nombre reservado con SOCIEDAD GERMANA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BENEFICENCIA LAGO VILLARRICA

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de marzo de dos mil veinticinco.

Al folio 29: Previo a proveer, aclárese el tipo de certificación solicitada y resolución respecto de la cual se requiere la misma.

VISTO:

A folio N°1, comparece nombre reservado, nombre reservado, y JUAN nombre reservado LÓPEZ MATAMALA, abogados, en representación de doña nombre reservado, y de su hija menor de edad, nombre reservado, quienes interponen acción de protección en contra de la SOCIEDAD GERMANA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BENEFICIO LAGO VILLARRICA, representada legalmente por doña nombre reservado.

I.- LOS HECHOS 1.- La Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, es sostenedora del Colegio Alemán de Villarrica, institución a la cual asiste, desde el año 2012, la menor nombre reservado, quien durante el año 2024 cursó segundo año de enseñanza media.

Hasta el año 2021, de acuerdo con el tenor de los contratos de prestación de servicios educacionales, el sostenedor económico fue su padre don nombre reservado (quien falleció el 14 de diciembre de ese año); en tanto que la calidad de apoderada la tenía su madre, doña nombre reservado.

2.- Doña nombre reservado y don nombre reservado (Q.E.P.D), desde el ingreso de su hija al colegio, dieron cumplimiento cabal, íntegro y oportuno a las obligaciones asumidas en el contrato de Prestación de Servicios Educacionales suscrito con la recurrida.

En efecto, don nombre reservado (Q.E.P.D), como sostenedor económico de su hija, se encargó de pagar durante casi 10 años, sin retraso, las matrículas, colegiaturas y cualquier otro tipo de cobro que se le hiciese por la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica con respecto a nombre reservado.

3.- En estos contratos suscritos con la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, como se acostumbra en este tipo de instrumentos, se incluye por el valor de la matrícula, el pago de la prima de un seguro colectivo de escolaridad y de accidentes personales, contratado por el colegio en beneficio del estudiante matriculado, es decir, en este caso, en beneficio de nombre reservado.

En dicho contrato de seguro, la persona del asegurado era el sostenedor económico de la alumna, es decir, en este caso, don nombre reservado (Q.E.P.D). Así se señala de la póliza de seguros N° COL-20803-0, donde se estipula que se consideran asegurados “las personas naturales, definidas como Sostenedor Económico, informados como tales en la nómina de incorporación(...)”.

Este seguro incluía en caso de fallecimiento del sostenedor, entre otros beneficios para la alumna, el pago de la colegiatura anual hasta su último año de estudios y el pago de la educación superior por un periodo máximo de 6 años, con un tope de edad límite de 28 años y con un capital tope asegurado anual de 130 Unidades de Fomento.

4.- Con fecha 14 de diciembre de 2021 don nombre reservado (Q.E.P.D) falleció de forma totalmente inesperada al sufrir un Paro Cardiorrespiratorio.

En estas aciagas circunstancias, doña nombre reservado, en representación legal de su hija nombre reservado, tuvo que activar el referido seguro.

Ella hizo personalmente el denuncio del siniestro ante la Compañía de Seguros Bice Vida a principios de enero del año 2022 y luego, con fecha 20 de enero del mismo año, remitió por vía correo electrónico todos los antecedentes necesarios para su liquidación. 5.- Sin embargo, la cobertura del referido seguro le fue negada, debido a un grave error cometido por la recurrida al confeccionar y enviar la nómina de personas aseguradas al Corredor de Seguros.

En efecto, en el informe final de liquidación del siniestro, de fecha 14 de febrero de 2022, se resolvió que:

“En atención al denuncio de siniestro detallado en la referencia, informamos que no corresponde otorgar la cobertura prevista por las siguientes razones:

Según nuestros registros, el señor nombre reservado, no se encontraba asegurado como Sostenedor Económico en la póliza de Escolaridad N° 20803 correspondiente al Colegio de Educación Cultura y Beneficio Lago Villarrica, dado que no viene informado como tal en la nómina enviada por el Colegio(...)”.

6.- Tras diversas averiguaciones nuestra representada pudo constatar que, efectivamente, tal como se lo había informado la compañía de seguros, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, confeccionó erróneamente la nómina de “sostenedores económicos” que se envió a la Compañía de Seguros, incluyendo en ella a doña nombre reservado, como sostenedora económica de nombre reservado, en circunstancias que quien ostentaba dicha calidad era don nombre reservado (Q.E.P.D).

Esta nómina, con el señalado error, fue enviada por el colegio al corredor de seguros, quien posteriormente la remitió a la Compañía Aseguradora con la misma información, esto es, adoleciendo de dicho error.

7.- No existen dudas sobre el origen del error en la confección de dicha nómina. Esta fue enviada por el departamento de contabilidad del Colegio Alemán de Villarrica al Corredor de Seguros, con copia a la Compañía Aseguradora, según consta en el siguiente correo:

8.- Fue exclusivamente esta circunstancia, en la que por cierto ninguna participación tuvo ni pudieron tener ni nombre reservado, ni nombre reservado, ni mucho menos, la menor nombre reservado; la que motivó el rechazo por parte de la Compañía de Seguros a otorgar la cobertura del seguro en favor de nombre reservado.

9.- Con el rechazo de la cobertura del seguro doña nombre reservado se vería forzada a solventar los elevados gastos de la educación de su hija, incluida la educación superior.

10.- Doña nombre reservado representó esta situación a la recurrida, solicitándole gestionar con la compañía de seguros el otorgamiento de la cobertura contratada o bien, asumir su responsabilidad y, derechamente, proporcionar las mismas prestaciones que corresponderían como si el seguro estuviera operando. Ante ello, la recurrida se comprometió inicialmente a intentar revertir la decisión de la Compañía de Seguros. Además, se le aseguró por el gerente de la Sociedad Germana de Educación Cultura y Beneficio Lago Villarrica, don nombre reservado, que, en ningún caso, se le cobrarían las colegiaturas y matrículas que se devengaran en lo sucesivo a la alumna.

11.- La recurrida intentó persuadir a la Compañía de Seguros para que accedieran a otorgar la cobertura del seguro, sin embargo, la respuesta mantuvo su negativa: no podía operar el contrato de seguro respecto de una persona diferente a quien -según sus registros- era el asegurado.

12.- Con posterioridad a este rechazo, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, intentó, a través de un recurso de protección, compeler a la aseguradora a cubrir el siniestro. Sin embargo, esta Iltma. Corte no acogió el recurso, al estimar que el actuar de la Compañía de Seguros no fue ilegal ni arbitrario, por cuanto el error en la confección de dichas nóminas, no fue ocasionado por aquella (Autos caratulados “Sociedad Germana De Educación, Cultura y Beneficencia Lago Villarrica con Bice Vida Compañía De Seguros”, rol N°459-2023, de esta Iltma. Corte).

Cabe señalar que, en dicho recurso, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, reconoce expresamente que la calidad de “sostenedor económico” correspondía a don nombre reservado. Al respecto, señala:

“Dentro de los apoderados asegurados, teníamos a don nombre reservado, Q.E.P.D, quien falleció el día 14 de diciembre del 2021 mientras se encontraba internado en la Clínica Alemana de Temuco. El Sr. nombre reservado es quien se encuentra informado como sostenedor económico en el contrato de escolaridad del año 2021. El año 2021, producto de la pandemia COVID-19, todo el proceso de matrículas se realizó de forma digital. De hecho, todos los cobros realizados por el colegio constan a nombre del titular don nombre reservado.”

13.- Desde diciembre de 2021, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, no realizó cobros a doña nombre reservado, ni matrículas, ni mensualidades. El único pago que ha realizado nuestra representada corresponde a la prima contratos de seguros colectivos suscritos en beneficio de su hija nombre reservado. Cabe mencionar que, concordante a la exención de pago de matrículas acordado, el referido seguro se le cobraba aparte, ya que aquel se encontraba incluido en el pago de la matrícula, pago que ella no realizaba.

14.- En diciembre de 2023, doña nombre reservado se reunió con don nombre reservado, gerente de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, para intentar regularizar la situación de su hija nombre reservado, toda vez que, pese a no hacerle ningún cobro y permitiendo que estudiase y se matriculase año a año sin efectuar pago alguno, según se había acordado; a doña nombre reservado continuaban facturándole los “pagos pendientes” por las matrículas y colegiaturas pasadas, situación que evidentemente le resultaba inquietante y esperaba que se regularice de manera formal. En dicha reunión, se le comunicó, a través de dicho gerente, que tal regularización se realizaría en marzo de 2024, por lo cual no debía preocuparse.

Además, quedaba pendiente un pronunciamiento formal acerca del requerimiento efectuado por doña nombre reservado a la recurrida acerca de las demás prestaciones del seguro que no operó por su error, esto es, la cobertura por estudios en educación superior en los términos ya señalados (hasta 6 años, con tope anual de UF130).

15.- No obstante, lo anterior, nunca hubo dicha comunicación a doña nombre reservado, por lo que fue ella quien, nuevamente, debió instar a una reunión.

Con fecha 17 de junio de 2024, la recurrente escribió por correo electrónico al gerente de dicha institución lo siguiente:

“Escribo para solicitar una hora de atención para regularizar el proceso de matrícula año 2024.

En nuestra reunión en el mes de diciembre de 2023, quedó en enviarme por correo electrónico el documento de matrícula para mi Firma, lo que aún no ha ocurrido.

Me preocupa la situación irregular que mantiene aún Francisca a estas alturas del año(…)”.

16.- La reunión antedicha, no se concretó sino hasta el 25 de noviembre de 2024, donde, arbitraria e ilegalmente, se le comunica a doña nombre reservado, a una semana del proceso de matrícula para el año 2025, que, para matricular a la menor nombre reservado, debía pagar todas las matrículas y colegiaturas pendientes desde diciembre de 2021 a la actualidad, rebajadas en un 50%, de lo contrario, no se admitiría que se matriculase a su hija para el año escolar 2025. Se le informa, además, que desde 2025 se otorgará un 50% de descuento en las colegiaturas de la alumna hasta cuarto año de enseñanza media.

17.- Es decir, ahora, sorpresivamente, después de casi 3 años de mantención y ejecución del compromiso asumido con doña nombre reservado de -al menos- no hacerle cobro alguno por la permanencia de su hija en el establecimiento, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica le exige que pague la mitad de las mensualidades y matriculas anteriores, y condiciona la matrícula de la menor nombre reservado -quien ha estudiado toda su vida escolar en dicha institución- al pago de aquellos injustificados cobros.

Al efecto, se expresa en el acta de la reunión:

“Que, mediante la presente acta, nombre reservado A. nombre reservado M, Gerente de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficencia Lago Villarrica, procede a notificar a doña nombre reservado, sobre la decisión del Directorio con respecto a la situación de la alumna de ll año medio, nombre reservado, RUT: RUT reservado, en los siguientes términos, a saber: Se otorgará un 50% de descuento en las colegiaturas de la alumna nombre reservado hasta IV año medio en nuestro establecimiento, con el propósito de regularizar la deuda pendiente desde el mes de noviembre de 2021.

En el mismo sentido, se le da a conocer que a partir del periodo de matrículas año 2025 no se aceptará únicamente el pago de los seguros.”

18.- Doña nombre reservado, fue citada para el 2 de diciembre de 2024 para matricular a la alumna. Aquella acudió, de igual forma, a intentar matricular a su hija nombre reservado. Sin embargo, concordante a lo informado en la reunión del 25 de noviembre, se le negó la matrícula de la menor. Se le informó que le enviarían -lo antes posible- el detalle del pago que debía realizar y que, solo una vez efectuado tal pago, permitirían que la menor nombre reservado se matriculase, de lo contrario, su cupo quedaría liberado. Apartando, arbitrariamente, a la menor nombre reservado, en pleno proceso formativo, del grupo humano en el que se encontraba inserta desde que tenía 4 años de edad (hoy tiene 16 años).

19.- Posteriormente, se le envío a doña nombre reservado el detalle del ilegitimo cobro, indicándole que debía pagar un total de $7.912.000 para matricular a su hija y, además, que tenía plazo para realizar el pago hasta el 20 de febrero de 2025.

20.- Así las cosas, la recurrida, tras cometer un inexplicable e injustificable error, que privó a nombre reservado y a nombre reservado de la cobertura de un seguro que había contratado y pagado su pareja y padre respectivamente; se comprometió, al menos, a no realizar cobros de colegiatura y matrícula para la educación de la menor.

21.- La conducta de la recurrida es de evidente mala fe, pues se verifica a solo una semana del proceso de matrícula necesario para cursar el próximo año académico. En circunstancias que la ausencia de cobros se ha mantenido inalterada por 3 años y desde hace 1 año que se le había solicitado una respuesta formal a la recurrida, que ésta se había comprometido a entregarla en marzo de 2024 y que, ante la ausencia de respuesta, se le reiteró la referida solicitud hace más de cinco meses.

Se trata, además, de una conducta que desconoce los actos propios de la recurrida. En efecto, ante el requerimiento de otorgar la cobertura del seguro que no operó por su propia negligencia, siempre se le señaló a doña nombre reservado que, al menos, no se le realizarían cobros por colegiatura ni matrícula. Si bien ello nunca se materializó en un acuerdo escrito, es evidente la existencia y el otorgamiento de estas prestaciones mínimas, atendido la conducta de la recurrida en orden a no realizar ningún cobro de escolaridad durante fines de 2021, todo el año 2022, todo el año 2023 y prácticamente todo el año 2024.

La conducta de la recurrida es, por otro lado, inexplicable e injustificadamente tardía. En efecto, tal como se ha relatado, nombre reservado solicitó en reiteradas oportunidades una respuesta formal acerca de la manera en que la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, asumiría su responsabilidad por el error cometido por ella y que dejó a la alumna nombre reservado sin la cobertura del seguro que había contratado y pagado su padre y sostenedor económico.

Todo esto ha devenido en que, a través de una conducta al cabo caprichosa de la recurrida, la menor nombre reservado se vea, al día de hoy, absolutamente impedida de matricularse en el Colegio Alemán de Villarrica, debido a que su sostenedor, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, le exige a su madre, nombre reservado, realizar el pago retroactivo de una deuda que no corresponde.

II.- EL DERECHO.- 1.- El principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans establece que nadie puede beneficiarse de su propio error, dolo o negligencia. Este principio, de origen romano, se encuentra implícito en el sistema jurídico chileno como parte de los principios generales que informan nuestro derecho y es ampliamente reconocido por la doctrina y jurisprudencia nacional. Aquel, además, esta explícitamente reconocido en el artículo 1683 del Código Civil.

En el caso de marras, es claro que se intenta por parte de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, aprovecharse de su propia negligencia. El error en la confección de la nómina de sostenedores económicos -la equivocación en la simple transcripción del nombre del sostenedor económico- es un hecho imputable exclusivamente a la recurrida. Este acto negligente, en definitiva, privó a la menor nombre reservado de la cobertura del seguro contratado en su beneficio, exponiéndola a una situación de vulnerabilidad económica y psicológica frente a la pérdida de su sostenedor económico.

Que la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica pretenda ahora beneficiarse de su evidente descuido, exigiendo el pago de matrículas y colegiaturas que, de no mediar su error, habrían estado completamente cubiertas por el seguro colectivo, resulta absolutamente ilegal y arbitrario. Este intento de trasladar las consecuencias de su propia negligencia a doña nombre reservado es un acto que viola directamente este principio general de nuestro ordenamiento, pues busca sacar provecho de una situación causada por su propia falta de diligencia.

Es importante precisar que la intervención del Corredor de Seguros en la contratación del seguro es completamente irrelevante para las recurrentes, toda vez que la persona que suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales es, sin duda alguna, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica. En consecuencia, ella era la encargada de velar de la correcta identificación y registro de los beneficiarios del seguro contratado de forma diligente, cumpliendo con los estándares mínimos de cuidado exigibles a una institución educativa que administra recursos y gestiona contratos en beneficio de menores de edad.

2.- La negligencia evidenciada en este caso no solo constituye una transgresión al principio antes mencionado, sino que también atenta contra el deber mínimo de protección y cuidado que pesa sobre la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica como institución que presta un servicio público esencial: la educación. Este deber, ampliamente reconocido, impone a las instituciones educativas la obligación de actuar con una especial diligencia en todos los aspectos relacionados con la seguridad y el bienestar de sus alumnos y sus familias. Y, de haber faltado a este cuidado, procurar el restablecimiento del imperio del derecho, reparando las consecuencias perniciosas de su actuar negligente.

El intento de la recurrida de desvincularse de las consecuencias de su propia falta de diligencia, contradice y transgrede el deber de cuidado o estándar mínimo que exige la ley a toda persona que actúa en el tráfico jurídico; intentando trasgredir otro principio general del derecho cual es el “alterum non laedere”, esto es, el deber de no dañar a otros y, en caso de hacerlo, responder de los perjuicios causados.

Este tipo de conductas no sólo erosionan la confianza necesaria para el desarrollo armónico de las relaciones jurídicas, sino que también comprometen la función social del derecho, al permitir que se perpetúen situaciones de desigualdad e injusticia en beneficio de quienes descuidadamente causan perjuicio con su actuar.

3.- Por otro lado, y ligado a lo mencionado anteriormente, es relevante mencionar el principio de buena fe, consagrado en el artículo 1546 del Código Civil. Este principio impone un estándar de honestidad, lealtad y diligencia que debe regir todas las relaciones jurídicas, no solo en el cumplimiento de las obligaciones expresas, sino también en las conductas derivadas de dichas relaciones. En el caso de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, se evidencia una vulneración flagrante de este principio, al cobrarle a doña nombre reservado las colegiaturas y matriculas anteriores, en circunstancias que ella nada debe, ya que como se relató pormenorizadamente, de no haberse enviado la nómina incorrectamente por la recurrida, todos los gastos de su educación estarían cubiertos, inclusive la universitaria. Lo anterior, empeora drásticamente al condicionar la matrícula de la menor nombre reservado al pago de aquel indebido cobro. Además, transgrede lo acordado con doña nombre reservado, referente a, al menos, no efectuarle cobro alguno por concepto de colegiaturas (mensualidades y matrículas).

Al intentar trasladar las consecuencias de su propio error a la familia afectada, la recurrida actúa en abierta contradicción con los estándares de rectitud y lealtad que impone la buena fe, incurriendo en un abuso de derecho y agravando el claro perjuicio causado. Esta actitud omisiva se agrava aún más al no adoptar medidas para mitigar el daño derivado de su conducta negligente, ignorando así las obligaciones implícitas de corrección y reparación que emanan de este principio.

Cabe agregar que, en un contexto como el presente, en el que la relación jurídica involucra a menores y sus familias, la buena fe adquiere un carácter reforzado, imponiendo a la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica una mayor responsabilidad para garantizar el bienestar de los afectados. Su conducta, sin embargo, demuestra un grave incumplimiento de este transversal deber, comprometiendo la confianza en el sistema jurídico y alterando una situación jurídica indubitada.

4.- El actuar de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, además, contradice abiertamente sus actos propios anteriores, los cuales crearon una situación indubitada y sostenible en el tiempo.

En efecto:

1. La Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, reconoce el grave error cometido, comprometiéndose a hacer todo lo posible para obtener la cobertura del seguro. Además, se compromete a, al menos, no realizar ningún cobro de matrículas ni colegiaturas por la mantención de la alumna nombre reservado en el Colegio Alemán de Villarrica.

2. Se permite que la recurrente, doña nombre reservado, pague únicamente la prima del seguro colectivo a principio de cada año escolar, sin jamás hacerle algún tipo de reproche.

3. Al no acogerse el recurso de protección mencionado con anterioridad2 -sentencia confirmada por la Corte Suprema con fecha 24 de octubre de 20233-, continúa cumpliendo su compromiso de no realizar ningún tipo de cobro a doña nombre reservado, quien mantenía sin dificultad ni objeción alguna a su hija en el establecimiento educacional.

4. Se mantiene y ejecuta el compromiso ininterrumpidamente por aproximadamente 3 años, desde diciembre de 2021.

5. Existen comunicaciones múltiples por correo y presenciales entre el gerente de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica y doña nombre reservado, donde no existe constancia de cobro o reclamo alguno a la recurrente por no realizar los pagos de las matrículas y colegiaturas.

No obstante, esta reveladora e indubitada conducta, y contradiciéndola, con fecha 25 de noviembre de 2024 -una semana antes de iniciar el proceso de matrícula para el año 2025-, se le informa a doña nombre reservado, que para matricular en el establecimiento educacional a su hija debe pagar todas las colegiaturas y matriculas pasadas, desde diciembre de 2021 hasta la actualidad, con descuento.

Amenaza que, arbitrariamente, se concreta al negarle la matrícula de la menor nombre reservado, con fecha 2 de diciembre de 2024.

Revelador es el descuento del 50% ofrecido por la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, y que da cuenta de la consciencia de la recurrida de la perjudicial situación ocasionada a las recurrentes.

La exigencia retroactiva de pagos contradice abiertamente la conducta mantenida por la recurrida durante casi tres años, la cual para doña nombre reservado y para nombre reservado constituía el statu quo estable y permanente. Asimismo, este cambio de postura, materializado de manera tan tardía como intempestiva y cercana al inicio del proceso de matrícula, pone a la madre y a la menor, en una situación de evidente angustia y presión, al compelerla, en un acotado espacio de tiempo, al cumplimiento de obligaciones improcedentes y que la propia recurrida había optado por no exigir.

El descuento ofrecido, lejos de subsanar su antojadizo actuar, agrava la contradicción, pues evidencia que la recurrida pretende ahora modificar de manera unilateral las condiciones bajo las cuales permitió la relación educativa durante años, en perjuicio de doña nombre reservado y su hija nombre reservado. Tal conducta no solo vulnera la teoría de los actos propios, sino que también configura un ejercicio abusivo de sus derechos, que afecta la confianza legítima generada en la madre recurrente y al bienestar de la menor.

En este contexto, la actuación de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica resulta jurídica y éticamente reprochable, toda vez que intenta beneficiarse de su propia negligencia y alterar un estado de cosas que había sido consolidado a través de sus propios actos. Este proceder debe ser rechazado, ya que permitirlo equivaldría a legitimar una transgresión a los principios fundamentales que sustentan nuestro ordenamiento jurídico.

5.- El artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°2 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº20.370 (Ley General de Educación), establece que el sistema educativo chileno se fundamenta en los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, con especial énfasis en el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Este derecho, reconocido además en el artículo 19 Nº10 de la Constitución Política de la República y en Instrumentos Internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, impone a los establecimientos educacionales el deber de garantizar condiciones que permitan el acceso efectivo a la educación. La mencionada disposición señala:

“Art. 3º. El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza(…)”.

Por su parte, el artículo 4º de la referida ley agrega un mandato explícito respecto al carácter universal del derecho a la educación y la responsabilidad compartida entre los padres, el Estado y la comunidad educativa en su protección y desarrollo. Este artículo establece:

“Art. 4º. La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”

En el caso de la menor nombre reservado, la negativa a su matrícula basada en una exigencia arbitraria e ilegítima de una deuda determinada antojadiza y unilateralmente, vulnera directamente esta normativa. La conducta de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica genera un obstáculo desproporcionado e injustificado para el acceso a la educación de la menor, desconociendo tanto el contexto en que se originó la deuda como los compromisos previos asumidos por la propia institución.

El derecho a la educación no puede ser condicionado por exigencias económicas que carecen de sustento jurídico, más aún cuando estas derivan de un error imputable exclusivamente al establecimiento educacional. Este proceder no solo contraviene el marco normativo nacional e internacional, sino que también afecta gravemente el desarrollo integral y el bienestar de la menor, quien se ve enfrentada a una situación de incertidumbre y exclusión que vulnera sus derechos esenciales. La educación, como derecho universal y pilar fundamental del desarrollo humano, no puede verse afectada por actos arbitrarios que comprometan la continuidad formativa de los niños y niñas en Chile.

6.- El principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, y recogido en el artículo 5 de la Ley de Protección a la Infancia (Ley N.º 21.430), establece que en todas las decisiones que involucren a menores de edad debe prevalecer su bienestar y desarrollo integral por sobre cualquier otra consideración. Este principio obliga a los Estados, instituciones y particulares a adoptar medidas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente en contextos educativos. En efecto, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa: “Artículo 3:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (…)”.

En el caso concreto, la conducta de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica contraviene este principio al imponer barreras arbitrarias para la continuidad educativa de nombre reservado. La negativa a matricularla no solo interrumpe su proceso formativo, sino que también genera un impacto negativo en su estabilidad emocional, exponiéndola a una situación de vulnerabilidad e incertidumbre que resulta incompatible con el respeto a su interés superior.

La decisión de condicionar la matrícula de la menor al pago de una deuda inexistente y derivada de un error atribuible al propio establecimiento constituye una violación evidente de este principio. Además, la falta de acciones reparadoras por parte de la recurrida para subsanar el perjuicio causado demuestra un grave incumplimiento de las obligaciones jurídicas y éticas que le competen como institución educativa.

7.- En este entendimiento, no puede sino concluirse que doña nombre reservado y la menor nombre reservado han sido perturbadas y/o amenazadas de manera ilegal y arbitraria, en el legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales:

I. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

El artículo 19 Nº1 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Este derecho fundamental no solo protege la existencia misma, sino también el bienestar integral de las personas, garantizando que puedan desarrollar su vida en condiciones que resguarden su estabilidad física, mental y emocional.

En el caso de doña nombre reservado, la conducta de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica ha generado una perturbación directa en su integridad psíquica, al someterla a una situación de incertidumbre, presión y angustia extrema. La negativa arbitraria de matrícula para la menor, condicionada al pago de deudas derivadas de un error imputable exclusivamente al establecimiento, ha desestabilizado el bienestar emocional de una madre preocupada por la educación y por mantener las condiciones óptimas para su hija. Sin lugar a duda, la actitud de la recurrida que apareja una situación absolutamente injusta y reprochable le genera una frustración y malestar profundo a doña nombre reservado.

En cuanto a la menor, nombre reservado, la conducta de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica vulnera directamente su integridad psíquica. Como niña en edad escolar, nombre reservado depende de un entorno estable y seguro para su desarrollo emocional, social y académico. La negativa arbitraria a su matrícula, condicionada a la satisfacción de una exigencia económica ilegítima, ha generado un estado de incertidumbre y ansiedad que afecta gravemente su bienestar.

La menor ha sido expuesta a una situación en la que no solo peligra su continuidad educativa, sino también su sentimiento de pertenencia y estabilidad dentro del entorno escolar que ha sido parte fundamental de su desarrollo. La perturbación de su derecho a mantenerse en el establecimiento donde ha formado lazos sociales y emocionales profundos la enfrenta a una pérdida potencial que afecta su confianza, su seguridad emocional y su percepción del futuro.

Lo anterior, no solo compromete su bienestar inmediato, sino que también pueden tener repercusiones a largo plazo en su desarrollo psíquico, emocional y académico. La educación, como derecho habilitante, no solo le proporciona herramientas cognitivas, sino que también es esencial para su construcción identitaria y emocional. Negarle la continuidad educativa por razones arbitrarias atenta contra su derecho a un desarrollo psíquico integral y saludable.

II. La igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

El principio de igualdad ante la ley garantiza que todas las personas sean tratadas conforme al marco jurídico aplicable, sin distinciones arbitrarias ni tratos diferenciados que carezcan de justificación legal. Este principio no solo se refiere a la igualdad de trato formal frente a las normas, sino también a la obligación de las instituciones, públicas o privadas, de someter su actuar al marco legal vigente y no actuar fuera de este.

En el caso de marras, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica ha perturbado este derecho al imponer condiciones arbitrarias que no tienen sustento en la ley ni en reglamentos aplicables. Al exigir pagos acumulados derivados de una conducta culpable, atribuible a la propia institución, y al condicionar la matrícula de la menor a la satisfacción de dichas supuestas obligaciones, la recurrida ha tratado a las recurrentes fuera del marco jurídico, utilizando criterios ajenos a la legalidad para definir las condiciones de acceso a un establecimiento educacional.

Este actuar implica que la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica ha creado un régimen de excepción no previsto por el ordenamiento jurídico, aplicando a doña nombre reservado y a la menor nombre reservado condiciones y exigencias que no tienen fundamento normativo ni respaldo en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Tal comportamiento configura una vulneración directa al principio de igualdad, al tratar a las recurrentes de una manera que no solo es arbitraria, sino que las sitúa fuera de la protección de la ley.

Además, este trato "por fuera de la ley" se agrava al constatarse que la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica ha incumplido sus propias obligaciones al no subsanar los efectos de su error, creando una situación jurídica que coloca a las recurrentes en una posición de desventaja frente al resto de los apoderados. Mientras que otros apoderados acceden al sistema educativo bajo condiciones regulares y dentro del marco contractual, doña nombre reservado ha sido sometida a exigencias excepcionales e ilegítimas, basadas en decisiones unilaterales de la recurrida.

El principio de igualdad ante la ley exige que todas las personas sean tratadas de acuerdo con las normas vigentes, sin que se les impongan condiciones o restricciones que carezcan de respaldo legal. En este caso, al tratar a las recurrentes de manera arbitraria y fuera del marco jurídico, la Sociedad Germana de Educación vulnera este principio y lesiona de manera grave su derecho a la igualdad, afectando su capacidad de acceder a la educación en condiciones de justicia y equidad.

III. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, consagrado en el artículo 19 Nº11, inciso 4, de la Constitución Política de la República.

El artículo 19 Nº11, inciso 4, de la Constitución asegura a los padres el derecho fundamental de escoger el establecimiento educacional que consideren más adecuado para la formación de sus hijos. Este derecho, de carácter prioritario y personalísimo, busca garantizar que los padres puedan tomar decisiones informadas y libres sobre la educación de sus hijos, sin interferencias arbitrarias ni barreras que limiten su ejercicio. En un sistema democrático y constitucional, este derecho no sólo protege la libertad de elección, sino que también fortalece la autonomía familiar y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

En el caso de doña nombre reservado, este derecho ha sido injustamente perturbado por la exigencia retroactiva de pagos acumulados y carentes de fundamento jurídico que la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica ha impuesto como condición para la matrícula de su hija, nombre reservado. Esta exigencia, derivada de un error imputable exclusivamente al establecimiento, no solo carece de legitimidad, sino que también constituye una interferencia directa en la capacidad de la madre para decidir libremente sobre el futuro educativo de su hija.

El derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para los hijos no puede ser supeditado a decisiones económicas, unilaterales e injustificadas, de instituciones educativas que vulneren las garantías fundamentales de los padres. En este caso, al imponer una barrera económica arbitraria, la recurrida transgrede este derecho, transformándolo de una facultad libre y autónoma en una decisión condicionada por intereses económicos que no tienen respaldo jurídico.

El derecho de los padres a escoger el establecimiento educacional tiene un vínculo intrínseco con la libertad de enseñanza, también protegida por el artículo 19 Nº11. Esta libertad no sólo garantiza que existan diversas opciones educativas, sino que además permite a los padres seleccionar aquellas que se alineen mejor con sus valores, principios y expectativas para la formación de sus hijos. La educación, por su naturaleza, no puede reducirse a una relación contractual estricta; es un servicio público esencial que debe estar accesible sin restricciones arbitrarias que comprometan su carácter inclusivo.

IV. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

El artículo 19 Nº 24 asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, sean estos corporales o incorporales, garantizando su uso, goce y disposición libre de interferencias arbitrarias.

Respecto de doña nombre reservado el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad ha sido amenazado al imponerle una carga económica arbitraria e ilegal derivada de un error imputable exclusivamente a la recurrida.

La exigencia de pagos acumulados de matrículas y colegiaturas desde diciembre de 2021 carece de respaldo jurídico y se funda en un acto negligente de la propia Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica. Esta carga patrimonial indebida afecta la disposición libre de los recursos de la madre, al forzarla a destinar una suma significativa a una deuda que no le corresponde.

Esta situación genera un perjuicio económico al presionarla para asumir una obligación que no tiene sustento legítimo. Tal interferencia constituye una vulneración directa al derecho de propiedad protegido por la Constitución, al restringir injustificadamente el ejercicio libre y pleno de sus bienes.

En cuanto a la menor nombre reservado, se perturbó su propiedad sobre su derecho a la educación. El derecho a la educación de la menor, consagrado en el artículo 19 Nº 10 de la Constitución, puede ser entendido como un bien incorporal propio de la menor. Este derecho habilitante no solo tiene un carácter fundamental, sino que también constituye un elemento esencial para su desarrollo integral, su formación como persona y su capacidad futura de participar plenamente en la sociedad.

La negativa de matrícula por parte de la Sociedad Germana de Educación, condicionada a una exigencia económica carente de todo fundamento, constituye una interferencia directa en el ejercicio de este derecho, perturbando su acceso a un bien que le pertenece en virtud de su calidad de estudiante y de los acuerdos previamente establecidos con el establecimiento.

Es importante destacar que el derecho a la educación, entendido como un bien incorporal, se encuentra protegido por la noción amplia del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24. La educación, más allá de ser un servicio, constituye un derecho esencial que no puede ser tratado como un privilegio sujeto a intereses económicos o administrativos arbitrarios. Al impedirle a Francisca ejercer este derecho en condiciones normales y al condicionar su acceso al pago de una deuda improcedente, la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que la menor tiene sobre su derecho a la educación y su continuidad en el sistema educativo.

8.- Que, a objeto de restablecer el imperio del derecho, el legislador ha dispuesto para su ejercicio el recurso de protección del artículo Nº 20 de la Constitución Política de la República.

9.- A su turno, el artículo Nº 1 del Auto Acordado Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, señala que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.” Así, las cosas, debe tenerse presente que el plazo para accionar mediante este recurso se ha contado a partir del día 25 de noviembre de 2024, fecha en la cual se tuvo noticia del acto arbitrario e ilegal contra el cual se recurre.

Pide adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales conculcadas, y en definitiva, ordenar que se dejen sin efecto los actos arbitrarios e ilegales referidos, decretando en definitiva que ordene:

1.- Que se deje sin efecto la decisión adoptada por el directorio de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica con fecha 25 de noviembre de 2024, ordenando la renovación inmediata de la matrícula de la alumna nombre reservado, sin condicionarlo al pago de las colegiaturas y matrículas.

2.- Que se ordene a la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica a permitir la permanencia de nombre reservado en el Colegio Alemán de Villarrica, bajo las condiciones que la recurrida ha mantenido ininterrumpidamente desde diciembre de 2021, esto es, exenta del pago de las colegiaturas y matrículas, con un tope anual de 130 Unidades de Fomento, hasta la culminación de sus estudios escolares.

3.- Que se ordene a la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica solventar la educación superior de nombre reservado, con un tope anual de 130 Unidades de fomento y con edad límite de 28 años, esto es, bajo las condiciones del seguro que por su error dejó de operar en beneficio de la menor. 4.- Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Certificado de nacimiento de nombre reservado, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. En él consta, entre otros hechos, que nació el 26 de octubre de 2008, es decir, que tiene actualmente 16 años de edad; que su madre es doña nombre reservado y que su padre es don nombre reservado; 2.- Certificado de defunción de nombre reservado. En él consta, entre otros hechos, que falleció el 14 de diciembre de 2021. De este modo entonces, teniendo presente esta circunstancia y la filiación de nombre reservado, consta que su representación legal la tiene su madre nombre reservado; 3.- Acta de 25 de noviembre de 2024, suscrita por nombre reservado Gerente de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, en que se notifica decisión del Directorio respecto de la situación de nombre reservado; 4.- Acta de 2 de diciembre de 2024, suscrita por nombre reservado, Gerente de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica, en que se comunica a nombre reservado que le será remitida a su correo, la deuda que mantiene con la institución educacional; 5.- Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial, de 3 de diciembre de 2024, otorgada ante el Notario Público don nombre reservado, de la Ciudad de Villarrica, suscrita con firma electrónica avanzada, en la que consta nuestra personería para representar a nombre reservado y a nombre reservado.

A folio N°18, evacua informe la recurrida SOCIEDAD GERMANA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BENEFICIO LAGO VILLARRICA quien solicita el rechazo del recurso.

Hechos Con fecha 26 de diciembre de 2012, ingresó a nuestro establecimiento educacional la familia nombre reservado, mediante el cual se matricularon los alumnos:

- nombre reservado, para Pre-kínder;

- nombre reservado, para 4° Medio - nombre reservado, para 2° Medio.

- nombre reservado, para 7° Básico.

Así las cosas, se celebró contrato o Convenio de Matrícula año 2013.

El colegio Alemán de Villarrica, en su contrato ha establecido la obligación del pago de una cuota por Seguros de Accidentes y Escolaridad, monto que se paga en conjunto con la matrícula respectiva, por otra parte, es importante señalar que esta obligación contractual es de pleno conocimiento de toda la comunidad escolar y es informada a los padres y apoderados de los estudiantes.

Al objeto de dar cumplimiento y poder incorporar a nuestros apoderados al seguro antes señalado, y según la propia compañía de seguros exige, nuestros apoderados deben firmar una “DECLARACION DE SALUD”, de quien será el beneficiario del mismo seguro.

Ha de hacerse presente que, y tal cual se señala en el respectivo Convenio de matrícula, la incorporación al seguro se hace sólo una vez, y corresponde justamente al momento en que ingresan nuevos alumnos a nuestro establecimiento, y permanecerán en dicho seguro hasta que dejen de pertenecer al colegio, así también los padres y apoderados están en conocimiento de este convenio y asumen la responsabilidad que en caso de cambiar de beneficiario es responsabilidad de ellos acercarse a realizar dicho cambio.

Es así que, conforme se verifica en el documento denominado “DECLARACIÓN DE SALUD” de la familia nombre reservado, quien declaró y firmó este documento, fue justamente la recurrente doña nombre reservado, por lo que es justamente esta información que hace llegar el colegio a la respectiva compañía BICE VIDA Compañía de Seguros.

Podemos indicar que, efectivamente el colegio registra en sus contratos como apoderado económico a don nombre reservado (Q.E.P.D.) y como apoderada académica a doña nombre reservado.

En los establecimientos educacionales los proyectos educativos persiguen el apoyo y trabajo en conjunto de ambos padres, tal como se señala en el apartado del proyecto educacional institucional.

Lo anterior, no puede significar una confusión de roles, ya que, si bien es cierto, ante el establecimiento educacional están muy definidos las categorías de apoderados que cumplía cada uno de ellos, no es menos cierto que, la obligación de informar quien es y sería el apoderado asegurado mediante el documento firmado al respecto, lo que permite claramente formular las nóminas de los apoderados asegurados, sin que sea esta, una decisión que tome arbitrariamente el colegio, la decisión es de los padres y apoderados y ellos en su plena libertad rellenan la documentación y presentan los contratos y seguros con total libertad, el colegio no sugiere, ni influye en las decisiones personales de los padres.

Cabe precisar que, cada apoderado es libre de señalar a la o las personas que deberán ser consideradas “asegurados”, e incluso son ellos mismos quienes pueden modificar a estas personas mediante el llenado y firmado de los documentos al efecto, que por lo demás la familia nombre reservado, se llevó para llenar y jamás acompañó al colegio.

A de hacerse presente que, tal cual es de conocimiento de la recurrente, la “Declaración de Salud” fue firmada por ésta, justamente porque el señor nombre reservado (Q.E.P.D.) mantenía pre-existencia lo que le impedía ser el beneficiario en dicho seguro, sucediendo esto y quedando la madre como beneficiaria el colegio no puede obligar a la madre a que el padre sea el beneficiario, esta fue una decisión de ambos apoderados.

Conforme a lo ya relatado, y muy lamentablemente en el año 2021, se produjo el deceso de nuestro apoderado nombre reservado (Q.E.P.D.), lo que llevó a activar el respectivo seguro y con ello el rechazo de la cobertura del seguro por no ser él “el asegurado”.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la información proporcionada por los propios apoderados en cuanto a la persona del “asegurado” a través de la respectiva “Declaración de Salud”, es que se ha ido informando que, la beneficiaria de dicho seguro es justamente la recurrente, por lo que no puede constituir un error o un actuar negligente por parte de su representada, no haber modificado esta información, ya que la modificación se realiza por solicitud de los padres y son ellos quienes deben informar al colegio y completar la nueva declaración del padre, madre o familiar nuevo que recibe el beneficio.

A mayor abundamiento, luego de haberse enterado de la negativa por parte del seguro al pago de la prima, el colegio y ante las insistencias de la recurrida, el colegio se compromete con ésta, a ayudarla en todo lo necesario para buscar que la aseguradora cambiase su resolución y acogiera a pagar.

Lo anterior los llevó a presentar incluso un recurso de protección ante esta misma Corte (Rol: 459-2023), el que fue rechazado según considerando sexto, por lo siguiente:

SEXTO: Que, sobre la base de lo razonado puede concluirse, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, pues resulta dubitada la existencia de una conducta ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, de modo que no se han podido afectar las garantías constitucionales señaladas por el actor, por lo cual esta acción de cautela constitucional será desestimada.

La corte en cuestión nos insta a realizar las acciones en sede distinta y procedimiento de lato conocimiento.

Razonamiento muy distinto a lo que señala la recurrente, cuando se refiere a este recurso.

Resulta de vital importancia señalar que, su representada se reunió con el señor nombre reservado (corredor de Vice seguros), en conjunto con la señora nombre reservado -todo esto antes de interponer el recurso de protección por parte de nosotros 2023- esto, ha objeto de cooperar y buscar una posible solución a la respuesta entregada por la compañía, esto siempre con la intención de ayudar y cooperar con la recurrente.

Por otro lado, el colegio jamás ha dejado de realizar los cobros a la recurrente, y jamás se comprometió a no hacer cobros por la educación de la alumna nombre reservado, muy por el contrario, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios incluso más allá de nuestras obligaciones para apoyar a una de nuestras familias en momentos tan difíciles como en la pérdida de un ser querido.

Los establecimientos educacionales particulares por ley tienen la libertad de cobrar aranceles, pero parte de la misión del colegio es el resguardo de los estudiantes y el apoyo a las familias, esto se ha visto reflejado en el constante apoyo, contención y acompañamiento en este proceso tan doloroso que ha vivido la familia, aportando no solamente contención socioemocional especial, sino también apoyo y tranquilidad, con lo que respecta a las colegiaturas de los años de escolaridad, siendo empáticos en el dolor y la situación.

A la recurrente se le han enviado las cobranzas de lo adeudado desde el año 2022 en adelante, hasta ahora enero de 2025, y como se dijo, solo con el ánimo de apoyar a nuestra familia y alumna, se le propuso la rebaja del 50% de lo adeudado hasta ahora, comunicación que no resulta arbitraria ni sorpresiva, ya que se le han enviado constantemente las comunicaciones de cobro a doña nombre reservado.

Asimismo, como colegio buscamos numerosas veces reunirnos con la recurrente con el objeto de buscar solución a su situación de morosa, pero es la propia recurrente quien, argumentando falta de tiempo por temas laborales, no asistió al establecimiento cuando fue citada, lo que se demuestra de varios correos electrónicos enviados al efecto.

Entre la recurrente y su representada existe un contrato de prestación de servicios, que contiene obligaciones para ambas partes, siendo una de ellas el pago de la matrícula y mensualidades establecidas por el colegio, lo que a la fecha no se ha cumplido, excusándose en un supuesto error en el que habría incurrido el colegio al enviar la nómina de asegurados a la respectiva compañía de seguros.

Ha de tenerse presente que, el colegio cuenta con más de 350 alumnos por lo que, si un padre o madre no comunica el cambio de beneficiario, el colegio no tiene obligación alguna de modificar dicha información, y si bien es cierto, en los contratos aparecía don nombre reservado (Q.E.P.D.) como apoderado económico, no podemos desconocer el hecho de que el documentos solicitado para agregar al beneficiario de salud denominado “Declaración de Salud de seguro Colectivo”, fue llenado a mano por la propia recurrente, quien bajo su conocimiento y voluntad se agregó a sí misma como beneficiara en dicho instrumento, sin que el colegio pudiera cambiar dicha situación. Es así que, no es ni ha sido obligación del Colegio, modificar la información que se entrega en la firma de los documentos y/o contratos.

Su representada sólo está ejerciendo su derecho a realizar vía administrativa de lo adeudado por la recurrente, por los servicios educacionales proporcionados y por los cuales existen contratos que así la obligan.

EL DERECHO.

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCION EN ESTOS AUTOS.

Para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos copulativos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada;

b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión;

c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas protegidas por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

anterior,sprende la excepcionalidad del presente recurso constitucional, que precisamente se ha instituido en la Carta Fundamental con el propósito de evitar las posibles consecuencias dañosas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este recurso, a fin que se adopten la providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Además, el recurso de protección actuará subsidiariamente, esto es, en ausencia de otras acciones, o cuando aparezca que dichas acciones no son capaces de otorgar una solución efectiva al recurrente.

El presente Recurso de Protección no se encuentra orientado a resolver materias que son previas y propias de un proceso de lato conocimiento, por el mismo hecho de la sumariedad y rapidez del Recurso de Protección.

El recurso de protección no declara ni crea derechos nuevos, ya que el derecho fundamental vulnerado debe ser indubitable. El recurso de protección no fue creado para declarar la existencia de derechos o solucionar conflictos que deben ser sometidos, al menos de manera previa, a la autoridad correspondiente y los actos reprochados pueden ser corregidos por los medios que la ley franquea, a través de los recursos ordinarios; ni tampoco procede cuando no se trate de un derecho indubitado, porque su naturaleza cautelar impide que pueda emplearse para declarar derechos o constituir situaciones jurídicas nuevas.

En el caso de marras, esta sede de protección no puede convertirse en una instancia sumaria para conocer de las discrepancias de la recurrente en contra del colegio de solicitar el pago de las matrículas y mensualidades impagas, aduciendo un error que supuestamente cometió el colegio al no percatarse que la recurrente agrego de forma personal su nombre y sus características como “asegurada del seguro colectivo” y no a su difunto esposo, quien para efectos administrativos era el apoderado económico.

Si la parte recurrente considera que dichos cobros constituyen un hecho antijurídico, debe ejercer las acciones que correspondan ante el órgano jurisdiccional respectivo para tales efectos y no accionar mediante esta vía provocando con ello un desmedro del derecho constitucional de mi representada de ser juzgada en un debido proceso y ante un juez natural.

En este procedimiento cautelar de derechos fundamentales V.S.I. no puede abocarse a conocer sumariamente acerca de la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos de prestación de servicios, ya que eso importa revisar detenidamente los documentos, contratos, testimonios, pericias y otros medios probatorios para determinar si la conducta de mi representada se ajusta a lo establecido en los respectivos contratos.

En tal sentido, la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 33.218-2016, confirmando la sentencia apelada y enfrentado a un tema previsional, se ha pronunciado acerca de la calidad del derecho que se proclama como afectado por todo recurrente, señalando que el Recurso de Protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados. (Causa Rol 33.218-2016, Apelación Recurso de Protección. “nombre reservado y Otros contra AFP Habitat S.A.”)

El actuar del Colegio Villarrica es absolutamente legal y fundado.

a)

Las partes celebran contratos de prestación de servicios educacionales, aceptando las condiciones de los mismos.

b)

Mi representada puede ejercer su derecho al cobro de lo adeudado por haber prestado el servicio contratado.

c)

La información y/o antecedentes de que el Colegio Villarrica dispone para enviar como nómina de asegurados, proviene de la documentación proporcionada por los propios apoderados denominada “Declaración de Salud Seguro Colectivo”.

En consecuencia, sobre este aspecto, es del caso señalar que su representada no ha tomado ninguna decisión antojadiza, ni menos que se pueda calificar de arbitraria e ilegal, en la resolución de esta materia.

El actuar de mi representada se ha basado en dar cumplimiento estricto a todos y cada uno de los contratos de prestaciones de servicios educacionales celebrados con la recurrente y su familia, lo que demuestra equidad y rectitud para con todos los padres y apoderados del establecimiento, sin dejar de considerar que la empatía de esta situación tan dolorosa se ha apoyado y flexibilizado, pero el cumplimiento estricto de todos los contratos que el colegio sostiene, es fundamental para el funcionamiento mensual del colegio , y para el cumplimiento de todas las obligaciones que el proyecto educacional institucional declara, un establecimiento educacional no puede dejar de cumplir la ley por la que se rigen los colegios y dentro de esto es el funcionamiento adecuado, pago de sueldos de personal contratado, servicios externos, etc… Si existiere una situación de interpretación contractual, el recurso de protección tampoco es la herramienta procesal idónea para zanjarla.

El presente Recurso de Protección no se encuentra orientado a resolver materias que son previas y propias de un proceso de lato conocimiento, instancia que la recurrente ha obviado y a la que perfectamente puede optar.

DISCUSION DE LOS PRINCIPIOS INVOCADOS COMO VULNERADOS 1.- “Nemo auditur propiam turpitudiem allegans”, nadie puede benefiarse de su propio error, dolo o negligencia.

En cuanto a este principio, de conformidad a los hechos y antecedentes que se acompañan, mi representada jamás, lo ha vulnerado sino por el contrario, es el actuar de la propia recurrente, quien no reconoce su negligencia en cuanto a no comunicar el cambio de beneficiario del seguro colectivo, intentando de manera arbitraria trasladar su responsabilidad a su representada.

2.- Deber Mínimo de protección cuidado, de la sola lectura del libelo del recurso en lo que se refiere este punto, se desprende el actuar de la recurrente confirma su posición de trasladar su responsabilidad en los hechos a mi representada, tergiversando la realidad de los hechos, incluso ocultando la existencia del documento que da origen a toda la problemática sucedida con la respetiva compañía de seguros.

Lo anterior, evidentemente no puede liberar a la recurrente de su obligación de pago, y del hecho que mi representada se comprometiera a ayudarla a intentar conseguir una resolución distinta por parte de la compañía de seguros, no la hace responsable como asegura la recurrente de un acto negligente como pretende.

Su representada ha intentado de todas las formas posibles ayudar a la familia de la recurrente e incluso le propuso el pago de solo 50% den la deuda, pero jamás se ha liberado de dicha obligación a la misma.

3.- Principio de buena fe y Teoría de los actos propios, señala la recurrente que su representada se habría comprometido a no realizar cobros y que habría asumido responsabilidad en los hechos sucedidos; dichos todos falsos, más aún cuando siempre se la ha enviado el cobro cada año de lo adeudado.

Es la propia recurrente quien señala que, ella en un acto unilateral solo pagaba el seguro los años siguientes al fallecimiento de su cónyuge “pagué únicamente la prima del seguro colectivo, a principio de cada año escolar, sin jamás hacerle algún tipo de reproche”; no fue el colegio, quien autorizó este solo pago, solo se trató de una decisión unilateral.

El recurso de protección intentado por su representada con el objeto de obtener el cambio de resolución por parte de la compañía de seguro tuvo sólo objeto cumplir con el compromiso adquirido con la recurrente de prestar su ayuda a buscar una solución, pero jamás significó el reconocimiento de responsabilidad, más aún cuando la información enviada fue justamente la proporcionada por la recurrente de autos.

La recurrente, falta a la verdad al señalar que no existen constancia de cobro por parte del Colegio a obtener el pago de lo adeudado por matrículas y mensualidades.

4.- Derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Como institución educacional procuramos y respetamos el derecho educacional y la libertad que mantienen los padres para buscar el establecimiento educacional adecuado para sus hijos, y tal cual señala la recurrente al hacer mención a la convención sobre los derechos del Niño, artículo 3° y 4°, el derecho a la educación está garantizado por nuestra Constitución Política de la República, siendo por tanto la educación un derecho de todas las personas, y hemos procurado dar cumplimiento fiel a tal mandato, pero, no somos el estado sino un establecimiento particular, al que las personas libremente escoger como establecimiento educacional, por lo que, por el no cumplimiento contractual de las obligaciones monetarias, perfectamente se encuentra posibilitado a no continuar con dicho contrato, por consiguiente cancelar las matrículas, lo que evidentemente no atenta contra el derecho a la educación, entendiendo que no hemos prohibido continuar con los estudios en cualquier otro establecimiento educacional.

Sabemos que nuestra alumna nombre reservado, ha estado en nuestro establecimiento desde pre-Kinder, y forma parte de nuestra familia educativa, pero, existen obligaciones monetarias no cumplidas por su apoderada y recurrente, lo que nos lleva a gestionar el cumplimiento del contrato que libremente firmaron las partes.

DERECHOS CONSTITUCIONES SUPUESTAMENTE VULNERADOS 1.- ART. 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

No ha existido ni existe, vulneración de este derecho hacia la recurrente ni tampoco hacia su hija, la advertencia de cancelación de matrícula obedece exclusivamente al ejercicio de un derecho de su representada como es el exigir el cumplimiento de los contratos ya celebrados, y no puede imputarse como acto vulneratorio, en los términos como lo expone la recurrente.

Ha de reconocer esta, que la información que entregó el colegio -Declaración de Salud seguro colectivo – es justamente la entregada por su representada a la compañía de seguros, y que jamás fue modificada por quien debía hacerlo, ya que es un acto personalísimo, el determinar quien ocupara tal cargo de beneficiario.

2.- IGUALDAD ANTE LA LEY.

Los actos llevados a cabo por su representada son legales y mantienen sustento legal, como es el propio contrato de prestación de servicios que firmó libremente la recurrente en señal de aceptación de sus términos, comprometiéndose al pago de los valores acordados por conceptos tales como matrículas y mensualidades.

3.- LOS PADRES TIENEN EL DERECHO DE ESCOGER EL ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA PARA SUS HIJOS. Art. 19 N° 11 de la C.P.R.

Conforme a este derecho, hacemos presente que, la recurrente ha mantenido en sus manos la decisión del establecimiento educacional al cual adherir con sus hijos, jamás se le ha impuesto una obligación que no sea más allá de las contraídas por ella.

Es así que, quien vulnera este derecho en relación a la niña nombre reservado, es precisamente la recurrente, ya que, ha insistido en la permanencia de la niña en nuestros establecimientos, aún cuando no ha dado cumplimiento a sus obligaciones monetarias con dicho establecimiento, faltando abiertamente a sus obligaciones contractuales.

4.- EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES SOBRE TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES. Art. 19 N° 24 de la C.P.R.

No existe argumento viable que haga presumir la vulneración de esta norma, el sólo hecho de contraer una obligación conlleva su cumplimiento, y no puede pretenderse vulnerado este derecho por el hecho de no haber cumplido con los pagos obligados, señalando que se le ha impuesto una carga económica arbitraria e ilegal, cuando se ha celebrado un contrato por el cual se compromete al pago exigido en el mismo, no puedo alegar desconocimiento de mis obligaciones si he firmado libre y espontáneamente.

Pide declarar que la actuación de la SOCIEDAD GERMANA DE EDUCACION, CULTURA Y BENEFICIO LAGO VILLARRICA, en la materia de autos se ajustó a los contratos celebrados respecto a los años 2021, 2022, 2023, 2024, con ausencia total de decisiones antojadizas, como, asimismo, de arbitrariedad e ilegalidad. Asimismo, solicitamos expresamente rechazar las peticiones formuladas por la Recurrente y, por último, en atención a que el recurso de protección de garantías constitucionales no es la sede adecuada para los efectos que se observan en dichas peticiones, rechazarlas con costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Contrato de prestación de servicios educacionales del año 2013, más formulario de postulación y DECLARACION DE SALUD; 2.

Contratos de prestación de servicios educacionales de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y año 2021; 3. Ebook de recurso de protección Rol N° 459-2023 seguida ante la Corte de Temuco; 4. Set de 6 correos electrónicos mantenidos con la recurrida de fechas 17 de junio, 23 de julio 21 y 22 de noviembre todos del año 2024, que dan cuenta las veces que se citó a la recurrente para ver tema de matrícula 2025; 5.

Set de 7 correos electrónicos entre el colegio y el corredor de seguros, de fechas 18, 20 y 26 de mayo todos del año 2022; 6. Cartas de cobranzas de fechas 7 de junio de 2022; 2 de diciembre de 2024; 16 de diciembre de 2024 y 8 de enero de 2025, enviadas a la recurrente.

A folio N°22 , se agregó extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que, el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, es la decisión de fecha 25 de noviembre de 2024, del colegio recurrido en cuanto a comunicar a doña nombre reservado, a una semana del proceso de matrícula para el año 2025, que, para matricular a la menor nombre reservado, debía pagar todas las matrículas y colegiaturas pendientes desde diciembre de 2021 a la actualidad, rebajadas en un 50%, de lo contrario, no se admitiría que se matriculase a su hija para el año escolar 2025. Se le informa, además, que desde 2025 se otorgará un 50% de descuento en las colegiaturas de la alumna hasta cuarto año de enseñanza media.

Que, el conflicto que origina la decisión de la parte recurrida es el rechazo por parte de la Compañía de Seguros a otorgar la cobertura del seguro en favor de nombre reservado, lo que forzaría a solventar los elevados gastos de la educación de su hija, incluida la educación superior, siendo infructuosas los intentos del Colegio para revertir la decisión de la aseguradora; ya que no podía operar el contrato de seguro respecto de una persona diferente a quien -según sus registros- era el asegurado, incluyendo la acción de protección deducida en su oportunidad. ( Rol N°459-2023, de esta Iltma. Corte).

Que, de otra parte resulta un hecho no controvertido, que el establecimiento educacional no realizó cobros a doña nombre reservado, ni matrículas, ni mensualidades; reconociéndose como únicos pagos los correspondientes a primas contratos de seguros colectivos suscritos en beneficio de su hija nombre reservado.

TERCERO: Que, la recurrida en su informe reconoce que, efectivamente el colegio registra en sus contratos como apoderado económico a don nombre reservado (Q.E.P.D.) y como apoderada académica a doña nombre reservado; relación esta que impone la obligación de informar quien es y sería el apoderado asegurado mediante el documento firmado al respecto, lo que permite claramente formular las nóminas de los apoderados asegurados, sin que sea esta, una decisión que tome arbitrariamente el colegio; precisando que cada apoderado es libre de señalar a la o las personas que deberán ser consideradas “asegurados”.

Agrega que, en este caso la “Declaración de Salud” fue firmada por la recurrente, justamente porque el señor nombre reservado (Q.E.P.D.) mantenía pre-existencia lo que le impedía ser el beneficiario en dicho seguro, quedando la madre como beneficiaria, por lo que conforme a lo ya relatado, en el año 2021, se produjo el deceso del apoderado nombre reservado (Q.E.P.D.), lo que llevó a activar el respectivo seguro y con ello el rechazo de la cobertura por no ser él “el asegurado”.

Así, la beneficiaria de dicho seguro es justamente la recurrente, por lo que no puede constituir un error o un actuar negligente por parte de la recurrida, el no haber modificado esta información, ya que ello se realiza por solicitud de los padres, y son ellos quienes deben informar al colegio y completar la nueva declaración del padre, madre o familiar nuevo que recibe el beneficio.

A mayor abundamiento, luego de haberse enterado de la negativa por parte del seguro al pago de la prima, el colegio y ante las insistencias de la recurrida, el colegio se compromete con ésta, a ayudarla en todo lo necesario para buscar que la aseguradora cambiase su resolución y acogiera a pagar; cuestión que resulta negativa.

CUARTO: Que, como puede inferirse de lo expuesto por las partes, no ha resultado controvertido la circunstancia que la alumna en cuyo favor se ha recurrido, así como la propia recurrente, formaban parte de la comunidad educativa del establecimiento recurrido, desde el año 2012 a la fecha.

QUINTO: Que, la controversia radica en determinar si el establecimiento educacional recurrido se encontraba facultado para negar la matricula a nombre reservado, estudiante que ha desarrollado todo su proceso educativo en establecimiento educacional recurrido, desde año 2012, sin altibajos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de su padres, hasta el fallecimiento de su padre el año 2021, periodo en que se produce controversia sobre la concurrencia de un seguro colectivo vigente como anexo a la colegiatura, a fin solventara según su cobertura, la respectiva colegiatura hasta el término de su educación.

Se debe tener presente que, según el contrato de prestación de servicios educacionales que acompaña la recurrida, de fecha noviembre de 2021, se contempla expresamente el mandato a la Sociedad Educacional sostenedora del Colegio Alemán de Villarrica, para efectuar los cobros correspondientes por concepto de matrículas u otros conceptos; y que por otra parte, en la matrícula está incluido el pago de la prima de los seguros de escolaridad, accidentes personales contratados por el colegio en beneficio del estudiante matriculado.

SEXTO: Que, sobre el particular, la Superintendencia de Educación ha señalado que los establecimientos educacionales pueden solicitar cheques, letras o pagarés para asegurar el cumplimiento de la obligación de pago, pero ello no puede ser condicionante para la matrícula o permanencia del estudiante. Es decir, debe proponerse un medio de pago, dando siempre una alternativa para que el apoderado tenga la posibilidad de cumplir y no se traduzca en un impedimento en el acceso a la educación. No es obligatorio para los establecimientos asegurar la obligación de pago, pero si es una facultad que tienen y deben incorporarla claramente en el contrato de prestación de servicios.

SEPTIMO: Que para resolver adecuadamente el asunto es necesario considerar que si bien es cierto que el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996 sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales señala en su artículo 6º, al regular los requisitos para impetrar la subvención estatal, que los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico; no lo es menos que esta disposición debe ser interpretada armónicamente con el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 16 de diciembre de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación.

En efecto, el artículo 1º de éste dispone que la presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio. Y su artículo 11, inciso 4º, establece que “El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido.”

OCTAVO: Que, de la normativa transcrita en el motivo anterior se colige que si bien el establecimiento educacional recurrido no se encuentra facultado para aplicar, durante el año escolar, la medida de cancelación de matrícula por el no pago de los compromisos contraídos por el estudiante o por su padre o apoderado, no existe obstáculo en la Ley para que pueda decidir al término de un año la no renovación de la matrícula para el año lectivo siguiente cuando, como en el caso de autos, esta determinación se funda en el incumplimiento por no pago de colegiaturas desde el año 2021, a que las partes se obligaron expresamente en el contrato de prestación de servicios educacionales.

NOVENO: Que, sin embargo, de lo expuesto en el presente recurso, y del mérito de los documentos acompañados no se advierte que el establecimiento educacional recurrido haya dado cumplimiento al deber de informar formalmente el ejercicio de la facultad de condicionar la matrícula al pago de las deudas acumuladas, y de las colegiaturas futuras, no obstante que no se registra en los antecedentes analizados, proceso de cobro de las deudas que refiere la recurrida, más allá de los cuestionamientos que se exponen por la recurrente en cuanto a la responsabilidad por el no pago del seguro colectivo que se contrató anualmente desde el año 2012; y que se adjudica por una parte a la recurrida, y por la otra a la recurrente.

DECIMO: Que, la facultad que tiene la recurrida no fue legalmente ejercida porque no se tradujo en un documento fundado, como tampoco formalmente emitido que haya ponderado las circunstancias de la alumna en cuyo favor se recurre, impidiendo su matrícula para el periodo 2025, lo que en los hechos importa dejar a esta alumna sin escolaridad, lo que resulta un acto arbitrario que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso debe ser acogido, disponiendo lo que señalará en lo resolutivo para restablecer el impero del derecho.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y de su hija menor de edad, nombre reservado, y en contra de la SOCIEDAD GERMANA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BENEFICIO LAGO VILLARRICA, solo en cuanto se ordena ddejar sin efecto la decisión adoptada por el directorio de la Sociedad Germana de Educación, Cultura y Beneficio Lago Villarrica con fecha 25 de noviembre de 2024, disponiendo la renovación inmediata de la matrícula de la alumna nombre reservado, sin condicionarlo al pago de las colegiaturas y matrículas pendientes; sin perjuicios de las acciones que corresponda impetrar a las partes, para dilucidar en el procedimiento respectivo, las alegaciones sobre obligaciones que pudieran derivarse de los hechos expuestos en el presente recurso.

Se previene que el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, concurre al acuerdo con la indicación de que no hace suyo lo señalado en el párrafo tercero del basamento segundo, por cuanto la recurrida ha indicado que efectivamente ha procurado el cobro de las mensualidades adeudadas desde el año 2022, adjuntando a ese efecto cartas de cobranza, de forma ella dicho punto se ha tornado controvertido.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

N°Protección-9147-2024. (csd)