Protección contra POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, diez de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, chileno, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cédula de identidad Nro. RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo, a S.S Iltma. con respeto digo:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 20° de la Constitución Política de la República de Chile, en relación con lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, vengo en interponer Acción Constitucional de Protección en favor de don nombre reservado, chileno, casado, Prefecto grado 5°, y en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI), persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Director General don EDUARDO ALEJANDRO CERNA LOZANO, chileno, casado.

Que, como se explicará en lo sucesivo, los actos ilegales y arbitrarios que motivan la acción de marras y que reflejan falta de coherencia, proporcionalidad, motivación y de fundamentación, han sido cometidos en el mérito del proceso calificatorio 2024, en los cuales intervinieron la Prefecta Inspectora doña nombre reservado, Jefa de la Región Policial de La Araucanía; la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, y la Junta de Apelaciones, lo que devino en una calificación y clasificación regular, formulada en una ponderación incongruente e inarmónica de los factores que componen la calificación y, consecuencialmente, en la inclusión del actor en la Lista Anual de Retiros 2024, haciéndose alusión indebidamente a sus condiciones morales, lo que conculca las garantías fundamentales tratadas en el artículo 19 Nro. 2 “La Igualdad ante la Ley”, Nro. 3 “Derecho al Debido Proceso” y 19 Nro. 3 inciso 5to. “Derecho a no ser juzgado por Comisiones Especiales” de la Constitución Política de la República.

En lo concreto, se solicita a V.S.I. acoger este arbitrio constitucional, ordenando a los recurridos dejar sin efecto la calificación y clasificación de la cual ha sido objeto el recurrente, como también su exclusión de la Lista Anual de Retiros, procediendo a realizar una nueva calificación fundada, basada en elementos objetivos y verificables que guarden íntima relación con los factores que componen la calificación funcionaria.

Fundo el presente recurso en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación paso a exponer.

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

Trayectoria funcionaria del actor y la investigación administrativa en su contra Que, como cuestión preliminar, y a fin de contextualizar asertivamente los acontecimientos que sustentan la causa petendi, es del caso precisar que don nombre reservado, en el año 1995, ingresó a las filas de la Policía de Investigaciones de Chile en calidad de Aspirante a Oficial Policial Profesional de Línea, contando a la fecha con 29 años y 10 meses de servicio, quien ha tenido una trayectoria meritoria, esforzándose durante toda su carrera por su perfeccionamiento profesional, realizando diversos cursos institucionales relacionados con la función policial lo que rola en su historial funcionario, fungiendo desde el 10 de mayo de esta anualidad como Jefe de la Brigada de Investigación Criminal Temuco, unidad que jerárquicamente depende de la Prefectura Provincial Cautín.

Cabe indicar que el recurrente, con fecha 27 de octubre del 2022, en horas de la noche, en circunstancias que se desempeñaba como Jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Temuco, concurrió junto a otros efectivos policiales a prestar colaboración a funcionarios que se hallaban bajo su dependencia y subordinación, quienes ejecutaban un procedimiento relacionado con la Ley 20.000, los cuales estaban siendo amenazados por un grupo indeterminado de personas que pretendían impedir el accionar policial.

Que, la situación antes dicha, no estuvo exenta de conductas hostiles por parte de los sujetos en contra del personal institucional, los cuales les arrojaron piedras, motivo por el cual la retirada del lugar debió ser presurosa a fin de salvaguardar la integridad física de los funcionarios actuantes, produciéndose en el fragor de dicho altercado el extravío del arma de cargo del recurrente, quien dada la dinámica del momento no se percató de aquello, regresando a la unidad que comandaba junto a los demás servidores.

Es menester expresar que los días posteriores al suceso ya mencionado, el recurrente no tenía una idea clara acerca del paradero de la susodicha especie fiscal, toda vez que dada las diversas tareas propias de su investidura regular no logró oportunamente ordenar sus pensamientos, por lo que, luego de haber articulado adecuadamente su raciocinio y, asumiendo que su descuido le traería alguna consecuencia negativa dado que no informó oportunamente dicho acontecimiento, el día 02 de noviembre del año en comento, dio cuenta formalmente a su superior directo de la pérdida de su arma de fuego.

Es así que con fecha 03 de noviembre de 2022, se instruyó el sumario administrativo Nro. 707-2022, cuya finalidad era “establecer clara y fehacientemente” las causas y circunstancias en que se produjo el extravío del arma de cargo consistente en una pistola calibre 9 milímetros marca Jericho, modelo 941 RPSL, número de serie 39323160, con su respectivo cargador con 15 cartuchos, el que con fecha 10 de marzo del año 2023, fue cerrado por el fiscal sumariante formulándole cargos al actor en términos vagos e imprecisos y, peor aún, en franca oposición al principio de congruencia, citando inclusive alcances normativos que no se condicen con la conducta desplegada reprochada.

El pliego acusatorio no expuso en forma clara y específica los hechos que se le imputaban al recurrente, los cuales además no identificaron asertivamente el o los preceptos contenidos en el Reglamento de Armamento y Munición que habrían sido supuestamente infringidos, limitándose meramente a transcribir los artículos 24, 29 y 39 del cuerpo normativo en referencia, sin realizar la necesaria correlación con el supuesto fáctico que permitiera medianamente entender cuál de ellos se tuvo por incumplido, cuestión que resultó absolutamente deficiente en cuanto a la descripción de la infracción que se acusa, dando el persecutor administrativo una información opaca y estéril, la que indudablemente fue insuficiente como para que éste preparara y ejerciera debidamente el derecho a defensa que le asiste.

Que, si bien no ha sido motivo de discusión la pérdida de tal especie fiscal, la investigación no pudo demostrar una hipótesis distinta a la narrada por el actor, en orden a que la pérdida se produjo en un contexto ajeno al procedimiento policial tratado supra. De hecho, el oficio de cargos parte expresando que el arma “fue extraviada en fecha, hora y circunstancias que finalmente no pudieron ser clara y fehacientemente establecidas” para luego aducir en “señal de presunción” que pudo haberse extraviado en el desarrollo del procedimiento policial ejecutado.

Lo más gravoso de la tesis dubitativa del persecutor administrativo, estribó en que éste soslayó groseramente la prueba testimonial rolada en el cuaderno sumarial, específicamente la que concierne a las declaraciones del Subprefecto nombre reservado, Comisario nombre reservado, Subcomisario nombre reservado, Inspector Mauricio Araneda Vidal y Agente Policial Cristian Contreras Contreras, dan cuenta de indicios reales y probados que llevaban a sustentar la presunción de que el arma de servicio fue extraviada en el ámbito de la diligencia policial, cuyo silogismo permitía respaldar la versión del recurrente, presunción que por lo demás fue erigida como “teoría alternativa” por el propio fiscal sumariante en su acusación, cayendo en un vicio de indeterminación insalvable en que empleó inexplicable e infundadamente tanto la figura de la verificación como de la refutación de los hechos, deslizando en todo instante la idea de un actuar doloso que no logró probar. Pese a las alegaciones hechas por el actor sobre tales puntos, el fiscal administrativo hizo oídos sordos, manteniendo su anacrónica postura, proponiendo en su vista fiscal la medida disciplinaria de “Cuatro días de permanencia en el cuartel”.

Lo más inaudito de ello es que el persecutor administrativo, para justificar el quantum del reproche punitivo y al margen de las circunstancias modificatorias de responsabilidad administrativa que taxativamente describe el artículo 25° del Reglamento de Disciplina del Personal de la PDI, utilizó no solo la agravante que dicha norma le permite, tipificada en su letra f) esto es “Cuando mayor sea el grado de quien la cometa”, sino que además de facto y sin habilitación alguna, justipreció la “calidad de jefe de brigada” del recurrente para efectos de fundamentar su propuesta de sanción, actuar que a todas luces implica un error de derecho, el cual notoriamente tuvo trascendencia, ya que, en base a aquello se le aplicó una pena mayor.

La defectuosa tramitación del proceso sumarial en comento, continuó su oblicua marcha aun cuando el recurrente alegó en todos sus estadios procesales los vicios ya resaltados, desembocando en la Resolución exenta Nro. 707-2022/91-2024 del 08 de mayo del año en curso, dictada por la Sra. Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Prefecta General doña nombre reservado, quien hizo suyo lo sugerido por el persecutor administrativo imponiéndole la gravosa sanción administrativa ya colacionada.

El proceso calificatorio y la consecuencia extrema de la sanción disciplinaria Que, con fecha 01.AGO.023, la Policía de Investigaciones de Chile dio inicio al proceso calificatorio periodo 2024, lo cual se encuentra regulado en el D.F.L Nro.1, de 1980 del Ministerio de Defensa, que aprueba el Estatuto del Personal de la PDI y en el Reglamento de Calificaciones del Personal, el que tiene por objeto evaluar el desempeño del personal institucional de las diferentes plantas, fase que comprende la pre calificación realizada por el Jefe calificador directo, quien para ello debe ponderar en la escala del 1 (mala) al 7 (Meritoria) los siguientes factores contenidos y definidos en el artículo 16° del citado reglamento:

Asimismo, del grado 8° (Comisario) y superior, se incorporan los siguientes factores destinados a cualificar su capacidad directiva:

Que, durante el iter calificatorio, el recurrente tuvo como calificadores directos a los siguientes oficiales:

CALIFICADOR DIRECTO PERIODO Doña nombre reservado (Otrora Jefa de la Región Policial de la Araucanía).

Del 01 de agosto de 2023 al 15 de abril de 2024.

Doña nombre reservado

(Actual Jefa de la Región Policial de la Araucanía).

Del 15 de abril de 2024 al 07 de mayo de 2024.

Don nombre reservado

(Jefe Prefectura Provincial Cautín).

Del 10 de mayo de 2024 al 31 de julio de 2024.

Que, habiéndose producido el cierre de la hoja de vida anual del actor con fecha 31 de julio de 2024, en armonía con lo contenido en los artículos 14° y 15° del Reglamento de Calificaciones de la PDI, los que señalan respectivamente, que los funcionarios serán calificados por su jefe directo en la primera quincena de agosto de cada año y, que la calificación se emitirá por el jefe directo del calificado cualquiera sea el tiempo que éste haya permanecido bajo su dependencia o fiscalización inmediata, procedió a ser evaluado por el Jefe de la Prefectura Provincial Cautín, Prefecto don nombre reservado.En esta secuencia lógica de acontecimientos, el nombre reservado, viéndose forzado normativamente a tomar en cuenta la injusta sanción disciplinaria por encontrarse a firme, pero entendiendo que aquella no versa sobre hechos graves o que guarden relación con la transgresión al principio de la probidad administrativa, aquilatando además el impecable desempeño del actor durante el periodo sujeto a evaluación, contando en su favor con destacadas evaluaciones mensuales y tres anotaciones de mérito lo calificó con el puntaje suficiente para ser clasificado en Lista 2 “Buena”.

No obstante, el recto criterio empleado por el mencionado jefe directo del protegido basado en el propio Reglamento de Calificaciones que, como ya se dijo, le otorga competencia para apreciar en forma directa e inmediata el cometido de éste sobre la base del principio de inmediación, fue reformado en perjuicio por la Jefa de la Región de la Araucanía, Prefecta Inspectora doña nombre reservado, quien disminuyó infundada y drásticamente factores determinantes de la calificación, que llevaban a encasillarlo en Lista 3 “Regular” consignando la siguiente puntuación:

1.- ESPÍRITU DE CUERPO Nota 4 2.- DISCIPLINA Nota 4 3.- RESERVA FUNCIONARIA Nota 7 4.- APTITUD DE MANDO Nota 4 5.- RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA Nota 7 6.- ÉTICA PROFESIONAL Nota 7 7.- CAPACIDAD FUNCIONARIA Nota 5 8.- CRITERIO Nota 4 9.- INICIATIVA Nota 7 10.- CONDUCTA PRIVADA Nota 7 11.- COOPERACIÓN Nota 7 12.- SOCIABILIDAD Nota 7 13.- CONDICIÓN FÍSICA Nota 7 14.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD Nota 7 15.- CAPACIDAD PARA PLANIFICAR Nota 7 16.- CAPACIDAD DE CONTROL Nota 5 17.- RESPONSABILIDAD DEL MANDO Nota 5 Para colmo, la aludida oficial superior, alteró factores que no se vinculan de ninguna forma con la falta administrativa en examen. Para ello, basta simplemente cotejar la definición que el reglamento sectorial entrega para dar por sentada tal desconexión:

1.- ESPÍRITU DE CUERPO Es la actitud y conducta que evidencia el funcionario frente al cumplimiento de la misión, objetivos y doctrina institucional y concepto del deber. Evalúa el grado de identificación que demuestra con la Institución y compromiso con la promesa de servicio, Código de Ética Profesional e imagen de la Policía de Investigaciones de Chile.

4.- APTITUD DE MANDO Capacidad organizativa y controladora que le permite al funcionario conceptualizar un problema y tomar decisiones, haciéndose respetar ante sus subalternos e influir en ellos con autoridad, para que se logren los objetivos prefijados 7.-CAPACIDAD FUNCIONARIA Es el conjunto de atributos que posee y demuestra el funcionario para dar respuesta eficiente a las obligaciones inherentes a su grado, cargo o función, considerando su nivel de preparación, conocimiento y experiencia adquirida tanto intra como extra institucional, relacionadas con su carrera funcionaria 8.- CRITERIO Es la cordura, tino o acierto profesional que el funcionario evidencia al juzgar o discernir la procedencia, oportunidad, efectos y trascendencia de sus decisiones o actuaciones.

16.- CAPACIDAD DE CONTROL Consiste en fiscalizar en cada parte del proceso administrativo y/o policial el cumplimiento de órdenes superiores o misiones asignadas al logro de un objetivo.

17.- RESPONSABILIDAD DEL MANDO Es la capacidad de resolver, determinar o decidir en forma oportuna, eficiente y eficaz la mejor alternativa de solución frente a un problema o situación, con apego a la reglamentación institucional y plena responsabilidad de su efecto posterior.

La discutida divergencia salta a la vista al analizar el escenario fáctico que dio cabida a la reconvención disciplinaria, que obedece pura y simplemente a la pérdida de un arma de fuego, entregada como cargo al recurrente lo cual acaeció en un acto propio del servicio, lo que trae aparejada responsabilidad pecuniaria que implica el pago del valor actual de dicha especie fiscal, no lográndose comprender con justa razón como los factores ya individualizados pueden verse trastocados, de cuyas especificaciones, en su conjunto, se desprende que tratan aspectos inherentes al respeto y obediencia a la misión institucional, a la capacidad directiva en el ejercicio de un cargo de jefatura, que implica una adecuada aptitud en la toma de decisiones, como también de fiscalización.

A mayor abundamiento, el articulo 19° del Reglamento de Calificaciones, prescribe que el “calificador”, al momento de llenar a mano el formulario con las notas asignadas en cada factor, debe tener presente la definición de factores y conceptos señalados en los artículos 16° y 17º respectivamente, prepuesto que es congruente con lo tratado en los acápites de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración de Estado, la que impone el deber de fundamentación de los actos administrativos como un elemento esencial que permite legitimar la decisión Estatal y controlar su razonamiento.

Que, como es de suponer, el recurrente no se conformó con tan inmotivada determinación de manos de una autoridad que poco o nada objetivamente puede decir respecto de su desempeño profesional, atendido que éste estuvo apenas 23 días bajo su dependencia y subordinación directa, por lo cual dedujo el recurso de reclamo que el Reglamento de Calificaciones le franquea, el que en atención a su grado jerárquico, necesariamente debió ser conocido por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, conformada por los Prefectos Inspectores Policiales, siendo presidida por el Prefecto Inspector más antiguo de los que la integran, órgano colegiado que, luego de deliberar y previa abstención de la Prefecto Inspector nombre reservado, con fecha 02 de octubre de esta anualidad, acordó por unanimidad de su integrantes rechazarlo, haciendo mención a la medida disciplinaria aplicada y sus efectos, pero sin entregar mayores fundamentos del porqué los debatidos factores debían mantenerse en las notas adjudicadas por la susodicha oficial superior, calificándolo con nota final 5.94 y clasificándolo en Lista 3 “Regular”, deduciendo el actor el pertinente recurso de apelación.

Lo más paradójico y perjudicial, vino contiguamente de obra y gracia de esa misma junta calificadora, la cual no satisfecha con situar al actor en Lista 3, y empleando esta circunstancia y el reproche punitivo que condujo a ello, con la misma fecha lo incluyó en la Lista Anual de Retiros, aduciendo que éste “carecía de la idoneidad necesaria para seguir perteneciendo a la Institución”, por lo que presentó ante ese mismo órgano recurso de reconsideración, haciendo hincapié, entre otras situaciones, a su intachable carrera funcionaria que se extiende por casi 30 años, el cual fue rechazado en la sesión celebrada el 22 de octubre, sosteniendo para ello lo siguiente:

“Respecto a sus alegaciones de no haber considerado los antecedentes positivos, es preciso señalar que para efectos de esta decisión, se ha considerado los antecedentes del actual periodo calificatorio, para lo cual esta secretaria certifica que la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes para adoptar la decisión de interés, tuvo conocimiento tanto de los antecedentes positivos y negativos del funcionario en cuestión, por cuanto en conformidad al Art. 8° del Reglamento de Calificaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, las decisiones adoptadas en el marco del proceso calificatorio se realizan basándose en los conceptos contenidos en la Hoja de Vida Anual y demás antecedentes útiles, lo cual consolida tanto los antecedentes positivos que esgrime el reclamante como aquellos negativos”.

Tal planteamiento no se condice con las facultades que dicho ente pluripersonal posee, por cuanto para efectos de formar la Lista Anual de Retiros, debió necesariamente sopesar el historial funcionario del actor, reparando tanto en los antecedentes positivos como en los negativos que éste ha registrado en todos los años al servicio de la Institución. Al respecto, el Dictamen Nro. 56.953 del 13 de diciembre del 2007, emanado a razón de un reclamo realizado por un ex funcionario de la PDI, quien cuestionó el actuar de tal entidad, en el sentido que no se encontraba habilitada para revisar su carpeta curricular para incluirlo en la Lista Anual de Retiros, declaró:

“[…] Por último, respecto al hecho de que la mencionada Junta habría considerado las sanciones disciplinarias registradas en los años 2001, 2003 y 2005, se debe expresar que esta Entidad de Control concuerda con el parecer sustentado por la Policía de Investigaciones de Chile, en cuanto a que la normativa institucional no condiciona ni limita a las Juntas Calificadoras a no tener en cuenta, para incluir a un funcionario determinado en lista anual de retiros, los antecedentes registrados en otros períodos y que consten en su carpeta de antecedentes, toda vez que éstos dicen relación con su desarrollo profesional y son, por ende, suficientes para fundamentar la inclusión en la referida lista. Lo anterior, pues la limitación de considerar los antecedentes de los últimos 12 meses, rige exclusivamente para la calificación de los funcionarios y no para la conformación de la lista anual de retiros. (Lo destacado es de mi parte).

Que, estando nuevamente frente a una espuria determinación, el recurrente interpuso recurso de apelación para controvertir su pase a la Lista Anual de Retiros, el que fue conocido por la Junta de Apelaciones, la que luego de “analizarlo”, con fecha 25 de noviembre, optó por rechazarlo, bajo la premisa de que la Junta de Oficiales Superiores y Jefes “había ponderado debidamente los antecedentes positivos que obran en su hoja de vida anual”, agregando que “a raíz de la conducta negligente que se desprende de la medida disciplinaria, atendiendo su grado, años de servicio y su calidad de Jefe de Unidad, no se logra configurar un antecedente que permita revertir tal decisión”, concluyendo que “la medida disciplinaria afinada en el presente periodo calificatorio, a criterio de la Honorable Junta de Apelaciones, considerando su grado, años de servicio, calidad de Jefe de Unidad y actual escenario delictual del país, representa una conducta que compromete gravemente el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales y la idoneidad del recurrente para continuar en el servicio activo de la Policía de Investigaciones de Chile”, consolidándose así su incorporación en la nómina expulsiva, lo que le fue dado a conocer el 05 del corriente, conjuntamente con el rechazo de su recurso de apelación contra la calificación y clasificación.

Como ya se ha relatado, tan extrema resolución desde su génesis adolece de la necesaria motivación y fundamentación, la que para incorporarlo en la lista de retiros no se hace cargo (ni siquiera menciona) de los antecedentes meritorios que el recurrente registra tanto en su carpeta histórica como en su hoja de vida anual del periodo calificatorio en debate, elementos que debían ser apreciados por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, sobre la base de los principios de razonabilidad y objetividad, que obligan a tener en cuenta tanto las circunstancias que pudieran perjudicar al actor como aquellas que lo beneficien, la que no se conforma con los artículos 11° y 41° de la ley 19.880.

No está demás hacer énfasis que la Contraloría General de la República, en el Dictamen 2.810 del 25 de enero de 2001, se pronunció sobre el recurso especial de reclamación interpuesto por una funcionaria de la Municipalidad de nombre reservado Joaquín, respecto de sus calificaciones correspondientes al período comprendido entre el 1 de septiembre de 1998 y el 31 de agosto de 1999, en que se la calificó en lista cuatro (de eliminación), resolviendo:

“Precisado lo anterior, cabe señalar que la señora nombre reservado.M. argumenta que su calificación adolece de vicios de procedimiento, toda vez que, según manifiesta, en base a una serie de consideraciones de mérito, ésta ha carecido de una fundamentación imparcial, veraz y objetiva, obedeciendo a situaciones de hecho las que determinaron que se la calificara en lista cuatro, de eliminación. Asimismo, argumenta que la Junta Calificadora al adoptar su acuerdo tuvo en consideración su precalificación, la que también es subjetiva en sus apreciaciones, carente de fundamento e insuficiente.

Sobre el particular, es dable manifestar que de los antecedentes tenidos a la vista consta, que no obstante que el acuerdo adoptado por la Junta Calificadora se encuentra debidamente fundado, conforme lo dispone el artículo 42, de la Ley 18.883 y 28 del Decreto 1.228, de 1992, del Ministerio del Interior, ello no basta pues es necesario además, acreditar el desempeño deficiente y el incumplimiento de las obligaciones por parte del funcionario, según así lo exige el artículo 43, inciso segundo, de la Ley 18.695, a través de todos los medios idóneos, objetivos, fidedignos y determinantes de que puedan disponer los órganos calificadores, a fin de asegurar la debida ecuanimidad y transparencia del proceso calificatorio (Aplica dictamen 8.269 de 1999).

En efecto, cabe señalar que en la situación de la ocurrente, no se encuentra debidamente acreditado su mal desempeño funcionario e incumplimiento de obligaciones, no acompañándose ningún antecedente que pueda servir de fundamento a los conceptos contenidos en sus calificaciones.

Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene en consideración que en los períodos calificatorios anteriores, especialmente el correspondiente a los años 1997-1998, la recurrente fue calificada en lista 1, distinción, con 60 puntos, y si bien es cierto, se trata de calificaciones de períodos distintos e independientes, no es menos cierto, que debe existir cierta proporcionalidad entre las evaluaciones de que se trate, situación que no acontece en la especie. En este entendido, si no se acredita por parte de la autoridad edilicia un desempeño deficiente y el incumplimiento de las obligaciones del funcionario en los términos manifestados precedentemente, y concurren cambios en la actuación de éste que ameriten una evaluación totalmente diferente, no se debe traducir en calificaciones que no guarden ninguna relación. (Aplica dictamen 42.484 de 1998).

En consecuencia, habida consideración de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el proceso calificatorio que afectó a doña nombre reservado.M., deberá retrotraerse al estado en que se acredite por la Junta Calificadora el desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones de la funcionaria, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, inciso segundo, de la Ley 18.695”.

De la expresión de voluntad del ente de control, se infiere que el proceso calificatorio al cual son sometidos los funcionarios públicos constituye una manifestación de discrecionalidad administrativa, vale decir, una remisión legal para que el juicio subjetivo de la Administración complemente un vacío regulatorio que se traduce en la evaluación del desempeño de funciones en un hito determinado. En la praxis, los órganos de la Administración del Estado deben optar por variadas alternativas equivalentes o igualmente justas, y siempre que sea la más adecuada para el interés público.

Sin embargo, la puesta en práctica de la discrecionalidad no puede abrir la puerta a la arbitrariedad, teniendo en cuenta que en el marco de los actos discrecionales la autoridad puede actuar arbitrariamente, dado el amplio margen de apreciación que aquello implica. Es así que la arbitrariedad encierra dos supuestos: a) que la decisión del jerarca es huérfana de todo fundamento o bien es solo aparente su fundamentación; y b) que la determinación no está antecedida de un proceso racional, pudiendo faltar antecedentes, o bien, los antecedentes tenidos a la vista son precarios o inconsistentes con la decisión adoptada.

De hecho, aparte de la medida disciplinaria que denota un comportamiento descuidado, de tenor culposo, no se observan conductas inapropiadas del recurrente en el desempeño de su cargo como jefe de brigada que rayen en lo doloso que vengan en ofender la probidad administrativa o hayan comprometido la buena marcha del servicio, y que expliquen la calificación disonante realizada por la Prefecto Inspector nombre reservado, como tampoco el acuerdo y la conclusión exagerada de la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, ratificada por la Junta de Apelaciones, que pongan de relieve “graves deficiencias en su conducta funcionaria que se contraponen a las exigencias esperables de un Oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, no reuniendo las condiciones personales ni profesionales requeridas que demanda su investidura regular”.

Que, lo anterior, se agudiza al invocarse en el dictamen la “falta de idoneidad del actor”, presupuesto lacónico que se ha utilizado para incluirlo en la Lista Anual de Retiros, que no revela de qué manera se ve conculcado el principio de servicialidad, lo cual indudablemente carece de suficiencia. No es posible sustraerse que posterior a la concreción de la medida disciplinaria, esto es el 15 de mayo de esta anualidad, el actor ha continuado ejerciendo su cargo de jefe de la Brigada de Investigación Criminal Temuco, administrando adecuadamente y sin reparos la unidad bajo su mando y atendiendo las necesidades públicas. En efecto, si se estima falta de idoneidad de un servidor público se da por infringido el principio de servicialidad, lo que implica el ejercicio de constatar falta de servicio, o a lo menos una afectación grave del mismo, lo cual no ha sido ni siquiera sugerido ni mucho menos justificado, pronunciamiento que objetivamente no se condice con la pérdida de una especie fiscal.

Como punto de inflexión relevante, cabe destacar que de acuerdo a lo informado por la PDI con fecha 18 de enero de 2023, a través de la Ley de Transparencia, en que un interesado solicitó se le diera a conocer cuántos funcionarios en el proceso calificatorio año 2022 no fueron incluidos en la Lista Anual de Retiros, habiendo sido sancionados con medida disciplinaria de 03 o más días de permanencia en el cuartel, la Institución respondió lo siguiente:

De lo precedente, se concluye que la entidad de la medida disciplinaria no es un factor preponderante para incluir a un funcionario en el listado expulsivo, a disparidad de lo que acontece con el actor.

Como se vislumbra, el proceso calificatorio al cual ha sido sometido el recurrente, ha sido tramitado otorgándole un tratamiento diverso, proscrito en el artículo 19 Nro. 2 de la Carta Fundamental y al margen de las garantías del debido proceso, fijadas en el artículo 19 Nro. 3 del compendio constitucional, como también en el artículo 15°, numeral 2do. de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado, que conlleva a que el ejercicio de la función jurisdiccional sea racional y justo en el mérito de un procedimiento legalmente tramitado.

Es precisamente ese respeto y observancia a las garantías de un debido proceso las que no se aprecian en el caso subjudice, desde que el actor ha debido soportar una calificación instrumentalizada sobre la base de una medida disciplinaria injusta que no fue de tal entidad como para separarlo inmediatamente del servicio como se pretende actualmente excluyéndolo de las filas activas del organismo policial, en que se ha pasado por alto como antecedente beneficioso su intachable trayectoria profesional, medida que en síntesis es entendida como un reproche funcionario, en que se guillotina deshonrosamente su carrera funcionaria y sus legítimas aspiraciones de culminarla exitosamente, en el entendido que el 02 de febrero de 2025 completa 30 años de servicios efectivos, momento en que debe presentar su solicitud de retiro absoluto.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO:

II.1.- De la procedencia y oportunidad de esta acción constitucional Es incuestionable que frente a los actos u omisiones del Estado, la acción de protección constituye la adjetivación del principio cautelar o principio protector de rango constitucional, en cuya virtud la Administración de Justicia tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias que permitan a las personas ejercer sus derechos en plenitud, lo que conlleva a adoptar decisiones extraordinarias que posibiliten restablecer el equilibrio cuando el ejercicio de dichos derechos se vea amenazado, perturbado o amagado por acciones u omisiones de terceros.

Que, ante la existencia de un proceso viciado y de ribetes inquisitivos derecho indubitado como el de marras, el cual finalizó con la sesión de la Junta de Apelaciones que rechazó sus recursos tanto a la calificación como a su clasificación y a la inclusión en la lista de retiros, lo cual le fue notificado con fecha 05 de diciembre de este año, es dable inferir que la acción de marras se encuentra dentro del plazo que establece el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema.

II.2.- Actos ilegales y arbitrarios cometidos por los recurridos De lo explicado latamente en esta presentación, es palpable que los recurridos incurren en una actuación ilegal y arbitraria, la cual se ha llevado a cabo en el iter calificatorio, habida cuenta que el recurrente fue objeto de una calificación inicial trastocada por la Prefecto Inspector nombre reservado, en que fue distorsionada la calificación hecha por el jefe directo del actor, afectando rubros que no guardan concernencia alguna con los hechos que impulsaron la sanción administrativa.

A reglón seguido, esta deficiencia irradió a lo dictaminado por la Junta de Oficiales y Jefes, ente que, sin entregar un fundamento plausible, validó lo propuesto por la referida autoridad, situando al recurrente en Lista 3, incluyéndolo además en la Lista Anual de Retiros bajo el enunciado de que éste “carecía de idoneidad para continuar al servicio de la Institución”, asilándose en su clasificación y medida disciplinaria impuesta, sin que fueran tasados sus antecedentes conductuales históricos, pese a que ese cuerpo colegiado se encuentra obligado a ello, resoluciones que a la postre fueron respaldadas y validadas por la Junta de Apelaciones, con una apariencia de fundamentación y motivación.

II.3.- La obligación de fundamentación de los actos administrativos.

La ley 19.880, acoge dos aproximaciones diferentes de lo que son los actos administrativos. Por una parte, está la perspectiva restringida que entiende que el acto administrativo es una decisión. Y, por la otra, una concepción amplia que asume el acto administrativo como una mera manifestación de voluntad.

La noción amplia, que entiende el acto administrativo como una mera manifestación de voluntad, parte también con una declaración meridianamente clara en el inciso tercero del artículo 3° de esta misma ley: “Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias”.

Los actos administrados librados en el proceso calificatorio en pendencia no están dotados de motivación y de un fundamento racional y lógico que conduzca a entender por qué al actor se le califica de una manera determinada, abarcando factores que no se conectan con los hechos que devienen en el reproche punitivo y, como corolario, que sea propuesto para integrar la Lista Anual de Retiros poniendo en tela de juicio subjetivamente su idoneidad y sin que se valoraran de manera justa su meritoria trayectoria funcionaria, lo que podría encubrir inclusive una desviación de poder al omitir juicios o alcances que inducían a resolver de forma objetiva.

Así entonces, es indiscutible que los actos administrativos están ausentes de toda fundamentación y motivación y al margen de lo que mandata la ley 19.880. El artículo 11° de la ley en referencia, concretiza aquello que el legislador ha regulado de manera general en el inciso 1° del citado precepto ya que, al momento de ejercer sus atribuciones, los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a los principios de objetividad y probidad, lo que debe estar plasmado de forma necesaria en la sustanciación de los procedimientos administrativos, así como también en las decisiones formales que éstos adopten, las cuales toman formas de actos administrativos.

En consecuencia, los actos administrativos deben expresar de forma clara, precisa y concreta, los hechos y fundamentos fácticos, técnicos y de derecho en los cuales se fundan, lo cual se agrava de sobremanera en aquellos casos en que afecten los derechos de las personas, ya sea limitando, restringiendo, perturbando, amenazando o privando su legítimo ejercicio, lo que visiblemente ha sucedido en la situación que no ocupa.

III.- GARANTIAS FUNDAMENTALES AFECTADAS:

Derecho a la igualdad ante la Ley. (Art. 19 Nro. 2 CPR).

La inferencia inmediata de la igualdad ante la Ley, conlleva a que nadie puede ser discriminado, es decir, no puede arribarse a soluciones diversas cuando dos personas están en condiciones equivalentes, sin que sea posible discriminar arbitrariamente entre ellas. Se trata de un concepto que encierra un cúmulo de variables que viene en explicar tanto la condición valorativa humana, un principio constitucional, una regla de trato, un criterio comparativo, un punto de partida para la adopción de políticas públicas o un deber de resultado sobre las mismas. Se distingue entre igualdad formal y material. La primera propone la identidad de posición de los destinatarios de la ley buscando equiparar los efectos y alcances de la ley. La segunda implica una diferenciación por razones normativas en base a determinadas circunstancias fácticas.

En la situación que nos ocupa, es palpable que el recurrente ha sido objeto de un tratamiento desigual que lo perjudica, no siendo posible concebir que se le someta a un régimen distinto al de otros trabajadores del sector público, que en el desarrollo de un proceso calificatorio tienen derecho a ser calificados objetivamente por la autoridad directa a las que se encuentran subordinados conforme al principio de inmediación, lo que se agrava frente a la respuesta evacuada con fecha 18 de enero de 2023, por la PDI que nos lleva a entender que existen servidores de primera y de segunda categoría.

Los primeros -en desmedro de los segundos- en su posición privilegiada, reciben “concesiones benevolentes” o de “guante blanco”, quienes pese a registrar medidas disciplinarias de igual tenor o inclusive mayor que el recurrente, no fueron considerados para integrar la Lista Anual de Retiros, a diferencia de lo que ha ocurrido con éste, el que por una sanción que no se ajusta a derecho y por un acontecimiento propio del servicio ha pasado a la cuota de eliminación, sin que pueda entenderse el referido criterio sectario.

Derecho al Debido Proceso. (Art. 19 Nro. 3 CPR).

El derecho al debido proceso se encuentra mencionado en el artículo 19 Nro. 3 de la Constitución Política de la República, pese a que el Texto Constitucional no entrega una conceptualización de esta garantía y su contenido, limitándose el inciso 6°, del artículo en mención a señalar que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado.

Lo cierto es que el Excmo. Tribunal Constitucional, ha venido a llenar tan sensible vacío, expresando: “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores”1.

Por mucho tiempo existió la discusión tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial inherente a que la garantía del debido proceso no se encuentra tutelada por la Carta Política. Lo real es que, pese a que por una cuestión de texto aquella no se halla expresamente mencionada, a razón de lo mandatado en el artículo 8.1 del Pacto de nombre reservado nombre reservado Rica y el artículo 141 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Tratados Internacionales ratificados por Chile, que se incorporaron al ordenamiento jurídico nacional con rango constitucional tal como lo dispone el artículo 5º inciso final de la Constitución Política de la República, que impone a los órganos del Estado respetarlos y promoverlos, podemos afirmar que esta garantía si se encuentra protegida.

Las disposiciones articuladas prescriben, respectivamente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, y todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

Siguiendo dicha tesis, el Excmo. Tribunal Constitucional en esta perspectiva, ha zanjado: “Resulta necesario señalar que, atendida la importancia y riqueza conceptual del debido proceso, el mismo se encuentra por sobre cualquier normativa procesal que establezca y regule el procedimiento, y es, por ello, un principio básico que informa el ejercicio de la jurisdicción”. (Rol 619-06).

En el caso sublite, es indiscutible que la intervención contra derecho de la Prefecta Inspector nombre reservado y a su turno de las Juntas Calificatorias, han tensionado críticamente esta garantía constitucional, en que se reflecta un actuar que no puede tildarse de legal, justo y legalmente tramitado, teniendo en cuenta la forma en que fue inicialmente calificado por una autoridad que no es idónea jerárquicamente para emitir un juicio de valor acerca de su desempeño, quien abordó factores que nada tiene que ver con los hechos tratados en la sanción disciplinaria, y peor aún, que sea propuesto para integrar la Lista Anual de Retiros cuestionando ilegalmente su idoneidad y sin que se tuviera en cuenta su impoluta carrera funcionaria.

Derecho a no ser juzgado por Comisiones Especiales. (Art. 19 Nro. 3 inciso 5to. de la CPR).

El concepto de “Comisiones Especiales”, desde luego, no se refiere a órganos jurisdiccionales que en virtud de la materia de que conocen pueden ser clasificados como tribunales especiales, tales como los tribunales de familia o del trabajo. Tampoco se refiere a tribunales establecidos fuera del Poder Judicial. La categoría más bien apunta a la prohibición de establecimiento de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular que se arrogue facultades que el ordenamiento jurídico no le ha conferido o bien, se desvíen de los preceptos y reglas que rigen sus actuaciones.

En este derrotero, es ostensible que los actores, al haberse distanciado de los procedimientos reglamentarios a los que deben imperativamente inclinarse en el marco del proceso calificatorio, se convierten en una verdadera comisión especial, en que se vislumbró incoherencia y falta de ponderación de antecedentes que un proceso tan relevante como es la calificación funcionaria demanda, en que como ya se ha citado tantas veces, lo esperable y racional era exigir la debida correspondencia entre los factores propios de la calificación por el superior jerárquico llamado naturalmente a pronunciarse, regla que se vio quebrantada a ultranza de la Prefecta Inspector nombre reservado y, consecutivamente por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes que decidió incluir al actor en la Lista Anual de Retiros con elementos de juicio parciales, pese a encontrarse obligada a aquilatar su carpeta histórica, sin haberse limitado a centrar arbitrariamente sus apreciaciones únicamente en el reciente periodo calificatorio, lo que quedó suficientemente asentado en el Dictamen Nro. 56.953 del 13 de diciembre del 2007, de la Contraloría General de la República.

En virtud a lo latamente descrito, procede declarar que la actuación de los recurridos es ilegal y abiertamente arbitraria y, por ende, los actos ilegales y arbitrarios en que han incurridos deben ser invalidados, puesto que vulneran las mencionadas garantías fundamentales que la Constitución reconoce y garantiza. Todo ello sin perjuicio que V.S.I. estime procedente acoger el recurso de protección por alguna otra infracción.

Finalmente pide que en mérito de las razones expuestas y de lo establecido en el artículo 19 Nros. 2; 3 y 3 inciso 5to. y artículo 20, ambos de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, tener por deducida dentro de plazo la presente Acción Constitucional de Protección, someterla a tramitación, ordenando a los recurridos dejar sin efecto la calificación y clasificación de la cual ha sido objeto el recurrente, como también su exclusión de la Lista Anual de Retiros, procediendo a realizar una nueva calificación fundada, basada en elementos objetivos y verificables que guarden estrecha relación con los factores que componen la calificación funcionaria, todo con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1) Informe de calificaciones y hoja de vida del recurrente del periodo calificatorio que comprende el 01 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024.

2) Comunicado de fecha 02 de octubre de 2024, suscrito por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, que rechaza recurso de reclamo contra la calificación, clasificándolo en Lista 3.

3) Comunicado del 02 de octubre de 2024, refrendado por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, mediante el cual comunica al recurrente su inclusión en la Lista Anual de Retiros.

4) Comunicado del 22 de octubre de 2024, emitido por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, que informa al recurrente el rechazo de su recurso de reconsideración por su inclusión en la Lista Anual de Retiros.

5) Comunicado de la Junta de Apelaciones de fecha 25 de noviembre de 2024, que comunica el rechazo del recurso de apelación deducido por el actor en contra de su calificación y clasificación, con su respectiva acta de notificación de fecha 05 del corriente.

6) Comunicado de fecha 25 de noviembre de 2024, emitido por la Junta de Apelaciones, que comunica al recurrente el rechazo del recurso de apelación en contra de su inclusión en la Lista Anual de Retiros, con su respectiva acta de notificación de fecha 05 del corriente.

7) Dictamen Nro. 56.953 del 13 de diciembre del 2007, de la Contraloría General de la República.

8) Comunicado de fecha 18 de enero de 2023, emitido por la PDI que da respuesta a solicitud de información.

A folio 10 informa doña MARÍA INÉS WISE DÍAZ DE LA VEGA, abogada, en representación de don EDUARDO ALEJANDRO CERNA LOZANO, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, en autos sobre recurso de protección, caratulados “nombre reservado/nombre reservado”, al tenor siguiente:

Don nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ha interpuesto un recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra de Policía de Investigaciones de Chile, por su inclusión en la Lista Anual de Retiros (LAR), por estimar dicha decisión como arbitraria e ilegal, y aparentemente vulneratoria de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley), N° 3 (debido proceso) y N° 3 inciso 5° (derecho a no ser juzgado por comisiones especiales), razón por la cual vengo en informar a SS. Iltma., solicitando el rechazo de la presente acción, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de Derecho, que paso a exponer:

I.- EN CUANTO A LA FORMA:

1.- LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN ES IMPROCEDENTE, PUESTO QUE NO SE TRATA DE UNA NUEVA INSTANCIA ADMINISTRATIVA:

De la sola lectura del libelo de autos, se colige que el recurrente pretende que SS. Iltma. ordene a la recurrida que deje sin efecto su alejamiento de la Policía de Investigaciones de Chile, cuestión que, como puede advertirse, es absolutamente ajena a la finalidad propia del recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar.

SS. Iltma., el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de ciertos derechos fundamentales. Así, esta acción de protección está reservada para restablecer el imperio del Derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales urgentes, cuyo no es el caso, desprendiéndose de la sola lectura del libelo que lo pretendido por el recurrente es ajeno a la finalidad de la protección, atendida su naturaleza cautelar.

Con todo, la acción de protección no es una nueva instancia administrativa; así lo ha resuelto la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 83672-2017, por sentencia de 19.FEB.018, en un caso similar al de autos:

“Noveno: “(…) la presente acción cautelar no puede constituirse en una instancia más allá de las que la propia ley le franquea al funcionario, para tratar de desvirtuar, nuevamente, las inconductas en las que se ha visto involucrado, respecto de las cuales hizo valer todos los recursos establecidos por la ley sectorial y que es lo que, en definitiva, se intenta por esta vía”.

2.- LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO PROCEDE EN EL CASO DE AUTOS, PUES NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA REVISAR LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 28, REGLAMENTO DE CALIFICACIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE:

En efecto, el recurrente, al impugnar lo resuelto por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, y por la Junta de Apelaciones, ha planteado una controversia respecto de las atribuciones de estos órganos colegiados, competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 28, de fecha 06.MAY.981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, asunto que, por su naturaleza, es ajeno a la finalidad propia de esta acción cautelar.

En este sentido, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, al rechazar el recurso de protección Rol N° 83.666-2017, relativo a un proceso calificatorio de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, señaló en su sentencia de fecha 22.MAY.018:

“SEPTIMO: Que no es procedente que esta Corte, mediante la presente acción cautelar, cuestione los fundamentos de la inclusión del recurrente, en la Lista 3, Regular o, en la Lista Anual de Retiros; lo cierto es que se pretende una nueva revisión de los antecedentes, a fin de revertir la decisión que resulta contraria a los intereses de su parte.”

La citada sentencia fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, en el Rol N° 12418-2018, el 03.SEP.018.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

1.- ANTECEDENTES PRELIMINARES RESPECTO AL PROCESO CALIFICATORIO DEL RECURRENTE:

A.- CALIFICACIÓN POR LA JEFA DIRECTA:

Consta que en el proceso calificatorio que abarca el período comprendido entre el 01.AGO.023, al 31.JUL.024, el recurrente de autos (Jefe de la Brigada de Investigación Criminal Temuco) fue notificado el 01.AGO.024, de la calificación efectuada por su Jefa Directa, la Prefecta Inspectora nombre reservado, siendo calificado con Nota 5.94, manifestando por escrito que no se encontraba conforme. De ello, el recurrente dedujo un recurso de reclamo.

B.- CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE OFICIALES SUPERIORES Y JEFES:

En aplicación del procedimiento calificatorio del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, con fecha 02.OCT.024, se le comunicó al recurrente que la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, previa abstención de la Prefecta Inspectora nombre reservado, luego de conocer, analizar y evaluar su Informe de Calificación y Hoja de Vida Anual, y recurso elevado ante ella, por unanimidad de sus integrantes, resolvió rechazar el recurso de reclamo interpuesto; calificándolo con Nota 5.94, y clasificándolo en Lista 3, “REGULAR”. Lo anterior se efectuó en los términos siguientes:

“Comunico a Ud., que conforme a las disposiciones del D.F.L. Nº 1/980, Defensa, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y a los artículos 9° y 28° del Decreto Nº 28/981, Defensa, Reglamento de Calificaciones del Personal de esta Institución, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, previa abstención de la Prefecta Inspectora nombre reservado, en cumplimiento de sus funciones, luego de conocer, analizar y evaluar su Informe de Calificación y H.V.A. y Recurso elevado ante ella, por unanimidad de sus integrantes acuerda RECHAZARLO, considerando los argumentos planteados por el funcionario, que su sanción no se encuentra afinada por cuanto con fecha 24.MAY.024 interpuso un recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República, en el marco del Artículo 160 del Estatuto Administrativo, el cual aún no es resuelto, solicitando que no se considere la sanción para el presente periodo. Al respecto, es preciso señalar que un acto administrativo adquiere la condición de firme o afinado una vez que terminan los recursos administrativos ordinarios deducidos, o desde que transcurre el plazo legal para la interposición de estos. En base a lo anterior, se estima necesario destacar que el recurso interpuesto por el reclamante ante la Contraloría General de la República es un medio de impugnación extraordinario, que se encuentra fuera del sistema recursivo institucional, previsto en el Art. N° 160 del Estatuto Administrativo, y que procede en contra de actos administrativos “firmes”.

Por tanto, a diferencia de la apreciación del reclamante, no existe inconveniente para que sea ponderada la sanción de “CUATRO DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, agregando que la valoración de apreciaciones técnicas, idoneidad funcionaria o eficiencia en el trabajo de un determinado funcionario, es competencia exclusiva de las Juntas Calificadoras. Por lo anterior la citada Junta ha resuelto clasificarlo en Lista 3, Regular, con Nota 5,94, considerando lo siguiente:

La Medida Disciplinaria de “CUATRO DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, aplicada mediante Resolución Exenta N° 707-2022 de 08.MAY.024, de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, por asistirle responsabilidad administrativa en los hechos investigados al haber sido negligente en la custodia y conservación de su arma de cargo fiscal y accesorios del armamento, respecto de la pistola marca Jericho (IMI-IWI) modelo 941 RPSL, calibre 9 milímetros, serie N° 39323166, con su cargador y 15 cartuchos del mismo calibre, la que extravió el día, fecha, hora y circunstancias que, finalmente, no pudieron ser clara y fehacientemente establecidas, toda vez que de los antecedentes recabados durante la indagatoria solo se puede tener por establecido el regular estado de conservación y funcionamiento de la funda que utilizaba para su porte incumpliendo y/o inobservando con lo previsto en el Reglamento de Armamento y Munición de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado mediante Orden General N° 918, de fecha 9.ENE.088, Capítulo IV, artículos 24 y 29, y Capitulo VI, artículo 39 del mismo cuerpo normativo, así como las instrucciones impartidas mediante Circular N° 4, de fecha 12.ABR.011, de la Inspectoría General que reitera normas reglamentarias relacionadas con el uso y porte del armamento y munición, haciendo referencia las conductas que se deben cumplir en esta materia, artículos 24, 28, 29 y 32 del mencionado Reglamento.

Por tanto esta Junta, en atención a todos los antecedentes contenidos en su Hoja de Vida Anual, resuelve mantener la evaluación del Jefe Calificar, en los siguientes factores, como a continuación se indica:

Factor 1 “Espíritu de Cuerpo”; Factor 2 “Disciplina”; Factor 4 “Aptitud de Mando”; Factor 7 “Capacidad Funcionaria”; Factor 8 “Criterio”; Factor 16 “Capacidad de Control” y Factor 17 “Responsabilidad de Mando”.

Los demás factores se mantienen en nota 7 de excelencia, según la propuesta de su Jefe Calificador.

En consecuencia la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, considerando la totalidad de antecedentes que constan en su Hoja de Vida Anual, por unanimidad de sus integrantes, ha resuelto calificarlo con nota 5.94 y clasificarlo en Lista 3, Regular”.

Lo anterior fue notificado al recurrente, el 04.OCT.024, momento en el cual refirió que haría uso de recurso. Ante esto, interpuso un recurso de apelación.

C.- DECISIÓN DE LA JUNTA DE APELACIONES:

Con fecha 25.NOV.024, se le comunicó al recurrente que la Honorable Junta Calificadora de Apelaciones, con las ausencias justificadas de los Prefectos Generales nombre reservado Y nombre reservado y previa abstención de la Prefecta General nombre reservado, luego de conocer, analizar y evaluar su Informe de Calificación, Hoja de Vida Anual y Recurso de Apelación en contra de su calificación y clasificación, resolvió rechazar su recurso de apelación, calificándolo con Nota 5.94, y clasificándolo en Lista 3, “REGULAR”. Lo anterior en el tenor siguiente:

“…en razón de: 04 DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL Al haber sido negligente en la custodia y conservación de su arma de cargo fiscal y accesorios del armamento, respecto de la pistola marca Jericho (IMI/IWI), modelo 941 RPSL, calibre 9 milímetros, serie N° 39323166, con un cargador y quince cartuchos del mismo calibre, la que extravió en día, fecha, hora y circunstancias que, finalmente, no pudieron ser clara y fehacientemente establecidas, toda vez que, de los antecedentes recabados durante la indagatoria, sólo se puede tener por establecido el irregular estado de conservación y funcionamiento de la funda que utilizaba para su porte. Asimismo, a partir del testimonio entregado por el Subprefecto nombre reservado y el personal entrevistado durante la encuesta sumarial, dicho funcionario fue visto el día 27.OCT.022 portando su arma de cargo en la zona lumbar, con motivo del procedimiento policial efectuado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Temuco en calle nombre reservado nombre reservado° 0781, sector Pedro de Valdivia, de la ciudad y comuna de Temuco, a propósito del cumplimiento de una orden judicial obtenida en el marco de una investigación por microtráfico de drogas, sin que se hubiere tenido noticias de la especie con posterioridad a ello, pudiendo sólo tenerse como presunción que el arma en cuestión se pudo haber extraviado en el marco de esa situación, lo que no se da por acreditado, considerando además que el citado Jefe de Unidad recién da cuenta del extravío del arma mediante una cuenta escrita de fecha 02.NOV.022, no aportando certeza respecto del momento y circunstancias del extravío de la especie en cuestión, con lo cual se desestima que concurran circunstancias que podrían entenderse como “caso fortuito” o “fuerza mayor”, toda vez que par ello se entiende que el afectado tuvo posibilidad o debió haberse percatado en forma oportuna y haber dado cuenta en el más breve plazo.

Por tanto, esta Junta ha decidido RECHAZAR su Recurso de Apelación, por cuanto, los antecedentes positivos que obran en su Hoja de Vida Anual, han sido debidamente ponderados por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y esta Honorable Junta de Apelaciones, sin embargo, a raíz de la conducta negligente que se desprende de la medida disciplinaria indicada en el párrafo anterior, atendiendo su grado, sus años de servicio y calidad de Jefe de Unidad, no se logra configurar un antecedente que permita revertir la decisión.

Para lo anterior, es necesario considerar que la jurisprudencia administrativa ha sido reiterativa en indicar que la ponderación del mayor o menor valor respecto de los registros contenidos en las Hojas de Vida Anual, son facultad restrictiva de las Juntas Calificadoras, y que, respecto de los antecedentes positivos, estos son elementos informativos que no limitan el ejercicio de los órganos colegiados para realizar dicha ponderación.

Seguidamente, a esta Honorable Junta de Apelaciones, como órgano colegiado con facultades calificatorias, le es vedado ejercer facultades disciplinarias, y en ese contexto no se puede pronunciar respecto a las alegaciones de hechos o vicios que alega el recurrente, respecto de procedimientos disciplinarios que se encuentran firmes y ejecutoriados.

A su vez, respecto a su alegación que indica que existe un recurso pendiente de resolución respecto de sus sanciones disciplinarias, es preciso indicar que la propia Contraloría General de la República, ha indicado que en relación al Art. 160 del Estatuto Administrativo, dicho reclamo procede precisamente contra actos administrativos que se encuentran firmes y ejecutoriados, y que la interposición de dicho reclamo no tiene efectos suspensivos, por lo que su sanción disciplinaria de 04 Días de Permanencia en el Cuartel es un antecedente válido para ser ponderado en el presente periodo calificatorio.

Por tanto, esta Junta en atención a todos los antecedentes tanto positivos como negativos contenidos en su Hoja de Vida Anual, resuelve evaluarlo en los siguientes factores, como a continuación se indica:

Factor “Espíritu de Cuerpo”: Mantiene nota 4, por cuanto el titular de la presente Hoja de Vida Anual, atendiendo la sanción que registra, demuestra una actitud y conducta frente al cumplimiento de la misión, objetivos, doctrina institucional y concepto del deber, identificación con la institución y compromiso con la promesa de servicio, Código de ética Profesional e imagen de la PDI, sólo en un grado de aceptable.

Factor “Disciplina”: Mantiene nota 4, por cuanto el titular de la Hoja de Vida Anual, de conformidad a su medida disciplinaria, evidencia un conocimiento y observancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y un cumplimiento de instrucciones superiores, solamente puede ser calificada en un grado de aceptable.

Factor “Aptitud de Mando”: Mantiene nota 4, toda vez que la capacidad organizativa y controladora que le permite al titular de la presente Hoja de Vida, conceptualizar problemas y tomar decisiones, haciéndose respetar ante sus subalternos e influir en ellos con autoridad, considerando la conducta negligente que se desprende de la medida disciplinaria afinada en el presente periodo calificatorio, solamente puede calificada en un grado de aceptable.

Factor “Capacidad Funcionaria”: Mantiene nota 5, por cuanto el titular de la Hoja de Vida Anual, de conformidad a sanción de 04 Días de Permanencia en el Cuartel, posee y demuestra un grado de eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su grado, cargo o función, considerando su nivel de preparación, conocimiento y experiencia adquirida, solamente en un grado de satisfactorio.

Factor “Criterio”: Mantiene nota 4, por cuanto el titular de la Hoja de Vida Anual, considerando su medida disciplinaria de 04 Días de Permanencia en el Cuartel, demuestra un nivel de cordura, tino o acierto profesional al juzgar o discernir la procedencia, oportunidad, efectos y trascendencia de sus decisiones o actuaciones, que solamente puede ser calificada en un grado de aceptable.

Factor “Capacidad para Planificar”: Mantiene nota 5, por cuanto, a raíz de la sanción contenida en su Hoja de Vida Anual, demuestra que su capacidad para prever situaciones y necesidades, evaluando costo-beneficio, la que solamente puede ser calificada en un grado de satisfactorio.

Factor “Capacidad de Control”: Mantiene nota 5, por cuanto, su capacidad para fiscalizar los procesos administrativos y/o policial respecto de las órdenes superiores, se ha visto disminuida en razón de la medida disciplinaria de 04 Días de Permanencia en el Cuartel, y solamente puede ser evaluada en un grado de satisfactorio.

Los demás factores se mantienen en nota 7 meritoria, según lo resuelto por la respectiva Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes.

En consecuencia, la Honorable Junta de Apelaciones, por unanimidad de sus integrantes, con las ausencias justificadas de los Prefectos Generales nombre reservado y nombre reservado y previa abstención de la Prefecta General nombre reservado, ha resuelto calificarlo con nota 5,94 y clasificarlo en Lista 3, Regular”.

Lo anterior fue notificado al recurrente el 05.DIC.024.

D.- INCLUSIÓN EN LA LISTA ANUAL DE RETIROS (LAR):

Junto con lo anterior, la Junta de Oficiales Superiores y Jefes propuso al recurrente de autos para integrar la Lista Anual de Retiros, lo que fue comunicado el 02.OCT.024, en el siguiente tenor:

“… dado los antecedentes que registra en el presente periodo calificatorio, que dieron origen a la clasificación en Lista 3, Regular, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 71º c) del D.F.L. Nº 1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, ha estimado que carece de la idoneidad necesaria para continuar perteneciendo a la Institución, por lo que integra la Lista Anual de Retiros”.

Lo anterior fue notificado el 04.OCT.024, acto en el cual manifestó que presentaría un recurso de reconsideración.

Luego, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, por unanimidad de sus miembros, previa abstención de la Prefecta Inspectora nombre reservado, acordó rechazar el Recurso de Reconsideración del recurrente de autos, confirmando su inclusión en la Lista Anual de Retiros 2024, lo que se comunicó al recurrente el 22.OCT.024, en los siguientes términos:

“2.- Respecto a sus alegaciones de no haber considerado los antecedentes positivos, es preciso señalar que para efectos de esta decisión, se ha considerado los antecedentes del actual periodo calificatorio, para lo cual ésta secretaría certifica que la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes para adoptar la decisión de interés, tuvo conocimiento tanto de los antecedentes positivos y negativos del funcionario en cuestión, por cuanto de conformidad al Art. 8° del Reglamento de Calificaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, las decisiones adoptadas en el marco del proceso calificatorio se realizan basándose en los conceptos contenidos en la Hoja de Vida Anual y demás antecedentes útiles, lo cual consolida tanto los antecedentes positivos que esgrime el reclamante como aquellos negativos.

En consecuencia, dada la totalidad de los antecedentes contenidos en la Hoja de Vida Anual del presente Periodo Calificatorio del recurrente, su clasificación en Lista 3, Regular, y en atención a lo establecido en el artículo 71º c), letra c) del D.F.L. Nº 1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, ha estimado que los argumentos contenidos en su escrito de reconsideración no contienen los fundamentos necesarios para revertir la decisión y en consecuencia se confirma su inclusión en la Lista Anual de Retiros 2024”.

Lo anterior fue notificado el 07.NOV.024, instancia en la cual manifestó que haría uso del recurso de apelación.

Luego, la Honorable Junta de Apelaciones, con las ausencias justificadas de los Prefectos Generales nombre reservado y nombre reservado y previa abstención de la Prefecta General nombre reservado, luego de conocer, analizar y evaluar su Informe de Calificación, Hoja de Vida Anual y Recurso de Apelación en contra de su inclusión en Lista Anual de Retiros, acordó rechazar el Recurso de Apelación del recurrente de autos, confirmando su inclusión en la Lista Anual de Retiros 2024, lo que se comunicó al recurrente el 25.NOV.024, en los siguientes términos:

“…esta Junta ha decidido RECHAZAR su Recurso de Apelación y confirmar su inclusión en la Lista Anual de Retiro, por cuanto, los antecedentes positivos que obran en su Hoja de Vida Anual, han sido debidamente ponderados por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y esta Honorable Junta de Apelaciones, sin embargo, a raíz de la conducta negligente que se desprende de la medida disciplinaria indicada en el párrafo anterior, atendiendo su grado, sus años de servicio y calidad de Jefe de Unidad, no se logra configurar un antecedente que permita revertir la decisión.

Para lo anterior, es necesario considerar que la jurisprudencia administrativa ha. sido reiterativa en indicar que la ponderación del mayor o menor valor respecto de los registros contenidos en las Hojas de Vida Anual, son facultad restrictiva de las Juntas Calificadoras, y que, respecto de los antecedentes positivos, estos son elementos informativos que no limitan el ejercicio de los órganos colegiados para realizar dicha ponderación.

Seguidamente, a esta Honorable Junta de Apelaciones, como órgano colegiado con facultades calificatorias, le es vedado ejercer facultades disciplinarias, y en ese contexto no se puede pronunciar respecto a las alegaciones de hechos o vicios que alega ·el recurrente, respecto de procedimientos disciplinarios que se encuentran firmes y ejecutoriados.

A su vez, respecto a su alegación que indica que existe un recurso pendiente de resolución respecto de sus sanciones disciplinarias, es preciso indicar que la propia Contraloría General de la República, ha indicado que en relación al Art. 160 del Estatuto Administrativo, dicho reclamo procede precisamente contra actos administrativos que se encuentran firmes y ejecutoriados, y que la interposición de dicho reclamo no tiene efectos suspensivos, por lo que su sanción disciplinaria de 04 Días de Permanencia en el Cuartel es un antecedente válido para ser ponderado en el presente periodo calificatorio.

Finalmente, y en conclusión, la medida disciplinaria afinada en el presente periodo calificatorio, a criterio de la Honorable Junta de Apelaciones, considerando su grado, años de servicio, calidad de Jefe de Unidad y actual escenario delictual del país, representa una conducta que compromete gravemente el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales y la idoneidad del recurrente para continuar en el servicio activo de la Policía de Investigaciones de Chile.

Por lo anterior, en razón del Art. 71 c), letra c), del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, pasará a integrar la Lista Anual de Retiros 2024”.

Lo anterior fue notificado al recurrente el 05.DIC.024.

2.- DE LAS ALEGACIONES DEL RECURSO:

a.- En primer lugar, el recurrente indica que los actos librados en el proceso calificatorio del recurrente no estarían dotados de motivación, ni de un fundamento racional y lógico que conduzca a entender por qué al actor se le califica de una manera determinada, abarcando factores que no se conectan con los hechos que devienen en el reproche punitivo y, como corolario, que sea propuesto para integrar la Lista Anual de Retiros poniendo en tela de juicio subjetivamente su idoneidad y sin que se valoraran de manera justa su meritoria trayectoria funcionaria, lo que podría encubrir, a su parecer, inclusive una “desviación de poder”, al omitir juicios o alcances que inducían a resolver de forma objetiva.

b.- En segundo término, el recurrente señala que lo anterior habría vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la C.P.R.), puesto que habría sido objeto de un tratamiento desigual que lo perjudica; su derecho al debido proceso (artículo 19 N° 3 de la C.P.R.), ya que todos quienes lo han calificado habrían actuado contra Derecho; y su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N° 3 inciso 5° C.P.R.), pues los calificadores se han distanciado de los procedimientos reglamentarios a los que deben imperativamente inclinarse en el marco del proceso calificatorio.

3.- ARGUMENTOS DE ESTA PARTE RECURRIDA:

Como cuestión previa, se debe señalar lo siguiente:

A)

DEL PROCESO CALIFICATORIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, y en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 28, de 1981 (Reglamento de Calificaciones), la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo. La evaluación comprende tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario, evidenciadas en el transcurso del período a calificar.

Por su parte, la clasificación corresponde a la lista de selección que acuerda la Junta respecto de un funcionario. Las listas en que pueden clasificarse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile son las siguientes: Lista 1, de Mérito; Lista 2, Buena; Lista 3, Regular; y Lista 4, Mala.

A su vez, el citado Decreto Supremo previene, en su artículo 8 inciso 1°, que la calificación se realizará basada en los conceptos contenidos en la Hoja de Vida Anual del funcionario y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto, agregando en su artículo 35 que las Juntas Calificadoras en el conocimiento, estudio y valoración que deben realizar analizarán: a) las calificaciones; b) los recursos de reclamación que se hayan presentado; y c) los antecedentes que lleguen a su conocimiento o que hayan solicitado especialmente.

Por su parte, el artículo 62 del DFL Nº 1, de 1980, Estatuto del Personal de la PDI, establece que la Junta de Apelaciones estará integrada por el Director General, que la presidirá, y dos representantes del Poder Judicial, designados por la Corte Suprema, de entre las cuatro primeras categorías del Escalafón Primario. Para conocer de los recursos de apelación que interpongan los Oficiales Subalternos, se integrarán a dicha Junta los Prefectos Inspectores Policiales.

Respecto a las facultades que detenta esta Policía de Investigaciones de Chile en este procedimiento calificatorio, entendemos que éstas son de naturaleza discrecional y que se conciben precisamente, como la potestad de obrar libremente por la Administración sin que su conducta esté previamente determinada por la regla de Derecho. Esta discrecionalidad se configura cuando la ley o el reglamento dejan a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, en la medida en que esa decisión se haya dictado razonablemente.

B.- DE LA INCLUSIÓN DEL RECURRENTE EN LA LISTA ANUAL DE RETIROS:

Ahora bien, tratándose de la inclusión del recurrente en la Lista Anual de Retiros, es dable indicar que, de acuerdo a lo que establece la letra c) del artículo 71 del Estatuto del Personal:

“La lista anual de retiros del personal de Oficiales se formará sucesivamente con:

a)

Los clasificados en Lista N° 4;

b)

Los que hayan sido clasificados por segunda vez consecutiva en Lista N° 3;

c)

Los clasificados en Lista N 3, y d)

Los clasificados en Lista N° 2.

Si en la forma indicada en el inciso anterior no alcanzare a completarse el número o cuota determinada por el Presidente de la República, la lista anual de retiros se entenderá de hecho disminuida al número de Oficiales clasificados en dichas listas.

El personal que se encuentre en los casos señalados en las letras a) y b), integrará la lista de retiros aun cuando su número exceda a la cuota previamente determinada por el Presidente de la República, entendiéndose de hecho aumentada la lista de retiros en el número necesario para incluir a dicho personal”.

En relación a lo anterior, corresponde señalar que conforme al artículo 37 del Reglamento de Calificaciones, se establece que, revisada y determinada la calificación definitiva del funcionario, las Juntas efectuarán la clasificación que le corresponda, según las pautas siguientes:

“b) En la Lista Nº 2, Buena, quedarán los funcionarios cuya nota de calificación sea igual o superior a 5.

Para los factores 1 Espíritu de Cuerpo, 2 Disciplina, 3 Reserva Funcionaria, 4 Aptitud de Mando, 5 Respeto a la Dignidad Humana, 6 Ética Profesional, 15 Capacidad de Planificar, 16 Capacidad de Control y 17 Responsabilidad de Mando, se requerirá obtener nota mínima 5”.

Al respecto, el recurrente en los factores Espíritu de Cuerpo, Disciplina y Aptitud de Mando ha obtenido una nota 4, por lo que no cumplió con los requisitos establecidos en la letra b) del artículo 37 del referido Reglamento de Calificaciones, siendo calificado finalmente en Lista 3, Regular.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos señalados por el recurrente, se debe señalar lo siguiente:

a.- En cuanto al primer argumento, esto es, que los actos librados en el proceso calificatorio no estarían dotados de motivación, y de un fundamento racional y lógico que conduzca a entender por qué al actor se le califica de una manera determinada, abarcando factores que no se conectan con los hechos que devienen en el reproche punitivo y, como corolario, que sea propuesto para integrar la Lista Anual de Retiros, se debe indicar lo siguiente:

Tal y como se ha expuesto en los antecedentes preliminares del presente informe, cada uno de los actos efectuados en el proceso calificatorio del recurrente se encuentran debidamente fundados; en efecto, el recurrente ha hecho uso de todos los recursos administrativos que contempla dicho proceso.

Por lo demás, se ha procedido conforme a un procedimiento reglado, contemplado tanto en el Estatuto del Personal, como en el Reglamento de Calificaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, lo que ha permitido que el recurrente hacer valer sus planteamientos en las diversas instancias contempladas al efecto, las que han garantizado un debido proceso a su respecto.

Por tanto, esta primera alegación no puede prosperar.

b.- En lo referido a la supuesta vulneración de sus garantías constitucionales, se debe señalar que:

- En cuanto a su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la C.P.R.): En este punto es menester tener en consideración lo señalado en una oportunidad previa por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia dictada a propósito del Recurso de Protección Rol Nº 28.865- 2016, razonamiento plenamente aplicable al caso de autos, la cual indica:

“Undécimo: Que, como corolario, procede descartar la ilegalidad invoca en los términos expresados con antelación, como, asimismo, una supuesta arbitrariedad, pues, no se ha constatado en la situación sub lite la ausencia de la necesaria racionalidad en el proceder del recurrido, al no advertirse una manifestación del simple capricho del agente, que es lo que precisamente identifica el requisito en examen. No puede dejar de apuntarse en relación con este tópico que para que pudiese alegarse la existencia de una discriminación arbitraria en el trato que se le ha dado a la actora debió la recurrente acreditar que, pese a encontrarse en idéntica situación que otro, recibió un trato diferenciado que la perjudica, cuestión que no se reclamó y mucho menos se justificó”.

En virtud de lo anterior, dado que se ha invocado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, debió acreditar también el recurrente cómo, pese a encontrarse en una situación idéntica a otra persona, recibió por parte de la autoridad un trato diferenciado que lo perjudicó, cuestión que no sucedió, ya que no se advierte algún caso igual mencionado en recurso de protección, en que se haya tratado a otra persona de manera diferente. Sobre el mismo es preciso indicar que es requisito esencial para impetrar la vulneración del artículo 19 N°2 que exista un trato desigual, en circunstancias exactamente iguales.

- En lo relativo a su derecho al debido proceso (artículo 19 N° 3 de la C.P.R.): si bien se estima que el mencionado derecho no se encuentra cubierto por el recurso de protección, en el caso de autos ha quedado de manifiesto que el recurrente ha hecho valer todos los recursos que la normativa le franquea; razón por la cual no se vislumbra de qué manera podría verse vulnerado en la garantía que nos ocupa.

- En lo referido a la supuesta conculcación de su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N° 3 inciso 5° C.P.R.): no existe posibilidad de que se configure dicho atropello, toda vez que tanto la Junta de Oficiales Calificadores y Jefes, como la Junta de Apelaciones, son órganos que se encuentran establecidos por el D.F.L. N° 1, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, como por su Reglamento.

III.- CONCLUSIÓN:

A la luz de los antecedentes expuestos, categóricamente se concluye que, en ningún caso se ha verificado alguna vulneración a las garantías tuteladas por el recurso de protección, sino que por el contrario, esta Policía de Investigaciones de Chile sólo ha dado cumplimiento fiel al proceso calificatorio y clasificatorio establecido por la ley, el cual se encuentra reglado en el Estatuto del Personal y Reglamento de Calificaciones de nuestra Institución.

Tanto la calificación y la clasificación en Lista 3, Regular, del señor nombre reservado, como asimismo, su inclusión en la Lista Anual de Retiros, fue adoptada en un procedimiento administrativo reglado, por los órganos colegiados competentes, y facultados para su desarrollo. Al respecto, las resoluciones emitidas por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y la Junta de Apelaciones, en uso de sus atribuciones legales y discrecionales, han sido debidamente argumentadas y fundadas, expresándose en éstas los fundamentos de Derecho y los hechos respecto al caso en concreto, por lo que sus actuaciones no pueden ser consideradas arbitrarias o ilegales, motivo por el cual la pretendida acción cautelar debiera ser rechazada.

Finalmente pide que en atención a lo expuesto, se tenga por evacuado el informe solicitado.

Acompaña los siguientes documentos:

- Decreto Supremo N° 28, Reglamento de Calificaciones de la Policía de Investigaciones de Chile;

- Antecedentes del proceso calificatorio del recurrente de autos.

A folio 13 los autos quedan en estado de relación.

A folio 35 se realizaron los alegatos de esta causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

SEGUNDO: Que en estos antecedentes la recurrente denuncia los actos que han sido cometidos en el mérito del proceso calificatorio 2024 de la Policía de Investigaciones de Chile, en los cuales intervinieron la Prefecta Inspectora doña nombre reservado, Jefa de la Región Policial de La Araucanía; la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, y la Junta de Apelaciones, lo que devino en una calificación y clasificación regular, formulada en una ponderación incongruente e inarmónica de los factores que componen la calificación y consecuencialmente, en la inclusión del actor en la Lista Anual de Retiros 2024. , TERCERO: Que, a su juicio las acciones u omisiones conculcan las garantías fundamentales tratadas en el artículo 19 Nro. 2 “La Igualdad ante la Ley”, Nro. 3 “Derecho al Debido Proceso” y 19 Nro. 3 inciso 5to. “Derecho a no ser juzgado por Comisiones Especiales”, todos de la Constitución Política de la República.

CUARTO: La recurrida informa solicitando el rechazo de este arbitrio constitucional porque a su juicio desde el punto de vista formal En primer lugar por cuanto la acción de protección es improcedente, puesto que no se trata de una nueva instancia administrativa:

En segundo lugar porque a su juicio la acción de protección no procede en el caso de autos, pues no es la vía idónea para revisar las atribuciones de los órganos colegiados establecidos en el decreto supremo n° 28, reglamento de calificaciones de la policía de investigaciones de chile:

QUINTO: Que en relación al fondo de la acción presentada señala que de la sola lectura del libelo de autos, se colige que el recurrente pretende que esta Corte ordene a la recurrida deje sin efecto su alejamiento de la Policía de Investigaciones de Chile, cuestión que, como puede advertirse, es absolutamente ajena a la finalidad propia del recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar.

Indica que el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de ciertos derechos fundamentales. Así, esta acción de protección está reservada para restablecer el imperio del Derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales urgentes, cuyo no es el caso, desprendiéndose de la sola lectura del libelo que lo pretendido por el recurrente es ajeno a la finalidad de la protección, atendida su naturaleza cautelar.

Señala que la acción de protección no es una nueva instancia administrativa; así lo ha resuelto la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 83672-2017, por sentencia de 19.FEB.018, en un caso similar al de autos.

SEXTO: Que a fin de que prospere esta vía constitucional se ha reconocido por nuestros Tribunales Superiores de Justicia que se deben reunir copulativamente los siguientes requisitos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

SEPTIMO: En relación a si el acto recurrido es arbitrario, debemos concordar que un acto arbitrario es uno carente de motivación, infundado, que no puede ser comprendido por quien en cuya contra se dicta, un acto incluso caprichoso, a su vez una acción u omisión es ilegal cuando no se ciñe al tenor de la ley, se aleja de su sentido o bien no la aplica para el caso en concreto.

OCTAVO: En relación a las primeras alegaciones de la recurrida en cuanto el rechazo por no ser esta vía una nueva instancia administrativa y porque esta no procede, pues no es la vía idónea para revisar las atribuciones de los órganos colegiados establecidos en el decreto supremo n° 28, reglamento de calificaciones de la policía de investigaciones de chile, estimamos que ellas deben ser rechazadas, ya que si bien es cierto lo recurrido dice relación con una actuación de un órgano administrativo, cuyo funcionamiento está debidamente regulado, no es menos cierto que se indica afectación de Garantías constitucionales de las indicadas en el artículo 19 de nuestra Constitución Política, las cuales a su turno encuentran protección en esta instancia jurisdiccional, motivo por el cual esta argumentación será rechazada.

NOVENO: Que en relación a si lo actuado por la Policía de Investigaciones de Chile es ilegal o arbitrario debemos señalar que lo recurrido es el acto administrativo conducente a calificar la conducta del funcionario recurrente. Proceso que conforme lo manifestado por el recurrido, es un proceso debidamente regulado en sus normas internas, las cuales informan cómo se realiza y cuáles pueden ser las calificaciones de los funcionarios conforme el mérito de lo actuado por el en el período respectivo.

Que la recurrida informa que de conformidad a los antecedentes del recurrente procedió a dictar una conclusión que significa una calificación, la que en el caso en concreto significa en la práctica su inclusión en Lista Anual de Retiros para el año 2024, de la cual el recurrente ejerció todos los recursos administrativos pertinentes y conducentes a la revisión de dicha conclusión, recursos que conforme el mérito de autos fueron desestimados por las instancias competentes.

DECIMO: Que conforme lo señalado, además es necesario indicar que la instancia administrativa tiene su propio reglamento, un procedimiento debidamente regulado, en el cual los interesados cuentan con todas las garantías que dichas instancias permiten y cuyas conclusiones son debidamente fundadas y dictadas conforme la Ley y reglamentos que les contienen, sin que esta vía proteccional se pueda transformar en una instancia diferente de las que en rigor proceden, salvo que lo resuelto sea efectivamente ilegal o arbitrario, cuyo caso no es, por lo que esta acción proteccional será rechazada.

UNDÉCIMO: Que del mérito de estos antecedentes, tal como se indicó anteriormente no se percibe actuación u omisión ilegal o arbitraria, motivo por el cual este arbitrio constitucionales será rechazado de la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección, deducido por don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada legalmente por su Director General don EDUARDO ALEJANDRO CERNA LOZANO, Redacción del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese y archívese.

N°Protección-9222-2024 (pvb).