nombre reservado con UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

C.A. de Temuco Temuco, catorce de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

nombre reservado, enfermero, con domicilio en domicilio reservado, quien dice: Vengo en interponer acción constitucional de protección en contra de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, en adelante indistintamente “la Universidad”, persona jurídica de derecho público, representada por don nombre reservado, o quien lo reemplace, subrogue o haga sus veces, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, fundado en que con fecha 1º de marzo de 2005 comencé a desempeñar funciones en la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria, ubicada en domicilio reservado, en calidad de Académico Jornada Completa en la Carrera de Enfermería, Categoría 7-B, en calidad jurídica de contrata.

Desde el año 2015 al 11 de febrero de 2021, me desempeñé como Académico Jornada Completa (44 horas semanales). En suma, me he desempeñado como un funcionario público, en calidad de académico jornada completa, desde los años marzo de 2005 al 11 de febrero de 2021, trabajando para la Universidad por 15 años.

Debo hacer presente que la Universidad Arturo Prat mediante el Decreto Exento 1886, de 10 de diciembre de 2013, aprobó el Reglamento de Evaluación y Calificación Académica, con el objeto de medir el desempeño académico de los profesores de dicha Casa de Estudios. Dicho Reglamento es el único instrumento legal y válido para proceder a la evaluación del desempeño académico, sin embargo, debe señalarse que jamás se me aplicó a la fecha dicha medición, pero cumplí siempre – y según se acreditará- con las funciones especificadas en el artículo 15 de dicho cuerpo normativo, enviando y entregando oportunamente la planificación semestral, y el resultado de las calificaciones, contempla 4 listas (A, B, C y D), que se regulan en los artículos 33 y ss., de aquél.

Una vez renovadas la totalidad de las contratas para el año 2021, con fecha 3 de febrero de 2021, la Universidad Arturo Prat dictó el Decreto Exento 0173, que establece criterios para practicar una evaluación académica en proceso de optimización y reestructuración institucional, para evaluar los años 2017, 2018 y 2019. Esto es, se practica con efecto retroactivo, contraviniendo todos los principios jurídicos según se indicará más adelante.

Lo primero que debe señalarse, es que dicho instrumento resulta total y absolutamente ilegal, dado que no se enmarca dentro del único instrumento válido y legal de evaluación como es el Decreto Exento 1886 antes indicado. En este sentido, la reestructuración resulta algo absolutamente etéreo, vago e impreciso, y además, incierto que se materialice cabal y efectivamente en el futuro. En efecto, para validar dicho proceso, la Universidad Arturo Prat emitió el Decreto Exento 1669, que promulgó la Ordenanza Nº 887, de 30 de octubre de 2020, que aprobó el informe de reestructuración de la Universidad, el cual comprende un diagnóstico institucional, el marco normativo, plan estratégico institucional, ajustes de unidades académicas, el ajuste a la dotación académica y administrativa, en cuyo capítulo 7 se señala que “Se propone disminuir la dotación administrativa y académica”.

Se debe hacer presente que el Informe de Reestructuración Institucional no contiene normas que supriman o dejen sin efecto la aplicación del Reglamento de Evaluación y Calificación Académica indicada en el punto 6, que señala en su articulado transitorio que “Los formatos de evaluación y sus contenidos mínimos y generales, como también los manuales de aplicación serán elaborados por la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado y Dirección General de Vinculación y relaciones Institucionales, las que serán comunes a toda la Universidad”. Claramente, el objetivo principal de ello, era cumplir con lo prescrito en la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativo, garantizando y asegurando un procedimiento racional y justo.

Sin embargo, como se indicará más adelante, la Universidad prescinde de todo lo indicado, y sin dejar sin efecto el Decreto, que establece el Reglamento de Evaluación y Calificación Académica, procedió a la dictación del Decreto Exento 0173, lo que resulta absolutamente arbitrario, ilegal, y – más grave aún- contrario a la Carta Fundamental, dado que viene a crear una “comisión especial” para evaluar situaciones ocurridas con anterioridad a su creación.

Así, y para mi sorpresa, con fecha 8 de febrero pasado, mediante el acto arbitrario e ilegal consistente en el Decreto Exento RA 385/790/2021, el cual se me notifica mediante carta certificada el día 15 de febrero de 2021, se me comunica “el término anticipado de mi contrata como Académico Jornada Completa para el período del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, conforme al Decreto Exento 385/7609/2020”, de fecha 10 de diciembre de 2020, indicándose sin fundamento alguno (precedentemente existió una referencia formal y nominal) “16º Que, en virtud de lo analizado anteriormente y conforme al Informe Comparativo evacuado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el que señala que el académico no cumple con los criterios mínimos necesarios para su continuidad en esta Casa de Estudios ni tampoco cumple con la priorización establecida por dicha Facultad, se han vuelto innecesarios los servicios del sr. nombre reservado, por lo que se ha decidido terminar anticipadamente su contratación con esta Casa de Estudios”.- La Universidad Arturo Prat ha incurrido en una serie de ilegalidades y arbitrariedades al dictar el Decreto Exento RA 385/790/2021, de fecha 8 de febrero de 2021, que dispuso el término anticipado de mi contrata como académico de la Carrera de Enfermería, Campus Victoria, de dicha Casa de Estudios, por los siguientes fundamentos:

El actuar arbitrario e ilegal del recurrido me ha afectado los siguientes derechos fundamentales:

1.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, establecido en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Esta situación, constituye en sí, un trato indigno, desigual que atenta mi integridad física y psíquica, al privarme de las condiciones mínimas necesarias para la subsistencia pues me priva ilegalmente de mi ingreso mensual y permanente el cual sirve de sustento tanto a él como a su familia, los proyectos personales que se han visto truncados por la dictación del Decreto Exento RA 385/790/2021, al poner término anticipado a mi contrata sin fundamento alguno y en forma absolutamente arbitraria e ilegal.

Por otra parte, la evaluación de la cual ha sido objeto –además de arbitraria es ilegal por no corresponder sus resultados a la realidad académica– lo que implican una grave afectación a la tranquilidad, dado que la “Academia” es un círculo bastante reducido y cerrado, en que todos se han enterado de la forma abusiva de la que he sido objeto, y he debido intentar dar explicaciones de lo sucedido, lo que me afecta en forma diaria. En este sentido, se debe hacer presente que me encontraba siendo uso de una legítima licencia médica (siquiátrica), por lo que la desvinculación abrupta e Intempestiva claramente ha afectado mi garantía constitucional. Pero, además, se me mantiene en una situación permanente de incertidumbre lo que tras tanto tiempo me afecta psicológicamente ya que no se logra entender la negativa de reintegrarme a las funciones para las cuales se le había renovado la contrata para el año 2021.

2.- La igualdad antes la ley, establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República (CPR).

En efecto, la disposición constitucional en comento garantiza a todas las personas dicha igualdad ante la ley, pero destacando su inciso segundo que señala expresamente que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Pues bien, aquí precisamente hay una diferencia arbitraria, en poner término anticipado a mi contrata sin el cumplimiento de la Ley. Lo no fundado es en sí arbitrario, y como hemos indicado, el Decreto Exento RA 385/790/2021 es infundado y no cumple lo ordenado por la Contraloría General de la República. Esto se traduce en un trato desigual y discriminatorio en mi contra, ya que otros funcionarios en las mismas circunstancias habrían sido evaluados de manera diversa, y consecuencialmente, no se le habría puesto término a su contrata.

En relación con este punto, se debe hacer presente que el procedimiento del cual fui objeto de evaluación se realizó conforme al Decreto Exento 0176, de 3 de febrero de 2021, el cual resulta total y absolutamente contrario al Estatuto de Evaluación contenido en el Decreto.

En este escenario, debo incluso mencionar que el Oficio Circular Nº 21 del Ministerio de Hacienda, de 28 de noviembre de 2018, aludiendo a hipótesis de no renovación de contratas o términos anticipados indica expresamente que las mismas “deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes”.

En definitiva, no se me ha dado un trato digno ni igualitario en relación con otros compañeros de trabajo a quienes se les mantuvieron vigentes sus contratas, siendo sometido a un trato discriminatorio, torcido y desigual, carente de justificación y racionalidad, basado en diferencias arbitrarias y ausencia de proporcionalidad, al no mantenerse vigente una contrata, teniendo la confianza legítima que se mantendría vigente por todo el año 2021, dándome aviso o notificándome mientras me encontraba con licencia médica, y a menos de 30 días del inicio del año académico 2021, a través de fundamentos irregulares, falsos y desviados de poder.- 3.- El no ser juzgado por comisiones especiales, y que se hallen establecidos con anterioridad a la perpetración de los hechos, establecido en el artículo 19 Nº 3 inciso 5 de la Constitución.

Como se expresara en el punto 2 del apartado II, a cuyos argumentos nos remitimos expresamente por economía procesal, se afecta mi garantía Constitucional consagrada en el Articulo 19 Nº 3 inciso 5 de la Carta Fundamental, dado que el Decreto Exento 173, que fijó criterios de evaluación para períodos anteriores a su entrada en vigencia, con efectos retroactivos, implican en la práctica que el día 3 de febrero de 2021, y que se plasman en el Decreto Exento RA 385/790/2021, se crea una comisión especial que evaluará a los académicos en períodos anteriores a la entrada en vigencia (2017, 2018 y 2019), todo lo cual implica que una comisión especial, establecida con posterioridad a que hayan acontecido los hechos que debe evaluar y/o considerar, cuestión que se encuentra prohibida en la norma constitucional indicada, y amparada en el recurso de protección conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4.- La libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, establecido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución.

En efecto, el referido numeral expresa que “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.” Pues bien, en el caso de autos, la terminación anticipada de mi contrata como académico de la Universidad Arturo Prat (a menos de 30 días de inicio de año académico y encontrándome con licencia) es ilegal y arbitraria y, por tanto, el vínculo con dicha Casa de Estudios debería ser considerado vigente. Sin embargo, no se ha dictado el acto administrativo correspondiente, y en consecuencia se impide realizar mi trabajo, para el cual se había renovado mi contrata para todo el 2021, lo que vulnera mi libertad de trabajo entendiéndola como la posibilidad de continuar ejerciendo mis funciones como personal a contrata para el año 2021, ya que contaba con la confianza legítima que esta se mantendría (como en los 14 años anteriores).

5.- El derecho de propiedad, en sus diversas especies, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

El artículo 582 del Código Civil define al dominio o propiedad como el derecho real de una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Agrega, posteriormente, el artículo 583 del mencionado Código que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad.

En este sentido, es arbitrario e ilegal el actuar de la recurrida puesto que me ha impedido ejercer mi función laboral con los beneficios que ello conlleva afectando además el dominio sobre las remuneraciones que dicha función me otorgaba en mi condición de trabajador funcionario público, las cuales solicito a S.S.I sean pagadas a mi persona durante todo el periodo que he sido marginado de mis funciones de la manera irregular y arbitraria.

Además de lo indicado, la Universidad en forma inmediata, y sin ningún aviso, procedió al cierre de la casilla de correo electrónico institucional impidiéndose al suscrito que pudiere bajar documentación académica, profesional y personal de relevante valor, lo que igualmente afecta mi propiedad o dominio sobre dicha información. En efecto, se afecta mi dominio sobre el derecho a percibir todas mis remuneraciones y demás asignaciones, beneficios y estipendios que procedan por todos los meses que van desde la desvinculación ilegal realizada a través del Decreto Exento RA 385/790/2021, hasta la fecha en que se me reintegre, que constituyen emolumentos que se incorporan a su patrimonio desde el momento que nunca debí ser desvinculado de la Universidad y por ende, tengo derecho a tales remuneraciones, por lo que claramente el obrar de la recurrida afecta dicho derecho.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección, en contra de UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, persona jurídica de derecho público, representada por don nombre reservado, o quien lo reemplace, subrogue o haga sus veces, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Exento RA 385/790/2021, de fecha 8 de febrero de 2021, dictado por el Sr. Rector, ya singularizado, y que me fuere notificado mediante carta certificada con fecha 15 de febrero de 2021, que dispuso el término anticipado de mi contrata como profesor universitario de la Carrera de Enfermería de dicha Casa de Estudios, todo ello por transgredir derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política, y se dispongan las medidas que US. Iltma estime conducentes a fin de que se reestablezca el imperio del derecho y se me otorgue la debida protección, y se dispongan las medidas que US. Iltma estime conducentes a fin de que se reestablezca el imperio del derecho y se me otorgue– como afectado- la debida protección, lo que se traduce en:

1.- Que se ordene dejar sin efecto el Decreto Exento RA 385/790/2021, de fecha 8 de febrero de 2021, que dispuso el término de mi contrata como Académico a jornada completa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria.

2.- Que se ordene mi reintegro inmediato a mis funciones, con relación de continuidad, a la planta Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Prat, en los mismos términos de la contrata del año 2021, conforme al Decreto Exento RA 385/7609/2021, que dispuso mi renovación de contrata para este año.

3.- Que se ordene el pago de las remuneraciones que se devenguen y que estén devengadas en el año 2021 en los mismos términos de la contrata del año 2021.

4.- Que, además y/o en subsidio de lo anterior, US. ILTMA. adopte la o las otras medidas que US. ILTMA estime a fin de reestablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, de manera que no se afecte las garantías conculcadas.

5.- Que pague las costas de la presente acción constitucional.

Acompaña a su presentación:

1. Copia del Decreto Exento RA 385/790/2021, de fecha 8 de febrero de 2021, de la Universidad Arturo Prat, con copia del informe comparativo y despacho de carta certificada.

2. Copia del Seguimiento de carta certificada en Correos de Chile, que da cuenta que la entrega de la carta y notificación se practicó el día 15 de febrero de 2021.

3. Copia del certificado de antigüedad del Sr. nombre reservado, de fecha 18 de febrero de 2021, emitido por el Sr. nombre reservado, Encargado de la Unidad de Personal de la Universidad Arturo Prat.

4. Copia del Decreto Exento RA 385/10418/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, que aprueba la renovación de mi contrata desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

5. Copia del Decreto Exento RA 385/11704/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, que aprueba la renovación de mi contrata desde el 1 de enero de 2020 al 31de diciembre de 2020.

6. Copia del Decreto Exento RA 385/7609/2019, de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba la renovación de mi contrata desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

7. Actas del Consejo de Carrera de Enfermería de la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria de los años 2017-2018-2019.

8. Copia del Decreto Exento 272, de 10 de febrero de 2015, que asigna la carga académica de 6 horas semanales para quienes formen parte de la Comisión de Acreditación de la Carrera de Enfermería.

9. Copia del Decreto Exento 1231, de 20 de junio de 2016, por el cual se regulariza y autoriza mi “comisión de estudios” desde el día 1 de abril de 2015 hasta 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de cursar los estudios de Doctorado en Enfermería en la Universidad Andrés Bello.

10. Copia del Correo electrónico que contiene el Decreto Exento 2539 de fecha 22 de noviembre de 2018, que regulariza la carga horaria con dedicación exclusiva de horas semanales, a contar del 03 de agosto al 31 de diciembre de 2018, para desarrollar trabajo de campo de tesis doctoral, correspondiente a perfeccionamiento académico de Doctorado en Enfermería, que me encontraba cursando, en la Universidad Andrés Bello, hasta diciembre 2019.

11. Copia del Convenio de Fidelidad Funcionario suscrito por nombre reservado y la Universidad Arturo Prat, de fecha 20 de junio de 2016, por el cual aquél se comprometió a no dejar la Universidad por el doble del período que había durado la comisión de estudios.

12. Copia del Título de Doctor en Enfermería otorgado por la Universidad Andrés Bello, con fecha 8 de enero de 2020, recibido con distinción Summa Cum Laude.

13. Copia de la licencia médica que me encontraba haciendo uso al momento de la notificación del término anticipado de mi contrata.

14. Copia del comprobante de licencia médica que da cuenta del pago realizado por Isapre Banmédica a la Universidad Arturo Prat por el período que abarcaba aquella.

15. Copia del Reglamento de Evaluación y Calificación Académica contenido en el Decreto Exento 1886, de 2013, de la Universidad Arturo Prat.

16. Copia del Decreto Exento 0173, de fecha 3 de febrero de 2021, que establece los criterios de evaluación. A folio 14, informa recurrido quien dice.

Que la recurrida por su parte informa FALTA DE IDONEIDAD DE RECURSO Y NO AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA DE LA RECURRENTE El recurso de protección no es la vía idónea para reclamar lo exigido por el actor. Sin perjuicio de las razones de fondo, la sede de protección no es la instancia jurídica en que el conflicto planteado por la recurrente ha debido ser planteado. En efecto, conforme a la jurisprudencia reiterada y uniforme de nuestros Tribunales de Justicia, para que sea acogido un recurso de protección, se requiere de la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo:

a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión, que sea ilegal o arbitraria;

b) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra el legítimo ejercicio de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; y c) que la Corte de Apelaciones se encuentre en situación material y jurídica de restablecer el imperio del derecho y brindar la protección requerida (objetivo y finalidad del recurso de protección.).

De lo anterior, resulta evidente que faltando cualquiera de los referidos requisitos, el recurso de protección debe ser rechazado.

Asimismo, en igual sentido, debemos tener presente que esta acción constitucional está destinada a reestablecer el imperio del derecho a través de medidas urgentes, lo cual exige necesariamente la existencia de un derecho claro e indubitado, además que debe tratarse de una situación de hecho que importe una abierta conculcación o un peligro inminente de ello, respecto de las garantías constitucionales de que se trate, por causa de actos positivos o de conductas de tal manera omisiva, que importen no una mera infracción de ley susceptible de corregirse por los medios ordinarios y propios de la sede en que ocurran, sino un quebrantamiento importante de la legalidad, siendo incompatible con un pronunciamiento de carácter declarativo.

El Recurso de Protección de Garantías Constitucionales que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma norma enumera. Este amparo, que se adopta mediante las medidas de resguardo que resulten pertinentes, requiere de un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio; esto es, que se configure un acto u omisión ilegal, contrario a la ley; o bien, arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, provocando alguno de los efectos que se han indicado y que afecta a una o más de las garantías expresamente protegidas.

En consecuencia, lo que corresponde revisar por esta vía cautelar son aquellas situaciones de hecho, que atentan contra la legalidad vigente o contra el uso de la razón, que ameritan una solución rápida, ágil y expedita, cuando se han conculcado o existe amenaza a derechos protegidos por dicho mecanismo de impugnación. Lo que en ningún caso corresponde al asunto a que se refiere el recurrente. Situación que no estamos en el presente caso, puesto que la Recurrida en razón de la precaria situación económica sufrida por la institución, producto de estallido social, emergencia sanitaria mundial entre otros, se ha visto en la necesidad de tomar decisiones, estando dentro de estas la restructuración Institucional. Debiendo tomar los resguardos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para la validez de un acto administrativo tan importante como este. Es en este sentido que la Institución ha debido dictar una serie de decretos exentos tendientes a aprobar y materializar dicha restructuración con el objeto de permitir el funcionamiento de esta.

Dicha decisión de restructuración institucional toma aún más fuerza y validez con la respuesta dada por la Superintendencia de Educación Superior en Oficio N°111 de fecha 05 de febrero de 2021 en la cual sugiere una serie de medidas tendientes a enfrentar los desafíos actuales de emergencia sanitaria generando flujos suficientes para cubrir sus necesidades operacionales, dentro de ellas podemos encontrar la desvinculación tanto del recurrente como otros funcionarios cuyos servicio ya no son necesarios producto de un análisis ajustado a derecho de ellos.

Con ello podemos señalar que todos y cada uno de los actos efectuados por esta institución obedecen a una causa plenamente válida, acorde al ordenamiento jurídico vigente.

2. El acto impugnado no ha atentado contra el principio de protección de la confianza legítima del funcionario.

Sin perjuicio de lo que ha señalado el recurrente respecto de la pretendida ilegalidad y arbitrariedad, es menester indicar que el acto que se impugna no atenta en contra el principio de protección de la confianza legítima del funcionario, en los términos que ha precisado la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. La doctrina administrativista ha planteado que, a partir de los artículos 5, 6, 7 y 19 número 26 de la Constitución Política de la República, los ciudadanos tienen una expectativa legítima de permanencia en la regulación y en la aplicación del ordenamiento jurídico y que el resguardo a dicha expectativa, denominado principio de protección de la legítima confianza, “supone el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública la que ha venido actuando de una determinada manera, en cuanto ésta lo seguirá haciendo de esta misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares” (Así J. Bermúdez, El principio de confianza legítima en la actuación de la administración como límite a la potestad invalidatoria, en: Rev. Derecho (Valdivia), Dic 2005, vol.18, no.2, p.83-105). De aquello se deduce que dicha legítima confianza no se defrauda cuando, por cambios de aquellas circunstancias, varía la regulación o aplicación del ordenamiento jurídico.

La jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en materia de no renovación de cargos de la contrata y de término anticipado de las contratas, recogiendo el principio de protección de la confianza legítima, experimentó un importante cambio con el Dictamen N° 22.766, 1 de fecha 24 de marzo de 2016, complementado por el Dictamen N° 23.518, de fecha 29 de marzo de 2016, entre otros. Dichos dictámenes fueron actualizados a través del Dictamen N°6400, de 2018, el cual imparte instrucciones y criterios complementarios sobre confianza legítima de los funcionarios a contrata, que son los que se enumeran en los párrafos siguientes:

a. La Contraloría no crea una nueva categoría de empleos a contrata. Cabe hacer presente, en primer término, respecto de mencionado Dictamen aclaratorio, que el Organismo de Control, precisa que, “… de forma alguna puede entenderse que los dictámenes de que se tratan limitan las potestades que tiene las superioridades para incorporar al organismo funcionarios a contrata –o bajo otra figura de designación semejante-, determinar su grado remuneratorio y, en general, ejercer todas las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia”.

Como es evidente, la Contraloría no ha dejado de reconocer el carácter esencialmente transitorio de los nombramientos a contrata, ni mucho menos ha creado una categoría especial de empleo en la administración pública; pues señalar lo anterior significaría, por un lado, que la Contraloría ha excedido las facultades conferidas por la ley y la Constitución, por cuanto la creación de empleos y cargos públicos son facultades del legislador; y, por otro, que esta Entidad de Control vulneraría lo dispuesto en la letra c), del artículo 3° del Estatuto Administrativo, que señala: “c) Empleo a contrata: es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. Lo que la Contraloría ha hecho en los dictámenes citados por el recurrente, es que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en dictamen N° 85700, de 2016, sobre confianza legítima en las contratas, con el objeto de incorporar la jurisprudencia posterior a aquel pronunciamiento.

b. La Contraloría General ha establecido y ordenado los requisitos para estar en presencia de la confianza legítima.

A través de estas instrucciones, la Contraloría precisa: “se debe tener presente que conforme se dispone en los artículos 3°, letra c) y 10 de la ley N° 18.834, y artículo 2° y 5°, letra f), de la ley N° 18.883, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio de una dotación y deben ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y, por lo mismo, su duración puede corresponder a lo sumo, a un año calendario”. Más adelante, añade: “En este contexto, y en los términos señalados en el dictamen N°22.766, de 2016, cabe colegir que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años”.

Luego, indica que la no renovación de una contrata, así como su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo. Lo anterior, según las reglas que fija el artículo 3° de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El Organismo de Control, entonces precisa: “En este sentido, corresponde que la autoridad emita el respectivo acto administrativo que contenga la decisión formal de no renovar el vínculo funcionarial, de hacerlo por un lapso inferior a un año o en un grado, estamento de asimilación o carga horaria inferior, o de prescindir anticipadamente de los servicios del empleado, cuando sea el caso”.

Un tercer requisito que señala el aludido dictamen, se refiere a la motivación del acto: “…el artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio;. Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada. Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, (como ocurre en la especie) deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión; por no ser necesarios sus servicios; u otras análogas.” En ese orden de ideas, el pronunciamiento de la Contraloría, explica: “De este modo, y en concordancia con los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017 y de este Órgano de Control, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros:- Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o períodos no comprendidos en la calificación.

En este punto SS.I., es conveniente tener presente que el Órgano Contralor, cuyos dictámenes son vinculantes para la Universidad Arturo Prat, permiten alterar el vínculo con el funcionario – en este caso con la académica recurrente – por una deficiente evaluación, ya sea que corresponda a la calificación regular y periódica(como a la que se ha referido la recurrente tantas veces al citar el Decreto Exento N° 01886 de 10.12.2013), ya sea que corresponda a una evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación (como ha ocurrido en el proceso de optimización y reestructuración de la Universidad).- La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que éste desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario.- La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente.

- Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal (aplica dictamen N° 25.143, de 2017, de esta Entidad de Control).

- Reducción de la dotación docente o de la dotación del sector de atención primaria de salud, conforme a lo prescrito en las leyes Nos 19.070 y 19.378, respectivamente.”

En cuarto lugar, el instructivo razona en cuanto al plazo que la autoridad tiene para dictar el acto administrativo fundado que no renueve la contrata, conforme alartículo 10°, inciso primero, de la ley N° 18.834 y 2° inciso tercero de la ley N°18.883.

En quinto lugar, el dictamen se refiere a la características que debe tener la notificación del acto motivado de la autoridad, de conformidad al artículo 45, 46 y 47, de la ley N° 19.880, esto es, entre otras cosas, que dicha notificación debe comprender el texto íntegro del acto administrativo que dispuso la renovación o término anticipado o modificación de la contratación, y que dicha notificación deberá practicarse a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha quedado totalmente tramitado.

c. La Excma. Corte Suprema al reconocer la confianza legítima, tampoco crea una categoría especial de contrata que deje de ser transitoria. Por su parte, la jurisprudencia en materia administrativa de nuestro máximo tribunal en cuanto a la confianza legítima, como consta en lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en recurso de protección Rol N°16.879-2018, sigue la misma línea de la Contraloría General de la República, reconociendo la facultad de la autoridad de poner término a un cargo a contrata, por tratarse esta de un empleo definido por ley como “esencialmente transitorio”.

Así, estima: “Séptimo: Que el artículo 9 de la Ley N°18.834, sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, por el sólo ministerio de la ley, es decir, por la expiración del tiempo de designación, esto es, para el período que media entre la contratación y el 31 de diciembre, debiendo ejercer la facultad de prorrogar una contrata, según el contenido del Dictamen antes citado, con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, exigencia que se traduce en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se hubiere generado la confianza legítima en la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior.

En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse según lo disponen los artículos 45 a 47 de la Ley N°19.880; acto administrativo que además deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho, por tratarse de actos que afectan potestades particulares; y su artículo 41 inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones finales contendrán la decisión, la cual será fundada, de forma que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta.”

Como se puede apreciar S.S. Ilustrísima, la autoridad universitaria cumple completamente el estándar impuesto por la normativa, para dictar el acto administrativo recurrido y el cual ha sido motivado y fundado profusamente en su contenido, invocando una serie de hechos, situaciones, normas, etc., que han llevado a tomar la decisión que se decreta. Si bien la jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica no es vinculante para la judicatura no pude desconocerse que sus pronunciamientos se tornan realmente importante más cuando con el órgano de fiscalizar a instituciones públicas como lo es la institución que represento, siendo la Contraloría General de la Republica el órgano técnico por excelencia llamado a revisar la legalidad de las actuaciones de instituciones públicas. Conforme a ello es que esta institución ha solicitado pronunciamiento sobre proceso de restructuración y optimización siendo este validado por tal órgano fiscalizador y así ha mantenido su postura a la fecha con el pronunciamiento del dictamen N° W36827/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, frente a las alegaciones de ex funcionaria por su no renovación de contrata en virtud del proceso de restructuración que está pasando la universidad. En este pronunciamiento la Contraloría ha sido clara en señalar que el proceso de restructuración y optimización, las evaluaciones practicadas a sus funcionarios y posteriores no renovaciones y desvinculaciones se ajustaron a derecho.

Así EL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO NO ES ILEGAL NI ARBITRARIO,SINO QUE AJUSTADO A LA NORMATIVA, MOTIVADO Y FUNDADO EN RAZONES OBJETIVAS DEBIDAMENTE INFORMADAS AL RECURRENTE.EL ACTO RECURRIDO NO ES ILEGAL.

En otro orden de ideas, el recurrente señala que el Decreto Exento RA N° 385/790/2021, de 08/02/2021, que dispuso el término anticipado de la contrata de don nombre reservado, es ilegal.

En los párrafos siguientes, quedará demostrado no sólo que el Decreto ha sido dictado conforme a la ley, sino que además cumple con todos los requisitos que han sido determinados por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, particularmente, en el Dictamen (Instructivo) 6400, de 2018, antes citado, según a los argumentos que se expresan a continuación:

1. El acto administrativo ha sido dictado dentro del marco normativo que rige a la Universidad Arturo Prat y a las Universidades Estatales.

La Universidad Arturo Prat es una Corporación autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que constituye un servicio público integrante de la administración descentralizada del Estado. De esta forma sus trabajadores tienen la calidad de empleados públicos, en cuanto desempeñan sus funciones en una institución integrante de la Administración de Estado. La actuación del Rector de la Universidad Arturo Prat, –impugnada por esta acción constitucional- respecto al caso de don nombre reservado, está amparada por el régimen jurídico que regula las atribuciones que corresponden al primero, respecto de la recurrente.

Dicho régimen jurídico reconoce su fundamento en el artículo 1° de la Ley 18.368, que crea la Universidad Arturo Prat, publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre de 1984, y en lo previsto en el artículo 2°, numerales 3 y 6; artículo 3 y artículo 10 números 2 y 3, letra a) todos del Estatuto de la Universidad Arturo Prat, aprobado por D.F.L. N° 1, del 28 de mayo de 1985, y publicado en el Diario Oficial de 07 de septiembre de 1985.

En efecto, el artículo 1° de la Ley 18.368 establece: “Créase la Universidad Arturo Prat, institución de educación Superior del Estado, como organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su domicilio será la ciudad de Iquique. La representación legal de la Universidad corresponderá al Rector”.

A su vez el numeral 3° del Artículo 2° de sus Estatutos consagra: “La Universidad podrá, sujeta a las disposiciones de este Estatuto respecto a los funcionarios superiores, contratar personas para el servicio de la Universidad, determinar sus remuneraciones y prescribir las condiciones de sus servicios y podrá delegar el ejercicio de esto poderes.”

Mientras que el número 6 del mismo artículo señala: “La Universidad podrá, para la administración de sus asuntos y el mantenimiento del orden y disciplina, dictar ordenanzas, reglamentos, decretos y resoluciones, siempre que no sean contrarios a la Constitución Política de la República, las leyes y este Estatuto. Las atribuciones normativas de la Junta Directiva se ejercerán por medio de ordenanzas y sólo ella podrá dictarlas. Los bienes y entradas que forman el patrimonio de la Universidad; serán administrados por ésta con plena autonomía.

Por su parte y siguiendo lo dispuesto en la Ley N°18.368, el Artículo 3° de sus Estatutos dispone que: “El representante legal de la Universidad, para todos los efectos legales, será el Rector”.

Por otra parte, el artículo 10 número 2 establece que: “El Rector es el funcionario superior ejecutivo de la Universidad encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad. Su autoridad se extiende a todo lo relativo a ella, con la sola limitación que emane de las atribuciones específicas otorgadas a la Junta Directiva, agregando la letra a) de su numeral 3° que: “Sus atribuciones comprenderán: Nombrar y remover el personal académico y administrativo de la Universidad, conforme a los procedimientos establecidos en este Estatuto y ordenanzas de la Universidad. - Este régimen jurídico está conforme al principio de autonomía universitaria reconocido respecto de la Universidad Arturo Prat en el artículo 2° de la Ley N°21.094, que al efecto señala que las universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica. Además, según el artículo 42 de la Ley N°21.094, los académicos y funcionarios no académicos de las universidades del Estado tienen la calidad de empleados públicos. Ese mismo artículo, señala más adelante, que “Los académicos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. funcionarios no académicos se regirán por las normas del Estatuto Administrativo, y por las demás normas que le resulten aplicables.” La Universidad Arturo Prat no tiene reglamento especial para los académicos, y en consecuencia estos se rigen por el Estatuto Administrativo. Como se verá, la decisión fue adoptada por el Rector, en el ejercicio de las facultades y competencias legales que posee la investidura de su cargo y en lo que respecta al acto administrativo recurrido (Decreto Exento RA N° 385/790/2021, de 08/02/2021) este fue, tanto de forma como en su fondo, dictado conforme a las atribuciones que la ley contempla y, en particular, con aquellas asignadas a los jefes de servicio, como lo es el Rector.

El recurrente en su libelo alega, en los puntos 4, 5 y 6, la ilegalidad y arbitrariedad del Decreto Exento 385/790/2021 por cuanto su desvinculación obedecería a razones fin fundamento, desviación y abuso de poder, con lo cual se infringiría el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucionales de Bases Generales de la Administración de Justicia. En sus argumentos hace una serie de alegaciones respecto a la interpretación que le da a la frase “no ser necesarios mis servicios” señalando que la argumentación esgrimida por la Universidad es contradictoria, ya que, según este entiende su desvinculación obedece tanto al proceso de restructuración como a la no necesidad de sus servicios. En este punto debemos ser claros en señalar que una es consecuencia de la otra, es decir, producto de la situación financiera de la Universidad esta se vio en la obligación de tomar una serie de medidas conducentes a proteger el funcionamiento futuro de esta y así poder seguir prestando el servicio que hasta ahora ha hecho, es por ello que ha procedido, dentro del marco legal, a iniciar un proceso de restructuración y optimización que trae consigo un análisis a nivel general y particular de funciones, unidades, estructuras administrativas entre otros. Realizado este análisis, el cual se encuentra amparado en diversos decretos dictados conforme al marco legar y por la autoridad llamada por ley para la dictación de este es que los servicios del recurrente junto a los de otros ex funcionarios ya no resultan necesarios para el funcionamiento de la institución. El fin por el cual se dictan una serie de decretos autorizando la restructuración y los decretos que no renuevan contratas junto a los que ponen termino anticipados de estas, obedece única y exclusivamente a la protección de un servicio público que se está prestando a la comunidad en general, el cual ha sido ampliamente justificado en su cuerpo normativo (decretos), oficio emanado de la Superintendencia de Educación Superior y corroborado por dictámenes recientes del Órgano fiscalizador de las instituciones públicas el cual es la Contraloría General de la Republica. La desvinculación del recurrente no obedece a un mero capricho de la autoridad, sino que se funda en un proceso general, conforme a derecho, según se ha venido señalando a lo largo de esta presentación, por la Autoridad competente y válidamente investida en su cargo, con facultades otorgadas por los cuerpos legales que rigen a las Instituciones de Educación Superior y Órganos de la Administración de Justicia, no viéndose solo el afectado sino una serie de funcionarios y unidades dentro de la institución. No es un acto aislado y que obedezca a fines políticos, según lo expuesto y no probado por el recurrente, sino muy por el contrario, la Universidad fue sumamente cuidadosa de acatar la normativa vigente para dicho proceso de restructuración y posterior proceso de desvinculación de todos y cada uno de los funcionarios que se han visto afectados por este, adjuntándose prueba suficiente en esta presentación de las alegaciones aquí planteadas.

Conforme a ello, el término anticipado de la contrata fue decretado por quien tiene la facultad de hacerlo y, por ende, se trata de un acto apegado a derecho y que está conforme con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

2. El Decreto Exento recurrido ha sido dictado conforme a lo previsto en La ley N°18.834, que establece el Estatuto Administrativo.En el marco de las normas legales antes citadas, cabe recordar que, conforme al artículo 3°, letra c), del Estatuto Administrativo (DFL N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834), “para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: (…) c) Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución” (destacado nuestro), con lo cual se distingue entre el personal de la Administración del Estado, a los funcionarios de planta (definidos en la letra b, del mismo artículo 3 del DFL N° 29, ya citado), como “conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, que se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5°” (destacado nuestro), por un lado, y al personal de la contrata, por otra lado, que tiene un carácter transitorio, como hemos visto, y que ha sido reconocido reiteradamente por la Contraloría General de la República, entre otros, en el dictamen N° 12547, de 2011, que señala: “Sobre el particular, cabe anotar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que los empleos a contrata constituyen una m vinculación esencialmente transitoria, cuya vigencia está supeditada al tiempo fijado en el correspondiente documento de designación, el que será como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, los que, además, carecen de un grado específico de la planta, de modo que la autoridad competente debe determinar,respecto de cada contratación, el grado, lapso de vigencia y la dependencia de trabajo, tal como se informó en el dictamen N° 63.585, de 2010, de este origen.”.

Por su parte el artículo 10 del D.F.L. N° 29, de 2004, agrega que “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiese sido propuesta la prórroga con treinta días e anticipación a lo menos” (destacado nuestro). A su turno, el artículo 153, inciso primero, del DFL N° 29, de 2004, dispone que “el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de susfunciones” (destacado nuestro), con lo cual se alude a la forma de expiración de funciones de los empleados a contrata, como empleos transitorios.

Lo anterior, permite señalar que el recurrente no se encuentra en una categoría de “especial tipo de contratación”, que no pueda cesar en el cargo por ninguna de las hipótesis planteadas en el artículo 146 del mencionado cuerpo estatutario. Dicha norma, menciona específicamente, en su letra f), el término del periodo legal por el cual se es designado. En otras palabras, este tipo de contrataciones de la Administración tiene una duración determinada por ley, sólo hasta el 31 de diciembre de cada anualidad.

Luego, cabe indicar que el acto administrativo se ha dictado conforme a las facultades que la ley previamente le ha entregado a la autoridad correspondiente, conforme a las normas estatutarias que rigieron desde que fue nombrado en su cargo el recurrente, y que respecto de su empleo define que tiene carácter de transitorio.

3. El acto administrativo impugnado ha sido debidamente fundado, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880. La potestad del Rector, que se ha materializado en el decreto impugnado a través de la acción constitucional, ha concluido con una decisión debidamente fundada y/o motivada, en aplicación del principio de la imparcialidad, establecido en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.880, esto es, el señalamiento de los hechos y fundamentos en que se sustenta, situación diversa a la que expresa el recurrente, en torno a no estar de acuerdo con los fundamentos esgrimidos.

En este sentido, el decreto de término anticipado que reclama se funda y motiva en: los cambios y transformaciones que vive la educación superior chilena en las últimas décadas, que ha establecido una serie de nuevas exigencias y disposiciones que regulan el funcionamiento de las instituciones de educación superior, lo que ha llevado a la Universidad Arturo Prat desde el proceso de reestructuración del año 2012, a realizar el cierre de Sedes y programas de estudios, desvinculación de personal académico y administrativo, conversión de departamentos y escuelas a las actuales Facultades, y modificaciones a la orgánica institucional; en la precaria situación financiera que atraviesa esta Casa de Estudios y que ha sido una constante a lo largo de su existencia, profundizada fuertemente en los últimos años por la importante disminución de los ingresos operacionales, a raíz de la merma en la matrícula de la institución, el insuficiente control de gestión de las operaciones, la elevada incorporación de personal administrativo y académico, que ha ocasionado impactos en términos de liquidez y endeudamiento; en los compromisos adquiridos en la última acreditación institucional en el ámbito financiero, y que no fueron cumplidos lo que afectará el nuevo proceso de acreditación institucional a desarrollarse en el año 2021; a las políticas de austeridad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos –por parte de la Administración del Estado- a propósito de la situación producida por la pandemia generada por el coronavirus-2 (SARS-CoV-2), que generó un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, hecho que respecto de las Instituciones de Educación Superior ha provocado una baja importante en sus ingresos, producto no solo del COVID-19 sino que también del estallido social y del retraso en la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), razones todas que han llevado a la Universidad a determinar, a través del instrumento de gestión denominado Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 y el Proceso de Reestructuración aprobado por la Honorable Junta Directiva, el “repliegue” y el “ajuste a la estructura organizacional en el marco de mejora continua”, articulando la reducción de costos y la optimización de recursos, en sentido de asegurar el cumplimiento de la misión institucional y de viabilizar el proyecto educativo, la continuidad de la institución y cumplir con los desafíos presentes y futuros, en términos financieros, académicos y legales; por último se ha considerado, particularmente, el “Informe Comparativo” del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual en síntesis (luego de sujetarse a los Criterios establecidos en el Decreto Exento N° 0173 de 03 de febrero de 2021) informa que “Sin perjuicio que –de conformidad con la aplicación de criterios contenidos en el Decreto Exento N°0173, de 03 de febrero de 2021- el académico no cumple con los criterios mínimos establecidos, cabe hacer presente, asimismo, que la carrera de Enfermería, conforme al POA y Plan de desarrollo de la Facultad, tiene como elementos diferenciadores y que se priorizan en su proyecto, la gestión administrativa de la carrera y la vinculación con el medio. Estos aspectos tampoco son cumplidos por el académico evaluado, según los antecedentes otorgados por la Unidad de Análisis Institucional, por lo que ya no se consideran necesarios los servicios del sr. nombre reservado”. Los fundamentos expresados precedentemente dieron sustento y motivación al acto administrativo por medio del cual la autoridad de la Universidad Arturo Prat decidió poner término anticipado a la contrata del funcionario que interpuso el presente arbitrio, cumpliendo de esta forma con los requisitos que la normativa y la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, han indicado necesarios y que deben servir de motivación de la decisión de no prorrogar la contratación y prescindir o alterar el vínculo con un funcionario. Se debe tener presente que si bien la Universidad renovó la contrata del recurrente en diciembre de 2020, ello lo fue sólo en razón que el segundo semestre académico – producto de las diferentes dificultades que al comienzo planteó la pandemia- se desplazó hacia enero de 2021, para terminar en la segunda quincena de dicho mes. Y por tanto, dicha renovación no fue impedimento para que la autoridad universitaria tomara la decisión de ponerle término anticipado una vez concluido el segundo semestre, el mes de enero de 2021. Si bien le renovó la contrata a el recurrente por todo el año 2021, lo mismo hizo con todos los académicos de la Universidad, en atención a que el proceso de reestructuración y optimización del personal académico sólo concluyó una vez finalizado el primer mes de este año; en diciembre de 2020 dicho proceso no se encontraba finalizado y además era impracticable para la Universidad poner término a los contratos -encontrándose el segundo semestre pendiente-, quedando obligada a renovar para el 2021. Todo ello, teniendo presente la transitoriedad que revisten las contratas y la posibilidad que existe de ponerles término anticipado mediante un acto administrativo fundado, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la cual ha indicado que no basta señalar que no son necesarios los servicios del funcionario/a.

4. El acto administrativo impugnado ha sido dictado conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República.

En cuanto a la supuesta ilegalidad del acto administrativo recurrido, corresponde indicar que dicho acto se dictó conforme al ya mencionado Dictamen N° 6400, de 2018 del Órgano de Control.

Lo anterior es importante por cuanto de acuerdo a lo concluido, entre otros, por el Dictamen N° 41.872, de 2008, “los informes jurídicos emitidos por esta Institución Contralora son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización y su carácter imperativo encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que su incumplimiento por parte de esos organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados, pudiendo comprometer su responsabilidad administrativa”. En efecto, el aludido Decreto Exento RA N° 385/790/2021, de 08/02/2021, menciona en su considerando 4° que ha sido dictado conforme a lo instruido por el Dictamen N° 6400, de 2018 de la Contraloría General de la República. “4) Que, sin perjuicio de lo anterior, conforme al Dictamen N°6400, de 2018 de la Contraloría General de la República, se aplica a los funcionarios a contrata el principio de la protección de la “confianza legítima”, en virtud de la cual la autoridad administrativa, conforme a sus facultades, si decide no renovar una contrata, o poner término anticipado, debe hacerlo por una razón fundada y, para ello, tiene que emitir un acto administrativo que explique los fundamentos de tal decisión”.

Lo anterior, es de suma importancia, por cuanto dicha aseveración en la parte considerativa del acto recurrido, no ha sido una mera mención al dictamen, sino que efectivamente se actuó conforme a todos los requisitos que tal jurisprudencia exige en los casos que exista confianza legítima, tal como se puede apreciar en el referido decreto exento.

5. La legalidad del acto recurrido ha sido registrado por la Contraloría Regional de Tarapacá.

Si bien, este acto administrativo está exento del trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República, en atención a las normas que rigen el actuar de la Universidad Arturo Prat, este acto no queda al margen de la revisión legal que de él haga la Contraloría Regional de Tarapacá. En suma, todas las normas legales y estatutarias antes reseñadas han tenido pleno cumplimiento en relación con la recurrente, sin que pueda advertirse vicio alguno, tanto de forma como de fondo, que pueda afectar la validez del Decreto RA N° 385/790/2021, de 08/02/2021, de la Universidad Arturo Prat, que dispuso el término anticipado de su contrata para el año 2021, ni ser considerada ilegal o arbitraria, de modo tal que la solicitud de aquella ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones debe ser desestimada en todas sus partes.

EL ACTO RECURRIDO NO ES ARBITRARIO En lo que respecta a la arbitrariedad, sostiene la recurrente, que la decisión contenida en el acto recurrido es arbitraria, al no ofrecer debida fundamentación, violentándose así las normas previstas en el ordenamiento jurídico (Constitución Política y Ley sobre Procedimientos Administrativos).

Según se demostrará en los párrafos siguientes y en contraposición a lo sostenido por la recurrente el termino anticipado de la contrata de don nombre reservado, constituye un acto legal y motivado, fundado en razones optimización y de reestructuración de la respectiva Universidad, de carácter objetivo y debidamente formalizado por actos administrativos de los órganos competentes de la Universidad y que han implicado, justamente, optimización y reestructuración en la Facultad de Ciencias de la Salud. La restructuración señalada en el decreto de término anticipado de la contrata de la recurrida, forma parte de un plan de racionalización y uso eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles en la institución, debido al déficit estructural y creciente en el que ha entrado la Universidad Arturo Prat, particularmente en los últimos 5 años y que ha obligado a la autoridad, por un tema de responsabilidad presupuestaria y calidad en el funcionamiento de la institución, a adoptar una serie de medidas que permitan la contención de los gastos e intentar aumentar los ingresos. Por ello existe un Informe Comparativo de Criterios elaborado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que se funda en el ya mencionado Decreto Exento 0173 de 03 de febrero de 2021.

Siguiendo lo anterior, y según se demostrará a continuación, junto con cumplir con el principio de legalidad, el acto recurrido cumple, asimismo, con todos los requisitos que exige la Contraloría General de la República en cuanto al procedimiento que debe ser seguido para el término anticipado de los cargos a contrata - particularmente cuando han sido renovadas más de dos veces y, por tanto, existe legítima confianza que ampara al funcionario de que ésta sea renovada-especialmente en lo que respecta a la debida motivación del acto administrativo dictado, en virtud de la cual queda claramente justificada la necesidad de la desvinculación de la recurrente.

1. El término anticipado de la contrata fue notificado por carta certificada con fecha 15 de febrero de 2021, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley N°19.880.

En primer lugar, el término anticipado de la contrata del funcionario fue notificado por carta certificada el 15 de febrero de 2021, haciéndose entrega del correspondiente acto administrativo y del Informe Comparativo de la Facultad, con lo cual se ha dado estricto cumplimiento a los plazos y modalidades que previene la ley.

En segundo lugar, en el acto administrativo se explica pormenorizadamente cada una de las circunstancias que motivaron la decisión de la Universidad Arturo Prat, y no como indica en su libelo el recurrente. En el acto administrativo recurrido se hace un completo y sólido relato de las justificaciones que llevaron a la decisión adoptada y que además son de público conocimiento, dado que el proceso que vive la Universidad es de larga data. El decreto, en sus considerandos, cumple con el estándar requerido de motivación del acto administrativo. Tal como lo ha sostenido consistentemente la Contraloría General de la República, de manera uniforme, la motivación de los actos administrativos que disponen el término anticipado de una contrata y que puede servir de fundamento para prescindir de un funcionario, no solo corresponde a los contenidos en el decreto de término anticipado, sino que debe encontrarse “suficientemente acreditada mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión –como por ejemplo estudios o informes-, entre otros, una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o períodos no comprendidos en la calificación” (Dictamen 30.121 de 2018. Ver, asimismo, Dictámenes 85.700 de 2016, 12.248 y 18.091 de 2017).

En cumplimiento de estos dictámenes, la autoridad universitaria emitió un acto administrativo fundado en razones objetivas, debidamente justificadas por los documentos y actos administrativos que se indican en el mismo, y que se acompañan al presente informe, documentos que forman parte del decreto impugnado.

2. Se trata de un acto administrativo fundado en medidas objetivas de carácter presupuestario, de optimización, racionalización y de reestructuración justificadas mediante actos administrativos concretos y no meras declaraciones de intenciones de la autoridad.

Según consta del decreto recurrido y sus documentos fundantes, los que –como se dijo- motivan y explican pormenorizadamente a la recurrente la decisión tomada por la autoridad universitaria, lejos de obedecer a un mero capricho, se basa en razones objetivas de naturaleza presupuestaria y también en la necesidad de optimizar, racionalizar y reestructurar el capital humano, a fin de reducir el déficit existente en la institución y hacer más eficiente y eficaz el uso de los recursos materiales y humanos disponibles, restructuración que atiende además a parámetros de calidad para conseguir los fines institucionales, como por ejemplo la acreditación institucional.

Conforme al Decreto Exento N°0173, de 03.02.2021, y para cumplir con la estrategia de “repliegue”, se establecieron criterios de calidad en las actividades propias del quehacer universitario, que permitan seleccionar a los académicos y académicas que cumplen con un desempeño alineado a las exigencias de calidad y los fines institucionales, con el objetivo de articular dos elementos del quehacer institucional: el fortalecimiento de la Corporación acorde a las exigencias contenidas en la regulación sobre Universidades Estatales y de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y mejorar las condiciones financieras que permitan generar un equilibrio entre eficiencia en el uso de los recursos públicos y calidad en su funcionamiento, aplicación que ha quedado plasmada en los correspondientes Informes Comparativos, que –de acuerdo a la jurisprudencia administrativa (Dictamen 6400)- tienen el carácter de una evaluación particular que permite respaldar la decisión de prescindir anticipadamente el vínculo con el funcionario. En el caso del recurrente, dicha evaluación queda palmaria con el Informe Comparativo evacuado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que señala que la académica no cumple con los criterios mínimos necesarios para su continuidad en la Universidad Arturo Prat y que tampoco cumple con la priorización establecida por dicha Facultad.

Paralelamente, además, se explican una serie de otros hechos que han influido en la situación financiera deficitaria que atraviesa la institución y que es producto de una serie de decisiones adoptadas en el tiempo, pero que han repercutido hoy en las decisiones que lamentablemente se han debido tomar, pero que motivan y fundan aún más el acto administrativo recurrido y que no sólo se incluyen en el decreto como mera información sino que más bien justifican y dan cuenta de la real situación institucional que hoy vive la Universidad Arturo Prat, siendo imperativo la reducción de costos y la optimización de recursos, buscando asegurar el cumplimiento de la misión institucional y de viabilizar el proyecto educativo.

La razón por la cual este problema presupuestario afectó a la recurrente así como a otros funcionarios a los cuales ya sea no se les renovó su contrata o se le puso término anticipado a aquella, tiene una razón de peso y es el carácter progresivo y estructural que ha adquirido el déficit, situación que puede ir en aumento de no tomar la autoridad medidas urgentes de contención del gasto y aumento de los ingresos, poniendo en peligro la subsistencia de la institución por lo que cada una de las medidas adoptadas tienen el objetivo de viabilizar la continuidad de la institución y cumplir con los desafíos presentes y futuros, en términos financieros, académicos y legales. En este punto, tal como dispone la Ley Nº 21.094 de 2018 (art. 35), en el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, las Universidades del Estado deben regirse “especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como por las normas de derecho público que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado”, razón que ha llevado a la autoridad universitaria a ejercer las atribuciones de administrar y gestionar los recursos de la universidad de manera responsable y acorde con dichos principios. Tal como consta de los documentos adjuntos, en lo esencial el proceso de reestructuración junto a las nuevas políticas de austeridad, busca el logro de dos principios: la reducción de costos y la optimización de recursos, ambos, como muestra de la capacidad de autorregulación de la institución, coordinando la reorganización y rediseño de su estructura, dotación académica y administrativa.

El buen uso de recursos públicos impone el deber de aprovechar todos ellos en su máximo potencial posible, alineando su trabajo con las necesidades y finalidades de servicio institucional. La coordinación adecuada de funciones y la planificación estratégica posibilitan que la gestión presupuestaria y administración de los recursos sean coherentes entre sí, de modo que el trabajo de las distintas secciones de la organización resulte sinérgico. De este modo, la adecuación y racionalización de la estructura organizacional resulta consistente con la preparación del diseño de una nueva planificación estratégica, materializada en el Plan Estratégico Institucional.

EN CONSECUENCIA, no hay arbitrariedad en la decisión adoptada a través del acto impugnado, pues cambiaron las circunstancias materiales que permitían esperar la continuidad de la contrata, lo cual es fundamentado y explicitado abundantemente en el acto administrativo recurrido. NO HAY VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ALEGADOS POR LA RECURRENTE.

Finalmente, en cuanto a las supuestas infracciones o vulneraciones de garantías constitucionales invocadas por la recurrente, estas no existen, según se dirá a continuación. La recurrente reclama vulnerados el derecho a la integridad psíquica (Art. 19 N°1 CPR); la igualdad ante la ley y la no discriminación (Art. 19 N°2 CPR); la libertad de trabajo y su libre elección (Art. 19 N° 16 CPR); y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales (Art. 19 N° 24 CPR).

Derecho a la integridad psíquica, artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República (CPR).

No se vislumbra cómo el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias del Rector, como Jefe del Servicio (Universidad), actuando dentro del ámbito de su competencia (artículos 6 y 7 de la CPR), mediante un acto administrativo sumamente motivado, pueda constituir un acto vulneratorio, y por tanto ilícito, del derecho a la integridad psíquica de la recurrente. Un acto administrativo dictado de conformidad a lo prevenido en el ordenamiento jurídico y por tanto lícito, no constituye una efectiva afectación -amenaza, perturbación o privación- de la garantía constitucional del derecho a la integridad psíquica de la recurrente. Por otra parte, la afectación a la integridad psíquica debe conllevar necesariamente secuelas, que evidentemente no se constatan en estos autos. “Finalmente, afectar la integridad psíquica de una persona conlleva importantes secuelas somáticas que dejan huellas indelebles en ella. Por tanto, en su protección, renace la idea de dignidad humana, la cual se opone a todo intento o práctica vulneratoria de la integridad de la persona (nombre reservado, nombre reservado, Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, pág. 102)." (Tribunal Constitucional, Rol N° 2867-15-INA.”

Derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, artículo 19 N° 2, CPR.

El recurrente alega que la decisión de poner término anticipado a su contrata constituiría una vulneración de su derecho constitucional a no ser objeto de diferencias arbitrarias por parte de autoridad alguna. La vulneración invocada supone que la persona afectada ha sido objeto de un trato diferenciado respecto de otras personas que se encuentran en sus mismas condiciones, sin haber razón que justifique la distinción. No obstante, el término anticipado de la contrata del recurrente no constituye perturbación del derecho alegado por cuanto el trato de que fue objeto tiene justificación racional.

En efecto, la autoridad de la Universidad Arturo Prat tiene el deber legal de administrar los recursos de la institución conforme a los principios propios de la Administración Pública (“responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas…”). Por otra parte, en aplicación de los principios de eficiencia y probidad, no puede comprometer más gastos que aquellos que se pueden financiar con los recursos disponibles.

Finalmente, la situación financiera actual de la Universidad Arturo Prat obliga a reducir los gastos totales, de modo de ajustarlos a la realidad financiera institucional que se vive, y por lo tanto debe y puede mantener sólo los empleos que cumplan con ciertos criterios de evaluación. Hoy las universidades están obligadas a asegurar la calidad para sus estudiantes; es más existe una ley que establece mecanismos de aseguramiento, la ley 20.129 que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

En el caso específico de la decisión adoptada respecto a la recurrente, se aplicaron los criterios contenidos en el Decreto Exento N°0173, de 03 de febrero de 2021, resultando que el académico, según Informe del Decano de Ciencias de la Salud “el académico no cumple con los criterios mínimos establecidos, cabe hacer presente, asimismo, que la carrera de Enfermería, conforme al POA y Plan de desarrollo de la Facultad, tiene como elementos diferenciadores y que se priorizan en su proyecto, la gestión administrativa de la carrera y la vinculación con el medio. Estos aspectos tampoco son cumplidos por el académico evaluado, según los antecedentes otorgados por la Unidad de Análisis Institucional, por lo que ya no se consideran necesarios los servicios del sr. nombre reservado”. Dicho análisis realizado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, permitió a la autoridad determinar, por la reestructuración y ajuste organizacional, el término anticipado de la contrata del funcionario, fundándola y motivándola conforme los latos hechos indicados en el decreto impugnado.

El marco jurídico para el ejercicio de la facultad de término anticipado de los cargos a contrata está contenido en la ley, la jurisprudencia administrativa y en las mismas condiciones del nombramiento, según se ha detallado en esta presentación. De allí resulta la duración anual de la contrata, la posibilidad de ponerle término antes del plazo anual cuando los servicios prestados no resultaren necesarios, la existencia de un período especial de renovación, la posibilidad de adquirir una expectativa legítima de renovación y la posibilidad de que, aun existiendo tal expectativa legítima, la contrata termine anticipadamente mediante un acto administrativo fundado.

En el caso específico de la recurrente, todas las reglas aplicables en la especie fueron seguidas por la autoridad: El término anticipado fue objeto de registro por la Contraloría Regional, fue notificada personalmente y el acto administrativo se justificó racional y legalmente. Por ello, mal podría afirmarse, respecto de la recurrente, la existencia de una medida discriminatoria o de una vulneración al derecho de igualdad ante la ley; no existe ninguna base de hecho cierta para concluir aquello. La Contraloría General de la República, por medio de su jurisprudencia administrativa, en particular en su Dictamen Nº 6400/2018, ha impartido claras instrucciones sobre cómo y por qué se puede desvincular a un funcionario. Pues bien, se encuentran suficientemente justificadas estas razones o motivaciones en el acto administrativo impugnado. La citada entidad fiscalizadora, en términos generales, ha señalado que para concretar la decisión se debe emitir un acto administrativo fundado en circunstancias concretas y debidamente notificado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880. Pues bien, todo se cumplió estrictamente en la especie. En dicho orden, respecto de la legalidad no hay objeciones de fondo y respecto de la arbitrariedad tampoco se verifica en la medida que la definición adoptada es racional, coherente y conforme a la finalidad pública perseguida. La sede cautelar de protección únicamente se encuentra consagrada para amparar aquellas garantías de carácter indubitadas, ante actos u omisiones contrarios a derecho o arbitrarios de por sí, esto es, sin fundamentación alguna. Pues bien, en las páginas del recurso no es factible encontrar ninguna imputación idónea de ser resuelta en sede cautelar. El recurrente pretende impugnar aduciendo como arbitraria el acto administrativo desvinculatorio ante una supuesta falta de motivación o fundamento, pero como se acredita del tenor de dicho acto administrativo acompañado en un otrosí de esta presentación, así como de los documentos que sostienen cada una de las motivaciones, la medida se encuentra suficientemente fundada.

En síntesis, no existe una lesión a la garantía de igualdad en el trato, de igualdad ante la ley, sino que la decisión que afectó al recurrente se justifica en el hecho de que no cumple con los criterios mínimos exigidos por la Universidad Arturo Prat para mantenerse en sus funciones, de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 0173 de fecha 03 de febrero de 2021, hecho constatado por el Informe Comparativo emitido por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es decir, no se verifica en la especie una discriminación arbitraria. Un acto administrativo dictado de conformidad a lo prevenido en el ordenamiento jurídico y por tanto lícito, no constituye una efectiva afectación -amenaza, perturbación o privación- de ninguna garantía constitucional.

Derecho a la libertad de trabajo y su libre elección (Art. 19 N° 16 CPR). El recurrente también reclama como vulnerado el derecho a la libertad de trabajo y su libre elección, derechos que nada tienen que ver con un término anticipado de su contrata. En efecto, el derecho a la libertad de trabajo y su libre elección, consiste en otra cosa, en “el derecho de todo trabajador de elegir el objeto, la clase o tipo de trabajo, obra, faena o servicio que quiera desarrollar; la de emplear la forma, el tiempo y el sitio de trabajo que estime conveniente; la de ser dueño de las obras, productos o resultados que emanen de su esfuerzo; el destinar su actividad a su sustento y a la producción de la riqueza; la de escoger la profesión, arte u oficio a que quiera dedicarse. El trabajador debe ser libre, sin más limitaciones que las determinadas por la naturaleza, la moral, y el derecho, en el ejercicio de la actividad que emprenda y que le genere recursos." (JLT de Arica, T-5-2019, Mg. Fernando González Morales, Juez Titular, Considerando VIGESIMO). Ahora bien, resulta del todo claro SS.I., que el recurrente no ha sido forzado a desarrollar una determinada labor y ha podido escoger libremente su trabajo, el que no fue impuesto. En los mismos términos señalados anteriormente, podemos sostener que un acto administrativo dictado de conformidad a lo prevenido en el ordenamiento jurídico y por tanto lícito, no constituye una efectiva afectación -amenaza, perturbación o privación- de ninguna garantía constitucional.

Derecho de propiedad, artículo 19 N° 24 CPR.

Como hemos señalado más arriba, el empleo a contrata es esencialmente transitorio y la autoridad administrativa puede poner término en cualquier momento a los servicios del funcionario, mientras nos sean necesarios sus servicios. No obstante, a partir del Dictamen 6.400 de la Contraloría General de la República, tantas veces citado, que tiene presente dictámenes anteriores en la materia, si el funcionario cuenta con “confianza legítima”, no basta mencionar que ya no son necesarios los servicios del servidor público, sino que la autoridad debe fundamentar y motivar el acto administrativo que le pone término. En el caso de autos, eso es precisamente lo que ha sucedido, la autoridad ha dictado un acto administrativo fundado para poner término a la contrata de don nombre reservado. En tal caso, el cese en el empleo se produce el preciso día en que se notifica al empleado la total tramitación del decreto o resolución que haya dispuesto la cesación de funciones” (dictamen 10.794, 1996).

Sin embargo, “La facultad discrecional de que goza una autoridad administrativa para poner término a los servicios de los personales de su dependencia, no le permite disponer libremente el cese de servicio de las personas amparadas por normas de inamovibilidad, por lo que debe reincorporarse a una funcionaria a contrata despedida de su empleo estando embarazada” (dictamen 39.070 de 1995). Señalado lo anterior SS.I., no existe ningún presupuesto fáctico o jurídico que permita sostener la vulneración del derecho de propiedad del recurrente sobre su cargo de contrata, en tanto esta es esencialmente transitoria y la ley atribuye facultad discrecional a la administración para poner término a ella, no obstante los deberes de respetar las normas de inamovilidad que puedan amparar al funcionario (fuero maternal, fuero sindical, fuero de Comité Paritario) y el deber de fundar el acto administrativo que poner término anticipado a la contrata. Todo lo anterior, fueron los fundamentos que dieron sustento y motivación al acto administrativo por medio del cual la autoridad de la Universidad Arturo Prat decidió poner término anticipado a la contrata de don nombre reservado, cumpliendo de esta forma con los requisitos que la normativa legal vigente y la jurisprudencia administrativa indican y que sirven de motivación de la decisión de prescindir o alterar el vínculo con el funcionario.

NECESIDAD DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT.

Finalmente, hacemos presente la necesidad del proceso de reestructuración que vive la Universidad Arturo Prat, el cual si bien ha sido un hecho público y notorio, comunicado por los medios de prensa, también ha sido un proceso socializado en los diversos estamentos de la Universidad (académico, administrativo y estudiantil).

Esta situación queda dramática y palmariamente reflejada en el Oficio N° 00111, de fecha 05 de febrero de 2021, de la Superintendencia de Educación Superior, que se acompaña en el otrosí, el cual en síntesis da cuenta, en su numeral 2,“…que la viabilidad económica de la Universidad se encuentra supeditada a la implementación de un proceso exitoso de reestructuración y optimización de costos y gastos. Además, es importante señalar que este ajuste debe velar especialmente por la calidad de los servicios educacionales entregados a sus estudiantes”.

Así, el cese de la contrata materia de autos, como también de los otros términos anticipados de contratas, han tenido razones de peso y poderosas para su materialización, que están directamente relacionadas con la viabilidad de la Universidad Arturo Prat, tanto en término económicos como de la calidad de los servicios educacionales. La Universidad Arturo Prat es una universidad estatal y regional, que atraviesa por graves problemas económicos, por diversas razones latamente explicitadas en este informe del recurso de protección y en los documentos que se acompañan.

Solicita tener por evacuado el informe al tenor de lo expuesto en el recurso de protección deducido en estos autos; solicitando, desde ya, que el mismo sea rechazado, atendido que el acto impugnado por la recurrente no es arbitrario ni ilegal y no conculca los derechos fundamentales indicados por la recurrente, sin perjuicio de no ser el medio idóneo para discutir la cuestión de fondo planteada por don nombre reservado.

Acompaña a su presentación lo siguientes documentos:

1.- Copia de Ley 18.368 que Crea la Universidad Arturo Prat publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre de 1984, 2.- Copia del Estatuto de la Universidad Arturo Prat, aprobado por D.F.L. N° 1, del 28 de mayo de 1985, y publicado en el Diario Oficial de 07 de septiembre de 1985.

3.- Copia de Decreto Exento RA N° 385/790/2021, de fecha 08/02/2021, que dispone el término anticipado de la contrata de don nombre reservado.

4.- Informe de Reestructuración Universidad Arturo Prat, que incluye un Informe de situación financiera, de 2020;

5.- Plan Desarrollo Estratégico 2020-2025;

6.- El Decreto Exento N° 1669, de 03.11.2020, que promulga la Ordenanza N° 887, de la Honorable Junta Directiva (HJD), de 30.10.2020, que aprueba el Informe de Reestructuración;

7.- Decreto Exento N° 1670, de 03.11.2020, que promulga la Ordenanza N° 888, de la HJD, de 30.10.2020 que declara a la Universidad Arturo Prat en Proceso de Reestructuración;

8.- Decreto Exento N° 1684, de 04.11.2020, que promulga la Ordenanza N° 889, de la HJD, de 30.10.2020, que aprueba la Nueva Estructura Orgánica de la Universidad Arturo Prat;

9.- Decreto Exento N° 1685, de 04.11.2020, que promulga la Ordenanza N° 890, de la HJD, de 30.10.2020, que aprueba Ajuste a la Estructura Institucional en Proceso de Reestructuración;

10.- Decreto Exento N° 0878, de 12 de junio de 2020, que da instrucciones de austeridad y eficiencia en el gasto;

11.- Copia del Informe Comparativo emitido por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.

12.- Decreto Exento N° 0173, de 03 de febrero de 2021, que aprueba los criterios para la evaluación académica, orientados a la optimización y reestructuración institucional.

13.- Oficio N° 00111, de fecha 05 de febrero de 2021, de la Superintendencia de Educación Superior.

14.- Pronunciamiento Contraloría General de la Republica N° W36827-2021.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente consiste en el término anticipado de su contrata dispuesto por el Rector de la Universidad, mediante Decreto Exento RA N° 385/790/2021 de fecha ocho de febrero de 2021. El motivo esgrimido por la recurrida consiste en un proceso de reestructuración debido al déficit presupuestario que hace necesaria la reducción de costos y optimización de recursos.

TERCERO: Que consta de los antecedentes no discutidos por las partes, que el recurrente, se desempeñaba como Profesor Asistente de la Carrera de Enfermería, funcionario a contrata en la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, Corporación Autónoma de Derecho Público, y que no obstante haberse renovado su contrata para el año 2021 en febrero del año 2021, se dispuso su término anticipado a través del Decreto que se impugna por la presente vía.

CUARTO: Que la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina, en su artículo 10, en relación con la permanencia en esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley. De lo anterior se sigue que los cargos a contrata son designados y, en consecuencia, tienen ab-inicio una duración o vigencia determinada que, por mandato legal, se extiende como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, encontrándose facultada la autoridad para prorrogarla más allá de esa fecha si las necesidades del servicio así lo justifican, en ejercicio de la cláusula “mientras sean necesarios los servicios” que se ha venido utilizando en este tipo de nombramientos.

QUINTO: Que, así entonces, la expresión “mientras sean necesarios sus Servicios”; permite, en esta clase de nombramientos, que la autoridad administrativa pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice, como ocurrió en la especie, ya que esto último, importa una actuación de la autoridad contraria al acto propio lo que infringe la norma del artículo 10 de la Ley N° 18.834, citada en el motivo que antecede, que discurre sobre la base de que los cargos a contrata tienen un plazo de duración determinado que, si bien no puede exceder del 31 de diciembre de cada año, debe ser respetado por la autoridad, sin perjuicio de su facultad para prorrogarlo en la medida que sean necesarios los servicios que le dan origen.

SEXTO: Que, uno de los principales principios a que deben ajustarse todos los procedimientos administrativos está desarrollado en el artículo 11 de la ley N° 19.880, que define el “Principio de Imparcialidad, por el cual La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”. “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Según el autor nombre reservado, “en virtud de este principio, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos es asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación, proporcionando a los ciudadanos igual trato y respetando siempre el orden en que actúen ante ellas. Se relaciona indubitadamente con el elemento finalístico del acto administrativo que invita al cumplimiento de las funciones estatales por parte de la administración y sus funcionarios, y no a la consolidación de actuaciones subjetivas, generadoras de desviación de fin o de poder. Este principio invita a las autoridades a que, además, por ninguna razón realicen discriminación de las personas involucradas en las actuaciones administrativas, que a todos los ciudadanos se les brinden iguales garantías, sin entrar a alterar en manera alguna las posibilidades que cada uno de ellos tengan o tendrían en el procedimiento administrativo”. (Obra: “El Procedimiento Administrativo”. Editorial Lexis Nexis. Santiago de Chile. Año 2003. Pág.72).

En este orden, en el actual Estado de Derecho, la autoridad admirativa deberá tomar decisiones administrativas con objetividad e imparcialidad y sin discriminación, estableciéndose como un medio de control, la exigencia que en los actos administrativos que emitan se deba expresarse los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa su decisión.

Ahora bien, el requisito de fundamentación de los actos administrativos exigido por el artículo 11 de la ley N° 19.880 no se cumple con la mera escrituración de los motivos que se tuvieron a la vista para tomar la decisión, porque éste no es un requisito solo de forma de dichos actos. Si se estimara cumplido sólo con la forma, la finalidad garantista de la ley caería en desuso. Lo que la ley establece es que los fundamentos, además de expresarse, deben cumplir con las exigencias de fondo, o sea, tratarse de fundamentos que sean objetivos e imparciales, y que la decisión no tenga fundamentos que puedan tacharse como discriminatorios, para que puedan ser estimados como basamentos ajustados a la legalidad.

La única manera de asegurar a los administrados el cumplimiento de la debida objetividad, imparcialidad, e igualdad de trato, sólo puede concretarse cuando los hechos y su ponderación quedan indubitadamente establecidos en un procedimiento reglado que cumpla con los principios legales establecidos expresamente en los artículos 4° y siguientes de la ley N°19.880, en que las personas afectadas sean escuchadas y tengan acceso a conocer, e impugnar si fuere necesario, el razonamiento objetivo por el cual la autoridad llega a la conclusión que le permite adoptar la decisión de que se trate.

Por esa razón, en la especie, que se refiere a una decisión para desvincular a un funcionario de un cargo público que no ha desaparecido de la dotación, y en que la autoridad ha expresado textualmente en su resolución que adoptó esta medida porque el funcionario, habría incumplido y demorado en sus labores; realizado acciones que por ellos se estimaron graves, a la luz de la ley 19.880 una decisión de este tipo debe fundamentarse en las conclusiones de un sumario administrativo, y no en dichos y calificaciones de la autoridad que se encuentran discutidos y que se sustentan únicamente en su propio criterio y sin escuchar al afectado, porque aunque se trate de un empleado de un cargo a contrata, tiene la misma garantía que todo el resto de los ciudadanos.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, la decisión de poner término anticipado a la contrata de la parte recurrente configura un acto ilegal y que afecta el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato discriminatorio en relación a otros funcionarios a quienes, en situación equivalente, esto es, sin desvinculación derivada de sumario administrativo fundado en una falta que la motive y sin una calificación anual que permita dicha medida, pueden continuar sirviendo su cargo a contrata hasta el vencimiento de su término natural.

En consecuencia, en mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, por lo que se deja sin efecto Decreto Exento RA N° 385/786/2021 de 8 de febrero de 2021, debiendo proceder la autoridad recurrida a pagar al recurrente totalidad de sus remuneraciones y cotizaciones devengadas a su favor mientras duró la separación de los servicios y hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Redacción de la Ministra Interina Sra. Luz Mónica Arancibia Mena.

Regístrese.

Rol N° Protección-917-2021 (pvb).