COMERCIAL LA SALUD SPA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJOD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, diez de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, comparece el abogado CARLOS ENRIQUE FRANCISCO CASTRO HERRERA, en representación de COMERCIAL LA SALUD SpA., ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado en la comuna de Cunco, Región de la Araucanía, representada legalmente por nombre reservado, soltera, empresaria, cédula de identidad N° RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado en la comuna de Temuco, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el ORD.: 1004 y 1005 de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco de fecha 26 de agosto de 2020, notificados con fecha 31 de agosto de 2020, en virtud de los cuales se rechazaron los recursos de reconsideración administrativa. Expone, que con motivo de una fiscalización efectuada el día 11 de marzo de 2020 por la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, Sra. nombre reservado, en la sucursal de Comercial la Salud S.A de la comuna de Cunco, se habrían constatado los siguientes hechos infracciónales:

1.-Multa 3160/20/17 -2: NO OTORGAR PERMISO DE A LO MENOS UNA HORA PARA ALIMENTAR AL MENOR DE DOS AÑOS.

No otorgar a la trabajadora doña nombre reservado, permiso de a lo menos una hora al día para concurrir a dar alimento a su hijo menor de dos años en el lugar donde se encuentra el menor durante el siguiente periodo: Io y 02,15 y 16, 29.02.2020, conforme se registra en libro de asistencia de local comercial. Sancionada con una multa de 51 UTM (RUT reservado)

2. Multa 3160/20/17 -3: EXCEDER MÁXIMO DE 2 HORAS EXTRAS POR DÍA. Exceder el máximo de dos horas extras por día respecto de los trabajadores y periodos que continuación se indican: nombre reservado: Io y 02, 15 y 16 y 29 de febrero de 2020 y Io.03.2020 nombre reservado 08, 09, 22, 23.02.2020. Sancionada con multa de (503.220).

Agrega que, con fecha 19 de junio de 2020 se interpuso recurso de reconsideración administrativa, solicitando la sustitución de dichas multas por asistencia a programa de capacitación, en virtud del artículo 506 ter del Código del Trabajo, reconsideración administrativa que se resolvió con fecha 26 de agosto de 2020 a través de los ORD.: 1004, que rechaza la sustitución de multa por capacitación porque el “Empleador no acompaña ningún antecedente que dé cuenta de haber subsanado la infracción, y el ORD.: 1005 que declara inadmisible la solicitud pues se señala que “no se dio curso a dicha solicitud por incumplimiento a los requisitos legales. “Usted ya solicitó sustituir la multa 3160.2020.17-3 por capacitación, dentro del mismo año y con respecto a la misma infracción”. Siendo ambas notificadas con fecha 31 de agosto de 2020”.

Alega que los ORD. 1004 y 1005 de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco son arbitrarios e ilegales, pues el ORD.: 1004 señala que su representada no acompañó ningún documento que acredite el hecho de haber subsanado la infracción, y esto es así, ya que se trataba de un hecho negativo, es decir, que su representada no necesitaba una acción enmendadora concreta. Para corroborar lo expuesto acompaña en esta instancia copias del registro de asistencia que dan cuenta de lo señalado en dicha solicitud, esto es que desde el 11 de marzo (fecha de fiscalización) hasta el 10 de mayo (fecha en que la hija de la trabajadora cumple dos años, se acompaña certificado de nacimiento), el hecho que motivo la infracción no se volvió a repetir.

Por lo que el no aceptar la sustitución de la multa por capacitación vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución, siendo arbitrario e ilegal.

Respecto a la resolución “ORD.: 1005 se entiende atentatoria a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, siendo arbitraria y contraria a la ley, ya que fundamenta su negativa para sustituir la multa por capacitación, en el hecho de que ya se “SOLICITO” sustitución dentro del mismo año y con respecto a la misma infracción, actitud que es contraria a la ley, debido a que el artículo 506 ter del código del trabajo señala: “...el inspector del trabajo respectivo autorizará, a solicitud del sancionado, y sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción, la sustitución de la multa impuesta por alguna de las modalidades siguientes:..”, utilizando el verbo autorizar en modo indicativo en un tiempo de futuro simple, por lo que en la norma señalada anteriormente el vocablo “autorizará” prescribe que la sustitución por capacitación se aceptará por una vez al año respecto de la misma infracción, cosa que en los hechos no se ha dado, si bien se solicitó con anterioridad dicha sustitución, el beneficio consagrado en el artículo 506 ter del mencionado cuerpo legal, no ha sido otorgado. Por lo que el motivo esgrimido por la Inspección no tiene fundamento legal alguno, debido a que la norma en comento, no menciona el hecho de solicitar por más de una vez la sustitución de multa por capacitación como un motivo para no admitirla a tramitación y menos para no otorgarla, sino que al contrario señala como se dijo anteriormente que esta se “autorizará” una vez al año, hecho que en la práctica no ha sucedido.

Finalmente, pide tener por interpuesto el presente Recurso de Protección en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, acogerlo declarando específicamente, como medida de protección, que se dejan sin efecto los ORD.: 1004 y 1005 de fecha 26 de agosto de 2020, ordenando respecto al ORD.: 1004 que se acepte la sustitución por capacitación de multa 3160.2020.17-2 y respecto al ORD.: 1005 que admita a tramitación la sustitución por capacitación de la multa 3160.2020.17-3, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con expresa condenación en costas.

Que, mediante presentación de fecha 02 de noviembre del 2020, evacuó su informe la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, a través de la abogada Pamela Baeza Correa, solicitando el rechazo del presente recurso, con expresa condenación en costas.

Refiere la recurrida que es improcedente la acción de protección de acuerdo a la naturaleza del acto impugnado, por cuanto nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha prevenido sucesiva y corrientemente que en atención a la naturaleza claramente cautelar de la acción de protección, ésta resulta incompatible con la adopción de medidas que signifiquen afectar definitivamente la existencia de actos administrativos ya configurados, como resulta ser el que da lugar a éstos autos.

Precisa que el objetivo tenido en vista por el constituyente al instituir la acción cautelar de protección, esto es, restablecer el imperio del derecho quebrantado adoptando las medidas que sean necesarias al efecto, presupone la clara existencia de los derechos cuya protección se pretende, situación que no se da respecto de la recurrente.

Agrega que, no divisa en los hechos la desprotección alegada por la recurrente, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico reconoce y establece de manera suficiente y pertinente, el mecanismo para reclamar de las multas administrativas laborales, quedando a elección del infraccionado recurrir mediante alguno de los recursos administrativos existentes o por vía jurisdiccional la obtención de sus pretensiones jurídicas. Por lo anterior, el recurso de protección no constituye el medio idóneo para dilucidar y resolver una cuestión como la planteada, toda vez que la materia de fondo debatida dice relación con “no acreditar corrección de la infracción cometida y haber hecho uso del recurso administrativo interpuesto, en más de una ocasión”. En consecuencia, no estamos en presencia de un derecho indubitado y preexistente, sino el asunto planteado a través del presente recurso, al versar sobre la aplicación de normas generales y contener diversos aspectos de hecho, es más propio de un procedimiento declarativo que de uno esencialmente cautelar como lo es el recurso de protección, por lo que no parece adecuado desplazar la actividad jurisdiccional desde quienes son los llamados naturalmente a conocer de éstos asuntos, esto es, los Tribunales Laborales de Primera Instancia, hacia las Cortes de Apelaciones, siendo esta última la vía judicial idónea para hacer valer sus pretensiones a través de la reclamación de multa administrativa contemplada ya sea en artículo 503 o 512 inciso segundo del Código del Trabajo.

Expone que, de los fundamentos de la recurrente, se desprende que lo que verdaderamente se pretende en sede de protección es recurrir en contra de la multa administrativa aplicada. De esta forma, no pareciera propio de un debate constitucional, someter estas materias que, además de tener debido resguardo por las vías ordinarias franqueadas por la ley, y de las que ha hecho uso el recurrente, dirigen el recurso en contra de una multa administrativa cursada al amparo de la normativa orgánica de la Dirección del Trabajo y de las normas del Código del Trabajo De esta forma cabe concluir que el recurso de protección no tiene como objeto dejar sin efecto actuaciones de autoridades administrativas realizadas y decisiones adoptadas por ellas en el libre ejercicio de sus potestades legales y dentro del límite de las mismas, aunque su aplicación sea discutida y discrepada, por quien se ve afectado con ella, sino hubiere un efectivo derecho conculcado y una acción u omisión que en realidad pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, lo que, en la especie, no ocurre.

Alega que respecto del ORDINARIO N° 1004 del 26 de agosto de 2020, la recurrente no acompañó a su solicitud de recurso copia alguna de registro de asistencia, por cuanto, de haberlo hecho se hubiese accedido a su solicitud al comprobar que efectivamente la infracción no se volvió a cometer. Por lo anterior, es evidente que el ORD. 1004 no es un acto arbitrario, ni ilegal, actuando el Inspector del Trabajo en estricto cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

En cuanto al ORDINARIO N° 1005 del 26 de agosto de 2020, expresa que, la empresa recurrente fue sancionada con fecha 30.03.2020 por: EXCEDER EL MÁXIMO DE DOS HORAS EXTRAS POR DÍA RESPECTO DE LOS TRABAJADORES Y PERÍODOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: nombre reservado: 1°, 02, 15,16 Y 29 DE FEBRERO.2020 Y 1°.03.2020 nombre reservado 08, 09, 22,23.02.2020” Habiendo solicitado sustituir esta multa por capacitación con fecha 17.07.2020, solicitud que fue rechazada mediante ORD. N° 1005.

Con fecha 06.01.2020, la empresa fue sancionada mediante Resolución de Multa N° 7838/2020/1 por la misma infracción: “exceder el máximo de dos horas extras por día respecto de los trabajadores y períodos que a continuación se indican: nombre reservado los días 24 de junio, 12 de julio, 22 de noviembre y 06 de diciembre; nombre reservado los días 24 de junio y 11 de julio. Todos los días corresponden al año 2019” Habiendo solicitado sustituir la multa por capacitación con fecha 09.03.2020, solicitud que se rechazó, mediante ORD. 586 del 18.03.2020, por cuanto, de la documentación acompañada se comprobó que el empleador seguía infringiendo la norma legal.

Así las cosas, que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 506 ter y en la Circular N° 97 del 14 de septiembre del 2012 del jefe del Departamento de Inspección y de la Jefa de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, se rechazó la solicitud por cuanto, el empleador había hecho uso del beneficio dentro del plazo de un año, por la misma infracción.

Expone que el recurrente debió impetrar el recurso de revisión administrativa, que era la vía más idónea para impugnar el ORD.1005 y no precisamente la acción de protección intentada, esto, en virtud de los argumentos ya esgrimidos.

Alega, ausencia de presupuestos básicos de un recurso de protección, por cuanto hay ausencia de ilegalidad de la actuación del Inspector del Trabajo toda vez que la actuación del Inspector del Trabajo al dictar los ordinarios 1004 y 1005 se realizó con estricto apego a la ley, esto es, al artículo 506 ter del Código del Trabajo y a los procedimientos administrativos internos establecidos al efecto por las autoridades superiores del Servicio.

Alega también la ausencia de arbitrariedad, pues acto arbitrario es aquel acto antijurídico, contrario a derecho o inmotivado, que por carecer de fundamento razonable parece ser fruto del mero capricho o de la sinrazón, o que pudiera perseguir una finalidad torcida a la normativa que lo rige, lo que no ha tenido lugar en este caso, ya que el Inspector del Trabajo al resolver la solicitud de sustitución por capacitación se limitó a actuar conforme a la doctrina e instrucciones vigentes de este Servicio en la materia específica de que se trata.

Y finalmente alega la ausencia de vulneración de garantías constitucionales protegidas, ya que la recurrente no indica de qué forma se vulneró la referida garantía por parte del organismo recurrido. Sin perjuicio de ello, refiere que no obstante no se ha vulnerado garantía Constitucional alguna, menos se ha vulnerado aquella que dice relación con la igualdad ante la ley, por cuanto, el trato que ha recibido la recurrente por parte de la Inspección del Trabajo, es la misma que se les otorga a todos los empleadores que producto de un proceso de fiscalización resultan multados, esto es, otorgarles la posibilidad de optar a alguno de los recursos administrativos que establece la ley, presentar descargos y acompañar los antecedentes suficientes para acreditar sus dichos. Por lo que no se vislumbrar de qué forma se vulneró la garantía invocada por el recurrente.

Pide tener por evacuado el informe solicitado y declarar que al no haber incurrido la Inspección del Trabajo en una actuación arbitraria o ilegal, desde que actuó dentro de sus facultades legales, el recurso de protección deducido deberá ser desestimado por improcedente, en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el recurrente hace consistir los actos ilegales y arbitrarios que habría ejecutado la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, en que el procedimiento de fiscalización que concluyó en la Resolución de las siguientes multas: 1.-Multa 3160/20/17 -2: NO OTORGAR PERMISO DE A LO MENOS UNA HORA PARA ALIMENTAR AL MENOR DE DOS AÑOS. No otorgar a la trabajadora doña nombre reservado, permiso de a lo menos una hora al día para concurrir a dar alimento a su hijo menor de dos años en el lugar donde se encuentra el menor durante el siguiente periodo: Io y 02,15 y 16, 29.02.2020, conforme se registra en libro de asistencia de local comercial. Sancionada con una multa de 51 UTM (RUT reservado)

2. Multa 3160/20/17 -3: EXCEDER MÁXIMO DE 2 HORAS EXTRAS POR DÍA. Exceder el máximo de dos horas extras por día respecto de los trabajadores y periodos que continuación se indican: nombre reservado: Io y 02, 15 y 16 y 29 de febrero de. 2020 y Io.03.2020 nombre reservado 08, 09, 22, 23.02.2020. Sancionada con multa de (503.220), ha privado, perturbado o al menos amenazado el derecho de su representada, consagrado en el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, la igualdad ante la ley.

TERCERO: Refiere el recurrente, que no obstante haber interpuesto recurso de reconsideración administrativa, solicitando la sustitución de dichas multas por asistencia a programa de capacitación, en virtud del artículo 506 ter del Código del Trabajo, ésta fue rechazada señalando textualmente la recurrida que el “Empleador no acompaña ningún antecedente que dé cuenta de haber subsanado la infracción, y el ORD.: 1005 que declara inadmisible la solicitud señalando que “no se dio curso a dicha solicitud por incumplimiento a los requisitos legales. Textualmente señaló: “Usted ya solicitó sustituir la multa 3160.2020.17-3 por capacitación, dentro del mismo año y con respecto a la misma infracción”.

CUARTO: Que la recurrida Inspección Provincial del Trabajo, solicitó el rechazo del recurso interpuesto en su contra aduciendo que la naturaleza cautelar de la acción de protección, resulta incompatible con la adopción de medidas que signifiquen afectar definitivamente la existencia de actos administrativos ya configurados, como ocurre en el presente caso, señalando además que el recurso de protección presupone la clara existencia de los derechos cuya protección se pretende, situación que no se da en la especie.

Refiere además, que nuestro ordenamiento jurídico reconoce y establece de manera suficiente y pertinente, el mecanismo para reclamar de las multas administrativas laborales, quedando a elección del infraccionado hacerlo mediante alguno de los recursos administrativos existentes o por vía jurisdiccional; que en este caso, no estamos en presencia de un derecho indubitado y preexistente, sino que el asunto planteado a través del presente recurso, al versar sobre la aplicación de normas generales y contener diversos aspectos de hecho, es más propio de un procedimiento declarativo que de uno esencialmente cautelar como lo es el recurso de protección.

Señala que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la aplicación de las multas desde que fueron cursadas al amparo de la normativa orgánica de la Dirección del Trabajo y de las normas del Código del Trabajo, sin que el recurso de protección sea la vía idónea para dejar sin efecto actuaciones de autoridades administrativas adoptadas en el libre ejercicio de sus potestades legales.

Agrega, que de los fundamentos de la recurrente, se desprende que lo que verdaderamente se pretende en sede de protección es recurrir en contra de la multa administrativa aplicada. De esta forma, no pareciera propio de un debate constitucional, someter estas materias que, además de tener debido resguardo por las vías ordinarias franqueadas por la ley, y de las que ha hecho uso el recurrente, dirigen el recurso en contra de una multa administrativa cursada al amparo de la normativa orgánica de la Dirección del Trabajo y de las normas del Código del Trabajo.

Señala, que el recurso de protección no tiene como objeto dejar sin efecto actuaciones de autoridades administrativas realizadas y decisiones adoptadas por ellas en el libre ejercicio de sus potestades legales y dentro del límite de las mismas, aunque su aplicación sea discutida y discrepada, por quien se ve afectado con ella, si no hubiere un efectivo derecho conculcado y una acción u omisión que en realidad pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, lo que, en la especie, no ocurre.

Alega también la ausencia de arbitrariedad, pues acto arbitrario es aquel acto antijurídico, contrario a derecho o inmotivado, que por carecer de fundamento razonable parece ser fruto del mero capricho o de la sinrazón, o que pudiera perseguir una finalidad torcida a la normativa que lo rige, lo que no ha tenido lugar en este caso, ya que el Inspector del Trabajo al resolver la solicitud de sustitución por capacitación se limitó a actuar conforme a la doctrina e instrucciones vigentes de ese Servicio en la materia específica de que se trata.

Agrega, que no se ha vulnerado garantía Constitucional alguna, menos aquella que dice relación con la igualdad ante la ley, por cuanto, el trato que ha recibido el recurrente por parte de la Inspección del Trabajo, es la misma que se les otorga a todos los empleadores que producto de un proceso de fiscalización resultan multados, esto es, otorgarles la posibilidad de optar a alguno de los recursos administrativos que establece la ley, presentar descargos y acompañar los antecedentes suficientes para acreditar sus dichos. Por lo que no se vislumbra de qué forma se vulneró la garantía invocada por el actor.

Expone que aquél debió impetrar el recurso de revisión administrativa, que era la vía más idónea para impugnar el ORD.1005 y no precisamente la acción de protección intentada, esto, en virtud de los argumentos ya esgrimidos.

Alega ausencia de los presupuestos básicos de un recurso de protección, por cuanto no existe ilegalidad de la actuación del Inspector del Trabajo toda vez que el dictar los ordinarios 1004 y 1005 se realizó con estricto apego a la ley, esto es, al artículo 506 ter del Código del Trabajo y a los procedimientos administrativos internos establecidos al efecto por las autoridades superiores del Servicio.

QUINTO: Que de lo anteriormente expuesto, es posible deducir que el presente arbitrio está siendo utilizado por el recurrente como sustituto de procedimientos de impugnación administrativos y judiciales expresamente contemplados en la ley, haciéndolo por una vía inidónea para reclamar de las multas aplicadas por la Inspección del Trabajo, para lo cual el Código Laboral establece expresamente las vías pertinentes.

SEXTO: Que, como se ha indicado precedentemente, para que el presente arbitrio constitucional pueda prosperar, es necesario que se encuentre acreditada la existencia de un acto ilegal o arbitrario, atribuido a la recurrida, lo que no ocurre en la especie, ya que lo que se controvierte es la actuación de la Inspección del Trabajo a través de su fiscalizadora, quien obró dentro de su competencia y estuvo efectivamente en condiciones de constatar la existencia de los hechos por los cuales se cursaron las multas que por esta vía se pretende reclamar.

De lo anterior se desprende que el derecho que se reclama no se encuentra indubitado, ni tampoco puede pretenderse que en esta sede se establezca, porque tal pretensión declarativa excede los ámbitos de la acción de protección.

SÉPTIMO: Que, existiendo un procedimiento judicial expresamente regulado para conocer y resolver las reclamaciones de las multas aplicadas por la Inspección del Trabajo, al cual es posible acceder con las garantías de un debido proceso, esta vía cautelar resulta inidónea para conocer y resolver las pretensiones del recurrente.

Por tales consideraciones, citas legales y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por el abogado CARLOS ENRIQUE FRANCISCO CASTRO HERRERA, en representación convencional de COMERCIAL LA SALUD SpA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-9225-2020.(jog)