nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, quien viene en interponer la presente acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, alegando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta número 2600100126297, de 4 de marzo del 2026, que rechazó su solicitud de residencia definitiva, dispuso el abandono del país dentro de quince días y estableció una prohibición de ingreso por cinco años, por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República y pide que se deje sin efecto dicha resolución y se otorgue la residencia definitiva o, subsidiariamente, se efectúe una nueva revisión documental.

Señala que, nació el 12 de octubre de 1998 en Japón, posee nacionalidad brasileña y residió durante su infancia en aquel país, trasladándose posteriormente a Brasil. Indica que, en el año 2021 ingresó a Chile y obtuvo permisos de residencia temporal, solicitando residencia definitiva el 25 de octubre del 2024. Expone que, el Servicio Nacional de Migraciones le requirió un certificado de antecedentes penales de Japón, documento que afirma no poder obtener por haber residido allí siendo menor de catorce años, invocando al efecto el artículo 41 del Código Penal japonés.

Relata que, consultó al Consulado de Japón en Chile y que posteriormente acudió al Servicio Nacional de Migraciones en Temuco. Explica que, además, acreditó el inicio de actividades y acompañó antecedentes relativos a sus ingresos. Señala que, pese a ello, el 4 de marzo del 2026 se rechazó su solicitud por no acreditar sustento económico y no acompañar el certificado de antecedentes penales de Japón.

Argumenta que, la decisión afecta su integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, protegidos por el artículo 19 números 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. Añade que la resolución carecería de proporcionalidad y fundamentación, invocando los artículos 11 y 41 de la Ley número 19.880, el artículo 129 de la Ley número 21.325 y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta número 2600100126297 y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones otorgarle la residencia definitiva o, subsidiariamente, efectuar una nueva revisión documental y resolver conforme a derecho.

A su acción de protección acompañó como pruebas copia de cédula de identidad chilena; copia de cédula de identidad brasileña; copia de pasaporte brasileño; fotografía de registro de nacimiento japonés; transcripción del certificado de nacimiento brasileño; declaración de antecedentes criminales de Brasil; certificado de inscripción en escuela primaria de Japón; declaración jurada de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos; captura de correo electrónico del Consulado de Japón; Resolución Exenta número 2600100126297 de 4 de marzo del 2026; estampado electrónico número 493950 del Servicio Nacional de Migraciones; solicitud de documentos adicionales y pago de derechos de 24 de diciembre del 2024; comprobante de transacción de la Tesorería General de la República de 30 de diciembre del 2024; notificación previa al rechazo de 9 de octubre del 2025; copia de correos electrónicos intercambiados con el Servicio Nacional de Migraciones.

A folio 12 comparece Carlos Alfonso Manque Pérez, abogado y mandatario judicial del Servicio Nacional de Migraciones, quien viene en informar respecto de la presente acción constitucional de protección, y señala que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, dentro de un procedimiento regulado por la Ley número 21.325 y su reglamento, luego que la solicitante no acompañara los antecedentes requeridos para obtener la residencia definitiva, y pide que la acción sea rechazada íntegramente por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario.

Señala que, el 25 de octubre del 2024 se presentó la solicitud de residencia definitiva y que el 24 de diciembre del 2024 se advirtió la falta del certificado de antecedentes del país de origen, Japón, requiriéndose su subsanación. Indica que, el 6 de marzo del 2025 y nuevamente el 1 de noviembre del 2025 se efectuaron actuaciones previas al rechazo debido a la falta de dicho antecedente. Expone que, mediante notificación electrónica de 20 de noviembre del 2025 se comunicaron las razones que podían determinar el rechazo, otorgándose diez días para presentar antecedentes conforme al artículo 91 de la Ley número 21.325.

Explica que, el 4 de marzo del 2026 se dictó la Resolución Exenta número 2600100126297, debido a que no se acompañó documentación suficiente para acreditar la actividad desarrollada en Chile o el sustento económico ni el original del certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado o apostillado, configurándose las causales previstas en el artículo 88 de la Ley número 21.325.

Argumenta que, conforme al artículo 157 número 5 de la Ley número 21.325 y al artículo 42 del Decreto Supremo número 296 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia, por lo que la resolución impugnada fue pronunciada por la autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.

Indica que, el inciso segundo del artículo 78 de la Ley número 21.325 exige a quien postula a residencia definitiva cumplir los requisitos establecidos en la ley, su reglamento y el decreto que fija las subcategorías migratorias correspondientes. Añade que entre los antecedentes exigidos se encuentra el certificado de antecedentes del país de origen apostillado o debidamente legalizado, obligatorio para mayores de dieciocho años, y que la interesada no subsanó la causal comunicada.

Expone que, antes de dictarse el acto terminal se otorgó a la interesada la posibilidad de presentar nuevos antecedentes durante diez días, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley número 21.325. Agrega que el procedimiento concluyó mediante resolución final conforme al artículo 40 de la Ley número 19.880.

Explica que, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley número 21.325, el rechazo de un permiso de residencia determina que la autoridad fije un plazo para abandonar el país. Añade que en la resolución se reservaron los recursos previstos en la Ley número 19.880 y que, conforme a los artículos 139 y 140 de la Ley número 21.325, aquellos producen efecto suspensivo.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se rechace la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no haber incurrido el Servicio Nacional de Migraciones en acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas.

A su informe acompañó los siguientes documentos copia de escritura pública de mandato judicial, Repertorio número 795 del año 2024, de 14 de febrero del 2024, otorgada ante el Notario Público de Temuco Jorge Elías Tadres Hales; copia de la Resolución Exenta número 2600100126297, de 4 de marzo del 2026, del Servicio Nacional de Migraciones.

Con fecha 3 de julio del 2026 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección está destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, producida por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar debida protección al afectado. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la procedencia de la referida acción la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

SEGUNDO: Que en la especie, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta número 2600100126297, de 4 de marzo del 2026, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por la actora, dispuso su abandono del territorio nacional dentro del plazo de quince días y estableció una prohibición de ingreso por cinco años. La decisión se sustentó en que la interesada no acompañó documentación suficiente para acreditar la actividad desarrollada en Chile o su sustento económico ni remitió el original del certificado de antecedentes de su país de origen, Japón, debidamente legalizado o apostillado.

TERCERO: Que el artículo 157 número 5 de la Ley número 21.325 entrega al Servicio Nacional de Migraciones la atribución de resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia. Sin embargo, que la resolución impugnada haya sido dictada por la autoridad competente no excluye el examen de su razonabilidad, pues el ejercicio de dicha potestad debe considerar las circunstancias particulares del caso y los antecedentes proporcionados por la persona interesada.

CUARTO: Que en este orden de ideas, la recurrente explicó que, aun cuando nació en Japón, posee nacionalidad brasileña y abandonó aquel país durante su infancia, trasladándose posteriormente a Brasil. Asimismo, sostuvo que no puede obtener el certificado de antecedentes penales japonés debido a que residió en ese país únicamente siendo menor de edad. Tales circunstancias fueron expresamente planteadas para explicar la imposibilidad de satisfacer el requerimiento documental que le formulaba la autoridad.

QUINTO: Que si bien el artículo 78 de la Ley número 21.325 exige a quien solicita residencia definitiva cumplir los requisitos establecidos por la normativa migratoria y corresponde al interesado aportar los antecedentes necesarios para acreditarlos, la autoridad debe ponderar las circunstancias particulares que se invoquen para justificar la imposibilidad de acompañar un determinado documento. En la especie, la resolución impugnada se limita a constatar la falta del certificado de antecedentes penales de Japón, sin hacerse cargo suficientemente de que la recurrente es de nacionalidad brasileña, que salió de Japón siendo menor de edad y que afirma encontrarse imposibilitada de obtener dicho documento. En tales condiciones, mantener su exigencia como presupuesto indispensable para resolver la solicitud, sin determinar si la información requerida podía acreditarse mediante otros antecedentes idóneos, importa aplicar una exigencia general sin atender suficientemente a las particularidades del caso, tornando arbitraria la decisión adoptada.

SEXTO: Que por consiguiente, la presente acción será acogida únicamente en cuanto se dejará sin efecto la resolución impugnada para que el Servicio Nacional de Migraciones efectúe una nueva evaluación de los antecedentes de la solicitud de residencia definitiva, sin exigir a la recurrente el certificado de antecedentes penales de Japón ni considerar su falta como causal de rechazo. Lo anterior no importa reconocerle un derecho a obtener la residencia definitiva ni sustituir a la autoridad administrativa en las atribuciones que legalmente le corresponden, debiendo esta ponderar los restantes antecedentes y requisitos aplicables y adoptar, conforme a derecho, un nuevo pronunciamiento.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en las disposiciones pertinentes de la Ley número 21.325 de Migración y Extranjería, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta número 2600100126297, de 4 de marzo del 2026, debiendo el Servicio Nacional de Migraciones evaluar nuevamente los antecedentes de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, sin exigir para ello el certificado de antecedentes penales de Japón ni fundar un eventual rechazo en la falta de dicho documento, debiendo resolver la solicitud conforme a derecho y sobre la base de los restantes antecedentes y requisitos aplicables.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente doña Viviana Ibarra Mendoza.

N° Protección-948-2026.(csd)