nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

C.A. de Temuco Temuco, quince de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que a folio 1, comparece nombre reservado, abogada, habilitada para el ejercicio de la profesión, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, representándose a sí, deduce recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Rut RUT reservado, representada legalmente por su Director nombre reservado, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, o quien ejerza dicha función al momento de la notificación del presente recurso, ambos domiciliados en domicilio reservado, por infracción a la norma constitucional del artículo 19 N°2 “Derecho de Igualdad ante la Ley”, y del artículo 19 N°24 “Derecho de Propiedad”, que establece la Constitución Política De La Republica, por lo siguiente: LOS HECHOS: 1.-Que durante el periodo 17 de abril y hasta el 17 de mayo de 2021 se abrió proceso de postulación al denominado “bono clase media”, regulado en la ley N°21.323.- 2. Durante este periodo se ejerció por esta parte la postulación a dicho bono, considerándose cumplir con los requisitos de acuerdo a la normativa legal. 3- No, obstante al postular la respuesta arrojada por la página de SII, habilitada para tal efecto fue: “Según la información disponible, usted no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.323 para acceder al beneficio Bono Clase Media”. 4. Las razones por la cuales se le indicaba que no cumplía con los requisitos fue el siguiente: Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 se encuentra entre $326.500 y $408.125; Ingreso Promedio Mensual 2019 entre $298.833 y $2.000.000 ($311.934 y $2.087.680 montos actualizados a abril de 2021); Disminución de al menos 20% de los ingresos durante Segundo Semestre 2020. La regulación legal, está dada por la ley 21.323, que en lo pertinente establece: Definiciones y Requisitos: “Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá por: 1. Beneficiarios: las personas naturales, incluyendo aquellas que se encuentren organizadas como empresas individuales, según lo contemplado en el inciso segundo del número 10 del artículo 2° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 2. Bono Clase Media: corresponde al beneficio regulado por el Título II de la presente ley.” Artículo 3.- Requisitos. Tendrán acceso a los beneficios contemplados en esta ley, tanto al Bono Clase Media a que se refiere el Título II, como al Préstamo Solidario contemplado en el Título III, los beneficiarios que cumplan los siguientes requisitos copulativos: 1. Ingreso Promedio Mensual 2019: Que su Ingreso Promedio Mensual 2019 sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual promedio del año 2019 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, debidamente reajustado a la fecha de la solicitud. En el caso del Bono Clase Media, adicionalmente, el Ingreso Promedio Mensual 2019 no deberá exceder de la cantidad de $2.000.000. 2. Disminución de ingresos: a) Bono Clase Media: que experimenten una disminución de, al menos, el 20% de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019. b) Préstamo Solidario: que experimenten una disminución de, al menos, el 10% de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019. 3. No obtención indebida de beneficios: que a la fecha de la publicación de esta ley no tengan montos pendientes de restitución por haber obtenido indebidamente el Aporte Fiscal y/o el beneficio, conforme a la ley N° 21.252. Artículo 4.- Bono Clase Media. Establece para los beneficiarios que cumplan los requisitos de los numerales 1, 2 literal a), y 3 del artículo 3, el pago del Bono Clase Media, por una sola vez, con cargo a recursos fiscales sin la obligación de reintegrarlo. Para tales efectos, se aplicarán las reglas indicadas en los artículos siguientes y, en lo que fuere pertinente, las normas indicadas en el Título III de la presente ley. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, aquellos Beneficiarios cuyo Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, vigente al 1 de marzo de 2021, e inferior o igual a $408.125, tendrán derecho al Bono Clase Media por el monto establecido en la letra a) del artículo siguiente, sin que les resulten aplicables los requisitos de los numerales 1 y 2, literal a), del artículo 3 de la presente ley.”

Que, así las cosas y considerándose que durante el periodo segundo semestre del 2020, percibía el sueldo mínimo, y por ende encontrándome dentro de las excepciones que contempla la ley, es decir, no se debía considerar lo percibido el 2019, esto establecido en el numeral 1 de la ley en cuestión, ni el requisito número 2, esto es disminución entre los periodos contemplados entre 2019 y 2020, tenía derecho al bono clase media, no obstante se rechazó la solicitud, este acto del ente calificador es arbitrario e ilegal, al exigir la disminución a pesar de estar expresamente excluida de tal requisito en la ley. Por este motivo es que se reclama contra tal decisión con fecha 20 de abril de 2021 señalándose lo siguiente: “Durante el segundo semestre del 2020, he tenido contrato de trabajo por el sueldo mínimo, por lo que sí cumplo con los requisitos para optar al bono ya que según lo estipula el artículo 4 de la ley 21323 no debo acreditar caída de ingresos, no obstante durante los meses de julio, agosto y septiembre estuve con suspensión lo que implicó que por ley debían cotizarme según estos antecedentes, al retomar mi trabajo seguí percibiendo el mínimo, los antecedentes que adjunto dan cuenta de ello, y de las cotizaciones pagadas por mi empleador durante este periodo, y fehacientemente lo demuestra mi contrato de trabajo y el certificado de cotizaciones pagadas de la AFC, así como el certificado de movimiento de causas. Además por mi sueldo mínimo es que puede optar al ingreso mínimo garantizado, que es el único beneficio que he percibido durante toda la pandemia, por tanto necesito se consideren mis antecedentes y me acojan la solicitud para el bono de clase media por cumplir con los requisitos.” Acompañando a tal reclamo los siguientes documentos. Certificado de cotizaciones pagadas del periodo junio hasta diciembre de 2020, contrato de trabajo, Certificado de Movimiento de Cuenta Individual por Cesantía de AFC, Certificado de Cotizaciones Previsionales Acreditadas de Cuenta Individual por Cesantía. A pesar de ello, es que con fecha 30 de septiembre de 2021, se notifica a través de correo electrónico el rechazo del reclamo, indicándose lo siguiente: “Particularmente en su caso el ingreso promedio mensual recibido durante el año 2019 se encuentra fuera del rango establecido como requisito en la ley, y al comparar sus ingresos del segundo semestre de 2019 con igual período del 2020, no cumple con registrar una caída mayor al 20%, por lo que lamentamos no poder acoger su solicitud”. Que, como se puede apreciar el fundamento para no acoger dicho reclamo fue no registrar una disminución entre los periodos segundo semestre 2019-2020 mayor al 20%, ello resulta arbitrario e ilegal, pues se está exigiendo un requisito que por expresa disposición de la ley no corresponde, y vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley y también del derecho de propiedad.

EL DERECHO: ACCIÓN DE PROTECCIÓN. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20° de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, es decir producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

En el caso en concreto ya señalado, se dan todos los presupuestos para entablar el recurso de protección. La tutela del recurso de protección abarca entre otros derechos: El derecho de igualdad ante la ley, consagrado constitucionalmente en el artículo 19 N°2, en cuanto prescribe: La Constitución asegura a todas las personas: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. El derecho de propiedad, consagrado constitucionalmente en el artículo 19 N°24, en cuanto prescribe: Las Constitución asegura a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador (…).” Así, en estos autos, y por los propios hechos descritos se deviene que ha existido un acto arbitrario, ilegal y discriminatorio de parte del recurrido, es decir del ente encargado de calificar a las personas que podían acceder a este beneficio, privándome de acceder un beneficio que por ley le correspondía, por un acto arbitrario e ilegal por parte de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

Por ello pide, tener por deducido Recurso de Protección en contra de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, y se acoja en definitiva esta acción, declarando que se cumple con los requisitos señalados en la ley para acceder al denominado Bono Clase Media 2021, y en consecuencia realizar todos los trámites necesarios para el pago del mismo y se condene en costas al recurrido.

Acompaña: 1.-Certificado de cotizaciones pagadas del periodo junio hasta diciembre de 2020-2.- Contrato de trabajo.-3-Certificado de Movimiento de Cuenta Individual por Cesantía de AFC. 4- Certificado de Cotizaciones Previsionales Acreditadas de Cuenta Individual por Cesantía. 5.- Comprobante de reclamo de fecha 20 de abril de 2021.-6. Copia de correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2021 de SII, notificando rechazo de reclamo.

A continuación informa doña nombre reservado, abogado, por el Director del Servicio de Impuestos Internos, señalando: ANTECEDENTES DE HECHO. La recurrente solicitó a través de la plataforma de este Servicio el “Bono Clase Media 2021”, regulado en el Título II, de la Ley N°21.323, publicada en el Diario Oficial con fecha 06.04.2021. Dicha solicitud fue denegada, en atención a que la contribuyente no cumplía con el requisito previsto en el artículo 3°, de la referida Ley, sin encontrarse tampoco en la hipótesis que establece la norma excepcional del inciso segundo, del artículo 4° de la referida Ley.3. Con fecha, 20 de abril de 2021, la actora interpuso reclamo de acuerdo con lo previsto en el artículo 18, de dicho cuerpo legal, a través del portal de la página web de esta institución, indicando lo siguiente: “Durante el segundo semestre del 2020, he tenido contrato de trabajo por el sueldo mínimo, por lo que sí cumplo con los requisitos para optar al bono, ya que según lo estipula el artículo 4 de la ley 21.323 no debo acreditar caída de ingresos, no obstante durante los meses de julio, agosto y septiembre estuve con suspensión lo que implicó que por ley debían cotizarme según estos antecedentes, al retomar mi trabajo seguí percibiendo el mínimo, los antecedentes que adjunto dan cuenta de ello, y de las cotizaciones pagadas por mi empleador durante este periodo, y fehacientemente lo demuestra mi contrato de trabajo y el certificado de cotizaciones pagadas de la AFC, así como el certificado de movimiento de causas. Además por mi sueldo mínimo es que puede optar al ingreso mínimo garantizado, que es el único beneficio que he percibido durante toda la pandemia, por tanto necesito se consideren mis antecedentes y me acojan la solicitud para el bono de clase media por cumplir con los requisitos.”. La recurrente adjuntó a aquel reclamo su certificado de cotizaciones previsionales de la misma fecha y copia de su contrato de trabajo. 4. Mediante respuesta de fecha 29 de septiembre de 2021, notificada por correo electrónico el 30 de septiembre de 2021, se le comunicó el rechazo de su reclamo indicándole lo siguiente: “(…) de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente*, tras revisar los antecedentes que adjuntó a su reclamo, así como la información disponible en el SII y otras instituciones del Estado, se ha verificado que lamentablemente no cumple con los requisitos establecidos en la Ley para acceder a este beneficio. Particularmente en su caso el ingreso promedio mensual recibido durante el año 2019 se encuentra fuera del rango establecido como requisito en la ley, y al comparar sus ingresos del segundo semestre de 2019 con igual período del 2020, no cumple con registrar una caída mayor al 20%, por lo que lamentamos no poder acoger su solicitud.”. 5. Finalmente, con fecha 30 de octubre de 2021, la recurrente dedujo la presente acción de protección.

ARGUMENTOS PARA RECHAZAR LA ACCIÓN INTERPUESTA.

A.- EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA CONOCER DEL ASUNTO.

El objetivo del recurso de protección es someter al imperio del derecho, las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquellas garantías constitucionales, indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a través de un procedimiento urgente y excepcional, por ello, se señala que esta acción constitucional está reservada para la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados. En este sentido, y más allá de que el artículo 20, de la Carta Fundamental, establezca que el ejercicio de este recurso es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer (el recurrente) ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, en su carácter de excepcional, obliga a que esta acción sea reservada para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, contemplándose en nuestro ordenamiento una serie de procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir cuando la finalidad perseguida sea distinta. Estos recursos son tanto de orden administrativo como jurisdiccional. En el caso de marras, la presente acción cautelar se dirige en contra de la respuesta negativa de este Servicio a su reclamo la cual señala que: “en este caso en particular lo que motiva a impetrar esta acción son los actos positivos que están amenazando, perturbando y vulnerando el derecho fundamental contenido en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, “derecho de Propiedad”, ya que al ser beneficiaria de este bono, al ser un monto pecuniario evidentemente al que tenía acceso se amenaza perturba y vulnera esta garantía constitucional”, es decir, pretende en esta instancia se declare que tiene derecho de propiedad al Bono Clase Media 2021, contemplado en la Ley N° 21.323, pese a encontrarse controvertida por parte de este organismo la procedencia de éste, de lo que se sigue que, la actora, carece de un derecho indubitado a su respecto. De lo expuesto precedentemente, se sigue que, la acción de protección, de naturaleza cautelar, no es la vía idónea para conocer del asunto de marras, toda vez que, lo discutido en los presentes autos, tiene que ser resuelto en un procedimiento de naturaleza declarativa, donde las partes pueden hacer valer sus alegaciones y defensas, siendo el procedimiento apto para discutir y declarar derechos.

En el caso específico de la recurrente doña nombre reservado, es necesario destacar que, habiendo establecido la Ley 21.323, el beneficio consistente, denominado bono de clase media, ha dispuesto que este beneficio solo será procedente en la medida que se cumpla con los requisitos que la misma ley establece. Agregando que, corresponde la verificación del cumplimiento de estos requisitos o condiciones de procedencia, al Servicio de Impuestos, de forma tal que, mientras el órgano fiscal no realice tal verificación, no se posee un derecho indubitado sobre dicho beneficio, sino que una mera expectativa de llegar a acceder a él. Pero, en este caso particular, además, es necesario considerar que, este Servicio, ha realizado su labor de revisión, llegando a la conclusión de que la solicitante no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en la ley, lo que lleva necesariamente a concluir que, tampoco es posible hablar de derechos indubitados o no controvertidos, pues precisamente este Servicio ha manifestado, en dos oportunidades que la recurrente no tiene derecho al bono clase media previsto en la ley 21.323. En definitiva, el recurso de protección interpuesto por la actora debe ser rechazado toda vez que, la acción establecida en el artículo 20, de nuestra Carta Fundamental no ampara meras expectativas de las personas, sino que únicamente derechos indubitados o no controvertidos, los cuales no concurren en el caso de marras.

B. INEXISTENCIA DE ACTO ARBITRARIO O ILEGAL.

La Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala en su artículo 2° que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”. Se desprenden los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración, que rigen el actuar de todos los órganos del Estado y, por tanto, los del Servicio de Impuestos Internos. En este contexto, y adentrándonos directamente en la controversia de autos, tenemos que, con fecha 06.04.2021, se publicó la Ley N° 21.323 que estableció “un nuevo bono clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media” en los casos que indica. En particular, el Bono Clase Media 2021, al que hace referencia, se encuentra regulado en el artículo 4°, de la norma antes indicada, y contempla un monto de aporte que dependerá del tramo en que se encuentre el beneficiario, en relación con el promedio mensual de sus rentas. En esta materia totalmente extratributaria, el legislador encargó a ese Servicio: (1) efectuar la recepción de las solicitudes formuladas por los contribuyentes; (2) realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento; (3) determinar y calcular el monto del aporte y beneficio; e, (4) informar al Servicio de Tesorerías, para otorgar el aporte y el beneficio y proceder al pago.

B.1.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL BONO CLASE MEDIA LEY 21.323.

La ley en comento, en su artículo 3°, estableció exigencias para acceder a este beneficio, indicando que, para ser titular, era necesario que cumplir con los siguientes requisitos copulativos: Ingreso Promedio Mensual 2019 (esto es, la suma de las rentas, percibidas o devengadas, durante el año calendario 2019, dividido por doce) sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual promedio del año 2019, el que no debe exceder de $2.000.000. El ingreso mínimo mensual promedio del año 2019 fue fijado en $311.934. Que experimenten una disminución de, al menos, el 20% de su ingreso promedio del segundo semestre 2020, en relación con el ingreso promedio del segundo semestre 2019. No haber obtenido indebidamente alguno de los beneficios regulado en la Ley N° 21.252. A su turno, el inciso segundo, del artículo 4°, del referido cuerpo normativo, señala que “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, aquellos Beneficiarios cuyo Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, vigente al 1 de marzo de 2021, e inferior o igual a $408.125, tendrán derecho al Bono Clase Media por el monto establecido en la letra a) del artículo siguiente, sin que les resulten aplicables los requisitos de los numerales 1 y 2, literal a), del artículo 3 de la presente ley.” Al respecto cabe hacer presente que el Ingreso Mínimo vigente al primero de marzo de 2021, correspondió a la suma de $326.500. Adicionalmente, para poder calcular la procedencia de los beneficios, se deben considerar las definiciones de “Ingreso Promedio Mensual 2019”, “Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019” y la de “Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020”, que se encuentran contenidas en el artículo 2°, de la ley en comento, que señala: “4. Ingreso Promedio Mensual 2019: corresponde al promedio mensual de la suma de las rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante el año calendario 2019, determinado como el mayor valor entre los literales que siguen, dividido por doce: a) Rentas afectas a impuestos incorporadas en la declaración de impuestos anuales a la renta, o b) Remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones (…). 5.

Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019: corresponde al promedio mensual de la suma de las rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante los meses de julio a diciembre del año calendario 2019, dividido por seis: a) Remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones (…). 6.

Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020: corresponde al promedio mensual de la suma de las rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante los meses de julio a diciembre del año calendario 2020, dividido por seis: a) Remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones (…)”.Como se puede apreciar, el legislador reguló expresamente los requisitos que deben cumplir las personas para acceder al Bono Clase Media 2021; estableciendo, además, la forma en que éstos habrían de ser medidos; en concreto, el ingreso promedio 2019 (IPM 2019), el ingreso promedio segundo semestre 2019 (IPSS 2019), y el ingreso promedio segundo semestre 2020 (IPSS 2020), se determinan según las cotizaciones previsionales.

B.2. SITUACIÓN DE LA RECURRENTE. En el caso de autos, la recurrente alega haber recibido, durante el segundo semestre del año 2020, el ingreso mínimo, cuestión que dice acreditar mediante distintos documentos. Pues bien, de la revisión del certificado de cotizaciones previsionales de AFP Hábitat, acompañado a autos, se observa claramente que la reclamante no recibió, durante el segundo semestre del año 2020, una remuneración promedio actualizada, igual o superior a $326.500. En efecto, el certificado acompañado por la recurrente informa, que el empleador de la recurrente declaró las siguientes remuneraciones correspondientes al segundo semestre de 2020:

Mes Remuneración Remuneración actualizada 07/2020 $200.000 $206.100 08/2020 $225.000 $231.642 09/2020 $299.783 $308.222 10/2020 $320.500 $327.436 11/2020 $338.500 $343.486 12/2020 $326.500 $331.747 Promedio remuneraciones $285.047 $291.439 Como se puede observar, de la propia información extraída de los certificados de cotizaciones previsionales acompañados por la recurrente, el promedio actualizado de remuneraciones mensuales, correspondiente al segundo semestre de 2020, asciende a la suma de $291.439, lo que resulta ser inferior al ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, vigente al 1 de marzo de 2021, cuyo monto es de $326.500. De esta manera, es que conforme a la verificación de la información de los ingresos de la actora contenida en el medio establecido por la propia Ley N° 21.323 (certificado de cotizaciones para pensiones) que concede el beneficio del “Bono Clase Media 2021”, no cumple con los presupuestos para el otorgamiento del beneficio, esto es, con el requisito establecido en el inciso segundo del artículo 4°, del referido cuerpo legal, de lo cual se concluye que la decisión de rechazar su solicitud, se encuentra plenamente ajustado a derecho, habiendo actuado en esta parte dentro de las atribuciones que le fueron concedidas al afecto.

Por otra parte, y pese a no encontrarse comprendido dentro de la presente acción de protección, cabe hacer presente que, de la revisión de los antecedentes aportados por la recurrente, se observa que, tampoco cumple con el requisito previsto en el artículo 3°, de la ley ya citada, en orden a que el certificado de cotizaciones previsionales para pensiones refleje la disminución de ingresos exigida, por cuanto de una comparación entre los ingresos promedios del segundo semestre de los años 2019 y 2020, no se refleja una caída de a lo menos un 20%, sino que, por el contrario, se observa un aumento de los ingresos respecto del ingreso Promedio Segundo Semestre 2019, lo que confirma al rechazo a su solicitud y reclamo posterior.

C. FALTA DE AFECTACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. Conforme al tenor del artículo 20, de la Constitución Política de la República, se sigue que, uno de los requisitos sine qua non de la acción interpuesta dice relación con la existencia de una actuación u omisión arbitraria e ilegal, cuestión que, como se ha señalado a lo largo del presente informe no concurre en el caso de marras, toda vez que, lo obrado por este Servicio, se ha ajustado en todo momento a las facultades que el Legislador le confirió mediante la Ley N° 21.323, a objeto de que, entre otras cosas, verificara el debido cumplimiento por parte de los solicitantes del “Bono Clase Media 2021”, de los requisitos para acceder a dicho beneficio. Debiendo, en consecuencia, rechazarse la acción interpuesta. De esta manera no resulta ser efectivo lo alegado por la recurrente en orden a señalar que ella se encontraba en la hipótesis excepcional descrita en el inciso segundo, del artículo 4°, de la Ley 21.323, razón por la cual, la actuación del Servicio se ha ajustado plenamente a derecho, no vislumbrándose derecho alguno que haya sido conculcado mediante el actuar de este servicio, de manera tal que, teniendo presente únicamente lo anteriormente señalado, S.S debería rechazar la presente acción. Sin perjuicio de ello, a continuación, pasaremos a explicar porque, en la especie, no se produce la infracción de cada una de las garantías fundamentales denunciadas como vulneradas por la recurrente en el libelo de su recurso.

C.1.

DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

La afectación de estas garantías se produciría, según la recurrente, por cuanto: “En el caso en particular, lo que motiva a impetrar esta acción son los actos positivos que están amenazando, perturbando y vulnerando el derecho fundamental contenido en el artículo 19 N°2 de nuestra Constitución Política de la República, “Igualdad ante la ley”, ya que a pesar de tener derecho a acceder a este bono al igual que todos los ciudadanos que cumplían los requisitos establecidos en la ley 21323, se ha rechazado dicha solicitud, exigiéndome requisitos que por expresa disposición de la ley se exceptuaban a las personas quienes hubieren percibido el ingreso mínimo durante el segundo semestre de 2020”. Respecto de lo señalado, debe reiterar que este Servicio, tras la revisión de los antecedentes aportados por la actora, resolvió que ella no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.323. Luego, la denunciada discriminación carece de sentido desde que, la base de comparación la construye la recurrente respecto de aquellas personas que sí cumplían los requisitos para acceder al beneficio en análisis, no obstante encontrarse ella en una situación distinta de dichas personas, toda vez que, no cumple con los requisitos legales de procedencia del bono clase media y por lo mismo, de acuerdo al principio de igualdad, corresponde precisamente una tratamiento distinto y diferenciado de aquellos que si cumplen con las exigencias y condiciones de procedencia del mencionado bono clase media. Por otra parte, resulta relevante recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, para realizar el análisis de rigor, relativo al trato distinto o discriminatorio que la infracción de la igualdad ante la ley requiere, resulta fundamental aportar prueba en tal sentido, so pena de rechazarse el recurso por resultar imposible el análisis que la constatación de tal vulneración; cuestión que en caso alguno se ha realizado, en estos autos. Efectivamente, la recurrente no ha demostrado en forma alguna que haya recibido un trato diferente de aquellos contribuyentes que se encuentran en su misma situación, esto es, que no cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley N° 21.323 hayan percibido indebidamente el “Bono Clase Media 2021”. En razón de lo anterior, deberá rechazarse la alegación a una supuesta vulneración.

C.2.

DERECHO DE PROPIEDAD.

De acuerdo con la recurrente la infracción de esta garantía se produciría producto de, “actos positivos que están amenazando, perturbando y vulnerando el derecho fundamental contenido en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, “derecho de Propiedad”, ya que, al ser beneficiaria de este bono, al ser un monto pecuniario evidentemente al que tenía acceso se amenaza perturba y vulnera esta garantía constitucional.” Al respecto, cabe señalar lo siguiente: Como se indicó, a propósito de no ser esta la vía idónea para conocer del asunto, la recurrente carece de un derecho indubitado respecto del “Bono Clase Media 2021”, desde que, tal pretensión se encuentra controvertida por este Servicio al no cumplir la actora con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.323, resultando pertinente agregar que, el pretendido beneficio no ha ingresado a su patrimonio. Al carecer, la recurrente, de un derecho indubitado, de acuerdo con lo expuesto precedentemente, se colige que ella solo tiene una mera expectativa, no pudiendo, en consecuencia, lesionarse su derecho de propiedad respecto de la entrega de un beneficio social sobre el cual aún no tiene derecho alguno.

CONCLUSIONES. De lo expuesto en los acápites precedentes, se sigue que la presente acción de protección debe ser rechazada, con costas, en atención a que: La presente acción no es la vía idónea para conocer del asunto debatido; El actuar de este Servicio se ha enmarcado dentro de la normativa legal vigente, no existiendo acto ni omisión arbitrario y/o ilegal alguno. No existe la conculcación de las garantías fundamentales denunciadas como infringidas. Por ello pide, tener por evacuado el informe solicitado.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

El día de la vista alegó la abogado recurrente sosteniendo su recurso, fundamentos y peticiones concretas. Agregó también el abogado de la parte recurrida reiterando lo expresado en el informe y pidiendo concretamente el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que motiva el presente recurso la afectación que la recurrente dice sufrir por el rechazo informado por la recurrida respecto de su postulación para la obtención del bono de clase media 2021, lo que vulnera, a su juicio, sus garantías fundamentales amparadas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su turno, la recurrida informa que se tuvieron a la vista todos los antecedentes acompañados por la recurrente, y que su solicitud fue rechazada a través de un acto administrativo motivado, por no cumplir los requisitos legales para la obtención de dicho bono, no existiendo ningún acto arbitrario o ilegal de su parte, que implique la vulneración de alguna de las garantías fundamentales de la recurrente.

Tercero: Que, el artículo 3 de la Ley 21.323, establece que “Tendrán acceso a los beneficios contemplados en esta ley, tanto al Bono Clase Media a que se refiere el Título II, como al Préstamo Solidario contemplado en el Título III, los beneficiarios que cumplan los siguientes requisitos copulativos: 1. Ingreso Promedio Mensual 2019: Que su Ingreso Promedio Mensual 2019 sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual promedio del año 2019 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, debidamente reajustado a la fecha de la solicitud. En el caso del Bono Clase Media, adicionalmente, el Ingreso Promedio Mensual 2019 no deberá exceder de la cantidad de $2.000.000. 2. Disminución de ingresos: a) Bono Clase Media: que experimenten una disminución de, al menos, el 20% de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019. b) Préstamo Solidario: que experimenten una disminución de, al menos, el 10% de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019. 3. No haber obtenido indebidamente alguno de los beneficios regulado en la Ley N° 21.252.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados en autos por la recurrente, es posible advertir que la misma no tuvo ingresos durante el año 2019, puesto que el contrato de trabajo a plazo fijo acompañado comenzó el 02 de enero de 2020. De esta manera, también puede establecerse que percibió durante el año 2020 ingresos por debajo del ingreso mínimo remuneracional. Finalmente, si se compara el segundo semestre del año 2019 con el segundo semestre del 2020, se logra visualizar que la actora mejoró su situación, no existiendo esta caída del 20% entre ambos periodos.

Que así las cosas, no se logra inferir que en la especie la recurrente cumpla con los requisitos específicos y copulativos exigidos por el artículo 3 y 4 de la Ley 21.323.

Quinto: Que el acto administrativo emitido por el Servicio de Impuestos Internos es un acto motivado, que no adolece de arbitrariedad ni ilegalidad, pues tuvieron a la vista todos los antecedentes para rechazar el reclamo de la recurrente, en uso de las atribuciones entregadas en la propia Ley N°21.323, por lo que no existiendo vulneración de garantías fundamentales de la recurrente, el recurso de autos será rechazado, según se dirá en lo resolutivo.

Que, en consecuencia, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en folio 1 por doña nombre reservado en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE Temuco.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro titular señor Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-9300-2021. (sac)