nombre reservado con CORPORACION NACIONAL FORESTAL

C.A. de Temuco Temuco, cinco de enero de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio 1, con fecha 17 de noviembre de 2021, comparece LUIS ROBERTO MENDEZ BERMEDO, abogado, en representación de don nombre reservado, chileno, casado, Analista Técnico, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, para estos efectos ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección contra CORPORACION NACIONAL FORESTAL, representada por su Director Ejecutivo don nombre reservado, correo electrónico correo reservado ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Funda su recurso indicando que don nombre reservado, es funcionario en servicio activo de la Corporación Nacional Forestal desde el 2 de mayo de 1991 sirviendo el grado 11 escalafón sin asignación profesional de la Escala Única de Remuneraciones, según certificación de doña nombre reservado, Jefe Sección Recursos Humanos de la Corporación Nacional Forestal, Región de la Araucanía dada con fecha 28 de junio de 2018, calidad que a la fecha mantiene.

Agrega que con fecha 19 de Agosto de 2021, pretendió acogerse a retiro y ser beneficiario de la Ley N° 20.948, y así lo ha solicitado y ha obtenido respuesta negativa con fecha 18/10/2021 en el documento denominado Carta N° 502/2021 porque en su apreciación se ha hecho una interpretación inadecuada del tenor literal claro de la norma.

Copia a continuación la carta remitida por el recurrente que es del siguiente tenor “Es del caso poner en su conocimiento que con anterioridad solicite como antecedente previo a tomar la decisión de acogerme a retiro, si me correspondía al igual que a muchos con anterioridad en igual situación el pago de este beneficio legal, siendo actual imponente de EMPART habiéndome desafiliado del sistema AFP con fecha 23/01/2018, pues bien recibí respuesta, por medio de MEMORANDUM N° 3067/2019, de fecha 07/06/2019 que en mi opinión yerra absolutamente, señalándome, como requisito en el numero 1.- de su respuesta en el memorándum ya individualizado lo siguiente “Encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley 3500 de 1980 cotizando y habiendo cotizado en dicho sistema (artículo 4 inciso primero de la ley N°20.948)” El yerro se produce porque la ley señala cosa distinta en su artículo “1.- Otorgase……siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°3.500 de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema…”, quedando así absolutamente demostrado el yerro al respecto. Y finalmente y segundo yerro agrega en su desafortunada respuesta el Señor Director de entonces “por lo cual, no estaría se estaría cumpliendo el requisito de “encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley 3.500 de 1980” a todas luces contradictorio con lo señalado en la ley y termina agregando dictámenes no correspondientes al caso, siendo la ley clara en lo que a mi situación respecta, precisamente en el artículo primero de la ley 20.948.

Es por ello que vengo en solicitar su pronunciamiento al respecto, para tomar la decisión de acogerme a retiro gozando del beneficio, o en caso contrario quedar habilitado para interponer el recurso correspondiente.

Adjunto Memorándum N°3067/2019, citado.

Sin otro particular interés que constar con certidumbre para tomar la decisión de retiro a mis ya cumplidos 68 años de edad y 30 en la Institución.

Menciona que acompaña en otrosí el memorándum a que se hace referencia en el correo dirigido al Director Nacional y del cual se tiene respuesta fechada Santiago, 18/10/2021 en el documento denominado Carta N° 502/2021 firmada por el Director Ejecutivo de Corporación Nacional Forestal. Carta respuesta que se acompaña en otrosí de documentos.

Indica que la interpretación resulta arbitraria y no le permite acogerse al merecido beneficio legal al recurrente.

En cuanto al derecho cita y reproduce el artículo 1 de la ley 20.948, a saber, “1.- Otorgase una bonificación adicional, por una sola vez…siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N°3.500 de 1980 cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema…” (subrayado y destacado en negrita es nuestro).

Refiere que conforme lo dispone el artículo 19 del Código Civil cuando el sentido de la ley es claro, no se puede desatender su tenor a pretexto de consultar su espíritu, como lo ha pretendido la recurrida.

En otro orden de ideas indica que el recurrente según certifica la Superintendencia de Pensiones en oficio N° 2.158 de 31 de Enero de 2018, perteneció al Sistema de del DL 3500 y da cuenta de la desafiliación del recurrente al Sistema de Pensiones del DL 3.500, de 1980 y también se acompaña la Resolución Exenta N°89995 de 21 de Enero de 2018 de Superintendencia de Pensiones, que en su Resuelvo autoriza la desafiliación al Sistema de Pensiones del DL N°3500, 1980, precisamente de AFP CAPITAL por cumplir los requisitos de la Ley N° 18.646.

Acusa vulneración de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República por haber efectuado la recurrida una interpretación arbitraria y pide ordenar a dicha Corporación y su representante, que por así señalarlo expresamente la ley le corresponde al recurrente el beneficio del que se le priva pues se encuentra dentro de la hipótesis “o habiendo cotizado en dicho sistema” que señala la ley 20.948, con expresa condenación en costas.

Acompaña:

1.- Certificación de doña nombre reservado, Jefe Sec. Recursos Humanos.

2.- Correo dirigido a don nombre reservado de fecha 19 de agosto de 2021.

3.- Memorándum N°3067/ 2019 al que se hace referencia en solicitud al Sr. nombre reservado.

4.- Carta N° 502/2021 de fecha Santiago 18/10/2021 respuesta al recurrente.

5.- Oficio N° 2158 de Superintendencia de Pensiones.

6.- Resolución Exenta N°89995 de Superintendencia de Pensiones de 23/01/18 7.- Liquidación de remuneraciones del recurrente del mes de octubre 2021.

8.- Mandato Judicial.

2.- A folio 10, con fecha 15 de diciembre de 2021, comparece FERNANDO LLONA MÁRQUEZ, Fiscal de la Corporación Nacional Forestal, en adelante “CONAF” o la “Corporación”, indistintamente, organismo de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Agricultura, quien evacúa informe, solicitando el rechazo de recurso.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS Y ANTECEDENTES DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE AUTOS:

En primer término efectúa algunas consideraciones previas en cuanto al recurso de protección reproduciendo el correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2021, remitido por el recurrente.

A continuación copia la respuesta dada por el Director Ejecutivo de CONAF, mediante Carta N°502/2021, de fecha 18 de octubre de 2021, “De mi consideración:

Por medio de la presente y en atención a su carta enviada en el reciente mes pasado, en la cual solicita ver la posibilidad de acogerse a la bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro establecido en la ley N° 20.948, de fecha 3 de septiembre de 2016, puedo informar a usted lo siguiente:

1. Dentro de los requisitos establecidos en la norma legal, el trabajador debe encontrase afiliado al momento del retiro al sistema de pensiones establecido en el decreto Ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema.

2. Para tener derecho a la aludida bonificación adicional, es necesario encontrarse adscrito a dicho sistema (AFP), al momento del término de sus labores.

3. Por lo anterior, no procede conceder la bonificación adiciona previsto en la ley N° 20.948 a un servidor afiliado al antiguo sistema de pensiones.

Finalmente, forzoso y lamentable resulta concluir, que no tiene derecho a la bonificación en comento.”

Agrega que en respuesta a consulta sobre el caso, formulada por la Gerencia de nombre reservado, la Fiscalía de la Corporación Nacional Forestal, emitió un pronunciamiento específico para el caso del Sr. nombre reservado mediante Memorándum N°4368/2021, de fecha 15 de Septiembre de 2021, indicando lo siguiente: “En respuesta a su Memorándum N°4253/2021, de fecha 9 de septiembre del presente, relativo al eventual derecho del señor nombre reservado para acogerse a la bonificación adicional y otros beneficios de Incentivo al retiro de la Ley 20.948, en circunstancias que con fecha 23 de enero de 2018 se desafilió del sistema de AFP y actualmente impone en la Ex Caja de Previsión de Empleados Particulares (EMPART), esta Fiscalía puede señalar a Ud. que: La ley N° 20.948, en su artículo 1° concede una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal, a los funcionarios públicos que indica, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, según lo dispuesto en su artículo 17, que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales, y cumplan los demás requisitos establecidos en esa ley.

Por su parte el artículo 4° de la misma norma dispone que tendrán derecho al mencionado beneficio los funcionarios que desempeñen un cargo de carrera o a contrata y los contratados conforme al Código del Trabajo en las instituciones a que se refiere el inciso primero del artículo sexto transitorio de la ley N° 20.212, no incluidos en el artículo 1°, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y cumplan los demás requisitos establecidos en dicha normativa.

De la simple lectura de la norma se desprende que para tener derecho a la mencionada bonificación adicional es necesario que el trabajador se encuentre afiliado al sistema de pensiones al momento del término de sus labores, ya sea como cotizantes activos, liberados de cotizar acorde con lo preceptuado en el inciso primero del artículo 69 del decreto ley N° 3.500, de 1980 o pensionados en dicho régimen.

En el presente caso el Sr. nombre reservado se encuentra actualmente inscrito en la Ex Caja de Previsión de Empleados Particulares (EMPART), razón por la cual no tiene derecho al beneficio previsto en el artículo 1° de la ley N° 20.948. Aplica dictámenes de la Contraloría General de la República N°s 16509/2015, 87628/2015, 55435/2014, 15851/2006, 24058/2007, 58139/2014, 79835/2014.”

II. RAZONES POR LAS CUALES EL RECURSO DE PROTECCIÓN DEBE SER RECHAZADO.

1) EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN INTENTADA.

De acuerdo a lo expuesto por la recurrente los supuestos actos y/o omisiones arbitrarias y/o ilegales de CONAF dicen relación con la carta respuesta N°502/2021, de fecha 28 de octubre de 2021, del Director Ejecutivo de CONAF, sin embargo el recurrente tenía conocimiento de dicha negativa a otorgarle los beneficios de la Ley N°20.948, desde mucho antes, excediendo con creces el plazo de 30 días para la interposición del presente Recurso.

En efecto, el Sr. nombre reservado mediante carta dirigida al Director Ejecutivo de CONAF de la época, de fecha 27 de mayo de 2019, solicitó un pronunciamiento relativo a la materia en comento señalando lo siguiente:

“Desde mi ingreso a Conaf he cotizado en una AFP, sin embargo por tener derecho a regresar al sistema antiguo (EMPART) lo he efectuado. Haciéndolo efectivo en junio/2018, cotizando en dicho sistema hasta la fecha.

En consultas reiteradas al Departamento de Personal de CONAF, se me ha comunicado que por cotizar en ISP, no tendría derecho al Bono de Incentivo al Retiro, por esta razón es que apelo a su voluntad ya que esta Ley se refiere en forma directa a mi situación, en los términos siguientes (…).”

Por su parte, el Director Ejecutivo de la época, mediante, emite el pronunciamiento solicitado indicando que:

“De acuerdo a su presentación, usted cotiza en la ex Caja de Empleados Particulares (EMPART) desde junio de 2018, hasta la fecha, habiendo cotizado previamente en una AFP, por lo cual, no se estaría cumpliendo el requisito de “encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley 3.500 de 1980”, razón por la cual no procede otorgar el beneficio solicitado. En efecto, de acuerdo al texto expreso de la norma usted debió haber estado afiliado a una AFP al momento de postular al beneficio para tener derecho al bono, cuestión que no ha acontecido.”

Como se puede apreciar, el recurrente tuvo conocimiento del criterio adoptado por CONAF respecto del otorgamiento del beneficio solicitado, por lo menos desde junio de 2019, mediante Memorándum Nº 3067/2019, que le fue notificado en la casilla institucional de CEROPAPEL, con fecha 7 de junio de 2019, por lo que el recurso sería extemporáneo .

Añade que el plazo de 30 días es de carácter fatal para la interposición del recurso por lo que la presente acción resulta extemporánea.

2) NO SE CONFIGURAN LOS PRESUPUESTOS PARA INTERPONER UN RECURSO DE PROTECCIÓN.

Al entender de esta Corporación, no se presenta otro de los requisitos esenciales para la procedencia y éxito del Recurso de Protección, ya que, como reiteradamente han determinado los Tribunales Superiores de Justicia, el Recurso de Protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo urgentes que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal que la Iltma. Corte de Apelaciones adopte alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión, lo que en la especie claramente no se produce.

Del líbelo del recurso se aprecia que lo que se busca no es la cautela inmediata de derechos indubitados, lo que queda claro con el tiempo que el recurrente dejó transcurrir desde que tomó conocimiento de los hechos hasta la presentación del recurso. En efecto, lo que en realidad busca el recurrente es discutir sobre el contenido de un derecho que reclama, lo que excede los objetivos del recurso de protección. Cita jurisprudencia.

3) NO EXISTE ACCIÓN U OMISIÓN ARBITRARIA O ILEGAL POR PARTE DE CONAF.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley N°20.948 y el Decreto núm. 1588, publicado el 02 de febrero de 2019, que aprueba reglamento para el otorgamiento de la bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los años 2019 a 2024, son requisitos para tener derecho al bono de incentivo al retiro:

1.- Encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley 3.500 de 1980, cotizando y habiendo cotizado en dicho sistema (artículo 1 y4 inciso primero de la ley N°20.948).

2.- Tener 20 años o más años de servicios continuos o discontinuos a la fecha de postulación, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales, incluidas las instituciones reguladas por el Decreto Ley N° 249, de 1974, o entre 18 o menos de 20 años de servicios continuos o discontinuos (artículo 3 inciso primero de la ley 20.948).

3.- Haber cumplido o cumplir 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años de edad si son hombres, entre el 01 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.

4.- Cesar en sus cargos o terminar el contrato de trabajo por renuncia voluntaria o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por la causal de “necesidades de la empresa” (artículo 4 inciso segundo).

Respecto del primer requisito, que es el que nos convoca, el artículo 1 de la Ley 20.948 establece: “Otórgase una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la ley Nº 19.882, que Regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, según lo dispuesto en su artículo 17, que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales, y cumplan los demás requisitos que establece esta ley.(…)” ( Lo destacado es nuestro).

Luego, su artículo 4° prevé que tendrán derecho al mencionado beneficio los funcionarios que desempeñen un cargo de carrera o a contrata y los contratados conforme al Código del Trabajo en las instituciones a que se refiere el inciso primero del artículo sexto transitorio de la ley N° 20.212, no incluidos en el artículo 1°, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y cumplan los demás requisitos establecidos en dicha normativa.

Ratifica lo señalado hasta ahora, el Dictamen N° 8.251, de la Contraloría General de la República, de fecha 26 de marzo de 2018, que establece lo siguiente: “[…] para tener derecho a la aludida bonificación adicional es necesario que, entre otros requisitos, los respectivos servidores se encuentren adscritos al anotado sistema de pensiones al momento del término de sus labores, ya sea como cotizantes activos, liberados de cotizar acorde con lo preceptuado en el inciso primero del artículo 69 del decreto ley N° 3.500, de 1980 o pensionados en dicho régimen (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 16.509 y 87.628, ambos de 2015, de este origen).

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista aparece que el recurrente se encuentra actualmente afiliado a la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares, razón por la cual no tiene derecho al beneficio previsto en el artículo 1° de la ley N° 20.948.”

En base al referido Dictamen, CONAF entendió que debía acatar u obedecer el razonamiento expresado por la Contraloría General de la República. Lo anterior, teniendo presente, la facultad de interpretación de las normas que dicho organismo de control efectúa, basada en las disposiciones de los artículos 1º, 5º, 6º, 9º y 10º de la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, que le otorgan a ésta competencia para emitir dictámenes vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, cuestión que, desde luego, conlleva fijar el sentido y alcance de las disposiciones que resultan atingentes al caso de que en la especie se trata.

En estos términos la Corporación, bajo el entendido que los dictámenes del Órgano Contralor, son vinculantes, con fecha 28 de octubre de 2021, dio respuesta negativa a la solicitud del Sr. nombre reservado, toda vez que al momento de la solicitud éste se encontraba cotizando en la ex Caja de Empleados Particulares (EMPART) y por lo tanto no cumplía con el requisito legal.

Finalmente, existe jurisprudencia de los Tribunales de Justicia que ratifican la fuerza obligatoria de los dictámenes de la Contraloría para los organismos de la Administración Estatal afectos a su control, según lo señala el artículo 9º de la Ley N° 10.336. En este sentido resolvió la Excma. Corte Suprema, Rol Nº 7.269-18, señalando que: “Conforme a lo expuesto, resulta que el actuar de la autoridad recurrida, no constituye un acto ilegal y arbitrario, porque siendo los dictámenes obligatorios y vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, entre los que se encuentran las Municipalidades, la autoridad recurrida no ha hecho más que encauzar sus actuaciones conforme al tenor de la jurisprudencia administrativa en la materia5”.

En suma, CONAF actuó respetando rigurosamente la legislación vigente y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Actuar de la manera que pretenden el recurrente hubiese significado vulnerar los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

4) NO EXISTE VULNERACIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA INFRINGIDA.

En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales, es relevante hacer presente, en general, que la sola ilegalidad o arbitrariedad de una resolución (que en este caso no existe, como ya se señaló) no trae aparejada por sí sola la afectación a una garantía constitucional protegida, en tanto, no se demuestre relación de causalidad entre el acto que se estima ilegal o arbitrario y el agravio a la garantía constitucional.

Respecto a la supuesta vulneración al derecho de igualdad ante la ley del recurrente, previsto en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política de la República, cabe señalar que el recurrente solo se limitó a enunciar el derecho conculcado, sin señalar cómo se habría producido la supuesta vulneración, ni respecto de quien se le estaría discriminando, razón por la que no procedería acoger el presente recurso por existir una manifiesta falta de fundamento.

De esta manera, para que un acto u omisión sea discriminatorio es necesario que estemos en presencia de una diferencia arbitraria o caprichosa, que no tenga sustento en nuestro derecho.

Atendido lo anterior, estima que al emitir la Carta N°502/2021, de fecha 28 de octubre de 2021, no ha privado, perturbado ni amenazado al recurrente de su derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política de la República, ya que como se ha señalado, la Corporación estaba obligada actuar conforme a la norma legal y la jurisprudencia administrativa del Órgano Contralor sobre la materia, sin perjuicio de lo que su SS. Iltma. resuelva conforme a derecho.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso con costas.

Acompaña:

- Mandato Judicial, de fecha 13 de enero de 2021, suscrito y reducido a escritura pública ante el Notario Público, nombre reservado, que acredita la personería que invoco.

- Decreto N°6, de 27 de mayo de 2020, que designa a nombre reservado como Director Ejecutivo de CONAF.

- Carta de nombre reservado dirigida al Director Ejecutivo de CONAF de la época de fecha 27 de mayo de 2019.

- Oficio N°3945, de 20 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la Republica al Director Ejecutivo de CONAF.

- Memorándum Nº 3067/2019, de fecha 7 de junio de 2019.

- Historial de visitas a Memorándum Nº 3067/2019.

- Correo electrónico, de fecha 19 de agosto de 2021, de nombre reservado a nombre reservado.

- Carta N°502, de fecha 18 de octubre de 2021, del Director Ejecutivo de CONAF a nombre reservado.

- Memorándum N°4368/2021, de fecha 15 de Septiembre de 2021, de Fiscal de CONAF.

- Dictamen N° 8.251, de fecha 26 de marzo de 2018, de la Contraloría General de la República.

- Dictamen N° 3321, de fecha 27 de diciembre de 2019, de la Contraloría General de la República.

3.- A folio 12, con fecha 31, de diciembre de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que se denunció como actuación ilegal y arbitraria, la respuesta contenida en carta n° 502/2021 de fecha 18 de octubre del año en curso, por la cual el Director de La Corporación Nacional Forestal informa al recurrente de autos que no procede conceder el beneficio adicional previsto en la Ley 20.948 por ser afiliado al sistema antiguo de pensiones. Actuación que califica como ilegal y arbitraria, acusando vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 n° 2 de la Constitución de la República.

TERCERO: Que el recurrido por su parte alega en primer término extemporaneidad del recuso atendido que el recurrente ya tenía conocimiento de la negativa a otorgarle en beneficio en cuestión, lo que le fue comunicado mediante memorándum n° 3067/2019 de fecha 07 de junio de 2019, transcurriendo con creces el plazo de 30 días para la interposición de la presente acción constitucional.

Entrando al fondo de lo debatido, indica que no existe actuación ilegal o arbitraria, desde que la negativa encuentra sustento en la normativa aplicable, esto es, los artículos 1 y 4 de la Ley 20.948 en cuanto exigen como requisito encontrarse al momento de impetrar el beneficio, afiliado a AFP, lo que no cumple el actor. Agrega que en autos no existe un derecho indubitado y por el contrario lo que persigue el actor es precisamente un pronunciamiento respecto de si le corresponde o no otorgar el derecho a la bonificación adicional.

Finalmente refiere que el actor no indica ni desarrolla la forma en que supuestamente se ve vulnerada su garantía de igualdad ante la ley.

CUARTO: Que en primer lugar esta Corte se hará cargo de la alegación de extemporaneidad.

Que se desprende de los antecedentes acompañados que el recurrente si bien efectuó en el año 2019 una solicitud para efectos de consultar si resultaba beneficiario del incentivo al retiro adicional dispuesto en la Ley 20.948, aquella consulta fue efectuada a la antigua administración de la Corporación sobre la procedencia de impetrar tal beneficio. Así, habiendo cambiado la administración, y con el propósito de acogerse a retiro voluntario y solicitar el bono de incentivo, resulta, a todas luces, justificado que el recurrente hubiera realizado un nueva consulta, ante la posibilidad de una diversa interpretación, recibiendo la misma respuesta negativa, por lo que se estima por esta corte que el recurso interpuesto no resulta extemporáneo.

QUINTO: Que entrando al fondo del recurso, esta Corte estima que el actor no cuenta con un derecho indubitado que permita dar lugar a la protección que por esta vía se solicita, desde que precisamente lo que se pide por el recurrente, es que se efectué una interpretación normativa para acceder a un derecho que estima le corresponde, sin que exista en consecuencia un derecho preexistente y determinado que sea desconocido por el recurrido.

SEXTO: Que además útil es señalar que se estima que la comunicación efectuada por la recurrida, mediante carta 502-2021, no resulta ilegal ni arbitraria, desde que encuentra sustento precisamente en el tenor literal del artículo 1 y 4 de la Ley 20.948, en cuanto refiere que la bonificación adicional requiere que el funcionario público se encuentre, al momento se solicitarlo, afiliado al sistema de pensiones establecido en el D.L 3500, para luego indicar, dos supuestos, esto es, que se encuentre actualmente cotizando o habiendo cotizando, es decir, puede ser cotizante activo; liberado de cotizar o pensionado en dicho régimen. Requisito que no cumple el recurrente, quien se encuentra actualmente afiliado y cotizando en la Ex Caja de Empleados particulares, de modo tal que no sería beneficiario de la bonificación adicional.

SEPTIMO: Que igualmente se debe consignar que el recurrente tampoco expresó la forma en que el acto que acusa como ilegal y arbitrario vulnera la garantía de igualdad ante la ley, la que solo enuncia, desconociéndose en qué forma se transgrede la misma, es decir omitió señalar uno o más casos en que personas trabajadoras de la recurrida, presentando su misma situación, hubiesen obtenido el pago del bono de incentivo, y por ello se afectaría el principio de igualdad ante la ley .

Por estas argumentaciones no quedará sino rechazar el presente recurso como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

OCTAVO: Que no se condenará en costas al recurrente, por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar, sustentado en una interpretación normativa diversa a la planteada por esta Corte y la recurrida, pero no carente de justificación.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que se RECHAZA la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida.

II.- Que se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por LUIS ROBERTO MENDEZ BERMEDO, abogado, en representación de don nombre reservado y en contra CORPORACION NACIONAL FORESTAL, representada por su Director Ejecutivo don nombre reservado.

III.- Que no se condena en costas, por estimar que el perdidoso ha tenido motivo plausible pata litigar.

Redacción a cargo del ministro Titular señor Carlos Gutiérrez Zavala.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección-9622-2021.(fcv)