nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, representada por su rector, don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, por haber dictado un acto administrativo, arbitrario e ilegal, que dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente, vulnerando así la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley) y 19 N°24 (propiedad sobre el empleo y las remuneraciones) de la Constitución Política de la República.- Expone como fundamentos de su pretensión que, la funcionaria, Heike Flatau, ingresó a prestar servicios en calidad de traductora de la dirección de comunicaciones de la Universidad. Primero, en calidad de honorarios, pasando a la contrata en enero de 2023.

Indica que, comenzó a prestar servicios personales para la recurrida el 2 de noviembre de 2021, desempeñándome en calidad de administrativa a contrata, asimilada a grado 7° en la escala de sueldos de la Universidad de La Frontera.

Refiere que, inicialmente, fui asignada a la Facultad de Odontología (CODA) como cajera. Entre mis labores principales estaba el apoyo en procesos críticos como matrículas en enero y la gestión de TNE en marzo de los años 2022 y 2023.

Expresa que, durante estos periodos, fue requerida por el Director de Administración y Finanzas para apoyar a los cajeros de la Casa Central, debido a la vacante generada por el fallecimiento de una colega. En reconocimiento a su desempeño, se le solicitó permanecer en la Caja Central de manera definitiva, lo que ocurrió a partir del año 2023. Desde entonces, desempeñé mis funciones sin inconvenientes, cumpliendo cabalmente con las tareas asignadas y manteniendo relaciones laborales armoniosas con colegas y jefaturas.

Comenta que, desde su ingreso en 2021, obtuvo sucesivas prórrogas de mi contrata, alcanzando vigencia hasta el año 2024 inclusive, lo que evidencia una trayectoria laboral destacada y estable en la Universidad de La Frontera.

Expresa que, durante el año 2022-2023, recibió tres evaluaciones de desempeño, obteniendo puntajes perfectos de 100 en cada una, lo que arroja un promedio anual de 100 puntos, un resultado sobresaliente. En los últimos tres años, su promedio de evaluación ha sido consistentemente bueno. Además, no existen antecedentes de sumarios administrativos en su contra.

Agrega que, a pesar de su destacado historial, el 27 de noviembre de 2024, recibí un correo electrónico con un documento adjunto que contenía la Resolución Exenta N° 3852/2024, mediante la cual se le comunicó la decisión de no prorrogar mi contrata para el año 2025. Dicha resolución carece de fundamentos específicos. En ella se argumenta principalmente situaciones de carácter económico, lo que resulta infundado, pues no se justifican legalmente las razones para desvincular a una funcionaria que cumple con los requisitos establecidos para su permanencia en la institución.

Expresa que, la decisión de no renovación fue adoptada en el marco de un plan de ajuste financiero y presupuestario 2024-2025, que contempla la reducción de personal a contrata y la modificación de condiciones laborales, como disminución de jornadas o grados.

Según lo señalado en el considerando N° 13 de la Resolución Exenta, la medida se fundamenta en la situación financiera de la Universidad de La Frontera, que enfrenta un déficit presupuestario acreditado por la Superintendencia de Educación Superior, así como en la implementación de un protocolo de reducción presupuestaria.

Asimismo, se alude al dictamen N° 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República, que establece que la no renovación de contratas puede efectuarse mediante un acto administrativo debidamente motivado, sin que exista obligación de comunicación previa.

Expresa sobre LA DECISIÓN ARBITRARIA E ILEGAL que, en primer lugar, cabe destacar que la decisión de no renovar una contrata debe estar debidamente fundada. Esto se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley N° 19.880, que dispone que la administración debe expresarse mediante actos administrativos que contengan una exposición clara de los hechos y fundamentos jurídicos que los sustentan. Por lo tanto, no son suficientes explicaciones vagas ni genéricas.

En este sentido, lo señalado también ha sido refrendado por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, como el N° 156.769 del 18 de noviembre de 2021, el N° 85.700 y el N° 6.400 de 2018. Dichos pronunciamientos, en relación con los artículos 11 y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880, establecen la necesidad de que exista una resolución fundada que cumpla con un estándar mínimo de razonabilidad. Este estándar no se satisface con una fundamentación meramente formal.

Manifiesta que, en este contexto, la resolución de no renovación de la contrata menciona el Plan de Ajuste Financiero y Presupuestario 2024-2025, pero no explica de manera concreta por qué mis funciones no pueden continuar, ni establece una conexión clara entre la decisión y los supuestos fundamentos económicos. La argumentación se limita a razones genéricas, como la reorganización de funciones o la modificación de condiciones laborales (como la disminución de jornadas o grados), pero omite justificar la desvinculación específica de mi persona.

Por lo tanto, razones presupuestarias, reestructuración institucional, u otras motivaciones de carácter genérico no son válidos para justificar mi desvinculación debiendo considerarse necesariamente como un acto arbitrario e ilegal, por cuanto contaba con una expectativa razonable de continuidad laboral la que solo podría ser afectada por causales justificadas y específicas.

Agrega que, resulta totalmente procedente que V.S.Iltma., admita a tramitación y se pronuncie sobre el mismo, a fin de que, en definitiva, se restablezca el imperio del Derecho que ha sido vulnerado por la decisión arbitraria e ilegal contenida en la resolución de no renovación de la contrata del funcionario, lo que constituye un agravio a las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19, números 2° y 24° de la Constitución Política de la República.

Indica que, el acto administrativo que dio lugar a la no renovación de su contrato resulta claramente arbitrario al tratarme de manera desigual, a pesar de cumplir con todos los requisitos para la continuidad en el cargo. Esta situación está respaldada por mis cuatro años de servicio, mis evaluaciones sobresalientes y mi destacada trayectoria profesional. La decisión se vuelve aún más cuestionable al observar que otros funcionarios, que se encontraron en circunstancias similares, han mantenido sus cargos sin justificación alguna.

Esta disparidad de trato sugiere que la decisión tomada pudo haber respondido a criterios discrecionales y arbitrarios, sin una base objetiva que la respalde.

Además, la Universidad implementó una política de reducción presupuestaria que afectó principalmente al personal no académico, sin llevar a cabo un análisis equitativo ni valorar adecuadamente las funciones esenciales que desempeñábamos. Este enfoque desigual pone en evidencia un tratamiento discriminatorio, ya que no se ha demostrado que mis funciones eran prescindibles en comparación con las de otros funcionarios que, en circunstancias similares, fueron mantenidas en sus puestos. Este trato desigual vulnera el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria consagrado en nuestra Constitución, puesto que no se ha ofrecido una justificación razonable y objetiva para la diferencia de trato. La aplicación de una política que no respeta la equidad ni el mérito de los trabajadores afecta directamente los derechos fundamentales, generando una distorsión en el acceso a la estabilidad laboral que corresponde a cada trabajador en base a su desempeño y trayectoria.

Expresa que, los cuatro años de servicio en la universidad pueden configurar un "Derecho de Propiedad sobre el empleo". La no renovación de mi contrato afecta mi expectativa razonable de continuidad laboral, considerando mis seis años de servicio continuo e ininterrumpido, así como los proyectos asumidos hasta el año 2025. Dado que no existen ni se verifican circunstancias graves que justifican mi desvinculación, tales como malas calificaciones o sanciones derivadas de un sumario administrativo, adquirió un derecho legítimo a la renovación de mi contrato. Mi permanencia de cuatro años en la universidad y mi destacado desempeño han generado una expectativa razonable de acuerdo con los principios de estabilidad y continuidad laboral. En este sentido, la falta de justificación para la no renovación de mi contrato constituye una decisión arbitraria que vulnera mi derecho de propiedad sobre mi empleo.

Además, la propiedad sobre las remuneraciones es el correlato necesario de este derecho, ya que quien tiene derecho al empleo también debe tener derecho a una retribución justa por su trabajo, en un marco de estabilidad y continuidad laboral. Por tanto, la no renovación de su contrato constituye una privación arbitraria de mi derecho de propiedad, vulnerando su legítima expectativa de estabilidad en el empleo.

Conforme a lo expuesto, solicita acoger el recurso, decretando, salvo mejor parecer, las siguientes medidas:

- Que, atendido a los graves actos de arbitrariedad, discriminación y al derecho de propiedad que goza el funcionario, se ordene a dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N° 3852 2024, ordenando la prórroga de la contrata, como administrativa a contrata grado 7°, al menos entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025.- - En subsidio, esta parte solicita, el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo hasta dicha fecha. (entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025).

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

- La Resolución Exenta RA N° 3852/2024 de no prorrogar de fecha 27 de noviembre de 2024.- - Designa contrata 21/03/2022 - Informe desempeño.- A folio 13 comparece Juan Eduardo Erices Reyes, abogado, en representación de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, evacuando informe.

Indica que, doña nombre reservado desde noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2024, es decir tres años, un mes, mantuvo una categoría de trabajadores empleado público. Cuyo origen directo es la Ley, y no una convención celebrado entre el Estado y los funcionarios, sino que, por vía de la imposición legal unilateral, se establecen sus derechos, obligaciones y deberes. Por otro lado, la función realizada por aquellos está presidida por los fines propios del Estado, en especial el bien común, por lo que, el contenido del estatuto pertinente tiende a regular la vinculación funcionaria haciendo predominar el interés general por sobre el interés particular.

Expresa que, doña nombre reservado acepta en pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad un documento llamado “Propuesta” N°417/2021 de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de La Frontera, ejerciendo funciones en calidad de funcionario público, formalizó, aceptó y consolidó su aceptación al cargo.

Refiere que, por Resolución Exenta RA N°3852/2024, de fecha 27 de noviembre de 2024, se resuelve no prorrogar la designación a contrata de doña nombre reservado, RUN RUT reservado, en el cargo administrativo grado 7° escala sueldos universidades estatales con jornada 44 horas semanales, de la planta de administrativo, a contar del 1 de enero de 2025.

Agrega que, la fundamentación de la no renovación de la recurrente obedece a la decisión administrativa del Jefe de Servicio en pleno uso de sus atribuciones en el marco de legalidad y racional propias del cargo y, a mayor abundamiento, en el contexto del Plan de Ajuste Financiero y Presupuestario de la Universidad de La Frontera 2024-2025.

Refiere que, por Resolución Exenta N°4341/2024, de fecha 24 de diciembre de 2024, de la Universidad de La Frontera, se Rechaza Recurso y confirma Resolución Exenta RA N°3852 de 2024.

Menciona que, por Resolución Exenta N°627 de fecha 19 de noviembre de 2024 de la Superintendencia de Educación Superior, se aprobó Plan de ajuste financiero y presupuestario 2024-2025 de la Universidad de La Frontera, en el marco del proceso de supervisión financiera, la cual indica en su RESUELVO, SEGUNDO que “Establézcase que, en caso de que la institución de Educación Superior no dé cabal cumplimiento al Plan de Ajuste Financiero y Presupuestario 2024-2025, esta Superintendencia de Educación Superior, de oficio y por resolución fundada, podrá iniciar el procedimiento administrativo previsto en la Ley N°20.800”.

Precisa que, por Resolución Exenta N°3788 de fecha 22 de noviembre de 2024, de la Universidad de La Frontera, se aprobó Plan de ajuste financiero y presupuestario de la Universidad de La Frontera 2024-2025. Que, el Plan de ajuste financiero y presupuestario 2024-2025 de la Universidad de La Frontera, declara como hallazgos de déficit presupuestario: a) Déficit de caja acumulado aproximado por MM$38.000; b) Utilización línea de crédito por MM$9.000; c) Deuda con Fondo Solidario por MM$11.000; d) Utilización de Fondos de Proyectos sin restricción por MM$6.000; e) Proveedores pendientes de pago por MM$2.000; y, Crédito de Largo Plazo utilizado en capital de trabajo por MM$10.000.

Refiere que, en este sentido y en el marco de las orientaciones de la Superintendencia, se indica:

a) Que, el punto 1.3. referido a “Orientaciones de la Superintendencia de Educación Superior” sobre el punto 3 del ORD. N°259/2024 SES, esto es, “Se sugiere profundizar en iniciativas de control de costos y gastos, especialmente en lo que refiere a remuneraciones y eficiencia en los procesos de programación académica. Esto con objeto de seguir contribuyendo hacia la sustentabilidad financiera”.

b) Que, el punto 3.1 referido a “Ajustes en el gasto presupuestario” dispone priorizar: “Desarrollar un proceso de ajuste de gastos de remuneraciones a través de la no renovación de contratos a contrata, resguardando la eficacia en la toma de decisión a través de los criterios establecidos por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema, así como otros que resguarden la dignidad de las personas y el buen funcionamiento institucional”.

c) Que, el punto 3.3.2. referido a “Ajuste presupuestario 2025: Gastos”, indica que “[…] el universo de personas contratadas que, a la fecha, no cuenta con confianza legítima del estamento administrativo […] se concentra cerca de un 70% fuera de las Facultades, y es allí donde se realizará el mayor esfuerzo, en específico, en funciones que desarrollan procesos que pueden ser reorganizados, manteniendo el buen funcionamiento institucional y respeto irrestricto de los procesos fundamentales de una institución de educación superior orientada hacia la excelencia educativa, creación de conocimiento y vinculación con el territorio como proceso transversal”.

d) Que, como consideraciones finales, el presente plan de ajuste obliga una reducción del presupuesto de las unidades académicas y administrativas de la Institución; un ajuste en la dotación de personal; y, un plan de reestructuración de las unidades que forman parte de la orgánica universitaria. Además de una política de austeridad que restrinja las adquisiciones de bienes y servicios a ámbitos esenciales del quehacer universitario: docencia, investigación y vinculación con el medio.

Expone que, por Resolución Exenta N°3791 de fecha 25 de noviembre de 2024, se aprobó el Protocolo de reducción presupuestaria de unidades administrativas centrales y reducción de dotación de personal a contrata de la Universidad de La Frontera, el cual dispone:

a) Las unidades administrativas centrales, con excepción de Secretaría General y Contraloría Universitaria, reducirán en un 25% aproximado su presupuesto a partir de enero de 2025, lo cual se traducirá en la disminución de dotación de personal, mediante la no renovación de contratas para la anualidad 2025. Las Facultades sufrirán una disminución de un 10% aproximado en dotación de personal. Lo anterior, sin perjuicio de la decisión de la H. Junta Directiva en el presupuesto 2025 de poder aumentar dichos porcentajes y la decisión del Jefe de Servicio en no prorrogar contratas por el pleno uso de sus facultades administrativas.

A continuación, sobre los FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA DECISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA E INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, expresa que, se debe tener en consideración que tanto la contratación como la decisión de no renovar la contrata administrativa, se derivan de las facultades contenidas en el artículo 22, del Decreto con Fuerza de Ley N°25 de 2023, que contiene el Estatuto de la Universidad de la Frontera, en especial sus literales c) y h), que atribuyen al Rector las facultades de:

c) Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad al presente estatuto; y, h) Nombrar al personal académico y administrativo de la Universidad, conforme a los procedimientos establecidos en este Estatuto. Asimismo, de las facultades y atribuciones que se desprenden del Estatuto Administrativo en lo que respecta a la naturaleza de las contratas y la jurisprudencia judicial conforme al criterio unificador dispuesto por la Excma. Corte Suprema.

Precisa que, a su vez, el artículo 3° de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone a su vez y de manera expresa que empleo a contrata “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución” y, por tanto, a diferencia del cargo de planta, encuentra definido su duración siempre limitada al tiempo. Por otra parte, el artículo 10° del mismo cuerpo legal regula la duración del vínculo al preceptuar que estos cargos durarán como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año. De acuerdo con las disposiciones antes citadas, queda de manifiesto que los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose a la ley fijar un término máximo de duración. Cuestión que habilita al Jefe Superior del Servicio para que disponga la extinción del vínculo estatutario por el cumplimiento del plazo si los servicios ya no son necesarios.

Menciona que, en el presente caso, no se configura confianza legítima entre la funcionaria recurrente y el órgano de Administración del Estado. Esta postura se establece a partir del criterio unificador de la Excma. Corte Suprema, mediante las sentencias roles N° 26.112-2023; 26.131-2023; 26.196-2023; 26.279-2023; y, 26.301-2023, manteniéndose vigente el precitado criterio hasta el día de hoy. Se ha indicado: “Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración”. En esta idea, “se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación esta concluye por el solo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario”, explica el máximo tribunal y continúa indicando que “En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración solo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”.

Expresa que, atendida la revisión de jurisprudencia judicial del último periodo (SCS de fecha 07 de junio de 2024, Rol N°14.125-2024, C. 11° y 12°; SCS, de fecha 13 de septiembre de 2024, Rol N°6.613-2024, C. 11° y 12°; SCS, de fecha 18 de abril de 2024, Rol N°4.807-2024, C. 11 ° y 12°; SCS de fecha 09 de enero de 2025, Rol N°51.730, C. 4°), la Corte Suprema mantiene en vigencia su criterio unificador, considerando el plazo de cinco años como periodo prudente para la evaluación del desempeño del funcionario y la necesidad de continuar en el cargo. Estimando que el servidor que ha mantenido un periodo de desempeño inferior a un lustro, no le asiste el principio de confianza legítima, provocando que la Administración guarde la facultad para no renovar su vínculo estatutario, sin necesidad de la dictación de un acto administrativo, bastando su periodo de designación y, por ende, el término de su contrata, por el sólo ministerio de la ley. En el presente caso, la recurrente posee una extensión temporal inferior a los 5 años.

Al mismo tenor, la jurisprudencia reciente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco (Rol N°13.983-2023 de fecha 02 de mayo de 2024, C. 4° y 5°; y Rol N°5.194-2024 de fecha 31 de diciembre de 2024, C. 8°), estimó que el principio de confianza legítima en materia administrativa protege únicamente a aquellos funcionarios que, por la extensión temporal de su vínculo (superior a cinco años), y la reiteración de renovaciones anuales, desarrollan una expectativa razonable de continuidad en el servicio.

Expresa que, el acto administrativo notificado a la recurrente se encuentra debidamente motivado, en conformidad al artículo 11 de la Ley N°19.880, el cual señala que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, en suma, el artículo 41 inciso 4° de la ley precitada, establece que los actos administrativos contendrán la decisión, la cual debe ser fundada. Sobre este punto, la jurisprudencia administrativa (Dictamen N°85.700 de 2016; Dictamen N°12.248 y N°18.901, ambos de 2017; y, Dictamen N°6.400 de 2018) indica como fundamentos para prescindir o alterar el vínculo funcionario – ya sea mediante no renovación o término anticipado – y en la medida que se encuentren suficientemente acreditados, ya sea por estudios o informes: a) Evaluación deficiente; b) Modificación de funciones del órgano y/o reestructuración; c) Supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo; d) Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal; e) Reducción de la dotación docente. Lo cual, pese a no exigirlo la jurisprudencia judicial, ocurre en el caso de marras.

Señala que, el acto administrativo por el que se decide no prorrogar la contrata de la recurrente, está dotado de la necesaria racionalidad, exponiendo los argumentos de hecho y fundamentos de derecho, para los cuales basta la decisión discrecional del Jefe de Servicio, sin perjuicio de ello, adiciona a su argumentación el contexto de lo informado a la Superintendencia de Educación Superior. Por lo cual, no existe una arbitrariedad en el ejercicio de la potestad administrativa, pues la finalidad real del acto es proteger un fin eminentemente público, que es dar continuidad al servicio educacional superior.

Manifiesta que, la decisión adoptada es legal, por cuanto fue tomada por la Autoridad Administrativa a quien compete la organización y dirección de la Universidad, encontrándose legalmente investida, y obrando dentro de la esfera de sus competencias, cumpliendo dicha actuación con los principios de legalidad y competencia, establecidos en el texto de la Constitución Política de la República, revistiendo la decisión la figura de un acto administrativo (Resolución Exenta impugnada), según las disposiciones de la Ley N°19.880, y debidamente fundado, considerando en sus motivaciones las directrices impartidas por la Contraloría General de la República, vinculantes para esta Universidad.

A continuación, luego de analizar cada una de las garantías constitucionales citadas por la recurrente, expresa que respecto de la eventual vulneración de derechos fundamentales invocada, particularmente de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho al trabajo y el derecho de propiedad. Es menester señalar que la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, tienen como necesaria consecuencia la ausencia de conculcación de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental y garantizados por Acción de Garantías Constitucionales consagrada en el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Así, solicita declarar que se rechaza el Recurso de Protección, por carecer éste de fundamento por no existir un acto arbitrario o ilegal de parte de mi representada que lesione alguna garantía fundamental del recurrido, todo ello con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe, los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta RA N°3852/2024, se resuelve no prorrogarse la designación a contrata de doña nombre reservado.

2.- Resolución Exenta N°4341/2024, de fecha 24 de diciembre de 2024, de la Universidad de La Frontera, se Rechaza Recurso y confirma Resolución Exenta RA N°3852 de 2024.

3.- Resolución Exenta N°627 de fecha 19 de noviembre de 2024 de la Superintendencia de Educación Superior, que aprobó Plan de ajuste financiero y presupuestario 2024-2025 de la Universidad de La Frontera 4.- Resolución Exenta N°3788 de fecha 22 de noviembre de 2024 de la Universidad de La Frontera, se aprobó Plan de ajuste financiero y presupuestario de la Universidad de La Frontera 2024-2025.

5.- Resolución Exenta N°3791 de fecha 25 de noviembre de 2024, se aprobó el Protocolo de reducción presupuestaria de unidades administrativas centrales y reducción de dotación de personal a contrata de la Universidad de La Frontera.

6. Captura de pantalla Sistema de Personal, de doña nombre reservado.

7. Propuesta N°417/2021, emitido por la Universidad de La Frontera 8. Resolución Exentas RA N° 311/1769/2022, de fecha 21 de marzo de 2022, Universidad de La Frontera.

9. Resolución Exenta RA N° 311/7787/2023, de fecha 18 de octubre de 2022, Universidad de La Frontera.

10. Resolución Exenta RA N° 311/10231/2023, de fecha 05 de noviembre de 2024, Universidad de La Frontera.

11. Resolución Exenta RA N°311/10447/2024, de fecha 08 de noviembre de 2024, Universidad de La Frontera.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la presente acción constitucional ha sido interpuesta en contra de la decisión de la UNIVERSIDAD DE LA FORNTERA, de no prorrogar la designación a contrata de la actora, materializada mediante la Resolución Exenta RA N°3852/2024, de fecha 27 de noviembre de 2024, actuación que estima es ilegal y arbitraria en los términos que explicita en su presentación.

TERCERO: Que conforme al mérito de los antecedentes allegados al recurso, es posible afirmar que la Entidad recurrida, no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, pues la Resolución Exenta RA N°3852/2024, de fecha 27 de noviembre de 2024, acto administrativo que materializa la decisión de prorrogar la contrata de la actora, contiene las razones y motivos que llevaron a la recurrida a adoptar la referida decisión, con fundamentos legales, administrativos y jurisprudenciales, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar esa decisión de la administración.

Lo anterior, considerando especialmente al efecto, que la decisión se enmarca en el contexto de un Plan de ajuste financiero y presupuestario, aprobado previamente mediante Resolución Exenta N°627 de fecha 19 de noviembre de 2024 de la Superintendencia de Educación Superior y Resolución Exenta N°3788 de fecha 22 de noviembre de 2024, de la Universidad de La Frontera, antecedentes que forman parte de los fundamentos de la decisión impugnada.

CUARTO: Que por otra parte y en relación al principio de confianza legítima que se invoca por la recurrente, es preciso tener en consideración que corresponde a un principio que tiene por objeto otorgar seguridad jurídica y proteger la buena fe de los administrados, lo cual, en el ámbito de lo reclamado en este recurso, se vincula con la protección de la expectativa razonable de que quienes desarrollan funciones para la administración, continuarán haciéndolo, en este caso, que una determinada contrata, deberá ser renovada bajo un criterio de normalidad.

Dicho concepto, en nuestro ordenamiento jurídico, se trata de una construcción doctrinal, que tiene su sustento en la apreciación administrativa y jurisdiccional de ciertas situaciones en que es necesario proteger la confianza de los administrados, pero que, en este ámbito de aplicación que en la especie se discute, carece de una determinación concreta, en términos de la existencia de una regla jurídica que establezca de manera abstracta y general, el tiempo exacto y concreto que da lugar a dicho derecho, por cuanto esa determinación se ha sujetado a la jurisprudencia administrativa, y especialmente, judicial. Así también lo reconoce la propia Contraloría General de la República, que en su dictamen 561358 de 6 de noviembre de 2024, se exime de pronunciarse al respecto, al considerar que la cuestión de la confianza legítima en las contratas con la administración, obedece a una cuestión litigiosa.

QUINTO: Que como se dijo, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir.

Así, no se ha discutido que la recurrente fue nombrada “a contrata” para desempeñar funciones y que la resolución impugnada decidió no renovar esta contrata, cuestión que está bajo su potestad, no operando en el caso sublite la denominada confianza legítima puesto que la actora en conjunto se mantuvo bajo la modalidad “contrata”, sólo por el término de tres años y dos meses, esto es, desde el 2 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.

SEXTO: Que, la Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, ha establecido que el plazo exigible para que tal principio proceda, es de cinco años. En efecto, la Corte Suprema, a partir de la sentencia Rol 26.112-2023 (reiterada, por ejemplo, en los antecedentes con el ingreso 26.131, 26.279 y 26.307, entre otros, del año 2023), en un intento de unificar la doctrina al respecto, viene declarando que el principio de confianza legítima opera después de cinco años, pues estima dicho término, como prudente para que la administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario, sino que, además, la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona.

SÉPTIMO: Que así las cosas, no resulta posible considerar la procedencia, en este caso, de la aplicación del principio de confianza legítima que se reclama, desde que el tiempo de prestación de servicios del recurrente, es menor a cinco años, de modo que no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, debería haberse acreditado que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que la recurrente, lo que no ha sucedido. Respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 del mismo cuerpo legal, éste no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio que señala el artículo 582 del Código Civil.

OCTAVO: Que así las cosas, no queda sino rechazar el recurso de protección intentado puesto que, como se dijo, la decisión de la Universidad recurrida plasmada en la resolución impugnada, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 18.834 y artículo 11 inciso segundo de la ley 19.880, amén que no opera en el caso sub lite la institución denominada “confianza legítima” que pretende ostentar la recurrente.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-9346-2024.(jog)