nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, nueve de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, soltero, independiente, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Los Hechos: El 30 de marzo de 2019, celebró un contrato de arrendamiento con nombre reservado, quien le da en arriendo una bodega, ubicada dentro de su propiedad, en domicilio reservado, de la comuna de Padre Las Casas, acordando en dicho acto que ésta será utilizada solo para fines comerciales. Dicha bodega, es utilizada efectivamente para dependencias de su trabajo, en donde tiene una empresa de lavado de autos. Dicho contrato comenzó a regir el 30 de marzo de 2019, con vigencia de un año, indicándose que se renovaría el plazo de forma tácita, automática y sucesivamente, si es que ninguna de las partes manifiesta a la otra su voluntad de poner término al arrendamiento. Se acordó también, el monto y forma de pago de la renta mensual, la cual asciende a $160.000, reajustada anualmente en un 5%, aplicado cada vez que se renueve el contrato. Monto, el cual debía ser depositado en la cuenta corriente a nombre de nombre reservado. En el contrato, se indica específicamente que en caso de que el arrendador desee poner término al arrendamiento, debe dar el aviso correspondiente, mediante carta certificada al domicilio consignado, con a lo menos 60 días de anticipación. El día 21 de septiembre le enviaron una carta pidiendo el desalojo, exigiendo que se fuera del lugar, faltando todavía 6 meses para el término del contrato. La solicitud de desalojo no es justificable, ya que dice ha cumplido con los pagos que debe efectuar al arrendador mensualmente, ya sea para efectos de la renta mensual por el arriendo, como por servicios básicos, además de no haber tenido ningún tipo de problemas ni quejas por parte del arrendador. En la carta de desalojo, el arrendador argumenta que solicita el fin del arrendamiento porque, según éste, no ha pagado las rentas en las fechas y plazos, lo cual no es así, ya que ha cumplido con dicha obligación. Además, afirma que ha realizado modificaciones en las instalaciones, ampliaciones en la infraestructura del área arrendada e intervención de las instalaciones de agua potable, alterando el normal funcionamiento de la red de agua. Afirma que no es así puesto que, si bien se hizo una modificación, fue en virtud de que el mismo arrendador se lo pidió. Desde el día 9 de febrero de 2023 hasta el día 16 de marzo del mismo año, se fue a Colombia de vacaciones, dejando cerrado el lugar, con sus pertenencias y herramientas de trabajo dentro, y con todos los pagos correspondientes al día, pero el recurrido nombre reservado, aprovechando su ausencia, cambió el candado de la entrada principal, diciéndole a los demás arrendatarios que solo ellos y el propietario podían tener las llaves, y no el recurrente, afirmando que había dejado el inmueble abandonado, lo cual no fue así. Dichas pertenencias, no le han sido devueltas, y respecto de aquellos arreglos que efectuó en el inmueble, el arrendador no ha manifestado su voluntad de devolver lo que ha pagado por éstos. Esto le ha perjudicado económicamente, puesto que como ha mencionado, es su lugar de trabajo, y no ha podido trabajar en todos estos días, debido al impedimento impuesto por la recurrida para ingresar al lugar. El Derecho: “La Constitución asegura a todas las personas”. Artículo 19 N°3: “La igual protección en el ejercicio de sus derechos”. Se infringe la garantía, puesto que el recurrido no respetó el debido proceso, exigiéndole que se retire del lugar, sin existir un proceso previo legalmente tramitado que resuelva esta situación, acción del recurrido que además no tiene justificación, ya que la contraparte alega que se hicieron modificaciones en el lugar, las cuales el mismo le solicitó que efectuara. Artículo 19 N°24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Se infringe la garantía, puesto que el arrendador le ha impedido la entrada a un lugar que, si bien es parte de su propiedad, existen bienes dentro del lugar que le pertenecen al arrendatario, los cuales son sus herramientas de trabajo, el cual incluso se ha visto paralizado, puesto que utilizaba este inmueble como dependencia de sus labores de trabajo. El actuar del recurrido es arbitrario, y carece de racionalidad, puesto que, como es relatado en los hechos, no ha habido incumplimiento del arrendatario respecto del contrato, ha pagado y cumplido con las peticiones de la recurrida, y si bien en su ausencia del país no fue pagada la renta, fue por dicha razón, coincidiendo ésta fecha con la de los días de pago, y en razón de ello, es que posterior a su llegada al país ha manifestado su intención de saldar dichas rentas, pero la parte recurrida se ha mostrado reacia a recibir sus pagos.

Por ello, pide tener por presentado recurso de protección en contra de nombre reservado, se acoja este recurso o arbitrar las medidas que US. Ilma. estime pertinentes para restituir el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1) Contrato de arrendamiento celebrado entre nombre reservado y nombre reservado.

2) Notificación término de contrato de arriendo.

Comparece don nombre reservado, rut RUT reservado, trabajador dependiente, quien informa:

1.- En primer lugar, es efectivo que con fecha 30 de marzo del año 2019 se celebró un contrato de arrendamiento entre el recurrente y su parte, por medio del cual se entregó en arrendamiento una propiedad ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Padre Las Casas, para ser ocupada una bodega, que se encuentra en dicho lugar. También es efectivo que el contrato comenzó a regir con fecha 30 de marzo de 2019, y con vigencia de un año, indicándose que se renovaría el plazo de forma tácita, automática y sucesivamente, sin que ninguna de las partes manifestara a la otra su voluntad de poner término al arrendamiento. Asimismo, es efectivo que se fijó y se acordó, como monto de la renta mensua,l la cantidad de $160.000 pesos, la cual se reajustaría anualmente en un 5%, aumento que se aplicaría cada vez que se renovara el contrato. Es preciso decir que el monto fijado inicialmente en el contrato de arrendamiento no fue modificado por las partes y jamás se hizo la aplicación del aumento del 5% ya referido.

2.- Referente a la forma de ponerle término al contrato de arrendamiento, el recurrente, en su mismo recurso, declara que las partes están facultadas y, específicamente el arrendador, para ponerle término al contrato de arrendamiento, debiendo dar el aviso correspondiente mediante carta certificada dirigida al domicilio consignado en el mismo contrato, todo ello con una anticipación no menor a 60 días. En este punto, el mismo recurrente declara que, con fecha 21 de septiembre del año 2022, se le envió una carta certificada por parte del recurrido para efecto de ponerle término al contrato de arrendamiento. En dicha carta, la cual tiene como referencia “Notifico término contrato arriendo” dirigida al señor nombre reservado, se dispone que se pone término al contrato de arrendamiento de la propiedad ubicada en la domicilio reservado de la comuna de Padre Las Casas, en virtud de que se han incumplido las cláusulas establecidas en el artículo séptimo del contrato de arrendamiento, precisamente las letras a) y e), siendo la primera causal el no pago de arrendo en los plazos indicados en el contrato, lo cual el mismo el recurrente reconoce, y la causal de la letra e) del artículo séptimo del contrato, la cual dice que se realizaron modificaciones en las instalaciones sin el consentimiento del arrendador. Se acompaña cuadro gráfico con el detalle de los meses y el comportamiento de las partes respecto al pago de la renta, destacando que el arrendador, durante los meses más álgidos de la pandemia de Covid-19 tuvo la deferencia y consideración de no cobrar la renta del mes de junio de 2020, e imputar al mes de garantía, la renta correspondiente al mes de julio del mismo año, todo ello a petición del recurrido.

3.- En la misma misiva de fecha 21 de septiembre del año 2022, se comunicó que se daba aviso al recurrente en virtud de lo que dispone la cláusula 13° del contrato de arrendamiento del término de este, por la voluntad del arrendador, fundada en las causales alegadas, y en la facultad que las propias partes le atribuyeron al arrendador, para ponerle fin al vínculo jurídico, por su sola voluntad (todo ello en relación con la cláusula segunda del contrato). Es importante destacar en este punto que, al contrario de lo que podría haber hecho el común de los arrendadores, en cuanto a sólo indicar que se pone término al contrato de arrendamiento en virtud de la aplicación de la cláusula segunda, la misiva además está fundada en antecedentes de hecho que el mismo recurrente reconoce en su presentación, como es que las modificaciones al inmueble fueron efectivamente realizadas, aunque convenientemente declara que fueron “a pedido del arrendador”, lo cual no es efectivo, por lo que la causal invocada, además de las rentas impagas, está más que probada y justificaba ponerle fin al contrato de arrendamiento.

4.- En cuanto al derecho, es inevitable invocar lo que dispone el artículo 1545 del Código Civil, el cual reza: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” En este caso, ambas partes libres de cualquier tipo de vicio de la voluntad acordaron cada una de las cláusulas del contrato, dentro de las cuales está la segunda, que dispone que se puede poner término al contrato en la forma y tiempo señalados más arriba, y que se puede poner también término anticipado al contrato cuando el arrendatario incumple las obligaciones establecidas en la cláusula séptima. Los actos propios del recurrente, que en esta instancia no puede desconocer, como son el incumplimiento reiterado en el pago de las rentas y las modificaciones realizadas al inmueble, no pueden servir de base para que su recurso prospere, más aun teniendo en consideración que, al momento de ser notificado, el día 21 de septiembre de 2022, del término del contrato, no realizó objeción alguna, más aún, procedió a la entrega del local en febrero del presente año, yéndose del lugar con paradero desconocido, y sin pagar el uso del inmueble que efectuó durante los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023 (véase el recuadro del punto 2) por lo que resulta inaudito que en marzo presente esta acción de protección de garantías constitucionales una vez que él mismo dejó el lugar que arrendaba.

5.- Finalmente, controvierte lo expuesto en el recurso de protección, en cuanto a que el arrendador haya tomado por mano propia el local, ejerciendo una especie de autotutela, lo cierto es que el inmueble arrendado estaba abandonado y en condiciones de ser ocupado por terceras personas, o incluso dañado por incendio u otro tipo de deterioro, por lo que esta parte se vio en la necesidad de proteger su propiedad, más aún si ningún reclamo respecto al término del contrato del cual se dio aviso en septiembre de 2022 fue realizado por el ahora recurrente: En términos jurídicos, el contrato de arrendamiento tuvo su término en el mes de septiembre de 2022, y el tiempo que el recurrente lo siguió ocupando, fue por mera tolerancia del arrendador, ya que indefectiblemente el vínculo jurídico que alguna vez existió entre las partes terminó.

Por ello, pide tener por evacuado el informe solicitado a esta parte y, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección incoado por don nombre reservado, todo ello con expresa condena en costas. Acompaña: bajo el apercibimiento del artículo 346 n°3 del Código de Procedimiento Civil, Presupuesto de fecha 04 de mayo de 2023 extendido por la empresa Constructora Renaico SPA, para el desarme, retiro y limpieza de las modificaciones realizadas por el recurrente en mi propiedad.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, por su naturaleza y procedimiento, es sumarísimo y su objetivo es la protección de derechos indubitados y no presta para discutir cuestiones que deben ser materia de prueba. Tales asuntos escapan del conocimiento de este recurso, de naturaleza meramente cautelar, y que deben ser dilucidadas, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes ante el tribunal que corresponda.

SEGUNDO: Que reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sostenido que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo, a su vez, de un instrumento cautelar destinado a resguardar de modo urgente aquellas garantías que estén amagadas, para lograr dicho restablecimiento, pero en modo alguno ha sido instituido como medio o sustituto jurisdiccional para la obtención, por su intermedio, de la declaración o constitución de derechos.

TERCERO: Que, en el caso de autos , el asunto debatido dice relación con presuntos incumplimientos contractuales, esto es, por una parte, que no guardan relación con derechos indubitados y, por otra, se trata de cuestiones que requieren ser conocidas por un tribunal en un juicio de lato conocimiento, en donde existan amplias oportunidades para accionar, excepcionarse, debatir, fundamentar y probar los hechos y hacer valer los derechos pertinentes de las partes en conflicto. Por lo tanto, no existen medidas de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido trasciende por completo del marco de esta acción cautelar, de su condición y finalidad, en cuanto no constituye la vía jurídicamente idónea para decidir sobre una materia traída a debate por un canal que resulta claramente inadecuado.

CUARTO: Que, por todo lo expuesto y concluido, resulta evidente que los derechos cuyo resguardo se invoca están discutidos y no declarados, por lo que la acción constitucional deducida no puede prosperar y debe ser desestimada, sin perjuicio de las demás pretensiones que las partes puedan hacer valer, en la sede que corresponda.

Por estas consideraciones y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de don nombre reservado.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-909-2023.(ela)