Protección contra CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, uno de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO:

1°.-A folio N°1-2020 comparece OSVALDO SEBASTIÁN GARCÍA HORMAZÁBAL, abogado, en representación, de doña nombre reservado, interpone acción de protección en contra de CARABINEROS DE CHILE, representado en este caso por la funcionaria, doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche y, respecto a lo resuelto en Resolución Exenta N°13, de fecha 19 de mayo de 2020, de la 6ta. Comisaría de Loncoche, la cual fue notificada con fecha 15 de julio del año en curso en cuya virtud resuelve aplicar a su representada la medida disciplinaria de CENSURA. Luego, se interpone recurso de reposición administrativo, con fecha 22 de julio de 2020 y, mediante Resolución Exenta N°20, de 04 de septiembre de 2020, que fue notificada a ese apoderado el 4 de octubre de 2020, la misma autoridad resuelve mantener la medida disciplinaria de Censura, rechazando recurso de reposición.

Funda su acción en que doña nombre reservado, C.P.R. administrativo de Carabineros, código de funcionario Nro. 994305Z, presta servicios en la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas y Explosivos 076 de Loncoche, de la 6ta Comisaría de la misma ciudad, dependiente de la Prefectura de nombre reservado, como administrativo, bajo la modalidad contractual de contratado por resolución (C.P.R., según resolución N° 334, de 08 de junio de 2012), desde hace 8 años, desempeñando funciones de atención de usuarios, requerimientos de inscripción de armas, transferencias, cambios de domicilio, evaluación de pruebas para la inscripción de armas, gestionar requerimientos de Tribunales y Fiscalías, etc. Dicha funcionaria no tiene formación militar ni policial y cuenta con estudios universitarios finalizados, obteniendo el título profesional de investigador criminalístico, con distinción, el año 2009, de la Universidad Santo Tomás, sede Temuco.

Señala que, con fecha 15 de julio del año en curso, a las 11:00 horas fue notificada de la resolución exenta N° 13, de fecha 19 de mayo de 2020, en la cual se expone que, por haber realizado algunos llamados telefónicos a personal de la Prefectura O.S.11 (jefatura Nacional Unidad Fiscalizadora de Armas de Carabineros de Chile) y D.G.M.N. (Dirección General de Movilización Nacional, del Ejército de Chile), en contexto de la PANDEMIA por COVID 19, se le acusa de incurrir en la falta contemplada en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, específicamente en el Título V, artículo N° 22 N° 2, letra g) el cual señala: “Infringir injustificadamente el conducto regular o denegarlo sin motivo suficiente a un subalterno, como asimismo el condicionar o coartar de cualquier forma su ejercicio”. Además, se le aplicó una circunstancia agravante establecida en el artículo 33, letra c), el cual refiere “al mal comportamiento anterior” del citado Reglamento.

En virtud de lo anterior, su representada dio cuenta por escrito mediante oficio Nro. 02, de fecha 23 de marzo 2020 y personalmente ante la Comisario y Mayor de Carabineros, doña nombre reservado, los acontecimientos de manera amplia y detallada, quien finalmente resuelve aplicar una medida disciplinaria consistente en una CENSURA.

Posteriormente, presentó recurso de reposición administrativa en contra de la resolución exenta N° 13, de fecha 19 de mayo de 2020, que aplicó la medida disciplinaria de censura ante la misma autoridad.

Finalmente, con fecha 4 de septiembre de 2020, fue notificado de Resolución N°20, de fecha 4 de septiembre de 2020, expedida por la misma autoridad, de la decisión de mantener la medida disciplinaria de censura, rechazando el recurso de reposición incoado.

Indica que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, a su representada se le acusa de haber faltado al Reglamento de disciplina de Carabineros, específicamente en el Título V, artículo N° 22 N° 2, letra g), el cual señala: “Infringir injustificadamente el conducto regular o denegarlo sin motivo suficiente a un subalterno, como asimismo el condicionar o coartar de cualquier forma su ejercicio”. Además, se le aplica una circunstancia agravante establecida en el artículo 33, letra c), el cual refiere “al mal comportamiento anterior” del citado Reglamento. Lo anterior, fundado en que, procedió a efectuar, a modo de consulta y no a una autoridad en particular, llamados telefónicos a personal de la Prefectura O.S.11 y D.G.M.N., respecto a la existencia de protocolos o lineamientos de acción frente a la pandemia, a fin de dar oportuna respuesta a los usuarios, y pese a que sus jefaturas directas no contaban con dicha información. Así, luego de la alerta sanitaria por virus COVID-19, tanto a nivel internacional como nacional y, luego de haberse declarado estado de catástrofe, esto es, mediante decreto supremo Nº104, de fecha 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y por un término de 90 días, se estaban implementando una serie de medidas preventivas en los distintos servicios públicos y privados del país, a fin de limitar la libertad de desplazamiento de la población y de protegerlas frente al inminente contagio del virus. Pues bien, en este contexto, los usuarios del Servicio del cual la actora forma parte consultaban de manera reiterada, ya sea telefónicamente y presencialmente, respecto de la continuidad de dicho servicio, dada la aludida contingencia sanitaria.

Por lo anterior, en una primera instancia, realizó las consultas pertinentes a su mando directo, la Mayor nombre reservado (aproximadamente el 12 de marzo de 2020, se le consultó personalmente si habían instrucciones de cómo continuará funcionando la oficina de control de armas), quien respondió no tener información por el momento y que se encontraba a la espera de instrucciones. Transcurrido más de una semana, esto es, el viernes 20 de marzo de 2020 (dos días después haberse declarado el estado de excepción), la actora, con el consentimiento de los suboficiales Mayores que trabajan con ella y en conocimiento de la Mayor nombre reservado, realizó un llamado a la oficina de la Autoridad Fiscalizadora de Temuco, para consultar respecto al actuar de los funcionarios en relación a la atención de público en contexto de pandemia, sin obtener respuestas de dicho llamado, por tanto, su representada, preocupada por llevar con celo su trabajo, se permitió consultar a la Autoridad Fiscalizadora de Santiago (O.S.11), sin requerir a alguna autoridad en particular sino más bien, el llamado pretendía conocer novedades en la materia para informar a los usuarios. En esta ocasión, la llamada fue dirigida a la oficina de control de armas, en específico, se comunicó con un funcionario de la Oficina de Asesores de O.S.11 quien, al consultarle si existía algún tipo de información o instrucción respecto del funcionamiento de las Autoridades Fiscalizadoras -consultas siempre relacionadas al acontecer “excepcional” de la pandemia por COVID 19-, aquél funcionario interlocutor le manifestó que aún no existía información u orden al respecto, agregando que (reproducción literal de sus dichos) “si existiera alguna orden, ésta sería emanada de la Dirección General de Movilización Nacional (D.G.M.N.)”. Esta llamada se efectuó aproximadamente a las 12:12 horas del mismo día (20 de marzo de 2020). Cabe precisar que esta conversación siempre fue en un tono informal y respetuoso.

Luego y, dado que no obtuvo respuestas, mediando un actuar proactivo, se permitió realizar un último llamado, esta vez, dirigido a una secretaria de dirección de la Dirección General de Movilización Nacional (D.G.M.N.) por lo cual se comunicó al anexo 3804, a las 12:20 horas aproximadamente, del mismo día 20 de marzo de 2020, contestando una funcionaria, quien no se individualizó y al realizar la misma consulta en relación a cómo actuar frente a la pandemia, ésta se limitó a requerir los datos personales de su representada, un número de contacto y comunicó que devolvería el llamado en unos minutos, con un tono cortante y de sorpresa. Posteriormente, a las 12:35 horas, de ese mismo día, recibe un llamado telefónico del IP 25527 correspondiente al Jefe del Depto. OS11, actual prefectura O.S.11, cuyo nombre no recuerda, persona de sexo masculino, quien en un tono de voz elevado y prepotente le solicita explicaciones debido al llamado realizado a la D.G.M.N. agregando que no le corresponde a la citada funcionaria: “exigir pronunciamientos sobre el tema saltándose a sus mandos”, a lo que su representada respondió: “disculpe, pero yo le escucho bien, no tiene porqué gritarme”, a lo que contestó nuevamente el interlocutor: “disculpe es que estoy molesto”. Luego, dicho funcionario aún en contacto telefónico, le solicitó hablar con un superior jerárquico, exigiendo que la Jefe de la Autoridad Fiscalizadora se comunicara con él (la citada Comisario y Mayor de Carabineros, doña nombre reservado), a lo cual le consultó a qué número debía llamar, a lo que el interlocutor le respondió “a éste”, cortando abruptamente la comunicación. Pasados dos minutos, esto es a las 12:37 horas, recibe otro llamado telefónico, esta vez del número 224413800, quien resultó ser la secretaria de la D.G.M.N. quien le comenta: “ya elevé su solicitud al Director General”, situación que sin duda, a su representada le causó extrañeza, por lo que le preguntó: “de qué solicitud está hablando”, explicándole a su vez que la intención del llamado siempre fue efectuar una consulta, a lo que la secretaria en cuestión no supo cómo responder, sólo le dijo que: “estaba mal enfocada”, para posteriormente cortar la comunicación abruptamente.

Indica que todo lo antes descrito sucedió en un mismo día y en apenas algunos minutos, lo cual hizo que se sienta perturbada y menoscabada, recibiendo un trato humillante, degradante y vejatorio, lo cual también cabe determinarse en un proceso disciplinario y judicial, tomando en cuenta la responsabilidad administrativa jerárquica aplicable.

De inmediato se percata que el referido llamado hirió el sentimiento de autoridad de la D.G.M.N, lo que desencadenó que el Jefe del Depto. O.S.11 trasmitiera la molestia al devolverle el llamado.

Hace presente que, todos los llamados efectuados tenían la naturaleza de consulta relacionada con el funcionamiento del Servicio en donde se desempeña, y no de una situación personal ni de ningún otro requerimiento que le afecte intrínsecamente, es decir, no se solicitaba se expida un acto administrativo de ningún tipo, ni pronunciamiento alguno, sino más bien, se trataba de una consulta telefónica, Refiere que jamás le había sucedido algo de tal envergadura, en sus ocho años de servicio, además, sorprendida que un llamado telefónico hubiera afectado de tal manera al Sr. Director de la D.G.M.N. quién, además, movilizó en tan poco tiempo, a distintos funcionarios para acusar su actuar ya que junto con recibir “llamados de atención verbales”, se percató que, alrededor de las 14:00 horas del mismo día 20 de marzo de 2020, se enviaron documentos electrónicos dando instrucciones respecto del procedimiento de consulta ante la D.G.M.N., los cuales señalan (textualmente): “De acuerdo con la información proporcionada por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, esta prefectura ha tomado conocimiento que personal de las autoridades fiscalizadoras de esta dependencia, hacen requerimientos en forma directa ante dicha alta repartición ministerial, sin contar con la anuencia de sus mandos respectivos o en su efecto sin previo conducto regular de esta repartición, especialmente relacionados con cursos de acción respecto del estado de excepción decretado por el supremo gobierno con motivo de la pandemia de covid-19, situación que constituye una anomalía administrativa que debe ser corregida, para lo cual se imparten las siguientes instrucciones:” Luego, agrega las siguientes instrucciones (entre otras): “Los jefes regionales y locales de autoridades fiscalizadoras, impartirán instrucciones al personal de sus dependencias respecto de la prohibición de realizar consultas o requerir información a la D.G.M.N., sin contar con la autorización previa del jefe de la autoridad fiscalizadora respectiva, quien evaluará si estos requerimientos pueden ser solventados por el jefe regional o si estos deben ser elevados a conocimiento de esta prefectura, atendiendo la existencia de intereses institucionales involucrados”. Luego agrega, en lo pertinente: “el personal subalterno carece de las facultades para realizar consultas o cursos de acción ante estamentos superiores (…)”. Finalmente agrega: “Ante la ocurrencia de anomalías relacionadas con la presente materia, se requerirá el informe respectivo, con la adopción de las medidas administrativas que cada caso amerite, no obstante de la cuenta que se hará ante el estamento superior”. Suscribe el documento Sr. nombre reservado, Coronel de carabineros, prefecto O.S.11., Prefectura Control Armas y Explos. OS11.

Indica que lo anterior, pone en evidencia que la prohibición de efectuar consultas a los altos mandos, o bien, la forma de cómo proceder y su falta de regulación no estaba formalizada previamente y de manera explícita sino que se originan con ocasión o motivado por el respectivo llamado telefónico, dado que las instrucciones son expedidas luego de efectuarse los llamados. De suerte que la aplicación de esta medida disciplinaria constituye una flagrante violación al principio de legalidad y tipicidad que regula los actos de administración, dándole a la referida instrucción un efecto retroactivo, lo que también colisiona con los principios del procedimiento legal sancionatorio administrativo, cuyas instrucciones tienen efectos inmediatos y no retroactivos. Mal puede sancionarse por una conducta que no estaba previamente prohibida. Es decir, de infringe el principio de tipicidad, pues tal conducta no estaba especialmente prohibida y el principio de irretroactividad, pues se sanciona por una conducta anterior a la expedición de tales instrucciones. Por lo demás, según dicha instrucción son las autoridades inmediatas quien debe evaluar si las consultas efectuadas por los subalternos pueden ser solventadas por el jefe regional o si estos deben ser elevados a conocimiento de la autoridad respectiva, lo que en la especie no aconteció, pese a las constantes consultas de mi representada. Resulta sorprendente que este incumplimiento no sea motivo de revisión.

Agrega que la instrucción referida señala que se requerirá el informe respectivo con la adopción de las medidas administrativas que cada caso amerite, es decir, la referida instrucción pre supone ex ante la imposición de medidas disciplinarias, vulnerando los principios del debido proceso. Ello se desprende no sólo del tenor literal de la instrucción transcrita, sino del comportamiento del superior jerárquico de la Unidad O.S.11, que efectuó el llamado para humillar y reprender a su representada, pues, no buscaba indagar sobre lo sucedido, sino llamarle la atención, sin consultar las razones que motivaron dicho llamado telefónico, el trato dirigido a la actora fue desproporcionado e ilegal, lo que denota un ánimo preconcebido indubitado de sancionar. Tanto es así, que tal proceso disciplinario se sustancia y resuelve con la sola evacuación del informe de su representada, violando el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso y constituye una negación de una serie de garantías constitucionales consagradas en el art. 19, N° 3 y 4 de la Constitución Política de la República. Pues, en sendas resoluciones de la jurisprudencia administrativa y judicial se ha resuelto que el ejercicio abusivo y excediendo las facultades administrativas tanto en el contenido como en la forma, en la sustanciación de procesos disciplinarios, vulnera los principios que regulan los actos de la administración del Estado y las garantías constitucionales, dando origen a responsabilidades administrativas jerárquicas.

Refiere que jamás recibió respuesta relacionada con el hecho de cómo enfrentar el día a día en su lugar de trabajo, respecto a la pandemia, de parte de ninguna de las personas con quien se comunicó, ni siquiera días después, ya que todos los llamados telefónicos se efectuaron el día viernes 20 de marzo de 2020, regresando el día lunes 23 de marzo de 2020 a sus funciones, debiendo dar explicaciones por escrito de lo acontecido, presentando el mismo lunes 23 de marzo a las 11:40 horas aproximadamente, el informe requerido ante el suboficial de órdenes de la 6ta Comisaría de Loncoche. Con esta misma fecha, lunes 23 de marzo de 2020, siendo las 12:30 horas, mediante una notificación impresa, denominada “constancia de notificación”, entregada por el Suboficial de órdenes, se le informa (se reproduce en lo pertinente): “Del contenido íntegro del D/E. NRO. 111997021, de 21.03.2010 de la S.P.A. de la prefectura nombre reservado N° 3, donde indica instrucciones relativas al Covid-19, respecto de lo siguiente: B) Personal femenino en proceso de gestación y con permiso de amamantamiento, liberado de servicio y en aislamiento preventivo en su domicilio. Dicha medida preventiva será realizada por 14 días a contar de esta fecha y siendo prorrogable en caso necesario, debiendo encontrarse en sus respectivos domicilios particulares y ubicables en todo momento en caso de ser requeridas”. Suscribe don nombre reservado. Capitán de carabineros, Subcom. De los servicios.

Afirma que, en esta misma fecha se comunica sobre las medidas implementadas para el contexto Covid.19. Antes del llamado telefónico no se había informado ninguna instrucción sobre la pandemia. Toda esta información fluye desde el viernes 20 de marzo y el lunes 23 del mismo mes.

Indica que la conducta de su representada en ningún momento consistió en requerir una solicitud formal, ni un pronunciamiento o la expedición de ningún acto administrativo, tampoco hubo absolutamente ninguna intención de transgredir ni menos infringir ninguna norma. Incluso la referida se encuentra amparada en la garantía constitucional del derecho de petición contemplado en el art. 19 N°14 de la Constitución Política de la República y que le asiste a cualquier ciudadano de la República. De hecho este último ha sido el criterio de la jurisprudencia administrativa.

Señala que todo lo anterior pone en evidencia que la interpretación de dicho llamado telefónico y la sobre valoración de la denominada autoridad o alto mando, conlleva a un absurdo jurídico en el sentido de que se le pretenda dar una mayor preeminencia al respeto de la manera de cómo proceder con las consultas versus el respeto de las garantías constitucionales las cuales gozan de una evidente jerarquía normativa.

Finalmente, la resolución exenta N°13, de 19 de mayo de 2020, que impone la medida disciplinaria, sorprendentemente se limita a reproducir textualmente los hechos informados por mi representada, sin desarrollar o efectuar análisis jurídico alguno, dedicándole un solo punto en el resuelvo en que reproduce la norma infringida, señalando únicamente que la medida se justificaría por efectuar llamadas telefónicas a los estamentos superiores, interrogantes que efectuó en forma directa, sin que éstas fueran canalizadas a través de los conductos regulares consignados en la reglamentación vigente, lo que provocó que dicha unidad fuera observada, a través de la Prefectura O.S.11, por el Director de la Dirección de Movilización Nacional. Es decir, es evidente que la Jefatura de la D.G.M.N., observó tal conducta a la jefatura de la unidad O.S.11.y luego ésta a la jefatura inmediata de su representada. De manera que las autoridades están alineadas en mantener tal medida, sin que los recursos administrativos den garantía alguna en cuanto al respeto las garantías constitucionales infringidas. El principio y actuar de obediencia propio de estas reparticiones, hace presumir que las autoridades no están dispuestas a rever este criterio mediante los recursos administrativos que se ejerzan.

Luego, la resolución exenta N°20, de 04 de septiembre de 2020, que rechaza el recurso de reposición, y resuelve mantener la medida disciplinaria de censura, sorprendentemente y de nuevo, reproduce literalmente todo el contenido del recurso de reposición presentado, y reproduce en el resuelvo A, exactamente lo mismo que resolvió en resolución exenta N°13, señalada en el punto anterior. Es decir, no se hace cargo de ningún planteamiento esgrimido en el recurso de reposición, sin siquiera firmar dicha resolución, faltando al principio de motivación y fundamentación que exige todo acto administrativo, máxime, tratándose de aquellos que establecen sanciones y que privan de ciertos derechos funcionarios.

Agrega que la medida disciplinaria, toma en consideración únicamente el artículo Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, artículo N°22 N°2, letra g), para tipificar la conducta, la cual no se encuentra explícitamente señalada en dicho cuerpo legal y, sin una interpretación sistemática con otros cuerpos normativos, menos aún, en relación con garantías constitucionales que gozan de mayor jerarquía normativa sobre dicho reglamento.

Sólo, a fin de ilustrar la conducta diligente de su representada según certificados acompañados a esta presentación, consistentes en evaluación de desempeño de personal contratado por resolución, período 2019, 2018 y 2017, en todos esos períodos, su representada obtuvo 48 puntos, que corresponde a lista de mérito (de 31-48 puntos).

EN CUANTO AL DERECHO:

1.- Se le acusa de incurrir en la falta contemplada en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, específicamente en el Título V, artículo N° 22 N° 2, letra g) el cual señala: “Infringir injustificadamente el conducto regular o denegarlo sin motivo suficiente a un subalterno, como asimismo el condicionar o coartar de cualquier forma su ejercicio”. Además, se le aplica una circunstancia agravante establecida en el artículo 33, letra c), el cual refiere “al mal comportamiento anterior” del citado Reglamento.

Indica que, respecto al referido artículo 22 N° 2, letra g), debemos detenernos en lo que concierne al “conducto regular”, señalado en el Título XI, artículo 53 del Reglamento Nro. 11 de Carabineros de Chile, el cual establece: “Se entenderá por conducto regular, el procedimiento a que deben atenerse los funcionarios de la Institución para dirigirse a sus superiores y llegar hasta la más alta autoridad institucional, para exponer las situaciones que le afecten”. Es decir, permite que los subalternos se dirijan a las autoridades superiores a fin de exponer las situaciones que les afecten, sin restricciones. Lo anterior, se refrenda con lo señalado en el art. 57 del mismo reglamento, al señalar: “A ningún funcionario de Carabineros le será lícito denegar el permiso o autorización al subalterno que, siguiendo el conducto regular, solicitare hablar con el superior inmediato. En caso de serle denegada esta petición, el subalterno quedará autorizado para hablar con dicho superior, a quien hará presente la circunstancia de la denegación”. Esta última norma evidencia que el subalterno podrá dirigirse siempre al superior jerárquico respecto de todas las situaciones que les afecten, incluso habiéndosele denegado tal autorización, pues el referido artículo 57 restringe cualquier limitación al respecto. Por lo demás, en este punto, cabe precisar, tal y como se ha señalado, que primero, su representada no estaba solicitando ningún requerimiento sino sólo efectuaba una consulta, es decir, no estaba exponiendo una situación que le afecte en particular o que le afecte directamente, sino que se refería a una situación excepcional internacional y nacional como lo es la alerta sanitaria por COVID 19, una interpretación contraria significa desconocer, al menos, la garantía constitucional del derecho de petición consagrado en el ya citado art. 19 N° 14 de la Carta Fundamental, y segundo: dicha consulta no estaba dirigida a ninguna autoridad en particular, el medio empleado de comunicación fue vía telefónica, muy alejado de la formalidad que requiere una solicitud, requerimiento o pronunciamiento.

Agrega que, respecto de la agravante que se le pretende aplicar establecida en el artículo 33, letra c) del Reglamento Nro. 11 de Carabineros, el cual se refiere: “al mal comportamiento anterior”, la Mayor nombre reservado, no describe a qué mal comportamiento se refiere, toda vez que en una ocasión anterior, procuró sancionarla también con una medida disciplinaria consistente en una censura, pero expuso detalladamente y comprobó su inocencia con pruebas tangibles, por lo cual se desestimó tal sanción, quedando únicamente en un llamado de atención, luego de la revisión del superior jerárquico. Dicho proceso disciplinario sancionó una conducta amparada en la imposibilidad de cumplimiento y por tanto exenta de responsabilidad administrativa (caso fortuito o fuerza mayor, frente a la dificultad de efectuar depósitos bancarios pese a existir comunicado de Banco Estado en página institucional informando que no existía sistema ese mismo día). En efecto, la sola lectura del art. Artículo 7º del reglamento de Disciplina N° 11, señala: “El que recibe una orden de superior competente, debe cumplirla sin réplica, salvo fuerza mayor o cuando el subalterno sabe que el superior al dictarla no ha podido apreciar suficientemente la situación (….) en cuyo caso podrá el subalterno suspender el cumplimiento de tal orden o modificarla, según las circunstancias, dando inmediata cuenta al superior”.

Refiere que la circunstancia del articulo N°33 letra c) del reglamento de Disciplina N° 11 en relación con el artículo 32 inciso primero del mismo cuerpo legal y siguiendo el espíritu sancionador del reglamento y la interpretación restrictiva que debe darse a tales causales, un llamado de atención en primer lugar no es una sanción por lo que no debe ser considerada circunstancia agravante. En efecto, el art. 32 referido señala: “Los llamados de atención u observaciones con que los superiores jerárquicos reconvengan o corrijan a sus subordinados, no son sanciones disciplinarias y no admiten reclamo de parte del afectado. No obstante, podrán darse explicaciones verbales o escritas al Jefe respectivo, quien podrá aceptarlas o rechazarlas”. Luego, en el inciso segundo del mismo artículo N° 32 indica que el llamado de atención será destruido luego de cada proceso calificatorio, por lo que se colige que dicha reconvención valdrá para efectos de calificación anual, no como una sanción y mucho menos como calificación de agravante para una sanción administrativa. Esta interpretación es ilegal y excede nuevamente las facultades recitadas y demuestran no comprender mínimamente los principios orientadores del debido proceso.

Indica que, respecto del actuar de la actora, corresponde aplicar la circunstancia atenuante, descrita en el Art. 33 letra f) del Reglamento de Disciplina Nro. 11 de Carabineros de Chile, el cual describe lo siguiente: “Haberse originado la falta en un exceso de celo en bien del servicio”. Incluso cabe reconocerse la atenuante señalada en el mismo cuerpo legal, Art. 33, de las circunstancias atenuantes: “a) La buena conducta anterior del inculpado”; lo que se acredita con las buenas calificaciones pretéritas; y la circunstancia mixta descrita en el mismo artículo: “Se considerará, según el caso, como circunstancia agravante o atenuante, la naturaleza de la falta y la idiosincrasia del inculpado”. Respecto de esta última causal, y en cuanto a la naturaleza de la falta, el sentido común permite ponderar que un llamado telefónico no constituye una falta legal, menos aún en contexto de excepcionalidad constitucional; y la idiosincrasia, debe ser considerada dada la nula formación militar de su representada, asistiéndole una responsabilidad administrativa u obediencia reflexiva, Según Art. 62, Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo (aplica dictámen Nº 19.319 de 1968, CGR.). Al contrario, la actora, no tiene formación militar, sino más bien, tiene estudios universitarios terminados, de manera que su actuar se enmarca dentro de su responsabilidad profesional y no de obediencia irrestricta como operan dichas reparticiones.

A mayor abundamiento, la Orden General Nro. 001957 de fecha 18.08.2010, que refiere al Personal Contratado por Resolución, Aprueba nueva Directiva, Título VI, nro. 3, artículo 61 inciso uno, señala que: “Para aplicar una sanción debe oírse previamente al afectado. El sancionador deberá proceder con rectitud, moderación, y elevado espíritu de justicia, considerando la responsabilidad del inculpado en relación con la naturaleza o gravedad de la falta.” Este apoderado considera, y bastando sólo el tenor literal de las normas referidas, que un llamado telefónico, no es motivo suficiente para que la Jefe de la Autoridad Fiscalizadora de Loncoche, pretenda sancionarla con una Censura, excediendo el ámbito de sus facultades e infringiendo el principio de legalidad. Conducta que, muy contrariamente a la norma antes trascrita, no se ajusta a criterios de moderación ni menos aún a un elevado espíritu de justicia. Infringe criterios de legalidad y proporcionalidad de manera flagrante, sin perjuicio de que la forma en que recibió el llamado de atención de manera telefónica por la jefatura de la unidad O.S.11, constituye ensimisma una abierta infracción a la conducta funcionaria de su superior jerárquico.

Además, las instrucciones referentes a la aplicación de Sanciones disciplinarias impartidas en la Circular © Nº1460 de fecha 13.12.1996, de la Dirección General de Carabineros, que entre otras cosas estipula: “La Comisión de una falta no es impedimento para que el Superior con atribuciones disciplinarias, pueda optar primero por otras medidas que no constituyan propiamente una sanción, de acuerdo al juicio que se forme sobre el hecho y el responsable. Así, la calidad de la falta y las características del funcionario afectado, pueden determinar la conveniencia de instruirlo, aconsejándolo y adoctrinarlo, por la vía de la reconvención o del llamado de atención”, agrega además: “Es importante recordar a los titulares de la potestad disciplinaria, que la sanción tiene por finalidad, corregir la conducta del subordinado, razón por la cual, debe tener un carácter educativo una medida desproporcionada o injusta necesariamente va a producir un efecto contrario al deseado, desmotivando al funcionario e induciéndolo a la indiferencia o a otras reacciones negativas”.

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento de Disciplina Nro. 11 de Carabineros de Chile, en el título: Del tratamiento entre el personal, señala en el art. Artículo 8º.- “Todos los miembros de la Institución deberán guardarse recíprocas consideraciones”, lo que presupone un trato respetuoso, y de reconocimiento de la dignidad humana, aspectos explícitamente consagrados en la Carta Fundamental (Art. 1, 5 Inciso 2, 19 números 1, 2,3 y 4 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de las normas antidiscriminación consagradas en la Ley N°20.609). Normas de respeto que han estado ausente desde el principio de los hechos que motivaron la medida. Más aún con el llamado y el trato irrespetuoso de la jefatura de la Unidad O.S.11. Dicha norma a su vez, debe conciliarse con aquella señalada en el mismo Reglamento precitado, en su art. 22, N° 5) bajo el título: De abuso de autoridad. Se considerarán comprendidas entre ellas: “Toda extralimitación de atribuciones, ya sea contra los subalternos o contra el público, y todo hecho que pueda calificarse como abuso de funciones, siempre que no alcance a constituir delito”.

Por su parte, el Artículo 33 del ya citado reglamento, señala que: “La aplicación de las sanciones disciplinarias se hará tomando en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran a la ejecución de la falta.

Son circunstancias agravantes: dentro de las circunstancias agravantes del actuar está: h) Existir en su ejecución abuso de autoridad jerárquica o de funciones; j) Cuando mayor sea el grado de quien la cometa. Todas estas constituyen circunstancias agravantes del actuar en el ejercicio de la facultad disciplinaria.

Finalmente, otras normas pertinentes, aplicables en la materia resultan ser: Art. 61 letra c) de la ley N° 18.834, sobre el estatuto administrativo señala dentro de las obligaciones funcionarias: “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”.

Por su parte, el art. 64, del mismo cuerpo legal, señala: “Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.” ; y: “c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios”.

Finalmente, la ley N° 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, resulta aplicable, toda vez que tan sólo las normas de organización y funcionamiento reguladas en el título III, “normas especiales”, son inaplicables a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública por expresa referencia en el Art. 21 inciso 2” de este mismo cuerpo legal. Por tanto, la norma del art. 18 inciso 2° se aplica plenamente, esto es: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”.

ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO:

1.- Sostiene que la aplicación de la medida disciplinaria constituye un acto ilegal y arbitrario.

Es ilegal, toda vez que la jurisprudencia administrativa ha sido uniforme al entender que la aplicación de sanciones es de carácter excepcional, por ende, las causales deben interpretarse restrictivamente. Ello, en atención a que en derecho público sólo puede hacerse aquello que se encuentra expresamente señalado en la ley. En este caso, la sanción no se encuentra amparada en una causal legal, violando el principio de tipicidad. Lo anterior, dado que uno de los requisitos de la aplicación de medidas disciplinarias requiere de fundamentación y en la especie no se señala la causal en la cual pueda encuadrarse el llamado telefónico, excediéndose en las facultades legales que regulan la materia. Prueba de ello es que no se encuentran especialmente consagrada dicha causal en la normativa que cita la referida resolución que aplica la medida de censura. Es más, es con ocasión de los llamados telefónicos que se evacúa de manera explícita instrucciones de cómo deben operar las consultas ante la D.G.M.N, como asimismo las instrucciones sobre la manera de cumplir el aislamiento preventivo domiciliario. De suerte que se vulneran principio de tipicidad, legalidad, aplicando efectos retroactivos y no inmediatos a tales instrucciones.

Indica que el principio de tipicidad, el cual ha sido desarrollado extensamente por el Derecho Penal, se encuentra consagrado en los incisos 7° y 8° del artículo 19 N° 3, de la Carta Fundamental y debe ser aplicado al ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa –ya sea correctiva o disciplinaria-principio que si bien, no exige un cumplimiento exhaustivo y taxativo de las conductas como sí ocurre en el Derecho Penal, sino que más bien se refiere a regular las obligaciones funcionarias, debe igualmente, ajustarse a ciertos parámetros o criterios mínimos de racionalidad y justicia. Así, la observancia del principio de tipicidad es obligatoria en el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria, ya que dicha exigencia viene impuesta por la Constitución Política, desde el momento, en que no cabe sino entender, que todo ejercicio de potestades punitivas, debe quedar sujeto a las garantías del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, interpretación que se ajusta plenamente con el principio favor persona o favor libertatis.

En este caso, la conducta que se sanciona, esto es, llamar telefónicamente, no se condice con el principio de tipicidad referido, menos aún, con los principios de proporcionalidad y racionalidad que inspiran todo el actuar de la Administración Pública. En este punto, la medida se fundamenta en base a dos actos administrativos: La instrucción de aplicar la medida disciplinaria y el informe de su representada, limitándose la resolución exenta N° 13, de 19 de mayo de 2020, que establece la medida de censura, simplemente a reproducir los hechos consignados en el informe evacuado, y a citar las normas aplicables, sin desarrollar el razonamiento, de cómo se infringen determinadas normas a la luz de la conducta prohibida. La motivación y fundamentación, requisitos esenciales de todo acto administrativo están ausente en la referida resolución.

Afirma que el acto es arbitrario, toda vez que el proceso disciplinario se lleva a cabo, vulnerando las normas del debido proceso, bilateralidad de la audiencia, derecho a defensa, todas garantías constitucionales que gozan de jerarquía normativa, consagradas en el Art. 19 N° 2 y 3, de la carta fundamental. Es más, el proceso disciplinario parte con una instrucción dirigida a perseguir ex ante, la responsabilidad administrativa de su representada, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, el cual también constituye una garantía constitucional. Es más, la aplicación de la medida disciplinaria sólo comprende dos actos: la instrucción del sumario que busca aplicar sanciones de manera ex ante, y el informe que evacúa la actora. No se incorporan declaraciones, pruebas documentales, ni ningún otro medio probatorio que asegura un debido proceso ni derecho a defensa, encontrándose mi representada en un estatus de desigualdad jurídica y procesal.

Además, la jurisprudencia administrativa esta conteste en cuanto a la manera de entender la expresión “conducto regular” y la preeminencia del efectivo ejercicio de la garantía constitucional del derecho de petición a la autoridad, consagrado en el Art. 19 N°14 de la Constitución Política de la República de Chile.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS:

Afirma que la resolución exenta N° 13, de fecha 19 de mayo de 2020, que aplica la medida disciplinaria de censura, infringe las siguientes garantías constitucionales:

1.- Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número: 1, esto es “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”; toda vez que el trato que ha recibido su representada, con ocasión de los llamados telefónicos, en especial, el llamado de atención de la jefatura de la Unidad O.S.11, afecta su integridad física y psíquica, trato que ha sido degradante y humillante, que no se condice con el celo profesional que ha sido destacado en todas sus calificaciones funcionarias. A su vez, la aplicación de esta medida ha generado un sentimiento de inferioridad frente a los altos mandos, sin ninguna posibilidad de defensa, sumado a lo anterior, el contexto de pandemia que ha generado incertidumbre a todos los ciudadanos que buscan tener certeza de cómo enfrentar el futuro y el riesgo de contagio. El proceso administrativo ha generado sentimientos de angustia, de apatía y de indefensión.

2.- Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 2, esto es: “La igualdad ante la ley sobre todo, en cuanto a que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”; Lo que resulta evidente, pues, el tratamiento que ha recibido, en cuanto a no ser una funcionaria policial, el estar en un escalafón de bajo rango, hechos que han sido vertidos explícitamente por su jefatura, sitúan a mi representada en una relación desigual de defensa y de trato frente a sus jefaturas.

3.- Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 3, esto es: “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”; esto se traduce en el incumplimiento de las normas del debido proceso, el derecho de defensa, bilateralidad de la audiencia, incumplimiento del principio de tipicidad y de irretroactividad, dado que la conducta consistente en llamar telefónicamente no se encuentra recogida en ningún cuerpo normativo que sancione tal conducta, es con ocasión de tales llamados que se generan ipso facto, una serie de instrucciones sobre la materia. Luego, el proceso administrativo se sustancia en base a tan solo dos actos: La instrucción de sancionar dicha conducta ex ante por los funcionarios de los altos mandos y el informe evacuado por la recurrente. Luego, la resolución exenta N° 13 que impone la medida de censura, carece de fundamentación, trasgrediendo las garantías constitucionales sobre el debido proceso que aseguren un efectivo ejercicio del derecho de defensa.

4.- Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 16, esto es: “La libertad de trabajo y su protección”, lo que se traduce en que con motivo de la aplicación de la medida disciplinaria, pone en riesgo su continuidad en el trabajo, pues de mantenerse tal medida, y en caso de incurrir en otra falta, arriesgaría la desvinculación de su fuente laboral. En suma, la medida disciplinaria afecta la protección laboral en cuanto incide en la promoción y ascenso funcionario, sin perjuicio de realizar sus laborales en un clima de incerteza e inestabilidad.

5.- Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 14, esto es: “El derecho a presentar peticiones a la autoridad”; Garantía que ha sido reconocida por sendos dictámenes del órgano contralor superior, quien ha resuelto la preeminencia de dicha garantía por sobre cualquier definición de “conducto regular”. Sin olvidar que tanto Carabineros de Chile y el Ejército de Chile, son funcionarios públicos, de manera que deben observar conductas funcionarias acordes con tal calidad, entre ellos, respetar las garantías constitucionales implícitas en su actuar.

6.- Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 24, esto es: “El derecho de propiedad en sus diversas especies en especial sobre los bienes incorporales”, respecto de estos últimos, se incluyen todos las garantías constitucionales establecida en el art. 19, en especial la contemplada en el N° 14, la cual a pesar de no estar contemplado en el catálogo de garantías conforme al Art. 20 de la Constitución Política de la República, se entiende incorporado en el referido numeral 24 del art. 19 y el N° 26 de la Constitución Política de la República de Chile.

Pide ordenar lo siguiente:

1.- Se deje sin efecto la resolución exenta N° 13, de fecha 19 de mayo de 2020, expedida por la funcionaria doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche, en cuya virtud resuelve aplicar a la actora, la medida disciplinaria de censura.

2.- Se pronuncie o instruya sobre la necesidad de implementar, por parte de las autoridades respectivas, ejerciendo las facultades administrativas jerárquicas, los protocolos de actuación frente al legítimo ejercicio de garantías constitucionales por los subalternos, iniciándose de ser procedente, los procedimientos administrativos respecto de aquellas conductas que en sí mismas constituyan graves infracciones a los deberes funcionarios, o en los términos que esta Corte determine.

3.- Todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Resolución exenta N° 13, de fecha 19 de mayo de 2020, expedida por la funcionaria doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche, que aplica la medida disciplinaria de censura a la actora; 2.- Recurso de Reposición presentado con fecha 22 de julio de 2020, ante el Suboficial Mayor de Carabineros nombre reservado, en contra de la resolución exenta N° 13, de fecha 19 de mayo de 2020; 3.- La resolución exenta N° 20, de fecha 19 de mayo de 2020, expedida por la funcionaria doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche, que rechaza recurso de reposición, manteniendo la medida de censura; 4.- Acta de Notificación, de fecha 04 de septiembre, de 2020, y en cuya virtud este se notifica de los resuelto en resolución exenta N° 20, de fecha 19 de mayo de 2020; 5.- Resolución N° 20, de fecha 20 de marzo de 2020, expedido por la funcionaria doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche, y en cuya virtud ordena informar amplia y detalladamente los motivos por los cuales, efectuó la recurrente, llamados directamente a la Pref. O.S.11 y posteriormente a la Dirección Nacional de Movilización Nacional; 6.- Informe N° 02, de 23 de marzo de 2020, expedido por doña nombre reservado, y en cuya virtud informa a su jefatura sobre los hechos requeridos en Resolución N° 20, de fecha 20 de marzo de 2020, según número anterior de esta presentación; 7.- Expediente de procedimiento administrativo disciplinario, instruido en Resolución N° 97, de 14 de octubre de 2019, por la funcionaria doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche, sobre depósito de dineros recaudados por cobros de tasas durante el mes de agosto de 2019; 8.- Resolución N° 334, de fecha 8 de junio de 2012, que contrata a la actora para prestar servicios en la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas y Explosivos 076 de Loncoche, de la 6ta Comisaría de la misma ciudad; 9.-Evaluación de desempeño de personal contratado por resolución, período 2017, 2018 y 2019, correspondiente a la funcionaria doña nombre reservado; 10.- Copia de certificado de título profesional de doña nombre reservado, de investigador criminalístico, aprobado con distinción, de fecha 16 de febrero de 2009, por el Instituto Profesional Santo Tomás, sede Temuco; 11.- Dictamen N° 012716N18, de fecha 22 de mayo de 2018; Dictamen N° 033220N19, de fecha 27 de diciembre de 2019, de la Contraloría General de la República; 12.-certificado psicológico de fecha 14 de noviembre de 2020, que da cuenta de diagnóstico de la recurrente, elaborado y expedido por la profesional Psicóloga doña nombre reservado y su correspondiente boleta de honorarios N° 410, de fecha 30 de noviembre de 2020.

2°.-A folio 10-2020 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que el día 20 de marzo del 2020, la C.P.R. (Administrativa) nombre reservado, de la Autoridad Fiscalizadora O.S.11., de la 6ª Comisaría Loncoche, efectuó diversos llamados telefónicos, a la Prefectura de Control de Armas y Explosivos (O.S.11.) y a la Dirección General de Movilización Nacional, con el fin de realizar consultas relativas al funcionamiento de la Autoridad Fiscalizadora de esta Unidad, en cuanto a la contingencia por la pandemia de Corona Virus que actualmente afecta al país, interrogantes que realizó en forma directa, sin que éstas fueran canalizadas a través de los conductos regulares consignados en la reglamentación institucional vigente, lo que provocó que esa Unidad fuera observada, a través de la Prefectura O.S.11., por el Director de la Dirección General de Movilización Nacional.

Señala que, recabada de informe, la C.P.R. (Administrativa) nombre reservado, reconoce que efectivamente el día 20.03.2020, realizó llamados telefónicos, en primera instancia a la Autoridad Fiscalizadora de la ciudad de Temuco, a fin de consultar de qué manera estaban manejando la situación relativa a la Pandemia Covid 19, ya que estando en la Oficina de la Autoridad Fiscalizadora de la 6ta. Comisaría Loncoche, había recibido varios llamados en los que se le consultaba si habría atención normal de público, además de conocer qué tipos de resguardos se deben tomar para evitar contagios, habida consideración de que dentro de sus funciones está la de atender a los recurrentes provenientes de las distintas comunas y localidades de la región, como asimismo motivada por la preocupación en su condición de madre. Es así que, siendo las 12:12 horas y, al no tener respuesta debido a que no logró tomar contacto telefónico con O.S.11. Temuco, la citada funcionaria se permitió llamar a la Prefectura de Control de Armas y Explosivos, de Santiago, de tal suerte que el número IP registrado en la guía telefónica resultó ser de la Oficina de Asesores de la citada Repartición y, en ese anexo, consultó si había algún tipo de información o instrucción respecto del funcionamiento de las autoridades fiscalizadoras, consultas siempre relacionadas al acontecer excepcional de la pandemia Covid 19, a lo cual la persona que contestó el llamado, le manifestó que aún no existía información u orden al respecto, agregando que si existiera alguna orden al respecto, ésta sería emanada de la Dirección General de Movilización Nacional, siempre manteniendo una conversación informal y llana al diálogo.

Agrega que, al término de ese llamado, quiso consultar a alguien que pudiera darle alguna respuesta o tuviera algún tipo de información, por lo cual en una guía de anexos, encontró el número de la D.G.M.N., siendo su intención llamar para hablar con un funcionario administrativo de su nivel, que la pudiera orientar, para lo cual se comunicó con el anexo 3804, donde le contestó una mujer, quien no se identificó, no obstante le hizo la misma consulta, ante lo cual esta persona le preguntó quién llamaba, que cargo tenía y, desde qué número telefónico efectuaba la comunicación, además de preguntarle quién le había dicho que era esa Alta Repartición, la que tenía que dar esas órdenes, a lo cual la funcionaria C.P.R., le respondió no recordar el nombre de la persona con quien se había comunicado previamente. Ante esto, la única respuesta que obtuvo fue “espere un momento y yo le devolveré el llamado en unos minutos”.

Así las cosas, siendo las 12:35 horas, recibe un llamado telefónico, de una persona de sexo masculino, quien sin identificarse y en un tono elevado de voz, le pide explicaciones del llamado a la Dirección General de Movilización Nacional, agregando que no le correspondía a la citada funcionaria de Carabineros, exigir pronunciamientos sobre el tema saltándose a sus mandos, luego demandó hablar con algún superior jerárquico, exigiendo que la Jefa de la Autoridad Fiscalizadora se comunicara con él, a lo cual la C.P.R. nombre reservado, le consultó a qué número se debía llamar, a lo que esta persona le respondió “a éste”, cortando abruptamente la comunicación.

De igual forma, señala que transcurridos unos 2 minutos después de finalizada la comunicación, recibió otra llamada telefónica, esta vez de la secretaria de la D.G.M.N., con quien había hablado momentos antes, quien le comunicó que "había elevado su solicitud al Director General", situación que le causó extrañeza, por lo que le preguntó de qué solicitud estaba hablando, explicándole que su intención fue efectuar una consulta a modo informal, a lo que la secretaria en cuestión no supo como responder, sólo le dijo que estaba mal enfocada, para posteriormente cortar la comunicación.

Informa también que, lo que comenzó con una acción proactiva de su parte, con la única intensión de conocer qué tipo de medidas se debían tomar para trabajar con mayor tranquilidad por causa de la contingencia derivada de la pandemia de Covid 19, y así tener una respuesta para satisfacer las consultas de los usuarios, además de resguardar la seguridad pública y personal, concluyó con una tergiversación de lo solicitado, ya que su intención fue conocer por parte de otro funcionario o funcionaria, si tenían conocimiento respecto de instrucciones sobre la materia y si se encontraban autorizados para entregar esta información.

Finalmente, señala que en ningún momento tuvo la intención de transgredir sus deberes funcionarios ya que siempre fue su objetivo aportar para el buen funcionamiento de la Oficina donde desempeña sus labores, agregando que cuenta con formación profesional y experiencia laboral en el ámbito civil, no teniendo instrucción de corte militar, por lo que a pesar de la experiencia en el cargo, jamás había tenido problemas de esta naturaleza, por lo que no dimensionó la gravedad de su proceder ni los resultados del mismo.

Refiere que, recibida en Audiencia por la Comisario de la 6ª Comisaría Loncoche, el día 25 de marzo de 2020, la C.P.R. (Administrativa) nombre reservado, ratifica en todas sus partes lo informado en su Oficio N° 02, de fecha 23.03.2020.

Indica que mediante Resolución Exenta N° 13, de fecha 19.05.2020, de la 6ª Comisaria Loncoche, se decide sancionar a la recurrente con una medida disciplinaria consistente en una “CENSURA”, porque el día 20 de marzo del 2020, efectuó diversos llamados telefónicos, a la Prefectura de Control de Armas y Explosivos (O.S.11.) y a la Dirección General de Movilización Nacional, con el fin de realizar consultas relativas al funcionamiento de la Oficina de la Autoridad Fiscalizadora de esta Unidad, relativas a la contingencia por la pandemia de Corona Virus que actualmente afecta al país, interrogantes que realizó en forma directa, sin que éstas fueran canalizadas a través de los conductos regulares consignados en la reglamentación institucional vigente, lo que provocó que esta Unidad fuera observada, a través de la Prefectura O.S.11., por el Director de la Dirección General de Movilización Nacional.

Con su proceder incurrió en la falta señalada en el Título V, Artículo 22°, N° 2, letra g), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile. N° 11, afectándole las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 33°, letras c) y f), del citado Texto Reglamentario, no favoreciéndole atenuantes.

Agrega que notificada de lo resuelto, la actora, se manifestó no conforme, haciendo uso del derecho que le otorga el Artículo 62°, de la Orden General N° 1.957, del 18.08.2010, B/O 4341, presentando Recurso de Reposición en tiempo y forma reglamentaria, y en cual además refiere a la presentación de Recurso Jerárquico en subsidio.

De lo anteriormente expuesto y analizados los antecedentes expuestos en el presente Recurso de Protección, manifiesta que la funcionaria C.P.R. indica que “…trascurridos más de una semana, esto es, el viernes 20 de marzo de 2020 (dos días después de haber declarado el estado de excepción), mi representada, con el consentimiento de los suboficiales mayores que trabajan con ella y en conocimiento de la Mayor nombre reservado, realizó un llamado a la Oficina de la Autoridad Fiscalizadora de Temuco, para consultar respecto al actuar de los funcionarios en relación a la atención de público en contexto de la pandemia... ", En relación a lo anterior, es del caso señalar el desconocimiento absoluto por parte de esta Oficial Jefe que suscribe, respecto a los llamados realizados por la C.P.R., en tanto el encargado de la autoridad fiscalizadora de Loncoche Nro. 76, nombre reservado, fue requerido de informe con la finalidad explique lo antes señalado.

Mediante Oficio Nro. 03, de fecha 19.10.2020, indica que se le dispuso efectuar llamado telefónico “solo” a la A.F. 071 de Temuco, respecto si mantenían alguna medida de seguridad especial en cuanto a la atención al público. Haciendo presente que ambos Suboficiales Mayores salieron a la domicilio reservado hrs. Regresando posteriormente a las 13:10 hrs. Conforme al registro realizado en el libro de población del vehículo policial AP-348.

Conteste con lo anteriormente señalado, mediante N.C.U. NRO. 111933645, de fecha 20.03.2020, enviado a la totalidad de autoridades fiscalizadora a nivel nacional, a través de documentación electrónica, específicamente a las 11:56 hrs., fueron remitidas instrucciones relacionadas con medidas por Fase 4 Covid-19, en donde se adjunta Oficio Nro. 2511/277 de fecha 17.03.2020, de la Dirección General de Movilización Nacional sobre la misma materia, en donde se indica en el numeral 2.-textualmente : “al respecto y con el objeto de enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación del virus en nuestro país, esta Dirección General de Movilización Nacional dispone que, sin dejar de cumplir con el horario de atención de público señalado en nuestra actual normativa, las autoridades fiscalizadoras en razón de las capacidades de sus dependencias y disponibilidad de personal, consideren limitar la presencia de público al interior de las oficinas, ello con el fin de evitar aglomeraciones y la saturación del aire en dichos lugares. Estas acciones van asociadas al reforzamiento del control de limpieza y desinfección de superficies.” Siendo estas instrucciones ampliadas en Documento Electrónico de la Prefectura de Control de Armas y Explosivos O.S.11.

Indica que dicho documento fue abierto conforme al sistema de documentación electrónica por el Suboficial Mayor Luvio nombre reservado, no obstante al ser consultado éste señaló que el citado día 20.03.2020, en horario de la mañana la única que se mantenía en dependencias de la Autoridad Fiscalizadora Loncoche era la C.P.R. nombre reservado, quien a su vez, conforme lo indicado en su Oficio Nro. 3, dicha C.P.R., utilizaba su clave de acceso con la finalidad de monitorear la D.O.E. en forma permanente cuando éstos se encontraban en terreno.

Señala que analizado el recurso de protección, se observa que en el numeral 2.- de la parte en cuanto a los hechos: en su parte final se indica que: “la llamada se efectuó aproximadamente a las 12:12 hrs. del mismo día (20 de marzo 2020).” Esto es posterior a la llegada del documento electrónico de instrucciones relacionadas con medidas por fase 4 covid-19.

Respecto a lo señalado hace presente que, la aplicación de la medida administrativa propuesta por esta Oficial Jefe que suscribe, consistente en una “CENSURA”, se debió específicamente a la llamada efectuada por la C.P.R. nombre reservado, desde la Autoridad Fiscalizadora Loncoche Nro. 076, al Director de la Dirección General de Movilización Nacional y posteriormente al Prefecto de la Prefectura de Control de Armas y Explosivo O.S.11., sin contar con el consentimiento, conocimiento como tampoco del respectivo conducto regular, en los momentos en que ésta se encontraba sola en dependencias de la Autoridad Fiscalizadora Por dicha situación ocasionó que la Jefe de la Autoridad Fiscalizadora Loncoche Nro. 076 que suscribe, fuera requerida de informe desde la Prefectura de Control de Armas y Explosivos O.S.11, mediante N.C.U. 111957317, de fecha 20.03.2020, de las 13:59 hrs. conforme a lo siguiente: “ante observaciones efectuadas durante el día de hoy por parte del Director de la Dirección General de Movilización Nacional al Prefecto Infrascrito y que tiene relación con las atribuciones que se toma el personal que labora en las Autoridades Fiscalizadoras y en especial los contratados por resolución, al efectuar consultas en forma directa a la Dirección General de Movilización Nacional, solicitando antecedentes que perfectamente pueden ser resueltos por esta Prefectura Control de Armas y Explosivos O.S.11, a raíz de los anterior ese Comisario y Jefe de Autoridad Fiscalizadora Nro. 076 Loncoche, se servirá informar amplia y detalladamente los motivos por los cuales autorizó a determinada C.P.R. de su dotación, para que esta efectuara la consulta en forma directa a la secretaria de la D.G.M.N., sin conocimiento y previo conducto de esta Repartición.”

Lo anterior además significó que desde la Prefectura de Control de Armas y Explosivos, mediante DOE Nro. 111957082, de fecha 20.03.2020, recepcionado a las de las 14:03 hrs. derivado a la totalidad de las Autoridades Fiscalizadoras a nivel nacional, se remitieran instrucciones respecto de consultas a la D.G.M.N., conforme a lo siguiente : “ de acuerdo con información proporcionada por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, esta Prefectura ha tomado conocimiento que personal de las autoridades fiscalizadoras de esta dependencia, hace requerimientos en forma directa ante dicha Alta Repartición Ministerial, sin contar con la anuencia de sus mandos respectivos o en su efecto sin previo conducto regular de esta Repartición, especialmente relacionados con cursos de acción respecto del Estado de Excepción decretado por el Supremo Gobierno con motivo de la pandemia de Covid-19, situación que constituye una anomalía administrativa que debe ser corregida, para lo cual se imparten las siguientes instrucciones:...”.

Refiere que, para la proposición de la medida disciplinaria, además fue considerado “Llamado de Atención” aplicado con fecha 06.02.2020, toda vez que desempeñándose como atención de público y encargada de finanzas de la Autoridad Fiscalizadora Nro. 076, no realizó oportunamente el depósito de los dineros recaudados por conceptos de cobros de tasas de derechos por parte de la A.F., anomalía que de igual forma fue observada a nivel central, lo cual fue consignada como circunstancia agravante de responsabilidad, en el sentido que a pesar de no ser una sanción, sí es una medida administrativa que representa un reproche a su actuar, que sí fue considerado, tanto en sus calificaciones como en el caso de autos, pues la normativa habla de “mal comportamiento anterior”, no habla de sanciones pretéritas.

Señala que con fecha, 23.03.2020 siendo las 12.30 hrs. la actora, fue notificada del contenido íntegro del D.O.E. NRO. 111997021, de fecha 21.03.2020, de la Subprefectura Administrativa de la Prefectura de nombre reservado Nro. 3, donde se informa de instrucciones relacionadas al Covid-19, respecto al “Personal Femenino en Gestación y Permiso de Amamantamiento, Liberado de Servicio y en aislamiento preventivo en su domicilio.” Lo cual posteriormente fue establecido mediante Resolución Exenta Nro. 185, de fecha 13.04.2020.

Es así que la citada C.P.R. desde el día 23.03.2020 hasta el día 11.08.2020, se mantuvo liberada del servicio, debido a modalidad de trabajo para el personal femenino de la repartición en atención al brote de coronavirus (covid-19), regresando debido a que su hijo cumplió los dos años de edad.

Sostiene que el recurso interpuesto sería extemporáneo, pues la pretensión del recurrente es dejar sin efecto la precitada Resolución Exenta N° 13, de fecha 19.05.2020, donde se le aplica la medida administrativa consistente en una “CENSURA”, habiendo transcurrido más de 30 días desde la notificación con fecha 15.07.2020. Haciéndose presente que ese acto administrativo fue recurrido administrativamente, a través del recurso de reposición y conjuntamente en forma subsidiaria mediante el recurso jerárquico correspondiente, ante el Señor Prefecto de la Prefectura nombre reservado N° 3.

En relación a todo lo anterior, y conforme a las consideraciones expuestas, concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar y admitir el presente Recurso de Protección, en contra de Carabineros de Chile y su tramitación del proceso disciplinario dirigido en contra de la C.P.R. nombre reservado, pues mediante Resolución Exenta N° 542, de fecha 05.11.2020, de la Prefectura nombre reservado, N° 3, se decide acoger el recurso jerárquico interpuesto ante el Mando de Repartición, dejando sin efecto la sanción disciplinaria consistente en una “censura”, que le fuera aplicada mediante Resolución Exenta N° 20, de fecha 04.09.2020, de la 6ª Comisaría Loncoche, no obstante se le reconviene con un “llamado de atención”, porque el día 20.03.2020, efectuó diversos llamados telefónicos, a la Prefectura de Control de Armas y Explosivos (O.S.11.) y a la Dirección General de Movilización Nacional, con el fin de realizar consultas relativas al funcionamiento de la Autoridad Fiscalizadora de esta Unidad, en cuanto a la contingencia por la pandemia de Corona Virus que actualmente afecta al país, interrogantes que realizó en forma directa, sin que éstas fueran canalizadas a través de los conductos regulares consignados en la reglamentación institucional vigente, lo que provocó que esa Unidad fuera observada, a través de la Prefectura O.S.11., por el Director de la Dirección General de Movilización Nacional.

Acompañó los siguientes documentos: Resolución exenta nro. 13 CPR nombre reservado; Resolución exenta nro. 20 de fecha 04-09-2020; Constancia Notificación de fecha 04-09-2020; Resolución Ex. 185 Pref. nombre reservado Permiso Amamantamiento; Constancia Notificación Permiso Amamantamiento CPR nombre reservado; Llamado de Atención CPR nombre reservado; DOE NRO 111933645 de fecha 20-03-2020312; Medidas Fase 4 covid-19 de Director General de Movilización Nacional; DOE NRO. 111957317 de fecha 20-03-2020; DOE NRO. 111957082 de fecha 20-03-2020; ide Cuenta SOM Luvio nombre reservado; Resolución Exenta N° 542, de fecha 05.11.2020 A folio N°14-2021 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, preciso es que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en estos autos se ejerce la presente acción constitucional en contra de CARABINEROS DE CHILE, representado en este caso por la funcionaria, doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche y, respecto a lo resuelto en Resolución Exenta N°13, de fecha 19 de mayo de 2020, de la 6ta. Comisaría de Loncoche, la cual fue notificada con fecha 15 de julio del año en curso en cuya virtud resuelve aplicar a su representada la medida disciplinaria de CENSURA. Luego, se interpone recurso de reposición administrativo, con fecha 22 de julio de 2020 y, mediante Resolución Exenta N°20, de 04 de septiembre de 2020, que fue notificada a ese apoderado el 4 de octubre de 2020, la misma autoridad resuelve mantener la medida disciplinaria de Censura, rechazando recurso de reposición.

TERCERO: Que, atendidas la ilegalidad y arbitrariedad de las resoluciones que cita, en lo fundamental solicitó se deje sin efecto la resolución exenta N°13, de fecha 19 de mayo de 2020, expedida por la funcionaria doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche, en cuya virtud resuelve aplicar a la actora, la medida disciplinaria de censura.

CUARTO: Que, con posterioridad a la interposición del presente recurso de protección, la recurrida puso en conocimiento de esta Corte que, la autoridad acogió el recurso jerárquico interpuesto ante el Mando de Repartición, dejando sin efecto la sanción disciplinaria reclamada consistente en una “censura”, que le fuera aplicada mediante Resolución Exenta N°20, de fecha 04.09.2020, de la 6ª Comisaría Loncoche, pero se le reconviene con un llamado de atención por los mismos hechos, hecho no controvertido por el recurrente.

QUINTO: Que, atendido que la medida en definitiva impuesta a la recurrente consistente en “un llamado de atención”, no sólo es de menor entidad a la primitivamente aplicada, sino que, además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Disciplina N°11, no es una sanción disciplinaria, habiéndose por tanto acogido a través del recurso jerárquico lo pedido por la recurrente de autos, se rechazará el recurso de protección interpuesto por haber perdido oportunidad la presente acción constitucional.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por OSVALDO SEBASTIÁN GARCÍA HORMAZÁBAL, abogado, en representación, de doña nombre reservado, en contra de CARABINEROS DE CHILE, representado en este caso por la funcionaria, doña nombre reservado, nombre reservado, Mayor de Carabineros y Jefe de la A.F. 076, Loncoche.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Fuentes Fernández.

Rol N° Protección-9390-2020 (pvb).