INMOBILIARIA RÍO VOIPIR S.A. con SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don Rodrigo Donoso Baraona, por la Inmobiliaria Río Voipir S.A. (en adelante “Voipir”), persona jurídica del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien deduce recurso de protección en contra de 1) Empresa de Ferrocarriles del Estado, persona jurídica de Derecho Público y del giro de su denominación, representada legalmente por su gerente general, don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado (en adelante “EFE”); 2) Delegación Presidencial de la Región de La Araucanía, representada por el Delegado Presidencial, don José Montalva Feurhake, abogado, domiciliados en domicilio reservado (en adelante “la Delegación” o “el Delegado”); 3) Municipalidad de Villarrica, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde don Germán Antonio Vergara Lagos, funcionario público, con domicilio en domicilio reservado, Región de la Araucanía (en adelante “la Municipalidad”); y 4) Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía, persona jurídica de derecho público, representada por su director don nombre reservado, arquitecto, con domicilio en domicilio reservado (en adelante el “Serviu”); solicitando desde ya que se acoja, se ordene dejar sin efecto los actos ilegales y arbitrarios recurridos que serán explicados y se decreten las medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar los derechos de su representada en razón de los siguientes argumentos de hecho y fundamentos de derecho que se exponen a continuación:

I. Antecedentes de hecho La sociedad que represento es dueña del predio ubicado en Malloco, parte del Fundo Huifquenco, en la comuna de Villarrica, emplazado aproximadamente a dos kilómetros de esa comuna, que colinda con terrenos de EFE en los que antiguamente se emplazaban líneas de ferrocarriles. Dichos terrenos están abandonados desde hace décadas, y hace unos años se instaló ilegal o irregularmente una toma compuesta por aproximadamente a 85 personas, quienes levantaron construcciones livianas sin ningún permiso de ocupación, ni construcción, ni acceso a los servicios mínimos para la vida humana.

Como se explicará, los ocupantes viven de manera precaria y totalmente desregularizada, lo que supone un riesgo para ellos y su entorno, entre ellos el predio de su representada que colinda con los terrenos de EFE ilegalmente ocupados.

A esta fecha y de manera diligente, Voipir ha realizado gestiones ante EFE, el Delegado y la Municipalidad, con el objeto de resolver el problema de fondo que afecta no solo a su representada, sino que, en mayor medida, a las personas que viven allí en forma irregular y en precarias condiciones. No obstante, ninguna de las gestiones ha sido atendida, habiendo enfrentado su representada la pasividad de las autoridades recurridas.

Los hechos que serán relatados vulneran los derechos fundamentales de su representada. La inercia de EFE -propietaria de los terrenos- y de las autoridades recurridas, quienes no han entregado ninguna respuesta ni solución concreta a los requerimientos de Voipir, importan una infracción a sus obligaciones y mandatos constitucionales y legales.

a) Inmueble de propiedad de Voipir Voipir es propietaria de un predio ubicado en Malloco, parte del Fundo Huifquenco, en la comuna de Villarrica, emplazado aproximadamente a dos kilómetros de esa comuna, cuyo deslinde norte limita en trescientos noventa y seis metros con el camino público de Villarrica a Loncoche.

El predio se encuentra inscrito a nombre de Voipir a fojas 975 número 810, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 2017.

Es del caso que parte del predio de su representada es atravesado por una franja de terreno que antiguamente correspondió a las vías ferroviarias del ramal Loncoche-Villarrica, hoy abandonadas y tomadas por construcciones ilegales. La inscripción a nombre de EFE rola a fojas 2374 N°1219 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del año 1999.

b) Abandono de los terrenos de EFE Desde hace 30 años aproximadamente que EFE dejó de operar sus servicios en el ramal Loncoche-Villarrica y hace aproximadamente 20 años que las vías fueron levantadas. La franja de terreno fiscal colinda con inmuebles de extensión variada en los que existen cultivos tradicionales, proyectos forestales y desarrollos inmobiliarios.

En la actualidad la franja de terreno fiscal está abandonada y ningún proyecto público ni privado se ha desarrollado en ella.

c) Ocupación ilegal o irregular de los terrenos de EFE y los problemas que provoca Por lo anterior, y dado el exponencial crecimiento de población en la zona, particularmente en Villarrica, desde fines del año 2019 se han instalado grupos de personas y familias que, de manera informal e irregular, han emplazado construcciones livianas que representan un riesgo para el sector, junto con dar cuenta de la grave crisis de vivienda que vive nuestro país.

A esta fecha, y de acuerdo con el catastro informal que hemos podido realizar, existen alrededor de 85 personas que han instalado construcciones livianas en una extensión de aproximadamente tres kilómetros desde Villarrica hacia el poniente.

La toma que denunciamos ha crecido exponencialmente en los últimos años y a esta fecha no solo ocupa los terrenos fiscales del antiguo ramal, sino que también se ha extendido a parte de los predios privados que colindan con dichos terrenos, ocasionando ingentes perjuicios a los propietarios de los predios.

En efecto, existe un inminente riesgo de incendios por la biomasa que se encuentra tanto en la toma como en los predios aledaños. Como es de público conocimiento, las altas temperaturas de los últimos veranos, además de los actos del hombre, han ocasionado incendios que han destruido más de 100.000 hectáreas en la Región de La Araucanía. La materia orgánica correspondiente a las personas que habitan y circulan por la toma, además de las cosechas de predios aledaños, configuran un riesgo de incendio inminente en una zona altamente poblada.

A lo anterior se debe agregar que en el sector ocupado existen redes eléctricas de alta y media tensión. Las construcciones de la toma se emplazan debajo de estas redes, lo que importa una infracción a lo previsto en los artículos 54 y 57 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Adicionalmente, la mayoría de las construcciones se ha “colgado” a la energía eléctrica mediante cables instalados sin ningún tipo de fiscalización. Todo esto pone en riesgo a las personas que habitan el sector, pues pueden recibir una descarga eléctrica, además de acrecentar el riesgo de incendios ya explicado.

A mayor abundamiento, las construcciones de la toma no cumplen ninguna de las normas sobre aseo, seguridad y salubridad contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcción, Código Sanitario y demás normas especiales aplicables. Las construcciones no tienen acceso a la red de agua potable y no tienen baños.

La faja del terreno fiscal más cercana a Villarrica colinda con la ruta S-731, que conecta la comuna con Ñancul. Las construcciones de la toma que allí se emplazan han construido salidas directas a la carretera sin contar con la autorización de la Dirección de Vialidad, lo que, por una parte, importa una infracción a DFL MOP 850 de 1997, el DFL 458 de 1976 y la Resolución de la Dirección de Vialidad 232 del año 2002 y, por otra, pone el riesgo a los habitantes de la toma y a los automovilistas que circulan por el sector por los accidentes que podrían ocurrir.

La toma ha crecido exponencialmente en los últimos meses, extendiéndose a los predios colindantes a la franja fiscal que pertenecen a privados, como el de Voipir, por lo que nos vemos obligados a ocurrir ante S.S. Iltma. para poner término a la afectación de sus derechos.

Finalmente, en los últimos meses han existido conflictos entre los habitantes de la toma que han terminado por personas heridas con armas blancas, además de denuncias por robos de especies.

La situación que describimos y denunciamos no es nueva. Como es de púbico conocimiento, en el último tiempo muchos terrenos fiscales y particulares han sido objeto de tomas. La mayoría de éstas constituyen soluciones habitacionales de facto e ilegales ante problemas que no han sido resueltos adecuadamente por los órganos públicos que están mandatados por la Constitución Política de la República de Chile (en adelante “CPR”) y las leyes para hacerlo.

II. Actos ilegales y arbitrarios Ante los hechos antes relatados que perturban, amenazan y vulneran los derechos fundamentales de Voipir y también los de los ocupantes de los predios, esta parte ha acudido ante las autoridades locales que tienen la competencia y obligación de solucionar este problema, sin que a la fecha existan soluciones, ni avances concretos en ese camino.

a) Actuación ilegal o arbitraria de EFE Los terrenos en que se encuentra emplazada la ocupación ilegal o irregular referida son de propiedad de EFE, que los ha dejado abandonados, propiciando su ocupación, sin hacer nada para impedirlo.

Como se sabe, la titularidad del dominio concede facultades a quien lo ejerce, pero también responsabilidades, entre ellas, no abandonar los inmuebles a su suerte, como ha hecho la recurrida.

En este sentido, el artículo 58 bis inciso 2° de la Ley de Rentas Municipales define la propiedad abandonada:

Se entenderá por propiedad abandonada, el inmueble no habitado que se encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo o mantención, o por otras circunstancias manifiestas de abandono o deterioro que afecten negativamente su entorno inmediato.

Precisamente, el inmueble de EFE corresponde a esta definición, puesto que se encuentra permanentemente desatendido, por falta de cierros, protección adecuada, aseo y mantención.

Luego, el artículo 2.5.1. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en adelante “OGUC”) establece una serie de reglas para las propiedades abandonadas, entre ellas que tengan cierres levantados. Incluso, las Municipalidades tienen la facultad de intervenir en este tipo de propiedades, con el propósito de cerrarlas, precisamente, para impedir su ocupación irregular.

Así las cosas, es forzoso concluir que la omisión de EFE de atender y cerrar el predio es ilegal o al menos arbitraria, porque no se hacen responsables de la propiedad, a pesar de que es su obligación mantenerlo cerrado y en buen estado de conservación.

En definitiva, se trata de una propiedad abandonada que perjudica o afecta negativamente el entorno inmediato, pues ha permitido su ocupación ilegal e irregular de personas que viven ahí precariamente, sin acceso a los servicios mínimos.

Voipir tomó contacto con EFE y le solicitó terminar con su pasividad frente a la ocupación, no obstante, hasta la fecha no ha existido ningún pronunciamiento, ni actuación concreta al respecto.

Con fecha 28 de abril de 2023 se tomó contacto con nombre reservado, funcionario de EFE, para coordinar una reunión. Con fecha 3 de mayo se tomó contacto con nombre reservado, de EFE, quien señaló:

Respecto a las tomas, sabemos perfectamente a qué sector te refieres y también estamos al tanto de la solicitud que Inmobiliaria Río Voipir hizo llegar al Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, quien nos derivó también un oficio solicitando información al respecto. Comentarte que el desalojo administrativo es una alternativa que EFE ya exploró en su momento cuando comenzaron a aparecer las tomas y en paralelo a la denuncia que se hizo en Carabineros, la que sigue en causa N° 1910058458-4 RIT 1925-2019 Fiscalía Local de Villarrica.

Finalmente, el día 9 de mayo de 2023 tuvimos una reunión telemática con funcionarios de EFE en la que se comprometieron a abordar la situación.

No obstante, a esta fecha no ha existido ninguna acción de EFE y la toma sólo ha crecido.

Agrega que la desidia de EFE con este tipo de terrenos es algo reiterado, pues así fue recientemente denunciado por el Ministerio de Bienes Nacionales a la prensa:

Desde Bienes Nacionales, el seremi Pablo Flores apunta a EFE como responsables del abandono y toma de dichos dominios. Ya que estos campamentos suponen una amenaza a la seguridad pública para los vecinos de esta zona de Ovejería, en Osorno, que buscan soluciones a sus demandas ciudadanas.

“A título personal, soy muy crítico sobre la situación de EFE, porque efectivamente ha habido una desidia sobre la administración de estos terrenos. Entendiendo que es un tema privado, EFE puede o no ejercer acciones legales o implementar mayor control sobre ellos” agregó el seremi de Bienes Nacionales región de Los Lagos.

Como se puede advertir, el abandono de los terrenos por parte de EFE en forma irresponsable no es una situación aislada, sino que es lo común con relación a los tramos en desuso, con la gravedad que da pábulo para que terceros ocupen indiscriminadamente estos inmuebles, generando perjuicios para sus vecinos.

A lo anterior se debe agregar que la posibilidad de abandonar inmuebles a su suerte es una desigualdad injustificada de la que goza EFE, por ser la empresa estatal encargada del transporte de carga y pasajeros por ferrocarril, que genera estas externalidades negativas, ocasionando problemas indeseados en atención a la falta de proyectos de su giro en diversas zonas del país y a la falta de organización de su patrimonio.

Es un hecho público y notorio que miles de kilómetros de vía férrea se encuentran sin uso en el país y otros tantos abandonados sin vías, como ocurre en la especie. Ningún otro particular se da el lujo de abandonar y no explotar inmuebles de miles de kilómetros cuadrados, lo que refuerza la ilegalidad de la omisión de EFE, que se aprovecha de esta desigualdad legal.

b) Actuación ilegal o arbitraria del Delegado Con fecha 20 de marzo de 2023, hace más de tres meses, Voipir solicitó al Delegado que, en ejercicio de sus facultades legales, pusiera término a la toma ilegal de los terrenos fiscales vecinos a sus propiedades. Posteriormente, ante la inacción y falta de respuesta de la autoridad, el día 12 de abril de 2023 esta parte se acercó a las oficinas del Delegado y se entrevistó con el abogado Pablo Molina, quien nos informó que nuestro requerimiento estaba en trámite y que pronto tendríamos respuesta.

A esta fecha no hemos tenido respuesta del Delegado y, naturalmente, tampoco ha ejecutado ninguna acción en los predios ilegalmente ocupados.

En este sentido, el artículo 6° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante “LGUC”) dispone que corresponde al Intendente – hoy Delegado Presidencial – supervigilar que los bienes nacionales de uso público se conserven como tales, impedir su ocupación con otros fines y exigir su restitución, en su caso, conforme a sus facultades.

Asimismo, el artículo 2 letra b) de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establece que corresponde al Delegado Presidencial velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes.

Por último, la misma ley N°19.175, dispone en su artículo 4 que:

El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo [...], H) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que estén destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda.

La norma antes transcrita dispone en forma imperativa que el Delegado debe impedir la ocupación ilegal de los bienes del Estado y exigir su restitución cuando proceda, que es precisamente lo que ocurren en este caso.

En ejercicio de estas facultades delegados presidenciales ha ordenado el desalojo de tomas similares a la que denuncia. Así, por ejemplo, a requerimiento del Alcalde de Lautaro, el señor Delegado Presidencial de la Araucanía dictó la Resolución Exenta 699 de 18 de mayo de 2022, y ordenó a un particular restituir en un plazo de 30 días un bien nacional de uso público ubicado en la comuna de Lautaro. Más recientemente, en noviembre de 2022, la Delegada Presidencial de Antofagasta ordenó el desalojo de una toma emplazada en un terreno fiscal en Caleta Lagarto-Chorales, Antofagasta.

En el mismo sentido, el 17 de abril de 2023 se informó que el Delegado Presidencial de Arica y Parinacota lideró el desalojo de la ocupación ilegal instalada en el sector Quebrada Encantada, en la comuna de Arica. Asimismo, el 18 de mayo pasado, se informó por la prensa que la Delegada Presidencial de San nombre reservado y la Alcaldesa de esa comuna lideraron el desalojo de una toma ilegal en el predio denominado Fundo La Peña.

Como se puede advertir, ante el requerimiento de los particulares, los Delegados Presidenciales han actuado activamente en los últimos meses recuperando espacios públicos y poniendo fin a tomas ilegales.

En consecuencia, la omisión del Delegado recurrido de ejercer sus obligaciones de restitución del inmueble es ilegal y/o arbitraria, primero porque no da cumplimiento a la norma imperativa citada más arriba y, segundo, porque no existe ninguna razón que justifique, avale o permita que los ocupantes irregulares del predio vivan en condiciones peligrosas, sin acceso a los servicios básicos de salubridad y que la autoridad llamada a solucionarlo nada haga al respecto.

Todo esto, con la agravante de que esta parte ha requerido de forma expresa su intervención, sin tener siquiera respuesta a nuestras solicitudes.

c) Actuación ilegal o arbitraria de la Municipalidad Tal y como se hizo con EL Delegado, el día 20 de marzo de 2023, hace más de tres meses, Voipir solicitó a la Municipalidad de Villarrica que ejerza sus facultades legales y, de acuerdo a ello, fiscalice y ponga término a la toma ilegal de los terrenos fiscales. Posteriormente, ante la inacción y falta de respuesta de la autoridad, el día 12 de abril de 2023 esta parte se acercó al Municipio y se entrevistó con el administrador municipal, don nombre reservado, quien nos informó que nuestro requerimiento estaba en trámite y que pronto tendríamos respuesta.

A esta fecha no hemos tenido respuesta de la Municipalidad y, naturalmente, tampoco se ha ejecutado ninguna acción en los predios ilegalmente ocupados.

Como señalamos más arriba, el artículo 58 bis de la Ley de Rentas Municipales obliga a las Municipalidades a declarar como bienes abandonados a los predios que se encuentran en la situación descrita en este recurso, permitiéndoles intervenir en la propiedad para cerrarla, preocuparse de su higiene y mantención. En sentido similar lo dispone el artículo 2.5.1. de la OGUC.

Adicionalmente, el artículo 79 de la LGUC dispone que a las Municipalidades corresponde desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación y saneamiento de las poblaciones deterioradas o insalubres dentro de la comuna. Los artículos que siguen de la referida normativa conceden una serie de facultades al Municipio para cumplir con su obligación de rehabilitación y saneamiento.

En similar sentido, el artículo 3° letras e) y f) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, obligan a la recurrida a dar cumplimiento a las normas de urbanismo.

Por su parte, los artículos 5° letra c), 25 letras a) y c), 63 letra f), todos de la misma normativa citada en el párrafo anterior, ponen de cargo del Municipio la administración de los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, además de preocuparse por su aseo y ornato.

Por consiguiente, ante el abandono ilegal y/o arbitrario de la propiedad por parte de EFE, surgen obligaciones precisas para la Municipalidad para impedir que estos inmuebles provoquen perjuicios a sus vecinos, que la recurrida ha incumplido, pues ninguna acción ha llevado a cabo en los terrenos, permitiendo su ocupación ilegal.

d) Actuación ilegal o arbitraria del Serviu De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto 355, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, el SERVIU estará encargado de adquirir terrenos, efectuar subdivisiones prediales, formar loteos, proyectar y ejecutar urbanizaciones, proyectar y llevar a cabo remodelaciones, construir viviendas individuales, poblaciones, conjuntos habitacionales y barrios, obras de equipamiento comunitario, formación de áreas verdes y parques industriales, vías y obras de infraesctructura y, en general, cumplir toda otra función de preparación o ejecución que permita materializar las políticas de vivienda y urbanismo y los planes y programas aprobados por el Ministerio.

En el presente caso el Serviu no cumple con sus obligaciones legales, porque encontrándose en conocimiento de la existencia de la toma irregular o ilegal a la que aludimos en este escrito, nada ha ejecutado para solucionar en forma definitiva los graves problemas de vivienda que afectan a las familias emplazadas.

Adicionalmente, el artículo 55 de la LGUC dispone: Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.

Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal.

Esta disposición pone de cargo del Serviu recurrido cautelar que no existan construcciones en fuera del límite urbano, la que evidentemente en la especie no ha cumplido.

En consecuencia, las omisiones ilegales del Serviu son dos: uno) no cumple con su misión u objetivo de construir viviendas para quienes imperiosamente las necesitan, lo que, adicionalmente, constituye una arbitrariedad, pues no existe ninguna razón que justifique su pasividad para encontrar una solución habitacional y sanitaria para todas las personas que se han instalado en el inmueble sublite; y dos) no ha cautelado que se levanten construcciones fuera del límite urbano.

e) Actuación ilegal o arbitraria del por falta de servicio del Estado por omisión de actuaciones coordinadas y oportunas entre los servicios públicos recurridos Sin perjuicio de las omisiones y conductas ilegales de cada entidad recurrida por el incumplimiento de sus obligaciones legales, existe una falta de coordinación administrativa general, que les impone la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su artículo 5° , que se ha entendido como la fijación de medios y de sistemas de relación que hacen posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las diversas Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema.

El principio en cuestión se manifiesta también en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que impone un deber de coordinación entre municipalidad, gobierno regional, secretarías regionales ministeriales, delegado presidencial provincial y delegado presidencial regional, quienes deben actuar de oficio y por solicitud entre ellos mismos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Por último, la CPR impone en su artículo 1° a los recurridos, en tanto órganos de la Administración del Estado desconcentrados, descentralizados y servicios constitucionalmente autónomos, un deber de servicialidad hacia las personas: [e]l Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta.

Evidentemente los recurridos no dan cumplimiento a esta obligación constitucional, pues habiendo sido requeridas, no han hecho nada para solucionar la ocupación ilegal a la hemos hecho mención, que afecta los derechos fundamentales de Voipir y de quienes habitan esas construcciones desregularizadas.

III. Derechos Fundamentales indubitados vulnerados En la especie, las recurridos, sin fundamento objetivo, real o excepcional, mediante la realización de los actos u ocurrencia de las omisiones reseñadas en el capítulo anterior han configurado un grave atentado, perturbación y amenaza al libre y legítimo ejercicio de los derechos fundamentales: 1) de propiedad; 2) igualdad ante la ley; y 3) a desarrollar cualquier actividad económica lícita, de los cuales estos mi presentada es titular y que la CPR le asegura en su artículo 19°:

a) El Derecho de Propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales Voipir, qué duda cabe, tiene un derecho de propiedad sobre su predio.

La norma constitucional establece además que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio.

No obstante, el derecho de propiedad de Voipir y sus atributos o facultades esenciales -el uso, goce y disposición jurídica y material del bien sobre el que este derecho recae- en la especie se perturba o vulnera porque su representada no puede disponer libremente del predio en atención a la amenaza de los ocupantes, quienes incluso han cortado los cercos instalados en el sector.

Adicionalmente, el cultivo de este predio ha debido ser limitado a plantaciones de granos que no puedan ser consumidos directamente por las personas, a pesar de que la plantación de otro tipo de frutos sería mucho más productiva. No obstante, cualquier persona racional evitará plantar en ese sector frutas de fácil recolección, por la evidente posibilidad de que sean tomadas, máxime si ya se han cortado los cercos en varias ocasiones.

Se perturba también por la constante amenaza de incendio, que podría producirse por cualquier desatención en esas viviendas precarias, instaladas – como dijimos – bajo las torres de alta tensión eléctrica.

En síntesis, la precariedad de las construcciones de la toma afecta el predio de Voipir, perturbando y vulnerando el uso y goce que la CPR le garantiza.

b) El Derecho a la igualdad ante la ley El N°2 del mentado artículo 19 establece el derecho a la igualdad ante la ley, que también es vulnerado por los recurridos, porque se hace soportar a Voipir una situación excepcional anormal, que el resto de los administrados no debe enfrentar.

Como relatamos, la ocupación ilegal de la franja de terreno de EFE conlleva una serie de inconvenientes que Voipir debe soportar por ser vecino, cuestión que se mantiene por la falta de actuación de los recurridos.

Lógicamente Voipir no es responsable de la ocupación ni tiene los medios materiales o legales para solucionarla, por lo que en definitiva se le hace soportar una condición negativa excepcional de la que no tiene forma de escapar.

Por el contrario, son los recurridos los que tienen la obligación y los medios para actuar coordinadamente para solucionar estos inconvenientes, pero habiendo sido requeridos, nada han hecho, obligando a Voipir a soportar esta falta de actuación.

c) El Derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita El N°21 del artículo 19 establece el derecho fundamental a desarrollar cualquier actividad económica lícita, que también es vulnerado por los recurridos, porque en las condiciones de vecindad del predio, se hace imposible desarrollar los negocios proyectados por su representada y explotarlo de la manera más rentable.

IV. El Recurso de Protección es la vía idónea: jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre las ocupaciones ilegales La presente acción constitucional es la vía idónea con la que Voipir cuenta para proteger el ejercicio de sus derechos fundamentales antes reseñados y así evitar la vulneración flagrante provocada por los recurridos, que afecta su contenido esencial.

En el presente caso se cumplen los requisitos porque existen actos ilegales y arbitrarios, que vulneran sus derechos y que requieren de un pronunciamiento expedito para poder garantizar su eficacia.

Por lo demás, el riesgo que corren sus derechos de ser vulnerados en su núcleo esencial es tan grande, que cualquier procedimiento de lato conocimiento sería ineficaz para protegerlos, cuestión que ha sido constantemente reconocida en los últimos fallos de la Excma. Corte Suprema dictados en recursos de protección con relación a ocupaciones o tomas ilegales.

Así, en una reciente sentencia se acogió el recurso de protección deducido por una vecina de una toma ilegal, cita jurisprudencia.

El fallo precitado se dictó en un contexto fáctico idéntico al que se expone en este recurso y que existe en la especie, pues la recurrente fue una vecina de la toma ilegal, por los problemas que ésta le genera. En ese caso, la Excma. Corte acogió el recurso por verificarse una vulneración de los derechos de propiedad e igualdad ante la ley de la recurrente y ordenó el desalojo de los ocupantes ilegales del terreno colindante, en los mismos términos que solicitamos en el petitorio de este escrito.

Las consideraciones del fallo han sido replicadas por la Excma. Corte en otras sentencias recientes que acogen recursos interpuestos en contra de tomas ilegales, tanto por vecinos a ellas, como por los propietarios de los terrenos ocupados, tal como consta en los autos 97.134-2021 del 18 de abril de 2022; 40.135-2022 del 25 de noviembre de 2022; 1.058-2022 del 20 de febrero de 2023; 53.156-2022 del 23 de febrero de 2023 y 170.256-2022 del 31 de mayo de 2023, entre otros.

Pide se sirva tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de 1) Empresa de Ferrocarriles del Estado, representada legalmente por su gerente general, don nombre reservado; 2) Delegación Presidencial de la Región de La Araucanía, representada por el Delegado Presidencial, don José Montalva Feurhake; 3) Ilustre Municipalidad de Villarrica, representada legalmente por su alcalde don Germán Antonio Vergara Lago; y 4) Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía, representada por su director don nombre reservado, todos ya individualizados; declararlo admisible y ordenar a los recurridos que informen al tenor de esta presentación y, en definitiva, acoger el presente recurso en todas sus partes y, en consecuencia, decretar:

1) Que la totalidad de los ocupantes de la propiedad de EFE singularizada en el cuerpo de esta presentación deberán hacer abandono del inmueble, disponiendo de un plazo máximo de seis meses desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres, además de las construcciones realizadas en el asentamiento.

2) Que, para el caso que no se cumpla con lo solicitado en el número anterior en el plazo ahí señalado, se ordene en la misma sentencia y desde luego, el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.

3) En caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes, la Municipalidad recurrida deberá coordinarse con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de nombre reservado, para que implementen de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento.

4) Se remitan los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes.

5) Se disponga que la sentencia que acoja el recurso, en copia autorizada y con constancia de su ejecutoriedad, servirá de suficiente título con el objeto de que sea debidamente cumplida por Carabineros de Chile.

6) Condenar a los recurridos al pago de las costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1) Título de dominio de la propiedad de Voipir de a fojas 975 número 810, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 2017.

2) Acta Notarial de certificación de fotografías de la propiedad de Voipir, de fecha 16 de mayo de 2023.

3) Presentación efectuada por Voipir ante la Municipalidad de Villarrica, con su comprobante de recepción.

4) Presentación efectuada por Voipir ante la Delegación Provincial, con su comprobante de recepción.

A folio 14, evacúa informe la abogada doña Natalia Nesbet Reus, por la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, rol único tributario N°60.511.090-8, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO Que, en base a los antecedentes proporcionados por Inmobiliaria Río Voipir S.A., esta Delegación Presidencial Regional, mediante Oficio N° 924 de fecha 04.03.2023, remite antecedentes al Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, acompañando los antecedentes aportados por Inmobiliaria Río Voipir S.A y solicitando se informe sobre los hechos en ella contenidos en el más breve plazo.

Que, mediante presentación de fecha 15.05.2023, don nombre reservado, Gerente General de EFE, da respuesta al oficio individualizado en el párrafo precedente, señalando todas las medidas adoptadas a partir del año 2019 y en particular señala que: “En el marco del trabajo colaborativo que mantiene EFE con SERVIU Región de la Araucanía, se solicitó a ese organismo, con fecha 04.08.2021, la incorporación de este campamento denominado Los Palafitos, al catastro SERVIU. La petición fue acogida favorablemente a fines del 2022 y desde entonces EFE y SERVIU de la Región de la Araucanía y el Municipio de Villarrica desarrollan un “Diagnóstico social y comunitario”, el cual tiene por objeto realizar un escaneo social destinado a obtener información suficiente para delimitar el polígono y los ocupantes con los cuales el SERVIU desarrollará su plan de trabajo con miras a otorgarles una solución habitacional definitiva de erradicación”. Añade que: “Sin perjuicio de lo anterior SERVIU, sólo trabajará con aquellos ocupantes que cumplen con determinados requisitos, que son básicamente ser hábiles para recibir un subsidio habitacional y encontrarse en una situación de precariedad confirmada. Quienes no cumplan esos requisitos básicos, SERVIU no llevará a cabo trabajo alguno y será necesario activar procesos de desalojo administrativos de esos ocupantes” Finalmente, se invita a esta Delegación a formar parte de una mesa de coordinación, para abordar de forma colaborativa y coordinada, el desalojo de quienes no formarán parte del trabajo con SERVIU Región de la Araucanía.

CONSIDERACIONES DE DERECHO Que, según lo dispuesto en la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado y actualizado fue fijado por el DFL Nº1/19.175, del Ministerio del Interior, en su artículo 2, señala: “Corresponderá al delegado presidencial regional:

b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley”

Por su parte, el artículo 4 del mismo cuerpo legal establece que: “El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo, informando al delegado presidencial regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.

El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”

Es menester señalar que, el Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, actúa también como Delegado Presidencial Provincial de Cautín, por lo que se encuentra habilitado legalmente para ejercer las atribuciones ya mencionadas.

Adicionalmente, es necesario mencionar que esta Delegación Presidencial Regional, como se puede apreciar de los antecedentes expuestos, ha emprendido acciones concretas para tomar conocimiento sobre la situación denunciada por Inmobiliaria Río Voipir S.A., pero que sin embargo, no es posible acceder al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales.

Le parece a esta autoridad que se debe esperar el catastro levantado por SERVIU, colaborar en el proceso de otorgar soluciones definitivas a las familias que puedan acceder a ellas y sobre todo considerar que el Delegado debe velar por la protección de las personas, el interés superior de los niños que se encuentren en el lugar y considerar las bajas temperaturas que se registran en esta temporada.

Que, adicionalmente, según el Principio de Servicialidad del Estado contenido en nuestra Constitución Política de la República: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Finalmente, consigna quelos derechos fundamentales constituyen un límite a la actuación del Estado, por lo cual, el recurrido velará porque el proceso de desalojo se lleve a cabo coordinadamente, contando con la información necesaria para la toma de decisiones y sobre todo velando por el respeto de los derechos de las personas que se encuentran en el lugar.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, en los términos señalados, rechazando el recurso de protección en todas sus partes, condenando en costas y en definitiva resolviendo el asunto como en derecho corresponde.

Acompaña los siguientes documentos:

- Mandato Judicial.

-Oficio N° 924 de fecha 04.04.2023 de la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía a Empresa de Ferrocarriles del Estado.

-Presentación de fecha 15.05.2023 de la Empresa de Ferrocarriles del Estado al Delegado Presidencial Regional de la Araucanía.

-Decreto N° 287 de 30.09.2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Delegado Presidencial Regional de la Araucanía.

A folio 26, evacúa informe el abogado don Richard Ramírez Concha, por la Ilustre Municipalidad de Villarrica, en los siguientes términos:

I.- Antecedentes.

En el mes de septiembre del año 2019 diversas familias iniciaron una toma de terreno en el sector denominado “Ex Ramal de Línea Férrea” de propiedad de Empresa de Ferrocarriles del Estado (en adelante EFE) ubicado en kilómetro 2 ruta S-91 (camino Villarrica-Loncoche) de la comuna de Villarrica.

Que su representada realizó diversas fiscalizaciones en dicho periodo por medio de sus inspectores municipales y el nombre reservado Municipales de Villarrica, emitiendo boleta de infracción al propietario EFE por construcciones sin permiso de edificación de acuerdo a lo prescrito en el artículo 116º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dichos antecedentes fueron de conocimiento del Juzgado de Policía Local de Villarrica.

Con data 21 de enero del 2020 el nombre reservado de la Municipalidad de Villarrica emitió informe técnico, detallando la proliferación de viviendas irregulares y constatando la ausencia de medidas adoptadas por Empresa de Ferrocarriles del Estado. En el referido informe técnico se le sugirió al Alcalde de Villarrica, en virtud del artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, decretar la demolición total de toda edificación sin permiso correspondiente que se encuentre en la faja de ferrocarriles del Estado.

El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villarrica dictó el Decreto Alcaldicio N° 388 de fecha 19 de febrero de 2020, ordenando la demolición total, a costa del propietario, de las construcciones irregulares ubicadas en la faja Villarrica-Loncoche de EFE.

Que respecto del referido acto administrativo, EFE inició causa civil no contenciosa en el Juzgado de Letras de Villarrica, Rol V-18-2020, con el objeto de notificar el Decreto Alcaldicio Nº 388-2020 a los terceros ocupantes del terreno de su propiedad. Cabe señalar que el propietario no logró notificar a todos los ocupantes y la referida causa fue archivada con fecha 25 de febrero del 2021.

Asimismo, su representada fue objeto de diversas acciones de protección interpuestas por vecinos colindantes del sector en que se encuentra la toma de terreno, conocidas por esta Iltma. Corte de Apelaciones, las que fueron rechazadas mediante sentencias firmes según se consigna en causas Rol Protección N° 782-2020, N° 888-2020 y N° 1037-2020.

Las familias que habitan en la toma respectiva también accionaron de protección en contra del municipio, en causa Rol Protección N° 6829-2020, libelo que igualmente fue rechazado por esta Iltma. Corte. de Apelaciones.

En relación a la recurrente de autos, Inmobiliaria Río Voipir S.A., presentó una solicitud en Oficina de Partes Municipal con fecha 21 de marzo del 2023, imputándole omisiones en el actuar a su representada respecto a la toma en comento. Dicha misiva fue respondida mediante Oficio N° 278 de data 17 de abril del 2023 por el Alcalde (s) de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, indicándole la existencia de los diversos procesos judiciales, y asimismo, que se está gestionando, junto a otros servicios públicos, una alternativa habitacional para aquellas familias que se encuentran viviendo en la referida toma de terreno de propiedad de EFE. Cabe señalar que actualmente se conoce la existencia de 122 familias que residen en dicho lugar.

II.- Acción de protección extemporánea.

Tal como se desprende de los antecedentes, así como de la propia acción de protección, la recurrente de autos dice ser propietaria desde el año 2017 de un bien inmueble colindante con el asentamiento informal ubicado en el kilómetro 2 del camino Villarrica-Loncoche de propiedad del particular EFE.

Asimismo, se ha indicado que dicha toma empezó a acontecer en septiembre del año 2019, es decir, hace más de 3 años, e incluso fue motivo de diversas acciones de protección.

Por su parte, el número 1º del Auto Acordado sobre Recurso de Protección, establece que la acción debe interponerse ante la Corte de Apelaciones competente dentro del plazo fatal de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Cabe señalar que la presente acción de protección fue interpuesta con fecha 28 de junio del año 2023.

En el caso de marras, la recurrente le imputa omisiones arbitrarias y/o ilegales a su representada respecto de la no adopción de medidas en la referida toma que viene aconteciendo hace desde el año 2019. En dicho sentido, no resulta razonable que el particular haya tomado conocimiento del referido asentamiento recién en junio del año 2023.

Es imperioso indicar que el mismo particular sostiene que habría solicitado la realización de medidas a la Ilustre Municipalidad de Villarrica con fecha 20 de marzo del 2023. Entendiendo que desde dicha data tomó conocimiento el recurrente, de igual manera la acción de protección fue interpuesta transcurrido el plazo de 30 días corridos, ya que se presentó ante esta Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco recién el día 28 de junio del presente año.

En virtud de lo indicado, del carácter extraordinario del recurso de protección, y especialmente según lo dispuesto en el numeral 1° del Auto Acordado que lo regula, la presente acción fue interpuesta de forma extemporánea por lo que corresponde sea rechazada.

III.- Acción de protección no es la vía idónea para solucionar la eventual problemática expuesta por la recurrente.

Como bien es sabido el recurso de protección de garantías fundamentales ha sido creado como un recurso de orden extraordinario y que responde únicamente a la necesidad de poner remedio urgente a alguna perturbación, privación o amenaza a alguna de las garantías contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En dicho sentido, la pretensión de la empresa que recurre de protección en estos autos es, principalmente, que se decrete por esta Iltma. Corte de Apelaciones que los ocupantes del bien inmueble de dominio de EFE (las diversas familias que actualmente viven en dicha toma) hagan abandono del terreno.

La referida medida pretendida por la recurrente no se condice con la naturaleza cautelar y extraordinaria del recurso de protección, toda vez que existen otros mecanismos judiciales y vías para obtener o satisfacer dicha pretensión. Sobre todo si consideramos que ni siquiera el dueño del referido terreno ha efectuado o culminado las acciones tendientes a que los ocupantes hagan abandono de su inmueble.

En dicho sentido, el mismo propietario del terreno (EFE) no ha sostenido acción constitucional alguna en favor de su derecho de propiedad, incluso reconoce la situación de los ocupantes. Por tanto, si el dueño del terreno donde existe la toma no ha instado por el desalojo de las familias, mal podría solicitarlo un tercero como Inmobiliaria Río Voipir S.A. mediante la presente acción de protección.

En consecuencia, no es procedente que se decrete una medida como la solicitada por la recurrente en estos autos, dado que no son acorde a la naturaleza extraordinaria del recurso de protección, resultando no ser la vía idónea para resolver dicha problemática, sobre todo si consideramos que las familias que residen en la referida toma ni siquiera han sido emplazadas, y que además, quien acciona ni siquiera es la propietaria del inmueble en cuestión, por lo que, sólo por este argumento, corresponde el rechazo de la presente acción de protección.

IV.- Inexistencia de una omisión arbitraria y/o ilegal por parte de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, así como de garantías fundamentales conculcadas a la recurrente.

Por último, es de carga procesal de quien recurre acreditar todos los supuestos de procedencia de la acción constitucional interpuesta, y en específico, corresponderá probar que su representada ha cometido una omisión ilegal y/o arbitraria cuya consecuencia inmediata haya originado una situación determinante de privación, amenaza o perturbación en los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, propiedad y a desarrollar cualquier actividad económica en los términos pretendidos.

No obstante, desde ya se indica que la Ilustre Municipalidad de Villarrica si ha efectuado gestiones en relación a la toma de terreno en comento, no evidenciándose una omisión en los términos planteados por la recurrente.

Asimismo, no se demuestran garantías constitucionales conculcadas a la empresa Inmobiliaria Río Voipir S.A. puesto que desde el año 2019 la toma irregular ha colindado con su propiedad sin evidenciarse alguna afectación en concreto a su bien inmueble.

Así, no cumpliéndose los presupuestos ineludibles para la presente acción de protección; ésta no puede prosperar respecto a su representada.

Pide tener por evacuado informe, y en definitiva, se rechace de forma íntegra la acción de protección interpuesta en contra de su representada la Ilustre Municipalidad de Villarrica, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Oficio ordinario Nº 92 de fecha 27 de septiembre de 2019 emitido por don nombre reservado, nombre reservado Municipales de Villarrica (s), a don nombre reservado, Presidente del Directorio Grupo EFE – Empresa de Ferrocarriles del Estado.

2.- Parte Dirección de Obras Municipales Nº 18/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019 remitido al Juez de Policía Local de Villarrica.

3.- Copia de boleta de infracción Nº 05303 de fecha 27 de septiembre de 2019 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica.

4.- Informe Técnico de fecha 21 de enero de 2020 emitido por don nombre reservado Municipales de Villarrica.

5.- Oficio ordinario Nº 3 de fecha 30 de enero de 2020 emitido por don nombre reservado, Alcalde de la Municipalidad de Villarrica, a don nombre reservado, Gobernador de la Provincia de Cautín.

6.- Oficio ordinario Nº 428 de fecha 10 de febrero de 2020 emitido por don nombre reservado, Gobernador de la Provincia de Cautín, a don nombre reservado, Alcalde de la Municipalidad de Villarrica.

7.- Decreto Alcaldicio Nº 388 de fecha 19 de febrero de 2020 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica.

8.- Oficio Ordinario N° 278 del 17 de abril del 2023 emitido por Alcalde (s) de la Ilustre Municipalidad de Villarrica que da respuesta a solicitud de Inmobiliaria Río Voipir S.A. de fecha 20 de marzo del 2023.

A folio 27, evacúa informe el abogado don Fred Fernández Carrera, por el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, en los siguientes términos:

EXCEPCIONES A LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA.

A este respecto, esta repartición entiende que, tanto el actor carece de legitimación activa para deducir la pretensión ejercida, así como que SERVIU carece de la legitimación pasiva para ser objeto del presente recurso, según se dirá:

a) FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA: Acción de protección no es una acción popular.

Sin perjuicio de lo que se dirá en el apartado referente a las garantías constitucionales conculcadas, las cuales el actor no acredita se encuentren efectivamente amagadas (privadas, perturbadas o amenazadas) en razón de ello carece éste de la legitimación activa para deducir la acción que impetra, ya que el terreno de su propiedad no ha sido objeto de ocupación. Lo fue el terreno colindante. No existe —a lo memos con la documental que adjunta— real afectación al pleno ejercicio del dominio de su heredad o de alguno de los atributos que le son inherentes.

En realidad, quien es legitimado activo del recurso de protección es EFE, ya que, en la práctica, según lo que señala el recurrente en su libelo, es esta empresa pública creada por ley, la que se encuentra efectivamente amagada en su derecho de propiedad. De esta forma el actor, sobre la base de un precedente judicial (fallo que cita en su libelo) deduce una acción de protección aduciendo supuestas afectaciones que no son tales o que al menos nada tienen que ver con la afectación de su inmueble y en la práctica, lo que está haciendo es deducir larvadamente un recurso de protección en favor de EFE (pese a que procesalmente en estos autos figura como recurrido) y de los demás predios colindantes, entre otros. Prueba de ello, es lo que refiere en su recurso. Para ello transcribo parcialmente (página 8 del libelo) lo que refiere en su presentación: “La toma ha crecido exponencialmente en los últimos meses, extendiéndose a los predios colindantes a la franja fiscal que pertenece a privados, como el de VIOPIR, por lo que nos vemos obligados a ocurrir ante SS. Iltma. Para poner término a la afectación de sus derechos.” (el subrayado es propio).

En la práctica, el actor está deduciendo una acción de protección respecto de la cual carece de la titularidad. De ser este razonamiento asertivo el recurso no podrá prosperar ya que la acción de protección no es una acción popular. Así lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en sus fallos, que transcribe.

Así, al no ser la acción de protección una acción popular, en la medida que el actor no acredite real afectación al dominio o alguno de sus atributos, carece de legitimación activa para reclamar en sede constitucional sobre la ocupación que afecta al inmueble de propiedad de EFE y demás predios colindantes.

b) FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA de la recurrida SERVIU Región de La Araucanía.

Sin perjuicio de lo que se dirá en el acápite referente a las alegaciones o defensas del servicio recurrido (en el sentido que esta repartición ha efectuado las intervenciones que por ley debe y puede efectuar en el marco de un asentamiento precario) el actor deduce recurso de protección en contra de esta repartición por no haber ejercido las facultades que el art. 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante la LGUC) establece respecto de cautelar la formación subdivisiones y construcciones en terrenos fuera del área o límites urbanos.

De esta forma, para mayor precisión de la alegación del actor transcribo parcialmente lo que reza la citada preceptiva:

Art. 55 de la LGUC: “Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.

Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal” (el destacado es propio).

Como se puede observar de la regla transcrita, la obligación que el actor imputa a esta recurrida, recae por mandato del legislador en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, la SEREMI de Vivienda Región de La Araucanía, repartición pública diversa a los Servicios de Vivienda y Urbanización, en este caso, SERVIU Región de La Araucanía.

De hecho, las SEREMIAS de Vivienda se encuentran creadas y reguladas por la ley N° 16.391 (que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo) y los SERVIU, por su parte, son creador por Decreto N° 355 de 1977. De hecho, estos últimos son, de conformidad a lo que dispone el art. 1 del citado cuerpo reglamentario: “[…] Instituciones Autónomas del Estado, relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, y de duración indefinida.”

De esta forma, al ser SERVIU un órgano autónomo de la SEREMIA de Vivienda de la Región, esta repartición informante no tiene competencia legal para ejercer la atribución que el artículo 55 de la LGUC establece. De hecho, de hacerlo, de intervenir en esa materia, estaría inmiscuyéndose en materias que por ley son de competencia de otra repartición pública, cuestión que se encuentra vedada en virtud del principio de juridicidad establecido en los art. 6 y 7 de nuestro Código Político.

De esta forma, al no encontrarse delegada por el legislador la competencia de fiscalizar la formación de asentamientos humanos fuera del límite urbano en los SERVIU, esta repartición carece de legitimación pasiva en estos autos, al menos por esos hechos que el actor le imputa a este servicio; por lo que, respecto de este argumento, el recurso no puede prosperar en contra de este recurrido.

ALEGACIONES O DEFENSAS DEL SERVICIO RECURRIDO.

a) PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS.

En cuanto al fondo de las alegaciones, sin perjuicio de lo señalado respecto de la falta de competencia de esta repartición para intervenir en la materia que el actor imputa a SERVIU, ergo, carecer de legitimación pasiva en autos, cumplo con informar a SS.I, que SERVIU en el marco del “programa de asentamientos precarios”, que está dirigido a intervenir campamentos a través de la acción de radicación vía urbanización, cuya estrategia se focaliza en aquellos campamentos seleccionados a partir del diagnóstico socio territorial y a la metodología de priorización desarrollada por el Ministerio.

El programa de asentamientos precarios, consta —a groso modo— de tres estrategias de intervención para entregar una solución habitacional a las familias que habitan en campamentos, estos son:

- Radicación a partir de una nueva solución habitacional: Obtención de subsidio con construcción en mismo emplazamiento del campamento;

- Radicación a partir de un proyecto de urbanización y consolidación barrial. Acceso a servicios básicos, obtención de título de dominio y mejoramiento de entorno;

- Relocalización con obtención de subsidio para acceder a vivienda en lugar distinto a campamento, con traslado individual o del conjunto de la comunidad.

El asentamiento denominado “Palafitos”, de la comuna de Villarrica —que es el nombre que se le asignó a dicho asentamiento— se encuentra en el terreno que es de propiedad de EFE, y actualmente —según se dirá— se encuentra intervenido por SERVIU Araucanía.

b) INTERVENCIÓN ASENTAMIENTO “LOS PALAFITOS”, COMUNA DE VILLARRICA.

Según da cuenta informe evacuado por profesionales de esta repartición del programa asentamientos precarios, el programa a partir de la actualización del catastro nacional de campamentos año 2021, identificó en la comuna de Villarrica un campamento, el cual se denomina los “Palafitos”.

Dicho campamento a la fecha del catastro se encontraba conformado por 109 sitios, 52 familias catastradas, 20 viviendas sin moradores y 7 construcciones no residenciales.

A continuación, se señalan las acciones desarrolladas por esta repartición, desde el año de su intervención —2021— a la fecha:

Acciones desarrolladas a la fecha por el programa campamentos:

Año 2021.

Aplicación de Ficha hogar en el asentamiento.

Reunión de coordinación con Municipalidad de Villarrica para exponer futuro trabajo con el campamento de parte de SERVIU a través de la Oficina de Campamentos.

Año 2022.

Inicio de trabajo con Fundación ENRED para desarrollar Plan de Acción Social y Comunitario (PASYC) bajo convenio de colaboración, con la finalidad de elaborar un Diagnóstico Socioterritorial del asentamiento, con el objetivo de realizar una intervención sustentable y realista en las familias que genere soluciones habitacionales definitivas y evite el retorno a campamentos.

Actualización del catastro 2021: La Fundación ENRED, desarrolla la actualización del catastro levantado por SERVIU en 2021 y verifica en terreno la realidad presente en el campamento, como la llegada de nuevas familias, su condición y la distribución geográfica de éstas en relación con el polígono de catastro definido por SERVIU.

Mencionar que existen familias que fueron catastrada en el año 2021 y que hoy ya no habitan el asentamiento.

Año 2023.

Información inicial levantada en el mes de enero del año 2023 por la Fundación ENRED:

- 80 familias habitando actualmente en el asentamiento;

- 57 familias nuevas identificadas posterior al catastro 2021;

- 10 viviendas sin moradores presentes (existe viviendas, pero vecinos informan que por motivos laborales no se encuentran todos los días en la vivienda);

- 1 construcciones no residenciales (Taller mecánico);

- 34 sitios en construcción o sitios eriazos.

Aplicación de ficha hogar en el mes de nombre reservado 2023 y revisión de RUKAN para identificar proceso de habilitación de las familias que habitan el campamento, según el siguiente detalle:

- 122 lotes en total.

- 97 familias viven actualmente en el campamento.

- 45 familias hábiles para postular.

- 33 familias posibles habilitar para postular.

- 19 familias inhábiles, sin posibilidad de habilitarla en un corto tiempo.

Es importante mencionar que 29 familias que habitan en el campamento pertenecen al “Comité de vivienda Nevados del Volcán”, dirigido por su presidenta nombre reservado y actualmente se encuentra en proceso de conformación el "Comité de vivienda Santa Magdalena", en el cual participan 13 familias del asentamiento.

Actualmente la Fundación se encuentra trabajando en el proceso de Vinculación Territorial y Diagnóstico a través de la aplicación de Ficha Diagnostica aplicadas en sistema SURVEY, definición de estrategia habitacional y aprobación de diagnóstico con la asamblea.

Finalmente, señalar que, el equipo de asentamientos precarios gestionó recursos para realizar análisis técnico de un terreno durante el periodo 2023-2024, con el fin de que, las familias hábiles presentes en el campamento puedan tener como alternativa vincularse a un futuro proyecto gestionado por SERVIU o en su defecto, vincularse a proyectos en desarrollo por parte de la Municipalidad de Villarrica. Ello posterior al estudio de mercado en la comuna de Villarrica, el cual indica que no es viable aplicar el subsidio de Adquisición de Vivienda Construida (AVC) de 950 UF puesto que el valor de plaza en la comuna sobrepasa ampliamente dicho valor.

PRESUPUESTOS PARA QUE PROSPERE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Sin perjuicio de los argumentos de facto ya esgrimidos, en cuanto a un análisis de fondo de los presupuestos de la acción de protección, sabemos que ésta, para que prospere, debe cumplir la totalidad de los requisitos, los cuales se deben satisfacer de manera copulativa. De esta forma, de faltar uno de ellos, la acción no puede prosperar.

Sobre este punto, se argumenta que el recurso de protección, no satisface todos los presupuestos que el constituyente originario estableció para su procedencia. Asimismo, dicha pretensión no satisface respecto de SERVIU el presupuesto de ilegalidad o arbitrariedad, según se dirá:

a) ACCIÓN U OMISIÓN DE SERVIU.

El recurso de protección procede en contra de una acción u omisión.

Para el caso de marras, a esta repartición se le imputa por el recurrente el haber omitido o no haber ejercido las atribuciones que el art. 55 de la LGUC le confiere. No obstante, ya señalamos en el literal b) del apartado II, intitulado: “FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA de la recurrida SERVIU Región de La Araucanía”, que SERVIU no es potestado por la normativa urbanística para ejecutar dichas acciones. Ellas son competencia de otro órgano del Estado, la SEREMIA de Vivienda y Urbanismo. De hecho, de ejecutar SERVIU la acción que el recurrente le imputa, actuaría fuera de sus atribuciones, ergo, afecto a un vicio de nulidad de derecho público (art. 6 y 7 CPR). De esta forma, SERVIU no ha incurrido omisión alguna imputable en la especie.

Agrega que en cumplimiento del mandato que el legislador le da SERVIU desde el año 2021, ha realizado un proceso de intervención en el asentamiento, el cual se ha traducido en el catastro de las familias y pronta radicación de las familias que se encuentran hábiles para postular. Añade que respecto de las familias que no son hábiles para postular, por el mismo brocardo o axioma que reza que en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite, nos encontramos imposibilitados de otorgarles soluciones habitacionales, a lo menos mientras se mantengan inhábiles para postular.

De esta forma, SERVIU Araucanía no ha incurrido en omisión alguna — la que se nos imputa no es de competencia de este servicio— y, por otro lado, ha realizado todas las acciones tendientes a brindar apoyo a las familias, en el marco de sus competencias.

b) ARBITRARIEDAD O ILEGALIDAD DE SERVIU.

En cuanto a un supuesto obrar ilegal de esta repartición, la descartamos de plano. Afirma que no se les imputa, ni se desarrolla un supuesto actuar ilegal, ni han incurrido en él.

En cuanto a un supuesto obrar arbitrario, si entendemos por este el obrar carente de razón, motivación o que obedecería al mero capricho de esta repartición pública, no ve de qué forma SERVIU ha ejecutado un actuar arbitrario. Es más, dentro de las facultades con las que cuenta ha efectuado una intervención en dicho asentamiento, desde el año 2021 a la fecha. Tanto es así que tiene catastradas las familias que hoy son hábiles para acceder al subsidio y, de hecho, 29 familias de las 97 pertenecen al “Comité de vivienda Nevados del Volcánpor lo que debiesen ser prontamente erradicadas.

De esta forma, SERVIU no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, que se le pueda imputar, como para hacer procedente, a su respecto, la presente acción constitucional.

c) PRIVACIÓN, PERTURBACIÓN O AMENAZA.

El actor, en pasaje alguno de su libelo, desarrolla de qué forma existe una privación, perturbación o amenaza a algunas de las garantías que invoca.

El recurrente se limita en determinados pasajes de su presentación a señalar que existen situaciones de facto (acciones u omisiones), pero no señala o refiere de qué forma ellas privan, perturban o amenazan su derecho de propiedad.

Alega que sólo tenemos escuetas referencias a que el asentamiento que se encuentra en un terreno colindante al suyo generaría efectos nocivos a su derecho de dominio. Así y, solo a modo de ejemplo, desarrolla brevemente el argumento de los incendios en el periodo estival. Arguye el actor que dichos siniestros —fuerza mayor en términos civilistas— se pueden producir producto de las construcciones que existen en el terreno colindante. No obstante —dichos imprevistos irresistibles— se pueden producir con cualquier terreno colindante que tenga, desde construcciones a siembras o plantaciones. Es para ello que en los terrenos rurales se maneja cortafuegos. De acoger este planteamiento, dado lo genérico de su desarrollo, nadie podría tener plantación, construcción o siembra al lado de la propiedad del recurrente. Es por ello, que en el caso de marras no existe privación, perturbación o amenaza alguna.

Es realmente relevante para dirimir este contencioso, dejar establecido que el asentamiento “los palafitos”, no se encuentra en el terreno del recurrente, sino que en un terreno colindante, cuyo propietario no ha recurrido de protección. Por lo que sin la intención de desarrollar nuevamente el argumento de la “acción popular”, dado que el propietario de autos es recurrido, el análisis respecto de las supuestas afectaciones debe cumplir un especial estándar de fundamentación, ya que en la práctica —reitero— se está accionando en favor de terceros, que no han accionado y que, además, uno de ellos —el propietario del terreno— es recurrido de autos.

d) GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS.

Derecho de Propiedad: Arguye el actor que se amaga su derecho de propiedad, toda vez que —según sus referencias— existen amenazas de incendios, ocupaciones ilegales o bien argumenta: “…que debe cultivar granos que no pueden ser consumidos directamente por las personas” (sic).

Respecto de los incendios ya nos referimos. En cuanto a nuevas ocupaciones, el terreno colindante desde hace más de 3 años a la fecha se encuentra con un asentamiento humano y el terreno del recurrente no ha sido ocupado, por lo que esta “preocupación” del recurrente, no puede ser amparada por el derecho. Es un supuesto, una mera conjetura. Lo mismo pasa con los granos que —arguye— cultiva, es una mera conjetura, una preocupación, no amparable por el derecho.

Por lo demás, ninguna de las supuestas amenazas son ciertas, ni han sido allegadas probanzas que le den una entidad estimable para que SS.I. las puedan estimar como AMENAZAS SERIAS. Así de la forma en que son expuestas y desarrolladas, parecen más meras conjeturas del actor para poder solventar una acción de protección; las que, por la forma en que son desarrolladas, no merecen protección, por carecer, reitero, de seriedad.

Igualdad ante la Ley: Nada desarrolla a este respecto del actor, en cuanto al porque a su entender se vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, siendo de su cargo esta argumentación; ergo, no podemos desarrollar línea argumentativa alguna, ya que, al parecer —al igual que el actor— no vemos de qué forma se vulnera esta garantía.

Derecho a desarrollar Actividad Económica: Nada desarrolla a este respecto del actor, en cuanto al porque a su entender se vulnera su derecho a desarrollar actividad económica; ergo, no podemos desarrollar línea argumentativa alguna, ya que, al parecer —al igual que el actor— no vemos de qué forma se vulnera esta garantía.

Por lo demás, la garantía en cuestión se encuentra resguardada por la acción de amparo económico, regulada por la ley N° 18.971; por lo que es improcedente su invocación en el caso de marras.

COLOFON.

Como hemos venido desarrollando, en el caso de marras no se dan los supuestos para que prospere la acción de protección, así:

a) El actor no es legitimado activo de autos para recurrir de protección. La acción de protección no es una acción popular. En la práctica, lo que hace el actor es recurrir en favor de terceros para obtener el desalojo del inmueble colindante al suyo, recurriendo —incluso— contra el real legitimado activo de autos, esto es EFE, cuestión que por lo demás hace sin acreditar perturbaciones, privaciones o amenazas a su derecho de propiedad o garantía alguna.

b) SERVIU Araucanía no es legitimado pasivo de autos, ya que la supuesta omisión que el actor nos imputa, esto es, no dar cumplimiento a lo establecido en el art. 55 de la LGUC, no es de competencia de esta repartición pública. El ejercer competencias que exceden nuestro marco normativo genera un vicio de desviación de poder por exceso de competencias.

c) SERVIU Región de la Araucanía ha efectuado todas las acciones, que, en el marco de sus competencias, le corresponden en el asentamiento los palafitos, de la comuna de Villarrica.

Como se desarrolló cronológicamente en el apartado III (alegaciones o defensas del servicio recurrido), SERVIU desde el año 2021 a la fecha ha catastrado las familias que componen el campamento. Tanto es así que, hoy 29 familias de las 97, se encuentran adscritas al “Comité de vivienda Nevados del Volcán”, las que tendrán una solución habitacional definitiva en el breve plazo.

d) Finalmente, como se refirió, no se dan los supuestos copulativos para que prospere la acción de protección. Al menos, a modo general, es improcedente que SERVIU, que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna que sea susceptible de ser amparada sea condenado en la presenta acción constitucional.

Pide por evacuado el informe dentro de plazo legal, y se tenga por desestimado el recurso de protección deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, por las consideraciones de hecho y derecho expuestas precedentemente, con costas.

Acompaña a su presentación minuta asentamiento los palafitos, suscrita por funcionarios del programa asentamientos precarios de esta repartición pública.

A folio 29 evacúa informe el abogado don Rodolfo Belmar Lara, por la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, empresa del giro de su denominación, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES 1. Que se ha presentado acción de protección en contra de su representada, reclamando que se ha amenazado y vulnerado los derechos fundamentales de la propiedad, igualdad ante la ley, y a desarrollar cualquier actividad económica lícita, del Artículo N° 19 de la Constitución Política del Estado.

2. En dicha acción constitucional de protección, la parte recurrente señala que supuestamente el acto arbitrario e ilegal sería la pasividad de EFE, el Delegado, Servicio de Vivienda y Urbanización y la Municipalidad en las gestiones sobre los terrenos de propiedad de su representado ocupados de manera irregular por aproximadamente 85 personas, quienes levantaron construcciones livianas sin ningún permiso de ocupación.

3. Que, el problema frecuente y de fondo se ha presentado con la ejecución de un inminente desalojo y demolición de las pertenencias, bienes y propiedades, lo cual vulneraría los derechos a la inviolabilidad del hogar y a la propiedad de las personas quienes habitan esas construcciones y/o viviendas.

4. Niega de manera expresa que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, haya incurrido en algún tipo de acción u omisión ilegal o arbitraria, que amenace o afecte el legítimo ejercicio de alguno de los derechos reclamados por la recurrente en su libelo.

5. Su representada es la principal interesada y afectada y ha visto conculcado su derecho de propiedad por la ocupación ilegal de una franja de terreno de su propiedad, bajo la modalidad fáctica de una “toma de terrenos” como se señaló.

6. Bajo este prisma no es sino la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, el primer preocupado con dichas ocupaciones ilegales de terreno, por lo que, desde un primer momento ha iniciado todas las correspondientes acciones legales, a través de los conductos regulares y conforme a derecho, para poner término a dichas ocupaciones ilegales e irregulares de terrenos pertenecientes a la empresa, en la faja del terreno fiscal más cercana a Villarrica colinda con la ruta S-731, que conecta la comuna con Ñancul.

II. EN CUANTO AL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO.

1. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), se rige por el DFL Nº 1 del 03 de agosto de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa.

2. Dicha norma en su artículo 1 señala expresamente que “La Empresa de los Ferrocarriles del Estado es una persona jurídica de derecho público y constituye una empresa autónoma del Estado, dotada de patrimonio propio”.

3. Específicamente respecto de los hechos relatados en la presente acción de protección, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, es dueña de la propiedad rural denominada Lote 1-A, ubicada en la comuna de Villarrica, recinto Faja Vía Ñancul a Villarrica, red ferroviaria Línea Central Sur, ramal Loncoche - Villarrica emplazada entre los kilómetros 33,8 al 41,9 al sur de la ruta S-91, y que se encuentra inscrita en el Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica a fojas 2374, N° 1219, correspondiente al año 1999, de una superficie total de 143.752 metros cuadrados.

4. Dicha inscripción tiene su plano correlativo, número 7793-10-1 agregado con el número 837 al legajo del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, del año 2010.

5. El lote 1-A es lo que queda vigente como propiedad de EFE y corresponde al terreno ubicado desde salida de recinto estación Ñancul hasta el límite de la zona urbana de Villarrica.

6. Que, en efecto, como señala la recurrente en su acción de protección, por dicha propiedad antiguamente iba las vías ferroviarias que unía las ciudades de Loncoche-Villarrica. Si bien en la actualidad no hay presencia de dicha línea férrea, no es menos cierto que el terreno está inscrito a nombre de EFE.

7. Todo lo anterior, en conformidad a lo estipulado en el artículo 28 del D.F.L Nº 1 del 03 de agosto de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, modificado por D.F.L Nº 24 del Ministerio de Hacienda, de fecha 02 de septiembre de 2003; el cual dispone que: "Artículo 28º: Formarán parte del patrimonio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado:

a) Las vías férreas que, por disposición del Gobierno, se hayan incorporado o se incorporen a ella, todo con sus dependencias y anexos;

b) Los terrenos ocupados por las vías férreas y por sus dependencias y anexos;" 8. Por lo tanto, el inmueble denominado Lote 1-A, ubicada en la comuna de Villarrica, recinto Faja Vía Ñancul a Villarrica, red ferroviaria Línea Central Sur, ramal Loncoche – Villarrica, es jurídicamente en último término, propiedad del Estado de Chile.

9. Sin embargo, lamentablemente su representada ha tenido conocimiento desde fines del año 2019, que respecto de dicha propiedad personas desconocidas, de forma paulatina hasta el día de hoy inclusive, como queda de manifiesto en la acción intentada, han hecho ocupación ilegal de dichos terrenos de propiedad de EFE.

10. EFE es una empresa del Estado, cuyo financiamiento proviene principalmente del Presupuesto anual de la Nación, y por ello EFE intenta distribuir de la mejor manera posible sus recursos para mantener el cierre de sus terrenos y evitar posibles ocupaciones, considerando la gran cantidad de instalaciones y terrenos que debe mantener la empresa.

11. En este sentido, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha tomado desde un principio las providencias conducentes al esclarecimiento de los hechos y la activación de los protocolos correspondientes, con el objeto de que dichas personas cesen respecto de su ocupación ilegal del terreno de propiedad de su representada, siempre con un respeto irrestricto de los derechos y garantías de los ocupantes, de los vecinos colindantes y en definitiva de todos los intervinientes.

III. MEDIDAS ADOPTADAS POR AL EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO.

1. Para comenzar, con fecha 26 de agosto de 2019, un equipo de catastro y protección de activos viajó hasta la localidad de Villarrica, a raíz de una denuncia por ocupación ilegal de la referida faja vía Ñancul a Villarrica.

2. Dicha denuncia hecha llegar a EFE rezaba en los siguientes términos: “Extracto de la denuncia: - Toma en la salida de Villarrica hacia Loncoche, era la línea del tren del ramal Loncoche-Villarrica (kms. 2-3 caminos a Loncoche), que es propiedad fiscal, de EFE. En ese terreno ha habido varias tomas (alrededor de 5), y siguen apareciendo nuevas construcciones. No tienen acceso a agua, electricidad, ni a ningún servicio básico. La toma constituye un grave problema para los vecinos por seguridad y porque para circular los de la toma deben pasar por propiedades privadas que se ven perjudicadas con esto. Según dicen los afectados, por ser terreno de EFE, nadie puede tomar medidas salvo EFE”.

3. Constatada la ocupación hecha de forma ilegal de los terrenos afectados de propiedad de EFE, se iniciaron las gestiones correspondientes para la restitución del goce pacifico de dicha propiedad, asumiendo la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, desde un comienzo una actitud activa y asertiva en orden a obtener el restablecimiento de su derecho de propiedad en plenitud, pero siempre en armonía con la legalidad imperante, y con el respeto de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los intervinientes, ya sean ocupantes o vecinos colindantes a los terrenos de propiedad de EFE.

4. Posteriormente, con fecha 05 de septiembre de 2019, se realiza por parte de personal de EFE -en concreto a través de doña nombre reservado (Ejecutiva de Relacionamiento Comunitario de EFE)- una denuncia ante Carabineros de Chile de la ciudad de Villarrica por usurpación del inmueble antes indicado de propiedad de su representado. La denuncia quedó plasmada en el parte número 2231, y en investigación RUC 1900960974-4, por Usurpación no violenta tipificada en el artículo 458 del Código Penal. La investigación de los hechos denunciados, estaba a cargo de la Fiscalía Local de Villarrica.

5. Personalmente, doña nombre reservado, se puso en contacto con don nombre reservado, subcomisario de Carabineros, con quien ratificó la denuncia señalada, entregando antecedentes. Dentro de los antecedentes recabados, y que fueron entregados en el marco de la investigación destacan, un registro fotográfico y el registro de propiedad de dicha faja vía a nombre de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

6. Simultáneamente a ello, se llevaron a cabo las gestiones necesarias para obtener el apoyo de la Gobernación de Cautín, a quien se le solicitó que, por medio del auxilio de la fuerza pública, colaborara en el desalojo de aquellos ocupantes irregulares con la celeridad requerida por las circunstancias.

7. La solicitud anterior fue realizada mediante un oficio ingresado por oficina de partes de la Gobernación de Cautín, el día 17 de septiembre del año 2019. En la solicitud se hace una reseña de los hechos denunciados y bajo el amparo de la facultad contenida en la letra h), del inciso segundo del artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, se solicita el auxilio de la fuerza pública, desvirtuando la “supuesta pasividad” que indica la recurrente.

8. El día 14 de octubre de 2019, doña nombre reservado- en representación de EFE- fue citada a reunión con abogados de la Gobernación e Intendencia (don nombre reservado y don nombre reservado respectivamente) para conocer su planteamiento frente a la solicitud de desalojo hecha.

9. La respuesta recibida en aquella reunión por parte de la Gobernación fue negativa, porque se consideraba que no era competente para prestar la colaboración solicitada, argumentando que los bienes inmuebles de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado no tendrían según sus apreciaciones la calidad de bienes fiscales ni bienes nacionales de uso público.

10. Igualmente, se recomendó a esta parte, por los mismos abogados, que mi representada utilice los mecanismos judiciales ordinarios, esto es, juicios precarios y/o denuncias o querellas ante fiscalía para obtener el desalojo de los ocupantes.

11. Además, se les solicitó a los abogados de la Gobernación e Intendencia que hicieran llegar sus apreciaciones y observaciones a nuestra empresa de manera formal por escrito, toda vez que de esa manera se solicitó su colaboración, a fin de solucionar este problema. De esta manera, su representada tendría conocimiento detallado, de los fundamentos por los cuales, les fue rechazada su solicitud. La referida respuesta, a la fecha de presentación de este informe, no ha sido recepcionada.

12. Continuando con las gestiones por parte de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con fecha 16 de octubre de 2019 se realizan gestiones con el entonces Intendente de la Región de la Araucanía don nombre reservado, quien cierra la puerta señalando que ni la Gobernación ni la Intendencia tienen competencia para el desalojo y se deben canalizar a través de acciones legales.

13. Ante todas las infructuosas gestiones llevadas a cabo ante las autoridades de Gobierno Regional y Provincial, es que con fecha 11 de noviembre de 2019, EFE presentó Querella por el delito de Usurpación no violenta y daños simples, ante el Juzgado de Garantía de Villarrica, causa Rol O-1925-2019, RUC 1910058458-4, en contra de todos quienes resulten responsables, solicitando en el cuerpo de dicha presentación y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 letra e) en relación con los artículos 183 y 184, todos del Código Procesal Penal, que se proponga al Ministerio Público las diligencias investigativas de tomar declaración a los ocupantes.

14. Posteriormente a la presentación de dicha Querella, se solicitaron diligencias investigativas en concreto al Ministerio Público, en orden a la identificación de los ocupantes irregulares de la propiedad de EFE.

15. Prosiguiendo, durante el mes de noviembre de 2019, se iniciaron tratativas para gestionar “arriendos de resguardo” en la zona de la faja Vía Ñancul-Villarrica y en el recinto Estación Huiscapi, con el fin de poder resguardar los terrenos.

16. De manera persistente, fecha 28 de enero ya del año 2020, EFE decidió volver a hacer una visita en terreno a la propiedad ocupada ilegalmente y se identifican 82 puntos de usurpación concretos. Se recorrieron cerca de 2,3 km donde se pudo apreciar que toda su extensión fue tomada por particulares quienes mediante asignaciones de loteos internas han procedido a demarcar mediante cierres con malla agrícola, maderos o bien con letreros que dicen “Propiedad Privada”.

17. Ante este crecimiento exponencial de la cantidad de personas ocupando ilegalmente la propiedad de su representada, se aumentaron las preocupaciones, por lo que con fecha 13 de febrero de 2020 se solicita entrevista con Fiscal de la causa Rol O-1925-2019, RUC 1910058458-4, concretándose dicha entrevista con fecha 27 de febrero de 2020. En la referida reunión, por parte del Ministerio Público, compareció la Abogado Asistente de la Fiscalía de Villarrica, Sra. nombre reservado.

18. Después de haber seguido el curso legal a través de diversas vías amparadas por el derecho, con fecha 19 de febrero 2020 la Municipalidad de Villarrica emite Decreto Alcaldicio N° 388, ordenando la demolición total, a costa del propietario (EFE) de todas las construcciones irregulares en la F.V. Villarrica – Loncoche, dentro de la comuna de Villarrica. Otorgando plazo de 30 días corridos para ejecutar dicha acción.

De dicho decreto con fecha 26 de Febrero 2020 se recibe la Notificación del mismo en oficinas de EFE.

19. Ya en marzo de 2020 se retoma contacto con Municipalidad de Villarrica, para entregar los terrenos mediante un usufructo para la habilitación de Ciclovía. Específicamente, el 11 de Marzo 2020 se acuerda fecha para la siguiente semana comenzar con la entrega de terrenos que no están ocupados, a la Municipalidad, previo a la firma de usufructo. (Se re programa en principio, y luego se suspende hasta nuevo aviso, por Coronavirus).

20. Con fecha 23 de marzo de 2020, de acuerdo a lo anteriormente señalado, su representado sigue tomando acciones y se ingresa solicitud en causa Rol N° V-18-2020, seguida ante el S.J.L en lo civil de Villarrica, por la cual EFE solicita la notificación judicial de Decreto de Demolición, el Decreto Alcaldicio N° 388, ya referido, en plena aplicación de lo establecido en el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

21. El 31 de Marzo 2020 Gerencia Legal de EFE, solicitó prórroga a la Municipalidad de Villarrica, respecto del plazo para ejecutar la demolición ordenada en Decreto Alcaldicio n°388, señalando que necesita plazo para notificar judicialmente y mediante receptor Judicial a los ocupantes, en un clara muestra del apego a la legalidad, y del pleno respeto de los derechos de los ocupantes a conocer el fundamento legal de su desalojo, a pesar de estar afectando los derechos de su representado.

22. Así las cosas, con fecha 29 de Mayo 2020, EFE recibió la respuesta de Asesora Jurídica Municipalidad de Villarrica, indicando que por la pandemia se posterga hasta el mes de Julio el plazo para efectuar la demolición de las construcciones.

23. Finalmente, la referida notificación del decreto alcaldicio n°388 en causa Rol N° V-18- 2020, seguida ante el S.J.L en lo civil de Villarrica, se verifica con fecha 31 de julio de 2020.

24. Es del todo caso mencionar que respecto de las ocupaciones irregulares de los terrenos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, se han ingresado a esta Ilustrísima Corte por lo menos tres Recursos de Protección intentados por los vecinos colindantes del sector, los cuales preocupados por las condiciones e informalidad de las ocupaciones, han solicitado a este ilustre tribunal el restablecimiento del imperio del Derecho, a saber:

Recurso de Protección Rol 782-2020 Recurso de Protección Rol 888-2020 Recurso de Protección Causa 1037-2020 III. DECRETO ALCALDICIO NÚMERO 388 DICTADO POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA.

1) Como un hecho a considerar, está el decreto alcaldicio número 388, de fecha 19 de febrero del año 2020, dictado por la ilustre Municipalidad de Villarrica, que dispuso:

a) ORDÉNASE, la demolición total, a costa del propietario, de las construcciones irregulares, ubicadas en la faja de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en el tramo Villarrica-Loncoche, dentro de la comuna de Villarrica.

b) OTÓRGASE, un plazo de 30 días corridos, contados desde la notificación del presente decreto, para llevar a efecto los trabajos y acciones necesarias tendientes a obtener la demolición. Transcurrido este plazo sin que el propietario del inmueble inicie las acciones pertinentes, el Municipio adoptará las acciones pertinentes para lograr lo decretado.

c) CONSIDERE, que la Ilustre Municipalidad de Villarrica podrá adoptar todas las medidas de gestión necesarias, para dar cumplimiento a lo decretado, inclusive llamar a licitación pública, para tal efecto tenga presente que todo gasto en que incurra el municipio será con cargo al propietario del inmueble.

d) DEBERÁ, el propietario, adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos de demolición y deberá notificar a los ocupantes de las construcciones que serán demolidas.

e) NOTIFÍQUESE, al propietario de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 151 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

2) El actuar de su representado siempre se ha ajustado a la legalidad y al respecto de los derechos y garantías de terceros. Prueba de ellos es que, en busca de solucionar el problema de las ocupaciones ilegales de su terreno, ha utilizado todas las vías y medios, que establece nuestra legislación vigente.

3) Pese a todos los esfuerzos que ha hecho su representado dentro de la legalidad, para poner término a las ocupaciones ilegales, por primera vez, en su oportunidad se contó con las herramientas y la autorización para poder actuar por mutuo propio, no dependiendo de terceros.

4) El presente decreto alcaldicio autoriza expresamente a su representado para llevar a efecto trabajos y acciones necesarias tendiente a obtener la demolición. Además, concedió el plazo de 30 días corridos, desde la fecha de la notificación, plazo que como se ha señalado fue postergado por la contingencia sanitaria; pero que finalmente fue notificado a los ocupantes con fecha 31 de julio de 2020.

5) Resulta del todo relevante señalar que su representado ha participado en todas las instancias posibles y concretas respecto de las ocupaciones irregulares de los terrenos afectados, en una búsqueda activa y constante de solucionar este gran problema que afecta principalmente a su representado, desvirtuando una vez más la supuesta pasividad que reclama la recurrente.

6) De acuerdo con lo anteriormente relatado, no podemos dejar de mencionar el Recurso de Protección Rol 6.829-2020 de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, lo cual tiene estrecha vinculación y relación con lo relatado, y que transcendió hasta la Excelentísima Corte Suprema, lo que se resolvió en causa Rol 22.135-2021, confirmando la sentencia apelada de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

7) El fallo indicado señala que “Sin perjuicio de lo decidido, el tribunal de primera instancia deberá oficiar, a la brevedad, al Ministerio de Desarrollo Social con el fin de que dicha autoridad tome conocimiento de los hechos materia de autos y adopte las medidas que estime conveniente, considerando que la ejecución del acto impugnado afectaría a cuarenta y dos familias que viven en el lugar, entre las que se incluyen menores de edad, a quienes podría dejar, eventualmente, en situación de vulnerabilidad”.

8) A modo de contextualizar, el referido acto impugnado del extracto de la sentencia refiere a la demolición total, a costa de su representado de todas las construcciones irregulares. Acto impugnado a través del recurso de protección ya indicado de esta ilustrísima Corte de Apelaciones, y que transcendió hasta la Excma. Corte Suprema, donde se ordena al Ministerio de Desarrollo Social cumplir un rol fundamental para proseguir con el restablecimiento del derecho de su representado.

9) Es más, respecto del referido recurso 6.829-2020 de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, la orden de no innovar aún se encuentra vigente, por lo cual esta paralizado el decreto alcaldicio número 388, emitido por la Ilustre Municipalidad de Villarrica, de fecha 19 de febrero de 2019, y por consiguiente su ejecución solicitada en causa Rol N° V-18- 2020 seguida ante el S.J.L en lo civil de Villarrica.

10) Por lo tanto, como se puede apreciar de la relación de los hechos, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en todo momento ha mantenido una actitud activa y conducente en orden a obtener el imperio del derecho, la restitución del goce pacífico de su propiedad y el desalojo de los ocupantes irregulares; todo a través de todos los medios legales, judiciales, administrativos y formales existentes, siempre buscando las vías establecidas que impliquen el respeto de los derechos y garantías de todos los intervinientes en esta situación de hecho acaecida, sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social no ha cumplido su rol que ayude y conduzca a reestablecer el imperio del derecho.

11) Por otro lado, y sobre la orden de la Excelentísima Corte Suprema, el Ministerio de Desarrollo Social está en la obligación de proporcionar las herramientas necesarias, lo cual se traduce en un hogar digno a los ocupantes, acción que depende seguir su curso exclusivamente de este Ministerio, estando en manos de este, lo cual lleva un proceso y sobre todo manteniendo el respeto de todo el sistema jurídico que debe imperar siempre al momento de sopesar las consecuencias del actuar ya que no debemos olvidar el hecho fundamental que se trata de personas, y muchas de ellas menores de edad, la forma de como procurarse una vivienda y en consecuencia constituir en ella un hogar. En este sentido lo ha entendido la jurisprudencia nacional, la que cita.

12) Conforme a lo relatado, su representada, en reiteradas ocasiones ha pedido cuenta del oficio ordenado por la Excma. Corte Suprema, presentaciones realizadas ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, rol N°6829-2020, a fin de que el Ministerio de Desarrollo Social respecto de las medidas adoptadas en relación a los hechos materia de la presente causa. Sin embargo, sobre el último oficio presentado no se dio lugar atendido el tiempo transcurrido, según resolución de fecha 23 de enero de 2023, situación que escapa un poco de la esfera de su representado. Se debe tener presente que la eficacia de las acciones desplegadas (REFERENCIA DE SOLICITUD DE ONI), cuestión que se encuentra pendiente, es ajeno al presente recurso, y no depende exclusivamente de la responsabilidad de su representada ni de su actuar.

13) Junto con lo anterior, es importante señalar que esta parte el día 08 de agosto de 2023, le solicitó a está Ilustrísima Corte de Apelaciones que dejará sin efecto la Orden de No Innovar decretada en la causa anteriormente mencionada. El 16 de agosto de 2023, se pidió informe a la Municipalidad de Villarrica para que en un plazo de 8 días remita el certificado emitido por el secretario Municipal respecto de la vigencia, suspensión o cancelación del Decreto Alcaldicio Nº 388. A la fecha de presentación de este informe, dicha certificación aún no ha sido acompañada en la causa.

14) Por último, respecto de la efectividad de la reunión que señala la recurrente para tratar el asunto en cuestión, el día 09 de mayo de 2023, a las 17:00 horas, solicitado por el abogado don Rodrigo Donoso en representación de Inmobiliaria Río Voipir S.A. (recurrente), se accedió a una reunión por parte de su representado en búsqueda de un apoyo y solución colaborativa, agendado una reunión online con don nombre reservado, demostrando una disposición activa y voluntad de cooperar en conjunto por parte de su representado. En aquella oportunidad se le explicó todas las procesos y gestiones realizadas por EFE, en particular por parte de la Gerencia Legal con pleno conocimiento, ya que este caso se está gestionando desde el año 2019 (querella por usurpación y daños ante Juzgado de Garantía de Villarrica ROL O-1925-2019, RUC: 1910058458-4; causa ROL O-131-2020, del Juzgado de Garantía de Loncoche). Finalmente, el abogado de Inmobiliaria Río Voipir S.A. indicó que no tenía conocimiento de todas las gestiones realizadas por EFE, y le indicó a su representado que intentaría hacerse parte en las querellas ya presentadas por EFE, situación que en los hechos nunca ocurrió.

IV. INEXISTENCIA DE ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.

1) Su representada no ha hecho otra cosa que buscar el imperio del derecho a través de todos los medios que otorga la legalidad imperante, con pleno respecto de los derechos y garantía de todos los involucrados. El actuar de EFE dista lejos de ser ilegal ni menos aún arbitrario: muy por el contrario, ha intentado por todas las vías legales que los ocupantes de su terreno, hagan abandono del mismo, siendo el principal afectado.

2) Insiste en que no hay ilegalidad en el actuar de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, si no que a contrario sensu, EFE siempre se ha valido de la legalidad en su actuar, cumpliendo con todos los protocolos y procedimientos legales como ya se relató a lo largo del tiempo que lleva afectando esto a su representado, para velar por el respeto de todos los involucrados, inclusive de los presuntos responsables, y en la búsqueda de las vías que presenta el derecho para la resolución de conflictos.

3) Finalmente, destaca la actitud pasiva del Ministerio de Desarrollo Social, esto, ya que como se dijo anteriormente mediante fallo de la Excelentísima Corte Suprema, se ordenó oficiar de manera breve a este ministerio a fin de adoptar todas medidas posibles para estas personas afectadas y en situación de vulnerabilidad, por lo que todos los antecedentes están en poder del Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo, hasta la fecha no ha ocurrido en los hechos, tampoco ha existido pronunciamiento, resultados o gestiones, tomando una actitud pasiva frente a esta situación, siendo el principal perjudicado su representado, y como consta haciendo todo lo posible a su alcance.

V. EN CUANTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SUPUESTAMENTE VULNERADOS.

1. Conforme lo informado hasta ahora, señala de forma categórica que la Empresa de Ferrocarriles del Estado no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario ni ilegal como pretende la parte recurrente. En efecto, el actuar de su representado se ha encuadrado dentro del marco legal y administrativo, toda vez que no ha hecho sino buscar incansablemente las soluciones que, conforme a derecho, y siguiendo los conductos regulares establecidos, permitan reestablecer el uso y goce de su propiedad.

2. En consecuencia, su representado no ha afectado los derechos de la recurrente, consagrados en el Artículo 19 N°2, N°21, ni N°24, respectivamente de la Constitución Política de la República, sino que ha obrado dentro de los márgenes de la legalidad, por lo que su actuar no puede ser catalogado de ilegal, ni menos aún de arbitrario.

3. Con respecto a la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 n°24 de la Constitución Política de la República, es enfático en señalar que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en la búsqueda de las soluciones legales, que permitan la desocupación de su propiedad, lo hace con pleno respeto de este derecho fundamental de todos los intervinientes, inclusive respetando la vida y la integridad física y psíquica en los hechos, ya sean las personas que actualmente ocupan los terrenos, como vecinos colindantes.

4. La recurrente señala una supuesta afectación al derecho de propiedad. Pues bien, debemos sostener similares argumentos a los recién vertidos, pues la irregularidad en la toma de los terrenos de propiedad indubitada de EFE, se fundamenta justamente en la vulneración del derecho de dominio de su representada.

5. A modo complementario, y no menos importante, la integridad física y psíquica de los ocupantes, ha sido preponderante al momento de buscar las vías que permitan restituir el goce pacífico de la propiedad de EFE. Debemos tener en cuenta que la falta de los servicios básicos en la propiedad de EFE, responde al hecho de que esta no tiene, ni nunca ha tenido fines habitacionales, entonces malamente puede la recurrente reprochar a EFE la falta de estos servicios básicos, como lo son el alcantarillado, agua potable y luz.

6. Más aún, los ocupantes desde el principio de su actuar, tenían conocimiento cierto de que los terrenos ocupados por ellos pertenecían a un tercero, en este caso EFE. Por tanto, las afectaciones a la propiedad, igualdad ante la ley, o inclusive el derecho a ejercer a desarrollar una actividad económica achacadas a todos los recurridos, debería también imputarse al ámbito de responsabilidad de los mismos ocupantes, quienes en conocimiento de las condiciones imperantes prosiguieron en su actuar al margen de la legalidad imperante.

7. Su representado ha participado de manera activa en la restitución del goce pacífico de su propiedad a través de todas las vías legales, judiciales y administrativas de las que ha dispuesto el derecho, siendo como ya se indicó el principal afectado e interesado.

8. La recurrente malamente indica que ha sido vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19N°2) por parte de los recurridos, sin embargo, no es precisa en señalar ni explicar cómo se ha visto afectado. Misma circunstancia se repite cuando invoca la vulneración del derecho de la libertad económica (artículo 19 N°21), solo se limita hacer referencia que la ocupación ilegal de la franja de terreno de su representada “conlleva una serie de inconvenientes” a Voipir, sin embargo, como se ha explicado latamente, su representada es la principal afectada en la vulneración de sus derechos fundamentales. Por último, si existe un afectado por no poder explotar económicamente los terrenos por ocupaciones ilegales es su representado.

9. Por lo tanto, la recurrente basa su pretensión en la amenaza a derechos que en primer lugar como ya se expuso no podría imputarse al actuar o a la supuesta inactividad de la Empresa Ferrocarriles del Estado; y en segundo lugar no es su representada la que ha puesto en peligro dichas garantías constitucionales.

Pide rechazar, con costas, el presente recurso de protección en atención a que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado:

1. Ha mantenido desde el principio de las ocupaciones una actividad activa y tendiente a reestablecer el imperio del derecho.

2. En dicha búsqueda, ha actuado con apego a la legalidad y sin arbitrariedad alguna, haciendo uso de las vías legales contempladas en la Constitución y la ley.

3. En consecuencia, su representada ha agotado todas las instancias posibles para el restablecimiento del derecho, sin embargo, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, no ha existido un pronunciamiento ni una solución concreta, que adopte las medidas conducentes en busca de una solución para las familias vulnerables y se pueda proceder al desalojo.

4. Que por lo tanto, no se ha vulnerado, menoscabado ni menos amenazado derecho o garantía fundamental alguna de la recurrente por parte de su representado, sino que, por el contrario, en su actuar ha buscado precaver los derechos de todos los involucrados, siendo su representado, el principal afectado y en especial, en su derecho de propiedad.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Copia de inscripción de propiedad de su representada, rolante a fojas 2374, N° 1219, del año 2019, correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de Villarrica.

2. Plano n° 7793-10-1 agregado con el n°837 al legajo del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, del año 2010.

3. Copia de querella por Usurpación no violenta y daños simples, presentada en causa RIT O-1925-2019, RUC 1910058458-4, del Juzgado de Garantía de Villarrica.

4. Copia de denuncia por usurpación no violenta, de fecha 05 de septiembre de 2019, RUC 1900960974-4, del Sistema de información y atención a usuarios del Ministerio Público.

5. Copia de informe denominado “Denuncia Ramal Loncoche-Villarrica”, de fecha 29 de agosto de 2019, realizado por el Departamento de Catastro y Protección, Sub Gerencia de Negocios Comerciales de EFE.

6. Copia de informe denominado “Anexo informe denuncia ocupación ilegal Tramo Ñancul - Villarrica”, de fecha 06 de febrero de 2020, realizado por Gestión Territorial, Gerencia de Operaciones Comerciales de EFE.

7. Copia de Oficio, de parte de doña nombre reservado, abogada Ejecutiva de EFE, dirigido al Gobernador de la Provincia de Cautín, de fecha 17 de septiembre de 2017, y timbrado con dicha fecha por la oficina de partes de dicha Gobernación.

8. Copia de declaración, en causa RUC 1910058458-4, en contexto de entrevista con Abogada Asistente de Fiscal de Villarrica doña nombre reservado. de fecha 27 de febrero de 2020.

9. Oficio número 1, MAT, Notifica Decreto 388/2020 y Decreto alcaldicio número 388 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica.

10. Copia de la solicitud de notificación judicial de Decreto de Demolición, en causa V-18-2020 Juzgado de Letras de Villarrica.

11. Copia de contrato de Arrendamiento entre Empresa de los Ferrocarriles del Estado con nombre reservado.

12. Copia de contrato de Arrendamiento entre Empresa de los Ferrocarriles del Estado con nombre reservado.

13. Foto satelital que ilustra arrendamientos de resguardo en el sector.

14. Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco sobre recurso de protección Rol 6829-2020, de fecha 03 de marzo de 2021.

15. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol 22.135-2021, de fecha 23 de abril de 2021.

16. Captura de pantalla de correo electrónico de asunto Solicita Reunión por Ramal Loncoche-Villarrica, de fecha 28 de abril, 03 y 04 de mayo de 2023.

17. Captura de pantalla de Reunión por ramal Loncoche-Villarrica, vía Microsoft Teams, de fecha 09 de mayo de 2023.

18. Copia de la solicitud de pídase cuenta de oficio al Ministerio de Desarrollo Social, en Rol N°6829-2020, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, y la respectiva resolución de fecha 23 de enero de 2023.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en primer lugar la Municipalidad de Villarrica solicitó se declarara la extemporaneidad del recurso, por haberse deducido fuera del plazo de 30 días dispuesto en el auto acordado de la materia.

Que, conforme los hechos señalados en el recurso, conforme las alegaciones impetradas se puede concluir que el acto u omisión denunciado tiene efectos permanentes en el tiempo, por lo dicha alegación será rechazada.

TERCERO: Que, en segundo lugar, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, planteó las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa, las que en realidad se dirigen al fondo de la cuestión debatida, razón suficiente como para rechazarlas.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, la recurrente encamina su recurso en contra de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Delegación Presidencial de la Región de La Araucanía, la Municipalidad de Villarrica y el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía, por la responsabilidad que a cada organismo le compete y en especial, por la inactividad de cada una de ellas en relación con la ocupación ilegal de los terrenos de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado colindantes al inmueble de propiedad de la recurrente.

En este contexto, acusa la vulneración de los derechos de propiedad, derecho a la igualdad y derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

QUINTO: Que, en primer lugar, cabe mencionar que la Delegación Presidencia Regional indicó al respecto que se le pidió informe a la Empresa de Ferrocarriles del Estado al tenor de lo denunciado coordinando el desalojo de los ocupantes en el terreno de la mencionada empresa, todo ello conforme las facultades y obligaciones legales que le corresponden.

SEXTO: Que, por su parte la Municipalidad de Villarrica habiendo recibido una solicitud por parte de quien recurre, procedió a dictar el decreto alcaldicio N° 388 mediante el cual se dispuso la demolición de las construcciones y el desalojo de los ocupantes ilegales del predio de Empresa de Ferrocarriles del Estado.

SÉPTIMO: Que, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, por otro tanto, procedió a levantar un catastro de los ocupantes ilegales de dicho predio, con quienes se encuentra trabajando en la obtención de subsidios respecto de quienes se encuentren hábiles para acceder a ellos.

OCTAVO: Que, finalmente, la Empresa de Ferrocarriles del Estado ha intentado diversas acciones procesales, tanto en sede penal como en sede civil, las que han resultado infructuosas hasta ahora.

SÉPTIMO: Que, dichas acciones que fueron señaladas en los informes respectivos y que no fueron controvertidas en estrados, dan cuenta de gestiones precisas y determinadas destinadas a la desocupación del predio de propiedad de uno de los recurridos, acción que debe llevarse a cabo con pleno respeto a la dignidad de las personas que habitan esa franja de terreno.

OCTAVO: Que, conforme lo que se ha venido señalando entonces, no se observa en las recurridas la omisión vulneratoria que alega la recurrente, por cuanto cada una ha procurado dentro del ámbito de su competencia, desarrollar las acciones necesarias para el desalojo ya tantas veces señalado, de la propiedad de uno de los recurridos.

Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la eficacia de estas acciones desplegadas, cuestión que se encuentra pendiente, y que es ajena al presente recurso.

NOVENO: Que, por último, no puede dejar de destacarse que la ocupación ilegal tantas veces mencionada se produce en el predio de una de las partes que en este proceso figura como recurrido y quien además ha pedido el rechazo del recurso, por cuanto actualmente se encuentra realizando las gestiones que permitan el desalojo del inmueble.

Además, no se puede perder de vista que ya ha habido un desalojo decretado por la Municipalidad de Villarrica por lo que la medida que se solicita ya se encuentra dispuesta, faltando solamente su materialización.

DÉCIMO: Que, en razón de todas las consideraciones precedentes, estimando entonces que no se ha producido la omisión que la recurrente le imputa a las recurridas, no es posible dar por establecida la vulneración a cada una de las garantías constitucionales que indica el recurrente en su libelo. Consecuencia de lo anterior, el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad, falta de legitimación pasiva y activa y que SE RECHAZA, con costas de la instancia, el recurso de protección deducido por el abogado don Rodrigo Donoso Baraona, por la Inmobiliaria Río Voipir S.A. en contra de Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Delegación Presidencial de la Región de La Araucanía, la Municipalidad de Villarrica y el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía.

Se regulan las costas personales de la instancia en la suma de $100.000 (cien mil pesos) por cada recurrido. Póngase en conocimiento de las partes y téngase por aprobadas si no fueren objetadas dentro de tercero día.

Se previene que el Ministro (s) Luis Olivares Apablaza, concurre a lo decidido teniendo únicamente presente que, sin perjuicio de la compleja problemática que la situación denunciada sugiere, lo pretendido por el recurrente se sitúa evidentemente fuera de una acción de urgencia como la presente, no pudiendo obviarse que la Inmobiliaria que aquí acciona no solo carece de derechos que puedan considerarse indubitados, sino que incluso, además de su dudosa legitimación, claramente lo que se pide incide y puede afectar garantías y derechos de quienes no son recurridos en la presente acción, la cual no es obviamente la vía para dar solución a un conflicto como el planteado, de modo tal que, sin perjuicio de lo que los verdaderos legitimados en la oportunidad que estimen y por las vías de derecho que correspondan puedan pedir, - o gestiones, diligencias o acciones, que hayan ya o puedan realizar -, necesariamente debe rechazarse el recurso presentado por Inmobiliaria Río Voipir S.A. en contra de la Delegación Provincial de la Araucanía, Servicio de Vivienda y Urbanismo de esta misma Región, de Ferrocarriles del Estado, y de la Municipalidad de Villarrica.

Redacción del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa y de la prevención, de su autor.

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