nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 30 de diciembre de 2024, comparece don nombre reservado, ingeniero civil industrial, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, Tesorero del Comité de Administración del Condominio Portal del Volcán de Pucón, de don nombre reservado, Administrador del Condominio Portal del Volcán de Pucón, de don nombre reservado, Ayudante de Administración y don nombre reservado, Ayudante de Administrador, por haber incurrido, a través del Administrador y el Ayudante, por orden del Presidente y Tesorero del Comité de Administración, procedieron a cortar la energía eléctrica y con ello el suministro de agua potable del inmueble que actualmente habita en domicilio reservado, fundado en supuestas deudas de gastos comunes, lo que ha significado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos amparado en las garantías constitucionales de derecho a la vida, igualdad ante la ley y de propiedad.

Indica que el día de 3 de diciembre de 2024, el Administrador del Condominio, don nombre reservado, le notifica por correo electrónico que le cortarán el suministro de energía eléctrica de su propiedad por supuestamente encontrarse moroso en cinco cuotas de gastos comunes, compeliéndolo a pagar en el acto, la totalidad de la deuda, correspondiente a $1.646.969, insistiendo en que debe pagar la totalidad para que se restablezca el suministro de energía eléctrica y agua potable de su unidad, negándose a responder sus llamadas o comunicaciones para efectos de pactar un convenio de pago, dejándolo en total indefensión.

Señala que todos los miembros del Comité de Administración están en conocimiento de que cortar el suministro de energía eléctrica en su propiedad, se relaciona con cortar el suministro de agua potable, pues funciona con electricidad. Sin embargo, indica que aun así, encontrándose junto con toda su familia en su casa, los recurridos deciden de manera arbitraria e ilegal cortar el suministro de energía eléctrica y de agua potable en su propiedad, afectando de esa manea su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pues hace pocos meses fue diagnosticado de un cáncer hepático, por la que ha sufrido diez hospitalizaciones, siendo candidato para trasplante de hígado, por lo que se ha visto enormemente perturbado por el actuar de la Administración del Condominio, quienes insisten en cortarle la energía eléctrica y agua potable, pese a que los recurridos sabían que se encontraba en el inmueble desde el 4 de noviembre de 2024.

Agrega que únicamente dos de los cobros de los cinco realizados corresponden a gastos comunes, como consta en la carta que le adjuntaron y que acompaña, habiendo ya realizado el pago de dos de ellos, y aun así la administración y comité siguen sin restablecer el suministro de energía eléctrica y agua potable en su domicilio.

Que dentro de los cobros que se exigen, el primero corresponde al pago de una cuota de agua de enero de 2019, que cuestiona, pero aun así el comité se ha negado a realizar una auditoría o a exigir el cobro por la vía judicial correspondiente, encontrándose actualmente en tramitación, juicio de prescripción extintiva de dicha deuda.

Luego, añade que los siguientes dos cobros que se exigen no corresponden a gastos comunes, pues se refieren al cobro de un empalme de electricidad al que no se puede adherir al no existir plano eléctrico de su propiedad, y eso es conocido por los miembros del comité pues una de ellas, doña nombre reservado y su marido, fueron responsables de construir su casa, sin aportar plano eléctrico del inmueble al final del trabajo realizado. Igualmente, en este caso, dice se está discutiendo en juicio civil, la prescripción extintiva de la deuda.

Afirma que los demás cobros corresponden a cuotas que ya se encuentran pagadas, el último referid a una deuda de enero de 2024 ya pagada, siendo la última cuota adeudada; y entonces, a diciembre de 2024, diez meses después de devengada esa deuda, deciden cortar el suministro eléctrico.

Sostiene que dicho inmueble es su segunda vivienda y como tal los recurridos se abstuvieron en todo ese tiempo desde enero de 2024 hasta ahora de cobrar, considerando que todas las cuotas posteriores se encuentran pagadas, quedando al parecer totalmente a su arbitrio elegir el momento para disponer de los servicios básicos de su casa, a pesar que el Reglamento del domicilio reservado que se cortará el suministro eléctrico cuando se adeuden “tres o más cuotas consecutivas de gastos comunes”, siendo incluso aún más estricto que la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

Refiere que dicho reglamento fue establecido por los propios recurridos el año 2016, lo que ahora contravienen, fundándose arbitrariamente para justificar su actuar, según la carta que le adjuntaron, en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, pues señalan que en el artículo 20 N° 9, que: “Serán funciones del administrador: Suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, y con acuerdo del comité de administración, del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes.”

Arguye que, no obstante, la misma Ley N° 21.442 señala en su artículo 48 que para que un condominio pueda adscribirse a dicho régimen deberá contar con el Certificado de la Dirección de Obras Municipales, y además exige de parte del administrador estar inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, todo lo cual no se cumple respecto del condominio ni del Administrador, exigencias mínimas que deben concurrir para proceder conforme a la referida ley.

En tal escenario, estima que el administrador recurrido no tiene las facultades que se atribuye en su supuesta calidad de Administrador, lo que constituye evidentemente una vulneración a la igualdad ante la ley, puesto que procede coactivamente, con medidas de autotutela que están proscritas por el derecho, con el púnico objeto de compeler al pago de cuotas de gastos comunes, negándose a recurrir a un debido proceso.

Destaca que el fundamento del actuar de los recurridos radica en cuotas de gastos comunes prescritas, que datan de 2019 y 2020, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, señalando que todos los meses posteriores pagó los gastos comunes, electricidad y agua, quedando pendientes las deudas que no se han aclarado.

Agrega que el actuar ilegal y arbitrario de los hechores es reiterativo, pues ya en el año 2020 tuvo lugar una situación similar que fue objeto de una causa de Protección ante esta Corte de Apelaciones, Rol 11231-2020, que resultó acogido, al estimarse por los sentenciadores que los recurridos se excedieron en sus facultades, al haber preferido ejercer medidas de autotutela, debiendo haber optado por proceder por la vía civil, ordenándoseles a restablecer el imperio del derecho, reponiendo los servicios básicos interrumpidos en su propiedad.

Que, pese a lo determinado en dicha sentencia, varios años después, los recurridos siguen prefiriendo vías violentas no institucionales, para efectos de coaccionar o amedrentar al recurrente y su familia, medida coactiva que excede el reglamento y la ley.

Reitera que la única cuota de gastos comunes que se encuentra impaga es la de enero de 2019, la que se encuentra prescrita, lo mismo respecto de los otros dos cobros realizados por Empalmes 2020, al haber excedido con creces el tiempo de prescripción indicado en el artículo 2515 para este tipo de deudas y el resto de las deudas que se cobran ya se encuentran pagadas.

Afirma que, pese a lo dictaminado anteriormente, esas cuotas impagas en particular no habilitan a ejercer las medidas coactivas consagrados en el Reglamento de Copropiedad del domicilio reservado°, pues no concurre la hipótesis señalada en dicho artículo.

Atendida su apremiante condición de salud, señala que los recurridos afectan su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pues conociendo los recurridos que se encontraba convaleciente por las hospitalizaciones que le afectaron, aun así, insistieron en cortarle la energía eléctrica y agua potable, en especial porque sabían que se encontraba en el inmueble desde el lunes 4 de noviembre de 2024.

Asimismo, acusa la afectación de su derecho de propiedad, pues en el contexto de buscar vivir una mejor recuperación, junto con su grupo familiar, se trasladaron a la comuna de Pucón, pero debido al proceder de los recurridos, fue obligado a adquirir un generador eléctrico para abastecerse de agua, viéndose obligados a retornar a Concepción, aun habiéndose preparado para permanecer una larga temporada, en virtud de su complicada situación de salud.

Finalmente, reprocha la aplicación de apremios fuera de los casos establecidos por la Ley, creando una discriminación arbitraria e ilegal, ya que pese al aviso de deuda ascendente a un monto de $1.646.969, el Administrador se niega a responder sus llamadas o comunicaciones para efectos de pactar un convenio de pago, dejándolo la total indefensión.

Agrega que los recurridos se niegan a actuar conforme al Reglamento de Copropiedad del Condominio Portal del Volcán, aprobado por el Comité de Administración, el año 2016, el cual señala en su artículo 9° que se cortará el suministro eléctrico cuando se adeuden “tres o más cuotas consecutivas de gastos comunes, siendo incluso más estricto que la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Explica que dicha hipótesis no concurre en el caso de marras, puesto que las deudas en que se respaldan corresponden a enero de 2019 y agosto y septiembre de 2020.

Que dicha contravención del reglamento fue decisoria el año 2020 en la causa de protección presentada por el mismo recurrente y en contra de los mismos recurridos, donde se acogió el recurso, Rol 11231-2020, en la que esta Corte estimó que habían actuado conforme a medidas de autotutela que sólo es procedente en aquellos casos en que el ordenamiento jurídico la permite, constituyendo el actuar de los recurridos un actuación ilegal o arbitraria que es necesario reparar.

Destaca que los recurridos no alcanzan a actuar en representación del condominio al no estar investidos legalmente en tal carácter, para efecto de realizar las medidas coactivas que autorizaría la ley en cumplimiento de las condiciones, porque su actuar tienen lugar únicamente como persona natural, lo que simplemente lo torna aun más grave, arbitrario e ilegal y ello pues no se encuentran certificados como condominio y menos el administrador como tal, exigencia legal actualmente vigente y cuya ausencia impide la medida que por esta vía se reclama.

Pide, se acoja el recurso declarando que debe restablecerse el imperio del derecho ordenando a los recurridos que suspendan y dejen sin efecto el corte de energía eléctrica y agua potable del inmueble de su propiedad.

A folio 8, con fecha 23 de enero de 2025, comparecen los recurridos solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas. Informan que el recurrente ha mantenido una morosidad contumaz en relación con su obligación de pagar los gastos comunes del condominio; pese a ser reconvenido en múltiples ocasiones y por diversas vías, desde hace cerca de 2 años que mantiene impaga parte de las expensas comunes.

Que, en dicho contexto, el 3 de diciembre de 2024 se le envió carta, por mail, en el que se le hace presente la deuda que mantiene de gastos comunes por $1.612.969, de acuerdo al último estado de cobranza enviado el mes de noviembre, equivalente a más de 90 días de deuda acumulada, sin cobrarle intereses acumulados a entonces.

Explican que mantiene un histórico de 5 deudas: 1) Enero 2019: $269.521 (agua); 2) Agosto 2020: $395.264 (empalme CGE); 3) Septiembre 2020: $395.264 (empalme CGE); 4) Agosto 2021: $19.806 (abogado) y, 5) Enero 2024: $533.114 (gastos comunes): TOTAL: $1.612.969.

Agregan que por ser dicho monto una deuda superior al equivalente de más de tres meses de gastos comunes, le informaron que procederían a realizar el corte de energía eléctrica de su inmueble el jueves 5 de diciembre de 2024 a las 18:00 horas.

Indican que como es práctica habitual en la administración de condominios, en cada periodo de cobro de los gastos comunes, se detallan y cobran no solo los gastos devengados en dicho mes por propietario, sino que, además, aquellos montos adeudados y es por ello que el Reglamento de Copropiedad considera 3 cuotas continuas, pues en cada cuota está contenida la deuda del periodo anterior, de lo contrario bastaría con que cualquier copropietario dejara de pagar los gastos comunes cada mes por medio para que fuera inaplicable la facultad de suspender el servicio eléctrico.

Aseveran que en tal escenario y tal como se indica en la carta enviada al recurrente, la circunstancia de no haberse pagado aún el gasto común devengado en enero de 2024 significa que recurrente no pagó íntegramente, a la fecha de envío de la carta, el gasto común de febrero, ni el de marzo, ni el de abril, ni el de mayo, ni el de junio y así sucesivamente; es decir, el recurrente no ha pagado oportunamente el total de al menos tres cuentas consecutivas de gastos comunes.

Por otra parte, señalan que la expensas relativas a los empalmes de la CGE son gastos comunes extraordinarios de conformidad a los dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 21.442, conforme al cual estos son “todo otro gasto adicional y distinto a los gastos comunes ordinarios y las sumas destinadas a nuevas obras comunes”. Que por lo demás son expensas acordadas en asamblea extraordinaria y con el voto conforme del 78% de los copropietarios, y si bien fueron devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 21.442, lo cierto es que aquellos, al no haberse pagado en la oportunidad correspondiente, han formado parte del cobro de los gastos comunes que el condominio ha venido cobrando desde la entrada en vigor de dicha ley.

Afirman que, de lo expuesto, aparece que el recurrente se encontraba en la hipótesis de mora que, tanto de acuerdo con la Ley N° 21.442 como del Reglamento de Copropiedad, habilita al corte del servicio eléctrico, y es en ese contexto que se decidió tan drástica medida, la que se ejecutó el pasado 9 de diciembre.

Hacen presente que, sin embargo, sin mediar decisión alguna del Comité o la Administración y sin siquiera haber solicitado una orden de no innovar, el recurrente reconectó el servicio eléctrico.

En cuanto a la calificación de dicha medida coercitiva de corte de suministro eléctrico, como lo sostiene el recurrente, refieren que es una carga que se impone a aquellos que libremente han elegido vivir en comunidad y representa el reconocimiento que hace el legislador de que las acciones y omisiones en que incurren los comuneros afectan positiva o negativamente al resto de los comuneros y, por lo mismo, cualquiera sea la razón y sin excepción alguna, basta la verificación objetiva de los requisitos para que la Administración pueda aplicar la medida de suspensión de ciertos servicios.

Sostienen que en armonía con la exigencia legal, el Reglamento de Copropiedad del Condominio Portal del Volcán, antes aludido, entrega al Administrador la facultad para suspender o requerir la suspensión de los servicios de luz y gas, respecto de aquellas viviendas cuyos ocupantes hayan dejado de pagar oportunamente el todo o parte de tres cuentas consecutivas de gastos comunes, es más, agrega el referido reglamento que “la reposición del servicio solo se dispondrá una vez que se haya pagado el total de la deuda”, y al menos desde febrero de 2024 el recurrente no ha pagado íntegramente los gastos comunes, efectuando desde entonces solo pagos parciales.

Respecto al reproche sobre la falta de registro y certificado del Administrador, declaran que ello no es efectivo, pues de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, quienes ejercen como administradores tienen plazo hasta septiembre del año 2025 para inscribirse en el Registro Nacional de Administradores.

Destacan que, por su parte, el artículo 20 N° 9 de la Ley N° 21.442, establece que el Reglamento de Copropiedad sólo podrá autorizar al Administrador, previo acuerdo del Comité de Administración, a disponer el corte de suministro eléctrico de aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de 3 o más cuotas de gastos comunes, sin distinguir entre ordinarios o extraordinarios, por lo que de acuerdo a las reglas generales de interpretación, debe entenderse que la norma se refiere a ambas categorías.

Puntualizan que todo lo dicho demuestra que la medida de suspensión está lejos de ser ilegal y que, por el contrario, la decisión de la Administración del Condominio Portal del Volcán se ajustó estrictamente tanto al fondo como a la forma que para tal efecto prescribe la ley de copropiedad inmobiliaria; tampoco responde a un mero capricho ni a una ocurrencia antojadiza del Comité de Administración sino que se trata de una respuesta institucional a una conducta disruptiva de uno de los miembros de la comunidad, la que se arrastra hace meses y que deteriora la convivencia interna.

Respecto a la suspensión del suministro de agua como consecuencia de la medida que se impugna, señalan que no es efectivo, pues el condominio cuenta con un empalme comunitario a la red de Aguas Araucanía con el que se surte de agua a todas las unidades del condominio y por cuyo consumo se cobra a cada propietario de acuerdo con los remarcadores instalados en cada vivienda.

Por último, descartan la afectación de las garantías constitucionales que se invocan como infringidas, por cuanto no es efectivo que el inmueble del actor quede privado del suministro de agua potable, como explicaron, y no se vislumbra cómo la medida de suspensión del servicio eléctrico haya amenazado en forma seria la vida o la integridad del recurrente, quien no solo dispone de al menos otra vivienda, donde tienen su domicilio y reside habitualmente, sino que, además, jamás se vio privado de agua potable. No se puede afectar la igualdad ante la ley, pues la suspensión en cuestión se aplica a todos los copropietarios acogidos a la Ley N° 21.442 y que se encuentren en mora de pagar 3 o más gastos comunes, siendo una medida general prevista en la ley, norma objetiva que no considera excepciones; y, por último, la supuesta afectación al derecho de propiedad que se sostiene solo demuestra la postura individualista que tiene el recurrente respecto al mismo, el que hoy por hoy tiene limitaciones, por ejemplo, en la copropiedad, por la cual se trata de defender a los copropietarios de los que pese a someterse a ella, luego pretenden desconocerla, buscando el bien común por sobre los intereses particulares de sus miembros.

Se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente para la audiencia del día 25 de febrero de 2024, oportunidad en que concurrieron los abogados de las partes, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha asentado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

De lo dicho, se desprende, que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto u omisión, ilegal o arbitraria, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse esta Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

SEGUNDO: Que, de igual forma, como se ha sostenido sin discusión por la jurisprudencia, la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objetivo está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo del presente recurso, la medida de corte o suspensión del suministro de energía eléctrica efectuada por los recurridos se tilda y/o califica de arbitraria e ilegal por la recurrente. Estima que no se cumplen los presupuestos legales para su procedencia, ya que el reglamento de copropiedad exige, para proceder a su ejecución, que se adeuden a lo menos tres meses consecutivos de gastos comunes; porque no corresponde aplicar la Ley N° 21.442 con la hipótesis menos exigente toda vez que el propio reglamento exige un presupuesto diverso y así se obligó de propio la comunidad y, por cuanto es una medida de autotutela que no considera su situación compleja de salud que importa incluso el corte del agua potable y sólo busca coaccionarlo al pago total de una deuda cuyos montos y conceptos discute, sin perjuicio de hacer presente que sobre la misma materia ya se pronunció esta Corte en el año 2020, calificando la misma conducta, basada en los mismos cobros, como ilegal, ordenando el restablecimiento del suministro eléctrico.

CUARTO: Que, no hay controversia en el caso sub-lite de la suspensión del servicio de energía eléctrica respecto de la unidad de que es propietario el recurrente. De esta forma, el quid del asunto se centra en determinar, en consecuencia, si dicha suspensión fue efectuada de forma arbitraria e ilegal.

QUINTO: Que, a este respecto es necesario tener presente y traer a colación la actual normativa contenía en la Ley N° 21.442 que regula la copropiedad inmobiliaria y establece los lineamientos aplicables a los procedimientos y materias relacionadas con la cuestión que es objeto de controversia en el presente recurso.

En este sentido en el N°9 del artículo 20, se dispone que serán funciones del administrador “Suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, y con acuerdo del comité de administración, del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes”

Por su parte, el Reglamento de Copropiedad del referido condominio, en su artículo 9: “Medidas coactivas del Administrador. El Administrador, previo informe al Comité de Administración y de acuerdo a las facultades que le confiere la ley de Copropiedad Inmobiliaria, queda expresamente facultado para suspender requerir la suspensión de los servicios de luz y gas, respecto de aquellas viviendas cuyos ocupantes hayan dejado de pagar oportunamente el todo o parte de tres cuentas consecutivas de gastos comunes. La reposición del servicio solo se dispondrá una vez que se haya pagado el total de la deuda… “ SEXTO: Que, de lo anterior, es un hecho de la causa que el Reglamento de la Comunidad ha establecido una hipótesis que habilita la suspensión de los servicios básicos, haciendo eco de lo que prescribe la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, pero en una forma mucho más restringida, exigiendo que la morosidad sea de a lo menos del todo o parte de tres cuentas consecutivas de gastos comunes, es decir, tres meses consecutivos impagos total o parcialmente, presupuesto fáctico que de no verificarse impide ejecutar la medida coactiva en cuestión sin que sea posible aplicar, según lo estime el Comité de Administración del Condominio, lo que establece la Ley N° 21.442, cuando le sea más conveniente a sus intereses.

De estimarse lo contrario, se priva de validez al Reglamento del que se ha provisto la propia comunidad que, si bien se rige efectivamente en la mencionada ley, ha adoptado una postura más severa para la aplicación de la medida, siendo ésta la regla que impera en caso de querer hacerla efectiva, privando de aplicación a la ley que sólo podría invocarse en caso de que el reglamento no se ocupara del asunto, lo que en el caso de marras no ocurre.

SÉPTIMO: Que, despejado el contexto normativo de autos, debe tenerse presente que los recurridos, abogan por la legalidad de su proceder, además, interpretando a su favor el artículo 9° citado precedentemente, conforme a lo cual entienden que la deuda puede generarse en cualquier mensualidad, aún cuando se refiera a un periodo, ya que aquella se traspasa a los meses sucesivos hasta su pago, y con ello, atendido el tiempo transcurrido, afirman que se configura la hipótesis y el corte de suministro es plenamente procedente.

OCTAVO: Que, aquel ejercicio de hermenéutica que proponen los recurridos carece de sustento, y sólo permite advertir que se aparta del claro tenor literal de la disposición, la cual exige montos adeudados correspondientes a tres meses consecutivos, lo que en ningún caso concurre respecto de la morosidad del Sr. nombre reservado, quien debe periodos discontinuos de distintos años, lo que lleva indefectiblemente a desestimar la legalidad de la medida ejercida por la Administración del Comité.

NOVENO: Que, del mismo modo, resulta ser tal acto arbitrario, por cuanto al decretarlo ha incurrido en el mismo actuar ilegal y arbitrario establecido en la sentencia dictada con fecha 30 de abril de 2021, por esta Corte, en recurso de Protección Rol N° 11231-2020 seguido entre las mismas partes, y que recayó sobre los mismo conceptos de gasto común impago que actualmente se persiguen, lo que demuestra, además, la reticencia de los recurridos en orden a cumplir el Reglamento de Copropiedad que los rige y que no ha sido modificado a la fecha.

Conviene aclarar que, si bien se indicó que a la fecha del informe el recurrente adeudaba los gastos comunes correspondientes al mes de febrero de 2024, aquello al momento de la vista del recurso, se reconoció como saldado, quedando vigentes las mismas deudas que fundaron el corte de suministro que afectó al Sr. nombre reservado en el año 2020.

DÉCIMO: Que, finalmente, el acto determinado como arbitrario e ilegal, le causa al recurrente las consecuencias perniciosas contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en cuanto trae aparejada una lesión de los derechos denunciados y de la forma que fuera expuesta y denunciada por éste.

UNDÉCIMO: Que, en resumen y de forma palmaria, se constata que el acto denunciado por el recurrente -suspensión del suministro de energía eléctrica- resultó ser del todo arbitrario e ilegal, por cuanto si bien dicha suspensión fue adoptada por quienes si establan revestido de las facultades para hacerlo -el Administrador-, éste no se efectuó en la hipótesis exigida en el Reglamento aplicable, lo cual no hace sino acoger la acción cautelar intentada como se dirá en lo resolutivo.

Por todas estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, estimándose que el acto impugnado es arbitrario e ilegal, se declara que SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Presidente del Comité de Administración del Condominio Portal del Volcán, don nombre reservado, del Tesorero del Comité don nombre reservado, del Administrador del Condominio Portal del Volcán don nombre reservado, y su ayudante de administración don nombre reservado, todos ya individualizados y, en consecuencia, se dispone que se deberá reponer el recurrente el servicio básico de energía eléctrica respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, absteniéndose de interrumpirle dicho servicio, debiendo, en su caso, ceñirse para ello estrictamente a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria en relación a las disposiciones contenidas en su Reglamento de Copropiedad vigente.

Regístrese y notifíquese.

Redacción a cargo del Sr. Ministro don Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-9487-2024. (csd)