ARIDOS Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece MARCO ESTEBAN BERARDI GUAJARDO, abogado, en representación de SOCIEDAD ARIDOS Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA, representada legalmente por nombre reservado,quien interpone recurso de protección en contra de laILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, representada por su Alcalde Ricardo Jaramillo Galindo.

I.- LOS HECHOS 1.- Indica que con fecha 13 de marzo de 2023 la Ilustre Municipalidad de Lautaro por intermedio de ordinario número 06 informa a su representada que en relación a informe final N° 589/2021 de fecha 28 de noviembre de 2021 emanado de la Contraloría General de la República, de la Región de la Araucanía se habrían detectado extracciones sin autorización desde el cauce del río Cautín.

2.- De acuerdo al mencionado informe final de Contraloría, el ordinario N° 06 transcribe en su N°2 lo siguiente “Se constató la existencia de 7 sectores en donde se aprecia la reciente extracción de áridos (entre los años 2017-2020) El informe es de 28 de noviembre de 2021 sin contar con la correspondiente autorización municipal, afectando una superficie total de a lo menos 140.079 m2 según se expone en los anexos números 2 y 3, del presente informe, por lo que la Municipalidad de Lautaro deberá realizar las respetivas clausuras de los pozos ilegales y acreditar la determinación de los volúmenes extraídos en los puntos números 2,3,4,5,6,7 (polígono de 2.747 m2) y 8 del citado anexo número 2 con el objeto de iniciar las acciones de cobro administrativas pertinente……”

3.- En el número 3 del ordinario 06 de la I. Municipalidad de Lautaro señala que una de las conclusiones del informe final de auditoría sería (lo hago presente de manera condicional pues el informe de Contraloría no ha sido puesto en nuestro conocimiento): “Asimismo, la Municipalidad de Lautaro deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la rigen”.

Acto seguido y dentro del mismo numeral se transcribe “N°1 En relación con la observación contenida en el numeral N°2, extracción de áridos sin autorización municipal (AC), la Municipalidad de Lautaro deberá realizar las respectivas clausuras de pozos ilegales y acreditar la determinación de los volúmenes extraídos en los puntos Nos 2,3,4,5,6,7 -para el polígono de 2.747m2- y 8 del anexoN°2 con el objeto de iniciar las acciones de cobro administrativas y judiciales pertinente…..”

En este punto en particular es la propia Contraloría de la Región de la Araucanía la que instruye a la I. Municipalidad de Lautaro a “iniciar las acciones de cobro administrativo y judiciales pertinente”, es decir le señala que a través de las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico y dentro de sus competencias establezca las acciones administrativas (procedimiento administrativo) y judiciales para el cobro luego de la eventual determinación de extracciones sin los permisos correspondientes.

4.- En el N° 4 del Ordinario 06 se señala que en virtud del informe de Contraloría la Municipalidad deberá exigir el cobro de derechos por extracción de áridos entre los años 2017 a 2021 de acuerdo a los valores establecidos en la ordenanza municipal correspondiente, y que la tesorería municipal habría efectuado los cálculos de los derechos adeudados por “Empresa Constructora San Vicente”.

En síntesis, pues se acompaña a este recurso el mencionado ordinario 06 se establece sin más en los siguientes numerales que en relación al cálculo de la Tesorería Municipal mi representada adeudaría la suma de $341.358.634 considerando derechos, reajustas, multas e intereses.

5.- Finalmente en el N° 6 señala de forma perentoria, amenazante, ilegal y arbitraria “Se le solicita regularizar el pago de la deuda informada y/o gestionar un convenio de pago, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días hábiles (negrillas y subrayado es de origen municipal) para ello, a objeto de evitar el inicio de acciones judiciales de cobranza en vuestra contra”.

Cabe hacer presente que con antelación a esta “notificación amenazante” mi representada no ha sido notificada de proceso administrativo alguno orientado a determinar una extracción sin autorización y establecer sanción pecuniaria alguna, por lo cual es extremadamente evidente que la I. Municipalidad de Lautaro actúa de manera ilegal y arbitraria y con ello priva, perturba y amenaza garantías Constitucionales de su representada.

Importante es señalar que durante los periodos que se supone se habría efectuado una extracción ilegal del Río Cautín, su representada contó con los correspondientes permisos y pago los derechos municipales a que se encontraba afecta mediante la ejecución y operación de una resolución de calificación ambiental que se adjunta a esta presentación.

Otro antecedente relevante es que no tiene conocimiento de cuáles serían los eventuales polígonos donde se habría extraído sin permiso y ni siquiera si su representada realizo alguna acción de extracción en ellos toda vez que no es la única empresa de áridos que opera en el sector y como ya señaló en los periodos de revisión que se encontrarían en el informe de Contraloría Áridos San Vicente obtuvo permisos de extracción y pago los derechos municipales correspondientes.

No obstante, lo anterior, y con la finalidad de dar certeza a Contraloría, la I. Municipalidad de Lautaro y el administrado, en este caso Áridos y Constructora San Vicente se debió llevar a efecto el correspondiente procedimiento administrativo para dar cumplimiento a la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, lo que en loshechos no sucedió constituyendo el ordinario N° 06 un acto administrativo arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza Garantías Constitucionales.

II.- EL DERECHO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

Cita los artículos 7 y 20 de la Constitución Política de la Republica.

Indica que en relación con las disposiciones Constitucionales citadas los artículo 2°; 3°; y 5° de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado prescriben:

Artículo 2°.- Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

Artículo 3º. La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las leyes.

Siguiendo la línea argumental y relacional entre la Constitución Política de la República y la sujeción de la I. Municipalidad de Lautaro a dichas disposiciones Constitucionales en lo particular al artículo 19 N°2; 6° y 7° de la Carta Fundamental y las leyes que rigen al órgano municipal es menester destacar lo consignado en la Ley N°19.880 y que establece Bases de los ´procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado:

Artículo 1º incisos 1,2, y 3. Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado.

Todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de los medios electrónicos establecidos por ley, salvo las excepciones legales.

En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter supletorio.

Artículo 25 inciso primero “Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades.”

Artículo 5º. Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que se configure alguna excepción establecida en la ley.

Artículo 10. Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

Artículo 11. Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.

Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación.

Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:

a)

Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los quetengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan enel expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstosdeban ser acompañados a los autos, a su costa. Constituye copia autorizada aquella generada porla plataforma electrónica donde se acceda al expediente electrónico, que cuente con un medio deverificación de su autenticidad;

b)

Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuyaresponsabilidad se tramiten los procedimientos;

c)

Acompañar documentos electrónicos, tales como copias digitalizadas de documentos en soporte de papel o documentos electrónicos en su origen, que no sean emitidos por los órganos de la Administración del Estado, en la medida que conste su autenticidad e integridad, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos en soporte de papel, a su costa;

d)

Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento o que emanen y se encuentren en poder de cualquier órgano de la Administración del Estado. En este último caso, dichos documentos deberán ser remitidos por el órgano que los tuviere en su poder a aquel que estuviere tramitando el procedimiento administrativo;

e)

Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley;

f)

Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales;

g)

Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución;

h) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente;

i) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, e j) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

La Ilustre Municipalidad de Lautaro ha vulnerado todos y cada uno de los literales contenidos en la disposición legal transcrita, correspondiente al artículo 17 de la LEY N°19.880.

Artículo 18. Inciso 1 y 2 Definición. El procedimiento administrativo es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal.

El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y finalización.

Artículo 35 inciso primero “Prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.”

Indudablemente se ha privado a mi representada la posibilidad de contradecir a la Municipalidad mediante el aporte de pruebas.

El ordinario N°06 de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, igualmente carece de lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4° de la ley N° 19.880 que señala: Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Es evidente que las municipalidades tiene un gravitante influencia en la vida comunal de los ciudadanos y empresas bajo la esfera de sus competencias efectuando una extensa actividad regulatoria y poseen una potestad sancionatoria, incluso obrando dentro de cierta discrecionalidad reglada o con márgenes aportados por la Constitución, la ley, los reglamentos y la propia jurisprudencia pero aquella discrecionalidad se ha tornado evidentemente en ilegal y arbitraria en este caso.

El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que la Igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, no es razonable entender la no aplicación de la Constitución y el ordenamiento jurídico en general en este caso y si en otros en que se sustancian debidamente los procedimientos administrativos.

Al requerir el informe solicitado a la recurrida, VS. Ilustrísima podrá observar con nitidez la no observancia de la garantía constitucional de igualdad ante la ley y el no respeto ni sujeción a las normas Constitucionales y legales citadas pues como hemos descrito en la relación de los hechos no ha existido procedimiento administrativo alguno, o por lo menos uno transparente, para la determinación de la sanción esgrimida por la Municipalidad, ni siquiera un indicio de un procedimiento administrativo que permitiera a mi representada, en igualdad ante la ley, contradecir al órgano Municipal que actuando de forma imparcial, transparente y con publicidad para el administrado, adoptara una decisión al final del procedimiento.

Así las cosas no hay duda de una privación contumaz del derecho a la igualdad ante la ley contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución que se encuentra en el ámbito de protección de esta acción constitucional.

La Constitución vigente no contempla formalmente la posibilidad de entablar un recurso de protección por vulneración del debido proceso, sino que restringe tal posibilidad a infracciones a la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, es del caso de marras que al no conocer juzgador o la investidura del mismo existe la posibilidad de se haya constituido una comisión especial para juzgar y sancionar a mi representada y de aquella forma se vulneraría abiertamente la garantía constitucional del artículo 19 N°3 inciso 5 de la CPR que prescribe “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

Lo anterior emanará del informe que debe emitir la recurrida o sin él, debe suponerse la conformación de una comisión especial para sancionar sin previo procedimiento administrativo a mi representada privándola de este derecho.

El artículo 19 Nº 24, inciso sexto de la Constitución Política de la República dispone que: “El Estadotiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas,comprendiéndose en éstas lascovaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales 4 […]”. Este precepto constitucional realiza una distinción básica en la materia entre minas y arcillas superficiales. Así, bajo la terminología minas se comprenden “las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles”. Por su parte, lo que la Constitución denomina “arcillas superficiales” son aquellas sustancias inorgánicas conocidas como áridos, cuyo concepto es extendido por el artículo 13 del Código de Minería a las salinas artificiales, “arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción”. Los áridos no están sujetos al sistema de aprovechamiento regulado por la legislación minera, por lo que es claro que a su respecto “la Constitución adhiere por completo a la denominada doctrina de la accesión, que en esencia reconoce al dueño del suelo superficial la propiedad civil, plena y perfecta, de los depósitos minerales que se hallan dentro de su predio5 ”. De este modo, los áridos solo pueden ser apropiados por el dueño o administrador del suelo en que están situados, sea que hallen en bienes de propiedad privada (de un particular o del Fisco, por ejemplo), sea que estén localizados en bienes nacionales de uso público (por ejemplo, en una playa o en el lecho de un río o lago), respectivamente. La nota distintiva de los últimos es que “cualquier particular puede solicitar el aprovechamiento de los áridos que se encuentren en esa clase de bienes nacionales, otorgando la autoridad competente la concesión respectiva”. De esta manera, por ejemplo, para extraer áridos que se encuentren situados en bienes nacionales de uso público administrados por las municipalidades, se requiere obtener una concesión municipal, tal como se desprende de lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. En cambio, en lo que atañe a los áridos que se hallan en bienes de propiedad privada, su disposición, extracción y apropiación le corresponde al dueño de los terrenos en donde se encuentran ubicados, de manera que “el mecanismo o instrumento que otorga el derecho de aprovechamiento no es la concesión. Aquí opera sólo la ley como título del derecho de aprovechamiento: el titular del derecho de aprovechamiento es el titular del derecho de dominio sobre los terrenos en que se encuentran los yacimientos de áridos”

JURISPRUDENCIA:

“…mención aparte merece la distinción que subyace en la sentencia objetada respecto a los efectos de la declaración de ilegalidad y de arbitrariedad, sobre todo cuando el acto administrativo se halla viciado por la inexistencia de los hechos que le sirven de fundamento. Por cierto, la diferencia de las categorías normativas en dicha situación jurídica parece encontrarse superada en virtud de la preceptiva contemplada en la Ley Nº 19.880 que obliga a la autoridad administrativa a pronunciarse en base a una determinada fundamentación debidamente comprobada, de modo que de no cumplirese imperativo su actuación deviene en ilegal”. (“Quilodrán con Municipalidad de Puente Alto”, Corte Suprema, 13/09/2013, rol 8412-2012).

Pide ordenar al recurrido se abstenga de realizar cobros administrativos o de otra especie sin la sustanciación previa de un procedimiento administrativo que tutele los derechos y garantías Constitucionales contenidos en la Constitución Política de la República dejando sin efecto el ordinario N° 06 de 10 de marzo de 2023. Todo con costas.

Acompañó los siguientes documentos: Ordinario N°06 de 10 de marzo de 2023 de la I. Municipalidad de Lautaro; y Resolución de Calificación Ambiental de Áridos y Constructora San Vicente Limitada.

A folio N°10evacua informe la recurrida MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

1.- DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO MEDIANTE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE AUTOS:

El libelo de autos, en todo su cuerpo, contenido, fundamentos y peticiones concretas, se refiere – como acto impugnado – al oficio Ord. N° 6 de fecha 10 de marzo de 2023, del Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Lautaro, que comunicó a la recurrente Empresa Constructora Áridos San Vicente Ltda., deuda de derechos municipales por extracciones de áridos no autorizados, ejecutados por la empresa recurrente, que fueron detectados por la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría N° 589/2021, cuya deuda actualizada a Abril de 2023 asciende a $341.358.634.-2.- DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 589/2021 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

a) Con fecha 29 de noviembre de 2021, la Contraloría General de la República, emitió el Informe Final de Auditoría, que fue entregado a la Municipalidad, con conclusiones claras y específicas que daban cuenta de sendos sectores de extracción de áridos y cálculos de volúmenes que fueron extraídos por el recurrente, en los años que involucró la auditoría, y con instrucciones claras y precisas a la Municipalidad de iniciar acciones de cobro de los mismos.-b) El Informe de Auditoría llevado a cabo por Contraloría, consignó en su texto como objetivo perseguido por el órgano contralor, el siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO: Informe Final N° 589, de 2021 Municipalidad de Lautaro.

Objetivo: “Efectuar una auditoría al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el otorgamiento de permisos de extracción de áridos en el río Cautín, sus riberas y terrenos colindantes por parte de la Municipalidad de Lautaro en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2020, así como las acciones y medidas adoptadas por la entidad edilicia a fin de prevenir y detectar eventuales extracciones sin autorización desde el mentado cauce natural, mediante la coordinación con otras instituciones competentes en la materia como la Superintendencia del Medio Ambiente, Dirección General de Aguas y Dirección de Obras Hidráulicas, todas de la Región de La Araucanía”.

c) El mismo Informe de Auditoría, consignó como uno de sus Principales Resultados, el siguiente:

“• Se constató la existencia de 7 sectores en donde se aprecia la reciente extracciónde áridos -entre los años 2017 y 2021- sin contar con la correspondiente autorización municipal, afectando una superficie total de a lo menos 140.079 m2 según se expone en los anexos Nos 2 y 3, del presente informe, por lo que la Municipalidad de Lautaro deberá realizar las respectivas clausuras de los pozos ilegales y acreditar la determinación de los volúmenes extraídos en los puntos Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 -para el polígono de 2.747 m2 - y 8 del citado anexo N° 2 con el objeto de iniciar las acciones de cobro administrativas y judiciales pertinentes, debiendo informar documentadamente a esta Contraloría Regional las medidas adoptadas, y el resultado de las mismas, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.

d)

Entre los Antecedentes Generales del Informe de Auditoría del Órgano Contralor,se consignaron, los siguientes:

“..., el artículo 41, N° 3 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, prescribe, en lo que interesa, que entre otros servicios, concesiones o permisos por los cuales están facultadas las municipalidades para cobrar derechos, se contempla la extracción de arena, ripio u otros materiales de bienes nacionales de uso público o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad particular.

Cabe hacer presente que, en el caso de la Municipalidad de Lautaro, la facultad que le asigna el citado artículo se encuentra expresada en su Ordenanza Local N° 15, de 2020, sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios, y sus versiones anteriores, Ordenanza N° 2, de 2019, Ordenanza N° 3, de 2018, decreto N° 6.399 de 2017 y decreto N° 4.063, de 2016, en las que se establecen los montos de dichos tributos.

Asimismo, en cuanto a la reglamentación particular sobre la materia auditada, esta se encuentra regulada bajo el decreto alcaldicio N° 3.379, de 2006, que aprueba el texto refundido de Ordenanza de Permisos y Concesiones para la Extracción de Áridos del Río Cautín en la comuna de Lautaro, versión que se mantiene vigente a la fecha”.-“Cabe anotar que, de conformidad con los artículos 4°, letra b) de la citada ley N° 18.695, los municipios tienen competencia para colaborar en la fiscalización y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales, constituyendo, además, uno de los organismos con competencia ambiental en los términos establecidos en el artículo 24 del decreto N° 40 de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Así, las municipalidades deben otorgar las autorizaciones procedentes conforme a la normativa que regula la materia y ejercer las atribuciones fiscalizadoras que le corresponden, tal como lo ha precisado la jurisprudencia contenida en los dictámenes Nos 11.674, de 2010, y 74.756, de 2012, ambos de esta Entidad de Control”.

e)

Universo y Muestra:

“Atendida la naturaleza de las actividades de extracción y/o procesamiento de áridos, las cuales podrían ser conocidas o desconocidas por la autoridad y, en algunos casos, podrían no requerir autorización de aquella, se escogió una selección analítica de partidas.

De este modo, el universo objeto de revisión se compone de las actividades de extracción y/o procesamiento de material pétreo en bienes nacionales de uso público (BNUP), bienes fiscales, bienes municipales y terrenos particulares, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2020, conocidas al inicio de la auditoría, que corresponden a 40 proyectos por un total autorizado de 789.051 m3 de material, de lo cual se analizó una muestra de 30 decretos de extracción como se aprecia en el anexo N° 1, lo que equivale a 642.656 m3 de material.

Enseguida, para las validaciones que tratan sobre la extracción ilegal de áridos se efectuó un análisis de los sectores ribereños al río Cautín con aparente remoción de superficie vegetal y rocosa, en base al registro histórico reciente -años 2017 a 2020- del programa Google Earth, y que no fueron habidos en el citado registro proporcionado por el Servicio auditado, identificándose un segundo universo de 8 sitios, de acuerdo con el detalle contenido en el anexo N° 2”.

f) Entre los Resultados de la Auditoría, indicados en el Informe Final del órgano contralor, figuran los siguientes:

“II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 2.

Extracción de áridos sin autorización municipal.

Del análisis de las imágenes satelitales del programa Google Earth y los antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Lautaro, se constató la existencia de 8 sectores en donde se aprecia la reciente extracción de áridos -entre los años 2017 y 2021- sin contar con la correspondiente autorización municipal, afectando una superficie total de a lo menos 162.648 m2 según se expone en los anexos Nos 2 y 3.

En ese sentido, cabe indicar que la existencia de las referidas actividades extractivas no autorizadas, supone la falta de ingresos por el concepto de derechos municipales por las mentadas faenas, pues estas se encuentran gravadas en la Ordenanza N° 15, de 2020, con una tarifa de 0.015 UTM por cada metro cúbico extraído de forma mecanizada desde bienes nacionales de uso público o de pozos lastreros de propiedad particular.

Así, en base a la superficie1 total intervenida en los aludidos predios, que ascienden a lo menos a 162.648 m2 , se estima que la comuna de Lautaro ha dejado de percibir eventualmente un total de 2.439,72 UTM por cada metro promedio de profundidad en las aludidas faenas extractivas según el gravamen dispuesto en la citada ordenanza municipal vigente, es decir, $ 128.404.903 si se considera la UTM del mes de septiembre de 2021 que asciende a $ 52.631.

Lo anterior, evidencia que el municipio no ha velado por que se dé cumplimiento al artículo 7° de la Ordenanza de Municipal de Permisos y Concesiones para la Extracción de Áridos en la Comuna del Lautaro aprobada mediante el decreto alcaldicio exento N° 3.379, de 29 de diciembre de 2006- , que dispone, en lo que interesa, que toda persona natural o jurídica que desee ocupar el río Cautín, en la zona de administración exclusiva del municipio para extraer áridos, entre otras, estará obligado a pedir permiso o concesión a la municipalidad independientemente del lugar en que pretendan desarrollar sus actividades.

Del mismo modo, vulnera el artículo 11 de la ley N° 11.402, sobre obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros, normativa que establece que dicha extracción deberá efectuarse con permiso de las municipalidades, previo informe favorable de la DGOP.

Asimismo, denota un incumplimiento por parte del municipio en cuanto a la debida administración de los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido el subsuelo existente en la comuna -salvo que la administración de estos últimos le corresponda a otro organismo de la Administración del Estado-, según lo dispone el artículo 5°, letra c), de la citada ley N° 18.695, toda vez que la extracción de áridos en dichas propiedades, supone la obtención previa del respectivo permiso o concesión de la entidad edilicia correspondiente, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 41, N°3, del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales (aplica criterio dictamenN° 22.231, de 2011, de este Órgano Fiscalizador).

En ese sentido, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los dictámenes de esta Contraloría General Nos 11.674, de 2010, y 74.756, de 2012, las entidades edilicias tienen el deber de fiscalizar que las actividades extractivas no se realicen sin permiso o en contravención al ordenamiento jurídico.

Por otra parte, en cuanto a la vulneración de la normativa medioambiental, cabe señalar que el inciso tercero del artículo 5° de la mencionada ley N° 18.695, establece que no obstante las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades pueden colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales.

Confirma lo anterior el principio de inexcusabilidad contemplado en el artículo 14 de la ley N° 19.880, que señala que las entidades fiscales deben ejercer las atribuciones fiscalizadoras respecto -en este caso- de las faenas extractivas que funcionarían ilegalmente en esa comuna, no pudiendo excusarse en la falta de una unidad de inspección, y sin perjuicio de las acciones de colaboración en el cumplimiento de la normativa correspondiente a la protección del medio ambiente (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 43.804, de 2010, y 74.756, de 2012, ambos de este Organismo de Control)”.

h) De igual manera se informa del Anexo N° 2 siguiente:

g) El mismo Informe de Auditoría, dio cuenta de la Tabla N° 2 siguiente, respecto de denuncias formuladas al Juzgado de Policía Local de Lautaro:

i) Se informa por el Órgano Contralor que “…En relación con el anotado N° 5 del anexo N° 2, la entidad agrega que por medio del oficio ordinario N° 59, de 26 de mayo de 2021, notificó a la empresa Áridos y Constructora San Vicente Limitada la paralización de faenas extractivas y la cubicación del material extraído. Acto seguido, la referida compañía ingresó una carta de respuesta el 9 de junio del mismo año, en la cual anexa planos de planta, perfiles transversales y longitudinales con las cubicaciones respectivas, expresando que mediante el decreto municipal N° 1.854, de 2021, se le autoriza la extracción de 25.023 m3 con vigencia al 31 de mayo de 2021, por lo que acredita que no se han realizado faenas extractivas fuera de la zona autorizada”.

“… en cuanto los puntos Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 -para el polígono de 2.747 m2- y 8 del citado anexo N° 2, habida consideración de las denuncias realizadas en cada caso por la inspección municipal ante el Juzgado de Policía Local de Lautaro debido a la ejecución de faenas extractivas sin la correspondiente autorización, corresponde mantener la presente observación en dichos numerales”.

“Dado lo anterior, la Municipalidad de Lautaro deberá realizar las respectivas clausuras de los pozos ilegales y acreditar la determinación de los volúmenes extraídos en los puntos Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 -para el polígono de 2.747 m2- y 8 del citado anexo N° 2 con el objeto de iniciar las acciones de cobro administrativas y judiciales pertinentes, debiendo informar documentadamente a esta Contraloría Regional las medidas adoptadas, y el resultado de las mismas, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.

j) En las conclusiones del Informe de Auditoría, se consignan los siguientes:

“… la Municipalidad de Lautaro deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En relación con la observación contenida en el numeral 2, extracción de áridos sin autorización municipal (AC), la Municipalidad de Lautaro deberá realizar las respectivas clausuras de los pozos ilegales y acreditar la determinación de los volúmenes extraídos en los puntos Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 -para el polígono de 2.747 m2- y 8 del anexo N° 2 con el objeto de iniciar las acciones de cobro administrativas y judiciales pertinente, debiendo informar documentadamente a esta Contraloría Regional las medidas adoptadas, y el resultado de las mismas, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.

“…Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el “Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 7, las medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe”.

Como puede observarse, el Órgano Contralor Regional, en su Informe de Auditoría, respecto de la Observación de extracción de áridos sin autorización municipal, la calificó como “ALTAMENTE COMPLEJA” (AC) y ordenó e instruyó a mi representada y recurrida de autos, “LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO DEBERÁ REALIZAR LAS RESPECTIVAS CLAUSURAS DE LOS POZOS ILEGALES Y ACREDITAR LA DETERMINACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXTRAÍDOS EN LOS PUNTOS NOS 2, 3, 4, 5, 6, 7 -PARA EL POLÍGONO DE 2.747 M2- Y 8 DEL ANEXO N° 2 CON EL OBJETO DE INICIAR LAS ACCIONES DE COBRO ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES PERTINENTE,…” por lo que las acciones de cobro administrativo y/o extrajudicial o prejudicial, realizada por mi representada, no es más que el cumplimiento de un imperativo legal respecto de los derechos deextracción de áridos de la comuna y además el cumplimiento y acatamiento de una instrucción directa y certera de la contraloría general de la república, por lo que malamente puede calificarse de arbitraria o ilegal la comunicación remitida al recurrente mediante el referido Ord. N° 06/2023 del Director de administración y finanzas municipales.-k) El Anexo N° 7 del Informe de Auditoría N° 589/2021, contiene el Estado de Observaciones de Informe Final N° 589, de 2021, A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL, informando respecto de la extracciones de áridos, entre otros, del recurrente, lo siguiente:

l) El Órgano Contralor en su Informe de Auditoría N° 589/2021, respecto del recurrente Áridos San Vicente Ltda., determinó y estableció 3 áreas de extracción de áridos sin autorización municipal y respecto de los cuales, por lo mismo, tampoco se pagaron los correspondientes derechos municipales de extracción de áridos, objeto de la cobranza extra o prejudicial que le fue notificada y respecto de la cual recurrió en estos autos, a saber:

ZONA 1, identificada en las imágenes 7 y 8 del ANEXO N° 3: Extracciones de áridos sin autorización municipal, del Informe de Auditoria referido:

Realizada la verificación y cálculo de superficie y volúmenes de áridos extraídos en dicha Zona por parte de la recurrente de autos, mediante Informe Técnico encargado a la Dirección de Obras Municipales de Lautaro, en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría General de la República, se constató que el volumen de material pétreo extraído, sin autorización ni pago de derechos municipales en esta zona, por el recurrente, en el periodo abarcado por la Auditoría del Órgano Contralor, alcanzando como resultado un volumen de 34.037,09 M3 de áridos extraídos.- ZONA 2, identificada en las imágenes 9 y 10 del ANEXO N° 3: Extracciones áridos sin autorización municipal, del Informe de Auditoria referido:

Realizada la verificación y cálculo de superficie y volúmenes de áridos extraídos en dicha Zona por parte de la recurrente de autos, mediante Informe Técnico encargado a la Dirección de Obras Municipales de Lautaro, en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría General de la República, se constató que el volumen de material pétreo extraído, sin autorización ni pago de derechos municipales en esta zona, por el recurrente, en el periodo abarcado por la Auditoría del Órgano Contralor, alcanzando como resultado un volumen de 216.494,1 M3 de áridos extraídos. ZONA 3, identificada en las imágenes 11 y 12 del ANEXO N° 3: Extracciones de áridos sin autorización municipal, del Informe de Auditoria referido:

Realizada la verificación y cálculo de superficie y volúmenes de áridos extraídos en dicha Zona por parte de la recurrente de autos, mediante Informe Técnico encargado a la Dirección de Obras Municipales de Lautaro, en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría General de la República, se constató que el volumen de material pétreo extraído, sin autorización ni pago de derechos municipales en esta zona, por el recurrente, en el periodo abarcado por la Auditoría del Órgano Contralor, alcanzando como resultado un volumen de 57.118,29 M3 de áridos extraídos.-m) De esta forma, habiéndose detectado por la Contraloría General de la República en su Informe Final de Auditoría N° 589/2021 extracciones de áridos cometidas por la recurrente de autos, Áridos San Vicente Limitada, y verificado técnicamente por la Dirección de Obras Municipales los volúmenes extraídos sin autorización por dicho recurrente, por un total de 307.649,48 M3 de áridos extraídos sin autorización y sin pago de derechos municipales.-n) En INFORME DE SEGUIMIENTO, del Informe de auditoría N° 589/2021, emitido por la Contraloría Regional de La Araucanía con fecha 10 de agosto de 2022, informó lo siguiente:

2.- Capitulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, extracción de áridos sin autorización municipal (AC):

Del análisis de las imágenes satelitales del programa Google Earth y los antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Lautaro, se corroboró la existencia de 8 sectores en donde se apreció la extracción de áridos -entre los años 2017 y 2021- sin que se contara con la correspondiente autorización municipal, afectando una superficie total de a lo menos 162.648 m2 según se expone en los anexos Nos 2 y 3 del informe objeto del presente seguimiento.

Sobre el particular, cabe hacer presente que en la respuesta del municipio al preinforme de observaciones, y en vista de los antecedentes proporcionados para los sectores Nos 1 y 7 –para el polígono de 4.654 m2- del anexo N° 2 del informe en seguimiento, se procedió a levantar la observación en los citados puntos.

Respecto a la materia, se requirió a esa entidad realizar las respectivas clausuras de los pozos ilegales y acreditar la determinación de los volúmenes extraídos en los puntos Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 -para el polígono de 2.747 m2-, y 8 del anexo N° 2 del referido informe final con el objeto de iniciar las acciones de cobro administrativas y judiciales pertinentes.

En su respuesta, el municipio adjunta el decreto N° 464, de 10 de febrero de 2022, mediante el cual se aprueba el contrato de prestación de servicios, celebrado entre la Municipalidad de Lautaro y don , para la realización del estudio de obtención de volúmenes de extracción en pozos de áridos.

En armonía con lo precedentemente expuesto, se presenta un informe preparado por el profesional contratado, de extracción de áridos de los puntos Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del informe final N° 589, que determinó un volumen total de 389.801,48 m3. de material pétreo.

No obstante lo anterior, señala que a través de memorándum N° 11, de fecha 15 de febrero de 2022, el Director de Obras Municipales le solicita a la Dirección Unidad Jurídica de dicho municipio iniciar un proceso de cobranza judicial en contra de las empresas: E.I.R.L., E.I.R.L., Áridos San Vicente, y Constructora San Alfonso, por la extracción de áridos sin autorización municipal.

Ahora bien, cabe hacer presente que en visita a terreno realizada por personal de esta Contraloría Regional el día 21 de julio de 2022, y las nuevas imágenes satelitales obtenidas en la plataforma Google Earth, se constató la extracción de áridos mediante pozo lastrero en el polígono ubicado en el numeral 7 del anexo N° 2, del informe en seguimiento, pese a que previamente había sido subsanado por la Municipalidad de Lautaro al remitir las fotografías aéreas de 1 de junio de 2021, que evidencian que en la anotada área de 4.654 m2 solo se ha realizado la remoción de la capa vegetal, sinadvertirse el retiro del material pétreo, situación que a la fecha no se ajusta a lo remitido por el servicio y que se visualiza en las nuevas fotografías extraídas.

Del análisis de la documentación proporcionada por esa entidad edilicia, se determina que la municipalidad realizó acciones respecto a cuantificar el volumen de la extracción de áridos de los puntos antes citados.

Lo anterior, es sin perjuicio de que esa entidad edilicia al detectar nuevas extracciones de áridos sin autorización municipal, aplique los procedimientos y mecanismos elaborados para este fin según se expuso en las observaciones precedentes.

Finalmente, esa autoridad municipal deberá formalizar la efectiva clausura de los recintos ilegales, cuyos antecedentes que así lo evidencien, corresponderá sean puesto a disposición cuando este Órgano de Control se los requiera.

En razón de lo anterior, corresponde mantener la observación respecto a la falta de formalización de clausura de los pozos ilegales.

3.- DEL CONTEXTO DEL ORD. N° 6 DE 10 DE MARZO DE 2023, OBJETO DEL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN:

Como puede observarse por medio del mencionado Ord. N° 6, se le comunicó a la recurrente el volumen de material pétreo árido extraído sinautorización y sin pago de derechos municipales, que fue detectado por el Órgano Contralor y que fue verificado y cubicado por la Dirección de Obras Municipales, conforme lo instruido por la propia Contraloría, y en el punto N° 5 se le comunica al actor el volumen de material árido extraído detectado y verificado, y la cuantía actualizada de los derechos municipales impagos. Y en el punto N° 6, se le insta a que en un plazo de 15 días hábiles regularice el pago de la deuda informada y/o gestione un convenio de pago, a objeto de evitar inicio de acciones judiciales de cobranza en su contra.

Lo anterior no es para nada ilegal ni mucho menos arbitrario, como lo asevera el recurrente, dado que se le comunica el resultado de un trabajo de cubicación y cálculo de volúmenes de material áridos extraídos ilegalmente por parte del propio recurrente, y la deuda de derechos municipales que ello constituiría y que necesariamente debe regularizarse su pago, por cuanto ello es un imperativo legal de acuerdo a las facultades y obligaciones públicas de la Municipalidad de Lautaro.- 4.- EL INFORME DE AUDITORÍA N° 589, DE 2021 DE LA CONTRALORÍAREGIONAL, FUE DEBIDAMENTE COMUNICADO Y NOTIFICADO AL RECURRENTE.- A diferencia de lo manifestado por el recurrente en el libelo, en cuanto a que no le fue comunicado siquiera el contenido del Informe de Auditoría a que hacía alusión el Ord. N° 6 de 10.03.2023, los cuales contienen los polígonos de sectores de extracciones de áridos no autorizados y la instrucción a la Municipalidad de Lautaro de verificar y cuantificar los volúmenes extraídos, por cuanto el Informe referido fue comunicado y notificado a todos los vecinos de Lautaro y a la comunidad toda, mediante su publicación en medio electrónico de acceso y conocimiento público, como lo es la publicación de actos administrativos en la página web de la Municipalidad de Lautaro.-En efecto, conforme las normas de la Ley de Trasparencia, la Municipalidad debió publicar en la página web municipal, en link de Transparencia Activa, conforme se certifica por el señor Secretario Municipal de Lautaro en Certificado N° 101/2023 de 26.04.2023.- 5.- EL RECURRENTE PIDIO ADEMÁS CON FECHA 23 DE MARZO DE 2023, POR LEY DE TRANSPARENCIA, EL INFORME DE AUDITORIA N° 589/2021.

En efecto, con fecha 23 de marzo de 2023, realiza solicitud de acceso a información pública, conforme a la Ley N° 20.285, bajo el registro N° MU136T0001405 de la página de transparencia, en que solicitó lo siguiente:

“Solicitamos Informe Final N°589/2021 de 28.11.2021 de la Contraloría General de la Republica sobre auditoria de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el otorgamiento de permisos de extracción en el rio Cautín, y certificado de cálculo de deuda de derechos no regularizados por extracción de áridos con fecha Diciembre 2022, de la Tesorería Municipal.

Saludos nombre reservado

Rep Legal Áridos y Constructora San Vicente”

La respuesta entregada por la Municipalidad al recurrente, fue precisamente la de constar dicho Informe en la página web de la Municipalidad de Lautaro, el 13 de diciembre de 2021.

6.- DEL CÁLCULO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES ADEUDADOS:

Consta en Certificación de fecha Diciembre de 2022, del señor Director de Administración y Finanzas, la formula y conceptos comprendidos en el cálculo de la deuda de áridos extraídos y no autorizados ni cancelados por la recurrida Áridos San Vicente Limitada.

En el certificado emitido por el mencionado funcionario Directivo, se realiza cálculo de la deuda de derechos de extracción de áridos, conforme a la Ordenanza de derechos de la Municipalidad de Lautaro, aprobado mediante Ordenanza N° 15, más intereses y multas calculadas conforme al artículo 53 del Código Tributario, a saber:

Certificación que ha sido ratificada y refrendada por la Tesorera Municipal (S) de la Municipalidad de Lautaro en su certificado de 30 de marzo de 2023.

De esta forma ha realizado cálculo de la deuda conforme a las cubicaciones de volúmenes de áridos extraídos sin autorización por parte de la recurrente, y ha notificado el valor de la deuda y solicitado resolver, solucionar y regularizar el pago delos mismos, derechos municipales que es el actor que adeuda por una actuación al margen de la ley que ella misma cometió y que fuera detectada por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoria N° 589/2021, por lo que la actuación de la Municipalidad de Lautaro, que se dice ilegal y arbitraria por la actora no es más que el ejercicio de facultades y obligaciones públicas del Municipio de Lautaro, que le exige ejercer acciones de cobro de los derechos de extracción de áridos de aquellos contribuyentes que han extraído sin autorización áridos dentro del territorio comunal, lo que ha sido así verificado y constatado por la Contraloría y por la Dirección de Obras Municipales de Lautaro, por lo que no existe vulneración de garantías constitucionales a que alude el recurso, debiendo por ende rechazarse con costas.- A folio N°12 la recurrida complementa informe.

1.- EL ACTOR NO IMPUGNÓ CON nombre reservado ADMINISTRATIVO QUE LA LEY 19.880 LE CONFIERE SI ESTIMABA INJUSTA O IMPROCEDENTE EL ORD. N° 6 DE 10.03.2023 RECURRIDO.

Sostiene que el recurrente instrumentalizar la figura de la acción de protección, como recurso cautelar extraordinario, para impugnar una mera comunicación de deuda y llamamiento a acercarse a regularizarla y/o convenirla con el Municipio, máxime aun cuando de aquello no existe ningún acto de coacción o cumplimiento forzado que derive de manera directa e inmediata del mismo, dado que el mencionado acto recurrido por sí solo no reviste ningún acto de decisión final, acto terminal o con fuerza ejecutiva que pudiera hacer temer al recurrente que por sí solo le pudiera acarrear un eventual riesgo o temor de riesgo de alguna de las garantías que invocó como fundamento de su recurso.

En efecto, siendo absolutamente factible haber podido recurrir de Reposición o Recurso Jerárquico en contra del acto administrativo recurrido en estos autos, no lo hizo. Haciéndose improcedente a nuestro entender que se enderece una acción extraordinaria cautelar de protección para una situación que por sí sola no reviste ningún riesgo ni amenaza siquiera que haga imposible la defensa, debido proceso y un procedimiento contradictorio como lo sería el cobro ejecutivo de los derechos que se informaron y solicitaron regularizar en el mencionado Ord. N° 6 objeto de esta acción de protección.-En tiempo y forma el recurrente de autos no interpuso recursos administrativos que contempla la Ley N° 19.880 en contra del acto recurrido en autos.- 2.- DEL DERECHO AL COBRO DE LOS ÁRIDOS EXTRAÍDOS DENTRO DEL TERRITORIO COMUNAL.

La Ordenanza Municipal N° 20, de 19 de noviembre de 2021, que “Aprueba Ordenanza Municipal Sobre Permisos para la Extracción de Áridos en la comuna de Lautaro”, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.063 Ley de Rentas Municipales, sobre la materia objeto de esta acción de protección, regula los procedimientos a que deben someterse.-Por su parte, la Ordenanza de Derechos Municipales N° 015 de fecha 30 de Octubre de 2020, de la Municipalidad de Lautaro, establece el derecho que deben pagar los contribuyentes que realizan extracción de áridos de forma mecanizada dentro del territorio comunal, como el que fuera detectado por la Contraloría General de la República y confirmado por evaluación técnica de la Dirección de Obras Municipales, fuera cometido por el recurrente de autos y que no fueron autorizados oportunamente ni se pagaron por ende los derechos por la mencionada extracción, cuyo monto actualizado le fue notificado al recurrente mediante el Ord. N° 06 del director de administración y finanzas municipales.- Como puede advertirse, el cobro de derechos municipales que le fuera comunicado al actor recurrente, se encuentra establecido en la Ordenanza Local de Derechos Municipales, obligatoria para todo contribuyente y ciudadano por actividades relacionadas que se ejecuten dentro del territorio comunal, como lo fue la extracción de áridos de forma mecanizada detectada y ejecutada por el recurrente, por lo que el instar al cobro y regularización de su pago, no es más que peticionar al recurrentedar cumplimiento a la obligación que le pesa de pagar por los áridos extraídos dentro de la comuna, que no hizo en tiempo y forma.

3.- La forma como se determinó el monto de la deuda de derechos municipales por extracción de áridos que le fuera notificado al recurrente:

a) Primeramente, la Contraloría General de la República mediante su investigación especial e informe de auditoría N° 589, de 2021, detectó y determinó la existencia de extracciones de áridos sin autorización municipal y sin el pago de derechos correspondientes en la comuna de Lautaro.

b) Conforme lo instruido por el Órgano Contralor, se debió determinar el volumen exacto extraído en cada caso detectado en la Auditoría practicada.

c) Se realizó estudio técnico topográfico a través de la Dirección de Obras Municipales, encomendado a un ingeniero geomensor y un ingeniero medioambiental, quienes con uso de instrumental tecnológico, software correspondiente y un dron con tripulante debidamente autorizado por la DGAC, se logró determinar las áreas y volúmenes de la extracción de áridos cometida por el recurrente, sin autorización municipal ni pago de derechos, en las 3 zonas establecidas por la Contraloría, arrojando los volúmenes totales consignados en el Informe previamente ingresado en estos autos.

d) Con esta información, se contrastó la norma legal contenida en la Ordenanza de Derechos Municipales vigente, y se realizó por parte de la Dirección de Administración y Finanzas el cálculo numérico y económico de la deuda vigente que le fuera notificada al recurrente.

e) Por último, como una forma de comunicar en forma administrativa al contribuyente deudor, se le remitió el acto administrativo objeto del presente recurso, el cual no era más que una comunicación informativa de la deuda y del resultado de la auditoría, instándolo a acercarse a regularizar la deuda o a cuestionar su cuantía y monto, mediante el correspondiente recurso administrativo y/o aportando otros antecedentes en contraposición, pero en ningún caso se trató de un acto terminal o ejecutivo de cobro, por lo que el recurso de protección no deja de ser desproporcionado, inadecuado e improcedente.-4.- El recurrente si bien tiene una resolución de calificación ambiental favorable, respecto de un sector de la comuna donde fue autorizado para realizar extracción de áridos, cabe informar que los sectores detectados por el Órgano Contralor y por esta Municipalidad en su verificación técnica posterior, establecieron que se trata de otras áreas de extracción de áridos sin autorización y no corresponden al mismo proyecto aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental, por lo que tampoco sirve de fundamento – como lo ha pretendido en el libelo del recurso – aducir a que estaban autorizados ambientalmente para la mencionada extracción, porque ello es un intento de engañar a la I. Corte que no podemos dejar pasar.- 5.- El recurrente siempre tuvo acceso y pudo tener conocimiento del Informe de Auditoría N° 589, de 2021, a través de la publicación del mismo en la página web de trasparencia activa de la Municipalidad de Lautaro y del Órgano Contralor Regional. Es más, ante la solicitud de acceso a dicho antecedente que formulara la misma empresa recurrente de autos, se le dio respuesta mediante el Decreto N° 1587 de 05.04.2023 de la Municipalidad de Lautaro, indicándosele donde debó y debía ingresar a la plataforma que consta en un portal de libre acceso al público, para obtener el mencionado informe que argumenta nunca le fue conocido ni entregado, lo que es falso, por cuanto, como se indicó en el informe, la forma de notificar y poner en conocimiento de la ciudadanía toda de los actos administrativos que tienen efectos sobre terceros indeterminados o la comunidad toda, es mediante la correspondiente publicación en los portales públicos de trasparencia de los servicios del Estado y que en este caso la Municipalidad había publicado desde el 13 de diciembre de 2021, según consta en certificación N° 101-2023 del señor secretario municipal como Ministro de Fe.

6.- Por último, cabe mencionar a, que el presente recurso no es otra intrumentalización de la justicia que intenta el recurrente para evitar pago de derechos que adeuda a mi representada, por extracciones de áridos no autorizados y efectuados conforme fuera detectado por la Contraloría, y que es importante señalar que no es la púnica deuda que mantiene con la Municipalidad, dado que actualmente existen otras extracciones inclusive autorizadas, que tampoco se encueran con sus derechos municipales al día y están adeudados también por dicho contribuyente, lo que demuestra es una tónica de evasión del pago de derechos municipales por tales conceptos, siendo este recurso una estrategia solamente para evitar el cobro de la deuda que mantiene con la Municipalidad de Lautaro. Lo anterior se puede incluso demostrar con la certificación de deuda por incumplimiento de convenio de pago de derechos aprobado mediante Decreto Adm, N° 4171 de Septiembre de 2021, cuyo monto adeudado a la fecha, aparte del que motivó el Ord. 61 objeto de este recurso, asciende a $20.594.651 por una extracción autorizada, por lo que no es de admirar que por la no autorizada pretenda simplemente eludir su pago.- Acompañó los siguientes documentos:1.- Ord. N° 6 de fecha 10 de marzo de 2023, del Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Lautaro, objeto del presente recurso.-2.- Informe Final De Auditoría N° 589/2021 De La Contraloría General De La República.-3.- Certificado N° 101/2023 de 26.04.2023 del señor Secretario Municipal de Lautaro.-4.- Solicitud de Información Pública mediante registro N° MU136T0001405 de la página de transparencia, peticionada por el recurrente.-5.- Certificado N° 61/2023 de fecha 29.03.2023 del señor Director de Obras Municipales; 6.- Certificado de deuda de extracción de áridos por parte del recurrido, emitido por el Director de Administración y Finanzas con fecha Diciembre de 2022.-7.- Certificado de deuda no regularizada por el recurrente de autos, emitido por el Tesorero Municipal, con fecha marzo de 2023.-8.- Ordenanza De Derechos Municipales Nº 15 - 30 Octubre 2020.-9.- Ordenanza N° 20 Permisos Extracción De Áridos, actualizada al 27 de septiembre de 2022; 10.- Plano croquis con ubicación de zonas de extracción por parte del recurrente de autos; 11.- Informe técnico de Octubre de 2021, de determinación de volúmenes extraídos por el recurrente en sector Zona 1 por 34.037,09 M3.-12.- Informe técnico de Octubre de 2021, de determinación de volúmenes extraídos por el recurrente en sector Zona 2 por 216.494,1 M3; 13.- Informe técnico de Octubre de 2021, de determinación de volúmenes extraídos por el recurrente en sector Zona 3 por 57.118,29 M3; 14.- Informe N°8: Pozo Áridos San Vicente, Actualización Extracción Históricas Ubicación: Sector El Cardal, que incluye cubicación de las Zonas 1, 2 y 3 detectada en el Informe de Auditoría y deuda informada al recurrente en Ord. 6.; 15.- Certificación de deuda por incumplimiento de convenio de pago de derechos aprobado mediante Decreto Adm, N° 4171 de Septiembre de 2021.- A folio N°16 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República está establecido en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere el citado artículo. El afectado puede, en tal caso, ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, sin perjuicio de los derechos que pueda valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO:

Que, la Constitución Política consagra en los artículos 6, 7, 19 Nº 3 inc. 5º, lo que se ha dado en llamar el principio de legalidad, que define una relación de subordinación entre la administración y todo tipo de normas jurídicas de diversas fuentes. En efecto se asume por el constituyente que el ordenamiento jurídico es una unidad y opera como tal, por ello se habla de principio de legalidad de la Administración asumiendo el concepto de legalidad, no como referido a un tipo de norma específica, sino que al ordenamiento entero, a lo que Hauriou llamaba "el bloque de legalidad" (leyes, reglamentos, principios generales, costumbres y que hoy en día algunos siguiendo a Merkl llaman "principio de juridicidad" de la Administración, para reservar el nombre de "principio de legalidad" al juego procedente con la sola ley formal TERCERO: Ahora bien, la obligación de respetar el ordenamiento jurídico implica una doble exigencia para la administración, una negativa consistente en no tomar ninguna decisión que les sea contraria, la otra positiva, consistente en aplicarlas, es decir, el deber de tomar todas las medidas reglamentarias o individuales que implica necesariamente su ejecución. Dentro de esta lógica si se quiere tener la certeza de que se está ante una acción u omisión administrativa valida, debe examinarse su relación con el orden jurídico; y solo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico, o partiendo del principio jurídico se pueda derivar de él, puede asumirse su validez.

CUARTO: Que, los informes que por escrito emita la Contraloría, en uso de las atribuciones entregadas por el art 5 inc. 3 y 6 inc. 1 de la Ley 10.336 son obligatorios para la administración y sus funcionarios (art. 9 inc. final de la Ley 10.336), en el caso o casos concretos a que se refieran y constituyen jurisprudencia administrativa que tiene efectos generales para toda la administración (art.1 inc. 1 de la ley 10.336) que incluso obligatoriamente tienen que observar los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las oficinas sometidas a control por esta entidad fiscalizadora, conforme al artículo 19 de la ley 10.336 QUNTO: Lo anterior implica que lo interpretado y ordenado por la Contraloría General de la República, integra el bloque de legalidad al cual deben someterse la administración, sus funcionarios e incluso sus asesores jurídicos, siendo parte de la juridicidad de su actuar, todo ello sin perjuicio de las facultades que caben a los Tribunales de Justicia en el evento de existir un conflicto que reclame el pronunciamiento jurisdiccional, en el que obviamente no puede ser la administración quien controvierta lo resuelto por la Contraloría, ya que en tal caso se asume por ella la propia ilegalidad de su actuar.

SEXTO: En consecuencia el incumplimiento de los pronunciamientos de contraloría por las autoridades o funcionarios de la administración, incluidas las municipalidades, como en este caso, significa el incumplimiento de la norma interpretada y la inobservancia de los artículos 6, 7 y 88 inc/final de la Constitución; 2 de ley 18575; 1, 5, 6, 9, 19 y 67 de la Ley 10.336, dado que aquellos tienen carácter vinculantes al ser emitidos por el ente a quien el ordenamiento jurídico encomienda ejercer el control de juridicidad de los actos de la administración y emitir esos pronunciamiento en derecho.

SEPTIMO: Que, es un hecho pacifico, que lo actuado por el Municipio recurrido se ajusta a lo determinado por el informe final N° 589/2021 de fecha 28 de noviembre de 2021 emanado de la Contraloría General de la República, de la Región de la Araucanía que habría detectado extracciones sin autorización desde el cauce del río Cautín lo que se comunica por el ordinario número 06 fecha 13 de marzo de 2023 de la Ilustre Municipalidad de Lautaro a la recurrente. En el numeral cuarto del Ordinario 06 se señala que en virtud del informe de Contraloría la Municipalidad deberá exigir el cobro de derechos por extracción de áridos entre los años 2017 a 2021 de acuerdo a los valores establecidos en la ordenanza municipal correspondiente, y que la tesorería municipal habría efectuado los cálculos de los derechos adeudados por “Empresa Constructora San Vicente”. La deuda de la recurrida ascendería a la suma de $341.358.634 considerando derechos, reajustas, multas e intereses. Finalmente en el numeral sexto del ordinario recurrido se solicita regularizar el pago de la deuda informada y/o gestionar un convenio de pago, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días hábiles (negrillas y subrayado es de origen municipal) para ello, a objeto de evitar el inicio de acciones judiciales de cobranza en vuestra contra.

OCTAVO: Que, los pronunciamientos de la Contraloría General de La República que ha sido antes reseñados se ha emitido de acuerdo a la habilitación que la normativa constitucional y legal han otorgado al Contralor General de la República, especialmente en lo que dice relación con la acertada aplicación del ordenamiento jurídico que rige en esta materia, a saber, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por el decreto con fuerza de ley N 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por el decreto N° 47, de 1992, de la cartera del ramo NOVENO: Que, consecuencia de ello, es que no puede reprocharse una actuación ilegal o arbitraria de parte del Municipio recurrido al ajustarse a lo estatuido por la Contraloría General de La República, ya que solo ha cumplido con el deber de todo organismo público de actuar con sujeción estricta al principio de legalidad. Por el contrario, acoger la tesis de la recurrente implicaría imponer a la recurrida una acción contraria a la legalidad ya que conllevaría para ella el incumplimiento de los pronunciamientos de Contraloría General de La República.

DECIMO: Que, adicionalmente y en relación a lo específicamente solicitado, esto es ordenar al recurrido se abstenga de realizar cobros administrativos o de otra especie sin la sustanciación previa de un procedimiento administrativo, es de destacar que lo impugnado no es un acto declarativo de voluntad o decisorio formal sino de constancia o de conocimiento, en cuanto comunica a la recurrente la deuda de derechos municipales por extracciones de áridos no autorizados, ejecutados por la empresa recurrente, que fueron detectados por la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría N° 589/2021, cuya deuda actualizada a Abril de 2023 asciende a $341.358.634, en tal condición este tiene la condición de acto tramite, que podría dar lugar a un procedimiento administrativo en el evento que el interesado recurriera al Municipio impugnando el cálculo del monto y en su condición de acto tramite, no configura un agravio específico que sea recurrible por esta vía.

UNDECIMO: Que, por lo mismo, y considerando al carácter cautelar de la acción de autos, unido a que no se aprecia ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida resulta evidente que el presente recurso no puede prosperar por lo que será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por el abogado MARCO ESTEBAN BERARDI GUAJARDO, en representación de la SOCIEDAD ARIDOS Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA, representada legalmente por nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, representada por su Alcalde Ricardo Jaramillo Galindo.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Roberto Contreras Eddinger Rol N° Protección-932-2023.(jog)