (la autorización de nuevas nombre reservado) precisamente constituye el objeto de la controversia administrativa y ha sido objeto de sucesivas revisiones técnicas, concluyéndose fundadamente que no concurren los presupuestos médicos y legales que justifican su otorgamiento, afirmando que no puede sostenerse la existencia de un derecho indubitado cuyo ejercicio haya sido ilegalmente perturbado.

Rechaza toda imputación de arbitrariedad, indicando que un acto administrativo únicamente reviste dicho carácter cuando responde al mero capricho o a una decisión carente de fundamento racional. Por el contrario, las resoluciones impugnadas contienen una fundamentación técnica suficiente, sustentada en los antecedentes clínicos, informes médicos especializados y normativa vigente, elementos que fueron debidamente ponderados antes de adoptar la decisión administrativa, afirmando que la actuación del organismo constituye el legítimo ejercicio de las competencias que la ley expresamente le confiere.

Manifiesta que tampoco existe afectación de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En primer término, descarta la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica reconocido en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política, señalando que la actuación del organismo se limita exclusivamente al ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, emitiendo una resolución fundada luego del análisis efectuado por profesionales médicos especializados, quienes evalúan íntegramente los antecedentes clínicos aportados por la interesada.

Expresa que de dicho análisis se concluye que el tiempo de reposo previamente autorizado resulta suficiente para la evolución esperable del cuadro clínico y que la prolongación del reposo carece actualmente de utilidad terapéutica, indicando que la licencia médica constituye un beneficio excepcional y esencialmente transitorio, condicionado a la existencia de una incapacidad temporal susceptible de recuperación mediante reposo y tratamiento, señalando que cuando desaparece toda expectativa razonable de recuperación funcional y de reintegro laboral, la extensión indefinida del reposo deja de responder a la finalidad sanitaria prevista por el ordenamiento jurídico.

Sostiene que en el caso concreto, los informes médicos consignan que la condición clínica de la paciente presenta carácter irrecuperable, conclusión que resulta concordante con la evolución descrita durante varios años, aunque uno de los antecedentes menciona la posibilidad de un eventual reintegro laboral tras una futura cirugía, dicha hipótesis carece de respaldo concreto debido a la inexistencia de programación quirúrgica y a las importantes comorbilidades que afectan a la paciente, particularmente la enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis y la invalidez definitiva previamente declarada, por lo que mantener nuevas nombre reservado no resulta proporcional ni útil desde el punto de vista terapéutico, desnaturalizando el propósito propio de este instrumento de protección social, destacando que su única intervención consiste en resolver los recursos administrativos deducidos contra las decisiones adoptadas por la COMPIN, sin intervenir en la determinación del tratamiento médico de la paciente ni afectar directamente su estado de salud.

Respecto de la alegada vulneración del derecho de propiedad, sostiene que la sola emisión de una licencia médica por parte del profesional tratante no incorpora automáticamente al patrimonio del trabajador un derecho al subsidio por incapacidad laboral o a la remuneración correspondiente, haciendo presente que la legislación vigente exige, como presupuesto indispensable para acceder al subsidio, que la licencia médica haya sido previamente autorizada por el organismo competente y que, además, concurran los restantes requisitos legales establecidos para trabajadores dependientes o independientes. Por consiguiente, mientras la licencia médica permanezca rechazada, no nace derecho patrimonial alguno susceptible de tutela constitucional.

Considera que aceptar la tesis contraria implicaría privar de eficacia al procedimiento legal de autorización y revisión de nombre reservado y tornaría inaplicables las causales de rechazo expresamente contempladas en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, conclusión que resulta incompatible con el sistema jurídico vigente, señalando que la emisión de una licencia médica constituye únicamente una propuesta terapéutica formulada por el profesional tratante, cuya eficacia queda condicionada a la revisión y autorización de la autoridad administrativa competente, razón por la cual su rechazo no vulnera el derecho de propiedad ni ninguna otra garantía constitucional invocada por la recurrente, solicitando finalmente que para el evento de no acogerse la alegación principal de improcedencia, se tenga por evacuado el informe solicitado y, en definitiva, se rechace íntegramente la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, con expresa condena en costas.

Acompaña a su informe copia íntegra de los antecedentes contenidos en el expediente administrativo correspondiente al caso de la señora nombre reservado, solicitando que dichos documentos sean tenidos por acompañados para todos los efectos legales pertinentes.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que, en forma previa al examen del fondo del asunto, corresponde pronunciarse respecto de la alegación de improcedencia del recurso formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que la controversia incidiría exclusivamente sobre el derecho a la seguridad social consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida entre aquellas susceptibles de tutela mediante la acción de protección prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Al efecto, dicha alegación será desestimada, toda vez que la improcedencia del recurso no puede determinarse únicamente atendiendo a la naturaleza de la materia sobre la cual recae el acto impugnado, sino que debe analizarse considerando la concreta afectación de las garantías constitucionales cuya vulneración denuncia la recurrente. En la especie, la acción no se limita a controvertir el reconocimiento de una prestación de seguridad social, sino que cuestiona la legalidad y arbitrariedad de las resoluciones administrativas que rechazaron sus nombre reservado, imputándoles haber vulnerado los derechos consagrados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantías que sí se encuentran expresamente amparadas por la acción cautelar de protección, por lo que la alegación de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social no puede prosperar.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, el acto impugnado consiste en las resoluciones dictadas por la COMPIN Subcomisión Cautín y posteriormente confirmadas por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante las cuales se rechazaron las nombre reservado individualizadas, por estimarse que el reposo prescrito carece de finalidad terapéutica, atendido el carácter permanente e irrecuperable de la condición clínica de la recurrente.

Quinto: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece establecido que la recurrente presenta enfermedad renal crónica terminal sometida a hemodiálisis, siendo titular de una pensión de invalidez definitiva total por pérdida de capacidad laboral equivalente al 86%, circunstancia reconocida mediante resolución ejecutoriada de la Superintendencia de Pensiones.

Asimismo, consta que presenta una fractura del húmero izquierdo con evolución hacia pseudoartrosis, manteniendo dolor crónico y limitación funcional, habiendo permanecido con nombre reservado continuas por un período superior a ochocientos días respecto de dicha patología.

Sexto: Que las resoluciones impugnadas se encuentran suficientemente motivadas, toda vez que expresan las razones médicas y jurídicas que justifican el rechazo de las licencias reclamadas, fundándose principalmente en que el reposo laboral ha perdido su finalidad terapéutica al no existir una expectativa razonable de recuperación funcional que permita el reintegro laboral de la recurrente.

En efecto, tanto la Compín como la Superintendencia ponderaron los antecedentes clínicos acompañados, los informes médicos emitidos por profesionales revisores, los informes del médico tratante, la evolución prolongada de la enfermedad y la circunstancia de existir una declaración de invalidez definitiva, concluyendo que la incapacidad laboral reviste carácter permanente y no temporal.

Séptimo: Que, de la lectura del artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, se desprende que la licencia médica constituye un derecho destinado a justificar la ausencia laboral durante el tiempo necesario para la recuperación de la salud del trabajador, tratándose, por tanto, de un beneficio de naturaleza esencialmente temporal.

En consecuencia, la autorización de una licencia médica exige que el reposo prescrito mantenga aptitud para favorecer la recuperación funcional del trabajador y su posterior reincorporación laboral, finalidad que los organismos técnicos competentes estimaron ausente en la especie.

Octavo: Que, por lo demás, la determinación acerca de si un determinado reposo médico resulta o no médicamente justificado constituye una cuestión eminentemente técnica, cuya evaluación corresponde precisamente a los organismos especializados creados por el legislador para tales efectos, esto es, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, instituciones que ejercen sus competencias dentro del marco establecido por el Decreto Supremo N° 3 de 1984 y la Ley N° 16.395.

En este contexto, no corresponde a esta Corte sustituir el criterio técnico de dichos organismos cuando las decisiones aparecen debidamente fundadas y sustentadas en antecedentes médicos suficientes, pues ello excedería el ámbito cautelar propio de la presente acción constitucional.

Noveno: Que, sobre la materia reclamada se debe tener en consideración que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de nombre reservado o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las nombre reservado; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Décimo: Que, a su vez, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

De esta forma, conforme a las disposiciones transcritas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

Undécimo: Que tampoco puede estimarse que las resoluciones recurridas revistan el carácter de arbitrarias, desde que ellas no obedecen al mero capricho de la Administración, sino que descansan en antecedentes clínicos objetivos, informes médicos especializados y en la aplicación de la normativa que regula el otorgamiento de nombre reservado.

Del mismo modo, no se advierte ilegalidad alguna, toda vez que los actos administrativos cuestionados fueron dictados por autoridades competentes, dentro del ámbito de las facultades que expresamente les confiere el ordenamiento jurídico, encontrándose además debidamente motivados conforme a las exigencias de la Ley N° 19.880.

Duodécimo: Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas, tampoco aparece acreditada su vulneración.

En efecto, respecto del derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, las resoluciones recurridas no inciden sobre el tratamiento médico de la actora ni impiden el acceso a las prestaciones de salud que requiere, limitándose únicamente a resolver acerca de la procedencia administrativa del beneficio consistente en la autorización de nombre reservado.

En relación con el derecho de propiedad garantizado por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, cabe señalar que el subsidio por incapacidad laboral sólo nace una vez autorizada la respectiva licencia médica por la autoridad competente y cumplidos los demás requisitos legales, de modo que el solo otorgamiento de una licencia por el médico tratante no incorpora al patrimonio del trabajador un derecho indubitado susceptible de tutela por esta vía cautelar.

Décimo Tercero: Que, por consiguiente, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, Se Rechaza, sin costas, la alegación de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que Se Rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del ministro Carlos Iván Gutiérrez Zavala.

N° Protección-966-2026.(csd)