nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

nombre reservado viuda, técnico en enfermería, domiciliada en domicilio reservado, de la comuna de Victoria, quien dice:

“Que interpone recurso de protección en contra de:

COMUNEROS RECURRIDOS:

1. nombre reservado, Cedula nacional de identidad número RUT reservado. Trabajador agrícola, domiciliado en comunidad Indígena Calbun sin número de la comuna Victoria.

2. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado, en comunidad indígena Calbun sin número de la comuna de Victoria.

3. nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado, en comunidad indígena Calbun sin número de la comuna de Victoria.

4. nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado, en comunidad indígena Calbun sin número de la comuna Victoria.

5. nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado, en comunidad indígena Calbun sin número de la comuna de Victoria.

6. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado, en comunidad indígena Calbun sin número de la comuna de Victoria.

7. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado, en comunidad indígena Calbun sin número de la comuna de Victoria.

8. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado en domicilio reservado.

9. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador agrícola, domiciliado, en comunidad indígena Calbun sin número de la comuna Victoria.

10. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, trabajadora agrícola, domiciliada, en domicilio reservado.

11. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, ignoro profesión u oficio, domiciliado en comunidad Temucuicui sin número, de la comuna de Ercilla.

12. nombre reservado, cedula nacional de identidad número RUT reservado, ignoro profesión u oficio, domiciliado en comunidad Temucuicui sin número, de la comuna de Ercilla.

AUTORIDADES RECURRIDAS.

13. En contra de don, nombre reservado, en su calidad de Delegado Presidencial de la Región de la Araucanía, domiciliado en domicilio reservado.

14. En contra de don, nombre reservado General de CARABINEROS DE CHILE, en su calidad de JEFE ZONA ARAUCANÍA, con domicilio en domicilio reservado.

15. En contra de don, nombre reservado, en su calidad de Fiscal Regional de la Araucanía, con domicilio en domicilio reservado.”

ANTECEDENTES DE CONTEXTO DE LA RECURRENTE La recurrente en su recurso señala que:

“Soy madre de dos hijos, viuda de don nombre reservado, quien falleció hace pocos meses con una tremenda pena, angustia y frustración al haber sido despojado violentamente de su predio denominado Santa Adela Sur, en completa impunidad por parte de los comuneros recurridos, campo que fue su hogar y de sus antepasados por tres generaciones, sin haber tenido jamás un conflicto con sus vecinos muy por el contrario siempre se desarrolló una sana convivencia, compartiendo con mucho de los recurridos cuando apenas eran unos niños. Falleció con la impotencia de no haber podido brindar un sustento económico y contención emocional a su familia y sin haber obtenido jamás protección ni mucho menos justicia de parte de los diferentes órganos del estado. Desde enero de 2019 hasta la fecha la vida de mi familia cambio drásticamente, pasamos de llevar una vida tranquila de trabajo y esfuerzo realizando una de las labores más noble, como es la producción de alimentos para la humanidad. Lamentablemente producto de su avanzada edad y del actuar pacifico de nombre reservado fui y sigo siendo yo quien ha tenido que enfrentar una larga y desolada lucha sin ningún resultado hasta hoy, que ha significado un notable deterioro de mi estado de salud tanto física como psicológica. Hechos que también han arrastrado a mi dos hijos a situaciones que ninguna madre quisiera para ellos, han sido; agredidos, insultados, amenazados y perseguidos en lugares públicos, tanto ha sido el acoso, miedo e impotencia ante tanta impunidad que ambos han intentado acabar con sus vidas no pudiendo desarrollar una vida normal como cualquier joven e inclusive tener que abandonar uno de ellos sus estudios universitarios por miedo de ser nuevamente víctima de un ataque a su integridad física y que las amenazas sean concretadas, además deben pasar el mayor tiempo “escondidos” en el hogar provocando una afectación al desarrollo integral de sus vidas.

Como mujer me ha sido el doble de difícil de afrontar toda esta situación ya que muchas veces soy discriminada por mi sexo y condición económica por los diferentes órganos encargados de acoger y administrar justicia, como fiscalía, Carabineros y autoridades de gobierno, los cuales no me atienden o simplemente ignoran mis derechos. Lo que ha traído como consecuencia de la omisión de estos órganos, en el afán de defender lo que nos pertenece, reiterados ataques contra mi integridad física y psicología, agresiones, amenazas de muerte, disparo con armas de fuego, entre otras formas de amedrentamiento con el único objetivo de despojarme de mi propiedad.

Tal como ocurrió el 24 de agosto de 2020, ese día me encontraba reparando cercos junto a mis trabajadores que habían sido destruido por los mismos recurridos, momentos en los cuales fuimos agredidos con palos y piedras, en presencia de personal de carabineros, luego de esta cobarde e impune agresión me dirigí al hospital de Victoria para brindar atención médica a mis trabajadores, es en el interior de la red asistencial que nuevamente soy atacada por el mismo grupo de comuneros en esos momentos nombre reservado me agrede brutalmente azotando reiteradamente mi cabeza contra el piso de cemento hechos registrados por las cámaras de seguridad del hospital y ampliamente difundidos por medios de comunicación, que de no mediar intervención de los guardias podría haber provocado la muerte, el repudio a esta cobarde agresión fue por toda la sociedad, sobre todo de políticos en especial el intendente de turno que anuncio con grandilocuencia que el gobierno presentaría querella criminal contra los responsables, querella que se presentó y finalmente fue abandonada por el querellante sin realizar ninguna gestión útil. Finalmente, el ministerio publico consiguió una condena irrisoria para la imputada consistente en el pago de una multa de $ 8.000, sin ninguna medida cautelar a favor de mi persona. Hoy la agresora construyo una casa en el interior de mi propiedad.

Así V.S.I., son un sin número de injusticias que se cometen a diario en contra de mi persona y de mis hijos. Todo estos hechos y al estar el predio usurpado casi por 5 años, sin poder generar recursos económicos ha llevado a un cumulo de deudas y a una precaria condición económica, con la incertidumbre de un inminente remate del bien por parte de tesorería general de la república por el no pago de contribuciones del predio usurpado.

Impotente y desesperada ante tanta injusticia al no ser escuchada por las autoridades el 24 de septiembre de 2022 tome la drástica decisión de comenzar con una huelga de hambre hasta quitarme la vida si fuese necesario medida que mantuve por 59 días, ocasionando severos daños a mi salud, situación que solo fue depuesta por un ofrecimiento del Ministro de Interior de la época, de brindar políticas de apoyo y una solución por parte del estado a la usurpación del predio, cosa que jamás sucedió igual que todos los ofrecimientos anteriores solo fue una estrategia política comunicacional.

ANTECEDENTES DEL RECURSO.

La actuación de los recurridos; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, consiste en usurpación violenta del predio, amenazas, corte de caminos, instalación de banderas y letreros subversivos, tala de árboles, hurto y robo de madera, robo de animales, destrucción y sustracción de cercos perimetrales, incitar a la violencia, amenazar y atacar a los recurrentes y trabajadores y quema de la casa habitacional de propiedad de los recurrentes, acciones que resultan ilegales y arbitrarias, e infringen manifiestamente la garantía constitucional de la suscrita y sus hijos , consagradas en el artículo 19 N° 1, 21 y 24 de la CPR, toda vez que priva a la recurrente y a su familia de su derecho a la vida e integridad física y psíquica, a desarrollar su actividad económica, vulnerando además su derecho de propiedad. Según se desprende de los antecedentes que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, el actuar de los recurridos tendría su origen en la decisión de presionar y amenazar a los recurrentes para que abandonen la propiedad, además de cometer una serie de ilícitos patrimoniales. Lo anterior ha tenido como resultado un actuar absolutamente ilegal y arbitrario, que vulnera nuestras garantías fundamentales, que perduran hasta la actualidad.

Tal es el nivel de impunidad y desfachatez de los recurridos que en la actualidad mantienen construcción de un inmueble habitacional y siembras en el predio de nuestra propiedad, lo anterior pese a contar el predio Santa Adela con “resguardo policial” permanente, por esto no es posible ingresar al inmueble mi mucho menos desarrollar actividad economía, ya que cada vez que intentamos ingresar acompañados por carabineros, somos atacados con piedras palos y disparos exponiendo nuestras vidas. Como consecuencia de las conductas descritas, las amenazas proferidas y la quema de la casa habitación debimos abandonar nuestra propiedad trasladándonos de manera forzada a otro lugar.

Fechas y Actuaciones de los recurridos que fundan el recurso:

1. Todos ellos por acciones cometidas desde el 10 de enero de 2019 y que perduran hasta esta fecha.

2. Por denuncia realizada por esta parte con fecha 30 de mayo de 2023, ante Carabineros de la cuarta comisaria de victoria, según consta de parte denuncia número 00833. Denunciando usurpación del predio y específicamente labores de siembra por parte de los recurridos en el campo de mi propiedad.

ACTOS EJECUTADOS POR LOS RECURRIDOS DESDE ENERO DE 2019, QUE PERDURAN HASTA LA FECHA.

Quema de cosecha e incendio del predio por parte de los recurridos Usurpación violenta del predio por parte de los recurridos.

Destrucción de cercos por parte de los recurridos.

Construcción de Ruca al interior del predio por parte de los recurridos.

Ataque a animales por parte de los recurridos.

Robo de animales por parte de los recurridos del predio “con resguardo policial”

Ataque en interior Hospital de Victoria por parte de los recurridos.

Quema de casa por parte de los recurridos.

Huelga de hambre ,medida desesperada .

ACTUACIONES U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS.

La actuación del recurrido don, nombre reservado, en su calidad de delegado presidencial de la Región de la Araucanía, domiciliado en domicilio reservado. Por las omisiones arbitrarias e ilegales relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad y tranquilidad pública en las que ha incurrido la autoridad del Estado que representan en su cargo respectivo. Que el recurrido tienen la obligación legal de garantizar orden, seguridad y tranquilidad pública, en su calidad de delegado Presidencial de la Región de la Araucanía, la autoridad recurrida ha omitido la realización de varias acciones concretas frente a las situaciones descritas que privan, perturban y amenazan seriamente a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, familia y trabajadores, además de la propiedad, habiendo actuado contra la igualdad ante la ley.

Han sido innumerables los ofrecimientos fallidos de restituir el estado de derecho parte de la autoridad que ostenta el cargo de delegado presidencial anteriormente Intendente regional, siempre posterior a hechos de connotación publica que nos afectan, todas ella han quedado en meras promesas inocuas, promesas políticas nada más generando frustración, rabia e impotencia especialmente en mis hijos al ver como los políticos de todos los sectores, literalmente se ríen en nuestra cara, siendo descaradamente discriminada por mi condición de mujer y no contar con los medios económicos que me permitan defender y visibilizar las injusticias que vivo día tras día, frente a una completa pasividad e inoperancia de todos los órganos del estado.

Prueba de todas esta inoperancia y desidia es menester comentar la siguiente situación; el día 19 de julio de 2022, me entere por terceras personas que fiscalía ha instruido retirar el punto fijo de carabineros que resguarda el predio Santa Adela sur, ante esta situación solicite mantener la presencia de carabineros en el predio ya que contaba con antecedentes fundados que decían relación a que los usurpadores quemarían mi casa si el predio quedaba sin resguardo policial, ante la nula respuesta de fiscalía llame al delegado presidencial en ese momento don nombre reservado quien me solicita enviar la información a la abogada Daniela Vargas encargada del gobierno regional en la oficina de violencia rural de Victoria, ( se adjunta en esta presentación), informando a la autoridad los hecho ya relatados y solicitando los motivos en que se funda la decisión de parte de fiscalía de retirar de forma unilateral y arbitraria la protección policial, señalando a demás el riesgo al que quedan expuestos nuestros bienes, la vida de mi familia y trabajadores, sumado a esto que el predio continuaba usurpado.

Pues bien, su S.S.I., esa misma noche los usurpadores incendiaron la vivienda, tal cual como fue advertido a carabineros, ministerio público y al delegado presidencial, así de grave es la indefensión en que me encuentro junto a mi familia, después de este acto delictual fiscalía instruye el retorno de carabineras al predio Santa Adela Sur.

Durante el periodo que el señor nombre reservado ostenta el cargo de delegado presidencial han sido innumerables las ocasiones en que he solicitado ser recibida y que se restablezca el estado de derecho decretando derechamente el desalojo del predio por parte de las fuerzas de orden y seguridad, cumpliendo así las atribuciones para las cuales esta mandatado por ley , así luego de tanto presionar y de muchas evasivas y respuestas negativas accedió a recibirme en una breve reunión con fecha 28 de febrero del presente, entre los cuales se acordó de palabra (se niegan a entregar un acuerdo escrito), lo siguiente:

1. Desalojo a la brevedad de predio Santa Adela Sur.

2. Subsidio habitacional para ambos hijos.

3. Asistencia técnica para la producción agrícola a través de instituciones como; SERCOTEC, INDAP entre otras.

4. Evaluar la forma que permita la exención tributaria del predio.

Como era de esperar, nada de eso ha sucedido hasta hoy, siendo una más de los muchos embustes de la autoridad regional.

Para saber cuál es el motivo de no cumplir con lo acordado en dicha reunión y sobre todo el por qué no se ha realizado el desalojo del predio he tratado de comunicar con don nombre reservado lo cual ha sido imposible, prueba de esto es el rechazo de la audiencia solicitada vía plataforma del Loby, (se adjunta respuesta de la autoridad) con fecha 22 de mayo, señalando que el motivo del rechazo es que ya he tenido audiencia con la Autoridad Regional. Incumpliendo claramente lo señalado y conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo cual se señala que en el Delegado Presidencial reside el gobierno interior de cada región y es el que representa al Presidente de la República, debiendo asumir con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2º, la función de velar por el orden, tranquilidad pública y resguardo de bienes y personas, no constando medidas efectivas en ese sentido, pudiendo requerir incluso el auxilio de la fuerza pública de ser necesario.

La actuación del recurrido nombre reservado, General Carabineros de Chile, jefe de zona Araucanía, es en incurrir en omisiones graves que resultan ser ilegales, ya que repercuten en su obligación constitucional contenida en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, así como en lo dispuesto en su Ley Orgánica Constitucional, en específico en el artículo 4°, en cuanto dispone: "Carabineros de Chile prestará a las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones. Además, colaborará con los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales. Deberá cumplir sin más trámite sus órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso”, ello en íntima relación con su obligación constitucional de dar eficacia al derecho, garantizar el orden y la seguridad pública interior. En efecto, Carabineros de Chile no ha dado eficacia a aquel mandato, incumpliendo incluso sus deberes, y básicamente haciendo inaplicable la persecución penal en este tipo de delitos del cual ha sido víctima la recurrente, lo que a la fecha ha implicado una rotunda impunidad. Todo esto estando el predio con “protección permanente por parte de Carabineros de chile, frente a la ocurrencia de delitos en hipótesis de flagrancia como es el caso del robo de 25 animales del predio contando este con resguardo policía siendo esta omisión contraria a derecho, además de negarse en reiteradas ocasiones a tomar las denuncias y entrega de copia del parte denuncia a la recurrente. lo que deriva de un acto omisivo de desarrollo continuo y permanente en el tiempo, que vulnera mis derechos fundamentales.

La actuación del Ministerio Publico, representado por el Fiscal regional don Roberto Garrido Bedwell es incurrir en omisiones graves toda vez que a pesar de las numerosas denuncias ingresadas directamente ante el Ministerio Público por diferentes delitos graves, tales como usurpación violenta, robo de animales y madera, quema de inmueble, agresiones, amenazas etc,, en las cuales se ha violentado la integridad física, psicológica y la propiedad de ,la recurrente a la fecha, todas las causas ingresadas al ministerio publico han finalizado archivadas, formalizaciones por delitos menores, rebajando su pretensión punitiva, con penas mínimas o inexistentes, sustituyendo procedimientos, siempre optando por la calificación Jurica que imponga la menor pena posible a los imputados es decir jamás una querella que implique pena aflictiva tales como; homicidio frustrado en contra de la recurrente o de carabineros, amenazas de muerte etc, hechos que ocurren a diario en nuestro predio, sin embargo el ente persecutor en la gran mayoría de veces solo opta por denunciar usurpación no violenta, siendo esto un claro actuar omisivo y permisivo del ministerio público siendo esto un aliciente para continuar con conductas arbitrarias e ilegales por parte de los recurridos.

En reiteradas ocasiones he solicitado entrevista con el fiscal a cargo de la investigación para conocer el avance investigativo u aportar nuevos antecedentes las cuales son rechazadas en su gran mayoría. De esta forma, estima esta recurrente que la fiscalía regional de la Araucanía con ello incurre en un acto ilegal, ya que debido a lo escaso o nula investigación las causas no prosperan. El Ministerio Público por mandato constitucional y de su Ley Orgánica Constitucional puede impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación, pero en las diferentes investigaciones y en los casos que ha existido flagrancia no se imparten estas órdenes, sino que se instruye dirigirse directamente a Carabineros, lo que implica un claro retardo del actuar policial ya que estos argumentan que debe emanar una orden del ministerio público dejando en completa indefensión a la recurrente.

En definitiva S.S.I., la falta de una investigación acabada, como ordena la ley al ente percutor Ministerio Público, con omisión de diligencias urgentes y necesarias, ha implicado una afectación a derechos fundamentales, siguiendo procesos investigativos, judicializados o no, que no tienen ningún resultado con penas en la que las más gravosa no supera la multa de $ 10.000 a pesar que es la propia recurrente quien entrega constantemente información acabada para dirigir la investigación, dentro de las cuales se encuentran nombres fotografías, patentes, coordenadas de ingreso de los autores de estos delitos, e incluso muchas veces poniendo en riesgo su integridad física, al tratarse de delitos violentos.

Que conforme a lo referido no consta que estas autoridades recurridas hayan adoptado las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales privadas, perturbadas o amenazadas reclamadas en esta acción constitucional, respecto de todos los recurrentes, dando cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone estas no han desplegado acciones ni adoptado decisiones que vayan en resguardo de los bienes de la recurrente, no cumpliendo con el mandato legal que tienen de promover el bien común ni resguardar la seguridad, orden y tranquilidad públicas, omitiendo de manera ilegal y arbitraria dar protección a la recurrente, a quienes se le está impidiendo desenvolverse con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Estas son omisiones antijurídicas graves, porque implican el no ejercicio de atribuciones, potestades públicas y, en definitiva, el incumplimiento de obligaciones legales que implican políticas de Estado en temas de seguridad a las personas y a los bienes, que son la condición sine qua non para la convivencia social, sin cuya preservación el ejercicio de los demás derechos no pasan a ser nada más que una mera quimera.

DERECHOS CONSTITUCIONALES PERTURBADOS Y VULNERADOS:

1.- Por lo señalado, existe una vulneración a lo dispuesto en los artículos 19 Nro. 1, esto es el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física; del 19 Nro. 2, de igualdad ante la ley; del 19 Nro. 21, de desarrollar cualquier actividad económica y del 19 Nro. 24, el derecho de propiedad, todos de la Constitución Política de la República.

Los hechos atentan contra la vida y la integridad física y psíquica de la recurrente contra lo que dispone el artículo 19 Nro. 1 de la Constitución Política de la República, quien se ha visto violentada directamente por los reiterados hecho ya expuestos viendo amenazada su integridad corporal y física, lo que atendido el contexto en que se han producido le afecta psíquicamente, al verse expuesta, ante la desidia de la autoridad del Estado, a una continuación de la conducta desplegada por parte de los usurpadores, lo que les ha impedido acceder a su inmueble, desarrollar actividad económica y los ha obligado a trasladarse a otros lugar, con todas las consecuencias emocionales y económicas aparejadas. Cada uno de los hechos desplegados, por sus propias características, implican un serio riesgo y amenaza a la vida de las personas que están involucradas, por existir en su desarrollo una serie de elementos peligrosos para una sana y segura convivencia entre las personas, que no sólo pueden llegar a lesionarlos, sino que pueden en cualquier momento quitarle la vida la recurrente o a sus hijos ya que se ven expuestos a cualquier peligro desplegado en el predio , baste mencionar el incendios intencional de la casa habitación del predio y constante ataques con armas de fuego de grueso calibre cuando la recurrente trata de ingresar al inmueble.. Atendida las omisiones y arbitrariedades en las que han incurrida las autoridades del Estado recurridas, se ha permitido que se desarrollen acciones que han atropellado el derecho que tiene la recurrente de vivir tranquilamente, sin sobresaltos injustificados, y que le ha exigido gran parte de su tiempo y de sus preocupaciones para enfrentar la circunstancia ser víctima de un asunto que ha llegado a perpetrarse ante la falta de diligencia y por no haber actuado oportunamente las autoridades obligadas a hacerlo conforme a lo ya señalado, existiendo un riesgo latente a su integridad física, de modo que el ejercicio de este derecho se ha visto afectado, no pudiendo ejercerse a plenitud, lo que en una persona normal en el contexto de su vida diaria claramente desmejora y pone en entredicho además su integridad psíquica.

Atentan en contra del principio de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la República, ya que de haberse suscitado estos acontecimientos en otro lugar, en los alrededores de los grandes centros urbanos o en ellos mismos o a una persona de sexo masculino con poder económico , la actitud de la autoridad habría sido completamente diferente, habiéndose renunciado por parte del estado a mantener el estado de derecho en el predio en el que se han consumado los hechos relatados, dejando en la indefensión a la recurrente, por apatía, indolencia, negligencia o ineficacia, permitiendo, aún cuando era evidente que del contexto que se estaba desarrollando esto podría llegar a ocurrir, limitándose ante cada caso a presentar querellas que de nada sirven para terminar con la comisión de estos actos, salvo para satisfacer inútiles pretensiones político publicitarias, pero sin adoptar medidas concretas que tiene la obligación y pueden implementarse por parte de la autoridad del Estado.

El contemplado en el artículo 19 Nro. 21 de la Constitución Política de la República, ya que ante la conducta omisiva de las autoridades recurridas se pone en riesgo, se perturba e impide el derecho a desarrollar la actividad económica que constituye la fuente de sostén para la recurrente y su familia quienes al ser constantemente hostigada, atacada, usurpado e incendiado su predio implican el ánimo de afectarla en el ejercicio de su actividad económica que lícitamente ha emprendido, tomando en cuenta que el derecho constitucional no se limita al hecho de poner en marcha una actividad, sino que en asegurar su continuidad y su desarrollo sin perturbación o injerencia ilegal o arbitraria de ninguna especie, lo que claramente se encuentra amenazado con la conducta de la autoridad que nada hace para evitar las consecuencias de la falta de tranquilidad y seguridad.

Se afecta el Derecho de Propiedad sobre toda clase de bienes, contra lo que dispone el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, ya que en la actualidad el inmueble se encuentra usurpado se ha incendiado y destruido todas las instalaciones, han robado los animales y maquinarias , obligando incluso a la recurrente a tener que abandonar el inmueble y no permitir ingresar , no pudiendo ejercer su derecho de uso y goce, sin perjuicio de ver severamente lesionado su derecho a disponer de los mismos, por cuanto atendido el amedrentamiento referido, no hay posibilidades de enajenarlos, cuantificándose en millones de pesos las pérdidas patrimoniales.

Solicita tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado todos ya individualizados por todos los hechos constitutivos de delitos perpetrados por estos, declararlo admisible, darle tramitación legal, para que en definitiva proceda a acogerlo en todas sus partes, disponiendo la forma de notificación más expedita; declarando en definitiva que el actuar de los comuneros recurridos constituye un actuar ilegal y arbitrario, en base a ello adopte de inmediato las providencias solicitadas o las que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de esta parte, su familia y sus trabajadores, con expresa condena en costa.

A las autoridades recurridas o las que V.S.I., estime conveniente. por los cargos que detentan y la representación que invisten: a) don, nombre reservado, en su calidad de delegado presidencial de la Región de la Araucanía., b) don, nombre reservado General de Carabineros de Chile jefe de zona Araucanía, c) don, nombre reservado, fiscal regional de la Araucanía. Por las omisiones ilegales y arbitrarias expresadas en el cuerpo del escrito, acogerlo a tramitación, para que, luego de requerírseles que informen dentro del plazo que S.S.I., le señale, acogerlo en todas sus partes y en definitiva:

Declarar que los recurridos han incurrido acciones, omisiones arbitrarias o ilegales, relacionados con su obligación de mantener el orden público, la tranquilidad y seguridad pública, lo que ha redundado en una afectación a las garantías consagradas en los artículos 19 Nro. 1, 19 Nro. 2, 19 Nro. 21 y 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, respecto de la recurrida.

PETICIONES CONCRETAS:

1. Declarar por V.S.I., que los recurridos han incurrido en acciones y omisiones arbitrarias o ilegales, lo que ha redundado en una afectación a las garantías consagradas en los artículos 19 Nro. 1, 19 Nro. 2, 19 Nro. 21 y 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, respecto de todos los recurrentes.

2. Se ordene a los comuneros recurridos deponer la usurpación. Retirar todas las instalaciones construidas en el interior del predio en especial; casa habitación, ruca y siembras, además de todo tipo de lienzo u objeto que amedrente e impida el libre ejercicio del dominio del inmueble, como también deponer todo tipo de amenaza de quema o toma que tenga por objeto impedir el libre acceso al predio.

3. Al Delegado Presidencial, Jefe de zona de Carabineros y Fiscal Regional, dentro de sus facultades y atribuciones, se ordene mantener el resguardo permanente del predio por parte de Carabineros de Chile.

4. Lo anterior sin perjuicio de las medidas que V.S.I., determine para el pronto restablecimiento de los derechos perturbados, privados y amenazados.

5. A los Comuneros recurridos, se decrete la medida cautelar de prohibición de acercarse a la recurrente sus hijos y al inmueble antes mencionado.

6. se solicite a don, nombre reservado, informe avance respecto de compromisos asumidos en reunión de 28 de febrero de 2023.

7. Se condene en costas a los recurridos.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos.

1. Copia de inscripción de dominio de Fundo santa Adela Sur.

2. Certificado de Matrimonio de nombre reservado.

3. Respuesta de delegado Presidencial a audiencia solicitada.

4. Parte denuncia Nº 00833 de carabineros de chile con fecha 30 de mayo de 2023.

A folio 15 informa nombre reservado abogado, Fiscal Regional de la Fiscalía Regional de La Araucanía, quien dice:

1o Que, para el periodo descrito en el escrito de interposición, esto es desde enero de 2019 a la fecha, la recurrente Sra. nombre reservado figura en un total de 29 investigaciones asociadas al contexto que describe en su recurso.

Estos 04 casos contienen 98 tipos medidas de protección.

Que, en relación con el episodio que describe la recurrente ocurrido en julio de 2022 cuando refiere: "me entere por terceras personas que fiscalía ha instruido retirar el punto fijo de carabineros que resguarda el predio Santa Adela sur, ante esta situación solicite mantener la presencia de carabineros en el predio ya que contaba con antecedentes fundados que decían relación a que los usurpadores quemarían mi casa si el predio quedaba sin resguardo policial, ante la nula respuesta de fiscalía llame al delegado presidencial en ese momento don nombre reservado quien me solicita enviar la información a la abogada Daniela Vargas encargada del gobierno regional en la oficina de violencia rural de Victoria, ( se adjunta en esta presentación), informando a la autoridad los hecho ya relatados y solicitando los motivos en que se funda la decisión de parte de fiscalía de retirar de forma unilateral y arbitraria la protección policial, señalando a demás el riesgo al que quedan expuestos nuestros bienes, la vida de mi familia y trabajadores, sumado a esto que el predio continuaba usurpado.

Pues bien, esa misma noche los usurpadores incendiaron la vivienda, tal cual como fue advertido a carabineros, ministerio público y al delegado presidencial, así de grave es la indefensión en que me encuentro junto a mi familia, después de este acto delictual fiscalía instruye el retorno de carabineras al predio Santa Adela Sur." A este respecto, es dable señalar que en la causa RUC N° 1900044908-6, de la Fiscalía de Victoria, seguida por usurpación y otros ilícitos, se decretó el 14 de enero de 2019 una medida de protección consistente en un punto fijo de Carabineros en domicilio de la víctima ubicada en el predio Santa Adela Sur, comuna de Victoria.

Con fecha 03 de diciembre de 2019 se pone término a la causa mediante procedimiento simplificado y respecto de otros hechos se dispone su archivo provisional con fecha 30 de julio de 2020.

La medida de protección se mantuvo en el predio hasta el 19 de julio de 2022, siendo modificada por la de rondas periódicas por personal de COP de Carabineros, conforme a los antecedentes técnicos y los requerimientos de capacidad operativa de Carabineros de Chile.

En efecto, el cambio en la medida se basó en reiteradas solicitudes de personal de C.O.P. de Carabineros que daban cuenta que aquel no era el domicilio de la víctima, quién tenía su domicilio en la ciudad de Victoria. El inmueble al cual se le bridaba la medida de protección se encontraba desocupado, en situación de abandono, y que, por otra parte Carabineros de Chile, debía dar cumplimiento a múltiples medidas de protección. Optimizado de esa manera el recurso humano y logístico abocado a dichas funciones, el cual no daba abasto para cumplir con todos los requerimientos de protección.

Para resolver lo anterior, el Ministerio Público solicitó estudios de seguridad a Carabineros de Chile, institución que emanó sendos informes, los cuales incluso adjuntaron fotografías del inmueble, para graficar lo informado, lo que quedó estampado en los informes N° 427 de 15 de junio de 2022 e informe N° 450 de 23 de junio de 2022 de Carabineros, Prefectura COP Araucanía.

En base a estas consideraciones, esto es el tiempo transcurrido desde el término de la causa, los informes de seguridad aportados por Carabineros de Chile y el hecho objetivo que el inmueble no se encontraba siendo habitado, se resolvió modificar la medida de protección vigente por la de rondas periódicas de Carabineros de COP Araucanía. Tal cambio de medida fue informado a la víctima en forma previa, al igual que las solicitudes de Carabineros a través del profesional de la Unidad de Atención a Victima y Testigos de esta Fiscalía Regional con fecha 17 de junio de 2022, ordenándose su modificación el 19 de julio de 2022. Luego, con fecha 21 de julio de 2022 a las 16:29 horas, doña nombre reservado concurre ante Carabineros de la Cuarta Comisaría de Victoria dando cuenta que en su predio en horas de la mañana se encontraba terceros sustrayendo especies del domicilio ubicado en el predio Santa Adela Sur y dando cuenta además que comuneros de la comunidad Calbún concurrirían el día siguiente en horas de la mañana a causar daños en el inmueble para después quemarlo.

El Fiscal de turno dispuso diligencias para el delito denunciado y además ordenó informar a la 2da. Comisaría de Control de Orden Público para tomar las precauciones por los hechos que podrían ocurrir el día 22 de julio de 2022 que indicaba la denunciante. Esto fue comunicado a personal COP (Específicamente al capitán nombre reservado de la dotación de Control de Orden Público.) Lo que consta en el parte policial N° 914 de fecha 21 de julio de 2022 de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Victoria.

Que con fecha 22 de julio de 2023 a las 11:00 horas, se presentó nuevamente la recurrente en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Victoria dando cuenta que sujetos estarían ingresando a su predio, por lo que concurrió personal de Carabineros de la 4ta. Comisaría en compañía de personal de COP, encontrando la ruta de acceso cortada, debiendo efectuar las diligencias para lograr el acceso al predio, siendo repelidos con armas de fuego y luego de cesar el ataaue e inaresar al interior del predio pudieron verificar que el inmueble, fue incendiado.

El Ministerio Público dispuso la concurrencia de personal de OS.9 y Labocar a trabajar el sitio del suceso y realizar las diligencias de investigación pertinentes. Además, se decretó la medida de punto fijo en el predio a fin de dar resguardo al resto de edificaciones existentes (tales como galpones). Lo anterior consta en el parte policial de Carabineros N° 920 de la 4ta Comisaria de Carabineros de Victoria. Asimismo, se encuentra consignado en el Informe de Carabineros N° 516 de 22 de julio de 2022 de la Prefectura COP de Carabineros.

Que esta medida se mantiene en la actualidad, pese al requerimiento de Carabineros de rebajar su intensidad como se solicita en el informe N° 534 de 28 de julio de 2022.

4o Que, finalmente en cuanto a la falta de atención que reclama la recurrente cuando afirma que, "En reiteradas ocasiones he solicitado entrevista con el fiscal a cargo de la investigación para conocer el avance investigativo u aportar nuevos antecedentes las cuales son rechazadas en su gran mayoría", es dable hacer presente que según los registros del Sistema Integral de Atención a Usuarios del Ministerio Público, la Sra. nombre reservado, ha solicitado en seis oportunidades solicitud de audiencia con el fiscal a cargo de la investigación, siendo resuelta favorablemente todas sus solicitudes.

Que, en consecuencia con lo expuesto queda de manifiesto que el Ministerio Público no ha incurrido en ningún acto u omisión ilegal u arbitrario respecto de la recurrente, toda vez que se han acogido e investigado cada una de las denuncias por ella formuladas, se ha ejercido la acción penal en aquéllas investigaciones donde existe mérito para ello, se han dispuesto medidas de protección a su favor de acuerdo a lo indicado por el personal técnico de Carabineros de Chile en cada una de dichas oportunidades y se la ha atendido personalmente cada vez que lo ha requerido, por lo que no siendo posible para el Ministerio Público exigir resultados concretos en cada una de las investigaciones encomendadas a los organismos policiales, no resulta pertinente señalar que nos encontramos en presencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

Solicita tener por cumplido lo ordenado.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Oficio N° 427, de fecha 15 de junio de 2022, de la 2a Comisaria de Control de Orden Público "Pailahueque".

2.- Oficio N° 450, de fecha 23 de junio de 2022, de la 2a Comisaría de Control de Orden Público "Pailahueque".

3.- Parte de denuncia N° 914, de fecha 21 de julio de 2022, de la 4a Comisaría de Carabineros de Victoria.

4.- Parte de denuncia N° 920, de fecha 22 de julio de 2022, de la 4a Comisaría de Carabineros de Victoria.

5.- Oficio N° 516, de fecha 22 de julio de 2022, de la 2a Comisaría de Control de Orden Público "Pailahueque".

6.- Constancias de atenciones y declaraciones de la recurrente por el Fiscal y su equipo de 22 de febrero de 2019; 10 de octubre de 2019; 16 de octubre de 2019; fecha 10 de agosto de 2022; 11 de noviembre de 2022 y 31 de mayo de 2023.

8.- Oficio N° 534, de fecha 28 de julio de 2022, de la 2a Comisaría de Control de Orden Público "Pailahueque".

7.- Constancia de comunicación de modificación de medidas de protección, de fecha 17 de junio de 2022, del Jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

A folio 19, Carabineros informa de notificación negativa de los recurridos….

A folio 22 informa Anita Almonacid Tecas, abogada, en representación de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, quien dice:

I. IMPEDIMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA QUE EL DELEGADO PRESIDENCIAL PUEDA DISPONER DE CARABINEROS DE CHILE Y ORDENAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN, RESGUARDO Y VIGILANCIA DE PARTICULARES.

En forma previa, se debe señalar que el Delegado Presidencial carece de facultades normativas para cumplir con la petición concreta que realiza la recurrente, esto es “ordenar el resguardo permanente del predio por parte de Carabineros de Chile”. Lo anterior, debido a que el inciso final del artículo 4° de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, lo prohíbe expresamente señalando lo siguiente: "La autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público o estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia y que hayan sido objeto de medidas ordenadas o decretadas por ellos y comunicadas o notificadas, en su caso, a Carabineros".

En virtud de aquello, esta autoridad administrativa no puede actuar fuera de su competencia o en alguna forma que la ley no prescriba, sin incurrir en responsabilidades administrativas, civiles y penales. En efecto, los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución Política, señalan expresamente que las autoridades legalmente investidas deben actuar dentro de su competencia y en la forma que la ley prescribe, de lo contrario el acto es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

II. FACULTADES DEL DELEGADO PRESIDENCIAL PARA PERSEGUIR LA RESPONABILIDAD PENAL.

En cuanto a la materia de persecución penal, el inciso 3 del artículo 111° del Código Procesal Penal dispone que “Los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las facultades correspondientes”.

La Ley N°20.990, de fecha 5 de enero de 2017, modificó el Capítulo XIV sobre “Gobierno y la Administración Interior del Estado” de la Constitución Política de la República de 1980. En su artículo 111°, antes de la modificación, prescribía que: “El gobierno de cada región reside en un intendente que será de exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción”. La modificación introducida por la Ley N°20.990 consiste, entre otras, en agregar el artículo 115° bis a la Carta Magna, el que establece la existencia de una delegación presidencial regional, en los siguientes términos: “En cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.

Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio”.

Por su parte, las leyes Nº21.073 y N°21.074 modificaron, entre otros cuerpos legales, la Ley Nº19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, en cuanto a la denominación de las autoridades en las cuales reside el gobierno interior de cada región como representantes naturales e inmediatos del Presidente de la República. Estas autoridades pasaron de llamarse “Intendentes Regionales” a “Delegados Presidenciales Regionales”, con idénticas facultades en cuanto a la función pública de gobierno interior. Las nuevas autoridades creadas, gobernadores regionales, únicamente asumieron las facultades que los intendentes detentaban en cuanto a órgano ejecutivo del gobierno regional y a la administración superior de la región.

La disposición transitoria Vigesimoctava de la Constitución Política de la República, introducida por la Ley N°20.990, ya citada, señala en su inciso 7, que: “Los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda”.

Dentro de aquellas leyes que entregaban atribuciones al intendente, se encuentra el Decreto con Fuerza de Ley 7.912 de 1927, en cuyo artículo 3º -para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111° del Código Procesal Penal-, establece las facultades para presentar querellas en causas por hechos que tipifiquen delitos que constituyan alteración al orden público, la seguridad pública y por infracción a las leyes Nº19.327, sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional y Nº20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

De modo que la atribución de accionar penalmente en causas criminales de la competencia del intendente, debe entenderse que ahora lo es del Delegado Presidencial Regional, puesto que la disposición transitoria de rango constitucional antes citada expresa claramente que la voluntad del constituyente es la continuación legal de la Intendencia Regional en la Delegación Presidencial Regional, lo que se confirma con el establecimiento de idénticas facultades a las que detentaba la Intendencia Regional y que le otorgaba titularidad para ejercer la acción penal, en conformidad al artículo 2° letra h) de la Ley N°19.175.

Conforme a lo establecido en el artículo 2º letras b) y h) de la Ley Nº 19.175 Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (modificada por la Ley N° 21.073 del 22 de febrero de 2018), “Corresponderá al delegado presidencial regional: (…) b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes; (…) h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes”.

A su turno, el DFL N°7.912 de 1927, del Ministerio del Interior que Organiza las Secretarias de Estado, y sus modificaciones posteriores, en particular la Ley N°20.502 de 2011, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y modifica otros cuerpos legales en lo que respecta al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público, establece en su artículo 3° la facultad de los Intendentes Regionales -actuales Delegados Presidenciales Regionales- a deducir querella en aquellos casos donde se afecte la seguridad, tranquilidad y orden públicos, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes especiales a su respecto, como por ejemplo la ley N°19.175.

Lo preceptuado por el artículo 3° del DFL 7.912 es del siguiente tenor: “Corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública: a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos; Para los efectos señalados en el párrafo anterior de esta letra, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111° del Código Procesal Penal y de las demás facultades otorgadas por leyes especiales, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, los Intendentes y Gobernadores, según corresponda, podrán deducir querella:

a) Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República;

b) Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. (…)”.

A mayor abundamiento la Ley N°20.502 de 2011, ya referida, en lo relativo a la Ejecución Territorial de la Política de Seguridad Pública, en su artículo 14° letra d), faculta a los Intendentes -actuales Delegados Presidenciales Regionales- a implementar medidas a fin de prevenir o disminuir la delincuencia, entre las cuales se encuentra la interposición de querellas para perseguir la sanción de los responsables de delitos que afecten el orden público, a saber: “La ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior a nivel regional, provincial y local, adaptada de acuerdo a las realidades respectivas en caso de ser necesario, se llevará a cabo por intermedio de los Intendentes. d) Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a disminuir la violencia y la reincidencia delictual.”.

Por consiguiente, en atención a la especial forma de comisión y al impacto que genera para el normal desarrollo de la convivencia social en la población, y a la luz del marco normativo señalado las facultades legales que detenta la actual Delegación Presidencial, las que le otorgan la debida legitimación, se ha decidido accionar penalmente instando por la aplicación de sanción en contra de quien ha infringido las normas penales en comento, ejerciendo de este modo la vigilancia y el cuidado de la integridad y seguridad de las personas que habitan la Región.

III. CAUSAS INICIADAS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL QUE INCIDEN EN EL PREDIO DE LA RECURRENTE.

Sin perjuicio de las facultades de la misma recurrente para deducir las acciones civiles y penales correspondientes, esta Delegación Presidencial Regional ha participado activamente en las siguientes causas penales que inciden en la persona de la recurrente y su predio, entre las cuales están:

- RIT 181-2019 del Juzgado de Garantía de Victoria, causa vigente. Se dedujo querella criminal por los delitos de usurpación, atentado a la autoridad e incendio descrito y sancionado en el artículo 476 N°3 del Código Penal.

- RIT 228-2019 del Juzgado de Garantía de Victoria, causa terminada. Se dedujo querella criminal por los delitos de usurpación, atentado a la autoridad e incendio descrito y sancionado en el artículo 476 N°3 del Código Penal.

- RIT 532-2019 del Juzgado de Garantía de Victoria, causa terminada por decisión de no perseverar. Se dedujo querella criminal por los delitos de usurpación, maltrato de obra a Carabineros e incendio descrito y sancionado en el artículo 476 N°3 del Código Penal.

- RIT 639-2019 ex RIT 628-2029 del Juzgado de Garantía de Victoria, causa terminada en juicio simplificado. Se dedujo querella criminal por los delitos de lesiones menos graves, daños y amenazas.

- RIT 181-2019 del Juzgado de Garantía de Victoria. La que se encuentra vigente. Se dedujo querella por delito de usurpación, atentado a la autoridad, incendio del artículo 476 N°3 del Código Penal. En ella varios de los recurridos son imputados, cuestión del todo relevante al momento de conocer y fallar el presente recurso, por lo que debemos precisar las gestiones judiciales y su estado procesal:

- 18/02/2019: Querella DPR por los delitos de usurpación, atentado a la autoridad, incendio (art. 476 N°3), contra quienes resulten responsables.

- 19/02/2019: Resolución se declara admisible querella.

- 19/08/2020: Solicitud Ministerio Público Se fije audiencia de formalización investigación por los delitos de usurpación no violenta y atentado a la autoridad, respecto de:

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- MANKILEF MILLACURA nombre reservado

- WANGULEN nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- nombre reservado

- 27/01/2022: Audiencia formalización respecto de nombre reservado y nombre reservado, por el delito de usurpación no violenta. No se decretan cautelares.

- 09/02/2022: Audiencia formalización respecto de nombre reservado por el delito de usurpación no violenta. Se decreta medida cautelar del art. 155 letra e) prohibición de ingresar al Fundo Santa Adela.

- 21/02/2022: Audiencia formalización respecto de nombre reservado por el delito de usurpación no violenta. Se decreta medida cautelar del art. 155 letra e) prohibición de ingresar al Fundo Santa Adela.

- 14/04/2022: Audiencia formalización respecto de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, WANGULEN nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, por el delito de usurpación no violenta. No se decretan medidas cautelares.

- 19/05/2022: Audiencia formalización respecto de nombre reservado, por el delito de usurpación no violenta. No se decretan medidas cautelares.

- 24/05/2022: Audiencia formalización respecto de nombre reservado por el delito de usurpación no violenta. No se decretan cautelares.

- 14/09/2022: Audiencia formalización respecto de nombre reservado, por los delitos de atentado a la autoridad y usurpación no violenta. Se decreta medida cautelar del art. 155 letra e) prohibición de ingresar al Fundo Santa Adela.

- 28/03/2023: Audiencia sobreseimiento respecto de nombre reservado, art. 250 letra d) fallecimiento.

- 04/04/2023: Audiencia formalización respecto de nombre reservado, por el delito de usurpación no violenta. Se decreta medida cautelar del art. 155 letra e) prohibición de ingresar al Fundo Santa Adela.

- 11/04/2023: Audiencia formalización y salida alternativa respecto de nombre reservado, se formaliza por el delito de usurpación no violenta. Se aprueba SCP por el plazo de 1 año con las condiciones de Letra b): abstenerse de frecuentar el predio Santa Adela Sur, de la comuna de Victoria, como asimismo de acercarse a doña nombre reservado; y Letra g) fijar domicilio y comunicar cualquier cambio del mismo ante el Ministerio Público.

- 11/05/2023: Audiencia formalización respecto de nombre reservado, por el delito de usurpación no violenta. No se decretan medidas cautelares (imputado en prisión preventiva CCP Angol por causa diversa).

- 07/07/2023: Audiencia formalización respecto de nombre reservado, por el delito de usurpación no violenta. No se decretan cautelares.

IV. GESTIONES EN FAVOR DE LA RECURRENTE.

Que, en cuanto a las gestiones realizadas en favor de la recurrente, es menester señalar que doña nombre reservado, ha sido atendida por el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural, desde el año 2019 a la fecha, realizando múltiples gestiones para su beneficio y el de sus hijos, tales como los que se señalan a continuación:

- 05 de Noviembre de 2020: Se aprobó mediante DS 1707, pensión de gracia de 1 ingreso mínimo mensual, para sus dos hijos hasta los 24 años.

- 21 de diciembre de 2021: Se realiza entrega de herramienta de trabajo a la recurrente en su domicilio.

- 24 de marzo de 2023: Fue atendida por el Delegado Presidencial Regional de La Araucanía y la Coordinadora Regional del Programa de Apoyo a Víctima de Violencia Rural, acordando en esa oportunidad la tramitación de vivienda para su hija y herramienta de trabajo para su hijo.

- 28 de marzo de 2023: Se deriva solicitud de Asignación Directa de Vivienda mediante Oficio N°788, de fecha 27 de marzo de 2023, el cual se encuentra en tramitación, este beneficio fue solicitado a nombre de la hija de la recurrente.

- 23 de abril de 2023: Se confecciona Informe Social Fondo ORASMI para el hijo de la recurrente, incluyendo a su grupo familiar. El que con fecha 06 de julio de 2023, se envía al órgano correspondiente con la finalidad de tramitar adquisición de herramienta de trabajo.

- 20 de mayo de 2023: Se tomó contacto con la recurrente para informar medida de rebaja de contribuciones, se orienta para realizar el trámite y se ofrece apoyo para tramitación. Actualmente, se desconoce si finalmente la recurrente concretó dicho trámite, debido a que se trata de una diligencia que debe realizar personalmente quien solicita el beneficio, en razón de aquello, el servicio ante quien se realiza el trámite, no entrega información con respecto a quienes realizan la gestión descrita. Sin perjuicio de lo anterior, su S.S.I. puede solicitar la entrega de información en caso de que lo considere necesario.

Finalmente, es necesario mencionar que esta Delegación Presidencial Regional, jamás ha vulnerado alguna de las garantías fundamentales de doña nombre reservado ni de sus hijos, ya que en virtud de lo expuesto anteriormente, este órgano público ha actuado dentro de sus facultades y en la forma que la Ley prescribe, iniciando las acciones judiciales correspondientes, con el fin de resguardar el orden y la seguridad pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del D.F.L. 7.912, sin incurrir en ninguna omisión que resulte ilegal o arbitraria.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado, en los términos señalados, rechazando el recurso de protección en todas sus partes, y en definitiva resolviendo el asunto como en derecho corresponde.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Decreto Exento N°1707, de fecha 05 de noviembre de 2020, que concede pensión de gracia a la persona que indica.

2.- Documento que acredita entrega de beneficio ORASMI.

3.- Oficio N°788, de fecha 27 de marzo de 2023, del Delegado Presidencial Regional de La Araucanía a Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía.

4.- Informe Social Fondo ORASMI, de fecha 20 de abril de 2023.

A folio 22, informa Carabineros de Chile, quien dice:

II. ANTECEDENTES GENERALES RELACIONADOS A MEDIDA DE PROTECCIÓN:

De conformidad a los hechos planteados en el recurso señalado, los cuales guardan relación con el Predio Santa Adela Sur, ubicado a la altura del km. 8 de la Ruta CH-181 de la comuna de Victoria, se informa lo siguiente:

1.- El predio Santa Adela Sur, conforme a causa RUC. 2200719559-5 de la Fiscalía de Alta Complejidad Victoria, actualmente mantiene medida de protección vigente hasta el día 31.08.2023, por el delito de atentado explosivo incendiario, consistente en punto fijo permanente 24 horas, a favor de la víctima nombre reservado, resguardo policial que se ejecuta de forma ininterrumpida, mediante dos carabineros en turnos de 24 horas, con relevos en la facción, los cuales mantienen como habitabilidad un conteiner blindado institucional.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, es dable señalar que el resguardo policial permanente 24 horas, para el predio en comento, fue decretado por la Fiscalía Local de Victoria mediante Oficio Nro. 122/2019, a contar del 14.01.2019, en causa RUC. 1900044908-6, por el delito de usurpación no violenta, estableciendo como víctima a doña nombre reservado; encontrándose vigente hasta el día 19.01.2022, oportunidad en que dicha medida de protección fue modificada a punto fijo nocturno, rondas periódicas diurnas y acompañamiento por parte de Carabineros al predio, no obstante, tal modificación no se llevó a efecto por parte de la 2da. Comisaria COP Pailahueque, por razones de seguridad, manteniendo el resguardo policial permanente 24 horas, modalidad de servicio que con fecha 04.02.2022, fue dispuesta nuevamente por el Ministerio Publico (Oficio N° 105-2022), manteniéndose el cumplimiento en modalidad 24 horas de forma ininterrumpida hasta el día 30.06.2023.

3.- Posteriormente, a través del Oficio N° 746 de fecha 24.06.2022 de la Fiscalía de Alta Complejidad Victoria, se modificó la medida de protección de resguardo permanente 24 horas, a rondas periódicas diurnas y nocturnas y acompañamiento al predio, a contar del 01.07.2022 y hasta el día 31.08.2022; no obstante, se ejecutó bajo esta modalidad a contar del 19.07.2022, oportunidad en la cual se levantó el servicio ya que se dieron las condiciones de seguridad para hacerlo.

4.- Que, con fecha 22.07.2022 siendo las 09:30 horas, a solo 03 días de haberse retirado el personal de Carabineros del lugar, mientras el Fundo Santa Adela Sur contaba con resguardo policial rondas periódicas diurnas y nocturnas y acompañamiento, se gestó en el lugar el delito de atentado explosivo o incendiario, el cual afectó a una casa habitación en desuso, hecho del cual se dio cuenta mediante parte denuncia Nro. 920, de fecha 22.07.2022, de la 4ta. Comisaria Victoria.

5.- A raíz de esta situación, el Fiscal de turno dispuso para el predio, punto fijo permanente 24 horas por un período de 15 días a contar del 22.07.2022, situación que fue ratificada por la Fiscalía de Alta Complejidad Victoria, la cual mediante Oficio Nro. 825 de fecha 29.07.2022, dispuso en la causa RUC. 2200719559-5, por el delito de atentado explosivo o incendiario, punto fijo permanente 24 horas, a favor de la recurrente, para el periodo 29.07.2022 al 30.09.2022, resguardo policial que hasta la fecha no ha sufrido modificaciones, manteniéndose vigente conforme a sus constantes renovaciones hasta el día 31.08.2023.

ANTECEDENTES DEL PREDIO SANTA ADELA SUR.

El predio Santa Adela Sur, de aproximadamente 160 hectáreas, corresponde a un suelo de uso agrícola, existiendo en su interior, diferentes tipos de estructuras como, galpones y bodegas, encontrándose actualmente con un deterioro natural producto del desuso, derivado de la dejación física y renuncia de usufructo del predio, derivado principalmente de hechos de violencia rural registrados a finales del año 2018 e inicios del año 2019; en este sentido la beneficiaría del resguardo policial y grupo familiar residen en el sector urbano de la comuna de Victoria, encontrándose las edificaciones en condición de abandono, por lo que la Institución destinó recursos extraordinarios para la instalación de un conteiner blindado de propiedad fiscal, el que hasta la fecha brinda la adecuada protección y condiciones de habitabilidad para el personal que cumple la medida.

Es dable señalar que el predio Santa Adela Sur, colinda por su costado poniente, con la comunidad Calbún, a la cual pertenecen los comuneros mapuches recurridos.

OTROS ANTECEDENTES.

1. Con fecha 30.03.2023, se dio cumplimiento a lo solicitado por la Fiscalía de Alta Complejidad Victoria mediante Oficio Nro. 243 de fecha 20.03.2023, realizando diligencias tendientes a determinar si en el predio existen construcciones, viviendas, sea que están actualmente usadas o no; e instruir en el sentido de informar en el evento que terceros ingresen al predio y realicen labores agrícolas, haciendo presente además, que lo anterior sin perjuicio de las facultades autónomas de Carabineros. El día 30.03.2023 entre las 13:30 y 14:30 horas, se dio cumplimiento a la instrucción referida, efectuándose sobrevuelo mediante la utilización de una aeronave remotamente piloteada (Dron) por el interior del predio, detectándose a través del análisis de imágenes, la existencia de 03 edificaciones no autorizadas por la víctima, no pudiendo determinar si estas se encontraban habitadas, como asimismo, de las imágenes obtenidas se detecta posibles movimiento de tierras en el sector poniente del predio, que desde la posición que ocupa Carabineros para el cumplimiento del punto fijo, no es posible de ser advertida, debido a las condiciones geográficas del predio y extensión del mismo, antecedentes fueron informados mediante Oficio Nro. 269 de fecha 08.05.2023, de la 2da Comisaría Pailahueque a la Fiscalía señalada.

2. Con fecha 30.05.2023, la víctima denunció la usurpación no violenta del predio, atendido a que desconocidos efectuaban labores agrícolas en el sector poniente del recinto, sin embargo, constituido personal de Carabineros en el lugar, no se realizó el avistamiento de personas (Hecho denunciado mediante el Parte Nro. 833 de fecha 30.05.2023 de la 4ta. Comisaría Victoria).

DENUNCIAS REALIZADAS:

Desde la fecha que plantea la recurrente los hechos que le afectan se han efectuado las siguientes denuncias:

- Parte denuncia nro. 58, de fecha 10.01.2019, usurpación.

- Parte denuncia nro. 288, de fecha 24.02.2019, usurpación.

- Parte denuncia nro. 178, de fecha 04.02.2019, amenazas.

- Parte denuncia nro. 2012, de fecha 09.02.2019, usurpación.

- Parte denuncia nro. 246, de fecha 17.02.2019, usurpación.

- Parte denuncia nro. 256, de fecha 18.02.2019, usurpación.

- Parte denuncia nro. 259, de fecha 19.02.2019, hall. Arm y mun.

- Parte denuncia nro. 353, de fecha 07.03.2019, otros hechos.

- Parte denuncia nro. 373, de fecha 10.03.2019, otros hechos.

- Parte denuncia nro. 398, de fecha 15.03.2019, otros hechos.

- Parte denuncia nro. 400, de fecha 16.03.2019, otros hechos.

- Parte denuncia nro. 436, de fecha 22.03.2019, aten. C/autor.

- Parte denuncia nro. 701, de fecha 15.05.2019, otros hechos.

- Parte denuncia nro. 795, de fecha 05.06.2019, daños simples.

- Parte denuncia nro. 850, de fecha 19.06.2019, lesiones leves.

- Parte denuncia nro. 1171, de fecha 28.08.2019, daños simples.

OFICIOS INFORMANDO CUMPLIMIENTO.

Durante el cumplimiento de las medidas de protección señaladas o las instrucciones particulares emitidas por la Fiscalía pertinente, se han remitido los siguientes informes:

- Oficio nro. 97 de fecha 24.01.2019.

- Oficio nro. 568 de fecha 13.06.2021.

- Oficio nro. 91 de fecha 02.02.2022.

- Oficio nro. 427 de fecha 15.06.2022.

- Oficio nro. 450 de fecha 23.06.2022.

- Oficio nro. 511 de fecha 19.07.2022.

- Oficio nro. 516 de fecha 22.07.2022.

- Oficio nro. 534 de fecha 28.07.2022.

- Oficio nro. 875 de fecha 10.12.2022.

- Oficio nro. 269 de fecha 08.05.2023.

- Oficio nro. 288 de fecha 16.05.2023.

CONCLUSIÓN.

Que, conforme a los antecedentes informados mediante el presente Oficio, se puede establecer que Carabineros de Chile, ha dado cumplimiento a lo requerido por el Ministerio Público, ya sea en cuanto a diligencias requeridas como asimismo, en cuanto a las medidas de protección dispuestas, incluso en algunos lapsos con mayor intensidad que lo instruido, sin embargo, debe tenerse presente que la ubicación de la facción no permite mantener la visión completa y permanente del predio dada su geografía y extensión.

Por lo tanto, no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar y sustentar una vulneración de derechos respecto de la recurrente, actuando siempre en conformidad a esa Carta Fundamental y a la legislación vigente.

A folio 23, se prescinde del informe de los comuneros recurridos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, el acto impugnado consiste en la “toma” del predio rural de la recurrente, ubicado en la Comuna de Victoria. Además de una serie de actos de hostigamiento, agresiones, que realizan los “comuneros recurridos”.

TERCERO: Que el recurso de protección no puede tener por fin sustituir los medios procesales que permiten una declaración de derechos y luego la ejecución de lo que se resuelva. Tampoco, desde luego, puede sustituir las acciones penales y, menos aún, si en el interior del predio a que se refiere la acción se han ejecutado labores o construcciones y con respecto a los cuales su controversia ha sido llevado ya a sede penal, mediante la interposición de denuncias por usurpación, lo que requiere una decisión judicial que establezca los hechos, la participación del imputado y su calificación jurídica.

CUARTO: Que el presente recurso de protección será rechazada, sin perjuicio de lo anterior, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público, a fin que tome las medidas que estime necesaria, dentro de la esfera de sus atribuciones.

Lo anterior, siguiendo además la línea de la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol 40.135-2022.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de los recurridos ya individualizados.

Lo anterior es sin perjuicio de remitir los antecedentes del presente recurso al Ministerio Publico a la brevedad.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Ricardo Fonseca Gottschalk.

Rol N° Protección-9500-2023.(jog)