Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco Temuco, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad pública representada legalmente por doña nombre reservado, Superintendenta de Seguridad Social, o por quien legalmente la subrogue o represente, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando que esta Ilustrísima Corte adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales vulneradas.

En síntesis, sostiene que la Resolución Exenta N.° R 01-UJU-179260-2025, de 26 de diciembre de 2025, nunca le fue notificada conforme a la Ley N.° 19.880, por lo que afirma haber tomado conocimiento efectivo de ella únicamente al concurrir personalmente a las dependencias de la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en consecuencia que el recurso fue interpuesto dentro del plazo legal.

Expone que la nombre reservado rechazó la licencia médica emitida a raíz de una lesión que requirió intervención quirúrgica, decisión que posteriormente fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social. Señala que el rechazo se fundó, principalmente, en la coincidencia del médico tratante con otros trabajadores, en el nivel de las remuneraciones declaradas y en la existencia de vínculos laborales entre personas relacionadas con las empresas Digital Ingeniería Inversiones SpA y Constructora e Inmobiliaria M&P SpA, antecedentes que, a juicio de la autoridad, generaban dudas sobre la efectividad de la relación laboral.

Afirma que tales conclusiones carecen de sustento, pues la relación existente entre ambas sociedades obedece a la complementariedad de sus actividades, circunstancia que justifica que un mismo trabajador desempeñe funciones en ellas. Agrega que el expediente administrativo contenía antecedentes suficientes para acreditar la existencia y ejecución efectiva del vínculo laboral, tales como contrato de trabajo, liquidaciones de remuneraciones, pago de cotizaciones previsionales, transferencias bancarias y documentación societaria, los cuales fueron omitidos o insuficientemente valorados por la autoridad administrativa.

Sostiene que la resolución impugnada incurre en falta de fundamentación, al limitarse a afirmar la inexistencia de "huellas laborales" sin explicar por qué la documentación aportada resultaba insuficiente para acreditar la efectiva prestación de servicios. Añade que la decisión es contradictoria, pues reconoce disponer de todos los antecedentes necesarios para resolver, pero simultáneamente concluye que éstos no permiten acreditar la relación laboral.

Asimismo, alega que la Superintendencia incurre en infracción al principio de juridicidad al sostener que carece de competencia para pronunciarse sobre la existencia del vínculo laboral y, al mismo tiempo, fundar precisamente en dicha circunstancia el rechazo de la reclamación administrativa. Del mismo modo, estima vulnerada el debido proceso administrativo, al exigírsele la interposición de un nuevo recurso acompañado de antecedentes que ya habían sido oportunamente incorporados al procedimiento.

En definitiva, sostiene que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social es ilegal y arbitraria, por carecer de una motivación suficiente, prescindir de la prueba rendida, incurrir en contradicciones y vulnerar los principios de legalidad, fundamentación, economía procedimental y debido proceso administrativo. Afirma que ello afecta las garantías constitucionales relativas a la igualdad ante la ley, la protección de la salud, la prohibición de discriminación arbitraria y el derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución Exenta N.° R 01-UJU-179260-2025 y las demás resoluciones que confirmaron el rechazo de la licencia médica, se ordene dictar una nueva resolución que disponga su aprobación y el pago del correspondiente subsidio por incapacidad laboral, con costas.

Acompaña a su recurso Resolución Exenta N° R 01-UJU-179260-2025, de fecha 26 de diciembre de 2025, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, cuya legalidad y constitucionalidad se impugnan mediante el presente recurso.

A folio 9, comparece la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien evacúa el informe requerido en autos, solicitando en primer lugar declarar la extemporaneidad del recurso de protección, por haber sido interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días corridos previsto para esta acción constitucional.

Sostiene que el recurso de protección, presentado el 19 de marzo de 2026, fue deducido fuera del plazo legal ya que el recurrente había reclamado previamente ante la Superintendencia de Seguridad Social el 4 de noviembre de 2025, impugnando el rechazo de la licencia médica N.° RUT reservado efectuado por la Subcomisión Cautín de la nombre reservado de la Región de La Araucanía. Dicha reclamación fue desestimada mediante Resolución Exenta N.° R-01-UJU-179260-2025, de 26 de diciembre de 2025, resolución que fue notificada ese mismo día al correo electrónico proporcionado por el propio recurrente.

En consecuencia, afirma que el plazo de treinta días corridos para deducir el recurso de protección comenzó a correr el 26 de diciembre de 2025 y expiró el 26 de enero de 2026, por lo que la acción, presentada el 19 de marzo de 2026, resulta manifiestamente extemporánea.

Añade que el recurrente pretende utilizar el recurso de protección como una nueva instancia para obtener la autorización de licencias médicas que ya fueron rechazadas en sede administrativa, desnaturalizando la finalidad de esta acción cautelar. Señala que, conforme al Decreto Supremo N.° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la competencia para autorizar, rechazar o modificar licencias médicas corresponde a las nombre reservado o a las ISAPRE, según corresponda, por lo que la acción debió dirigirse oportunamente contra el órgano que adoptó la decisión original.

Asimismo, sostiene que la reclamación deducida ante la Superintendencia de Seguridad Social no suspendió ni interrumpió el plazo para interponer el recurso de protección, pues el artículo 54 de la Ley N.° 19.880 no resulta aplicable a esta acción constitucional, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que permite su ejercicio sin perjuicio de las demás acciones que puedan hacerse valer.

Agrega que, si el recurrente estimaba ilegales o arbitrarias las resoluciones de la nombre reservado, debió interponer el recurso de protección desde que tomó conocimiento de ellas, sin esperar el resultado de las reclamaciones administrativas. En este sentido, invoca lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución y en el numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, que establecen el plazo fatal de treinta días corridos desde la ejecución del acto impugnado o desde el conocimiento cierto del mismo, citando como respaldo jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N.° 37.086-2019).

Finalmente, sostiene que una interpretación distinta permitiría renovar indefinidamente el plazo para recurrir mediante la interposición de sucesivas reclamaciones administrativas, transformando al recurso de protección en una instancia revisora del procedimiento administrativo, en contradicción con su naturaleza excepcional. Por ello, solicita que el recurso sea rechazado por extemporáneo, con expresa condena en costas.

En subsidio de la alegación de extemporaneidad, solicita que la acción de protección sea declarada improcedente, por cuanto la materia debatida dice relación con un derecho integrante del sistema de seguridad social, específicamente aquel reconocido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida entre aquellas amparadas por la acción cautelar prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Expone que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica, emitida conforme al artículo 149 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y al Decreto Supremo N° 3 de 1984 del mismo Ministerio; las reconsideraciones y apelaciones deducidas respecto de las resoluciones pronunciadas por las Instituciones de Salud Previsional o las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez; así como el pago del subsidio por incapacidad laboral regulado en el DFL N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, constituyen materias propias del Derecho de la Seguridad Social.

Sostiene que la controversia planteada por el recurrente recae precisamente sobre un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido por el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política, garantía que no forma parte del catálogo taxativo protegido mediante la acción de protección, añadiendo que la acción de protección constituye un procedimiento cautelar de urgencia y de carácter excepcional, cuya procedencia se encuentra estrictamente limitada a aquellos casos en que un acto u omisión arbitrario o ilegal afecta alguna de las garantías constitucionales expresamente contempladas por el constituyente.

Afirma que dicha acción debe recibir una interpretación restrictiva, reservándose únicamente para hipótesis de infracciones manifiestas a derechos fundamentales que, por su naturaleza, requieren una tutela inmediata, de manera que tratándose de una materia perteneciente al ámbito de la seguridad social, sostiene que la acción constitucional resulta improcedente aun cuando el recurrente alegue una eventual amenaza o perturbación del derecho invocado, toda vez que el artículo 20 de la Constitución no contempla tutela respecto de la garantía prevista en el numeral 18 del artículo 19, solicitando que, antes de entrar al análisis del fondo del asunto, la Ilustrísima Corte declare improcedente la acción constitucional, con expresa condena en costas.

En el segundo otrosí, en subsidio de las alegaciones anteriores, evacúa el informe requerido en relación al fondo del asunto, explicando que el sistema chileno de seguridad social contempla cobertura frente a las distintas contingencias que afectan la capacidad laboral de los trabajadores, que tratándose de incapacidades temporales para el trabajo, el ordenamiento jurídico establece el beneficio denominado licencia médica, regulado en el DFL N° 1 de 2005 y en el Decreto Supremo N° 3 de 1984, ambos del Ministerio de Salud, señalando que la licencia médica, una vez autorizada por la nombre reservado o la ISAPRE competente, puede generar el derecho al subsidio por incapacidad laboral, regulado por el DFL N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o bien al pago íntegro de remuneraciones tratándose de trabajadores sometidos a estatutos especiales.

Precisa que el objeto de la licencia médica consiste en permitir al trabajador ausentarse justificadamente de sus labores durante el período de reposo prescrito, con el propósito de recuperar su salud y reincorporarse posteriormente a sus funciones, señalando que el artículo 149 del DFL N° 1 reconoce el derecho al subsidio por enfermedad para los trabajadores dependientes e independientes que hagan uso de licencia médica por enfermedad común o accidente no laboral.

A continuación, desarrolla detalladamente los requisitos legales que deben cumplir los trabajadores dependientes para acceder al subsidio por incapacidad laboral, consistentes en: contar con licencia médica autorizada; mantener seis meses de afiliación previsional; registrar tres meses de cotizaciones dentro de los seis meses anteriores al inicio de la licencia, con las reglas especiales aplicables a trabajadores por jornada o por turnos; mantener contrato de trabajo vigente.

Da cuenta de los requisitos exigidos para los trabajadores independientes, señalando que éstos deben contar con licencia médica autorizada; mantener doce meses de afiliación al sistema de salud; registrar al menos seis meses de cotizaciones dentro del período respectivo y encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones previsionales, haciendo referencia al régimen previsto en el artículo 89 del Decreto Ley N° 3.500 respecto de los trabajadores independientes, explicando las reglas tributarias relativas a las rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, precisando el concepto de ocupación lucrativa y la regulación aplicable a los afiliados voluntarios contemplada en el artículo 92 J del mismo cuerpo legal, señalando que el artículo 156 del DFL N° 1 extiende este régimen también a los afiliados a instituciones de salud previsional.

Detalla que en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 de 1984, se define la licencia médica como el derecho del trabajador para ausentarse o reducir su jornada laboral por un período determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada y autorizada por la autoridad competente, durante cuya vigencia puede acceder al subsidio correspondiente, indicando que el subsidio por incapacidad laboral se encuentra regulado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En cuanto a la situación del señor nombre reservado expone que presenta, con fecha 4 de noviembre de 2025, una reclamación en contra de la Subcomisión Cautín de la nombre reservado de la Región de La Araucanía, debido a que dicho organismo no autorizó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por treinta días a contar del 10 de agosto de 2025, decisión respecto de la cual manifiesta su disconformidad, indicando que la citada Subcomisión informa que la licencia médica permanece pendiente de resolución definitiva, por cuanto aún no son acompañados todos los antecedentes requeridos dentro del procedimiento de fiscalización del vínculo laboral, antecedentes que estima indispensables para determinar la procedencia del subsidio por incapacidad laboral.

Refiere que la documentación previamente presentada por el interesado ya obra en poder de la Unidad respectiva; sin embargo, continúa pendiente la entrega de los antecedentes adicionales solicitados, circunstancia que consta expresamente en la cartola médica, añadiendo que, durante el proceso de fiscalización, se detectaron diversos factores de alerta que justificaron mantener la licencia en revisión, entre ellos: un incremento significativo y concentrado de las cotizaciones previsionales en los meses inmediatamente anteriores al inicio del reposo médico; la existencia de licencias médicas coincidentes entre el trabajador, su empleador y otra trabajadora perteneciente a empresas relacionadas; la emisión reiterada de dichas licencias por un mismo profesional tratante; la falta de continuidad en las cotizaciones previsionales, registrándose únicamente en períodos cercanos a las licencias médicas.

Asimismo, informa que el empleador no aportó antecedentes suficientes que permitieran acreditar el desarrollo efectivo de la relación laboral, destacando especialmente la ausencia de: respaldo documental de las funciones desempeñadas; correos electrónicos que acrediten el flujo efectivo de operaciones; comprobantes regulares de pago de remuneraciones; antecedentes relativos al trabajador designado para efectuar el reemplazo.

Expone que únicamente se acompañó una transferencia bancaria correspondiente al mes de abril de 2024, realizada incluso con posterioridad al inicio de la fiscalización, sin que exista respaldo de pagos anteriores ni continuidad en las remuneraciones, añadiendo que, aun cuando el contrato de trabajo señala encontrarse sujeto al artículo 22 del Código del Trabajo, la ausencia de antecedentes objetivos que acrediten el ejercicio efectivo de funciones, unida a los vínculos existentes entre trabajador y empleador dentro de empresas relacionadas, impide acreditar adecuadamente la existencia de una relación de subordinación y dependencia, de manera que no procede autorizar el pago del subsidio por incapacidad laboral solicitado.

Manifiesta que, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica persigue dos objetivos esenciales: justificar la ausencia del trabajador respecto de sus funciones; y permitir el otorgamiento del subsidio destinado a reemplazar la remuneración durante el período de incapacidad laboral, señalando que tales finalidades sólo pueden cumplirse cuando quien presenta la licencia acredita efectivamente su calidad de trabajador.

Explica que el vínculo laboral debe demostrarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas, razón por la cual la sola exhibición de documentos formales (como contratos de trabajo, certificados del empleador, registros de asistencia, liquidaciones de remuneraciones o comprobantes de cotizaciones previsionales) resultando insuficiente para acreditar el desarrollo efectivo de una actividad laboral, añadiendo que precisamente las labores de fiscalización tienen por objeto impedir el otorgamiento improcedente de subsidios derivados de licencias médicas respecto de personas que no acrediten realmente la condición de trabajadores.

No obstante lo anterior, reconoce que la Superintendencia ha debido modificar el criterio anteriormente utilizado respecto de la acreditación del vínculo laboral, atendida la jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia, citando la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 28 de marzo de 2024, Rol N° 1996-2023, en la cual se sostiene que determinar la existencia de una relación laboral bajo subordinación y dependencia excede las facultades legales conferidas a la Superintendencia de Seguridad Social, por tratarse de una materia reservada al conocimiento de los tribunales de justicia y sobre la base de dicho criterio jurisprudencial, señala que la Superintendencia carece de competencia para declarar la existencia o inexistencia del vínculo laboral, razón por la cual no puede emitir un pronunciamiento definitivo sobre dicha materia.

Expone que, atendidos los antecedentes disponibles, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-179260-2025, de fecha 26 de diciembre de 2025, se resolvió rechazar la reclamación formulada por el señor nombre reservado, dejando expresamente establecido que éste puede solicitar una nueva revisión directamente ante la Subcomisión Cautín, acompañando antecedentes que acrediten efectivamente las funciones desarrolladas y que constituyan huellas laborales suficientes, añadiendo que, tras las sucesivas revisiones efectuadas durante la tramitación administrativa, la Subcomisión mantiene la licencia médica en estado de revisión, debido a que continúan sin presentarse los antecedentes indispensables para concluir la fiscalización del vínculo laboral.

Precisa que, si bien parte de la documentación fue oportunamente acompañada, subsiste la omisión de antecedentes relevantes expresamente requeridos, circunstancia que impide verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para acceder al subsidio, señalando igualmente que la falta de antecedentes resulta aún más significativa considerando la concurrencia de diversos factores de alerta detectados durante la fiscalización, tales como: incremento significativo y concentrado de cotizaciones previsionales inmediatamente antes del inicio del reposo; existencia de licencias médicas coincidentes entre trabajador, empleador y terceros pertenecientes a empresas relacionadas; ausencia de continuidad en las cotizaciones previsionales; inexistencia de antecedentes objetivos que acrediten el efectivo desempeño de labores; acompañamiento de una única transferencia bancaria, sin respaldo de pagos periódicos de remuneraciones.

Argumenta que, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 de 1984, el derecho al subsidio presupone necesariamente la existencia de una actividad laboral efectiva que permita justificar el reemplazo de la remuneración durante el período de incapacidad, reiterando que la Superintendencia no fundamenta su decisión en una declaración acerca de la existencia o inexistencia del vínculo laboral, cuestión reservada exclusivamente a los tribunales de justicia, sino únicamente en la insuficiencia de antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para acceder al subsidio por incapacidad laboral.

Afirma que el rechazo de la reclamación se encuentra plenamente justificado y ajustado a derecho, por cuanto el recurrente no logra acreditar los presupuestos legales indispensables para obtener el beneficio solicitado, estimando que los antecedentes aportados durante la tramitación administrativa no permiten desvirtuar lo resuelto por el organismo fiscalizador, razón por la cual corresponde mantener la improcedencia del pago del subsidio por incapacidad laboral.

En lo referente a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, sostiene que toda su actuación en el presente caso se ajusta estrictamente al marco constitucional, legal y reglamentario que regula sus atribuciones y funciones fiscalizadoras. Afirma que las decisiones adoptadas se encuentran plenamente respaldadas por las normas que disciplinan el ejercicio de sus competencias y por el mandato constitucional de supervigilar el adecuado funcionamiento del sistema de seguridad social.

Expone que, conforme al inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, función que la ley encomienda a la Superintendencia de Seguridad Social, añadiendo que el artículo 3° de la Ley N° 16.395 dispone que dicho organismo constituye la autoridad técnica encargada de fiscalizar las instituciones de previsión social dentro del ámbito de su competencia.

Asimismo, señala que el inciso segundo del mismo artículo establece que dicha supervigilancia comprende los ámbitos médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, además de la calidad y oportunidad de las prestaciones otorgadas, añadiendo que el artículo 27 de la Ley N° 16.395 dispone que, en todas aquellas materias que no correspondan a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud permanece sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social.

Expone igualmente que el artículo 38 de la citada ley, especialmente en sus letras d) y e), le atribuye las siguientes funciones: impartir instrucciones destinadas al mejor otorgamiento de los beneficios previsionales; fijar la interpretación administrativa de las leyes y reglamentos sobre seguridad social; ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que ajusten su actuación a dicha interpretación, agregando que, con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, la Superintendencia asume nuevas funciones destinadas a garantizar el correcto otorgamiento y utilización de las licencias médicas, velando simultáneamente por la adecuada protección de los afiliados tanto al Fondo Nacional de Salud como a las Instituciones de Salud Previsional, de manera que el actuar desarrollado en el caso del señor nombre reservado corresponde al ejercicio regular de las atribuciones que el legislador expresamente le ha conferido, descartándose toda actuación arbitraria o ilegal.

Argumenta que del examen de los antecedentes no es posible advertir de qué forma concreta la actuación del organismo recurrido habría afectado dichas garantías constitucionales, señalando que la Superintendencia únicamente ejerce las facultades que la ley le atribuye, actuando siempre dentro del principio de legalidad y sobre la base de criterios técnicos y objetivos, indicando que la resolución impugnada se adopta luego del análisis de los antecedentes proporcionados por el propio interesado, concluyéndose fundadamente que éstos no permiten acreditar la existencia de un vínculo laboral efectivo ni la calidad de trabajador dependiente al momento de emitirse las licencias médicas cuya autorización se pretende.

Asevera que la resolución administrativa se encuentra suficientemente motivada tanto en los antecedentes contenidos en el expediente administrativo como en las normas contenidas en el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, precisando que durante el procedimiento de fiscalización se detectan diversos factores objetivos que justifican la decisión adoptada, entre ellos: incremento significativo y concentrado de cotizaciones previsionales inmediatamente antes del inicio del reposo; falta de continuidad en las cotizaciones previsionales; coincidencia de licencias médicas emitidas respecto de trabajadores vinculados entre sí; emisión reiterada de tales licencias por un mismo profesional médico; ausencia de antecedentes objetivos que acrediten el desarrollo efectivo de labores; inexistencia de respaldo suficiente respecto del pago regular de remuneraciones.

Añade que el empleador tampoco proporciona antecedentes idóneos que permitan acreditar la existencia de huellas laborales materiales, limitándose a acompañar documentación formal que resulta insuficiente para demostrar el efectivo desarrollo de una relación laboral y sobre la base de tales antecedentes, considera que no puede imputarse a la Superintendencia una afectación del derecho de propiedad ni de la integridad física o psíquica del recurrente, toda vez que éste no acredita ser titular del beneficio cuyo pago reclama.

Explica que el subsidio por incapacidad laboral constituye una prestación previsional de carácter condicionado, cuyo otorgamiento exige el cumplimiento previo de todos los requisitos establecidos por la legislación vigente y por el Compendio de Normas sobre Licencias Médicas, Subsidio por Incapacidad Laboral y Seguro SANNA, por lo que el rechazo de la licencia médica no obedece a una actuación ilegal o arbitraria, sino al estricto cumplimiento del marco normativo que regula la materia y a la falta de acreditación de los presupuestos legales exigidos para acceder al beneficio.

Respecto del derecho de propiedad, la Superintendencia afirma que la sola emisión de una licencia médica por parte del profesional tratante no incorpora automáticamente al patrimonio del trabajador el derecho al subsidio por incapacidad laboral, señalando que para que dicho derecho nazca válidamente, es indispensable que concurran copulativamente, al menos, los siguientes requisitos: que exista una licencia médica debidamente autorizada por la autoridad competente; que el trabajador reúna todos los requisitos legales para acceder al subsidio correspondiente, por lo que mientras la licencia médica permanezca rechazada, no existe derecho patrimonial alguno susceptible de tutela constitucional.

Agrega que aceptar una tesis distinta implicaría desconocer completamente las facultades que el legislador entrega a las nombre reservado y a las ISAPRE para autorizar o rechazar licencias médicas conforme a las causales contempladas en el Decreto Supremo N° 3 de 1984, haciendo imposible la aplicación de dicho régimen legal, citando la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema, de fecha 12 de septiembre de 2022, Rol N° 5412-2022, destacando que dicho fallo concluye que el recurrente no acredita la existencia de huellas laborales suficientes para demostrar su calidad de trabajador dependiente, razón por la cual no se configura un derecho indubitado susceptible de protección mediante esta acción cautelar. Asimismo, cita la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 26 de noviembre de 2021, Rol N° 12136-2021, posteriormente confirmada por la Excma. Corte Suprema, indicando que dicho fallo establece que la acción de protección no constituye la vía idónea para acreditar la existencia de una relación laboral ni para demostrar la concurrencia de las denominadas huellas laborales, especialmente cuando tales circunstancias han sido controvertidas por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Argumenta que tampoco se configura amenaza o vulneración del derecho a la vida, a la integridad física o psíquica ni del derecho de propiedad del recurrente, ni de ninguna otra garantía constitucional, señalando que el dictamen impugnado contiene una fundamentación completa y racional, construida sobre la base del estudio y ponderación de todos los antecedentes disponibles y conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa y judicial aplicable, solicitando finalmente que, para el evento improbable de no acogerse las alegaciones previas de extemporaneidad e improcedencia, se tenga por evacuado el informe solicitado y se rechace íntegramente la acción de protección deducida por don nombre reservado, con expresa condena en costas. Acompaña copia íntegra del expediente administrativo correspondiente al caso del señor nombre reservado, para todos los efectos legales pertinentes.

A folio 12, comparece nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía, y como representante del Ministerio de Salud en la región y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 34 del Decreto N° 136 de 2004, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, informa señalando que conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, la licencia médica permite al trabajador ausentarse de sus labores o reducir su jornada por razones de salud, pudiendo acceder al correspondiente subsidio una vez autorizada por la autoridad competente. Expone que la nombre reservado se encuentra facultada para aprobar, rechazar o modificar las licencias médicas, previa evaluación de los antecedentes médicos y de fiscalización.

Respecto de la licencia médica del recurrente, indica que una fiscalización practicada permitió concluir que no se acreditó la existencia de una relación laboral efectiva, al no demostrarse subordinación y dependencia ni que la empresa contara con capacidad económica para solventar las remuneraciones y obligaciones previsionales. Añade que durante la investigación se detectaron diversos factores de alerta, tales como incrementos concentrados de cotizaciones previsionales antes del inicio de las licencias, coincidencia de licencias médicas entre trabajadores y empleador de empresas relacionadas, emisión reiterada por un mismo médico tratante y falta de continuidad en las cotizaciones.

Asimismo, sostiene que la documentación aportada resultó insuficiente para acreditar el desempeño efectivo de funciones, al no existir huellas laborales objetivas, como respaldo de las labores realizadas, comunicaciones laborales, pagos regulares de remuneraciones o antecedentes de reemplazos, agregando que la única transferencia bancaria acompañada no demostraba continuidad en los pagos.

Refiere que, conforme a la normativa laboral y previsional, la sola existencia de antecedentes formales no basta para acreditar una relación laboral, siendo indispensable verificar la existencia de subordinación y dependencia mediante antecedentes materiales. Agrega que la coincidencia de licencias médicas entre personas vinculadas a las mismas empresas, emitidas reiteradamente por un mismo médico, junto con los vínculos societarios existentes entre ellas, constituyen indicios que justifican un examen más riguroso por parte de la autoridad.

Finalmente, señala que, si bien la licencia médica fue autorizada en cuanto al reposo prescrito, no genera derecho al subsidio por incapacidad laboral, por no haberse acreditado un vínculo laboral efectivo, la existencia de subordinación y dependencia ni huellas laborales suficientes que permitan justificar el beneficio.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que la Superintendencia de Seguridad Social solicita, en primer término, el rechazo del recurso por extemporáneo, sosteniendo que la resolución recurrida fue notificada el 26 de diciembre de 2025, de manera que el plazo contemplado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección expiró con anterioridad a la interposición de la presente acción constitucional. En subsidio, solicita su rechazo por improcedente, atendido que la controversia versa sobre materias propias del derecho a la seguridad social, garantía no amparada por el artículo 20 de la Constitución Política, y, en definitiva, sostiene que el acto recurrido fue dictado dentro del ámbito de sus atribuciones legales, encontrándose debidamente fundado.

Cuarto: Que, por su parte, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez informa que durante el procedimiento de fiscalización se detectaron diversos factores de alerta que impedían tener por acreditada una relación laboral efectiva, entre ellos la ausencia de antecedentes objetivos que constituyeran huellas laborales, la existencia de licencias médicas coincidentes entre personas vinculadas a empresas relacionadas, la falta de continuidad de cotizaciones previsionales, la insuficiencia de antecedentes relativos al pago de remuneraciones y la ausencia de respaldo documental respecto del efectivo desempeño de funciones, concluyendo que no se verificaban los presupuestos necesarios para acceder al subsidio por incapacidad laboral.

Quinto: Que, conforme al numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, esta acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contado desde la ejecución del acto u omisión que motiva el recurso o desde que el afectado haya tenido conocimiento cierto de los mismos.

Sexto: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se denuncia corresponde a la Resolución Exenta N° R-01-UJU-179260-2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 26 de diciembre de 2025, mediante la cual se desestimó la reclamación administrativa formulada por el actor respecto del rechazo de la licencia médica materia de autos.

Séptimo: Que el recurrente sostiene que dicha resolución no le fue legalmente notificada conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.880 y que sólo tomó conocimiento efectivo de su contenido cuando concurrió personalmente a dependencias de la Superintendencia de Seguridad Social, razón por la cual estima que el plazo para recurrir debe computarse desde esa oportunidad.

Octavo: Que, sin embargo, del mérito de los antecedentes allegados al proceso aparece que la resolución impugnada fue emitida el día 26 de diciembre de 2025 y remitida en esa misma fecha al correo electrónico proporcionado por el propio recurrente durante la tramitación administrativa, circunstancia informada por la autoridad recurrida y que no ha sido desvirtuada mediante antecedente objetivo alguno que permita concluir que el actor sólo tomó conocimiento del acto administrativo en una fecha posterior.

Noveno: Que, en estas condiciones, el plazo fatal de treinta días corridos para deducir la presente acción constitucional comenzó a correr, a lo menos, desde el 26 de diciembre de 2025, expirando el día 26 de enero de 2026.

Asimismo, consta que el presente recurso fue ingresado con fecha 19 de marzo de 2026, esto es, una vez ampliamente vencido el término perentorio previsto en el Auto Acordado antes citado, por lo que la acción resulta manifiestamente extemporánea.

Décimo: Que el plazo establecido para el ejercicio del recurso de protección reviste el carácter de fatal, constituyendo un requisito de procedencia de la acción que esta Corte debe examinar de oficio antes de emitir pronunciamiento sobre el mérito de las alegaciones formuladas.

Así lo ha establecido la jurisprudencia siendo uniforme al señalar que el plazo del recurso de protección reviste dicho carácter, no pudiendo ser extendido por actuaciones posteriores ni por la reiteración de presentaciones administrativas, debiendo computarse desde el primer acto que permite tomar conocimiento cierto de la afectación. A modo de ejemplo cita fallos pronunciados con fecha 13 de mayo de 2026, por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 8555-2026 y causa Rol 3003-2026.

Undécimo: Que, establecida la extemporaneidad del recurso, esta Corte se encuentra impedida de emitir pronunciamiento acerca del fondo de la controversia sometida a su conocimiento, por resultar innecesario analizar la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario o la eventual afectación de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, por extemporáneo, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra Titular María Georgina Gutiérrez Aravena.

N° Protección-945-2026.(csd)