nombre reservado con UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, ocho de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 21 de febrero del año 2019, comparece doña nombre reservado, chilena, estudiante, separada, cédula de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce Recurso de Protección en contra de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE, RUT RUT reservado, institución representada legalmente por su Rector don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el supuesto acto ilegal y arbitrario de impedirle la matrícula para el año 2019 en curso, acto comunicado con fecha 23 de enero del presente.

Funda el recurso en que en el mes de marzo del año 2004 se matriculó por primera vez en la Universidad Autónoma de Chile, entonces UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL SUR, en la carrera de DERECHO, en su sede Temuco, donde su progenitor se hizo cargo del cumplimiento del pago de las cuotas mensuales por concepto de arancel anual, sin generar deuda alguna. En el año 2005, sus padres se separaron, por lo cual tuvo que matricularse sin apoderado ni quien se hiciera cargo de la carga económica por pago de arancel anual. Eso generó una deuda por la totalidad del arancel, que no pudo pagar a sus 19 años, todo lo cual impidió continuar estudiando la carrera ya que la institución le negó esta posibilidad hasta que cumpliera con sus compromisos económicos. Ese año firmó dos pagarés: uno por concepto de matrícula y otro por el arancel anual. En el año 2009 y a propósito del trabajo dependiente que había logrado obtener, retomó sus intenciones de continuar sus estudios, razón por la cual tramitó un crédito CORFO de aproximadamente $2.800.000, monto que utilizó para pagar la deuda total correspondiente al año 2005. Para financiar el año académico del 2009, la universidad le ofrece un "crédito directo” interno por el monto del arancel anual, por el cual suscribe un pagaré que se renueva año a año mientras sea alumna regular, afirmando que si bien realizó todas las gestiones para poder avanzar su carrera ese año, nuevamente no pudo continuar sus estudios, debido a que tuvo que trabajar para mantener a sus dos hijos, de 8 y 5 años de edad en ese tiempo, además de ser madre soltera, asistir a clases en modalidad vespertina y jefa de hogar, sin recibir apoyo alguno económico ni de sus padres, ni del progenitor de los menores. Señala que entre los años 2010 a 2013, no perseguió el avance curricular de su carrera, por cuanto se dedicó al cuidado de sus hijos y las labores como funcionaria dependiente. De igual forma, en el año 2013 contrajo matrimonio y fue madre por tercera vez, razón por la cual y con el apoyo de su marido, pudo desarrollar actividades económicas que permitieron retomar su carrera el siguiente año, pagando en efectivo lo correspondiente a la anualidad 2014 y renovando los pagarés vencidos por arancel del último año que había cursado hasta entonces, el año 2009. Agrega que en el año 2015, suscribió pagarés por el arancel anual, no pudiendo cumplirlos íntegramente y razón por la cual postuló al CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO para no tener que, nuevamente, desistirse de estudiar por motivos económicos. Ese año generó mora respecto a pago de arancel que no pude cumplir íntegramente. En los años 2016 y 2017 fue beneficiaria - y a la fecha- del CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO. Sin embargo, dicho beneficio tiene un monto tope de cobertura que alcanza la cifra aproximada de $2.500.000. el arancel correspondiente a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile se aproxima a los $3.200.000, por ende la diferencia ascendiente a los $700.000 debe ser pagada en forma directa por su persona, debiendo suscribir pagarés por el monto antes señalado por cada año. De esta forma, y en cada proceso de matrícula en este tiempo, debía renovar pagarés vencidos y abonar alrededor del 70% de los montos morosos en un solo pago, generalmente en el mes de marzo, para matricularse.

Afirma que en marzo del año 2018, se acercó a realizar el mismo procedimiento antes señalado en el departamento de finanzas, sin embargo se le negó este derecho por encontrarse en mora de los pagarés antes mencionados. Asimismo, el departamento de finanzas le exigió un pago inicial de al menos $950.000, a fin de renovar los títulos ejecutivos suscritos y finalizar el proceso en cuestión. Ahora bien, el monto precedentemente señalado lo reunió fuera del plazo ordinario de matricula, con fecha 31 de marzo del 2018, situación por la cual fue rechazada su solicitud, debiendo apelar ante la máxima autoridad de la Universidad de la sede de Temuco. Con todo, su petición no se dio ha lugar, pese a continuar con el beneficio del CAE, cuyo efecto es realizar un pago directo a su casa de estudios por más del 75% del monto correspondiente a anualidad y contar con este pie de $950.000.

Manifiesta que para el año 2018 su avance curricular correspondía a 27 asignaturas aprobadas de un total de 37, según la malla equivalente al ingreso del año 2004, por lo cual las asignaturas pendientes en su mayoría pertenecen al último año de carrera. Por otra parte, durante el año 2018 se separó de su cónyuge, realizando el cese de convivencia, regulando la relación directa y regular y el cuidado personal de su hija. Junto con ello, a la fecha no ha logrado tener un trabajo estable que permita solventar sus gastos, viviendo en el hogar de su madre con sus tres hijos (de 17, 15 y 5 años de edad).

Refiere que el ímpetu de terminar la carrera le llevó a ahorrar y reunir con mucho esfuerzo la suma de $1.200.000, monto exigido por la recurrida hasta el año pasado para renovar los pagarés morosos y acceder al proceso de matricula. Con fecha 17 de enero del presente año (un día antes del inicio del período de matrícula) acudió hasta la Oficina de Finanzas de la Universidad Autónoma de Chile a realizar el pago de $1.200.000, para así formalizar la matrícula. Sin embargo, se le informó de manera presencial que los pagarés vencidos, ascienden al monto total de $6.820.669. Con fecha 18 de enero del presente y tal como se le informó en la universidad que debía proceder, envió solicitud de rebaja de monto de prepago a la Jefa de Finanzas doña nombre reservado (se adjuntan documentos), señalando y presentando argumentos de hecho, respaldados mediante documentación que acreditan su situación de vulnerabilidad, y alegando que el CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO le notificó del hecho que, de no presentar matricula correspondiente al presente año, perderá el beneficio y deberá comenzar el pago del mismo. Con fecha 22 del presente la señora nombre reservado, representando a la recurrida, le señaló “Estimada nombre reservado, junto con saludarte te comento que no es posible acceder a tu solicitud, dada la antigüedad de la deuda la cual se encuentra en etapa de cobranza judicial. Te adjunto liquidación de la empresa de cobranza la cual es de $ 6.820.669.-, podemos hacer la salvedad si te matriculas para el año 2019 el pagare de crédito directo se renueva nuevamente, por lo cual la deuda bajaría a $ 2.838.966”. Con fecha 28 de enero del año en curso se le notificó, vía correo electrónico, de parte de la secretaria de la Facultad, que “SE RESUELVE: AUTORIZASE, POR EXCEPCIÓN, la reincorporación y continuidad de estudios por el periodo académico 2019 , a doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, y previa solución de su situación financiera en la Dirección de Finanzas, podrá matricularse, inscribir y cursar únicamente las siguientes asignaturas de Derecho Procesal II y Taller de Litigación y Derecho Administrativo del plan de estudios anual dispuesto por Resolución de Rectoria nº63/2014.”

Sostiene que de los documentos acompañados se ha acercado a la institución educacional y ha ofrecido pagar montos que, considerando su situación económica actual, son considerablemente altos, solicitando la renovación de las letras en virtud de antecedentes de peso, como su cesantía desde el año 2014, ser parte del 40% más pobre de la población y el hecho, no menor, que debido al avance curricular que detento, no le es posible continuar en otra casa de estudios ya que le significaría una importante pérdida del avance curricular existente a la fecha. Asimismo, que debido a encontrarse con asignaturas reprobadas y según el reglamento de su carrera, este año 2019 sólo podría inscribir dos materias, hecho por el cual el CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO cubriría el 100% del arancel, no produciendo en caso alguno un detrimento económico que la recurrida pretende alegar en su contra, ya que la misma otorga un descuento de 30% por la inscripción de hasta dos ramos. Esto le permitiría realizar un pago mensual si la recurrida otorga como lo hizo en años anteriores, esta modalidad. Con todo, y atendiendo a que se encuentra en la última etapa de su época de formación profesional, se debe preservar de mejor forma su derecho a educación, de modo que el principio PRO HOMINE orientador de los conflictos de derechos fundamentales, obliga a preferirla, precisamente por ser la que mejor protege la citada garantía constitucional. Ergo, le parece prudente mencionar que me encuentro estudiando becada un diplomado de Derechos Humanos de la Mujer, ya que su pasión por el derecho es tal que no pudo resignarse a estar sin nutrirse del conocimiento necesario para alegar vulneraciones y, por esta razón, se atreve a recurrir en este caso, ya que la Universidad Autónoma discriminaría a personas que no se encuentran en igualdad de condiciones de acceder al derecho a educarse y formarse profesionalmente, afectando su estabilidad psicológica al ver frustrado el deseo y porvenir económico de mi familia, basándose en motivos ajenos a lo académico y referido al no pago de una obligación que cuenta con títulos ejecutivos, que bien podrían ser exigidos en la sede correspondiente, sin hacerlo a la fecha. Por tanto ha pasado por alto los medios legales para obtener el cumplimiento, actuando en contra de los principios de nuestro derecho y ejerciendo autotutela, que es una forma primitiva e injusta de poner término a un conflicto y que el procesalista nombre reservado en un acertado concepto la define como "la reacción directa y personal de quien se hace justicia con manos propias”.

En cuanto al derecho, refiere que el acto de impedir la matricula de parte de la Universidad, es un acto arbitrario e ilegal, esto porque la recurrida tiene la forma y medios de hacer valer la obligación persistente, por tanto es ilegal que pretenda ejercer de forma propia vías de cumplimiento a través de un tipo de extorsión que no se encuentra consagrada en norma alguna, afectando su estabilidad psíquica y contraviniendo así el artículo 19 nº 1, 2 y 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es: el derecho a la integridad psíquica de la persona, a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. La recurrida al usar medios arbitrarios de coacción, sostiene que afecta su estabilidad psicológica ya que, al no matricularse este año no solo se merma la posibilidad de ser profesional, sino también del porvenir económico de su núcleo familiar, ya que Bancoestado comenzaría a cobrar el CAE vigente, generando una situación de estrés aún mayor al actual, entendiendo que goza de la responsabilidad de tener a tres hijos a mi cargo -siendo el mayor además hoy alumno con matrícula vigente en estudios superiores- quienes han visto el cambio drástico de circunstancias económicas que han repercutido directamente en su calidad de vida, viviendo actualmente en estado de hacinamiento en casa de su abuela. Esto, ya que al estar los pagarés protestados se encuentra publicada en DICOM, por tanto este registro de morosidad le ha impedido iniciar actividades económicas independientes para mejorar la calidad de vida de los tres menores de edad; ergo, acceder a un crédito bancario para pagar la deuda existente es imposible. Con todo, no es menos cierto que la protección a la familia es un deber estatal y alcanza la función legislativa y, especialmente, la judicial, tal como lo señala en distintos fallos el Tribunal Constitucional.

Manifiesta que la Universidad Autónoma discrimina a personas que no se encuentran en igualdad de condiciones de acceder al derecho a educarse y formarse profesionalmente, basándose en motivos ajenos a lo académico y referido al no pago de una obligación que cuenta con títulos ejecutivos, que bien podrían ser exigidos en la sede correspondiente, sin hacerlo a la fecha. Por tanto ha pasado por alto los medios legales para obtener el cumplimiento, actuando en contra de los principios de nuestro derecho y ejerciendo autotutela, que es una forma primitiva e injusta de poner término a un conflicto y que el procesalista nombre reservado en un acertado concepto la define como "la reacción directa y personal de quien se hace justicia con manos propias”. Por tanto, la forma en que actúa la recurrida al “acelerar” un pago, existiendo un procedimiento ejecutivo en nuestro ordenamiento jurídico que precisamente persigue el cumplimiento de obligaciones pendientes, es, sin duda alguna, una forma de ejercer autotutela. Y este acto, es ilegal. Menciona que caducarle e impedirle el acceso a matrícula es un acto arbitrario puesto que la mora que se imputa es de un porcentaje inferior al 25% de sus anualidades de los años 2016 y 2017, por tanto la mayoría del valor asociado al servicio educativo que brinda la Universidad, ha sido pagado. Con todo, el 100% del arancel este año es cubierta por el Crédito con Aval del Estado. Por tanto, impedirle estudiar por una deuda cuya morosidad es de un porcentaje muy por debajo del costo de la carrera durante todos estos años, que sí ha sido pagado por un lado por el propio Estado y por otro, con sus recursos económicos, es un acto arbitrario.

Analiza que la naturaleza de contrato que citará la Universidad Autónoma de Chile, permite que se dirima en relación a la desprotección que tiene frente al contrato de debió firmar, so pena de no acceder a matrícula y, por tanto, impedir sus estudios. La cláusula que citará la recurrida y por medio de la cual solicitará que se respete el contrato firmado por su parte, señala lo siguiente “Todos los alumnos deberán ceñirse, en cada periodo académico, al proceso de matrícula dentro de los plazos que se fijen mediante calendario académico. Quedarán privados de matrícula aquellos estudiantes que… c) figuren como deudores de sus obligaciones financieras.” artículo 5 del Reglamento General del alumno del estudiante de pregrado de la Universidad autónoma de Chile. De esta forma la recurrida coarta el derecho de aquellos estudiantes que tengan cualquier tipo de mora, sin distinción, a la continuación de sus estudios. Esta cláusula es efectivamente abusiva, y debe ser declarada nula, ya que la misma Ley del Consumidor en su artículo 16 señala que “ No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que… g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato…” Este desequilibro existe, ya que Universidad Autónoma de Chile ha percibido cada año matriculado un porcentaje superior al 70%. La finalidad del contrato es mi titulación y, con todo, se me priva de mi derecho a matricula por una cláusula penal que no figura en el contrato de prestación de servicios, sino en un anexo cuyo conocimiento se me imputa al momento de firmar el contrato principal y que además no es proporcional en cuanto a los derechos de cada parte: es aquí donde la recurrida se encuentra abusando de la parte más débil y neófita, lucrando con las anualidades percibidas y con esta finalidad, presionar que realice pago íntegro de un porcentaje de deuda muy inferior por sobre lo que percibe y ha percibido cada año de su parte.

Asevera que el acto del recurrido también ha vulnerado el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, que ampara el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre bienes corporales e incorporales. Todo ello indica que la naturaleza jurídica de la prestacion de servicios educacionales que una Universidad privada confiere a sus alumnos, es una convención que crea derechos y obligaciones reciprocas regulados supletoriamente por las norma del Código Civil. Con todo, el deber que cumple la Universidad, incluso siendo de carácter privado, es tambien la forma que ha permitido el legislador de asegurar el acceso a educación consagrado en el art. 19 nº 10 de nuestra carta fundamental, por lo que el correcto aseguramiento de tal derecho debe ser, necesariamente, un elemento orientador de la interpretación que se efectúe al resolver un conflicto de relevancia jurídica.

Por todo lo anterior, y previas citas legales, solicita tener por interpuesto este nombre reservado a su favor y en contra de la Universidad Autónoma de Chile, por su actuar arbitrario e ilegal, impidiéndole ejercer su derecho a estudiar durante el periodo actual y acogiéndose la siguiente petición en todas o algunas de sus partes:

1. Que se le permita realizar el proceso de matrícula en forma regular, esto es: inscripción de ramos, gozar de todos los beneficios y cargas asociadas a la condición de alumna regular de la Universidad Autónoma de Chile, incluyendo el derecho a escoger - en caso de existir más de un módulo por asignatura- el módulo y docente a cargo, sin condicionarlo al pago de la deuda existente y altamente detallada.

2. Que se exhorte a la universidad a que no se vuelva a aplicar esta medida en la renovación del contrato de prestación de servicios del próximo año, ni los eventualmente sucesivos que deba suscribir con la recurrida.

3. Que se condene en costas a la recurrida, puesto que, si bien el presente recurso no cuenta con patrocinio, son sus conocimientos legales los que permiten que me dirija en forma y es esta condena la que le ayudaría a pagar la deuda que se le imputa.

4. Que se condene a la Universidad para que dicte un artículo transitorio en favor de aquellos estudiantes que se encuentren en condiciones similares, con un crédito con aval del estado vigente y que, de no renovarlo este año, pierdan el beneficio crediticio, siendo expuestos a que se comience la ejecución del cumplimiento de la obligación. Que esta medida se informe vía medios electrónicos internos a todos los alumnos.

En el segundo otrosí acompaña los siguientes documentos:

“A.

Copia de apelación a rechazo de matrícula fuera de plazo, del año 2018, dirigida a la máxima autoridad de la sede Temuco, con su respectiva respuesta de don nombre reservado, vicerrector académico.

B.

Copia de apelación presentada a Dirección de finanzas donde respaldo lo señalado en LO PRINCIPAL, mediante documentación.

C. Respuesta de la Directora de finanzas a mi apelación de rechazo de repactación, de fecha 21 de enero.

D.

nombre reservado. de la carrera de Derecho que señala que no tengo impedimentos del tipo académicos para acceder a matricularme- condicionado a finanzas- además de especificar que efectivamente solo puedo inscribir dos asignaturas en el periodos académico 2019, de fecha 28 de enero del presente año.”

A folio 9, con fecha 10 de abril del año 2019, informa don CLAUDIO NICOLAS ALARCON, abogado, en representación de la Universidad Autónoma de Chile, informando que doña nombre reservado, celebró varios contratos de prestación de servicios educacionales con la Universidad Autónoma de Chile, en virtud de los cuales, ha cursado sus estudios en la Carrera de Derecho. La Universidad, dio a la demandante cuanta ayuda estuvo a su alcance, otorgándole, facilidades, créditos y descuentos, en la medida de lo posible. En forma excepcional se autorizó la reincorporación y continuidad de estudios por el periodo académico 2019, ello por la cantidad de años que la recurrente lleva estudiando, lo cual puede ser observado por nuestra Corte Suprema de Justicia al momento de solicitar se le otorgue el título de abogado. La contraparte no ha correspondido con la misma buena fe y adeudaba el pago de aranceles, lo que la hizo incurrir en la situación prevista en el Art.5 del reglamento general del estudiante de pregrado, donde se condiciona expresamente el otorgamiento de los servicios que presta la Universidad, al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que el alumno asume. En su escrito la recurrente solicita declarar la nulidad o al menos desconocer la eficacia, del Art.5 en referencia, lo que escapa a la competencia de este Tribunal y al objeto del presente recurso.

Refiere que su parte se financia con los derechos de matrículas y aranceles que cobra a sus alumnos y la recurrente adeudaba su pago, por lo que no puede acceder a los servicios que presta la Universidad. La condición de encontrarse al día en el pago de las obligaciones financieras, es lícita. Puede estipularse válidamente por los contratantes y no crea un desequilibrio en las prestaciones. En el presente caso tratándose de una serie de contratos, resulta evidente que su parte no tiene la obligación de seguir brindando servicios, si se le adeuda su pago. Según ha resuelto esta misma Corte, la libertad de contractual, es el derecho que tienen las personas para decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para determinar el contenido de los mismos. (Causa Rol 221-2015 P.L.). El derecho de los contratos, tanto civiles como comerciales, descansa en la idea de la libertad contractual, en su doble dimensión, libertad de contratación, es decir, libertad para celebrar un contrato que incluye la facultad de escoger cuando y con quién hacerlo y la libertad de configuración interna y de modificación del mismo, entendida como la autonomía que las partes tienen para determinar el contenido del contrato celebrado, en la medida que no se pacten cláusulas contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. El Código Civil establece en el artículo 1445, como regla suprema, para que alguien pueda quedar obligado a otro por un acto o declaración de voluntad, es necesario que se consienta en dicho acto o declaración y que tal consentimiento no adolezca de vicios (aparte del objeto, la causa y la capacidad). La Universidad sólo ha ejercido los derechos que la ley y el contrato le confieren, pero la recurrente califica dichos actos como autotutela de derechos. Este es pues, el primer punto en discusión, pues no constituye ilicitud o arbitrariedad, el ejercicio de un derecho que existe y que fue claramente sancionado y aceptado por la partes del contrato de prestación de servicios entre la recurrente y la Universidad.

Manifiesta que la recurrente funda su pretensión en la ley sobre Protección a los Consumidores que en lo pertinente, no resulta aplicable a las Universidades. En efecto, los artículos 13º y 16º de la ley 19.496, no se aplican a la prestación de servicios educacionales, por disposición expresa del Art.2° de la misma ley, que indica: “Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley: d) Los contratos de educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria, sólo respecto del Párrafo 4o del Título II; de los Párrafos Io y 2o del Título III; de los artículos 18, 24, 26, 27 y 39 C, y respecto de la facultad del o de los usuarios para recurrir ante los tribunales correspondientes, conforme a los procedimientos que esta ley establece, para hacer efectivos los derechos que dichos Párrafos y artículos les confieren. No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación o por las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la carrera o programa respectivo, los cuales no podrán ser alterados sustancialmente, en forma arbitraria, sin perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los términos, condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación. Luego, del claro tenor literal de la disposición transcrita resulta evidente que no tienen aplicación, respecto de los contratos de educación, lo dispuesto en los artículos 13 y 16, esto es, los que en este proceso se denuncian como infringidos, puesto que ambos se encuentran precisamente ubicados dentro del Título I, Párrafos 3º y 5º, respectivamente. El Artículo 13, de la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores señala: “Los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas.”. Es el caso que la actitud de su parte se encuentra justificada en el mismo contrato, donde se señala que los reglamentos internos se entienden formar parte integrante del acuerdo de voluntades. Fue en esas condiciones, ofrecido y aceptado, el servicio educacional que se presta. Tanto el Reglamento General del Estudiante como el resto de la normativa relativa a los alumnos de la Universidad, se encuentra publicada en la página web institucional, en el portal estudiantil y está disponible en todas las direcciones de carreras y unidades académicas. Lo anterior consta en el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito entre mi representada y la recurrente en su cláusula segunda. El Artículo 16 letra g), de la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores señala que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que: “g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen.” Tampoco se dan los supuestos para la aplicación de esta norma, ya que la disposición que condiciona el otorgamiento de los servicios al pago de las obligaciones financieras, no altera ni desequilibra los derechos y obligaciones que genera el contrato, como ocurre en el caso de la cláusula penal enorme o aquellas que permiten al acreedor hipotecario quedarse con la cosa pignorada o hipotecada.-En efecto, los derechos y obligaciones de las partes no cambian, no aumentan o disminuyen, siguen siendo los mismos. Tampoco se pierden, pues quedan latentes hasta el cumplimiento de las obligaciones morosas.

Agrega que en el presente caso no constituye autodefensa, autotutela o autoayuda, al contrario de lo que sostiene la recurrente. En efecto, basta con leer las múltiples sentencias recaídas en recursos de protección, para comprobar que sólo es considerada autotutela, aquella actuación que altera el statu quo mediante vías de hecho, como cerramiento de caminos, postura de candados, obstrucción de canales, etc., casos que difieren notablemente del presente donde se imputa a su parte una omisión. En el caso de autos, la recurrente expresamente reconoce encontrarse morosa en el pago de sus aranceles de los años anteriores y al efecto, el legislador señala en el Art: 1552 del Código Civil que: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.” Así, no puede pesar sobre su parte ninguna obligación, mientras la contraria no cumpla las que le atañen. La ausencia de arbitrariedad queda además en evidencia con la Resolución de la Carrera de Derecho que la autoriza a continuar estudios. Lo cual se traduce en que la institución está llana en reincorporarla, para lo cual, debe la alumna dar cumplimiento a sus obligaciones previamente asumidas.

Sostiene que no se vulneran las garantías constitucionales. El derecho a la educación no se encuentra amparado por el nombre reservado, pues no figura en la lista de garantías, por cuya vulneración puede recurrirse. El derecho de propiedad tampoco fue perturbado, pues la recurrente no lo tiene sobre ninguno de los bienes que indica. En efecto tratándose de situaciones futuras, la recurrente eventualmente podría tener una mera expectativa de continuar sus estudios y las meras expectativas no se transforman en derechos a menos de cumplirse con las condiciones previamente previstas para ello. El derecho a la integridad física y psíquica tampoco fue vulnerado, pues mi parte no ha desplegado ninguna conducta violenta.

Finalmente, sostiene que con fecha 06 de Marzo de 2019, la recurrente pagó la deuda vencida por aranceles y se matriculó nuevamente, renovando su pagaré de crédito directo con la Universidad. De esta forma, habiendo reconocido la recurrente, con sus propios actos, la validez del contrato y habiendo obtenido la repactación de su deuda, previo pago de las cuotas morosas, el recurso debe declararse improcedente por su falta de oportunidad. Lo expuesto permite concluir que su parte no ha incurrido en ninguna actuación ilegal, arbitraria o vulneratoria de derechos y que el presente recurso debe ser rechazado.

En el otrosí, acompaña copia de reglamento general del estudiante y de los dos últimos contratos celebrados entre las partes de autos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el nombre reservado fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, se ha interpuesto nombre reservado por parte de la recurrente doña nombre reservado en contra de la Universidad Autónoma de Chile por el supuesto acto ilegal y arbitrario de impedirle la matrícula para el año 2019 en curso, solicitando se le permita realizar el proceso de matrícula en forma regular, sin condicionarlo al pago de la deuda existente y altamente detallada.

TERCERO: Que así, es un hecho acreditado que doña nombre reservado, celebró un contrato de prestación de servicios educacionales con la Universidad Autónoma de Chile, cursando la Carrera de Derecho.

Asimismo, es un hecho acreditado que mediante Resolución de la Dirección de Carrera Nº24/2019 de fecha 24 de enero del año 2019, se autorizó, por excepción, la reincoporación y continuidad de estudios para el periodo académico 2019, previa solución de su situación financiera en la Dirección de Finanzas, en las asignaturas que se indican.

CUARTO: Que de esta manera, de los antecedentes acompañados, fluye que la decisión de reincorporación y continuidad de los estudios para el periodo académico 2019, previa exigencia del cumplimiento de las obligaciones financieras, dice relación con la observancia del contrato de prestación de servicios educacionales en relación al artículo 5 del Reglamento General del estudiante de Pregrado de la Universidad Autónoma, que dispone que “los estudiantes deberán ceñirse, en cada periodo académico, al proceso de matrícula dentro de los plazos que se fijen mediante el calendario académico”, agregando que “quedarán privados de matrícula aquellos estudiantes que: “c) Figuren como deudores de sus obligaciones financieras”, razón por la que no se vislumbra actuación ilegal o arbitraria de la recurrida ni afectación a derechos fundamentales.

QUINTO: Que por tales razones, no constituyendo el recurso una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, el presente nombre reservado no está en condiciones de prosperar, máxime teniendo presente que éste ha perdido oportunidad, al haber solucionado la recurrente la deuda, conforme a lo informado por la Universidad.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el nombre reservado deducido por doña nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE, ya individualizados.

Redacción del fallo por la Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Rol N° Protección 923-2019 Se deja constancia que no firman la Ministra Sra. María Elena Llanos Morales y el abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.