Protección contra acto recurrido Oficio Ordinario N°1

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS 1°.- A Folio, comparece don CARLOS SILVA ALLIENDE, chileno, abogado, en representación de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, como recurrente y abogado patrocinante, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en favor de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. y en contra del acto recurrido Oficio Ordinario N°1.499 de 1 de octubre de 2021, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

2°.- Afirma que dicho acto administrativo ha vulnerado gravemente las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile y los Tratados Internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos y que se encuentran íntegramente incorporados a la legislación chilena en razón de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental; privando y perturbando las referidas garantías y derechos fundamentales, por las razones que pasa a exponer.- 3°.- LOS HECHOS.-1.- DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Expone que, en el caso de marras, el Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021, de la Superintendencia de Casinos de Juego (en adelante también “la Superintendencia” o “SCJ”), es un acto administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que resolvió una presentación realizada por CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., presentada el 30 de julio de 2021, ingresada ante la Superintendencia de Casinos de Juego, que solicitaba la suspensión, modificación o invalidación de las Resoluciones Exentas N°430 y N°432, de 24 y 27 de julio de 2020, respectivamente; solicitando lo siguiente: “1.- Disponer el cumplimiento íntegro del plazo del actual permiso de operación otorgado a Casino de Juegos Temuco S.A. y sus servicios anexos, en la Comuna de Temuco, Región de La Araucanía, descontando del cómputo respectivo, el tiempo que dure el estado de excepción. 2.-En subsidio, disponga que se descuente del cómputo del plazo del permiso de operación ya individualizado, los días durante en los cuales se le ordenó el cierre del casino de juegos, y por extensión, de los servicios anexos por decisión de la autoridad. 3.-Suspender, modificar o invalidar los efectos de las Resoluciones Exentas N°430, de 24 de julio de 2020, y N°432, de 27 de julio de 2020, ambas de la Superintendencia de Casinos de Juego, sobre la base del razonamiento ya expuesto, en razón de la señalado en los puntos anteriores.”

4°.- Señala que, a lo anterior, dicha Superintendencia respondió mediante Oficio N°1.499/2021, el acto recurrido, señalando: “11.- Por lo anteriormente expuesto, no es posible acceder a su solicitud de descontar del cómputo respectivo de duración del permiso de operación, el tiempo que dure el estado de nombre reservado. Asimismo, y no siendo posible modificar el plazo de duración del permiso, por el tiempo de duración del estado de excepción ni por los días en que se ordenó el cierre, tampoco es posible acceder a modificar, suspender o invalidar el proceso de otorgamiento de permiso ya iniciado por la Resolución Exenta N°430 del 24 de julio de 2020 que aprueba las bases técnicas para el proceso y la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020 que declara formalmente abierto el proceso para el otorgamiento o renovación de doce permisos de operación de casinos de juego.”

5°.- Estima el recurrente que la citada decisión administrativa priva, perturba y amenaza derechos fundamentales de los cuales es titular CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A.

En el caso de marras, el acto recurrido afecta el ejercicio, por parte de su representada, del principio de igualdad constitucional, el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, a no ser discriminado en las mismas por parte del Estado y el derecho de propiedad, lo que indica demostrará a continuación.

6°.- DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO.- DEL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACIÓN A CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A.​ Precisa que, a través de Resolución Exenta N°174, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego, se otorgó un permiso de operación, en los términos contenidos en el proyecto presentado, a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. en la Comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

En la parte resolutiva, la citada Resolución N°174 dispuso que: “2.- El permiso de operación que por este acto se otorga tiene un plazo de vigencia de 15 años contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo 28 de la Ley N°19.995”.

El artículo 26 de la Ley N°19.995, que Establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, dispone lo siguiente: “(…) Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario.

A su vez, el 14 de enero de 2009, la Superintendencia emitió Certificado mediante el cual se autorizó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995, la operación del casino de juego autorizado en la Comuna de Temuco. Dicho acto certifica que: “La vigencia durante quince años del permiso de operación del casino de juego “Dreams Temuco” de la sociedad operadora Casino de Juegos Temuco S.A., rige a contar de la fecha del presente certificado y hasta el 14 de enero de 2024.”. De esta forma, el permiso que su representada tiene para operar el Casino ubicado en la Comuna de Temuco se extiende desde el 14 de enero de 2009 hasta el 14 de enero del año 2024.

7°.- Luego, se refiere al cierre del CASINO DREAMS TEMUCO dispuesto por acto de autoridad, para decir que, como es de público conocimiento, el 8 de marzo de 2020, se dictó el Decreto Supremo N°104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso, en todo el territorio nacional y por 90 días, estado de nombre reservado con motivo de la emergencia de salud pública, de importancia internacional (ESPII), declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia por brote del nuevo coronavirus 2019-NCOV y sus modificaciones producidas por el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-COV-2). Lo anterior en consideración a lo dispuesto en los artículos 19 N°1 y N°9, 32 N°5, 39, 41 y 43 de la Constitución Política de la República; y a lo ordenado en la Ley N°18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción. Dicho estado de excepción fue prorrogado mediante Decreto Supremo N°269, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 12 de junio de 2020. Lo mismo sucedió mediante Decreto Supremo N° 400, del citado Ministerio, del 10 de septiembre del año 2020. El 9 de diciembre de 2020, a través del Decreto Supremo N° 646 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, S.E. el Presidente de la República dispuso la prórroga de la declaración de estado de nombre reservado por calamidad pública en todo el territorio de Chile. A su vez, el 13 de marzo de 2021, a través del mismo Ministerio se dictó el Decreto Supremo N° 72, mediante el cual se prorrogó la vigencia del citado estado de excepción. Dicho Decreto, en forma previa, requirió del acuerdo del H. Congreso Nacional, dado que la vigencia del estado de nombre reservado excedía ya de un año. Lo anterior en consideración a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de la República. Finalmente, el Decreto Supremo N°153 de 25 de junio de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogó la vigencia del estado de nombre reservado por quinta vez, lo cual se dispuso hasta el 30 de septiembre de 2021. Al igual que en la cuarta extensión de la vigencia del estado de nombre reservado; antes de la dictación del Decreto Supremo, el Ejecutivo debió contar con la aprobación previa del H. Congreso Nacional. De esta forma, entre el 18 de marzo de 2020 y el 1 de octubre de 2021, transcurrieron ininterrumpidamente 562 días bajo estado de nombre reservado. Es decir, 1 año, 6 meses y 10 días. A lo anterior debe añadirse que el inciso tercero del artículo 43 de la Carta Fundamental dispone que, decretado el estado de nombre reservado, el Presidente de la República puede adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo para el restablecimiento de la normalidad en la zona afectada, así como restringir las libertades de locomoción y de reunión. Debe precisarse que esta parte recurrente no presenta este recurso de protección para calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho, invocados por la autoridad, para dictar el estado de nombre reservado decretado, en el sentido de lo señalado en el artículo 45 de la Constitución Política.

A su vez, el artículo 7° de la antes citada Ley N° 18.415, confiere a los respectivos Jefes de la Defensa Nacional, que designe el Presidente de la República durante la vigencia de la situación de excepción, entre otras, la facultad de controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de catástrofe y el tránsito en ella. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 36 del Código Sanitario dispone lo siguiente: “Artículo 36°. - Cuando una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia.” A su vez, el artículo 3 numeral 8 del Decreto N° 4, del 5 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, que dispuso Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional; otorgó a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud la facultad para disponer la prohibición de funcionamiento de ciertos establecimientos o lugares de trabajo.

Expone que, en el contexto sanitario antes citado, motivado por la pandemia, la Superintendencia de Casinos de Juego, mediante Oficio Circular N°5, de 16 de marzo del año 2020, instruyó a todas las sociedades operadoras del ramo: “el cierre de todos los casinos de juego del país, a partir de las 00:01 de este miércoles 18 de marzo, sin perjuicio del cierre anticipado en el caso de que lo estimen pertinente, situación que deberá ser comunicada mediante el SAYN luego de producido el desalojo de la sala. 2. La medida se aplicará hasta el domingo 29 de marzo a las 24:00 horas, que corresponde al periodo de suspensión de clases decretadas por el Gobierno de Chile, y en consideración a la prohibición de realizar actividades con más de 200 personas, de manera de asegurar la contención en la propagación del contagio, resguardando la salud de los trabajadores y clientes. Ello, sin perjuicio de que el cierre decretado se pueda extender en función de las instrucciones sanitarias que pueda establecer la autoridad de salud y la evaluación que se haga respecto de las mismas.”.

Tras lo anterior, y mediante Resolución Exenta N°200, del Ministerio de Salud, de 20 de marzo de 2020, se dispusieron medidas sanitarias en consideración a brote de COVID-19. Entre ellas, se dispuso el cierre de cines, teatros, pubs, discotecas, cabarets, clubes nocturnos y gimnasios y/o lugares análogos. En consideración a la indicada Resolución Exenta N° 200, la Superintendencia de Casinos de Juego dictó el Oficio Circular N° 13 de 25 de marzo de 2020, el que complementó la instrucción de cierre de casinos de juego a partir de la antes indicada Resolución Exenta N° 200 del Ministerio de Salud, ordenando: “3. […] el cierre de los casinos de juego instruido hasta el día 29 de marzo por el Oficio Circular N°05, debe necesariamente prorrogarse en virtud de la resolución del Ministerio de Salud, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su supresión y las autoridades sanitarias lo determinen.”

Días después, la Superintendencia de Casinos de Juego, a través de Oficio Circular N°19, de 9 de abril de 2020, dispuso lo siguiente para todas las sociedades operadoras de casinos de juego: “Por lo tanto, el cierre de los casinos de juego – tanto municipales como aquellos cuyos permisos de operación fueron otorgados conforme a la Ley N°19.995 – instruido hasta el día 29 de marzo del 2020, por el Oficio Circular N°05, y luego extendido por el mencionado Oficio Circular N°13 hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su supresión y las autoridades sanitarias lo determinen, a juicio de esta Superintendenta, debe necesariamente comprenderse aplicable también a las obras complementarias constitutivas de cada uno de los proyectos integrales autorizados por esta Superintendencia y a los restaurantes, hoteles y otros servicios que se anexen o integren al funcionamiento de los casinos municipales concesionados. Asimismo, todos los casinos de juego del país y las referidas obras complementarias, están afectados por acto o declaración de autoridad, establecido en la Resolución Exenta N°88, del 06 de abril de 2020, de la Subsecretaría de Hacienda, en consideración también a la prohibición en todo el territorio nacional de la realización de eventos públicos con más de 50 personas, el cierre de pubs, discotecas, cabarets, clubes nocturnos, restaurantes, cafeterías y lugares análogos, además de los hoteles, en la medida que no mantengan huéspedes o no cuenten con reservas confirmadas de pasajeros. Finalmente, lo anterior, se dispone sólo para los efectos de cumplir con el mandato de la autoridad sanitaria contenida en la Resolución Exenta N°200 y lo establecido en la Resolución Exenta N°88, ya citadas, y las disposiciones legales y normativas transitorias derivadas de la situación nacional de salud de público conocimiento, que ha motivado dicha resolución.”. Así, junto al cierre de los casinos de juego propiamente tales, se dispuso, de manera adicional, la prohibición de funcionamiento de hoteles, centros de convenciones, restaurantes y demás obras complementarias de dichos recintos; las cuales forman parte de los respectivos proyectos integrales que les fueron autorizados.

Complementa que, con fecha 10 de agosto de 2020, la SCJ dictó el Oficio Circular N°31. En dicha actuación se dispuso la reapertura de casinos de juego localizados en Comunas que se encontraren en la denominada “Fase 5 Apertura Avanzada” del Plan “Paso a Paso”, dispuesto por el Gobierno para efectos del “proceso de desescalada”, dada la situación que a dicha fecha afectaba al país. Específicamente, la SCJ dispuso lo siguiente, en la parte pertinente: “5. El Ministerio de Salud ha implementado el programa denominado “Paso a Paso, Nos Cuidamos”, consistente en una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular, definiendo 5 escenarios o pasos graduales, que van desde la “Cuarentena” hasta la “Apertura Avanzada”, con restricciones específicas, precisando que el avance o retroceso de un paso particular a otro estará sujeto a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad. En virtud de lo expuesto, se instruye a las sociedades operadoras y sociedades concesionarias de casinos municipales ubicadas en las comunas autorizadas por el Ministerio de Salud para avanzar al “Paso 5 – Apertura Avanzada” la reapertura de los casinos de juegos que administran, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta etapa. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, las sociedades antes referidas podrán de manera excepcional y atendidos los ajustes que deban afinar para un correcto reinicio de sus operaciones, reabrir sus establecimientos dentro de un plazo no superior a los 5 días corridos desde la entrada en la fase de Apertura Avanzada, cuestión que deberá ser comunicada a esta Superintendencia a través del SAYN. […]. En el caso que el Ministerio de Salud, en virtud de las condiciones epidemiológicas, determine y ordene el retroceso desde la fase “Paso 5 – Apertura Avanzada”, las sociedades operadoras y sociedades concesionarias deberán cerrar los casinos de juegos desde la fecha que fije la Autoridad Sanitaria, debiendo comunicar inmediatamente dicha contingencia a esta Superintendencia a través del Sistema de Autorizaciones y Notificaciones (SAYN). Finalmente, esta Superintendencia en virtud de las atribuciones contenidas en la normativa vigente, podrá llevar a cabo fiscalizaciones presenciales en cualquier momento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la autoridad sanitaria para la reapertura de los casinos de juego, en los términos antes expuestos, informando a esta última el resultado y hallazgos constatado para los fines pertinentes.”.

8°.- Es de esta manera que el actor estima que la SCJ no se hace cargo de las circunstancias del hecho producido, debido a los cierres de casinos de juego y al cómputo del plazo que afecta el ejercicio de derechos y garantías constitucionales de las que goza CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A.

Es en dicho contexto que la Superintendencia de Casinos de Juego, a través de Oficio Circular N°37 de 2 de noviembre de 2020, precisó modificaciones a la estrategia “Paso a Paso” en lo referido a la reapertura de casinos de juego. El citado acto de la SCJ dispone, en lo sustantivo, lo siguiente: “4. Mediante el Oficio Ord. N°1429, de fecha 8 de octubre de 2020, esta Superintendencia informó a la industria de casinos de juegos, que luego del análisis realizado a las medidas sanitarias adoptadas en los casinos de juego y sus servicios anexos, esta Superintendencia ha estimado que estarían las condiciones para una apertura, de carácter voluntaria por parte de las sociedades operadoras, en la etapa 4 del plan “Paso a Paso, Nos Cuidamos” del Ministerio de Salud.

En ese contexto, este organismo fiscalizador modificó el citado protocolo, de manera de incorporar la posibilidad de reapertura en el Paso 4, sometiendo dicha propuesta a la evaluación y eventual autorización de las autoridades sanitarias. Este documento fue enviado al Ministerio de Hacienda, para que por su intermedio fuese remitido al Ministerio de Salud. Respecto a las demás obras complementarias del proyecto integral, distintas del casino de juego y de los servicios anexos autorizados, se informa a las sociedades operadoras y sociedades concesionarias que éstas podrán habilitarse en la medida que se cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, a través del plan “Paso a Paso”, tanto para la comuna de que se trate, como así también, en función de la actividad económica correspondiente, tal como se señala en el link: https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/.

El mismo órgano fiscalizador a través de Oficio Circular N°40, emitido el 12 de noviembre del año 2020, informó acerca de la aprobación y vigencia del “Protocolo de Manejo y Prevención ante COVID-19 en casinos y establecimientos de juego y entretención”, por parte del Ministerio de Salud, impartiendo, a la vez, instrucciones a los titulares de permisos de operación. En dicho ámbito, la Superintendencia dispuso lo siguiente: “3. Los ministerios de Salud y de Economía generaron el “Protocolo de Manejo y de Prevención Ante COVID-19 en Casinos y Establecimientos de Juego y Entretención”, en el marco del plan “Paso a Paso, Nos Cuidamos”, el cual define los distintos pasos de apertura a los que pueden optar los casinos de juego, así como las medidas e indicaciones sanitarias que deben ser atendidas por los respectivos establecimientos, cuyo cumplimiento fue instruido por esta Superintendencia mediante la Resolución Exenta N°708, de 6 de noviembre de 2020. 4. Dentro del protocolo, destaca la apertura gradual de los casinos de juego que se ubiquen en las comunas que se encuentren en los Pasos 3, 4 y 5, de acuerdo con las condiciones que se establecen en el citado documento y en las actualizaciones que se realicen a éste, en el caso que corresponda. 5. En este contexto, corresponde señalar que sigue vigente la instrucción de reapertura obligatoria de los casinos de juegos en aquellas comunas que entren en el Paso 5 Apertura Avanzada, establecida en la Circular N°31 de esta Superintendencia, de fecha 10 de agosto de 2020, en tanto que el plazo máximo para reiniciar las operaciones, a partir de la entrada en vigor de esta etapa se amplía a diez días hábiles. Por su parte, la reapertura de estos recintos ubicados en aquellas comunas que se encuentren en los Pasos 3 y 4 será de carácter voluntaria. 6.

Una vez que las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego reinicien las operaciones deberán mantener el funcionamiento a lo menos durante tres días a la semana, mientras la comuna respectiva se mantenga en los Pasos 3, 4 o 5[…].”

Dada la eventual apertura de casinos de juego, dependiendo ello de la Fase de la política pública “Paso a Paso”, la SCJ a través de Oficio Circular N° 42, de 1 de diciembre de 2020; dispuso que: “4. Posteriormente a la notificación de reapertura de los casinos de juego, las sociedades operadoras y concesionarias municipales, han informado el horario de funcionamiento de estos. 5. Por esta razón, y luego de las consultas con las autoridades pertinentes, cumplo con informar que si bien los casinos regulados por la SCJ pueden funcionar en tiempos normales las 24 horas del día; dadas las excepcionales condiciones sanitarias actuales, no es posible que éstos se encuentren disponibles a público en horario continuado, aun cuando se respete el toque de queda para el acceso al mismo. 6. Teniendo presente lo anterior, y en tanto no exista una autorización expresa de la autoridad sanitaria, sólo se permite el funcionamiento de los casinos exclusivamente en el horario que va desde las 5:01 am y hasta las 23:59 pm horas, respetando siempre el no funcionamiento del casino en el horario de toque de queda definido por la autoridad; medidas que se deberán adoptar de manera estricta y rigurosa, a partir de la jornada del martes 01 de diciembre.”.

9°.- Argumenta que, como puede apreciarse, se precisó que la eventual apertura quedaba condicionada a las restricciones horarias dispuestas por aplicación del toque de queda.

Tras modificaciones realizadas al Plan “Paso a Paso”, en el contexto de la situación sanitaria que vivió el país en el verano del año 2021, la Superintendencia informó el 18 de febrero de dicho año, a través de Oficio Circular N°4, que: “[…] resulta procedente que las operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego puedan reiniciar de manera voluntaria sus operaciones en el Paso 2 únicamente en espacios abiertos, resguardando para ello las distancias ya establecidas para el uso de las máquinas de azar, esto es un metro de distancia entre éstas, en la medida que existan barreras acrílicas o dos metros en caso de no existir dichas barreras. Sin consumo de alimentos y bebidas. 8. Asimismo, en función de lo establecido en la citada resolución del Minsal, y considerando las características propias de la industria, se precisan las condiciones de funcionamiento de los Casinos de Juego, en los Pasos 3 y 4, en los términos que se indican a continuación: […] 11. Finalmente se reitera que previo a la apertura, ya sea esta voluntaria, en las comunas que se encuentren en Paso 2, Paso 3 y Paso 4, como aquellas de carácter obligatorio que se encuentren en Paso 5, dichas sociedades deberán informar a esta Superintendencia a través del Sistema de Autorizaciones y Notificaciones (SAYN) la fecha de inicio de operaciones, […]”.Con posterioridad, esa Superintendencia realizó más precisiones, las que se materializaron a través de Oficio Circular N°6 de 11 de marzo de 2021: “3. Asimismo, mediante la Resolución Exenta N°43, del Ministerio de Salud, de 14 de enero de 2021, se dispusieron nuevas medidas sanitarias por brote Covid-19 y se estableció un nuevo Plan “Paso a Paso”. Entre otros aspectos, este nuevo plan permitió la operación voluntaria de casinos de juego en aquellas comunas que se encontraban en Paso 2 “Transición” o superior, cumpliendo con determinadas restricciones conforme las condiciones establecidas en el numeral 71 de la referida resolución, y en las demás disposiciones pertinentes de la misma, en el marco de lo cual esta Superintendencia emitió el Oficio Circular N°4, del 18 de febrero pasado. No obstante, ante el aumento de las cifras de contagios por COVID-19 a lo largo del país, la autoridad sanitaria ha determinado por el mes de marzo de 2021, restringir la operación de casinos de juego en aquellas comunas que se encuentren en el Paso 2 “Transición” del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, por lo que se instruye suspender la operación de éstos, hasta que la autoridad sanitaria levante la referida restricción. Dicha medida entrará en vigor a contar del sábado 13 de marzo de 2021, desde las 05:00 horas. El oportuno cierre de las operaciones deberá ser notificado a esta Superintendencia a través del sistema de notificaciones y medios habilitados para este fin.”

Alega que, las diversas instrucciones referidas emanadas, tanto de la autoridad Presidencial, ministerial sanitaria y del órgano fiscalizador obligaron a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. a cerrar el casino de juego durante un tiempo considerable por lo que, por acto de autoridad que dispuso el cierre de los casinos de juego, su representada no pudo operar su permiso de operación durante un número significativo de días producto de la declaración de estado de nombre reservado acaecida a partir del mes de marzo de 2020.

10°.- A continuación trata sobre lo solicitado por CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. a la Superintendencia de Casinos de Juego, del acto impugnado y jurisprudencia judicial sobre la materia.

Indica que, el 30 de julio de 2021, su representada ingresó ante la Superintendencia de Casinos de Juego, una presentación, la que en su parte principal solicitó que el órgano fiscalizador dispusiera el cumplimiento íntegro del plazo del actual permiso de operación otorgado a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. y sus servicios anexos, en la Comuna de Temuco, descontando del cómputo respectivo, los días durante los cuáles éstos no pudieron operar en virtud de decisión de la autoridad. Lo anterior, toda vez que se verificó fuerza mayor o caso fortuito, fundados en actos de autoridad dictados a consecuencia de la pandemia mundial causada por brote del coronavirus 2019-NCOV y sus modificaciones producidas por el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-COV-2) y ordenar, asimismo, la suspensión, modificación o invalidación de los efectos de la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego, sobre la cual proporcionar luego más antecedentes en el presente recurso.

Para conocimiento, el 24 de julio de 2020, la Superintendencia dictó la Resolución Exenta N°430, que “Aprobó Bases Técnicas para Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operaciones de Casinos de Juego”. Lo anterior toda vez que el artículo 19 literal a) de la Ley N°19.995 dispone lo siguiente: “Artículo 19.- Las solicitudes de permisos de operación o de renovaciones de los mismos deberán efectuarse en los periodos que se indican y de conformidad al siguiente procedimiento: a) Resolución de apertura: con una antelación que no podrá superar los cuarenta y ocho ni ser inferior a treinta y seis meses, contados desde la fecha de vencimiento de los permisos en actual explotación, la Superintendencia deberá dictar una resolución declarando formalmente abierto el proceso de otorgamiento o de renovación de permisos de operación, según corresponda. Dicha resolución deberá señalar el plazo y lugar para el retiro de las bases técnicas y la fecha, hora y lugar de entrega de las ofertas técnicas y económicas. Asimismo, deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial y, completa, en un diario de circulación nacional de conformidad a las reglas que establecerá el reglamento respectivo. [...]”.

Aclara que, para operar un casino de juego se requiere de un permiso de operación, que otorga la Administración. En el caso de su representada, dicho permiso se otorgó mediante Resolución Exenta N°174 de 21 de julio de 2006, de la SCJ. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995. Por su parte, el certificado de inicio de operaciones, al que se refiere el inciso tercero del artículo 28 de la misma Ley, fue entregado a esta parte el 14 de enero de 2009; indicándose en el mismo que la vigencia de la operación regiría a contar de dicho día y hasta el 14 de enero de 2024. Ello en razón que los permisos de operación se entregan por un lapso de quince años, de conformidad a lo estatuido en el inciso tercero del artículo 26 de la Ley N°19.995: “El permiso de operación se otorgará por un plazo de quince años, contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo 28. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario”.

Destaca que, en coherencia con lo anterior, la Superintendencia de Casinos de Juego, el 27 de julio de 2020, dictó la Resolución Exenta N°432 que “Declaró Abierto el Proceso de Otorgamiento o Renovación de Permisos de Operación para Casinos”. Originalmente, en la parte dispositiva de la Resolución Exenta N°432, se ordenó lo siguiente: “4. Fíjese como fecha de entrega de las ofertas técnicas y económicas el día lunes 18 de enero de 2021 a las 10:00 hrs., en el Hotel Gran Palace, situado en domicilio reservado, Región Metropolitana.” La Resolución Exenta N°499, de 28 de agosto de 2020, de la propia Superintendencia, modificó la antes citada Resolución Exenta N°432, disponiendo lo siguiente: “1. MODIFÍCASE la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020, de esta Superintendencia, exclusivamente su Resuelvo número (sic) 4° respecto el día de entrega de las ofertas técnicas y económicas, dejándose sin efecto la fecha del lunes 18 de enero de 2021, y reemplazándose la misma por el lunes 19 de abril de 2021, manteniéndose las 10:00 hrs. y el Hotel Gran Palace, situado en domicilio reservado, Región Metropolitana.” Lo anterior, como señaló la misma Resolución Exenta N°499, en consideración a que: “esta Superintendencia conforme los fundamentos que en ella se señalan y que se dan por reproducidos en este acto, vinculados a las graves circunstancias económicas y sanitarias por las que atraviesa el país, hechos de público conocimiento además, rechazando la solicitud principal de recurrente, dispuso de oficio una suspensión del proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación, indicándose en dicho acto que aquel se suspende por un período de 90 días corridos, contados desde la notificación de la referida resolución.” Posteriormente, y casi sólo tres meses después, la Superintendencia nuevamente modificó el cronograma licitatorio, a través de Resolución Exenta N°746, de 24 de noviembre de 2020. Dicho acto administrativo dispuso:

“1. MODIFÍCASE la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020, de esta Superintendencia, en el siguiente sentido: […]

b) El Resuelvo número 4° respecto el día de entrega de las ofertas técnicas y económicas, dejándose sin efecto la fecha del lunes 19 de abril de 2021, y reemplazándose la misma por el lunes 18 de octubre de 2021, manteniéndose las 10:00 hrs. y el Hotel Gran Palace, situado en domicilio reservado, Región Metropolitana.”.

El motivo de tal cambio en el plazo, fue similar a la modificación anteriormente dispuesta:

“vinculados a las graves circunstancias económicas y sanitarias por las que atraviesa el país, hechos de público conocimiento además”. Como se podrá apreciar, al día de hoy la fecha de entrega de las ofertas técnicas y económicas de la licitación de renovación, vence el lunes 18 de octubre de 2021. Sobre lo anterior, dicha fecha ha sido también corroborada extraoficialmente por la Superintendenta de Casinos de Juego, en publicación realizada por el Diario La Segunda el 13 de octubre de 2021.

Sobre lo anterior y, como ya había señalado, con fecha 30 de julio de 2021, su representada ingresó una presentación ante la SCJ solicitando descontar del cómputo del plazo de vigencia del permiso de operación (quince años) los días en que esta sociedad operadora no pudo aperturar el Casino Dreams Temuco y servicios anexos; como consecuencia de la pandemia mundial causada por coronavirus, pidiendo suspender, modificar o invalidar los efectos de la antes citada Resolución Exenta N°732, de 27 de julio de 2020, que estableció, originalmente, el calendario para llevar a cabo la nueva licitación.

Indica que dicha petición fue resuelta mediante el acto impugnado en autos, Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021, el que señala, en lo pertinente, lo siguiente: “11. Por lo anteriormente expuesto, no es posible acceder a su solicitud de descontar del cómputo respectivo de duración del permiso de operación, el tiempo que dure el estado de nombre reservado. Asimismo, y no siendo posible modificar el plazo de duración del permiso, por el tiempo de duración del estado de excepción ni por los días en que se ordenó el cierre, tampoco es posible acceder a modificar, suspender o invalidar el proceso de otorgamiento de permiso ya iniciado por la Resolución Exenta N°430 del 24 de julio de 2020 que aprueba las bases técnicas para el proceso y la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020 que declara formalmente abierto el proceso para el otorgamiento o renovación de doce permisos de operación de casinos de juego.”

11°.- Alega que el acto impugnado en el recurso sub lite, es ilegal y arbitrario, priva, perturba y amenaza los derechos fundamentales consagrados en los numerales 2°, 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental; esencialmente por las razones que se exponen:

A.- El acto recurrido, Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021, de la SCJ, priva y perturba el legítimo ejercicio de los derechos anteriormente señalados, toda vez que la Administración arguye no poder no contabilizar, dentro del plazo de quince años para operación, los días en que su representada no pudo operar por acto de autoridad dispuesto en virtud de pandemia causada por COVID-19. En este sentido, la Superintendencia señaló que: “el período de duración de los permisos de operación se encuentra determinado y, por tanto, delimitado a partir de una norma de rango legal, vinculante en el actuar de esta Superintendencia, no pudiendo ni siquiera fundado en la facultad de poder interpretar administrativamente (artículo 42 N°7 de la ley) acoger la petición de la sociedad operadora – extender el plazo legal de duración de los permisos de operaciones legalmente otorgados-, sin vulnerar el principio de legalidad o juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, que señalan que todos los órganos que conforman la Administración del Estado deben someter completamente su actuar a lo que preceptúan la propia Constitución y las leyes. De esta forma resulta que el plazo de 15 años por el cual se otorga el permiso de operación no se suspende, salvo que una ley expresamente disponga lo contrario, circunstancia que a la fecha no ha sucedido. Por lo tanto, se reitera que la Superintendencia debe circunscribir su actuación a la ley y si la ley ha determinado un plazo de duración del permiso, éste debe respetarse, salvo que una ley posterior lo modifique o determine una forma distinta de contabilizarlo, cuestión que no ha acontecido.”

Las argumentaciones de la SCJ demuestran un actuar ilegal y arbitrario al argumentar lo citado precedentemente. No es efectivo que la Superintendencia no pueda no computar los plazos, modificarlos o bien interpretarlos a falta de norma legal expresa. Lo anterior, toda vez que, dentro de permisos de operación extendidos por los quince años que señala la Ley, la misma Superintendencia, producto de la misma pandemia causada por COVID-19, realizó interpretación, sin ley expresa, ni norma reglamentaria alguna, sino sólo basado en sus facultades interpretativas y resolutivas. Debe considerarse que, según dispone el numeral 7 del artículo 42 de la Ley N°19.995, a la Superintendenta le corresponde: “7.- Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.”

Demostraría a su juicio que la Superintendencia de Casinos de Juego sí ha realizado expresa interpretación del cumplimiento y contabilización de plazos, dentro del mismo período, producto de actos de autoridad derivados de la pandemia causada por COVID-19, pueden observarse de los siguientes hechos:

i.- El órgano fiscalizador, el 28 de agosto de 2020, dictó la Resolución Exenta N°500, que “Informa Cómputo de Plazo de Ejecución de Obras para Casinos de Juego y Obras Complementarias por Brote de COVID-19”.

ii.- El año 2018, la SCJ otorgó cinco permisos de operación a diversas sociedades.

iii.- Para estas sociedades, se asignaron, mediante proceso licitatorio público, permisos de operación, los cuales, conforme a la Ley, tienen una extensión de quince años; tal cual sucede en el caso de marras.

iv.- Conforme al artículo 28 de la Ley N°19.995, la sociedad adjudicataria debe desarrollar el proyecto integral autorizado dentro del plazo establecido en el plan de operación, el cual no puede exceder de dos años contados desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación. Lo anterior, sin perjuicio que, antes del vencimiento del referido plazo, la sociedad hubiere obtenido de la Superintendencia una prórroga, que la Ley autoriza por una sola vez, la que sólo podrá otorgarse por razones fundadas.

v.- En consideración a lo anterior, en el caso de las cinco sociedades titulares de permisos de operación, todas ellas ya habían solicitado la citada prórroga; las que fueron otorgadas, en su momento, por la Superintendencia.

vi.- Sin perjuicio de lo anterior y, en razón de su facultad interpretativa, la SCJ dictó la Resolución Exenta N°500, de 28 de agosto de 2020.

vii.- En dicho acto administrativo, dicho órgano fiscalizador permitió, en razón de sus facultades interpretativas, una segunda prórroga basada en el argumento de un nuevo cómputo de plazos. Lo anterior debido a la pandemia causada por COVID-19.

En este sentido, solicita tener a la vista los considerandos de dicha Resolución Exenta N°500: “6. Que, por otra parte, como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena del mes de diciembre de 2019 hasta la fecha inclusive, se ha producido un grave brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19, con lamentables efectos en la vida y salud de las personas, como asimismo una contracción económica a nivel mundial de consecuencias aún no posibles de dimensionar. 7. Que, con fecha 18 de marzo de 2020, por medio del Decreto N°104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se decretó estado de nombre reservado, por calamidad pública, en el territorio de Chile, por 90 días. Así, el artículo 4º de dicho decreto dispone que, para el ejercicio de las facultades que ahí se entregan, “los Jefes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del Covid-19, en actos administrativos dictados por el Ministro de Salud”. Este estado de nombre reservado fue prorrogado por un plazo adicional de 90 días, por medio del Decreto Supremo N°269, de 12 de junio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, extendiéndose hasta el día 15 de septiembre de 2020, sin perjuicio de una nueva prórroga según lo determinen las instancias pertinentes.

En este contexto, la autoridad sanitaria, de conformidad a los actos administrativos citados en los vistos, ha dispuesto cuarentena total en la comuna de Iquique, desde el 15 de mayo de 2020; en la comuna de Coquimbo, desde el 29 de julio de 2020 y en la comuna de Viña del Mar, desde el 12 de junio de 2020. En las comunas que se encuentran con cuarentena total, por acto de autoridad se ha prohibido la libre circulación de personas con el fin de evitar la transmisión comunitaria y expansión del virus. Los habitantes de dichas comunas sólo pueden obtener permisos de desplazamiento para realizar actividades fundamentales y abastecerse de bienes y servicios esenciales. Que, asimismo, de acuerdo con el instructivo de permisos para desplazamiento, actualizado al 17 de agosto de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, se han determinado las empresas que cumplen servicios esenciales, considerándose como tales el personal que preste servicios para el mantenimiento, reparación y funcionamiento de la infraestructura pública, tales como edificios públicos, aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales, ríos, canales, embalses, cárceles u otros. No se considera dentro de esa categoría, personal que preste servicio de mantenimiento, reparación y funcionamiento de infraestructura privada, como son los casinos de juego. Que, de esta manera, las sociedades operadoras que se adjudicaron un permiso de operación durante el año 2018 y se encuentran en alguna comuna en cuarentena total, no han podido ejecutar, debido a una instrucción de la autoridad correspondiente, las obras de los proyectos autorizados durante dicho período. Por lo anterior, para los efectos de las prórrogas otorgadas para ejecutar las obras vinculadas al casino de juego y a las obras complementarias, resulta necesario definir el cómputo de los plazos otorgados para la ejecución de las obras.”

viii.- La Resolución Exenta N°500, dictada en base a las facultades interpretativas de ésta, dispuso: “1. TENER PRESENTE, respecto a los plazos establecidos en el artículo 47 literal b) del D.S. N°1722, de 2015, que no se contabilizarán los días en que las sociedades adjudicatarias no han podido ejecutar las obras por encontrarse en cuarentena total en sus comunas y sin declaración de servicio de utilidad pública, toda vez que se encuentran imposibilitados para ello por acto de la autoridad respectiva.”.

ix.- En la solicitud realizada por esta parte a la SCJ el 30 de julio de 2021, se pidió una contabilización de plazos teniendo atención a las diversas instrucciones y actos de autoridad, que se otorgase una interpretación que permitiese un cómputo de plazos respecto del período en que esta concesionaria no había podido operar con normalidad producto de los efectos de dichos actos de autoridad, reduciendo, en la práctica, el plazo de quince años de operación autorizados.

x.- Ante dicha solicitud, la Superintendencia se excusó de hacer dicha interpretación, pues, a su juicio, no existía norma legal habilitante expresa para el caso.

Afirma que, lo curioso de esta situación es que, tratándose de un caso de solicitud de cómputo de plazos de naturaleza similar y por las mismas razones, la SCJ obvió lo que ella misma había resuelto en agosto de 2020 al dictar la Resolución Exenta N°500. Es más, ante la solicitud de esta parte, la Superintendencia resolvió lo siguiente el 1 de octubre de 2021 en el acto recurrido en autos: “Asimismo, en cuanto al argumento esgrimido por Casino de Juegos Temuco S.A. respecto a que la Administración ha reconocido expresamente la necesidad de adoptar medidas en relación con los permisos de operación con ocasión de caso fortuito o fuerza mayor, adecuando el cómputo de plazos para la ejecución de las obras para iniciar operaciones y que, utilizando el criterio de igualdad ante la ley, descuente del cómputo del plazo de 15 años del permiso de operación, es preciso mencionar que sin perjuicio a los efectos de público conocimiento provocados por el inicio de la pandemia durante el 2020, afectando diversos ámbitos de la actividad económica, entre ellas, la del normal funcionamiento de las salas de juego, esta Superintendencia no cuenta con las facultades legales para compensar las pérdidas eventualmente sufridas por las sociedades operadoras, pues la alternativa propuesta en la presentación supone una modificación legal, respecto de la cual carece de facultades, conforme constitucionalmente se encuentra establecido a propósito de la iniciativa legislativa.”.

De lo anterior, puede colegirse que el razonamiento exhibido por la Superintendencia de Casinos de Juego en su Oficio Ordinario N°1.499, de 2021, impugnado en autos, resulta ilegal y arbitrario, toda vez que se excusa de computar los plazos por falta de norma expresa, desconociendo la facultad interpretativa (Ley N°19.995, art. 42 N°7) que ella misma había utilizado en agosto de 2020, al dictar la citada Resolución Exenta N°500, como ya se demostró, para el cómputo de plazos.

Además de lo anterior, la SCJ, argumenta no tener “facultades legales para compensar las pérdidas eventualmente sufridas por las sociedades operadoras, pues la alternativa propuesta en la presentación, supone una modificación legal, respecto de la cual carece de facultades […]”. En efecto, la citada Resolución N°500 demuestra una vez más que la SCJ sí cuenta con las facultades legales necesarias para modificar el cómputo de los distintos plazos legales, cuando existen razones de fuerza mayor, imprevistas y no imputables a las solicitantes, como ocurre con su representada. Así las cosas, el acto recurrido trata de manera desigual a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. respecto a otras entidades similares, cuestión que infringe la garantía contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución.

Es del caso señalar que esta parte, en ninguna parte de su presentación de fecha 30 de julio de 2021 solicitó la “compensación de pérdidas económicas”, por no haber podido operar bajo el estado de excepción y medidas de autoridad, sino que lo que arguyó frente a la autoridad, fue que esta hiciese un cómputo de plazos, restando el tiempo que no había podido operar producto de actos de autoridad, de la misma forma en que se solicitó y se accedió por la SCJ a hacerlo en la Resolución N°500. Se trataba, pues, de computar los plazos de operación de manera tal, que se contemplasen los términos en que la sociedad operadora recurrente no había podido operar producto de los actos de autoridad derivados de la pandemia del COVID-19.

A su turno, la SCJ, curiosamente y para desentenderse de la facultad interpretativa que la Ley le otorga en esta materia, citó lo siguiente: “El ejemplo más claro de lo anterior, lo menciona la propia sociedad operadora Casino De Juegos de Temuco S.A. en su presentación con la modificación del Decreto Supremo N°1.722 del Ministerio de Hacienda, donde fue necesario efectuar una modificación reglamentaria, por parte del Presidente de la República, para permitir una nueva prórroga, lo que no hubiese sido necesario en caso de que esta Superintendencia contara con facultades para realizarla”.

En el caso en comento, cabe señalar, que el citado Decreto Supremo N°1.722 del Ministerio de Hacienda, Reglamento para Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, fue modificado a través del Decreto Supremo N°77, de 20 de febrero de 2021. Dicha modificación, otorgó la posibilidad de un nuevo cómputo de plazos, para una segunda prórroga, en el desarrollo del proyecto integral, a través de una nueva disposición reglamentaria Tercera Transitoria incorporada al Decreto Supremo N°1.722. Ello sólo vino a ratificar la interpretación administrativa que ya había realizado la Superintendencia en agosto de 2020 a través de la Resolución N°500. En otras palabras, resulta falsa la argumentación que para realizar la interpretación de cómputo de plazos producto del COVID-19, para conceder una segunda prórroga a las sociedades concesionarias, se haya tenido que efectuar “una modificación reglamentaria por parte del Presidente de la República”, toda vez que dicha decisión ya había sido tomada en razón de su facultad interpretativa por la SCJ (agosto de 2020), con anterioridad a la modificación reglamentaria citada (febrero de 2021).

En síntesis, sostiene que: en agosto de 2020 y, en uso de sus facultades interpretativas (Ley N° 19.995, Art. 42 N° 7), la SCJ, modificó expresamente el cómputo de plazos para proyectos integrales que desarrollaban cinco sociedades operadoras de Casinos, sin existir habilitación legal previa expresa, sino sólo por medio de dichas facultades interpretativas. Ello en razón de los actos de autoridad dispuestos por la Administración producto de pandemia causada por COVID-19 (Resolución Exenta N°500).

En febrero de 2021, mediante modificación reglamentaria, nuevamente sin habilitación legal expresa, el Presidente de la República, ratificó lo obrado en interpretación de plazos, por la Superintendencia, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria (Decreto Supremo N°77, de 2021, que modificó Decreto Supremo N°1.722, de 2015), lo que afirma vino a confirmar que la Superintendencia, mediante Resolución N°500 de agosto de 2021, sí hizo uso de sus facultades interpretativas para cómputo de plazos en razón de la pandemia.

En octubre de 2021, mediante Oficio Ordinario N°1.499, acto impugnado en autos; la SCJ negó dicha capacidad interpretativa para acoger la petición de computar dentro del plazo de operación, el período en que mi representada no pudo operar por razones de la pandemia mundial causada por COVID-19. De esta forma, existiendo el mismo marco normativo y similares antecedentes fácticos, el órgano recurrido adoptó una decisión arbitraria e ilegal, negando a esta parte lo que a otros sí había otorgado.

Como señaló anteriormente, la SCJ mediante la Resolución Exenta N°430, del 24 de julio de 2020, aprobó las bases técnicas para un nuevo proceso licitatorio de permisos de operación de casinos de juego. Lo anterior por cuanto doce establecimientos, dentro de los cuales está Dreams Temuco, operado por CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., culminan sus períodos de operación en los años venideros. Ello obliga a la realización del respectivo proceso licitatorio, destinado al otorgamiento (nuevo operador) o renovación de permisos de operación. Asimismo, la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020, también de la SCJ, en su parte dispositiva ordenó que la recepción de ofertas técnicas y económicas se realizara, originalmente, el 18 de enero de 2021. Posteriormente, el citado acto administrativo fue modificado por razones vinculadas “a las graves circunstancias económicas y sanitarias por las que atraviesa el país, hechos de público conocimiento además”. De esta manera, el citado plazo de recepción de ofertas fue aplazado para el 19 de abril de 2021. Finalmente, y por los mismos motivos ya descritos, la SCJ dispuso como fecha de entrega de ofertas el 18 de octubre de 2021.

De este modo, el acto recurrido en autos, Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021, de SCJ, amenaza el ejercicio de derechos fundamentales de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. Lo anterior, por cuanto este acto viene en ratificar la posición de la Superintendencia de continuar con el proceso licitatorio a la fecha de 18 de octubre de 2021, lo que obviamente afecta, no haciéndose cargo, del cómputo del plazo del permiso de operación, como esta parte lo solicitó, pudiendo afectar la licitación futura, la confianza legítima de esta parte para con la Administración y los derechos de igualdad ante la ley, libertad de empresa y emprendimiento, no discriminación arbitraria en el trato que el Estado otorga a agentes económicos y propiedad.

Asimismo, la no consideración del cómputo de plazos dentro del permiso de operación aún vigente, de propiedad de su representada, amenaza el correcto desarrollo del proceso licitatorio en curso, pudiendo irrogar un grave perjuicio al Fisco de Chile, ya que producto de esta acción, el cómputo de los plazos obligaría a retrasar el proceso licitatorio. Éste, una vez adjudicado, y otorgado el permiso de operación, genera un derecho para su titular que no puede retrotraerse.

12°.- En este capítulo, que el recurrente denomina, del derecho, expone:

12.1.- DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. Constitución Política protege esta garantía en el artículo 19 N°2. En el caso de marras, la Superintendencia de Casinos de Juego, mediante el acto recurrido (Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021), realizó una diferenciación ilegal y arbitraria, la cual no se fundamenta en la razonabilidad, no cumpliendo así con el estándar requerido en la Carta Fundamental. Lo anterior por cuanto sostuvo que no podía acceder a la solicitado por CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., dado que, según dispone el acto recurrido, el órgano fiscalizador no tendría atribuciones para no computar dentro del plazo del permiso de operación, del cual su representada es titular, el período en el cual se mantuvo vigente estado de nombre reservado consecuencia de la pandemia, con las consiguientes medidas restrictivas que impidieron la apertura de Dreams Temuco y recintos anexos. No obstante, el mismo órgano de la Administración, en diversos actos administrativos antes individualizados, sí modificó el cómputo de plazos para otros operadores de casinos de juego, fundando dichas actuaciones en el ejercicio de sus facultades interpretativas (Artículo 42 N° 7 de la Ley N° 19.995), existiendo como antecedente fáctico el mismo esgrimido por su representada: pandemia causada por COVID-19 y actos de autoridad que impidieron la realización de diversas actividades. Es decir, ante lo solicitado por CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. dispuso no poseer competencias interpretativas para el cómputo de plazos, mientras que para otras sociedades operadoras de casinos de juego sostuvo lo contrario. De esta manera, entre el 28 de agosto de 2020 (Resolución Exenta N°500) y el 20 de febrero de 2021 (Decreto Supremo N°77), la Superintendenta de Casinos de Juego utilizó únicamente su facultad de interpretar administrativamente las leyes y reglamentos, para efectos del cómputo de plazos respecto del COVID-19 y sus consecuencias en la actividad económica regulada, asunto que a 1 octubre de 2021, se niega a ejercer escudándose, en una norma reglamentaria dictada con posterioridad a que ella misma ejerciera por sí sus competencias. En el Oficio Ordinario N°1.499, impugnado en autos, la SCJ señala que el período de duración de los permisos de operación se encuentra determinado y, por tanto, delimitado, a partir de una norma de rango legal, vinculante en el actuar del órgano fiscalizador. Éste, ni siquiera, fundado en la facultad de interpretar administrativamente, podía acoger la petición de su representada, sin vulnera así, supuestamente, los principios de legalidad o juridicidad.

Juzga que ese argumento es falso, toda vez que la interpretación administrativa de la propia Superintendenta autorizó, en el periodo ya señalado, una exégesis basada en su facultad consagrada en el artículo 42 N°7 de la Ley N°19.995, en contra de una norma expresa que no permitía más que una sola prórroga, extendiéndola a dos prórrogas. Lo anterior no hace sino reconfirmar la facultad de interpretación que la aludida jefa de servicio utilizó en un caso, mientras en el de marras obvió el argumento, máxime sustentándose sobre la misma hipótesis, esto es, las consecuencias generadas por las limitaciones a las libertades de desplazamiento y otras, producto de la pandemia. De esta forma se puede evitar: “... considerar lesionada la igualdad ante la ley cuando un grupo de destinatarios de la norma, comparados con otro grupo de destinatarios de la norma, son tratados de manera distinta, a pesar de que entre ambos grupos no media ninguna diferencia de tal entidad o importancia que pudiera justificar un tratamiento desigual. Para poder dimensionar tales situaciones, esta fórmula requiere expresamente una ponderación en el sentido de examen de proporcionalidad, especialmente respecto de una diferencia de trato de gran intensidad, para lo cual se requiere que aquélla persiga un fin legítimo, que esa búsqueda sea necesaria y que presente una razonable relación con el valor del fin propuesto.”

También debe considerarse que un tratamiento discriminador, como el efectuado por la Superintendencia de Casinos de Juego, atenta, además, contra la seguridad jurídica, creando una sensación de falta de certeza en la actividad económica. De este modo, la SCJ no dio debida respuesta a los presupuestos objetivos, pertinentes y razonables que conlleva la determinación respecto de sobre quiénes se dirigen las actuaciones de la Administración. Llama la atención la diferenciación, por cierto, arbitraria e ilegal, que implica haber contabilizado plazos para algunas sociedades operadores de una forma, y haber negado lo mismo a su representada.

El órgano titular de dicha actuación consideró para unas sociedades operadoras un criterio (es posible contabilizar los plazos legales suspendiendo su vigencia mientras rigen medidas excepcionales dispuestas como actos de autoridad durante la pandemia); no aplicando dicho criterio a su representada, en un contexto fáctico similar.

12.2.- DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y DE LA GARANTÍA A REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA.

La Constitución Política consagra en el numeral 24 de su artículo 19 la protección del derecho de propiedad. Es así como la norma dispone, en la parte pertinente, que: “La Constitución asegura a todas las personas: 24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Explica que una pandemia mundial, de larga extensión ya superior a un año y que afecta al planeta en su conjunto; destruye cualquier tipo de equilibrio en el ejercicio de legítimas utilidades por parte del operador. Se enmarcan en la relación que existe entre el permiso de operación que otorga la autoridad, las restricciones que ésta misma impone y que se circunscriben dentro de causales definidas, como se verá más adelante, de caso fortuito o fuerza mayor según la legislación general. Si uno de los fines que tuvo el legislador al dictar la Ley N°19.995 fue la existencia de una industria de casinos de juego en Chile económicamente sustentable, que fuera un aporte para el país y el desarrollo turístico local, parece coherente que el órgano fiscalizador tenga a la vista este principio fundante de la norma al momento de adoptar decisiones o realizar la interpretación de normas jurídicas, más aún cuando se consideró que un plazo cierto para el permiso de operación. Estima que los casinos de la Ley N°19.995, aportan al desarrollo económico, turístico y de infraestructura y general un gran flujo de ingresos por vía de impuestos, tanto a nivel nacional, como regional y comunal, no sólo por el impuesto especial de la ley de casinos, sino por el esquema tributario propio de toda industria, como por la vía de patentes y permisos municipales. De este modo, y por lo anterior, la Ley N°19.995 crea órganos encargados de velar por el buen funcionamiento y desarrollo de la industria y su correspondiente fiscalización, como lo son la Superintendencia de Casinos de Juego y el Consejo Resolutivo de la misma.

El permiso de operación se encuentra definido legalmente en el artículo 3° literal e) de la Ley N°19.995: “e) Permiso de Operación: la autorización que otorga el Estado, a través de la Superintendencia, para explotar un casino de juego, incluidas en él las licencias de juego y los servicios anexos.”. A su turno, el inciso tercero del artículo 26 de la Ley N°19.995 precisa que: “El permiso de operación se otorgará por un plazo de quince años, contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo 28. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario.” En definitiva, el permiso de operación es una autorización correspondiente a la potestad del Estado regulatorio en donde la Administración otorga a un particular la explotación del negocio regulado de casinos de juego y servicios anexos, por un plazo de 15 años, al cual sólo puede ponerse término por las estrictas causales de extinción y revocación establecidas en los artículos 30 y 31 del mismo cuerpo legal. Esto es, el permiso de operación no es un permiso precario. Se trata, por el contrario, de una autorización por parte de la Administración que otorga la debida seguridad jurídica para el ejercicio de una industria lícita que, a su turno, incorpora el mismo al patrimonio del operador. De lo contrario, sería imposible tener la certeza de operación si ésta no se produjese dentro de un marco de tiempo que permita calcular la inversión requerida y la utilidad que podría, eventualmente y dentro de ciertos márgenes de normalidad, obtenerse de dicho permiso. Más aún, sólo pueden obtener permisos de operación algunas sociedades anónimas cerradas, las que deben cumplir con diversas exigencias legales para dicha obtención y con un procedimiento reglado por la propia Ley, el que, entre otras materias, debe evaluar y ponderar distintos elementos. Es el caso, por ejemplo, que debe tener dicha sociedad un capital mínimo de 10.000 unidades tributarias mensuales para poder acceder a un permiso de operación. Es evidente que dicho capital supone, por parte del Estado, garantizar que, en la medida que el operador cumpla con la normativa vigente; el permiso de operación tendrá la extensión de tiempo que indica la propia Ley. Dentro de los elementos que la propia Superintendencia debe ponderar, al momento de otorgar un permiso de operación, se encuentran el disponer de un proyecto integral y plan de operación con cronograma de ejecución, programa de inversiones directas que comprenda el proyecto, inversiones complementarias necesarias para su desarrollo y el informe económico financiero, el cual comprende, a lo menos, un estudio presupuestario; sustentabilidad, flujos financieros, rentabilidad proyectada y la descripción y origen de financiamiento de la iniciativa. Los análisis antes indicados, se basan en la operación efectiva por el plazo de a lo menos 15 años, los que, como es evidente, no contemplan que el operador esté impedido por un acto de autoridad para ejercer una actividad lícita, lo que se constituye como un efecto de fuerza mayor o caso fortuito. Por ello, es dable concluir que CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. es propietaria del permiso de operación que le otorgara la Superintendencia de Casinos de Juego. En dicho sentido, la interpretación otorgada en Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021, es ilegal y arbitraria, por cuanto afecta el legítimo ejercicio del derecho de propiedad. En efecto, este oficio viene en atentar directamente contra el derecho de propiedad de su representada, toda vez que la interpretación que efectúa del cómputo de los plazos, cercena la posibilidad de explotación y de goce del derecho durante un lapso superior a los quinientos días. Ello restringe el tiempo por el cual fue concebido el permiso administrativo del cual CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. es propietario. Debe precisarse que esta parte recurrente no cuestiona en parte alguna los fundamentos y circunstancias que tuvo en cuenta S.E. el Presidente de la República y la autoridad sanitaria para disponer medidas restrictivas de libertades con motivo de la pandemia, en los términos concebidos en el artículo 45 de la Constitución Política.

En el mismo sentido, el acto recurrido en autos vulnera lo dispuesto en el numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en términos que impide desarrollar una actividad económica lícita: “La Constitución asegura a todas las personas: 21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.” Mediante la citada norma, se asegura a todas las personas, naturales y jurídicas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. En el caso de marras, debe reconocerse como la naturaleza del permiso de operación, y por el tipo de actividad que comprenden los casinos de juego, que se trata de un mercado regulado. Así, es necesario precisar que la certeza jurídica se encuentra sometida a una legislación estricta que su representada ha cumplido a cabalidad y, por lo mismo, corresponde, dentro del bloque de legalidad que rige en materia de casinos de juego, que la autoridad haga uso de las herramientas que le concede la ley para interpretar las normas en ejercicio de su función, de forma tal que no se afecten los derechos de propiedad y libertad de emprendimiento. Un factor esencial en esta actividad, es precisamente los quince años que contemplan los permisos de operación. Dadas las inversiones requeridas por el Estado, es razonable que el permiso esté garantizado durante un período de tiempo en el cual el titular de dicho permiso ejerce la actividad. En el presente caso, la decisión adoptada por SCJ en el acto recurrido, Oficio Ordinario N°1.499 de 1 de octubre de 2021, es atentatorio contra la libertad de emprendimiento, dado que de forma arbitraria e ilegal impide a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., poder ejercer la actividad económica autorizada, en el mercado regulado de los casinos, durante el lapso dispuesto por la ley.

Dado lo anterior, el acto recurrido priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de su representada del derecho a desarrollar una actividad económica en conformidad a la normativa vigente.

12.3.-DE LA VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE NO SER DISCRIMINADO EN EL TRATO QUE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO CONFIEREN A PARTICULARES.

​La Constitución Política en el numeral 22 de su artículo 19 dispone lo siguiente: “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: […] 22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuesto.”. Si se observa lo dispuesto en el Oficio Ordinario N°1.499 de la SCJ, de 1 de octubre de 2021, es evidente que dispone y considera una diferenciación que no se funda en racionalidad alguna. Discrimina entre distintos titulares de permisos de operación de casinos de juego. De esta forma, el acto recurrido otorgó a CASINO DE JUEGOS TEMUCO SA un trato diferenciado, completamente arbitrario e ilegal, al no permitir realizar un cómputo de plazos para el ejercicio de dicho permiso de operación que permitiese descontar de éste todos los días en los cuales, por acto de autoridad, no fue posible abrir al público el Casino Dreams Temuco y sus establecimientos Anexos. Más aún, es evidente que lo anterior se extendió por un amplio período de tiempo.

Por el contrario, el mismo órgano, la SCJ, en distintos actos administrativos ya individualizados en el presente recurso de protección, dispuso, dentro del mismo marco jurídico, conferir descuentos en plazos a lo menos a cinco sociedades titulares de permisos de operación. Lo anterior dentro del mismo contexto fáctico: cierres de establecimientos, cuarentenas y toque de queda dispuestos por actos de autoridad.

De allí que es evidente que el trato que confirió el acto recurrido a su representada constituye una flagrante infracción a la garantía constitucional de no ser discriminado por parte de un órgano del Estado en el trato que se otorga en materia económica.

13°.- Concluye solicitando se declare: 1.- Dejar sin efecto el acto impugnado, declarándolo ilegal y arbitrario; 2.- Disponer la obligación de reemplazar el Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021, de la Superintendencia de Casinos de Juego, por un acto administrativo que reestablezca el imperio del Derecho, ordenando, al efecto, el cómputo correcto de plazos, dentro del período del permiso de operación, para efectos que la resta de los mismos, como consecuencia de actos de autoridad, producto de la pandemia mundial de COVID-19, se contabilicen de manera ajustada a Derecho, extendiendo los plazos de acuerdo al tiempo de interrupción señalado; 3.- En razón del punto 2 anterior, modificar las Resoluciones Exentas N°430, de 24 de julio de 2020 y N°432, de 27 de julio de 2020, ambas de la Superintendencia de Casinos de Juego, como consecuencia de la resolución de SS Iltma., modificando al efecto los calendarios de nuevo proceso licitatorio de renovación u otorgamiento de nuevos permisos de operación.

Acompaña:

1.- Presentación de Casino de Juegos Temuco S.A., de 30 de julio de 2021.-2.- Oficio Ordinario N° 1.499, de 1 de octubre de 2021, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

3.- Resolución Exenta N° 430, de 24 de julio de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

4.- Resolución Exenta N° 432, de 27 de julio de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

5.- Certificado de 14 de enero de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego. 6.- Resolución Exenta N° 174, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

7- Oficio Circular N°5, de 16 de marzo de 2020; de la Superintendencia de Casinos de Juego.

8.- Oficio Circular N° 13, de 25 de marzo de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

9.- Oficio Circular N° 19, de 9 de abril de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

10.- Oficio Circular N° 31, de 10 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

11.- Oficio Circular N°37, de 2 de noviembre de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

12.- Oficio Circular N° 40, de 12 de noviembre de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

13.- Resolución Exenta N° 499, de 28 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

14.- Resolución Exenta N° 746, de 24 de noviembre de 2020 de la Superintendencia de Casinos de Juego.

15.- Resolución Exenta N° 500, de 28 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego.

16.- Decreto Supremo N° 77, del Ministerio de Hacienda, de 20 de febrero de 2021. 17.- Decreto Supremo N° 1.722, del Ministerio de Hacienda, de 4 de abril de 2016. 18.- Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, causa Rol N°337-2021. 19.- Sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Iltma., de 22 de julio de 2021, causa Rol N° 44.867-2021.

20.- Publicación Diario La Segunda Edición 13 de octubre de 2021.

21.- Personería de CARLOS SILVA ALLIENDE para representar a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A.

Que, a folio 11, don MAURICIO CISTERNAS MORALES, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, en representación, de la Superintendencia de Casinos de Juego, organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, representada por su Superintendenta doña nombre reservado, geógrafa, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, informa:

I.- ANTECEDENTES GENERALES ESTRUCTURA, FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO Y DE SU CONSEJO RESOLUTIVO. Según lo disponen los artículos 35, 36 y 37 de la Ley N°19.995 que Establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, (en adelante también Ley de Casinos) su representada, la Superintendencia de Casinos de Juego, es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por el citado cuerpo legal y sus reglamentos, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Hacienda, estando a cargo de un funcionario denominado Superintendente(a) y correspondiéndole, en lo general, supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas para la instalación, administración y explotación de los casinos de juego que operen en el país. En la ley antes citada, se dispone en su artículo 1° que “La autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos de juego, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen, se regularán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.” Para seguidamente indicarse en el artículo 2° que: “Corresponde al Estado determinar, en los términos previstos en esta ley, los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados, la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos, todo lo anterior, atendido el carácter excepcional de su explotación comercial, en razón de las consideraciones de orden público y seguridad nacional que su autorización implica. Es atribución exclusiva de la instancia administrativa que esta ley señala, la de autorizar o denegar en cada caso la explotación de casinos de juego en el territorio nacional.” En el marco de sus atribuciones legales (artículo 37 de la Ley N°19.995), en lo que importa para los efectos de este recurso, a la Superintendencia le corresponde a través de su Consejo Resolutivo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la misma ley y sus reglamentos, otorgar, denegar, renovar o bien revocar los permisos de operación de casinos de juego. Igualmente, a la SCJ le corresponde fiscalizar directamente las actividades de los casinos de juegos y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros, comerciales y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley.

Precisa que, dentro de dicho contexto normativo, la SCJ otorgó, el año 2006, distintos permisos de operación de casinos de juego, entre los cuales se encuentra el permiso otorgado a la sociedad recurrente CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., sociedad operadora relacionada con el grupo Dreams S.A., para la explotación de un casino de juegos en la Comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

Ese permiso, conforme lo dispone la propia ley en su artículo 26 inciso tercero, tiene una duración de quince años.

II.- HECHOS.

1.- Otorgamiento de un permiso de operación a Casino de Juegos Temuco S.A. Mediante Resolución Exenta N°174, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego, se otorgó un permiso de operación la sociedad CASINO DE JUEGO TEMUCO S.A., para la operación de un casino de juego la comuna de Temuco, Región de La Araucanía. La citada Resolución Exenta N°174 dispuso que: “2.- El permiso de operación que por este acto se otorga tiene un plazo de vigencia de 15 años contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo 28 de la ley N°19.995”.

Por su parte, el 14 de enero de 2009, la Superintendencia emitió el certificado mediante el cual se autorizó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995, el inicio propiamente tal de la operación del casino de juego autorizado en la comuna de Temuco. Dicho acto certifica que: “La vigencia durante quince años del permiso de operación “Dreams Temuco”, rige a contar de la fecha del presente certificado y hasta el 14 de enero de 2024”.

2.- Impedimentos de operación de casino originados por actos de autoridad dictados durante el 2020 y 2021 producto de los efectos de la de pandemia Covid-19. Durante el 2020 y el presente año (2021), diversas instrucciones emanadas tanto de la autoridad Presidencial, ministerial sanitaria y de la SCJ obligaron a todas las sociedades operadoras de permiso de juego, incluida la sociedad Casino de Juegos Temuco S.A. a suspender las operaciones del casino de juegos. En este sentido, por el acto de autoridad que dispuso el cierre de los casinos de juego, CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. no pudo operar su casino durante un cierto número de días producto de la declaración de estado de nombre reservado acaecida a partir del mes de marzo de 2020.

En efecto, el día el 8 de marzo de 2020, se dictó el Decreto N°104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso en todo el territorio nacional y por 90 días, estado de nombre reservado con motivo de la emergencia de salud pública, de importancia internacional (ESPII), declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia por brote del nuevo coronavirus. Dicho estado de excepción fue prorrogado en diversas oportunidades por medio de los respectivos actos administrativos, siendo el último de ellos el Decreto N°153 de 25 de junio de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual prorrogó la vigencia del estado de nombre reservado hasta el 30 de septiembre de 2021. En virtud de lo anterior, señala la recurrente que entre el 18 de marzo de 2020 y el 1° de octubre de 2021, transcurrieron ininterrumpidamente 562 días bajo estado de nombre reservado, situación que, en todo caso, no significó que el casino estuviera cerrado todo ese tiempo, pues las condiciones de cuarentena y consecuente cierre se aplicaron dependiendo de los avances y retrocesos que en cada localidad se registraban.

3.- Rechazo de la Superintendencia de Casinos de Juego a petición de extensión del plazo de operación de casinos de juegos fijado en 15 años por Ley N°19.995.

La petición de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., fue resuelta mediante el acto impugnado en autos, Oficio Ordinario N°1.499, de 1° de octubre de 2021, el que señala en lo pertinente, lo siguiente: 5. Al respecto, es preciso señalar, en relación con el Permiso de Operación, que esta Superintendencia cuenta con un Consejo Resolutivo, que detenta en exclusiva la facultad de otorgar, denegar, renovar o revocar dichos permisos de operación de casinos, como también, las licencias de juego y servicios anexos. Tal potestad está establecida en el artículo 38 de la Ley N°19.995. Es a ese organismo al que el Superintendente del ramo propone para su resolución, el otorgamiento, denegación, renovación y revocación de los permisos de operación de casinos de juego. En consecuencia, es el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, el órgano facultado exclusivamente para otorgar, denegar, renovar o revocar permisos de operación conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente. 6. De los antecedentes expuestos en la presentación de Casino de Juego Temuco de S.A., además de los que cuenta esta Superintendencia, es preciso destacar lo siguiente: Con relación al Permiso de operación Casino de Juego Temuco de S.A.: Mediante Resolución Exenta N°174 de 21 de julio de 2006, Casino de Juego Temuco S.A. obtuvo un permiso de operación con un plazo de vigencia de 15 años contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo 28 de la Ley N°19.995. El Certificado de inicio de operaciones, al que se refiere el inciso tercero del artículo 28, fue entregado el día 14 de enero de 2009, indicando que “La vigencia durante quince años del permiso de operación de Dreams Temuco, rige a contar de la fecha del presente certificado y hasta el 14 de enero de 2024.” Respecto del funcionamiento del casino de juegos, Casino de Juego Temuco S.A. señala: a) Por el contexto de pandemia y la declaración de Estado de nombre reservado a partir del 18 de marzo de 2020, se dicta la Resolución Exenta N°200, del 20 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud que motiva cierre de los casinos de juego, comunicado mediante los Oficios Circulares N°5 y N°13, de marzo de 2020, de esta Superintendencia. Oficios Circulares N°31, 37 y 40, de 2020, de esta Superintendencia, relativos al Protocolo de Manejo y Prevención de COVID-19 en casinos y establecimientos de juego y entretención y apertura gradual de los casinos de juego. Restricción de la autoridad sanitaria, a partir del día 13 de marzo de 2021, de la operación de casinos de juego en aquellas comunas que se encuentren en el Paso 2 “Transición”. Por todas las instrucciones anteriores, Casino de Juegos de Temuco S.A. señala que, a la fecha de su presentación, no ha podido operar, por orden de autoridad, aproximadamente por 499 días corridos y que, de acuerdo con la declaración de Estado de excepción vigente, este podría llegar a alcanzar los 561 días al 30 de septiembre de 2021. En particular, con relación a la solicitud de Casino de Juegos de Temuco S.A. acerca del plazo del permiso de operación, se ha de tener presente que el período de duración de dichos permisos se encuentra expresamente regulado por en el artículo 26 de la Ley N°19.995 que señala, en el inciso tercero: “El permiso de operación se otorgará por un plazo de quince años, contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el artículo 28. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario.” Como fue señalado, el período de duración de los permisos de operación se encuentra determinado y, por tanto, delimitado a partir de una norma de rango legal, vinculante en el actuar de esta Superintendencia, no pudiendo ni siquiera fundado en la facultad de poder interpretar administrativamente (artículo 42 N°7 de la ley) acoger la petición de la sociedad operadora –extender el plazo legal de duración de los permisos de operaciones legalmente otorgados-, sin vulnerar el principio de legalidad o juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, que señalan que todos los órganos que conforman la Administración del Estado deben someter completamente su actuar a lo que preceptúan la propia Constitución y las leyes. De esta forma resulta que el plazo de 15 años por el cual se otorga el permiso de operación no se suspende, salvo que una ley expresamente disponga lo contrario, circunstancia que a la fecha no ha sucedido. Por lo tanto, se reitera que la Superintendencia debe circunscribir su actuación a la ley y si la ley ha determinado un plazo de duración del permiso, éste debe respetarse, salvo que una ley posterior lo modifique o determine una forma distinta de contabilizarlo, cuestión que no ha acontecido. 10. Asimismo, en cuanto al argumento esgrimido por Casino de Juego Temuco S.A. respecto a que la Administración ha reconocido expresamente la necesidad de adoptar medidas en relación con los permisos de operación con ocasión de caso fortuito o fuerza mayor, adecuando el cómputo de plazos para la ejecución de las obras para iniciar operaciones y que, utilizando el criterio de igualdad ante la ley, descuente del cómputo del plazo de 15 años del permiso de operación, es preciso mencionar que, sin perjuicio a los efectos de público conocimiento provocados por el inicio de la pandemia durante el 2020, afectando diversos ámbitos de la actividad económica, entre ellas, la del normal funcionamiento de las salas de juego, esta Superintendencia no cuenta con las facultades legales para compensar las pérdidas eventualmente sufridas por las sociedades operadoras, pues la alternativa propuesta en la presentación supone una modificación legal, respecto de la cual carece de facultades, conforme constitucionalmente se encuentra establecido a propósito de la iniciativa legislativa. El ejemplo más claro de lo anterior lo menciona la propia sociedad operadora Casino de Juegos de Temuco S.A en su presentación con la modificación del Decreto Supremo N°1.722 del Ministerio de Hacienda, donde fue necesario efectuar una modificación reglamentaria por parte del Presidente de la República, para permitir una nueva prórroga, lo que no hubiese sido necesario en caso de que esta Superintendencia contara con facultades para realizarla. 11. Por lo anteriormente expuesto, no es posible acceder a su solicitud de descontar del cómputo respectivo de duración del permiso de operación, el tiempo que dure el estado de nombre reservado. Asimismo, y no siendo posible modificar el plazo de duración del permiso, por el tiempo de duración del estado de excepción ni por los días en que se ordenó el cierre, tampoco es posible acceder a modificar, suspender o invalidar el proceso de otorgamiento de permiso ya iniciado por la Resolución Exenta N°430 del 24 de julio de 2020 que aprueba las bases técnicas para el proceso y la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020 que declara formalmente abierto el proceso para el otorgamiento o renovación de doce permisos de operación de casinos de juego.

III.- Afirma que la acción interpuesta excede del ámbito del recurso de protección atendida su naturaleza cautelar.

Efectuada una breve relación del marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la actividad del recurrente y los hechos que este plantea para sustentar su recurso, a nuestro juicio el recurso de protección interpuesto por la sociedad operadora excede el ámbito de esta acción. En efecto, no existe aquí un derecho indubitado que haya sido vulnerado o amenazado por la autoridad recurrida, condición que en el caso de autos no se verifica, ni puede verificarse desde que simplemente no existe derecho indubitado por parte del casino que permita exigir a la SCJ que amplie el plazo que por ley tiene su permiso.

Su derecho es a explotar el casino por quince años hasta el 14 de enero de 2024 y respecto a ello, nada ha cambiado. Como se indicó al inicio de este informe, es la ley la que fija el tiempo de duración del permiso en 15 años y no puede sostenerse, bajo ningún respecto, que el casino tenga el derecho que la SCJ le amplié un plazo establecido en la ley.

Afirma que, sobre el particular existe numerosa y nutrida jurisprudencia. En dicho contexto refrenda lo señalado la sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 19 de enero del presente año en causa Rol Nº358-2020, caratulada “SOCIEDAD GRAN CASINO COPIAPÓ S.A. con SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO confirmada por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, integrada por los Ministros (as) nombre reservado, Adelita Inés Ravanales, Mario Carroza, Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada y Abogado Integrante Álvaro Quintanilla, el día 23 de febrero del presente año (2021). Rol de ingreso N°7027-2021.

Para este recurrido es claro que el presente recurso no puede prosperar pues como lo señalan las sentencias antes citadas, no existe en autos un derecho indiscutido del casino para que se le prorrogue su permiso. Y, si lo antes señalado no bastara, tampoco este recurso puede prosperar desde que, además, la acción de protección no está destinada a controlar la legalidad del acto que se reprocha como es el Oficio Ordinario N°1.499, de 1° de octubre de 2021, (que por lo demás se ajusta completamente a la normativa) sino que a la protección de derechos fundamentales cuando el acto es ilegal o arbitrario.

Sostiene que, en efecto, el recurso de protección no es ni un reclamo de ilegalidad ni un recurso de apelación de decisiones administrativas, sino una acción cautelar de garantías constitucionales. Pues bien, de la sola lectura del recurso interpuesto, queda claro que lo que persigue la recurrente es que este I. Tribunal deje “sin efecto el acto impugnado”. Se advierte conforme lo expuesto que como consecuencia del Oficio Ordinario N°1.499, de 1° de octubre de 2021, no se está impidiendo a la recurrente el ejercicio de alguno de los derechos constitucionales alegados, además, nos encontramos frente a una situación firme y vigente, derivada de los efectos del permiso de operación de un casino de juego cuyo titular es CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. el que está plenamente vigente y sin obstáculos que puedan presentarse para el ejercicio de los derechos que emanan de aquel. Como ya se ha señalado, el casino tiene indemne el término que la ley y el permiso le reconocen para ejercer su actividad, y no sería posible que se otorgue un nuevo plazo de duración del permiso de operación como lo solicita el recurrente en su recurso. Menos aún es procedente que sobre la base de esta “petición” de prórroga de plazo se ordene modificar las Resoluciones Exentas N°430, de 24 de julio de 2020, y N°432, de 27 de julio de 2020, ambas de la Superintendencia de Casinos de Juego, cuando ellas han sido sometidas al escrutinio judicial no una, sino siete veces, en distintos recursos de protección y reclamos de ilegalidad del artículo 27 bis de la ley 19.995, de casinos de juego, siendo en todas las instancias y en todas las Corte rechazados dichos arbitrios.

Explica que, el permiso de operación que detenta la actora corresponde a una autorización administrativa –y no un contrato público-privado entre la operadora y el Estado de Chile, ni menos con la SCJ- habilitante para que la recurrente explote un casino de juegos por un período de 15 años desde que se otorga el certificado de operación.

Aclara que, con la adjudicación, la operadora tiene el derecho de construir su proyecto dentro del plazo legal (obligación de ejecutar dentro de plazo) y el derecho a explotar el casino por 15 años, siempre con pleno ajuste a las normas reguladoras de la industria de casinos. Del permiso de operación que ostenta una operadora de casinos de juego, como CASINO DE JUEGO TEMUCO S.A., no deriva ninguna relación contractual entre la empresa y la operadora, a partir de la cual, alguna de ellas pueda reclamar derechos que emanen de un vínculo de ese tipo, ni tampoco procurar que se mantenga una relación de equilibrio entre dos partes. El permiso de operación es una autorización administrativa, mas no se puede asimilar a un contrato de concesión.

Para estima importante tener presente las siguientes definiciones de la Ley Nº19.995: (i) Casinos de juego como mercado regulado (art. 2°): “Corresponde al Estado determinar, en los términos previstos en esta ley, los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados, la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos, todo lo anterior, atendido el carácter excepcional de su explotación comercial, en razón de las consideraciones de orden público y seguridad nacional que su autorización implica. Es atribución exclusiva de la instancia administrativa que esta ley señala, la de autorizar o denegar en cada caso la explotación de casinos de juego en el territorio nacional.

Precisa que, los contratos administrativos o de concesión pública son actos bilaterales, que generan derechos y obligaciones para ambas partes. La autorización administrativa que otorga un permiso de operación, por su parte, es un acto unilateral de la administración que concede a una empresa el derecho a explotar un casino de juego, en las condiciones que señala la ley de casinos, su normativa complementaria, y el propio permiso de operación. De esta manera, el riesgo de verse la operadora en una situación que le impida la explotación de su casino lo soporta de forma exclusiva la sociedad operadora. Y lo que está haciendo en este caso el casino, es intentando traspasar ese riesgo al Estado o a lo menos compartirlo con él. La pandemia ha afectado a todas las industrias y si el casino ha recibido menos ingresos, por su parte el Estado también ha recibido menos impuestos por esta misma actividad, de modo tal que solo corresponde que se cumpla el permiso en los términos dados y que se aplique la ley.

Agrega que es improcedente lo solicitado por el recurrente. Conforme lo señalado en los párrafos precedentes, a su entender no corresponde invocar el caso fortuito o fuerza mayor como argumento para obtener, en este caso, una suerte de compensación en tiempo para explotar el casino. En efecto, no existe norma de la cual se derive la necesidad de asegurar que el casino explote en forma efectiva y garantizada el casino por los 15 años de duración del permiso. Además, como se ha señalado, en la práctica se verifica que lo normal es que ha habido períodos en que los casinos han debido suspender la operación de su giro y en ello la SCJ no ha tenido intervención alguna.

Insiste que no es procedente la petición de la operadora de extensión del plazo e operación.

Funda lo anterior en que la ley de casinos, desde su versión original ha concedido un plazo de 15 años para la explotación de un casino de juegos. Esta regla es una regla invariable desde la versión original de la ley de Casinos, N°19.995, dictada en 2005. Por lo anterior, y estando este plazo (15 años) determinado en la ley, ello se relaciona con el principio de legalidad o juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, que señalan que todos los órganos que conforman la Administración Pública deben someter completamente su actuar a lo que preceptúan la propia Constitución y las leyes, pues con ello se garantiza el orden institucional, y su contravención generará responsabilidades. Por ello, y en conformidad a la misma norma, ningún órgano de la Administración del Estado podrá actuar válidamente sino previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia, y en la forma que determine la ley, sin que ninguna magistratura o servicio público pueda atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad, derechos o potestades que los que expresamente le hayan conferido, únicamente, la Constitución o las leyes. La SCJ se debe ceñir a la ley, y no actuar por sobre ella. En consecuencia, si la ley ha determinado un plazo de duración del permiso, este se debe respetar. Salvo que una ley lo modifique, cuestión que no ha acontecido.

Por otra parte, no advierte cómo la SCJ podría otorgar más derechos de aquellos que la ley ha concedido en esta materia, más aún, como se ha señalado, cuando se trata de una autorización administrativa que concede el Estado para desarrollar una actividad en principio prohibida y cuyo plazo está fijado por la ley.

Cree importante dejar claro que una adición extraordinaria de días al plazo de 15 años que el casino tiene para operar, desde la certificación de inicio de operaciones, como se ha descrito, escapa de las facultades que corresponde ejercer a la SCJ. En efecto, la SCJ cuenta con facultades de supervigilancia, con atribuciones para el otorgamiento y revocación de permisos, funciones de fiscalización y sancionatorias, y ninguna de ellas se acerca a alguna atribución que implique extender el período de operación de casino, sea como una concesión graciosa, o para compensar días o períodos en que no pudo explotar. La facultad de la SCJ, en el caso del período de duración de los permisos de operación, se encuentra limitada por la ley, es ella la que determina la duración del permiso y, por tanto, cualquier modificación de dicho plazo es también resorte del legislador.

En este punto, resulta pertinente, traer a la memoria lo expresado por la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia dictada el 10 de mayo de 2021, en la causa Rol N°21-2020, en que señaló, a propósito de una reclamación presentada ante esta Superintendencia por la misma sociedad operadora casino de Juegos de Temuco S.A.: “Incluso, podría además sostenerse que lo resuelto no provoca perjuicio al recurrente, porque ningún derecho suyo se ha alterado, ninguna situación jurídica se ha creado ni terminado, causándole menoscabo. Provocó un pronunciamiento de la Superintendencia y, como no se podía esperar otra cosa, no le fue bien. Dicha entidad manifestó su opinión, generada por una muy poco elegante petición anticipada de un interesado, que no busca sino conocer de antemano la posición jurídica de la señalada entidad en la materia de que se trata y que él mismo propuso, buscando anticipar un pronunciamiento que le otorgue una innegable situación de privilegio o ventaja respecto de posibles competidores en el verdadero proceso de otorgamiento o renovación de los permisos que debe ocurrir con posterioridad, una vez que se dicte la resolución de apertura. Y se ha hecho tal petición en virtud de las facultades de interpretar la normativa pertinente que ha otorgado la ley N°19.995 a la Superintendencia, la que se consagra en su artículo 42, en los siguientes términos: “Artículo 42.- Corresponderá al Superintendente: …7.- Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.”

De esta manera, CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. exige a la Superintendencia un pronunciamiento determinado y, además, esgrimiendo como argumento el uso de facultades que la SCJ no posee, conforme lo ha expresado en el oficio N°1.499, impugnado por la operadora.

Reitera que no se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley.

La recurrente señala que la Superintendencia de Casinos de Juego, mediante el Oficio Ordinario N°1.499, de 1° de octubre de 2021, realizó una diferenciación ilegal y arbitraria, la cual no se fundamenta en la razonabilidad, no cumpliendo así con el estándar requerido en la Carta Fundamental. CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. señala que la SCJ modificó el cómputo de plazos para otros operadores de casinos de juego, fundando dichas actuaciones en el ejercicio de sus facultades interpretativas del artículo 42 N°7 de la ley N°19.995, existiendo como antecedente fáctico el mismo esgrimido por mi representada: pandemia causada por COVID-19 y actos de autoridad que impidieron la realización de diversas actividades.

La recurrente se equivoca, por cuanto la norma que contiene el plazo es vinculante para la SCJ, vale decir, que no es una norma sobre la cual la SCJ pueda ejercer facultades de interpretación.

Reitera que, el plazo de operación emana como un derecho de explotación para la empresa que obtiene un permiso por parte de la SCJ, por 15 años desde la certificación de condiciones de operación, por otra parte, y respecto de la SCJ fija un campo temporal sobre el cual la Superintendencia ejerce sus atribuciones, señala un “cuando” este Servicio debe ejercer sus atribuciones sobre un casino en operaciones.

Para el caso de CASINO DE JUEGOS DE TEMUCO S.A., ese período va desde el 14 de enero de 2009 al 14 de enero de 2024. Ante ello a la SCJ solo le resta acatar dicha situación, pues comprende que se le está vedada la posibilidad de modificar su propio campo de acción, en este caso temporal, reduciéndolo o, extendiéndolo, lo que sería equivalente a excluirse atribuciones con la que cuenta o arrogarse atribuciones que no tiene. Lo descrito precedentemente, en el sentido de excluirse o arrogarse atribuciones, implica necesariamente una vulneración del principio de legalidad de la Constitución Política, que señalan que todos los órganos que conforman la Administración del Estado deben someter completamente su actuar a lo que preceptúan la propia Constitución y las leyes.

La Resolución Exenta N°500 de 2020, y la que impugna CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., para obtener una extensión del plazo de operación, son diferentes, no iguales o similares como indica la recurrente. La SCJ dictó la Resolución Exenta N°500, el 28 de agosto de 2020, en atención a que correspondía precisar la forma de cómputo de un plazo que corre en contra de las operadoras que están en la etapa de ejecución de un proyecto de casino y obras complementarias, de conformidad con el derecho que fluye de los permisos de operación otorgados por la SCJ a cinco empresas en el mes de junio de 2018, para la operación de un casino en las comunas de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas.

Indica que el artículo 28 de la Ley N°19.995, que prescribe que la sociedad adjudicataria debe desarrollar el proyecto integral autorizado dentro del plazo establecido en el plan de operación, el cual no puede exceder de dos años contados desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación. Lo anterior, sin perjuicio que, antes del vencimiento del referido plazo, la sociedad hubiere obtenido de la Superintendencia una prórroga, que la Ley autoriza por una sola vez, la que sólo podrá otorgarse por razones fundadas. Las operadoras, ejecutoras de los proyectos antes referidos, se encontraron con una serie de dificultades para avanzar con las obras, producto de la pandemia y de las restricciones a las actividades económicas generadas por las decisiones de la autoridad sanitaria y de seguridad interior. Si bien, el punto anterior, referido a restricciones de la autoridad, es una situación común con la reclamación de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. que pide más tiempo para explotar el casino, en cuanto basa su solicitud en dificultades producidas por la pandemia, cabe destacar que tal circunstancia ha sido común para prácticamente todas las actividades de la vida (social, económica, cultural etc.) desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia por Covid19, identificando al escenario en que el mundo se ha desenvuelto desde la pandemia. Entonces, se tiene que en pandemia los operadores de casino que ejecutan sus obras se vieron impedidos de avanzar normalmente, en razón de lo cual la SCJ precisó que como regla para contar el plazo legal de ejecución de las obras no se considerarían los días que la comuna respectiva esté en cuarentena.

Expresa que lo anterior en rigor no fue otorgar una prórroga adicional, como mal lo entiende y ha expresado la recurrente en su presentación. Por el contrario, la opción de pedir prórroga adicional para los ejecutores de proyecto vino dada con la dictación del Decreto N°77, de 2021, de Hacienda, lo que efectivamente corrobora que la prórroga bien pudo dictarse por decreto de ministerio correspondiente y no por resolución de la SCJ, que lo que hizo, como ha se ha reiterado fue fijar una regla para el cómputo del plazo reconociendo el obstáculo que significaban para las operadoras las cuarentenas que afectaban a las comunas de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto. Varas. En cambio, e incluso por el contrario, la petición de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. en orden a extender el plazo del permiso de operación, aparte de solicitar el ejercicio de facultades de las que carece la SCJ, se dirige a la obtención de un derecho adicional para la empresa en términos particulares, sin atender al total de la industria que bien podría considerar que está en idéntica situación. Vale decir, precisamente hay una invitación a que la SCJ dicte, apartándose de sus facultades, un acto discriminatorio, ilegal y arbitrario mediante un acto que extienda el plazo de operación del casino en Temuco. En efecto, para el caso que la SCJ tuviera las facultades de interpretación de la norma que fija el plazo de operación en 15 años – que no tiene – mal podría aplicarla respecto de una operadora sin vulnerar el principio de igualdad con que los órganos del Estado deben actuar ante sus administrados.

Por ello, no se ha vulnerado el derecho de propiedad, ya que el permiso de operación implica una autorización administrativa para ejecutar un proyecto de casino y obras complementarias, y para, luego de la certificación, explotar directamente el casino por un período de 15 años, sin que de ello pueda necesariamente concluirse que se tiene un derecho de explotación efectivo por 15 años, pudiendo suspenderse el servicio si la autoridad, en este caso sanitaria así lo exigía.

Resulta asimismo pertinente agregar que, si sostenemos que el recurrente efectivamente tiene un derecho de propiedad sobre la autorización otorgada, éste se encuentra indemne, pues no caben dudas de que el recurrente tiene el derecho de explotar su casino de juego en la comuna de Temuco hasta la fecha en que vence su permiso y, además, tiene el derecho a postular a la renovación de su permiso de operación, bajo las normas que la ley ha establecido. Pero una cosa muy distinta es que pretenda tener un derecho a obtener una prórroga de su permiso sobre supuestos que además no han sido definidos por el legislador. Y no puede el actor sostener lisa y llanamente que tiene derecho a prórroga cuando la propia ley establece el plazo de duración de la autorización y, por ende, no puede encuadrarse este alegato bajo la supuesta violación al referido derecho.

Por lo anterior, ninguna afectación al derecho de propiedad se ha provocado por la SCJ al dictar la resolución recurrida, pues no se ha privado al casino de un derecho a la prórroga prexistente.

Tampoco se ha vulnerado la garantía de no ser discriminado en el trato que los órganos del Estado confieren a los particulares. CASINO DE JUEGO TEMUCO S.A. reclama un trato diferenciado de la SCJ, por cuanto este Servicio no accede a extender la vigencia del permiso operación, de 15 años, otorgado conforme la ley N°19.995; y, por otra parte, la SCJ, en agosto de 2020 fijó una regla de cómputo para las empresas que están ejecutando sus proyectos de casinos, en virtud de los permisos de operación otorgados en junio de 2018. Sobre dicha aseveración, sólo cabe reiterar lo antes indicado en cuanto a que en ningún caso se ha verificado un trato discriminatorio en contra de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A.; que la decisión adoptada por la SCJ al dictar la Resolución Exenta N°500, de 2020, contiene supuestos y fines muy distintos a los que rodean la pretensión de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. en cuanto extender el plazo de operación del casino a partir de un acto de esta Superintendencia, por lo que sobre este reclamo se dan por reproducidos los argumentos vertidos previamente en este informe.

Finalmente señala que, en este punto la garantía aludida, supone estados iguales de cosas, por lo que su infracción requiere una resolución de situaciones semejantes de manera diversa. Claramente son situaciones jurídicas completamente diversas. Los operadores beneficiados por la Resolución N°500 no cuentan con un certificado de inicio de operaciones y la recurrente si cuenta con dicho certificado desde el año 2009.

Concluye que, conforme fluye de lo expresado en los puntos precedentes, este recurso no puede prosperar, pues excede el ámbito de la acción cautelar a lo que se agrega que el Oficio Ordinario N°1499, de 2021, que impugna CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., no es arbitrario ni ilegal, ni tampoco vulnera las garantías de los numerales 2°, 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, el recurso excede el ámbito propio de esta acción, desde que no existe un derecho indubitado a la prórroga o ampliación de plazo que está solicitando el casino y se está intentando por el recurrente revisar la legalidad de la resolución adoptada por la SCJ dentro de sus competencias que se encuentran limitadas por el principio de legalidad, tal como se explicó en el numeral III de esta presentación. No es arbitrario, pues funda su negativa a la solicitud de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., en la ley en cuanto ella previene expresamente un plazo y la SCJ no tiene atribuciones que permitan acceder a la petición. No es ilegal, pues precisamente la SCJ busca ajustar su actuar a lo que manda la Constitución Política de la República, en sus artículos 6° y 7°, en especial en los preceptos que ordenan a los órganos del Estado someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas.

Con relación a la alegación de trato discriminatorio arbitrario en materia económica, vulnerando el N°22 de artículo 19 de la Constitución Política, lo que supuestamente se verificaría con la dictación del Oficio Ordinario N°1.499, de 01 de octubre de 2021, esta Superintendencia rechaza tal alegación, ya que se ha explicado las claras diferencias que han acompañado la dictación de la Resolución Exenta N°500, de 2021, y el Oficio Ordinario N°1.499, de 2021. El Oficio Ordinario N°1.499, de 2021, no atenta contra el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, remitiendo lo señalado en los puntos anteriores de este informe, los que se dan por reproducidos.

Se hace presente, que no se contestará derechamente lo pedido por el actor en cuanto a modificar las Resoluciones Exentas N°430, de 24 de julio de 2020, y N°432, de 27 de julio de 2020, ambas de la Superintendencia de Casinos de Juego, alterando al efecto los calendarios de nuevo proceso licitatorio de renovación u otorgamiento de nuevos permisos de operación, ya que ello sería una cuestión accesoria y consecuencia de una extensión de la vigencia del permiso de operación, que es la cuestión principal que se ha abordado en este informe; dada la perdida de oportunidad por cuanto los procesos de para el otorgamiento de permisos están en actual curso, a lo que se une que dichas resoluciones han sido declaradas plenamente legales en todos los recursos e instancias en las cuales han sido sometidas a conocimiento de los Tribunales de Justicia y ante esta misma Iltma. Corte de Apelaciones.

Por ello pide, tener por evacuado el informe requerido a esta parte, en tiempo y forma en los términos expresados en esta presentación, y en mérito de los argumentos esgrimidos por esta parte, desechar en definitiva las pretensiones solicitadas por el recurrente, con expresa condena en costas.

Acompaña: Copia de la Resolución Exenta N°500, de 28 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Casinos de Juego. Copia Oficio Ordinario N°1.499; Copia de la Resolución Exenta N°430 y 432. Copia de la Resolución Exenta N°174 de 21 de julio de 2006, que otorga permiso de operación a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. Copia de los certificados de cumplimiento de obras e instalaciones del proyecto integral de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A.

A folio 21 informa la Comisión Resolutiva de la Superintendencia de Casinos de Juego, reiterando lo ya expuesto y señalando que no procede la legitimación pasiva a su respecto al no haber dictado el acto recurrido ni intervenido mayormente en la génesis del mismo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, preciso es que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía y; que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, para que un Recurso de Protección pueda prosperar, se requiere, además, la existencia de un derecho indubitado o indiscutido, de aquellos considerados en el art culo 20 de la Constitución de la República, que haya sido privado al recurrente o, al menos, haya sido amenazado.

TERCERO: Que, del mérito de los antecedentes, el recurrente CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., denuncia grave vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile y los Tratados Internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos y que se encuentran íntegramente incorporados a la legislación chilena en razón de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental; privando y perturbando las referidas garantías y derechos fundamentales.

CUARTO: Que, el acto que denuncia vulneratorio de garantías es el Oficio Ordinario N°1.499 de 1 de octubre de 2021, de la Superintendencia de Casinos de Juego, el que resolvió una presentación realizada por CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. que solicitaba la suspensión, modificación o invalidación de las Resoluciones Exentas N°430 y N°432, de 24 y 27 de julio de 2020, respectivamente; solicitando lo siguiente: “1.-Disponer el cumplimiento íntegro del plazo del actual permiso de operación otorgado a Casino de Juegos Temuco S.A. y sus servicios anexos, en la Comuna de Temuco, Región de La Araucanía, descontando del cómputo respectivo, el tiempo que dure el estado de excepción. 2.-En subsidio, disponga que se descuente del cómputo del plazo del permiso de operación ya individualizado, los días durante en los cuales se le ordenó el cierre del casino de juegos, y por extensión, de los servicios anexos por decisión de la autoridad. 3.-Suspender, modificar o invalidar los efectos de las Resoluciones Exentas N°430, de 24 de julio de 2020, y N°432, de 27 de julio de 2020, ambas de la Superintendencia de Casinos de Juego, sobre la base del razonamiento ya expuesto, en razón de la señalado en los puntos anteriores.”

QUINTO: Que, la recurrida, a través del citado Oficio Ordinario N°1.499 de 1 de octubre de 2021, rechazó lo solicitado disponiendo que “11.- Por lo anteriormente expuesto, no es posible acceder a su solicitud de descontar del cómputo respectivo de duración del permiso de operación, el tiempo que dure el estado de nombre reservado. Asimismo, y no siendo posible modificar el plazo de duración del permiso, por el tiempo de duración del estado de excepción ni por los días en que se ordenó el cierre, tampoco es posible acceder a modificar, suspender o invalidar el proceso de otorgamiento de permiso ya iniciado por la Resolución Exenta N°430 del 24 de julio de 2020 que aprueba las bases técnicas para el proceso y la Resolución Exenta N°432, de 27 de julio de 2020 que declara formalmente abierto el proceso para el otorgamiento o renovación de doce permisos de operación de casinos de juego.”

SEXTO: Que, como detalla en el cuerpo de su libelo recursivo, estima que la citada decisión administrativa priva, perturba y amenaza derechos fundamentales de los cuales es titular CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A.

En el caso de marras, afirma que el acto recurrido afecta el ejercicio, por parte de su representada, del principio de igualdad constitucional, el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, a no ser discriminado en las mismas por parte del Estado y el derecho de propiedad, desarrollando los motivos por los cuales estima afectadas las garantías que cita.

Insiste que el acto recurrido, Oficio Ordinario N°1.499, de 1 de octubre de 2021, de la SCJ, priva y perturba el legítimo ejercicio de los derechos anteriormente señalados, toda vez que la Administración arguye no poder no contabilizar, dentro del plazo de quince años para operación, los días en que su representada no pudo operar por acto de autoridad dispuesto en virtud de pandemia causada por COVID-19.

En ese sentido, la Superintendencia señaló que: “el período de duración de los permisos de operación se encuentra determinado y, por tanto, delimitado a partir de una norma de rango legal, vinculante en el actuar de esta Superintendencia, no pudiendo ni siquiera fundado en la facultad de poder interpretar administrativamente (artículo 42 N°7 de la ley) acoger la petición de la sociedad operadora –extender el plazo legal de duración de los permisos de operaciones legalmente otorgados-, sin vulnerar el principio de legalidad o juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, que señalan que todos los órganos que conforman la Administración del Estado deben someter completamente su actuar a lo que preceptúan la propia Constitución y las leyes. De esta forma resulta que el plazo de 15 años por el cual se otorga el permiso de operación no se suspende, salvo que una ley expresamente disponga lo contrario, circunstancia que a la fecha no ha sucedido. Por lo tanto, se reitera que la Superintendencia debe circunscribir su actuación a la ley y si la ley ha determinado un plazo de duración del permiso, éste debe respetarse, salvo que una ley posterior lo modifique o determine una forma distinta de contabilizarlo, cuestión que no ha acontecido.”

SÉPTIMO: En concreto y, teniendo a la vista las disposiciones legales citadas por ambas partes, se puede confirmar que los permisos de operación se entregan por un lapso de quince años, de conformidad a lo estatuido en el inciso tercero del artículo 26 de la Ley N°19.995 y que, en particular y, en lo que concierne al recurrente, el 14 de enero de 2009, la Superintendencia emitió Certificado mediante el cual se autorizó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995, la operación del casino de juego autorizado en la Comuna de Temuco. Dicho acto certifica que: “La vigencia durante quince años del permiso de operación del casino de juego “Dreams Temuco” de la sociedad operadora Casino de Juegos Temuco S.A., rige a contar de la fecha del presente certificado y hasta el 14 de enero de 2024.”

Que, resulta efectivo que, en el marco de la pandemia COVID, por las diversas instrucciones referidas emanadas, tanto de la autoridad Presidencial, ministerial sanitaria y del órgano fiscalizador, obligaron a CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A. a cerrar el casino de juego durante un tiempo considerable por lo que, por acto de autoridad que dispuso el cierre de los casinos de juego, la recurrente no pudo operar su permiso de operación durante un número significativo de días producto de la declaración de estado de nombre reservado acaecida a partir del mes de marzo de 2020.

OCTAVO: Que, para fundar este arbitrio constitucional, la recurrente alega, además que, a diferencia de lo sostenido por la recurrida, ella sí cuenta con facultades para otorgar la ampliación del plazo solicitado, facultada que además habría ejercido, en particular, “el órgano fiscalizador, el 28 de agosto de 2020, dictó la Resolución Exenta N°500, que “Informa Cómputo de Plazo de Ejecución de Obras para Casinos de Juego y Obras Complementarias por Brote de COVID-19”.

Contextualiza que, el año 2018, la SCJ otorgó cinco permisos de operación a diversas sociedades. Que, para estas sociedades, se asignaron, mediante proceso licitatorio público, permisos de operación, los cuales, conforme a la Ley, tienen una extensión de quince años; tal cual sucede en el caso de marras. Conforme al artículo 28 de la Ley N°19.995, la sociedad adjudicataria debe desarrollar el proyecto integral autorizado dentro del plazo establecido en el plan de operación, el cual no puede exceder de dos años contados desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación. Lo anterior, sin perjuicio que, antes del vencimiento del referido plazo, la sociedad hubiere obtenido de la Superintendencia una prórroga, que la Ley autoriza por una sola vez, la que sólo podrá otorgarse por razones fundadas. Que, en consideración a lo anterior, en el caso de las cinco sociedades titulares de permisos de operación, todas ellas ya habían solicitado la citada prórroga; las que fueron otorgadas, en su momento, por la Superintendencia.

En dicho acto administrativo, el órgano fiscalizador permitió, en razón de sus facultades interpretativas, una segunda prórroga basada en el argumento de un nuevo cómputo de plazos. Lo anterior debido a la pandemia causada por COVID-19.

NOVENO: Que, de conformidad con lo expuesto por las partes, necesario resulta distinguir el plazo de 2 años que la ley considera para la ejecución de obras, del plazo de 15 años que se otorga para la explotación de las mismas.

Que, respecto del primer plazo, preciso es dejar asentado que éste se refiere y limita la etapa de ejecución de un proyecto de casino y obras complementarias. Que, al respecto, el artículo 28 de la Ley N°19.995, es claro cuando dispone que la sociedad adjudicataria debe desarrollar el proyecto integral autorizado dentro del plazo establecido en el plan de operación, el cual no puede exceder de dos años contados desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación.

Que la misma norma prescribe “Lo anterior, sin perjuicio que, antes del vencimiento del referido plazo, la sociedad hubiere obtenido de la Superintendencia una prórroga, la que sólo podrá otorgarla por razones fundadas.”

Que, el segundo plazo, esto es el de operación efectiva del giro, de conformidad con el inciso 3° del artículo 26 de la Ley N°19.995, es de 15 años, contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo 28.

Que, de acuerdo con lo prescrito en el citado inciso tercero del artículo 28 de la cita Ley N°19.995, el plazo de operación, se debe contar desde que la Superintendencia expida el respectivo certificado.

Que, ni el artículo 26, ni el artículo 28, ni ninguna otra norma de la citada ley N°19.995, considera la posibilidad de conceder prórrogas a este segundo plazo, por lo que, efectivamente, no habiendo la ley otorgado tal facultad a la autoridad fiscalizadora, ésta se encontraba privada de conceder, ni aun en los casos expuestos por el recurrente, ampliación o extensión de éste plazo.

Que, atento a lo precisado, no observa que la Superintendencia de Casinos de Juego haya incurrido, con la dictación del Oficio Ordinario N°1.499 de 1 de octubre de 2021, en un actuar ilegal o arbitrario, motivo por el cual el recurso de protección deducido en su contra, no podrá ser acogido.

DÉCIMO: Que, el mismo recurso se ha deducido también recurso de protección en contra de la Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Que, sin embargo, el recurrente no precisó acto u omisión de este recurrido que pudiera haber provocado afectación de alguna de las garantías constitucionales que denuncia afectadas y, no advirtiendo tampoco esta Corte que dicho organismo hubiere emitido acto o pronunciamiento alguno que pudiera haber afectado en lo que el recurrente reclama en estos autos, la acción que deduce en contra de este recurrido, deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, con costas, el presente recurso interpuesto por don CARLOS SILVA ALLIENDE, abogado, en representación de CASINO DE JUEGOS TEMUCO S.A., en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego y del Consejo Resolutivo Superintendencia de Casinos de Juego.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Fuentes Fernández N°Protección-9035-2021. (csd)