nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1 comparece don ISRAEL ANDRÉS CARRASCO VÁSQUEZ, Abogado, en representación de doña nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado, Región de La Araucanía e interpone Acción de Protección de Garantías Constitucionales, en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía. Señalando que su representada es titular de acciones y derechos equivalentes a 1 hectárea de terreno, según escritura de compraventa del 05 de enero de 2015 y rectificación de fecha 12 de febrero del mismo año cuya inscripción consta a fojas 90 vuelta N° 140 del año 2015 correspondiente al Registro de Propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Loncoche. Indicando que el predio del cual resultan las acciones y derechos de doña nombre reservado, corresponde a un predio de 20 hectáreas derivado de la sucesión hereditaria de don nombre reservado, compuesta por nombre reservado en calidad de cónyuge y por don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, todos nombre reservado en calidad de hijos.

Señala que con fecha 11 de septiembre de 2020 su representada toma conocimiento de daños causados en su propiedad, existiendo destrucción completa de los deslindes para impedir el saneamiento de esta y además el bloqueo del camino de acceso, por medio de un candado que impide el tránsito de peatones y vehículos. Que, con fecha 11 de septiembre de 2020, se le impide el acceso a la sobrina de su representada, doña nombre reservado, quien se trasladó a la zona por motivos laborales, no pudiendo acceder a la propiedad aludida.

Agrega que en el mes de septiembre del año 2017 su representada pagó en Notaría la suma de $1.600.000 por concepto de servidumbre de tránsito, a nombre reservado, quien en ese momento declaró tener derechos sobre la propiedad y que en el mes de marzo de 2020 se acogió la solicitud de su representada de regularización de título de dominio conforme al procedimiento establecido en el D.L. 2695/79. En este contexto, Bienes Nacionales debía realizar las mediciones correspondientes, cosa que no se logró por impedirlo don nombre reservado y doña nombre reservado.

Señala que los actos anteriormente descritos y atribuibles a la conducta arbitraria e ilegal de los recurridos infringen y vulneran las garantías aseguradas por la Constitución Política de la República, en este caso, el derecho de propiedad en sus diversas especies en su artículo 19 N° 24 y que según el inciso 3o que prescribe: "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio...". Indica que a doña nombre reservado, como propietaria del inmueble, le corresponde usar, gozar y disponer arbitrariamente de éste con las limitaciones que correspondan -la ley y el derecho ajeno-, todo según indica el artículo 582 del Código Civil. Así, la propiedad también llamada dominio, constituye un derecho real, vale decir de aquellos que se ejercer sobre una cosa determinada. Agregando que la protección al dominio es universal, ya que protege: a) Las diversas especies de dominio; b) Toda clase de bienes; y, c) Todas las atribuciones propias del dominio.

Alega además que dicho accionar no solo atenta contra el derecho de propiedad, sino que igualmente la libertad personal consagrada en el artículo 19 N° 7, esto es, el derecho a desplazarse libremente de un lugar a otro, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros, por lo que dicha actuación de los recurridos se encuentra vulnerando de forma ilegal y arbitraria el libre desplazamiento de la recurrente y su grupo familiar a su propiedad y por tanto, a su domicilio. Agrega que han resuelto reiteradamente los Tribunales Superiores de Justicia que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes, como son aquellos que se le han amagado a su representada. Solicitando la adopción de medidas de resguardo para que los actos arbitrarios e ilegales del recurrido no impidan, amaguen o molesten el ejercicio de los referidos derechos, reestableciendo el imperio del derecho, y sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar se ordene que los recurridos deberán abrir el acceso a la propiedad de doña nombre reservado, retirando el o los candados existentes, cercas, o portones que impidan libre tránsito por camino destinado a servidumbre y que fueren instalados por estos, con expresa condenación en costas.

Para sustentar su solicitud, acompaña los siguientes documentos: Escritura de Cesión de derechos de fecha 25 de marzo del año 2015, Copia simple de avenimiento en causa C-l 1-2013, del Juzgado de Letras de Loncoche, Comprobantes de pago de contribuciones, Autorización Notarial tránsito por domicilio reservado que acoge solicitud de regularización de fecha 30-03-2020, Fotos del portón, cierre y camino público, Plano satelital con medición terreno y Croquis ilustrativo.

A folio 12, comparece don Sergio Eduardo Collins Silva, abogado, en representación de ambos recurridos, evacuando informe solicitado, solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con expresa condena en costas, señalando que la señora nombre reservado y la señora nombre reservado son comuneras del predio de una extensión aproximada de 20 hectáreas ubicada en el sector Lliu Liu, ubicado en la comuna de Loncoche. Que, asimismo es efectivo que la señora nombre reservado es dueña de acciones y derechos equivalentes a 1 hectárea en dicho predio. Que el señor nombre reservado no es dueño de la propiedad, no tiene acciones y derechos actualmente en dicho inmueble. Que los hechos que fundamentan la presente acción de protección son totalmente desvirtuados y acomodados al antojo de la recurrente. Señala además que en marzo de 2020 doña nombre reservado conversó con la señora nombre reservado sobre la necesidad de modificar los cercos debido a que aquello es una actividad propia del campo para labores de pastoreo de animales, argumentando además que dichos cercos no son representativos del equivalente a 1 hectárea a las acciones y derechos que es dueña la recurrente, sino que dichos cercos abarcaban más terreno y que era necesario arreglar los cercos para evitar la salida de animales. Dicha modificación de cercos se efectuó en el mes de marzo de 2020 con conocimiento de la señora nombre reservado quien en un principio no se opuso, supervisando de manera presencial el trabajo. Por lo que la modificación a los cercos se efectuó siempre respetando los derechos y acciones equivalentes a una hectárea de doña nombre reservado en el mes de marzo de 2020.

Agrega que contra todo pronóstico y por evidentes problemas de comunicación entre las comuneras, doña nombre reservado, en el mes de marzo, no respetando lo conversado inicia el proceso de regularización del inmueble, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, de una parte, del terreno en que no existe consentimiento ni menos autorización de la señora nombre reservado en su calidad de copropietaria para que la recurrente pueda tratar de sanear esa parte específica del campo. Indica que la contraria afirma de manera liviana que doña nombre reservado se entera el día 11 de septiembre de 2020, faltando a la verdad, siendo una fecha colocada de manera antojadiza por la recurrente sin tener fundamento en los hechos, por lo demás dicha fecha no es acreditada mediante documentación alguna (como por ejemplo una denuncia realizada ante Carabineros de Chile que dé cuenta del hecho), por lo que la referida fecha es utilizada de forma conveniente y sólo tiene por objeto estar "dentro del plazo" establecido en el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección. Señalando que la parte recurrente no explica como adquiere ese conocimiento en dicha fecha, por lo que necesariamente a su juicio debe ser rechazado el presente recurso por ser extemporáneo. No teniendo conocimiento la sobrina del estado anterior de los cercos como para comunicar a la señora nombre reservado que estos habían sido modificados.

Indica que el conocimiento por parte de la recurrente queda de manifiesto debido a que con posterioridad al mes de marzo de 2020 ingresaron personas a trabajar en la casa de la señora nombre reservado (dentro de la propiedad) sin tener ningún tipo de impedimento, con llaves del portón principal. El hecho de ingresar trabajadores a la propiedad de ambas no fue debidamente comunicada por la señora nombre reservado a la señora nombre reservado, lo cual es relevante debido que ingresaron por varios días, sin respetar ningún tipo de medida sanitaria, en el periodo de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado por el Presidente de la República a través del Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, además estos trabajadores sin supervisión de la señora nombre reservado comenzaron a dejar el portón abierto/o entreabierto, por lo que debido a ello se escaparon animales de la señora nombre reservado, tales como ovejas y vacunos a la calle principal que tiene alto tráfico de vehículos donde perfectamente pudo haber ocurrido un accidente y en ese caso la responsable legal hubiese sido de la señora nombre reservado. Así las cosas, con el objetivo de respetar las normas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, además de evitar accidentes y pérdidas materiales debido a la fuga de animales se decidió cambiar el candado y mantener cerrado el portón, solicitando a los trabajadores entrar al terreno por atrás, siempre respetando el ingreso de la señora nombre reservado como se ha efectuado durante los últimos 5 años, ya que como se mencionó, en ningún momento se le ha negado el ingreso al inmueble.

Alega que pierde verosimilitud la acción de protección ya que a doña nombre reservado adquirió dichas acciones y derechos en el mes de enero de 2015, y desde aquella época nunca se le ha impedido por parte de los recurridos, entrar a la propiedad de la cual es comunera, que los cercos que fueron modificados habían sido construidos por la señora nombre reservado, en ningún caso eran de propiedad exclusiva de la señora nombre reservado, como expresa en el numeral 3 donde livianamente señala: "daños causados en su propiedad" "destrucción completa de los deslindes para impedir el saneamiento". Estos cercos pertenecen la propiedad que es poseída por ambas dueñas. Además, niega que existieron tales "daños en su propiedad" sino solo modificación del lugar en donde estaban los cercos. Además, dentro de la propiedad no existen deslindes por lo que no es posible su destrucción completa, los deslindes son las fronteras de la propiedad y éstas no están dentro de la misma.

Indica que la acción de protección tiene importantes debilidades, primero acusa a don nombre reservado y doña nombre reservado sin especificar quien realmente destruyó los cercos e impidió el paso, sino es una acusación "al voleo" sin entregar mayores detalles. Luego, dice haberle cancelado en el año 2017 al señor nombre reservado un dinero por concepto de "servidumbre de tránsito" esta afirmación contiene un yerro evidente debido a que la servidumbre de tránsito supone dos predios uno llamado dominante y el otro predio sirviente según lo dispone el artículo 821 inciso 1 del Código de Bello, que según el artículo 820 del mismo cuerpo legal señala "Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño" la norma precedentemente trascrita deja de manifiestos dos predios. En ningún caso podrá existir servidumbre en un sólo predio con dos propietarias como es el caso de autos, por lo que el argumento esgrimido por la recurrente de existir una servidumbre de tránsito, legalmente no se sostiene. Mencionando que el hecho de solicitar regularizar el terreno mediante el Ministerio de Bienes Nacionales, no puede ser considerado un derecho indubitado máxime si no existe resolución administrativa que le otorgue el dominio sobre ese pedazo de terreno en particular, el documento acompañado por la recurrente solo da cuenta del inicio del procedimiento administrativo acredita nada más. Indica señalar sin temor a equívocos, que existen dos personas que son dueñas en porcentajes distintos de la misma propiedad, que la ley otorga remedios a los comuneros para lograr la división de la cosa en común, pudiendo efectuarla de común acuerdo entre las partes mediante escritura pública y en caso de no ser posible dicha posibilidad se puede siempre solicitar "La Partición", tramitada ante un Juez Partidor de Derecho, acción imprescriptible la cual debió haber ocupado la señora nombre reservado y que es la vía idónea, especifica que la ley contempla para disolver la comunidad y declarar que parte del terreno se le adjudica a la señora nombre reservado. Esta solución, indica, se conforma al artículo 2312 del Código Civil que señala que una de las formas de terminación de la comunidad es por la división del haber en común (la partición). Señalando que es la propia ley que establece un procedimiento para dividir la cosa común, no siendo el recurso de protección la vía idónea para conocer y fallar un problema de partición entre comuneras, ya que por su naturaleza el recurso de protección supone una infracción de derechos constitucionales indubitados que requieren con urgencia la tutela efectiva por nuestros más altos tribunales. Nada de esto ocurre en este recurso, según indica, adicionando que en la acción de protección se echa de menos una argumentación y documentos más sólidos tendientes a explicar y acreditar la urgencia de la medida.

Menciona que la recurrente señala en su acción de protección que había iniciado un procedimiento de regulación del inmueble que poseía mediante el Ministerio de Bienes Nacionales. Para ello, alega que debía estar en posesión continua e ininterrumpida de dicho inmueble por un lapso de 5 años, que el relato a estas alturas inverosímil de la recurrente en su acción de protección señala que "toma conocimiento de daños causados en su propiedad, existiendo una destrucción completa de los deslindes para impedir el saneamiento de esta y además el bloqueo del camino de acceso, por medio de un candado que impide el tránsito de peatones y vehículos" pues bien si fuera efectivo lo relatado la recurrente, tiene para proteger su posesión las acciones posesorias en contra de las personas que perturban o embarazan su posesión. Menciona que el artículo 916 señala que "las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos". Esta argumentación tiene una importancia gravitante a la hora de fallar el presente recurso de protección, ya que son las acciones posesorias las que debió interponer la recurrente cuando constató que su posesión estaba en peligro, durante el transcurso de ese procedimiento se debía acreditar las proposiciones tácticas de cada una de las partes, no siendo el presente recurso de protección la vía idónea para proteger dicha posesión ya que la posesión es un hecho que debe ser acreditado, no siendo un derecho indubitado el alegado por la recurrente por lo expresado en este informe. No siendo la acción de protección la vía idónea para restablecer la posesión supuestamente embarazada. Indica que es preciso dejar claramente establecido que en ningún momento a la señora nombre reservado se le ha impedido el paso. Al contrario, se le han dado durante estos más de 5 años todas las facilidades para entrar a la propiedad y que contrario a lo acusado, ha sido la recurrente quien ha ejercido un acto ilegal, ya que como explicó, ha sido aquella quien, no mediando consentimiento, autorización, ni menos partición pretende adueñarse de una parte de las 20 hectáreas, siendo este pedazo de terreno escogido por la recurrente de manera arbitraria.

Puntualiza que el recurso de protección no puede ser la instancia para declarar, constituir o extinguir derechos tal como lo señalo la Corte de Apelaciones de Concepción por sentencia de 23 de octubre de 2014, rol, 3311-2014, que fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema. Sostuvo la Corte de Concepción en Recurso de Protección interpuesto por usuarios o consumidores de gas ciudad contra la empresa Gas Sur S.A, en un tema básicamente referido a tarifas, lo siguiente: 7o. "Que de lo expuesto aparece que la recurrente no ha demostrado en estos autos ser titular de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger por mandato constitucional. El Recurso no es la vía para declarar, constituir o extinguir derechos y solo opera cuando los derechos amagados son indiscutidos".

Los hechos que fundan el recurso de protección deben estar debidamente comprobados Así lo ha reconocido la Corte de Apelaciones de Temuco por sentencia de 16 de octubre de 2014, rol 2355-14, la que ha sostenido que: 4o. "Es indispensable que quien lo intente [el recurso de protección] acredite la existencia de un derecho actual que lo favorezca, que esté claramente establecido y determinado [...]". 5o "[...] para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal" CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, preciso es que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que la recurrente alega vulnerados su derecho a propiedad, además, de los previstos en los N° 3 y 7 del artículo 24, por cuanto los recurridos habría cerrado el acceso al predio en que actualmente vive con un portón, negándole el acceso. Así mismo, en relación el N° 3, invoca conculcada la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, por cuanto, el actuar de la recurrida, supone un acto de autotutela vedado por el derecho, erigiéndose el actuar de la recurrida en un ente especial que hace justicia por propia mano.

TERCERO: Que, deberá tenerse especialmente presente que si bien la propiedad de ambos predios no aparece claramente establecida en atención a que se han sujetado a un proceso de regularización conforme el D.L. N° 2695, lo cierto es que los recurridos, según se desprende de los antecedentes, han incurrido en hechos de autotutela, solucionando los conflictos con la recurrente cerrando el acceso.

CUARTO: Que, los antecedentes que las partes aportan en estos autos para sostener sus dichos, no permiten tener por establecido como un derecho indubitado, que la servidumbre que ambas partes reconocen constituida, grave precisamente el camino existente que la actora describe como el retazo afecto, pero, tampoco permiten negarlo.

QUINTO: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, que debe analizarse ahora en relación a las garantías denunciadas.

SEXTO: Que, en este sentido, no habiéndose podido tener por establecida la existencia de otro camino por el cual la recurrente pueda acceder a su propiedad y, que el actuar de los recurridos aparece apartado del derecho, contraviniendo sólo su constitución formal, el derecho al acceso a la propiedad de la recurrente debe ser amparado en los términos que se dirá. En efecto la servidumbre de tránsito alegada por la parte recurrente, según el sustrato fáctico que refiere, se subsume en aquella contenida en el artículo 847 del Código Civil, la que tiene el carácter de legal, debiendo regularse judicialmente cuestiones más bien accesorias y que, efectivamente, la conducta del recurrido se encuadra en la autotutela, mecanismo de resolución de conflictos repugnado por nuestro derecho, aparece conculcados sus derechos, debiendo brindarse la protección de urgencia que exige la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, de conformidad con lo narrado, la conducta de los recurridos consistente en impedir el tránsito de la recurrente por el que aparece como único camino, debe ser calificada como arbitraria por derivar del simple capricho o voluntad inmotivada del ejecutor del acto, e ilegal por no atenerse a la normativa vigente por la que debe regirse, afectando la garantía contenida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, siendo innecesario abordar las demás garantías invocadas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que: SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don ISRAEL ANDRÉS CARRASCO VÁSQUEZ, en favor de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado, sólo en cuanto se otorga a la recurrente la protección solicitada, por el término de seis meses contados desde la notificación del presente fallo, lo cual implica que el recurrido, dentro de tercero día, deberá otorgar a la actora todas las facilidades para que pueda transitar libremente y sin embarazo alguno por el camino identificado, retirando totalmente todo tipo de obstáculos que impidan la entrada y salida de la recurrida a su predio, o en su caso, facilitando llave de acceso, mientras la interesada deduce, dentro del señalado plazo, las acciones jurisdiccionales pertinentes, para así lograr la debida protección de sus derechos.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Marcelo Neculmán Muñoz.

Rol N° Protección-9097-2020 (pvb).