IMPORTADORA Y EXPORTADORA BO DA LTDA con MINISTERIO DE SALUD con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

Visto:

A folio 1 comparece Luis Leonardo Vargas Sáez, Abogado, en representación, de importadora y exportadora Bo Da Ltda., representada legalmente por nombre reservado, comerciante, de nacionalidad china, todos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, por el acto que estima arbitrario e ilegal de imponerle una multa de 70 UTM, lo cual conculcaría las garantías del numeral 2, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada fue objeto de una fiscalización en su local comercial el día 24 de marzo de 2021, en contexto de cumplimiento de medidas por enfermedad Covid-19, lo que conllevó a que la Seremi de Salud por resolución N° 21097887 de fecha 21 de septiembre de 2021, le cursara una multa por 70 Unidades Tributarias Mensuales, en razón de las siguientes infracciones: 1.“Los trabajadores (4) del establecimiento no cuentan con sus permisos de desplazamiento debidamente por el empleador fiscalizado.” 2. “Al momento de la visita el local se encuentra sucio, con presencia de material orgánico en diferentes superficies, no logra acreditar limpieza y desinfección al menos una vez al día. De todos los espacios incluido baños y elementos expuestos al flujo de clientes y trabajadores del local, por lo tanto se encuentra en incumplimiento de la resolución exenta 43 del año 2021 de MINSAL.

Manifestó que dicha resolución fue notificada a nombre reservado, trabajadora del local, a un correo electrónico el día 21 de septiembre del 2021. Agregó que dicha persona no habla español y que le habría llegado el e-mail a su bandeja de spam, no habiendo sido muy bien asesorada por un contador, lo que le impidió ejercer los derechos que corresponden a favor de la empresa.

Postula que existen defectos en la notificación, máxime si los plazos para recurrir de la resolución son tan acotados.

Señala como antecedente que la empresa se ha constituido hace aproximadamente un año, que la propia recurrida fue quien consideró que ésta cumplía con todo lo necesario para ejercer su giro en el contexto de permisos municipales y de funcionamiento. Además indica que el local es bastante grande, que su rubro es principalmente textil y de venta de productos plásticos, que no existe venta de comida la interior ni cocina para los trabajadores. Que el local no está ni se acreditó –con prueba controvertida o falseada- que estaba en el nivel de suciedad que se pretende al leer la resolución, y por otra parte los permisos existían.

Estima que con el actuar del ente administrativo se han conculcado garantías constitucionales de su representada, refiriendo al efecto que nuestra Constitución Política contempla en el Nº 3 del artículo 19 el derecho que tiene toda persona a la igual protección en el ejercicio de los derechos. En lo que a la garantía constitucional hace referencia a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Con tribunal se entiende un órgano del poder judicial que tiene facultades para conocer y fallar una controversia. Pues bien, en el caso las facultades conferidas por el artículo 9 del Código Sanitario, no aparecen facultades de orden judicial. Postula que el proceso regulado por el Código Sanitario limita el plazo de acceso a reclamar del acto en la justicia ordinaria a 5 días (art. 171), aun cuando la Ley N° 19.880 establece el plazo de 2 años (art. 53), pero en el entendido que existen normas mínimas de bilateralidad de la audiencia, que, en el caso de su representado ciudadano chino, no se siguieron, claro por temas de pandemia, vulnerando su derecho a un justo y racional proceso.

Alega defectos en la notificación, puesto que el artículo 165 del Código Sanitario prescribe que las notificaciones que sea menester practicar se harán por funcionarios del Servicio Nacional de Salud o de Carabineros, quienes procederán con sujeción a las instrucciones que se impartan, dejando testimonio escrito de su actuación. Que la recurrida procedió a enviarla por mail en idioma castellano a una funcionaria vinculada, pero no representante de la empresa y de nacionalidad china, que con suerte puede reconocer una marca comercial o un precio.

Postula que de este modo esta notificación invalida el proceso, es una actuación ilegal, pero el conjunto de actuaciones reviste arbitrariedad intrínseca, en la medida que no acreditan la existencia de suciedad y los permisos estaban otorgados.

Pide en definitiva dejar sin efecto la resolución ordinaria N° 21097887 adoptada por la recurrida con fecha 21 de septiembre de 2021, declarando en consecuencia que aquélla no fue debidamente notificada, sin perjuicio de las demás declaraciones y medidas para reestablecer el imperio del derecho que se estimen pertinentes, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Copia de contrato de arrendamiento de su representada sobre el local fiscalizado.

2. Copia del informe sanitario, emitido por la recurrida de fecha 16 de septiembre de 2020, acredita el estado de reciente construcción del local.

3. Copia de patente municipal de su representada y recurrente.

4. Copia del Rol Único Tributario de mi representada y recurrente.

5. Copia del Acta de fiscalización N° 72165 de marzo de 2021.

6. Copia de resolución administrativa Nº 21097887 de fecha 21 de septiembre 2021.

7. Copia de (5) permisos colectivos otorgados por Carabineros de Chile.

8. Copia de fotos del local nuevo (7) y de la pantalla del correo (3) en que se recibió la notificación desde servidor chino.

Que a folio 6 informando por la recurrida compareció nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Araucanía (S), solicitando el rechazo de la acción y en subsidio que no se le condene en costas.

Indica que con fecha 24 de marzo de 2021, la SEREMI de Salud, realiza fiscalización en contexto de pandemia por Covid-19 a la recurrente, constatando mediante Acta de Inspección de N° 72165 de la misma fecha, lo siguiente: “Al momento de la fiscalización el local se encuentra formalizado abierto y funcionando con público en su interior, se constata que: 1) los trabajadores (4) del establecimiento no cuentan con sus permisos de desplazamiento debidamente emitido por su empleador fiscalizado. 2) al momento de la visita el local se encuentra sucio, con presencia de material orgánico en diferentes superficies, no logra acreditar limpieza y desinfección al menos una vez al día. De todos los espacios incluido baños y elementos expuestos al flujo de clientes y trabajadores del local. Por lo tanto se encuentra en incumplimiento de la resolución exenta 43 del año 2021 del minsal. Al momento de la fiscalización me encuentro en compañía del funcionario nombre reservado”. Dicha acta, fue entregada en el acto a la sumariada, dando origen al sumario sanitario EXP21093727, en sede administrativa. En dicha oportunidad, se ofrecieron los descargos respectivos, adjuntando evidencias de mejora, luego de lo cual y de haber sido ponderados, se resolvió aplicar multa de 70 UTM, mediante Resolución Exenta Nº 21097887 de fecha 21/09/2021, la cual señaló en lo pertinente, lo siguiente: “Que, Don (a) importadora y exportadora Bo-Da limitada con fecha 07-04-2021 formuló sus descargos señalando lo siguiente: Indica en sus descargos que respecto a la limpieza del lugar, este es amplio, por lo que no es posible mantenerlo limpio. En cuanto a acreditar limpieza y desinfección del local al menos una vez al día, señala que hay alcohol gel y los trabajadores usan guantes de látex. Adjunta Permiso Único Colectivo vigente desde 05 al 09 de Abril del año 2021 en que aparecen 4 trabajadores y el representante legal y fotografías de baño con materia inorgánica en la superficie.

Que, los descargos formulados por el infractor no desvirtúan ni atenúan su responsabilidad, toda vez que no es justificación suficiente el que el espacio sea amplio, debiendo tener aún más cuidado en su limpieza y desinfección, debiendo desinfectar y llevar registro de limpieza de local, la que debe realizarse mínimo una vez al día, con la finalidad de proteger a sus trabajadores y clientes, confundiendo el sumariado el otorgar alcohol gel con normas de limpieza de local. Además, no se adjuntan permisos únicos colectivos de trabajadores de fecha de fiscalización, sino que se adjunta el permiso vigente desde los días 5 a 9 de Abril del año 2021, no subsanándose la falta de permiso. Se adjuntan fotografías del baño del local, el cual se muestra sucio y con materia en el suelo.

Que estos hechos importan infracción a lo dispuesto en Resolución Exenta N° 77 de fecha 28 de enero de 2021, protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID 19, Decreto 594 artículo 3, articulo 11, artículo 22 y demás que resulte pertinentes y Resolución exenta N° 43 del 14 de Enero del año 2021 capitulo VII sobre medidas de limpieza y desinfección y capítulo II sobre medidas en cuarentena que resulten pertinentes.”

Agrega que la resolución antes mencionada, fue notificada vía correo electrónico con fecha 21 de septiembre de 2021 a las 16:02 horas según de notificación que rola en expediente digital, notificación practicada de dicha forma porque así lo permite el Oficio de Contraloría General de la República Nº 3610 del 17/03/2020 y porque además así fue solicitado expresamente al momento de realizarse la inspección, quedando constancia de ello en el acta misma y donde se indica “Solicita expresamente que las notificaciones se realicen al siguiente correo electrónico: correo reservado”, correo al cual efectivamente se envió la resolución en comento.

Refiere que notificada la resolución en cuestión, la recurrente no presentó recurso alguno de aquellos que le confiere la ley y que le fueron debidamente informados en la misma, quedando firme y ejecutoriada ésta en sede administrativa.

Postula que se intenta, erróneamente por la vía de protección, impugnar una resolución emanada válidamente de parte de esta Autoridad Sanitaria, no se precisa de manera clara, cuál sería la acción u omisión arbitraria e ilegal que perturba sus garantías constitucionales, puesto que no existe en el proceso administrativo llevado a cabo por la Autoridad Sanitaria, vicio alguno o irregularidad que amerite proceder de protección, se realizó una fiscalización constatando un incumplimiento, se ha levantado acta y entregada a la sumariada, se han recibido y ponderado sus descargos y se ha resuelto con multa, todo ello conforme lo prescribe el Libro X del Código Sanitario.

Sostiene que resulta evidente que la recurrente pretende eludir su responsabilidad como infractor de la normativa sanitaria, toda vez que lo constatado en acta de inspección significaba riesgo para la salud de sus propios trabajadores, razón de lo cual se aplicó la multa en cuestión, resultando ser reincidente pues su establecimiento ya había sido sancionado anteriormente por cometer infracciones sanitarias, según resolución Nº 2109467 de fecha 27 de marzo de 2021, se aplicó multa de 5 UTM. Dicho proceso se encuentra culminado y notificado igualmente vía correo electrónico, sin que existieran en dicha instancia, reparos al respecto al procedimiento por parte de la recurrente.

Sostiene que no existe en el proceso administrativo llevado a cabo por esta Autoridad Sanitaria, vicio alguno o irregularidad que amerite proceder de protección ante esta Corte, toda vez que amparado en la normativa sanitaria vigente en relación a la contingencia Covid, se realizó una fiscalización constatando un incumplimiento, se ha levantado acta y entregada a la sumariada, se han recibido y ponderado sus descargos y se ha multado, notificando debidamente la resolución, e informando los plazos y recursos que proceden.

Concluye que la actuación de esta Autoridad Sanitaria Regional, se trató de un procedimiento de fiscalización en cumplimiento de las facultades y competencias de que goza esta Autoridad Sanitaria Regional, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se solicita se rechace el recurso de protección impetrado.

Finalmente en caso de acogerlo, pide no se condene en costas a su parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.

Se acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1. Acta de fiscalización 72165 del 24.03.2021 2. Resolución Exenta Nº 21097887 del 21.09.2021 3. Comprobante de notificación de Resolución Exenta Nº 21097887 4. Resolución Exenta Nº 2109467 del 27.03.2021 5. Comprobante de notificación de Resolución Exenta Nº 2109467 del 27.03.2021 Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

Tercero: Que, el hecho calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, lo hace consistir en la decisión de la recurrida de aplicarle una sanción disciplinaria mediante la Resolución N° 21097887 de fecha 21 de septiembre de 2021, que se adoptó en una investigación sumaria que reprocha haber infringido lo dispuesto en Resolución Exenta N° 77 de fecha 28 de enero de 2021, protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID 19, Decreto 594 artículo 3, articulo 11, artículo 22 y demás que resulte pertinentes y Resolución exenta N° 43 del 14 de Enero del año 2021 capitulo VII sobre medidas de limpieza y desinfección y capítulo II sobre medidas en cuarentena que resulten pertinentes.

Dichas circunstancias, entiende afectarían las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°3, atendido que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. A su juicio del artículo 9 del Código Sanitario, no aparecen facultades de orden judicial. Postula que el proceso regulado por el Código Sanitario limita el plazo de acceso a reclamar del acto en la justicia ordinaria a 5 días (art. 171), aun cuando la Ley N° 19.880 establece el plazo de 2 años (art. 53), pero en el entendido que existen normas mínimas de bilateralidad de la audiencia, que, en el caso de su representado ciudadano chino, no se siguieron, claro por temas de pandemia, vulnerando su derecho a un justo y racional proceso.

Que además, la recurrida habría procedido a notificar la citada resolución a nombre reservado, trabajadora del local, a un correo electrónico el día 21 de septiembre del 2021. Agregó que dicha persona no habla español y que le habría llegado el e-mail a su bandeja de spam, no habiendo sido muy bien asesorada por un contador, lo que le impidió ejercer los derechos que corresponden a favor de la empresa. Precisa al efecto que existen defectos en la notificación, máxime si los plazos para recurrir de la resolución son tan acotados.

Postula que de este modo esta notificación invalida el proceso, es una actuación ilegal, pero el conjunto de actuaciones reviste arbitrariedad intrínseca, en la medida que no acreditan la existencia de suciedad y los permisos estaban otorgados.

Cuarto: Que, la parte recurrida, solicita el rechazo del recurso, aludiendo el actuar de su representada no puede estimarse ilegal, ya que se funda precisamente en disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actuar; ni tampoco arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho, sino que por el contrario se basa en un procedimiento previo en que se investigó la conducta de la recurrente. En este orden, alega que los cargos formulados a la recurrente reúnen los presupuestos exigidos por las normas, ya que en ellos se describe pormenorizadamente la conducta y las obligaciones sanitarias transgredidas, así como la normativa vulnerada. Además, es del caso advertir que aparece de forma manifiesta el cabal conocimiento que la afectada tuvo de las infracciones que se le atribuyeron, mediante acta de fiscalización que da cuenta del procedimiento administrativo incoado en contra del reclamante que, permite concluir que aun cuando la práctica de la notificación de las resoluciones libradas en el proceso no se realizó por carta certificada o a través de funcionario del Servicio o Carabinero conforme lo disponen los artículos 46 de la Ley 19.880 y 165 del Código Sanitario, respectivamente, sino por correo electrónico, lo cierto es que dicha forma especial de notificación en tiempos de pandemia, fue proporcionada por el propio infractor al funcionario fiscalizador según consta de copia del acta de fiscalización N° 72165 de marzo de 2021, así como fue reconocido por la recurrente, que dicho correo electrónico fue recibido por doña nombre reservado, todo lo cual quedó debidamente certificado en el procedimiento.

Que por lo demás, agrega que la resolución antes mencionada, fue notificada vía correo electrónico con fecha 21 de septiembre de 2021 a las 16:02 horas según de notificación que rola en expediente digital, notificación practicada de dicha forma porque así lo permite el Oficio de Contraloría General de la República Nº 3610 del 17/03/2020 y porque además así fue solicitado expresamente al momento de realizarse la inspección, quedando constancia de ello en el acta misma y donde se indica “Solicita expresamente que las notificaciones se realicen al siguiente correo electrónico: correo reservado”, correo al cual efectivamente se envió la resolución en comento.

Quinto: Que cabe destacar que al respecto la Contraloría General de la República, en uso de sus atribuciones, oficializó el Dictamen N° 3610, de 17 de marzo de 2020, en el que se adoptaron las siguientes medidas “(…) que actualmente la ley N° 19.880 permite, en su artículo 5° que el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresen por medios electrónicos, y que, a contar de la vigencia de la ley N° 21.180 -diferida en los términos que establece su artículo segundo transitorio-, esa vía constituirá la regla general en la materia” . A renglón seguido, el Ente Contralor sostiene ‘‘Ahora bien, frente a la contingencia que enfrenta el país, resulta procedente la adopción de medidas administrativas para permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y la atención de usuarios por medios electrónicos, sin necesidad de esperar la entrada en vigencia del referido cuerpo legal” (sic). Finalmente, el pronunciamiento enfatiza que las medidas que se tomen a su amparo, se deben adoptar “(...) teniendo en espacial consideración la necesidad de resguardar la salud de los servidores públicos y de la población, evitando la propagación de la pandemia, así como el deber de no interrumpir las funciones indispensables para el bienestar de la comunidad, que constituyen la razón de ser del servicio público”

Por ello, a fin de darle curso progresivo a los procedimientos administrativos que le cabe sustanciar en ejercicio de la función pública, el Fondo Nacional de Salud comenzó a notificar las resoluciones dictadas en sus procedimientos mediante el envío de la documentación respectiva vía correo electrónico; medio de comunicación que, en todo caso, fue proporcionado por los propios administrados.

Sexto: Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, se colige que la actora convalidó durante toda la secuela del procedimiento, la forma de notificación electrónica, esto es, a través de una dirección de correo electrónico (correo reservado) proporcionada por la propia recurrente en su primera actuación en el propio acto de inspección que efectuó la Seremi en dependencias de la recurrente y de lo que se dejó constancia en el acta que le fue notificada en ese acto. Del mismo modo, en el caso del acto terminal, se le indica expresamente cuál es el recurso que resultaba procedente para impugnar la resolución, como también la autoridad ante la que debía dirigirse, además de la forma y el plazo para hacer efectiva la impugnación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4 de la Ley N° 19.880.

Por lo anteriormente expuesto, no se vislumbra una falta de conocimiento de las comunicaciones, como tampoco se observa un desconocimiento de su contenido por parte de la recurrente, por lo que su alegación de supuesta indefensión al recibir el correo electrónico que notificaba la resolución terminal a una ciudadana de origen chino que no hablaba el idioma español y que no correspondería al correo de la recurrente o que se habría ido a otra bandeja del correo denominada “spam”, no resulta atendible como una vulneración a sus derechos lo que, por lo pronto, resulta ser un hecho controvertido.

Séptimo: Que en cuanto al fondo de lo expuesto y del mérito del sumario administrativo incoado, es posible advertir que en el contexto de la fiscalización que realizó la Seremi, la recurrente no pudo exhibir los permisos de desplazamiento respecto de 4 trabajadores que le permitieran efectuar el traslado hacia su lugar de trabajo, así como se constató que al momento de la fiscalización el local se encontraba sucio, lo que motivó que se sustanciara un sumario sanitario en su contra, oportunidad en que se dio la posibilidad para que efectuara los descargos de rigor acompañando diversa documentación, que en concepto de la autoridad fue insuficiente para demostrar que el viaje realizado se ajustara a la normativa vigente.

En el escenario descrito, no se advierte una conducta arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, pues se trata en definitiva de la dictación de una sanción en el marco de un sumario sanitario tramitado conforme a derecho y en el cual la apreciación de los antecedentes se realizó dentro del ámbito de las facultades de la autoridad sanitaria por lo que no es posible adoptar una medida de cautela en favor de la recurrente, al descartarse, según se dijo, un comportamiento arbitrario o ilegal, pues la autoridad estimó insuficientes los descargos planteados.

Octavo: Que, de acuerdo con la naturaleza y claro objetivo de la acción interpuesta, de emergencia y cautelar de derechos preexistentes e indubitados, lo solicitado por la actora en su libelo excede su marco, toda vez al impugnar la referida resolución sancionatoria y la tramitación del procedimiento sumarial previo en el que se sustenta, se pretende obtener un nuevo análisis de la prueba rendida en la que se sustentó la formulación de los cargos en un procedimiento administrativo afinado, y una nueva ponderación de la sanción aplicable como si se tratara de un recurso de apelación, en circunstancias que estos son asuntos que son propios de pronunciamientos de fondo que se encuentran fuera de la competencia de esta Corte a través de esta acción, teniendo en cuenta que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, tal como lo ha indicado la Excma. Corte Suprema, en los autos rol 10.203-2010.

Noveno: Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, cabe consignar -en relación a las garantía que se cita como vulnerada, que la del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sólo resulta protegida por la acción constitucional que consagra el artículo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso cuarto, si bien invocado, no se configura, toda vez que conforme antes se expuso la autoridad que aplicó la medida era aquella contemplada por la normativa pertinente.

Décimo: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por Importadora y exportadora Bo Da Ltda, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-9152-2021 (pvb).