nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece José Luis Neira Vejar, abogado, domiciliado en domicilio reservado, de Temuco, en representación de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, funcionario municipal, de su mismo domicilio, interponiendo acción de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, representado por su alcalde, Sr. César Sepúlveda Huerta, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber dispuesto la no renovación de la contrata del recurrente de manera arbitraria e ilegal, según se desprende de la comunicación de 26 de noviembre, notificada con fecha 29 de Noviembre de 2024.- HECHOS.

Comienza indicando que su representado se desempeña actualmente a contrata, con funciones en el Servicio de Salud Municipal de Nueva Imperial. Comenzó a ahí a contrata desde el 23 de marzo de 2021.

Indica que fue notificada por carta el día 29 de noviembre de 2024, en la comunicación solo se informa su no renovación bajo argumentos y antecedentes impertinentes y sin que se dictara hasta la fecha resolución que pone termino o que disponga no renovación en los términos ordenados por el dictamen 6400 de 2018 y posteriores de Contraloría General de La Republica que se pronuncian al respecto.

ACTO RECURRIDO.

Argumenta que con fecha 29 de noviembre de 2024 se verifica la notificación de la medida de no renovación de la contrata de su representado, fundado en la comunicación sin número de fecha 26 de Noviembre de 2024, fundado en hechos impertinentes y abiertamente improcedentes, poniendo termino anticipado a una contrata que legal y administrativamente generó la confianza legítima en que sería renovada para el periodo 2019. [sic]

Agrega que la referida carta justifica pone término a la designación de su representado fundada en que es una facultad legal amparada por dictámenes y jurisprudencia que indica.

Considera que en el caso concreto, el acto administrativo recurrido, vulnera abiertamente el dictamen 6.400-2018, emitido por La Contraloría General de la República, que plasma en su esencia los principios del derecho al trabajo, y principalmente busca frenar de parte del Estado, en su rol de empleador, el abuso de los regímenes especiales de contratación, llámese, honorarios, contrata, etcétera, y viene en imponer la exigencia de fundamento a éstos actos administrativos, dentro de la administración pública, y dicho fundamento debe ser atingente con la situación particular del funcionario, no genérico ni artificial, debe ser sustentable y no meramente enunciativo, y no puede ser caprichoso como lo es la resolución que se ataca en este recurso.

Agrega que la recurrida ni siquiera dicta un acto administrativo, y la comunicación con la que informa no renovar la contrata no da siquiera un atisbo de justificación o argumento válido o, debidamente fundado, que avale su decisión, como ya se dijo son solo argumentaciones de derecho y jurisprudenciales sin ir al fondo, no indica de manera alguna como se materializa o de qué manera afecta el puesto de trabajo o la función de su representado en particular.

Expone que el artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada. Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta", por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas.

A continuación, cita dictámenes de Contraloría General de la República e apoyo a sus argumentos.

En cuanto al plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar la contrata, o decide hacerlo por un plazo menor a un año o en un grado o estamento de asimilación inferior o reduce la carga horaria, indica que como se señaló, los artículos 10, inciso primero, de la ley N° 18.834 y 2°, inciso tercero, de la ley N° 18.883, definen a los cargos a contrata, en similares términos, como aquellos que duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que se hubiese dispuesto su prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos. Pues bien, como se aprecia de las normas citadas, la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N° 22.766, de 2016, se traduce también en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo, o su renovación en condiciones diferentes, a través de la dictación del respectivo acto administrativo, en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima.

Precisa que -tal como lo expresara el dictamen N° 12.421, de 2017, de este origen-, dicho límite temporal no puede obviarse por el hecho que la respectiva autoridad haya asumido sus funciones con posterioridad a su vencimiento, pues aquél está establecido en razón del órgano que dispone la designación, prórroga o no renovación del empleo a contrata, según corresponda, y no de quien lo dirige. Ello, por cierto, es sin perjuicio del ejercicio que pueda hacer la autoridad respectiva de sus facultades generales en la materia, de acuerdo a lo dispuesto en el acápite VII de estas instrucciones.

Explica que lo indicado precedentemente debe entenderse teniendo a la vista las particularidades de la preceptiva que regula el empleo de que se trata, tal como acontece, por ejemplo, con los educadores que se incorporan a una dotación docente como contratados, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.070, cuyos vínculos transitorios -según el dictamen N° 39.032, de 2010, de este origen-, no pueden exceder el respectivo año laboral docente, lapso que se extiende, generalmente, desde el 1 de marzo al 28 o 29 de febrero de la posterior anualidad.

Sostiene que en tal caso, y atendido que la referida regulación no fija un plazo dentro del cual el alcalde pueda válidamente decidir la prórroga del vínculo estatutario, el dictamen N° 37.403, de 2017, precisó que el sentido del plazo en estudio consiste en que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo y la comunique con la debida anticipación al término del año laboral de que se trate, el que, en el caso de los docentes, ocurre el último día del mes de febrero respectivo.

Menciona que concluye el referido dictamen, el decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo, o resuelva prorrogarlo por un lapso menor a un año o establezca una carga horaria inferior, deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate.

En cuanto a las garantías vulneradas señala las siguientes:

1) Igualdad ante la Ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

A su juicio, -tal como lo expresara el dictamen N° 12.421, de 2017, de este origen-, dicho límite temporal no puede obviarse por el hecho que la respectiva autoridad haya asumido sus funciones con posterioridad a su vencimiento, pues aquél está establecido en razón del órgano que dispone la designación, prórroga o no renovación del empleo a contrata, según corresponda, y no de quien lo dirige.

Indica que ello es sin perjuicio del ejercicio que pueda hacer la autoridad respectiva de sus facultades generales en la materia, de acuerdo a lo dispuesto en el acápite VII de estas instrucciones.

Sostiene que lo indicado precedentemente debe entenderse teniendo a la vista las particularidades de la preceptiva que regula el empleo de que se trata, tal como acontece, por ejemplo, con los educadores que se incorporan a una dotación docente como contratados, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.070, cuyos vínculos transitorios -según el dictamen N° 39.032, de 2010, de este origen-, no pueden exceder el respectivo año laboral docente, lapso que se extiende, generalmente, desde el 1 de marzo al 28 o 29 de febrero de la posterior anualidad.

Añade que en tal caso, y atendido que la referida regulación no fija un plazo dentro del cual el alcalde pueda válidamente decidir la prórroga del vínculo estatutario, el dictamen N° 37.403, de 2017, precisó que el sentido del plazo en estudio consiste en que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo y la comunique con la debida anticipación al término del año laboral de que se trate, el que, en el caso de los docentes, ocurre el último día del mes de febrero respectivo.

Concluye el dictamen que en tal orden de consideraciones, el decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo, o resuelva prorrogarlo por un lapso menor a un año o establezca una carga horaria inferior, deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate.

2) Derecho a la libertad de trabajo y su protección del artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República.

Alega que se vulnera el referido derecho ya que su parte desempañaba funciones de carácter necesarias y permanentes dentro de la repartición recurrida, siendo calificado en lista 1 durante todo el periodo de tiempo que se desempeñó desde el año 2019 en calidad de contrata ininterrumpidamente.

3) Derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Explica que este derecho fundamental se ve claramente amenazado, ya que su representado ingresó voluntariamente a la administración, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada al patrimonio del funcionario, la confianza legítima de su renovación por el periodo 2025, corresponde a un derecho que ha ingresado a su patrimonio, no pudiendo privar de esta condición la administración, a su persona, sino por los propios medios que indica la ley, para el caso;

sumarios o actos administrativos debidamente justificados.

Arguye que se ha conculcado el derecho a la estabilidad en el empleo público en cuanto el recurrente no puede ser privado de su cargo sino por las causales que la Ley contempla, lo que comporta una especie de propiedad garantizada como bien incorporal por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República privándola también de sus remuneraciones. Los actos impugnados hacen referencia a una decisión antojadiza de la autoridad, carente de todo fundamento racional y lógico, según se analizó.

Pide tener por presentado recurso de protección en contra la MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, representado por su alcalde, don Cesar Sepulveda Huerta, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, ya individualizados, ordenarle que informe a V.S.I., en el plazo que US. I. fije, y, en definitiva, ordenar que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario dejando sin efecto la la decisión de no renovación de la contrata de el recurrente de fecha 26 de Noviembre de 2024, notificada el 29 de noviembre de 2024, mediante la cual se resuelve la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2025. Ordenando, se renueve su contrata por dicho periodo a fin de que continúe en su cargo y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma arbitraria e ilegal restituyéndole además en todos sus derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que US. Determine, sean las solicitadas o las que US. determine, con expresa condenación en costas.

A folio 11 comparece Wilma Elisa Polanco Garces, abogada, en representación de la Municipalidad de Nueva Imperial evacuando informe en el que indica lo siguiente:

Comienza sosteniendo que del petitorio del recurso se desprende que el actor, no alega la defensa de derechos constitucionales indubitados, sino que mediante este recurso se pretende impugnar la decisión de la administración de no renovar el vínculo estatutario que la unía con el recurrente, mediante nombramiento de plazo fijo, con esta entidad administradora. Es decir, tiene por objeto atentar conta la facultad discrecional y legal que tienen la administración y que se funda en las siguientes disposiciones legales:

1. El artículo 14° del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, señala que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido […]. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por periodos iguales o inferiores a un año calendario”.

2. Complementa lo indicado precedentemente con lo señalado en el artículo 2° del Estatuto administrativo para funcionarios municipales, ley 18.883, que indica que “Los empleos a contrata durarán como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley”.

3. Los empleos a plazo fijo de una dotación, son vínculos transitorios de carácter temporal, así el artículo 48°, de la ley 19.378, indica que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Corrige a el recurrente en cuanto a la precisión de los hechos narrando que el documento que informa la no renovación de su nombramiento a plazo entregado a el recurrente el día 28 de noviembre de 2024.

En cuanto al vínculo de el recurrente con la Municipalidad señala que este se inició en virtud de contrato de reemplazo, como prestadora de servicios y por nombramiento a plazo fijo (contrata) y no solo a plazo fijo (contrata), como asegura en su libelo el actor, en la página 5 “[..] fundado en hechos impertinentes y abiertamente improcedentes para tomar la decisión que después de más de 5 años a contrata la deja sin trabajo, poniendo termino anticipado a una contrata que legal y administrativamente generó la confianza legítima en que sería renovada para el periodo 2019.”

Añade que nombre reservado, ingresó al Departamento de Salud de la Municipalidad de Nueva Imperial el 22 de marzo de 2021, siendo sucesivamente contratado como prestador de servicios, el cual por remisión del artículo 4° del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, se aplican, en forma supletoria, las normas de la ley N°18.883, Estatuto de los funcionarios Municipales. El que a su vez en su artículo 4° señala que “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad […]. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les será aplicable las disposiciones de este Estatuto”. Y solo a partir del 01 de enero de 2023, fue nombrado en calidad de plazo fijo.

Desprende que solo a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, nombre reservado, se vincula con esta administración por nombramiento ininterrumpidos a plazo fijo (contrata), gozando de una antigüedad de 2 años (al 31 de diciembre de 2024), tal como lo indica el Certificado Laboral, de fecha 26 de diciembre de 2024, el cual se encuentra contenido en el decreto Alcaldicio N°10, de fecha 31 de 01 de 2025 y que se acompaña en esta presentación.

Precisa que no existió término anticipado de la contrata, como lo manifiesta el actor, en la página 5 de su libelo, ya que este nombramiento precluyó el 31 de diciembre de 2024, fecha contenida en el Decreto Alcaldicio N°728/2024, de nombramiento el cual indica una extensión comprendida entre 01.01.2024 y hasta el 31.12.2024. Así también lo señala la carta de 26 de noviembre y el Decreto Alcaldicio N°10/2025.

Explica que, mediante Decreto Alcaldicio N°10 de 07 de enero de 2025 esta administración manifiesta su decisión de no renovar su nombramiento en calidad de plazo fijo el recurrente, el cual en su considerando contiene la expresión de los hechos y fundamentos de derechos en los que se sustenta, en el siguiente tenor:

1. Que, el artículo 14° del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, señala que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido […]. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por periodos iguales o inferiores a un año calendario”.

2. Que, se complementa lo indicado precedentemente con lo señalado en el artículo 2° del Estatuto administrativo para funcionarios municipales, ley 18.883, que indica que “los empleos a contrata durarán como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley”.

3. Así, podemos indicar que, los empleos a plazo fijo de una dotación, son vínculos transitorios de carácter temporal, así el artículo 48°, de la ley 19.378, indica que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato”.

4. Que, según se puede desprender del certificado de relación laboral en nombramiento a plazo fijo, individualizado en el visto N°16, del presente decreto, don nombre reservado, goza de nombramiento en calidad de plazo fijo en forma ininterrumpida desde el 01 de enero de 2023, y hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir a mantenido dicha calidad por un periodo de 2 años.

5. Que, según la jurisprudencia judicial y administrativa doña nombre reservado, no se encuentra protegida de los cambios intempestivos en las decisiones que pueda adoptar la administración y no se encuentra resguardado por el principio de confianza legitima.

6. Que, en el caso en concreto, se ha determinado ejercer la facultad de no renovación del contrato a plazo fijo individualizado en los vistos N°9 y 10, prescindiendo de los servicios para los cuales doña nombre reservado, fue contratada concluyendo de pleno derecho al 31 de diciembre del año en curso (2024).

Concluye que, por lo tanto, existe acto administrativo fundado que dispone la no renovación del nombramiento a plazo fijo de doña nombre reservado, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, fonoaudióloga, categoría E, nivel 14.

A continuación, indica que resulta imprescindible establecer desde cuándo la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado.

Destaca que la Corte Suprema ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un período prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.

De lo expuesto concluye, que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo de desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima.

Sostiene que corrobora todo lo anterior, lo manifestado por la Corte Suprema, en sentencia de causa Rol n°26.112-2023, 7.589-2024 y lo indicado por la Corte de Apelaciones en sentencia de causa Rol n° 16167-2024, la cual es confirmada por la Corte Suprema, en sentencia de causa Rol n°53.634-2024, de fecha 02 de enero de 2025.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y en definitiva rechazar el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Nueva Imperial en todas sus partes, con expresa condenación en costas, fundado en:

1) No se trata de la acción procesal idónea dada la naturaleza litigiosa del derecho reclamado.

2) La relación estatutaria que se mantenía con el actor, no cumple con los requisitos que harían procedente la aplicación de la confianza legitima.

3) No se acredita circunstancia alguna que demuestre en forma efectiva y concreta la eventual amenaza, privación o perturbación del legitimo ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 n°2, 16 y 24 de la carta fundamental en circunstancia de que no existe afectación de derecho indubitado alguno, y, la no renovación es el resultado del ejercicio legítimo de las funciones y atribuciones que a su representado le confiere la ley.

Acompaña en su informe los siguientes documentos:

1) Decreto Alcaldicio N° 10/2025, de fecha 7 de enero de 2025, que dispone la no renovación del nombramiento a plazo fijo de la funcionaria doña nombre reservado.

2) Carta, de fecha 26 de noviembre de 2024, que informa la no renovación del nombramiento a plazo fijo.

3) Certificado, de fecha 26 de diciembre de 2024, emitido por don nombre reservado, encargado de la Unidad de Desarrollo de Personas del departamento de Salud de la Municipalidad de Nueva imperial, donde informa desde cuando se aplican en esta municipalidad los dictamen E173171/2022 y el alcance N°06, de fecha 30 de mayo de 2023, emanado del Director de la Unidad de Control de la Municipalidad de Nueva Imperial, en relación con el dictamen E92398, de 06 de abril de 2021, de la Contraloría General de la Republica.

4) Certificado, de fecha 23 de diciembre de 2024, emitido por doña nombre reservado, encargado de la Unidad de Desempeño Laboral y Perfeccionamiento funcionario del departamento de Salud de la Municipalidad de Nueva imperial, donde indica que a partir de 1° de enero de 2023 se ordenó el traspaso de los prestadores de servicios a honorarios a plazo fijo y acompaña detalle.

5) Certificado, de fecha 26 de diciembre de 2024, emitido por don nombre reservado, encargado de la Unidad de Desarrollo de Personas del departamento de Salud de la Municipalidad de Nueva imperial, donde se indica la antigüedad a plazo fijo que goza el funcionario nombre reservado.

6) Certificado, de fecha 24 de diciembre de 2024, emitido por doña nombre reservado, jefa de Finanzas del departamento de Salud de la Municipalidad de Nueva imperial, donde indica el alza en el gasto del presupuesto de salud, en personal nombrado en calidad de planta y plazo fijo.

7) Copia de estafeta, que indica la fecha en que se entregó la carta de aviso de no renovación.

8) Los dictámenes de la Contraloría General de la República números E173171/2022, E92398/2021, E561358/2024, E581614/2024, E296951/2023.

9) Sentencia de Corte Suprema de causa Rol n°26.112-2023, 7.589-2024 y lo indicado por la Corte de Apelaciones en sentencia de causa Rol n° 16167-2024, la cual es ratificada por la Corte Suprema, en sentencia de causa Rol n°53.634-2024.

10) Decreto Alcaldicio N°409/2021, que ordena la contratación en modalidad de prestación de servicios de honorarios de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 22.03.2021 al 22.05.2021.

11) Decreto Alcaldicio N°626/2021, que ordena la contratación en modalidad de reemplazo de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 25.05.2021 al 07.06.2021.

12) Decreto Alcaldicio N°641/2021, que ordena la contratación en modalidad de reemplazo de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 08.06.2021 al 14.06.2021.

13) Decreto Alcaldicio N°778/2021, que ordena la contratación en modalidad de prestación de servicios de honorarios de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 01.07.2021 al 31.12.2021.

14) Decreto Alcaldicio N°144/2022, que ordena la contratación en modalidad de prestación de servicios de honorarios de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 01.01.2022 al 31.12.2022.

15) Decreto Alcaldicio N°97/2023, que ordena la contratación en modalidad de plazo fijo de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 01.01.2023 al 31.12.2023.

16) Decreto Alcaldicio N°82/2024, que ordena la contratación en modalidad de plazo fijo de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 01.01.2024 al 30.06.2024.

17) Decreto Alcaldicio N°728/2024, que ordena la contratación en modalidad de plazo fijo de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre 01.07.2024 al 31.12.2024.

18) Mandato judicial, de fecha 14 de enero de 2025.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

SEGUNDO: Que, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra la no renovación de su nombramiento a contrata para el año 2025 como funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de Nueva Imperial de fecha 26 de noviembre de 2024 notificada el 29 de noviembre de 2024;

TERCERO: Que la Municipalidad de Nueva Imperial no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, pues la comunicación de no renovación contrata de 26 de noviembre de 2024 y el Decreto Alcaldicio N° 1194/2024 de fecha 31 de diciembre de 2024 como acto administrativo que materializa la referida no renovación, contiene la razón que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del actor para el año 2025, cual es el término del plazo para el cual fue contratado conforme a las disposiciones legales que cita, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio;

CUARTO: Que, de los decretos alcaldicios de nombramientos acompañados por la recurrida se desprende que el actor desde el 22 de marzo de 2021 al 2022 tuvo un vínculo contractual a honorarios con la Municipalidad de Nueva Imperial, pasando a ser funcionario a contrata durante los años 2023 y 2024, poniendo término a dicho a vínculo la recurrida mediante Decreto Alcaldicio 10 /2025 de 7 de enero de 2025, previamente informado mediante comunicación de 26 de noviembre de 2024 y notificada el 29 de noviembre del 2024.

Al respecto, no procede computar el tiempo anterior en que el recurrente estuvo ligado a la Municipalidad de Nueva Imperial mediante un contrato de prestación de servicios remunerado a través de honorarios, pues lo cierto es que los criterios de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, en su caso, se refieren al tiempo que ha estado el trabajador ligado a una institución pública bajo la modalidad de “contrata”, y no por una prestación de servicios a honorarios.

QUINTO: Que, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en la Municipalidad de Nueva Imperial “mientras sean necesarios sus servicios”, y que la resolución impugnada decidió no renovar esta contrata, contratas que, en conjunto, sumaron dos años por lo que no supera el lapso de cinco años, necesario para que opere la confianza legítima.

SEXTO: Que, no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, debería haberse acreditado que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. Respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, este no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio que señala el artículo 582 del Código Civil. Finalmente, respecto libertad de trabajo y prohibición discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal del inciso tercero del artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que el referido inciso no se encuentra tutelado por el recurso de protección de conformidad a lo indicado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a lo cual se añade que no acreditó la discriminación alegada.

SÉPTIMO: Que, necesariamente corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración municipal plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del actor para el año 2025, pues la decisión de la Municipalidad de Nueva Imperial no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19.378, artículo 2° de la Ley 18.883 y artículo 11 inciso segundo de la ley 19.880.- Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado José Luis Neira Vejar, en representación de nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-9276-2024.(jog)